Sentencia de casación de julio 2 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESOLUCIÓN DE LA COMPRAVENTA

NO LA PUEDEN INVOCAR LOS ACREEDORES DEL VENDEDOR

EXTRACTOS: «11. Se impugna el fallo en el presente cargo “exclusivamente” por la denegación de la resolución por “falta de pago del precio de las compraventas demandadas”, por ausencia de legitimación en la causa en el demandante, por considerar el Tribunal que si la sociedad demandante no fue parte en los contratos de compraventa, no tiene derecho a deprecar la resolución, como que el legitimado es el contratante cumplido. La censura sostiene que al amparo de la analogía que establece el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, al supuesto del incumplimiento del comprador del vendedor su deudor, deben extenderse al acreedor las consecuencias de las hipótesis que en el cargo menciona, como la del acreedor del heredero que repudia para aceptar la asignación, la del acreedor de quien ha adquirido por usucapión y renuncia, hipótesis en las que se protege al acreedor ante la renuencia o mala fe de su deudor, extensión que encuentra respaldo en la tendencia de resguardar la buena fe del acreedor frente a la mala fe del deudor. Con ese criterio ya la Corte, argumenta la impugnación, en las sentencias que en la censura se citan, protegió al acreedor reconociéndole legitimación para atacar negocios dispositivos del deudor celebrados en daño de aquél.

12. Pues bien. Es principio general que los negocios jurídicos producen efectos relativos, esto es que tan sólo aprovechan o perjudican a las partes, principio contenido en las expresiones de raigambre ancestral res inter alios acta, aliis nec nocere nec prodese potest, de modo que la facultad otorgada a una persona para impugnar un negocio en que no ha sido parte la otorga la ley por excepción. A los terceros entonces los actos jurídicos les son inoponibles mas pudiendo aprovecharse en cuanto les sean favorables. En el criterio, pues, de la inoponibilidad, normas expresas de derecho sustancial legitiman al tercero para impugnar las relaciones jurídicas que puedan afectarlo. Tales las hipótesis, verbigracia, de los artículos 2489 y 2491 del Código Civil, referido el primero a las llamadas acciones subrogatorias y el segundo a la acción pauliana o fraude pauliano. La jurisprudencia, es cierto, ha encontrado fundamentos razonables para reconocer facultad a quien no fue parte en el negocio, para poder atacarlo en orden a tutelar los derechos que el negocio le vulneran, como en la hipótesis de los negocios simulados del deudor que perjudican al acreedor. Esa extensión de la facultad a supuestos semejantes a los expresos establecidos por el legislador, encuentran por supuesto una base normativa que permite extender la consecuencia jurídica a hipótesis similares. Con otras palabras, la extensión que pueda darse tiene que basarse necesariamente en hipótesis o supuestos fácticos indeterminadamente imaginados por norma sustancial, no bastando el criterio de protección a los derechos del acreedor y de sanción a la mala fe o la desidia del deudor.

Obedece fundamentalmente este criterio a las reglas que gobiernan la denominada prenda general del acreedor.

De acuerdo con el artículo 2488 del Código Civil, “toda obligación da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”.

Este precepto, como bien sabido es, constituye la consolidación de muy antigua y nobilísima evolución del poder de coerción de que el acreedor se encuentra investido, evolución que alguien llamó “dulcificación del derecho”, y es la expresión de lo que de manera descriptiva se ha denominado como el derecho de garantía general del acreedor en el conjunto de facultades que, en diversa graduación o escala, la ley le confiere en relación con los bienes que integran el patrimonio económico del deudor, entre ellas la más prominente: la ejecución forzada del crédito insatisfecho.

Razona la doctrina, empero, que si el acreedor que busca la satisfacción de sus créditos sobre los bienes que conforman el patrimonio general del deudor, está dotado de medios tendientes a conservarlos, medios que asumen la categoría de auxiliares de la acreencia, y que sin ellos podría ésta hacerse frustránea, cabe precisar que cuando la prenda general del deudor se menoscaba en perjuicio del acreedor, la ley le otorga remedios para obtener su reconstitución, haciendo que judicialmente, si es necesario, vuelvan al patrimonio de aquél, adquiriendo tales remedios igualmente el carácter de auxiliares del crédito que sin su existencia harían nugatorio el derecho crediticio.

Doctrinariamente, entonces, se ha dicho que derechos auxiliares del crédito son: a) Las medidas conservativas o de precaución; b) La acción pauliana; c) La nulidad absoluta; d) La pretensión de simulación; e) La acción oblícua o subrogataria, y f) El beneficio de separación. Acciones —pretensiones— todas que implican legitimar al acreedor para desconocer eficacia a los negocios de su deudor en cuanto conduzcan a lesionar su derecho, lesión que configura su interés para obrar.

En efecto, opina la doctrina:

“...persiguen los derechos auxiliares una doble finalidad perfectamente bien diseñada; unos de estos derechos auxiliares tiene por objeto conservar intacto el patrimonio del deudor, mantenerlo en su ser, evitar que salgan de manos del deudor los bienes que lo componen, que esos bienes no se destruyan ni menoscaben en forma alguna; y otros tienen por objeto hacer ingresar a ese patrimonio bienes que deben formar parte de él, y que el deudor no quiere hacer incorporar para perjudicar al acreedor, o que ha hecho salir del patrimonio, con el propósito también de perjudicarlo. En el primer caso, lo que se persigue es mantener la integridad del patrimonio, evitar que los diversos elementos que lo formen, puedan ir saliendo y reducirlo a la nada: en el otro caso tienden a aumentar el patrimonio del deudor, a acrecentarlo. ¿Cómo? Con los bienes que deben entrar a él y que el deudor no quiere hacer entrar, o con los bienes que pertenecieron a ese patrimonio y que el deudor hizo salir...”. (Alessandri Rodríguez, Arturo, Derecho Civil, Teoría de las obligaciones, pág. 142).

“... Pues bien, los derechos auxiliares de los acreedores consisten precisamente —comenta nuestro autor Ospina Fernández— en los medios que la ley les brinda para evitar el deterioro del patrimonio del deudor y para obtener su reconstitución cuando ya se ha deteriorado por actuaciones fraudulentas o simuladas, o particularmente prohibidas al deudor concursado o fallido. También debe considerarse como un derecho auxiliar la subrogación legal de los acreedores en ciertos derechos del deudor, con el fin de que estos no se extingan al ser dicho deudor privado de la administración de sus bienes, como por ejemplo, los emanados de un contrato de arrendamiento en que el deudor figure como arrendador o arrendatario”. (Régimen general de las obligaciones, págs. 210 y 221, ed. 1976).

13. Ahora bien. Como los derechos auxiliares tienen por finalidad proteger los derechos del acreedor, la regla general aludida de la efectividad de los negocios encuentra razón en hipótesis como las que sirven de fundamento a las pretensiones de subrogación a que se contrae el artículo 2489 del Código Civil La subrogación en virtud de la cual el acreedor adquirió la facultad —legitimación en causa activa— para ejercer ciertas atribuciones que pertenecen a su deudor y de esa manera injerir en negocios de éste, tienen por base una norma que así legitima al acreedor, como lo es el precitado artículo 2489 del Código Civil Esta subrogación —derecho auxiliar del crédito conforme con la doctrina arriba citada— es, pues, por su naturaleza —excepción al principio general res inter alios acta— y por su propósito —proteger los derechos del acreedor— una institución que no puede operar sino en aquellos supuestos previstos por el autor de las normas positivas, como que llevar sus consecuencias, amparada la extensión en principios de laudable contenido, pero sin supuesto que las sancione, implicaría crear figuras que entre tanto no las reconozca la autoridad competente, conduciría a invadir el campo propio de otras entidades del Estado, invasión que no puede encontrar respaldo legítimo en la hermenéutica jurídica.

14. Si, pues, los derechos auxiliares del acreedor encaminados a recobrar bienes que salieron del patrimonio del deudor son taxativos, ha de concluirse que como medios excepcionales o extremos —como que únicamente y ante el menoscabo de la prenda general proceden—, requieren para su ejercicio la determinación expresa del derecho auxiliar respectivo en sus elementos estructurales, puesto que tienen autonomía y presupuestos propios, luego la inobservancia de esas condiciones determina el fracaso de tales pretensiones. De modo que si la pretensión del acreedor del vendedor, quien es su deudor, que encuentra sanción en los artículos 1928, 1930 y 1932 del Código Civil legítima sólo al vendedor, no se encuentra que pueda, con la extensión que autoriza el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, otorgarla al acreedor del vendedor, como que las normas prevén una conducta de incumplimiento, pues que el deudor sigue siendo titular de un derecho que forma parte de la prenda común, pudiendo aquél entonces perseguir ese bien y no perseguir a terceros.

Con igual criterio, la citada extensión que permite el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, no da pie para llevar las consecuencias de supuestos de renuencia o de desidia del deudor subrogando al acreedor en facultades que aquel pudo ejercer y no lo hizo, a otros supuestos en los cuales existe norma clara y precisa acerca de quién es el titular del derecho. Las pretensiones subrogatorias tienen así un campo expresamente demarcado por el legislador, sin que a él sea dado llevar situaciones que no quedan dentro de ese marco subsumidas, sin descontar que dichas pretensiones tienen un perfil hasta cierto punto de medida subsidiaria, esto es en cuanto por causas exactas no funcione la previsión del artículo 2488 del Código Civil

Por lo demás, si cada uno de los referidos derechos tiene su propia autonomía, es de lógica entender que su ejercicio está sometido a condiciones precisas que deben observarse en forma estricta.

15. En este asunto, la demandante en verdad propuso como subsidiaria la pretensión de resolución de los contratos de compraventa por incumplir el comprador a su vendedor deudor en el pago del precio, y la de rescisión por lesión enorme de los mismos contratos porque los precios de los bienes para la fecha de los convenios son inferiores a la mitad del justo. Dichas pretensiones no encuadran en las previsiones de ley en las cuales el acreedor está llamado por subrogación a poder atacar los actos de disposición de su deudor, encaminados a declarar la ineficacia y a que los bienes tornen al patrimonio del deudor y puedan ser perseguidos por el acreedor; no encuadrando esas pretensiones en las hipótesis que determina la subrogación para revocar negocios del deudor, el ad quem no quebrantó por inaplicación las normas denunciadas, como que la situación fáctica no conduce a la pretendida legitimación activa de la demandante.

16. La recurrente trae en apoyo de su tesis la sentencia del 7 de julio de 1989 de esta corporación (*), cuya doctrina no resulta aplicable aquí.

En efecto, el asunto que allí se juzgó referíase a situaciones distintas de la presente, por cuanto en aquél la simulación de la segunda venta se probó, prosperando la pretensión de ser la segunda venta simulada, por lo que el acreedor adquirió el derecho del vendedor deudor a invocar la lesión enorme como causa de la rescisión de la compraventa, con alusión viable basada en el artículo 1951 del Código Civil, que prevé el caso de la venta real no de una venta simulada. De forma que si la venta es real, la acción rescisoria por lesión enorme no prospera contra el tercero adquirente de buena fe, como lo ha dicho esta Corporación.

Luego al probarse la simulación de la segunda venta, al actor se le abrió el camino para obtener la rescisión por lesión enorme, por cuanto se estableció claramente según allí quedó dicho, que esa segunda venta era simulada y no real y, por lo tanto, no quedaba en el supuesto del citado artículo 1951 del Código Civil O sea que la legitimación y el interés del actor se derivaron precisamente de haberse establecido una simulación en la segunda venta, que estuvo orientada claramente a burlar la acción rescisoria por lesión enorme, de la que sería titular indiscutible el vendedor. Por lo demás, agrégase, las ventas del sub lite o materia de este litigio subsisten, ya que no prosperó la simulación. Si ésta no se probó, no se entiende cómo podría legitimarse el acreedor para impetrarse a través de la resolución o rescisión por lesión enorme, respecto de contratos en que no fue parte y respecto de los cuales no ha adquirido el derecho del vendedor.

El artículo 1951 citado, excluye la rescisión del contrato por lesión enorme, si el comprador hubiere enajenado la cosa mediante una venta real, no aparente. En el caso presente la enajenó y la venta permanece incólume.

Las doctrinas contenidas en las sentencias a que alude la acusación, tampoco pueden entonces aplicarse al asunto aquí planteado, por referirse éste en el marco de la impugnación, a la resolución de contratos de compraventa y de rescisión por lesión enorme, en los cuales la demandante no es parte, y no pudo haber recibido el derecho que la norma otorga únicamente a quien fue contratante.

17. Adicionalmente cabe recordar que el concepto de la legitimación en causa es fenómeno propio del derecho sustancial; por ello su ausencia lleva a fallo absolutorio. La Corte, sin modificar su criterio, en relación con ella viene pregonando:

“Según concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la legitimación in causam consiste en la identidad del actor con la persona a la cual la ley le concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva) (Instituciones de derecho procesal civil). Conviene desde luego advertir, para no caer en el error en que incurrió el Tribunal que cuando el tratadista italiano y la Corte hablan de “acción” no están empleando ese vocablo en el sentido técnico procesal, esto es, como el derecho subjetivo público que asista a toda persona para obtener la aplicación justa de la ley a un caso concreto y que tiene como sujeto pasivo al Estado, sino como sinónimo de “derecho de pretensión” que ejercita frente al demandado. Para que esa pretensión sea acogida en la sentencia es menester, entre otros requisitos, que se haga valer por la persona en cuyo favor la ley establece el derecho sustancial que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado” (Sentencia del 4 de diciembre de 1981, sin publicar).

También ha dicho la Corte que la legitimación en la causa: “... es en el demandante la calidad de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligación correlativa. Y el interés para obrar o interés procesal, no es el interés que se deriva del derecho invocado (interés sustancial), sino el interés que surge de la necesidad de obtener el cumplimiento de la obligación correlativa o de disipar la incertidumbre sobre la existencia de ese derecho, o de sustituir una situación jurídica por otra”. (Sentencias de 24 de julio de 1975, y de 27 de octubre de 1987. G. J. CXXXVII, pág. 267).

En el caso sub lite relacionado con la situación jurídica del acreedor demandante, se encuentra que éste no tiene ni puede tener legitimación en la causa porque las normas citadas por el censor como no aplicadas por extensión, esto es, los artículos 1928, 1930 y 1932 del Código Civil, especialmente las dos últimas, establecen en favor del vendedor y no de los acreedores el respectivo derecho, esto es que el titular del derecho consagrado en ellas es el vendedor quien tiene interés sustancial para deprecar la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios, ya que en el contrato de compraventa al tenor de lo dispuesto por el artículo 1849 del Código Civil, sólo son partes el vendedor que contrae la obligación de entregar y el comprador la de pagar el precio, sin que esos supuestos sean semejantes a los de subrogación para traer las consecuencias de aquellos a la situación de hecho en este caso traída.

Tampoco el Tribunal podía aplicar lo estatuido por los artículos 1295 del Código Civil, 407 y 592 del Código de Procedimiento Civil, 1º de la Ley 120 de 1928, ni 2526 del Código Civil, porque regulan supuestos a los cuales no son similares los de las súplicas deprecadas, para que con base en lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, pudiera ampliarse el efecto jurídico de los supuestos de aquellas normas al de este litigio, ni menos tener que acudir a los principios generales del derecho enunciados, porque ellos están recogidos en otras normas a favor del acreedor frente a otros trances sustanciales.

De modo que faltándole a la demandante acreedora legitimación en la causa para deprecar la resolución de los contratos de compraventa que recogen las escrituras 1483, 1484 y 1485, o la rescisión por lesión enorme, en los que aparece como vendedor Efraín Santacruz Chamorro, el Tribunal no violó las normas denunciadas como infringidas por falta de aplicación».

(Sentencia de casación, julio 2 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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