•Sentencia 19990004-T F-52/99 de marzo 19 de 1999

Consejo Superior de la Judicatura

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Leovigildo Bernal Andrade

Santafé de Bogotá, D.C., marzo diecinueve de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

(...) la acción de tutela se promovió en este caso para obtener el amparo de la posible violación de derechos fundamentales de la señora... y de sus hijas... “al debido proceso, a la igualdad y derecho a la unidad familiar y de la mujer”, pues el señor... su esposo y padre, se encuentra detenido, junto con ... por el delito de homicidio cometido en la persona..., en cuyo proceso penal se profirió sentencia condenatoria de primera instancia confirmada por el tribunal y ahora objeto de recurso de casación.

Se repite que la peticionaria sostiene que la violación de tales derechos se produce en razón de la demora que tiene la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de casación.

2. Ahora bien, no asiste razón al a quo cuando, para negar la acción de tutela formulada por la señora....., precisa que resulta improcedente acudir a amparo constitucional, porque precisamente con esa conclusión se ataca el mandato contenido en el artículo 228 de la Constitución Política, sobre la observancia de los términos procesales, lo cual constituye un derecho fundamental, no sólo para quien en este caso invoca que se cumplan, sino para los demás procesados que tienen asuntos pendientes de decisión en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Señala esa norma:

“ART. 228.—La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

Por eso consagró en el artículo 6º la responsabilidad que cabe a los servidores públicos por la omisión en el ejercicio de las funciones; y la ley estatutaria de la administración de justicia estableció como deber de los funcionarios y empleados de la rama judicial, en los numerales 1º, 2º, 7º y 15 del artículo 153: “respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”; “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad, las funciones de su cargo”; “observar estrictamente... los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias” y “resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Numeral 3º del artículo 154, en cuanto está prohibido al funcionario de la rama judicial: “retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a la prestación del servicio a que estén obligados” y el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 230, señala el término para decidir el recurso de casación así: “el magistrado ponente tendrá treinta días para registrar el proyecto y la Sala decidirá dentro de los veinte días siguientes”.

3. En relación con el tema de la observancia de los términos judiciales ha dicho la Corte Constitucional:

a) “Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio de alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia (Sent. T-431, jun. 24/92);

b) “...el funcionario judicial —el juez— debe velar por la aplicación pronta y cumplida de la justicia, los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella, solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal de mala conducta... Se debe por tanto fortalecer la institucionalización de la mora como causal de mala conducta, para obligar al juez a cumplir estrictamente los términos procesales y darle un curso ágil y célere a las solicitudes que ante la administración de justicia presenten los ciudadanos dentro de la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución —el debido proceso— (Sent. T-572, oct. 26/92), y

c) “La Corte estima necesario afirmar en esta ocasión complementando lo ya dicho, que el carácter imperativo del enunciado precepto constitucional impide a los jueces optar por aplicaciones flexibles o amplias de las normas que establecen topes a los términos y por el contrario, están obligados a un concepto estricto e implacable que otorgue certeza y garantice exactitud.

El desarrollo de los procesos con invariable apego a los términos señalados en la ley, además de realizar el principio de la celeridad —aplicable a todas las actuaciones estatales—, permite a quienes participan en ellos obtener conocimiento preciso sobre los distintos momentos de definición y acudir con mayor seguridad a las sucesivas etapas procesales, en defensa de sus derechos.

Tales criterios son aplicables con mayor razón en el campo penal, toda vez que, estando de por medio la libertad de las personas y el deber estatal de perseguir y castigar el delito, la prontitud en la adopción de resoluciones judiciales tiene un carácter de verdadera urgencia, que sólo admite la demora razonable implícita en la formación del criterio del fallador, cuya extensión en el tiempo no debe superar el término que haya señalado la ley.

El transcurso de lapsos prolongados más allá del término previsto por el legislador, para la toma de decisiones que afectan la libertad del individuo, representa no solamente la transgresión de un mandato legal por parte del funcionario, bien sea el instructor o el fallador, sino que se traduce en omisión, concebida como falta de actividad debida, la cual en sí misma —con plena independencia del contenido y del sentido de la determinación que hubiera podido adoptar— es violatoria de los derechos a la libertad personal y al debido proceso.

No puede perderse de vista que, por otra parte, la permanencia indefinida de una persona a la expectativa de actos que resuelvan acerca de su situación jurídica, en especial cuando se tiene conocimiento público sobre la iniciación de procesos penales e investigaciones en su contra, ocasiona necesariamente un perjuicio a su honra y a su buen nombre. Si bien ello acontece como contingencia propia de la actividad estatal ordenada a la persecución del delito, la persona cuya conducta esta sub judice tiene derecho a una definición pronta y cierta sobre el particular, de modo que la falta de observancia de los términos para hacerlo compromete también, inconstitucionalmente, la reputación del individual y afecta su dignidad.

Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia.

Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escudándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo debida al número de proceso en curso.

El artículo 29 de la Constitución señala que hace parte de la garantía fundamental en él plasmada el derecho de todo sindicado a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas”. Esa norma entendida en armonía con la del artículo 228, establece un principio general —el de la obligatoriedad de los términos— que únicamente admite excepciones muy circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. La justificación, que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión” (Sent. T-190, abr. 27/95).

4. Está evidenciado que en caso del recurso de casación formulado por el señor.... se encuentran vencidos en exceso los términos judiciales para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo decida, pues, atendida la certificación del magistrado ponente, fue registrado proyecto desde el 25 de septiembre de 1995. Esta situación impone que sea tutelado el derecho a obtener un fallo sobre el particular.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia dictada por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 1º de febrero de 1999, por medio de la cual resolvió no tutelar los derechos fundamentales solicitados por la señora..... quien actúa en su nombre y en representación de sus hijas menores....., en relación con la adopción de la providencia que debe proferir la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre el recurso de casación interpuesto por el señor...

2. DISPONER que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decida, en la Sala siguiente al recibo de la comunicación de este fallo, en recurso de casación interpuesto por el señor... respecto de las sentencias proferidas por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Cartagena y el tribunal superior de la misma ciudad en el proceso penal por el delito de homicidio de..... adelantado contra...

3. ORDENAR la remisión del expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

ACLARACIÓN DE VOTO

Por medio del presente me permito aclarar mi voto, en el sentido de manifestar que, si bien la posición que había asumido en el pasado era la de no intervenir de ninguna manera en los fallos de tutela, con apoyo en el criterio reiteradamente consignado en salvamentos de voto y el cual conoce suficientemente la Sala, en particular por estimar que el juez disciplinario debe preservarse frente a su exclusiva labor de examinar la conducta de los funcionarios judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, como corresponde a su condición de arbitro, en esta oportunidad y por razones de justicia he dado mi voto favorable al proyecto presentado por el honorable magistrado Leovigildo Bernal Andrade, a fin de que se imponga la preservación al derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política en favor del accionante, al observarse, como bien lo puntualiza el texto del fallo, que ha existido una inobservancia de términos por parte de la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, en decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por el señor Eloy A. Pereira Orozco.

Mi cambio de actitud, tal vez sea ese condicionamiento humano que los hechos generan en el comportamiento de los hombres, como quizá era lo que le acontecía a Napoleón Bonaparte, cuando en medio de la discusión de los redactores del Código Civil optaba por intervenir por razones de “justicia, utilidad o bondad”. Al respecto preguntaba Napoleón a los sabios redactores: ¿Es el tema útil, justo o bueno? Siendo allí cuando decidía participar, en tanto se le respondiera y comprendiera que evidentemente se trataba de un punto merecedor de tal calificativo. De donde concluyo que ante estas elevadas razones se ha movido mi ánimo para romper mi posición anterior, resolviendo a cambio otorgar afirmativamente mi voto.

De los señores magistrados.

Enrique Camilo Noguera Aarón 

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