Sentencia 2000-00001 de mayo 22 de 2001

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Radicación: 11001-03-15-000-2000-0001-01(IJ-2370, 2373, 2376)

Consejero Ponente:

Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá

Actor: Carlos Ernesto Camargo Assis, Ricardo Gómez Zamora, Ramiro Basili Colmenares y otros

Demandado: Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil uno.

Cumplido el trámite de ley, procede la Sala a dictar sentencia en los procesos acumulados de la referencia.

Antecedentes

Los ciudadanos Carlos Ernesto Camargo, Ricardo Gómez Zamora así como Ramiro Basili Colmenares, José Gustavo Villamizar, Carlos Enrique Palacio y Arnulfo Serrano Sánchez, mediante sendas demandas presentadas en ejercicio de la acción de nulidad electoral, solicitan la nulidad del acto de elección de Eduardo de Jesús Campo Soto como Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, contenida en el acta de diciembre 15 de 1999 de la plenaria del honorable Congreso de la República.

Los procesos señalados se iniciaron y tramitaron en forma separada; posteriormente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, mediante auto del 4 de agosto de 2000, dictado en el proceso 2376, se dispuso su acumulación para ser fallados en una misma sentencia.

En primer término se refiere la Sala a los antecedentes de cada uno de los procesos acumulados, siguiendo para ello el orden numérico de los mismos, así:

1. Expediente 2370. Demandante: Carlos Ernesto Camargo Assis.

La demanda

El ciudadano Carlos Ernesto Camargo Assis, en ejercicio de la acción de nulidad electoral, demandó la nulidad del acta de sesión conjunta de Senado y Cámara de diciembre 15 de 1999, contentiva de la elección del doctor Eduardo de Jesús Campo Soto como Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Hechos

Dijo el demandante que el Gobierno Nacional envió al Congreso de la República la terna para elegir Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de la cual hacía parte el doctor Eduardo de Jesús Campo Soto y que, en sesión conjunta de Senado y Cámara resultó elegido este, según consta en el acta de diciembre 15 de 1999. Que el doctor Campo Soto no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 255 de la Constitución Nacional y 77 de la Ley 270 de 1996, por no haber ejercido por lo menos diez años la profesión de abogado con buen crédito, y que el Congreso al hacer la elección solo tuvo en cuenta el artículo 232 de la Constitución Nacional y no el 255 ibídem que establece unos requisitos especiales.

Normas violadas y concepto de la violación

Señala como violados el artículo 255 de la Constitución Nacional y el artículo 77 de la Ley 270 de 1996 que establecen que para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años, tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito.

Considera que el ejercicio profesional con buen crédito que exigen los preceptos citados se refiere al ejercicio de la actividad litigiosa, porque de no ser así, no se hubiera diferenciado de las otras actividades profesionales establecidas como alternativas u opcionales por el numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Nacional, para ser Magistrado de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Agrega, que no se puede afirmar que el juez o magistrado ejerce la profesión de abogado cuando desempeña su cargo, porque el desempeño de cargos en la Rama Judicial es incompatible con el ejercicio profesional de abogado, como lo prescribe el artículo 151, numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en los siguientes términos:

“El desempeño de cargos en la Rama Judicial, es incompatible con:

(“…”).

4. La gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía”.

Así mismo, el artículo 39 del Decreto 196 de 1971 señala que no pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

“1. Los empleados públicos y los trabajadores oficiales, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo”.

En el mismo orden, sostiene que el artículo 31 ibídem establece los casos en los que una persona que haya terminado sus estudios de derecho pero no haya recibido el título de abogado puede ejercer la respectiva profesión a cuyo efecto lo autoriza para cumplir actividades referidas exclusivamente al litigio, por lo cual concluye afirmando que ejercer la profesión de abogado es sinónimo de litigar, y por ello el ejercicio profesional solo puede probarse con certificaciones expedidas por los despachos judiciales en donde el abogado haya ejercido su profesión.

Mediante auto de febrero 24 de 2000, el Magistrado Ponente admitió la demanda, por reunir los requisitos legales y, mediante auto del 30 del mismo mes y año, decretó la práctica de pruebas.

Contestación de la demanda

a) El apoderado del demandado al contestar la demanda, manifiesta que la misma fue erróneamente interpuesta toda vez que el acto demandado nunca podrá ser el acta de reunión del Congreso de la República sino el acto complejo de elección y confirmación del doctor Eduardo de Jesús Campo Soto como magistrado de la alta corporación de justicia.

Propone como impedimento procesal, la falta de integración del acto administrativo complejo, lo cual constituye presupuesto procesal de la demanda, por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura es parte integrante de la Rama Judicial del poder público y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, quien sea designado en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades deberá ser confirmado por la autoridad nominadora. Por lo tanto, se trata de un acto complejo integrado por la elección y confirmación y la demanda deberá ir dirigida contra tal acto complejo, y como la pretensión de nulidad solo se refiere al acto de elección contenido en el acta del 15 de diciembre de 1999, sin incluir la confirmación, la demanda resulta inepta.

Considera que es demasiado restrictivo el criterio que la parte demandante da al concepto de ejercicio de la profesión de abogado como actividad litigiosa, olvidando que de conformidad con el artículo 2º del Decreto 196 de 1971 la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, lo que se realiza, no solo cuando se interviene en un proceso como apoderado, defensor o mandatario judicial, sino, igualmente, cuando se emiten conceptos en derecho o se asesora jurídicamente a entidades públicas o privadas; incluso, se ejerce la abogacía cuando se actúa como juez o magistrado, porque a estos cargos solo pueden acceder los abogados en ejercicio; lo contrario, implicaría constituir un feudo burocrático en favor de los abogados litigantes quienes, conforme a la tesis del actor, serían los únicos que podrían acceder al Consejo Superior de la Judicatura y a sus tribunales seccionales.

Por las mismas razones, la calidad de abogado en ejercicio no necesariamente debe acreditarse con certificaciones expedidas por los despachos judiciales en donde el abogado haya ejercido su profesión como se afirma en la demanda, porque el inciso 2º del artículo 21 del Decreto 250 de 1970, establece que el ejercicio de la abogacía se puede acreditar con el desempeño habitual de cualquier actividad jurídica, tanto independiente como subordinada, en cargo público o privado y que se puede demostrar con cualquier medio de prueba (fls. 95 a 105).

b) El presidente del Senado de la República, a través de apoderado judicial debidamente constituido, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda por cuanto la misma se fundamenta en una errónea interpretación de la norma jurídica que no consulta la realidad porque el litigio es solo una modalidad del ejercicio de la abogacía; el abogado ejerce su profesión cuando actúa como litigante, magistrado, juez, asesor, consultor jurídico, etc.

Dice que comparando los artículos 232 y 255 de la Constitución Nacional se pone de manifiesto, en relación con el primero, que por ejercicio de la profesión de abogado bajo la forma de cargos desempeñados solo se reconocen los judiciales y del Ministerio Público como experiencia idónea para ser magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; a su turno, para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se exige una experiencia específica de ejercicio profesional lo cual no significa que ejercer la profesión de abogado equivalga exclusivamente a litigar, por lo que la demanda carece de asidero legal, pues de ser correcta la interpretación del demandante, el texto de la norma diría “haber litigado” en lugar de “haber ejercido la profesión”.

Alegatos de conclusión

Las partes no hicieron pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.

2. Expediente 2373 Demandante: Ricardo Gómez Zamora.

El señor Gómez Zamora, actuando en su propio nombre, solicita la nulidad de la elección del doctor Eduardo Campo Soto como Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura porque no reúne las calidades constitucionales ni legales para desempeñar el cargo para el que fue elegido, en razón a que no ha ejercido la profesión de abogado por el término de diez años.

Mediante autos de marzo 16 de 2000, el Magistrado Ponente admitió la demanda por reunir los requisitos legales y del 6 de abril del mismo año, decretó la práctica de pruebas.

Contestación de la demanda

El apoderado del demandado reitera los argumentos expresados en la contestación de la demanda interpuesta por el señor Carlos Ernesto Camargo Assis. Agrega que en la corrección de la demanda se precisa que lo demandado es solo “si existe o no causal de inelegibilidad”. Así las cosas, el libelo de corrección de demanda que modificó la pretensión está afectado de una errónea formulación de la pretensión porque desconoce que al tenor de lo previsto en el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, para obtener la anulación de una elección o de un registro se debe demandar precisamente el acto por medio del cual la elección se declara.

Además, manifiesta que el actor considera conveniente establecer la circunstancia de la confirmación pero afirma que “no es necesario para decidir sobre las solicitudes de la demanda … ya que el punto debatido es solo si existe o no causal de inelegibilidad … “con lo que se descarta otra vez el objeto de la acción electoral, pues el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo prevé que “Frente a los actos de confirmación el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento”. Como se trata de una acción de nulidad electoral contra la elección de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es necesario establecer la circunstancia de la confirmación pues para el ejercicio de esa función se exigen los requisitos de los artículos 255 de la Constitución Nacional y 77 de la Ley 270 de 1996. De allí que la pretensión incluida en la corrección de la demanda resulta ser ajena a la acción especial electoral.

3. Expediente 2376: Demandantes, Ramiro Basili Colmenares y otros.

La demanda

El ciudadano Ramiro Basili Colmenares Sayago y otros, en ejercicio de la acción de nulidad electoral, demandaron la nulidad del acto contenido en el acta de diciembre 15 de 1999 por medio del cual el Congreso de la República eligió al doctor Eduardo de Jesús Campo Soto como Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y demás actos complementarios que se originen de la elección, y que, como consecuencia de la nulidad, se ordene al señor Presidente de la República presentar ante el Congreso las ternas para llenar la vacante del cargo de Magistrado de la Sala Disciplinaria.

Hechos

Dijeron los demandantes que el Congreso de la República en sesión plenaria del 15 de diciembre de 1999, según consta en acta de la misma fecha, eligió al doctor Eduardo de Jesús Campo Soto como Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y con dicho acto incurrió en violación directa de normas sustanciales de derecho, circunstancia que sirve de fundamento a la pretensión de anulación del acto de elección según lo consagrado en los artículos 228 y 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por las leyes 96 de 1985, artículo 65 y Ley 62 de 1988, artículo 17.

Que el Congreso de la República al hacer la elección del doctor Campo Soto, omitió dar aplicación al artículo 255 de la Constitución Nacional y artículo 77 de la Ley 270 de 1996 que exigen “haber ejercido la profesión de abogado durante diez años” requisito que no cumple el elegido y que, para acreditar tal requisito, recurrió a sustituir la certificación que debe ser expedida por los despachos judiciales por una declaración extraprocesal ante notario y por certificaciones expedidas por empresarios u otras similares, pruebas que no son idóneas para acreditar el ejercicio profesional.

Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas invocaron el artículo 255 de la Constitución Nacional y artículo 77 de la Ley 270 de 1996 cuya violación explican manifestando que el designado en ningún momento acreditó el requisito constitucional de “haber ejercido la profesión de abogado como litigante durante diez años con buen crédito”.

Que con la elección cuestionada el Congreso infringió también el Decreto-Ley 196 de 1971 porque incurrió en error de derecho al interpretar equivocadamente que el ejercicio de la abogacía es equivalente al ejercicio de funciones públicas.

Finalmente, manifiestan que existen diferencias sustanciales entre los requisitos que exige el artículo 232 de la Constitución Nacional para ser Magistrado de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, y las exigencias establecidas en el artículo 255 ibídem, para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura, que exige haber ejercido la profesión de abogado durante diez años con buen crédito y no admite como alternativos o supletorios los requisitos del artículo 232 numeral 4º citado.

Contestación de la demanda

El demandado contestó la demanda mediante apoderado debidamente constituido, en los mismos términos de la contestación efectuada en el Expediente 2370.

Alegatos de conclusión

a) Por la parte demandante

1. Los demandantes del Expediente 2376 reiteran los planteamientos expuestos en su escrito de demanda en el sentido de que el doctor Campo Soto no acreditó el requisito de ejercicio de la abogacía conforme lo prescribe el artículo 255 de la Constitución Nacional y que, por tanto, deberá anularse su elección.

Sostienen además que el doctor Campo Soto, con el fin de acreditar el ejercicio de la abogacía por diez años, aportó una certificación expedida por la secretaría general del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, la que al ser verificada a través de inspección judicial, lamentablemente resultó carente de veracidad. Esta situación la corrobora el testimonio de la autora de la certificación Martha Patricia Sánchez, quien al ser interrogada sobre los mismos hechos manifestó:

“Consabido resulta que las diferentes actuaciones que llegan al Tribunal Superior de Valledupar en su mayoría llegan en segunda instancia, lo que implica que se encuentran en tránsito en la corporación y una vez falladas son devueltas a los diferentes juzgados de origen, por lo que en la secretaria del tribunal no quedan copias de ninguna clase de actuación. Por otro lado los libros radicadores que son los que contienen la historia de los diferentes procesos que llegan a esa superioridad, se registran por nombres de procesados en la Sala Penal y de demandados en la Sala Civil Familia y en la Sala Laboral, mas no por nombre de apoderado, resultando físicamente imposible determinar si de los tantos procesos que han pasado por esa corporación en alguno de ellos haya tenido intervención el doctor Campo Soto”.

Agregan que las declaraciones extra juicio de los señores Valentín Quintero, Hugo Villegas, Jaime Araujo y Juan Federico Acosta, registradas en su hoja de vida no constituyen prueba idónea para acreditar el ejercicio de la abogacía, aunque las dos últimas fueran debidamente ratificadas.

2. El demandante en el proceso 2373 afirma en su alegato que la prueba recogida en el plenario respalda a cabalidad los hechos aducidos en la demanda; es decir, que la inhabilidad del doctor Eduardo de Jesús Campo Soto al tiempo de su elección como miembro del Consejo Superior de la Judicatura ha quedado plenamente demostrada. Afirma que un simple análisis de la certificación extendida por la secretaria del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar evidencia la ostensible ilegalidad en que incurrió al arrogarse atribuciones de notario y conferir la calidad de auténticos y veraces a documentos que recibió vía fax y de los cuales no reposan copias ni registro alguno dentro del despacho que administra. Además, certificaciones de esta índole deben ser expedidas por el juez que conoce la causa y solo puede hacerlo cuando existe constancia escrita para cotejar la existencia de un proceso. Considera que las circunstancias anotadas sobre la real validez de dicha certificación, que debieron ser conocidas por el doctor Campo Soto antes de aportar dicho documento como prueba, implica y connota un indicio que desdice a todas luces de su buen crédito.

Que también se allegó al proceso una constancia del Tribunal Administrativo del Cesar, según la cual, el doctor Campo Soto hace parte del cuerpo de conjueces desde enero de 1998 hasta octubre del mismo año, es decir, diez meses, pero este tiempo no puede ser convalidado y homologado como de ejercicio profesional pues simplemente se certifica que hace parte de una lista de “auxiliares de la justicia” y no se aporta prueba de sus actuaciones procesales e intervenciones como abogado; así mismo, tampoco tiene validez la certificación en la que aparece registrado como perito ganadero y avaluador y no se aportan otras pruebas que respalden sus experiencias en el ejercicio de la profesión.

Asevera que el ejercicio de la profesión que puede ser objeto de certificación tiene que ser posterior a la obtención del título profesional, de tal modo que el tiempo en que el doctor Campo Soto fue auditor de la Federación Nacional de Cafeteros en el exterior, desde el 16 de mayo de 1979 hasta el 30 de mayo de 1983 no puede ser convalidada para dichos efectos. Que se allegaron también documentos en los que consta que el doctor Campo Soto trabajó en la Gobernación del Cesar de 1995 a 1997 y dentro del mismo período se desempeñó como Gerente del Fondo Departamental del Deporte y concomitantemente como Gerente de la Comercializadora Departamental del Cesar. Al respecto señala que la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades se ha pronunciado sobre las incompatibilidades y prohibiciones a los empleados oficiales para el ejercicio paralelo de la profesión de abogado. Expresa que no es necesario rebatir la prueba concerniente a la experiencia como gerente sucursal de Concasa, pues para tal cargo no es necesario tener la calidad de abogado, razón por la cual no puede ser convalidada como de ejercicio de tal profesión.

Concluye afirmando que las pruebas muestran que su experiencia profesional ha sido demostrada con certificaciones que dan cuenta de actuaciones esporádicas y cortas.

3. El demandante en el proceso 2370 no hizo manifestación alguna en esta etapa procesal.

b) Por parte del demandado.

Insiste en la existencia del impedimento procesal de falta de integración del acto administrativo complejo demandado que había planteado en la contestación de la demanda. Sostiene que dos demandas pretenden que se declare la nulidad del acto de elección del doctor Campo Soto sin tener en cuenta su confirmación por la autoridad nominadora, no integrando, para efectos de demandar su nulidad, el acto complejo de elección y confirmación.

Que, además, no se tiene en cuenta la caducidad de la acción porque de conformidad con el artículo 136-12 esta se cuenta a partir del día siguiente a la fecha en la que se confirme la designación o nombramiento, y este último acto no fue demandado, lo cual constituye un motivo más que suficiente para considerar inoportunas dichas demandas. En el mismo orden, dice que el examen previo a la elección que efectuó la Comisión de Acreditación del Senado para establecer si el candidato reunía las calidades exigidas en la Constitución Nacional para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura no tiene el carácter de acto confirmatorio, porque fue anterior a la elección y no se adecua al procedimiento fijado para tal fin por el artículo 133 de la Ley 270 de 1996; además, busca establecer que el candidato reúne los requisitos para ser elegido, en tanto que el acto confirmatorio pretende precisamente confirmar la elección, para que el elegido pueda posesionarse.

Que, según la demanda que dio lugar al proceso radicado con el Nº 2376, el demandado en “ningún momento acreditó el requisito constitucional de haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito” y según la demanda radicada bajo el Nº 2370 se afirma que el demandado no cumple los requisitos establecidos por el artículo 255 de la Constitución Nacional y 77 de la Ley 270 de 1996 por no haber ejercido la profesión de abogado por lo menos por diez años, con buen crédito; a su vez, en la demanda radicada bajo el Nº 2373, el doctor Ricardo Gómez fundamentó sus pretensiones anulatorias afirmando: “El señor Eduardo Campo Soto no reúne las calidades constitucionales ni legales para desempeñar el cargo para el que fue elegido por el Congreso en atención a que no ha ejercido la profesión de abogado por el término de diez años” y, afirma, en todas ellas se omite tener en cuenta que “el acto confirmatorio de la elección del demandado aún no ha sido expedido”.

Reitera el criterio expuesto al contestar las demandas en el sentido de que el ejercicio de la profesión de abogado no solo puede probarse con certificaciones expedidas por los despachos judiciales o administrativos y que el ejercicio profesional no implica solamente la actividad litigiosa porque también se ejerce la profesión de abogado cuando se asesora y se emiten conceptos en materia jurídica, se dicta cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente o, se desempeñan funciones en la rama judicial como juez o magistrado y que el requisito de haber ejercido la profesión de abogado por el término previsto en el artículo 255 de la Constitución Nacional lo acredita con creces el doctor Campo Soto con prueba documental que obra en los expedientes acumulados, así:

“Se graduó de abogado el 4 de agosto de 1981 en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario” (fl. 203, Exp. 2370).

Afirma que el mismo actuó como asesor jurídico por más de diez años, de conformidad con las siguientes pruebas:

Declaraciones de los señores Hugo Villegas Gómez gerente del proyecto carbonífero de Prodeco S.A. quien manifiesta que el doctor Campo Soto asesoró jurídicamente la empresa que él gerencia, en los años 1986 a 1988 y enero 1º de 1990 a septiembre de 1993. El señor Roberto Bernal Rubio, representante legal de la Sociedad Comercial Tayrona, quien a su vez afirma que el doctor Campo Soto asesoró jurídicamente la empresa que él representa desde noviembre de 1983 a diciembre de 1994 (fls. 102, Exp. 2373 y fl. 344, Exp. 2370).

Declaraciones de los señores Valentín Quintero y Jaime Olivella Celedón en las que afirman que el doctor Campo Soto los ha asesorado jurídicamente desde 1983 a 29 de octubre de 1999 el primero de los citados, y desde 1985 hasta 1993, el segundo (fls. 222 y 340, Exp. 2370 y fls. 56 a 71, Exp. 2373).

Certificación expedida por Concasa, en la que consta que el doctor Campo Soto prestó sus servicios de abogado a esa corporación por contrato laboral entre el 4 de abril de 1988 y el 31 de agosto de 1993 (fl. 92, Exp. 2370).

Certificación expedida por la Gobernación del Cesar, en la cual consta que el doctor Campo Soto desempeñó el cargo de secretario de gobierno del departamento entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997 (fl. 77, Exp. 2370).

Que, además, el doctor Campo Soto actuó como litigante en numerosos procesos, entre los que se mencionan los siguientes:

Alimentos, diciembre de 1983 (fl. 342, Exp. 2370).

Porte ilegal de armas, 27 de diciembre de 1984 (fl. 649, Exp. 2376).

Extorsión, enero 8 de 1986 hasta mayo 2 de 1989 (fls. 498 a 500, Exp. 2376).

Concusión, 23 de agosto de 1985 a diciembre 11 de 1987 (fls. 570 y 612 a 618, Exp. 2376).

Defensor en varios procesos entre 1986 y 1988 y 1993 y 1994 (fl. 37, Exp. 2376).

Del 1º al 28 de noviembre de 1998 procesos varios (fls. 42, 315 y 316, Exp. 2376, 79 y 80, Exp. 2370).

El doctor Eduardo Campo Soto fue catedrático de derecho en la Universidad Popular del Cesar desde el 9 de febrero hasta el 10 de junio de 1998 (fl. 329, Exp. 2376).

Fue Diputado a la Asamblea del Cesar desde el 1º de octubre de 1984 al 30 de septiembre de 1986 (fl. 329, Exp. 2376).

Actuó como Conjuez del Tribunal Administrativo del Cesar desde enero a octubre de 1998 (fl. 308, Exp. 2376).

El buen crédito en el ejercicio profesional se demuestra con las declaraciones extra proceso rendidas por los doctores Jaime Araújo y Carlos Rodolfo Ortega que reconocen su buen nombre en el ejercicio profesional (fls. 334 y 337, Exp. 2370); y con las certificaciones expedidas por la Procuraduría General de la Nación y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en las cuales consta que el doctor Campo Soto no ha sido sancionado disciplinariamente (fls. 207 y 195 a 196, Exp. 2376).

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado considera que la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada no está llamada a prosperar porque, si bien el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 establece que quien sea designado como titular de un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, esta norma es inaplicable al Congreso como autoridad nominadora de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que dicha corporación en sus actuaciones se somete al procedimiento especial propio que le señala la Ley 5ª de 1992, en la cual no se establece de manera expresa la confirmación, sino un procedimiento previo que ordena a la comisión de acreditación la verificación previa de la existencia de las calidades exigidas para el desempeño del cargo (L. 5ª/92, art. 60).

Además, previo al estudio de fondo, solicita se denieguen las pretensiones de la demanda por considerar que el doctor Eduardo de Jesús Campo Soto reúne y acreditó los requisitos para ejercer el cargo de magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los argumentos expuestos se resumen así:

Las pruebas allegadas al expediente son demostrativas de que el doctor Campo Soto ha ejercido la profesión de abogado, prestando servicios de asesoría jurídica a diferentes empresas por un periodo superior a diez años. El demandado demostró que ha sido litigante y también se ha desempeñado en cargos públicos con funciones jurídicas, como el caso de la Secretaría de Gobierno del departamento del Cesar que ocupó durante tres años (fl. 25).

Agrega que el litigio no es la única manera de ejercer la profesión de abogado, pues como lo entiende el estatuto de la abogacía, la asesoría jurídica y el desempeño de la judicatura, también lo son, en la medida en que no pueden cumplirse sino por abogados, a lo cual se agrega que la propia norma legal acepta que se demuestre el desempeño de la abogacía con el ejercicio de actividades jurídicas de cualquier índole en cargos públicos o privados. No existe entonces duda alguna sobre el hecho de que el ejercicio profesional de abogado ha sido tratado y definido como toda actividad en la que se ponen de presente y al servicio de casos y eventos concretos, los conocimientos jurídicos y ello incluye el cargo público de juez.

Considera que la exigencia de 10 años de ejercicio profesional, lo que persigue en el fondo, es que el elegido goce de buena experiencia profesional en materia jurídica que le permita desempeñar con acierto las funciones del respectivo cargo; y que esta experiencia se logra, no solo actuando en representación de litigantes ante los estrados judiciales —criterio superado— sino en otras actividades en donde el profesional ponga en práctica sus conocimientos jurídicos.

Que el Decreto 196 de 1971, reglamentario del ejercicio de la profesión de la abogacía, le asigna a esta una función social que puede realizar desde los diversos campos en los que la persona actúe en razón de su profesión, y en el artículo 2º del mismo decreto, establece que la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares y también: “… asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”. En el mismo orden, la legislación preexistente a la Carta de 1991, en especial el artículo 21 del Decreto 250 de 1970, establece que el ejercicio de la abogacía se puede comprobar con el desempeño habitual de cualquier actividad jurídica, tanto independiente como subordinada, en cargo público o privado y que la Corte Suprema de Justicia al declarar la exequibilidad de esta disposición partió de un concepto más racional y lógico, al señalar que la ley no solo encuentra como principal función del abogado la defensa de la justicia sino la de asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

Consideraciones

a) El asunto previo

El apoderado del demandado propuso como impedimento procesal la falta de integración del acto administrativo complejo demandado, porque la declaración de nulidad que se pretende, hace relación exclusivamente al acto contenido en el acta de diciembre 15 de 1999 por medio de la cual el Congreso de la República en sesión plenaria, eligió al doctor Eduardo Campo Soto como magistrado y no incluye el acto de confirmación que debió expedirse de acuerdo a lo ordenado en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

Sobre el particular se observa:

Si bien es cierto que de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, la designación en cargos en la Rama Judicial, para cuyo ejercicio se exigen requisitos o calidades, requiere confirmación de la autoridad nominadora, también lo es que la designación de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura está asignada al Congreso en pleno, de conformidad con el artículo 254-2 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, el procedimiento a seguir es especial y está reglado en la Ley 5ª de 1992 (Reglamento interno del Congreso) en cuyos artículos 21 y 60 se dispone:

“ART. 21.—Convocatoria. Los candidatos propuestos a la consideración del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las corporaciones o instituciones postulantes o por los miembros del Congreso, en el término que señalen las disposiciones vigentes. Se adjuntarán copias auténticas de los documentos que acrediten las calidades exigidas para desempañar el cargo, las que serán calificadas por la respectiva comisión.

El presidente del Congreso citará en forma personal y por escrito, con ocho (8) días de anticipación, a los senadores y representantes a una reunión especial del Congreso pleno, con el solo fin de proceder a la elección de que se trate.

La citación deberá contener el día y la hora de cumplimiento de la sesión y los nombres del candidato o candidatos postulados”.

“III. Comisión de acreditación documental. ART. 60.Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las cámaras legislativas, la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista de los congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el presidente de la junta preparatoria. Con posterioridad se hará ante el presidente de la correspondiente Cámara.

En cada una de las cámaras se dispondrá la integración de la comisión de acreditación documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y por el período constitucional.

Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las cámaras legislativas, serán revisados por la comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. El informe respectivo será evaluado por la plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del caso”.

Según las normas transcritas, para la Sala es claro que la elección de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no requiere confirmación por parte de la autoridad nominadora, habida cuenta de que esta exigencia, prevista en la ley estatutaria de la administración de justicia, solo opera cuando la nominadora es la misma Rama Judicial. Para la designación de magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuya competencia está atribuida por la Constitución Nacional al Congreso de la República, se debe proceder de acuerdo con las normas especiales pertinentes establecidas en el reglamento interno del Congreso. Por consiguiente, la exigencia de que se demanden conjuntamente los actos de elección y confirmación, que constituye el fundamento del impedimento procesal planteado, no puede prosperar.

Manifiesta así mismo el apoderado del demandado, en su escrito de alegatos, que las demandas son inoportunas porque al no haberse demandado el acto de elección conjuntamente con el de confirmación se desconoce cuándo se produjo la caducidad de la acción, toda vez que al tenor de lo prescrito en el artículo 136-12 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, dicho término debe contarse a partir del día siguiente a aquel en el cual se confirme la designación o nombramiento. Al respecto la Sala observa que, si con arreglo a las consideraciones precedentes, no se requiere confirmación de la elección de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pretender la inoportunidad de las demandas porque no se produjo confirmación y ello impide determinar una fecha cierta para controlar la caducidad de la acción, carece igualmente de fundamento.

b) El asunto de fondo

En los procesos acumulados se pretende la declaración de nulidad de la elección del doctor Eduardo de Jesús Campo Soto como Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura efectuada por el Congreso de la República en sesión plenaria del 15 de diciembre de 1999, según consta en el acta respectiva. Sostienen los demandantes que el doctor Campo Soto no reúne los requisitos establecidos en el artículo 255 de la Constitución Nacional y 77 de la Ley 270 de 1996 para desempeñar el cargo de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, porque no acreditó el ejercicio de la profesión de abogado con buen crédito durante diez años, habida cuenta de que el ejercicio de la profesión de abogado es exclusivamente la actividad litigiosa y, por ende, la única prueba idónea para acreditarlo es la certificación expedida por el juez ante el cual se hubieren ejercido mandatos judiciales.

b.1. Para acreditar su ejercicio profesional por más de diez años, el doctor Eduardo de Jesús Campo Soto allegó ante la Comisión de Acreditación Documental del Senado, según se registra en la Gaceta del Congreso, las siguientes pruebas:

“Certificación expedida por la secretaría general del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

Certificación expedida por el Director del Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana Departamental.

Certificación expedida por la directora de recursos humanos de la Gobernación del Cesar.

Declaración extraprocesal rendida por el ciudadano Jaime Araújo Noguera.

Declaración extraprocesal rendida por el ciudadano Carlos Rodolfo Ortega Montero.

Certificación expedida por el jefe de la división de participación ciudadana y del desarrollo comunitario del departamento del Cesar.

Certificación expedida por el director de orden público y asuntos policivos del departamento del Cesar.

Certificación expedida por el director de recursos humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Declaración extraprocesal rendida por el ciudadano Valentín Dolores Rengifo.

Declaración extraprocesal rendida por el ciudadano Hugo Villegas Gómez” (G.C., año VIII Nº 604, viernes 24 de diciembre de 1999, págs. 5-6).

Los demandantes, a fin de verificar la veracidad de un documento cuyo contenido daba cuenta del ejercicio profesional del demandado durante varios años, solicitaron se realizara inspección judicial al Tribunal Superior del Cesar con el objeto de examinar los documentos que sirvieron de base para expedirlo, por parte de la secretaria del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cesar, Martha Patricia Sánchez Palma el 19 de octubre de 1999. El Magistrado Ponente, mediante auto de marzo 29 de 2000, negó la prueba solicitada por impertinente, en razón a que en el expediente no reposaba el documento que habría de ser confrontado y constituía el objeto de prueba (fls. 130-133, Exp. 2376). Los apoderados del demandado y del demandante en el proceso 2376 interpusieron, en su orden, recurso de reposición y súplica contra el auto citado (fls. 136 a 139, ib.), el primero de los cuales fue rechazado por improcedente. Al resolver la súplica, que si era procedente, la Sala accedió a decretar la práctica de la inspección judicial (fls. 653 a 654, Exp. 2376), por considerar que la certificación mencionada estaba destinada a obrar en el proceso.

Para la práctica de la respectiva diligencia se comisionó al Tribunal Administrativo del Cesar, y la misma se realizó el día 26 de mayo de 2000. En el acta correspondiente, visible a folios 653 y 654 del expediente 2376, la doctora Martha Patricia Sánchez Palma, secretaria de la corporación, quien expidió la certificación objeto de prueba, manifestó:

“(…).

Esta certificación fue expedida con base en otra certificación ya existente en los archivos del tribunal, expedida por mi antecesor en el cargo, Efraín Cabello Araujo para el año 1998, corroborada por una serie de certificaciones que acompañó el peticionario vía fax a la secretaría de la corporación, certificaciones estas últimas expedidas por varias autoridades judiciales del distrito. En este estado de la diligencia quiero hacer entrega formal de todos estos documentos a los que he venido haciendo referencia, contentiva de catorce folios”.

Quiero agregar que a raíz de toda esta polémica que se ha suscitado por los medios de comunicación donde se ha colocado en tela de juicio la certificación expedida por la secretaría del tribunal al llegar incluso a tildarse de falsa, me tomé el trabajo, haciendo labores de investigadora, de llamar personalmente a mi antecesor señor Efraín Cabello Araújo para indagarle cuál había sido el fundamento de la certificación inicial por él expedida y de manera informal me hizo entrega de una serie de documentos que quiero en este caso allegar, que aclaro no forman parte de los archivos de la corporación y que tampoco fueron el fundamento de la certificación por mí expedida, que me fueron allegados de manera informal o extraoficial, pero que los quiero aportar a manera de ilustración para con esto demostrar que la certificación expedida por la suscrita no salió del aire o se encuentra en cierta parte ajustada a la realidad, incluso uno de los procesos que hoy entrego en fotocopias estuvo en tránsito en el Tribunal Superior al dirimirse un conflicto de competencia. También para que quede claro quiero manifestar que la certificación tanto la expedida por el señor Efraín Cabello Araújo, como la expedida por mí, la que se limitó simplemente a actualizar la anterior, en ningún momento hace constar que el doctor Eduardo Campo Soto ha litigado o ha ejercido la actividad profesional ante el tribunal sino ante el Distrito Judicial de Valledupar. En este estado de la diligencia la demandante hace entrega de dos cuadernos constantes cada uno de 117 y 136 folios respectivamente, y un cuadernillo de 19 folios, documentación que el señor presidente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 numeral 3º de la Ley 446 de 1998 ordena agregarlos al expediente, para los fines correspondientes” (fls. 363 a 365, Exp. 2376).

Agregó, que no es posible verificar el número de procesos que adelantó el doctor Campo Soto en las fechas a que alude la certificación expedida por el tribunal, en razón a que no existen físicamente los procesos en el archivo del tribunal porque en cuanto van siendo evacuados son devueltos a las oficinas de origen y en los libros radicadores tampoco se puede verificar dicha información porque estos se llevan por el nombre del procesado y no con el de los abogados.

Para la Sala, la explicación ofrecida por la secretaria del tribunal resulta plausible en cuanto a que no reposen en sus archivos los documentos que permitieron, en su momento, expedir la cuestionada certificación. En relación con la presunta irregularidad que se atribuye al procedimiento utilizado para la expedición de la misma la Sala no hará pronunciamiento alguno habida cuenta de que ello corresponde a otras autoridades e instancias, a quienes se oficiará para lo de su cargo.

La Sala advierte, por otra parte, que en la documentación que el interesado aportó ante la Comisión de Acreditación del Senado, sí reposan certificaciones sobre ejercicio de la abogacía como litigante, tal como consta en los folios 309 a 316 del Expediente 2376, reseñados en el acta de Congreso pleno de diciembre 15 de 1999, documentos que hacen parte del expediente por haber sido acompañados con la contestación de la demanda o porque fueron remitidos al mismo con oficio de abril 11 de 2000, por el secretario general del Senado de la República, conforme a lo ordenado mediante auto de marzo 29 de 1999.

En relación con las declaraciones extraproceso rendidas por los doctores Jaime Araújo Noguera y Carlos Rodolfo Ortega Montero visibles en los folios 176 y 177, remitidas por el secretario del Senado de la República y autenticadas por él, debidamente ratificadas, tal como consta en los folios 689 a 692, la Sala advierte que carecen de precisión porque indican que el ejercicio profesional de abogado del doctor Eduardo de Jesús Campo Soto se inició en el año 1983 pero no dicen hasta cuando se extiende, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de acreditar un tiempo determinado de ejercicio profesional.

b.2. Argumentan los demandantes que existen diferencias substanciales entre los requisitos que exige el artículo 255 de la Constitución Nacional para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y los exigidos en el artículo 232 ibídem para ser Magistrado de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La Sala se releva de examinar este aspecto de la acusación, toda vez que ya se pronunció sobre el mismo al decidir un caso similar.

Dijo así, la Sala:

“Del texto de la norma transcrita se desprende que, efectivamente, el constituyente de 1991 distinguió tres modalidades para acreditar el requisito de la experiencia profesional para elegir los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado: desempeño de cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, ejercicio de la profesión de abogado y ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. Es cierto que esa distinción conduce a la conclusión de que para el constituyente, y para los efectos de esa norma, el denominado ejercicio de la profesión de abogado no comprende el desempeño de cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público ni el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. Pero esa interpretación no lleva a la de considerar que para todos los efectos y, en especial, para los del artículo 255 de la Carta, el concepto del ejercicio de la profesión de abogado excluye esas otras dos modalidades de la experiencia profesional de abogado”(1).

b.3. El análisis a desarrollar comprenderá una primera determinación acerca de qué se entiende por ejercicio profesional de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia vigentes y si, actividades comprendidas en la ley y la jurisprudencia como ejercicio de la profesión de abogado, pueden acumularse para efectos de cumplir el requisito de 10 años de ejercicio profesional de abogado exigido en el artículo 255 de la Constitución Nacional.

1. De conformidad con el Decreto-Ley 196 de 1971 se definió el ejercicio de la abogacía, así:

“ART. 1º—La abogacía tiene como función social colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.

“ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

La anterior regulación en términos de que la práctica de la abogacía comprende la participación en la realización de la recta y cumplida administración de justicia, así como defender en justicia los derechos de la sociedad y los particulares, permite concluir que actividades tales como el litigio, la asistencia y representación y la asesoría y consultoría, tanto en forma independiente como subordinada, así como las mismas actividades cumplidas en el ejercicio de cargos en todas las ramas del poder y en los demás órganos del Estado y en empleos privados constituyen ejercicio de la abogacía.

En el derecho positivo colombiano se ha definido de tiempo atrás el ejercicio de la profesión de abogado como el cumplimiento de actividades jurídicas de manera independiente y en cargos públicos en cualquiera de las ramas del poder como en cargos privados.

En efecto, en el artículo 21, inciso 2º, del Decreto 250 de 1970 se había establecido que el ejercicio de la abogacía se probaba:

“El ejercicio de la abogacía se podrá comprobar con el desempeño habitual de cualquier actividad jurídica, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado”.

Y en el Decreto 1660 de 1978 reglamentario del anterior, sobre administración del personal de la Rama Judicial, se dispuso en el inciso final del artículo 67:

“El ejercicio de la abogacía podrá comprobarse con la presentación de los documentos que demuestren el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, sean independientes o subordinadas, en cargo público o privado, ejercidas con posterioridad a la obtención del título profesional correspondiente, o con anterioridad, en el caso de que hubieren sido ejercidas al amparo de la licencia temporal que autoriza la ley para quienes han terminado estudios de derecho”.

Una regulación semejante se adoptó en el inciso segundo del artículo 140 del Decreto-Ley 960 de 1970 para acreditar la experiencia profesional de abogado necesaria para ser designado notario.

“El ejercicio de la abogacía se podrá acreditar con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes, como subordinadas, en cargo público o privado.

1.1. A su turno, la jurisprudencia de la Sección Quinta de la corporación se ha pronunciado sobre este punto en los siguientes términos:(2)

En sentencia de 1º de octubre de 1992, la Sala sostuvo:

“Es cierto que tradicionalmente se ha entendido que el ejercicio de la profesión de abogado consiste en “… defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consulten “al abogado, según definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir que el ejercicio de la abogacía ha sido visto siempre como la prestación del servicio profesional del abogado a los “litigantes,” es decir a las partes interesadas en los litigios sometidos a decisión de la administración de justicia. Indudablemente esta es una concepción reducida, por no decir estrecha, de la actividad propia de la profesión de abogado.

El ejercicio de esta profesión está reglamentado en el Decreto 196 de 1971, que contiene el denominado “Estatuto del ejercicio de la abogacía,” que consagra en los artículos 1º, 2º y 3º, lo siguiente:

“ART. 1º—La abogacía tiene como función social colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.

“ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

ART. 3º—Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”.

Del texto del artículo 2º transcrito se desprende que la misión principal del abogado, “… es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares”, es decir que el ejercicio de la profesión litigando es misión “principal” pero no la única. En efecto, es “también” misión del abogado “… asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”. Y del texto del artículo 1º transcrito se deduce que la “abogacía”, es decir la profesión de abogado, cumple entre otras la función social de colaborar “… en la realización de una recta y cumplida administración de justicia,” colaboración que se presta por el abogado al intervenir, como litigante, en los litigios, es decir en los conflictos sometidos a la administración de justicia.

Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura es necesario ser abogado, como está dispuesto en los artículos 232 y 255 de la Constitución Nacional. Y de acuerdo con la ley para ser Magistrado de Tribunal y Juez de la República también es necesario ser abogado. Eso significa que la justicia en esos cargos no puede ser impartida por médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, contadores etc., etc. Sin embargo, no existe, al menos en nuestro país, la profesión de magistrado o juez. Entonces, si para desempeñar esos cargos es necesario ser abogado, puede afirmarse que el cumplimiento de funciones judiciales en los mencionados cargos conlleva el ejercicio de la profesión de abogado? o que la asesoría jurídica en oficinas públicas o privadas, y aún en el desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas cuando para ello se requiere ser abogado, no es ejercicio de la profesión de abogado? Así las cosas, circunscribir el concepto de ejercicio de la profesión de abogado a la actividad de abogar o litigar, no se compadece con la realidad y así lo entendió la honorable Corte Suprema de Justicia cuando declaró exequible el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 mediante sentencia pronunciada el 24 de noviembre de 1977, citada en la contestación de la demanda. Con anterioridad el Consejo de Estado, en auto fechado el 13 de septiembre de 1977, aceptó para confirmar a persona elegida como magistrado de tribunal administrativo, que el ejercicio de la abogacía era demostrable de la manera dispuesta en el precitado artículo 21. Es más, encontró que las razones aducidas por alguno de los integrantes de la Sala “…son muy discutibles en orden a sustentar dicha inconstitucionalidad que permitan la inaplicación de tal precepto por la vía de la excepción, toda vez que desarrolla la noción de ejercicio de la abogacía que consigna el artículo 155 de la Carta, concepto que el constituyente no desarrolla”.

(…)”.

En el mismo sentido se pronunció en sentencia de 18 de abril de 1997. En esta oportunidad agregó la Sala que la alegación en torno a que el constituyente de 1991 hubiera decidido excluir de la experiencia profesional el ejercicio de la judicatura, así como establecer como condición para acceder al cargo de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura el ejercicio profesional de abogado exclusivamente como litigante, carecía de todo fundamento como lo demuestra el examen exhaustivo de las actas tanto de la Comisión IV como de plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Para la Sala es claro que la situación objeto de estudio continua regulada en forma idéntica a la examinada en el fallo transcrito y por ello acoge y prohíja los criterios expresados por la Sección Quinta.

2. Para reforzar el motivo de la acusación los demandantes citan la disposición del numeral 4º del artículo 151 de la Ley 270 de 1996 en cuanto dispone “… el ejercicio de cargos en la Rama Judicial es incompatible: “… “4. La gestión profesional de negocios o el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión u oficio “(resaltado fuera del texto), con lo cual pretenden significar que se trata de dos actividades de diversa naturaleza y que quien es juez no puede considerarse ejerciendo la abogacía, por el hecho de no poder realizar actividades jurídicas de litigante al mismo tiempo.

Al respecto la Sala observa que dicha regulación tiene el único objeto jurídico de establecer una incompatibilidad o sea la prohibición de ejercer la actividad de litigar cuando se es juez y viceversa y está orientada a la salvaguarda de la administración de justicia. Es claro que nada dispone acerca de las distintas modalidades o especies del género ejercicio profesional de la abogacía. Por razones lógicas y jurídicas claras, ello no quiere decir que un abogado litigante deje de ser abogado por haber accedido a un cargo de juez o viceversa.

2.1. En el mismo orden, sostienen que tampoco cumplen con el requisito de ejercer la profesión de abogados “… Los empleados públicos y los trabajadores oficiales, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo” tal como lo dispone el artículo 39 del Decreto 196 de 1971. Es claro que de lo que se trata es de salvaguardar la función administrativa prohibiendo que quien defienda intereses de los particulares o de la sociedad en condición de representante de litigantes no cumpla, al mismo tiempo, las funciones públicas atribuidas a los empleados públicos y trabajadores oficiales, salvo, como dice la norma, que ejerza como litigante en ejercicio de su cargo. La ley sencillamente estableció una incompatibilidad para prohibir el ejercicio simultáneo de las actividades jurídicas que implican cumplir una función dentro de la administración y representar intereses de litigantes, salvo cuando actúen en función de su cargo.

2.2. De conformidad con el artículo 128 de la Ley 270 de 1996, para el desempeño de cargos de juez municipal, de circuito y de magistrado de tribunal se requiere acreditar experiencia profesional por dos, cuatro y ocho años, respectivamente y en el parágrafo del mismo artículo se dispone:

“La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado”.

El precepto transcrito no permite ninguna duda acerca de que en el derecho colombiano se acepta como requisito de experiencia profesional de abogado para el desempeño de cargos de funcionario en la Rama Judicial el ejercicio de la función judicial.

En suma, las actividades referidas por los demandantes como no constitutivas de actividad profesional de abogados participan de la común exigencia a quienes las ejerzan de acreditar la condición de ser abogados y si bien existen restricciones para el ejercicio conjunto de algunas de ellas, tales como el servicio a la administración pública o a la administración de justicia y la actividad de representante de litigantes, ello no significa que una o alguna de ellas no sean equiparables como ejercicio profesional de la abogacía.

Como corolario de lo anterior la Sala concluye que, salvo norma expresa en contrario, para acreditar el ejercicio profesional de abogado requerido para acceder al cargo de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se pueden acumular las experiencias adquiridas después de la obtención del título, en el litigio, la asesoría jurídica, o el ejercicio de la judicatura o de cargos públicos o privados, en los términos previstos en la ley.

El doctor Eduardo de Jesús Campo Soto acreditó el ejercicio profesional de abogado durante más de diez años con los siguientes documentos aportados al proceso:

a) Como litigante:

1. Certificación expedida por la secretaría administrativa de fiscalías delegadas ante los juzgados penales del Circuito de Valledupar en la cual consta que el doctor Campo Soto litigó ante los juzgados de instrucción criminal ya extintos, para los años de 1986 a 1988; así mismo, para los años de 1993 a 1994 (fl. 623).

Esta certificación en fotocopia simple fue agregada al expediente, dentro de la diligencia de declaración jurada rendida por la secretaria del Tribunal Superior del Cesar doctora Martha Patricia Sánchez, visible a folios 363 a 366, Expediente 2376. Y en documento original, expedida por el mismo despacho, fue aportada por el demandado con la contestación de la demanda (fl. 37) y por el secretario general del Senado, en fotocopia autenticada por el mismo, conforme a lo ordenado en el auto de marzo 29 de 2000 (f. 310).

2. Certificación expedida por el jefe de la secretaría administrativa de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar en la cual consta que el doctor Campo Soto litigó ante las fiscalías de esa unidad, en procesos de segunda Instancia, en los años 1993 y 1994 (fl. 624).

Documento en fotocopia simple agregado al expediente dentro de la diligencia de declaración jurada rendida por la secretaria del Tribunal Superior del Cesar doctora Martha Patricia Sánchez, visible a folios 363 a 366, Expediente 2376. Certificación original expedida por el mismo funcionario fue aportada por el demandado con la contestación de la demanda (fl. 38), con la aclaración de que en el año 93 litigó ante esas fiscalías durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre; y en el año 94, en los meses de febrero, abril, junio, agosto y noviembre; también fue enviada al proceso por el secretario general del Senado, en fotocopia autenticada por él mismo, solicitado por el Consejero Ponente en el auto de marzo 29 de 2000 (fl. 312).

De conformidad con las pruebas antes relacionadas, la Sala concluye que el doctor Campo Soto acreditó experiencia profesional como litigante en el período comprendido entre 1986-1989 y 1993-1994.

Lo anterior se corrobora con copias de las actuaciones cumplidas ante el Juzgado Diez de Instrucción Criminal donde consta que el doctor Campo Soto actuó como apoderado del señor Benjamín Costa Gutiérrez desde el 8 de enero de 1986 (fl. 426, Exp. 2376), hasta el 2 de mayo de 1989 en que el Juzgado 2º Penal del Circuito de Valledupar ordenó cesar todo procedimiento en contra del sindicado (fls. 498 a 500, ib.). Y de las actuaciones surtidas ante el Juzgado 4º de Instrucción Criminal de Chiriguaná, según las cuales el doctor Campo Soto fue apoderado del señor Mendelson Ruiz Vence desde el 15 de abril de 1985 (fls. 570 a 578, Exp. 2376) hasta el 11 de diciembre de 1987, en que el Juzgado 3º Penal del Circuito decidió cesar todo procedimiento contra el sindicado (fls. 612 a 619, ib.). Documentos que pueden ser tenidos en cuenta porque fueron aportados al proceso por la doctora Martha Patricia Sánchez, secretaria del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cesar dentro de la diligencia de inspección judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 numeral 3º de la Ley 446 de 1998.

b) Asesoría jurídica a empresas del sector privado:

1. A folio 62 del Expediente 2370 aparece la certificación suscrita por el señor Carlos Arturo Blanco Maruri, Gerente de Brisa S.A. en la cual consta que el doctor Campo Soto prestó sus servicios de asesoría jurídica desde el mes de septiembre de 1984 hasta el 20 de diciembre de 1994.

2. A folio 69 del Expediente 2370 aparece la certificación suscrita por el señor Roberto Bernal Rubio, Gerente General de la Sociedad Comercial Tayrona Ltda., en la cual consta que el doctor Campo Soto prestó sus servicios de asesoría jurídica desde el mes de noviembre de 1983 a diciembre de 1994.

3. A folio 322 del Expediente 2376 aparece la declaración extraproceso del señor Hugo Villegas Gómez quien se desempeñó como Gerente de Prodeco S.A., en la cual consta que el doctor Campo Soto fue asesor jurídico de esta empresa entre 1986 a 1988 y enero 1º de 1990 a septiembre de 1993, declaración que fue debidamente ratificada, tal como consta en el folio 101 del Expediente 2373 y 185 del Expediente 2370.

Las certificaciones relacionadas en los numerales 1º y 2º tienen el carácter de documentos privados de contenido declarativo que pueden ser apreciados en el proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, numeral 2º de la Ley 446 de 1998, en cuanto disponen que solo requieren ser ratificadas cuando la parte contraria lo solicite, evento que no se presentó en el caso sub lite.

Pues bien, el doctor Eduardo de Jesús Campo Soto se graduó como abogado el día 4 de agosto de 1981, según acta expedida por la Universidad del Rosario, visible a folio 299 y está acreditado en el proceso que desde noviembre de 1983 hasta diciembre de 1994 se desempeñó como asesor jurídico de las empresas Brisa S.A., y Sociedad Comercial Tayrona Ltda. (fls. 62 y 69). También actuó como asesor jurídico de Prodeco entre 1986 a 1988 y de 1993 a 1994 (fl. 221, Exp. 2370).

Durante parte del mismo período ejerció como litigante, a partir del 8 de enero de 1986 a 1988 y 1993 a 1994.

De conformidad con las pruebas citadas, la Sala concluye que el ejercicio profesional de abogado del doctor Campo Soto es superior a diez años, con lo cual se cumple a cabalidad el requisito exigido en los artículos 255 de la Constitución Nacional y 77 de la Ley 270 de 1996, y en consecuencia, el cargo planteado no prospera.

c) Ejercicio de cargos públicos y privados con funciones jurídicas:

El demandado aportó certificaciones que demuestran que se desempeñó como Gerente de la Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa, Seccional Valledupar y como secretario de gobierno de ese mismo departamento, sobre las cuales la Sala no hará ningún pronunciamiento sobre su admisibilidad como acreditación de ejercicio de la profesión de abogado, por no ser necesario para la decisión del presente juicio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Niéganse las pretensiones de las demandas de los procesos acumulados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, ofíciese a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las irregularidades en que pudo haber incurrido la secretaría del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cesar al expedir la certificación de fecha octubre 19 de 1999.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Manuel Santiago Urueta Ayola, presidente, ausente con excusa—Mario Rafael Alario Méndez, aclaración de voto—Alberto Arango Mantilla—Camilo Arciniegas Andrade, aclaración de voto—Germán Ayala Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro, aclaración de voto—Jesús María Carrillo Ballesteros, ausente con excusa—Reinaldo Chavarro Buriticá—María Elena Giraldo Gómez, impedida—Alier Eduardo Hernández Enríquez, aclaración de voto—Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Lemos Bustamante—Ligia López Díaz, ausente con excusa—Roberto Medina López, aclaración de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero, ausente con excusa—Ana Margarita Olaya Forero, ausente con excusa—Alejandro Ordóñez Maldonado—María Inés Ortiz Barbosa—Nicolás Pájaro Peñaranda—Juan Ángel Palacio Hincapié—Darío Quiñones Pinilla—Germán Rodriguez Villamizar, aclara voto.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

(1) Sentencia de marzo 27 de 2001, radicación IJ 015, C.P. Darío Quiñones Pinilla.

(2) Sentencia de octubre 1º de 1992, Expediente 0676, C.P. Jorge Penen Deltieure y abril 18 de 1997, Expediente 1628, C.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.

ACLARACIÓN DE VOTO

Respetuosamente, me permito presentar la aclaración de voto a la sentencia citada en el proceso de la referencia.

Conforme al artículo 39 del Decreto-Ley 1896 de 1971, que hace parte del estatuto de la abogacía, es factible de aceptar excepcionalmente el ejercicio de la profesión de abogado, respecto de los empleados públicos y trabajadores oficiales “... cuando deban hacerlo en función de su cargo”. Entonces, para aceptar que el tiempo de servicio de un empleado público o trabajador oficial, es computable como ejerció de la profesión de abogado, es indispensable que el título de abogado sea requisito para el desempeño del cargo dadas sus funciones y que realmente las tenga, que se le haya exigido título y lo haya demostrado en su oportunidad.

No es posible desconocer, por ejemplo, que un jefe de oficina jurídica, como servidor público, a quien se le exige acreditar su título de abogado, que ejerce funciones relacionadas con la misión de esa profesión (v. gr. asesor, patrocinar, asistir a la entidad en sus relaciones jurídicas, etc.) no se le pueda computar ese tiempo como ejercicio de la abogacía, cuando esas mismas labores sí tienen esa connotación si la ejecuta como independiente. En esas condiciones, el servidor público cuando realiza labores iguales a las de un abogado pero al servicio de entidades estatales, por este solo hecho no pueden desconocérsele sus derechos.

Ahora, el servidor público que realice algunas labores similares a las de un abogado, cuando el cargo no exige tal requisito, no puede servirle de fundamento para que el tiempo de servicio se le compute como de ejercicio de la profesión.

Con todo comedimiento,

Tarsicio Cáceres Toro 

ACLARACIÓN DE VOTO

Solamente quería hacer hincapié en que es el artículo 255 de la Carta el que gobierna en forma expresa e integra la materia, porque exige a los aspirantes al cargo de Magistrado al Consejo Superior de la Judicatura, el requisito de diez años de ejerció de la profesión de abogado, con buen crédito.

El ejerció(sic) de la profesión se demuestra con el desempeño habitual de actividades relacionadas con ella, como se decía en el Decreto 250 de 1970 y repetían otros que se citan en el fallo. Por eso concluyo, también, que cualquier actividad jurídica permanente, en asesorías especializadas, estratos judiciales, cargos públicos y privados, es válida para acumular el tiempo del requisito.

Y que el artículo 232 de la Carta gobierna el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Roberto Medina Lopez 

ACLARACIÓN DE VOTO

No obstante haber suscrito la sentencia producida en el sub judice, aclaré mi voto por considerar que no existe una razón jurídica suficiente para que se interprete en distinto sentido una misma expresión plasmada en dos normas constitucionales.

Me refiero al ordinal 4º del artículo 232 de la Constitución Política y al artículo 255 del mismo ordenamiento. Tanto en una como en otra disposición se exige “haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito” (255) o “haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo” (232-4), situaciones que no deben interpretarse cual si se tratara de figuras diferentes, tal como se analizó en la providencia comentada.

A mi manera de ver, el requisito del ejercicio profesional de la abogacía, por diez años, y con buen crédito, que cada una de las normas constitucionales referidas exige, no debe examinarse con sentido diferente, según se trate de una u otra disposición.

Lo cierto es que el ejercicio profesional es uno solo, sin interesar el precepto que lo contemple. Se trata, en últimas, de una actividad propia del abogado, cuyo ejercicio fáctico y jurídico no puede diferenciarse por la sola circunstancia de encontrarse prevista en dos artículos distintos de la Carta Política, dejando de lado que en uno y otro, son igualmente requisitos para acceder a posiciones de magistrados en la rama judicial, cuyo tratamiento jurídico debe ser unificado, sin las distinciones a que se refirió la sentencia.

Germán Rodríguez Villamizar 

Fecha ut supra. 

ACLARACIÓN DE VOTO

I.

Es requisito para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, entre otros, haber ejercido, con buen crédito, durante 10 años la profesión de abogado, según lo establecido en el artículo 232 de la Constitución.

Y para ser Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, dice el artículo 255, es requisito, entre otros, haber ejercido la profesión de abogado durante 10 años con buen crédito.

El requisito de haber ejercido la profesión de abogado ha de tener una inteligencia unívoca, esto es, que una misma cosa significa tanto en el artículo 232 como en el artículo 255 de la Constitución.

Compartí la decisión, pero me resultan inaceptables las consideraciones contenidas en la sentencia de 27 de marzo de 2001(1), que en lo pertinente se transcribió en la de 22 de mayo, materia de esta aclaración, en lo que se dijo que para los efectos del artículo 232 de la Constitución “el denominado ejercicio de la profesión de abogado no comprende el desempeño de cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público ni el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas”, en tanto que para los efectos del artículo 255 el concepto de ejercicio de la profesión de abogado sí comprende el desempeño de cargos en la Rama Judicial y en el Ministerio Público y la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas.

Para explicar la diferencia se dijo en la sentencia de 27 de marzo que ella “tiene su explicación en el querer del constituyente de 1991 de consagrar una mayor exigencia para desempeñar los cargos más altos de las corporaciones que fundamentalmente ejercen funciones judiciales” y que, entonces, “la experiencia profesional por un periodo no inferior a diez años en cualquiera de las modalidades indicadas asegura, de mejor manera, la posibilidad de que por la persistencia en la aplicación de sus conocimientos jurídicos a un campo específico, se amplían (sic) y consolidan (sic) estos y la persona adquiere unas aptitudes que le permiten asumir con la suficiente preparación las funciones de administrar justicia en las más altas corporaciones”, no así para el desempeño del cargo de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pues se consideró suficiente “que se acreditara la experiencia profesional durante el mismo lapso de diez años, aunque no necesariamente todo el tiempo en una de las alternativas previstas en el artículo 255 de la Carta Política”.

Esas consideraciones, repito, me resultan inaceptables, basadas como están solo en suposiciones, y contra lo que parece razonable, esto es, que una misma expresión tenga en las varias disposiciones constitucionales un mismo sentido.

II.

Por medio de la Ley 62 de 1928 fue reglamentado, quizá por primera vez, el ejercicio de la profesión de abogado.

Conforme a lo establecido en sus artículos 1º a 12 de esa ley solo serían admitidos como apoderados en los negocios civiles, criminales, administrativos y contencioso administrativos los abogados recibidos y que hubieran obtenido la correspondiente matrícula, con algunas excepciones; podían ser recibidos como abogados quienes hubieran obtenido el título de tales o acreditaran determinada experiencia; correspondía al tribunal de distrito judicial decretar la admisión del abogado; una vez decretada, el presidente del tribunal expedía al peticionario un certificado que le daba derecho a ser inscrito en la matrícula y que lo habilitaba para ejercer la abogacía en cualquier parte de la República; la matrícula se hacía en los libros que para el efecto se llevaban en los despachos judiciales, en los que se inscribían a solicitud de los interesados y mediante la presentación del correspondiente certificado, los nombres de los abogados recibidos, con la indicación del número y fecha de la matrícula, de la entidad que decretó la admisión y de la fecha de la inscripción; los funcionarios judiciales y administrativos solo podían admitir como representantes de los interesados en los juicios y actuaciones, a los abogados matriculados.

El certificado expedido por el presidente del tribunal, por sí solo, habilitaba para ejercer la abogacía en cualquier parte del territorio de la República, según lo expuesto, pero para adelantar gestiones ante los despachos judiciales y administrativos se requería, además, la matrícula.

La Ley 62 de 1928 fue modificada por la Ley 21 de 1931, que le introdujo algunas adiciones, y después mediante el artículo 71 del Acto Legislativo 1 de 1945, por el cual se estableció que en adelante solo podrían ser inscritos como abogados los que tuvieran título profesional, artículo que en la codificación dispuesta en el artículo e transitorio de ese acto legislativo vino a ser el 40 de la Constitución que rigió hasta 1991, y para su desarrollo se expidió la Ley 69 de 1945.

Fue proferido después el Decreto 320 de 1970, por el cual se dictó el estatuto del ejercicio de la abogacía, y fueron expresamente derogadas las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945.

Ese decreto fue reglamentado por el Decreto 764 de 1970 y modificado por los decretos 1158 y 1350 del mismo año.

Poco después, sin embargo, mediante el Decreto 1766 de 1970, se suspendió la vigencia de tales decretos y se declararon en vigor las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945.

Posteriormente fue expedido el Decreto 196 de 1971, por el cual se expidió un nuevo estatuto del ejercicio de la abogacía, y fueron derogados las leyes 62 de 1928, 21 de 1931 y 69 de 1945 y los decretos 320, 764, 1158, 1350 y 1766 de 1970.

El Decreto 196 de 1971 fue reglamentado por el Decreto 1137 del mismo año.

Mediante el artículo 1º del Decreto 196 de 1971 se estableció que la abogacía tenía como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, y en el artículo 2º del mismo decreto que la principal misión del abogado era defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, y que también era misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

De lo anterior resulta, entonces, que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, desde luego, la defensa de los derechos e intereses de las partes en procesos judiciales, administrativos o de cualquier clase, pero también actividades distintas, tales como asesoramiento, rendición de dictámenes o conceptos, realización de estudios, elaboración de documentos y muchas más.

Ahora bien, según el artículo 3º del Decreto 196 de 1971 es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario, de conformidad con las exigencias académicas y legales, pero, según lo dispuesto en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, para ejercer la profesión y anunciarse como abogado se requería estar inscrito y tener vigente la inscripción —sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas—, e incurría en ejercicio ilegal de la abogacía quien no siendo abogado inscrito se anunciara o hiciera pasar como tal u ofreciera servicios personales que requirieran dicha calidad o litigara; y era requisito de la inscripción haber obtenido el título correspondiente, dice el artículo 5º del mismo decreto.

Según los artículos 6º a 15 de ese decreto, quien pretendiera su inscripción debía solicitarla al tribunal superior del distrito judicial de su domicilio, que debía decretarla si no hubiera razones para denegarla, y en firme la providencia que así lo dispusiera debía comunicarse al Ministerio de Justicia, para que incluyera al interesado en el registro nacional de abogados y le expidiera la tarjeta profesional.

La sola inscripción habilitaba al abogado para el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la República, según el artículo 21 de ese decreto. Pero quien actúe como abogado, dice el artículo 22, debe exhibir su tarjeta profesional al iniciar su gestión, de lo cual ha de dejarse testimonio escrito en el respectivo expediente, e indicar su número en todo memorial, de lo cual resulta que la tarjeta profesional de abogado se requiere cuando se trate de gestiones ante las autoridades, para identificar al abogado como tal.

La inscripción decretada por el tribunal, como antes la admisión, y no la inclusión en el Registro Nacional de Abogados, habilitaba al abogado para el ejercicio de la profesión. El decreto de inscripción era la inscripción misma, aunque, desde luego, para hacer gestiones ante las autoridades fuera necesaria la tarjeta profesional, como antes la matrícula; pero no es necesaria la tarjeta, como tampoco era necesaria la matrícula, para la realización de actividades distintas, como el asesoramiento legal, por ejemplo, y otras tantas que constituyen ejercicio de la profesión de abogado.

En consonancia con lo anterior, mediante el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 se dispuso que el ejercicio de la abogacía podía comprobarse con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado, disposición que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 24 de noviembre de 1977, declaró exequible(2).

Por el artículo 67 del Decreto 1660 de 1978 se reiteró la disposición anterior, pero contra lo dispuesto, especialmente, en los artículos 4º, 21, 24 y 41, numeral 1º, del Decreto 196 de 1971 —según los cuales, ya se dijo, para ejercer la profesión de abogado se requería estar inscrito como tal, salvas las excepciones legales— se estableció que las actividades jurídicas, para indicar el ejercicio de la profesión de abogado, debían ser cumplidas con posterioridad a la obtención del título profesional, y no, como debía ser, con posterioridad a la inscripción.

Después, creado el Consejo Superior de la Judicatura por los artículos 116, 254, 255, 256 y 257 de la Constitución, mediante el artículo 11, numeral 7º, del Decreto 2652 de 1991, por el cual se adoptaron medidas para su funcionamiento, se dispuso que correspondía a la Sala Administrativa llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir las tarjetas profesionales, y así se reiteró en el artículo 85, numeral 20, de la Ley 270 de 1996.

Se advierte, finalmente, que el trámite de inscripción de los abogados en los tribunales superiores de distrito judicial establecida en el Decreto 196 de 1971, fue suprimido, por disposición del artículo 90 del Decreto 2150 de 1995. Ello que indica que a partir de entonces los abogados —es decir, quienes hubieran obtenido el correspondiente título universitario—, sin más requisitos, están autorizados para ejercer la abogacía, y no como antes, que se requería, además de la calidad de abogado, estar inscrito como tal, aunque, desde luego, para hacer gestiones ante las autoridades sigue siendo necesaria la tarjeta profesional.

Era esto último el propósito de las reflexiones anteriores, precisar que, vigente la inscripción establecida en el Decreto 196 de 1971, solo podía ejercer lícitamente la profesión el abogado inscrito, y que, en consecuencia, cuando ese ejercicio fuera necesario como requisito para ciertos cargos, solo la experiencia posterior a la inscripción —salvo disposición en contrario— podía ser tenida en cuenta para el efecto.

Y ello porque en la sentencia se dijo, sin distingos, que “para acreditar el ejercicio profesional de abogado requerido para el cargo de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se pueden acumular experiencias adquiridas después de la obtención de título”.

Mario Alario Méndez 

(1) Expediente IJ-015.

(2) Gaceta Judicial, t. CLVI, núm. 2.396, pág. 358.

ACLARACIÓN DE VOTO

He conocido del texto elaborado por el señor consejero Mario Alario Méndez, y por compartir integralmente las razones expuestas, con su venia, adhiero a su aclaración de voto.

Alier E. Hernández Enríquez 

ACLARACIÓN DE VOTO

En mi criterio, el significado de las palabras y expresiones empleadas por la Constitución debe ser extraído de la Constitución misma, antes que de cualesquiera normas legales. Así, la expresión “haber ejercido la profesión [de abogado]”, tiene en el artículo 255 de la Constitución el mismo sentido que en el artículo 232, donde el ejercicio profesional aparece como distinto del desempeño de cargos en la Rama Judicial o el Ministerio Público y, a fortiori, de cargos en la administración pública.

El requisito consistente en el ejercicio profesional por el lapso de diez años y con buen crédito es, entonces, una calidad que el artículo 255 de la Constitución exige de manera especial a quienes hayan de servir los cargos de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, quienes no podrían llenar su la alta responsabilidad de juzgar a jueces y abogados en ejercicio, si careciesen del conocimiento personal y directo de la actividad que puede llegar a comprometer a unos y a otros.

Desde luego que la asesoría jurídica independiente es actividad propia del ejercicio profesional y fue probada en el presente caso, al tiempo con el desempeño de la representación judicial.

Camilo Arciniegas Andrade 

Fecha ut supra.