Sentencia 2000-00012 de diciembre 16 de 2010

 

Sentencia 2000-00012 de diciembre 16 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 05001-3103-010-2000-00012-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Dos cargos, ambos con respaldo en la causal primera de casación, propuso la recurrente contra el comentado fallo de segunda instancia. En el primero, denunció la violación indirecta de normas sustanciales, en tanto que en el segundo, su reproche versó sobre el quebranto directo de las mismas. La Corte se ocupará solo del cargo inicial, por estar llamado a prosperar.

Cargo primero

1. Como queda en precedencia señalado, la recurrente censuró la sentencia del tribunal por ser violatoria, indirectamente, del artículo 992 del Código de Comercio, habida cuenta de los errores de hecho en que dicho juzgador incurrió en la apreciación de las siguientes pruebas del proceso: documento que contiene la denuncia penal sobre el hurto de las mercaderías transportadas; comunicación de diciembre 30 de 1999, librada por Cootransoran Ltda.; testimonio del señor Néstor Ballesteros Cuartas; e interrogatorio de parte del representante legal de la citada cooperativa demandada.

2. En desarrollo del cargo, su proponente transcribió el artículo 992 del estatuto mercantil y, de manera enfática, destacó que la exoneración para la acarreadora de la responsabilidad que para ella se deriva de la inejecución del contrato de transporte, o de su cumplimiento imperfecto o tardío, solo es admisible cuando acredita, por una parte, que ese estado de cosas se produjo por una causa extraña a ella y, por otro, que adoptó “todas” las medidas razonables de seguridad para impedir la producción y/o la extensión del daño. Insistió en que, por tanto, no se trata de que el porteador adopte “algunas medidas razonables”, sino que las que aplique, correspondan a todas las que utilizaría “un transportador profesional (...) dadas las graves condiciones de inseguridad de las carreteras colombianas (...)”, luego de lo cual enunció algunas de las que, señaló, son algunas de las medidas que los transportadores profesionales adoptan cuando movilizan mercancías de gran valor.

3. En ese orden de ideas, la sociedad impugnante transcribió en lo pertinente las pruebas que mencionó como incorrectamente apreciadas e hizo sobre ellas los comentarios que pasan a registrarse.

3.1. Respecto de la denuncia penal que en copia obra a folio 19 del cuaderno 3, preguntó “si para transportar un cargamento que según el denunciante tenía un costo de $ 400.000.000 eran suficientes medidas como tener por escolta un vehículo tipo taxi ocupado solo por un conductor y sin armas? Sin duda alguna el valor de la mercancía ameritaba otro tipo de medidas de seguridad”.

3.2. Sobre la comunicación de 30 de noviembre de 1999, dirigida por la cooperativa demandada a la división de servicio de comercio exterior de la DIAN, visible a folio 75 del cuaderno principal, observó que en ella la remitente “acepta que la mercancía era transportada en un camión por un conductor y que solo tenía un escolta, esas dos medidas no eran suficientes para tener seguridad en la movilización de la mercancía”.

3.3. En relación con el interrogatorio absuelto por el representante legal de Cootransoran Ltda. concluyó, por una parte, que la nombrada demandada “conocía las condiciones de inseguridad de la vía utilizada”; por otra, que las medidas adoptadas para el traslado de la carga de que se trata, consistieron en el “[s]eguimiento telefónico cada 15 minutos”, en la verificación de reportes “desde los puestos de control” y en que el automotor encargado del transporte, viajara acompañado de dos más, uno de carga y otro como “escolta”; en tercer lugar, que la mercancía objeto de la mencionada movilización “era de riesgo, que requería medidas de seguridad”; igualmente que “las únicas medidas adoptadas al conocer el riesgo de la mercancía, fueron el acompañamiento y el seguimiento punto a punto”; y por último, que en el caso de “mercancías riesgosas se refuerzan los escoltas”.

Así las cosas, afirmó la recurrente, “no podía el fallador de segunda instancia concluir que se tomaron todas las medidas (...)”, ya que si él “hubiese dado lectura al interrogatorio de parte, tendría que haber concluido que la escolta no se reforzó, es decir que faltaron medidas y el artículo 992 exige que el transportador adopte todas las medidas necesarias”.

3.4. En cuanto hace al testimonio rendido por el señor Néstor Ballesteros, estimó la censura que si su análisis hubiese sido “integral” y no fragmentado, el tribunal habría colegido “que Cootransoran utilizó un sistema de comunicación como el celular que no era el más indicado porque en algunos sitios se pierde la señal, que en otros transportes de mercancía en que participó el testigo utilizaba sistemas de radio, o el sistema de mosqueo (sic) de escolta y que en el caso a que se refería el proceso, Cootransoran no utilizó esas medidas”. Adujo, además, que tratándose de mercancías costosas, la transportadora reforzaba la protección con “varios escoltas”, lo que en este caso no se hizo.

4. Para terminar, aseveró la recurrente que “con la prueba recogida en el proceso se probó que la mercancía era muy costosa, que días antes otro cargamento encomendado por Schenker había sido hurtado y que las únicas medidas de seguridad implementadas fueron el escolta, el transporte de día y el acompañamiento de otro camión y que faltaron medidas que en otros transportes de mercancías costosas y riesgosas había tomado la misma Cootransoran, como reforzar escoltas, como sistema de comunicación vía radio como el mosqueteo (sic), es decir que ese transportador en esa movilización de mercancías no colocó otras medidas que utilizaba en otros transportes, y además dejó de aplicar medidas razonables que toma un transportador profesional como por ejemplo la vigilancia satelital, (...)”, de lo que dedujo el quebranto de la exigencia contemplada en el artículo 992 del estatuto mercantil, consistente en la adopción por parte del transportador de todas las medidas idóneas que un profesional de dicha actividad habría puesto en práctica para evitar el perjuicio o su agravación, pues, se repite, en el asunto analizado Cootransoran no solo omitió el comportamiento que se esperaría de un transportador profesional, sino que, además, no tomó las medidas que ella misma tenía previstas o había adoptado previamente frente a operaciones similares.

Consideraciones

1. El contrato de transporte es aquel negocio jurídico ajustado entre el remitente, ya sea que obre por cuenta propia o ajena (C. Co., art. 1008), y el transportador, por virtud del cual este se obliga para con el primero, a cambio de un precio, “a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar estas al destinatario” (art. 981, ib.), en el “estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario” (art. 982, inc. 1º, ib.).

De conformidad con el inciso 2º del citado artículo 981 del estatuto mercantil, el contrato de transporte es consensual o de forma libre, como quiera que “se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas generales”.

En torno de la naturaleza de los deberes de prestación que surgen de tal contrato, jurisprudencia y doctrina, al unísono, tienen decantado que la obligación del transportador es de resultado, pues como se dejó observado y lo imponen expresamente para el transporte de cosas, que es el relacionado con este asunto, el ya citado numeral 1º del artículo 982 del Código de Comercio y el artículo 1008 de la misma obra, corresponde a él, también llamado porteador o acarreador, recibirlas, conducirlas en la forma y término convenidos o, a falta de estipulación, “conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa”, y entregarlas al destinatario en el mismo estado en que las recibió, que se presume satisfactorio, salvo observación en contrario. Y no obstante los diversos planteamientos que puedan existir en relación con la distinción entre las obligaciones de medio y de resultado, y, particularmente, sobre los efectos sustanciales y procesales que en relación con dicha clasificación se establecen, no existe mayor dificultad en aceptar que en las obligaciones de resultado, el contenido de la obligación y, por ende, lo que conduce a la satisfacción del interés del acreedor, se concreta en un logro específico, en la obtención de la finalidad prevista, en fin, en una determinada y buscada modificación o alteración de la realidad existente con anterioridad al nacimiento de la relación obligatoria.

En particular, en relación con el contrato de transporte, por esta corporación se ha dicho que “la del transportador es una obligación de resultado, en la medida en que para cumplirla no le basta simplemente con poner toda su diligencia y cuidado en la conducción de las personas o las cosas, pues con arreglo a dicha preceptiva menester es que la realice en perfectas condiciones, de forma tal que solamente podría eximirse de ello demostrando la concurrencia de alguno de los acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una ‘causa extraña’, vale decir, aquellos en que, como sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el hecho y el daño se ha roto el nexo causal, indispensable para la configuración de la responsabilidad, lo cual implica naturalmente que se adoptaron ‘todas las medidas razonables’ de un acarreador profesional para evitar el daño o su agravación” (Cas. Civ., sent. de jun. 1º/2005, Exp. 1999-00666-01).

Es en armonía, precisamente, con esa especial característica del contrato de transporte, que el artículo 1030 del estatuto de los comerciantes, en relación con el transporte de cosas, consagra que “[e]l transportador responderá de la pérdida total o parcial de la cosa transportada, de su avería y del retardo en la entrega, desde el momento en que la recibe o ha debido hacerse cargo de ella. Esta responsabilidad solo cesará cuando la cosa sea entregada al destinatario o a la persona designada para recibirla, en el sitio convenido y conforme lo determina este código” (se destaca).

Lo anterior no quiere significar, obviamente, que el transportador carezca de medios de defensa que le permitan eximirse de reparar el perjuicio cuya causación se le imputa. Para el efecto, el artículo 992 del Código de Comercio, norma cuyo quebranto fue el que se denunció en el cargo auscultado, dispone que “[e]l transportador solo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño le fue extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación” (se destaca).

2. Independientemente de las críticas que se han realizado a la redacción de la disposición legal arriba transcrita y de las reflexiones que pudieran hacerse sobre la relación existente entre los conceptos de factor extraño y de ausencia de culpa, es claro que de conformidad con la literalidad del citado precepto, vigente en nuestro ordenamiento mercantil desde la publicación del Decreto 01 de 1990, dos son las circunstancias que se deben acreditar para que opere la exoneración de responsabilidad del transportador de cosas: en primer lugar, que el daño padecido por el remitente o el destinatario, que en principio es atribuible al incumplimiento del acarreador, en realidad se ha originado en una causa que le es extraña o se deriva de vicios propios o inherentes a la cosa transportada; y en segundo lugar, que el transportador haya adoptado todas las medidas razonables que un profesional de esa actividad habría dispuesto para evitar los efectos perjudiciales que son consecuencia de la insatisfacción de sus compromisos contractuales o la extensión de tales consecuencias dañosas.

En el punto, la Sala ha señalado que “la exoneración de la responsabilidad descansa fundamentalmente sobre la plena demostración de una causa extraña o, en su caso, de un vicio propio o inherente a la cosa transportada” y que “[p]or razones obvias, para que el evento eximente pueda ser considerado como tal, es menester que su ocurrencia no sea atribuible, por acción u omisión, al agente, pues de ser así el suceso no sería propiamente ‘extraño’, sino que estaría situado dentro de la órbita de acción que compromete la responsabilidad del profesional”. Con tal fundamento, esta corporación puntualizó, en lo que refiere al contrato de transporte, que “las características del fenómeno liberatorio imponen, como se vio, la acreditación de una causa extraña o de un vicio propio o inherente de la cosa transportada, dejándose también en claro, como es natural, que tales circunstancias solo adquirirán relevancia y efectividad si se presentan dentro de un contexto de actuación presidido permanentemente por la diligencia, cautela y buen juicio del operador, exigencia reflejada en que este haya adoptado ‘todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación’ (se destaca), como claramente lo enseña la norma en estudio, pues solo así se estará realmente en presencia de un factor exógeno capaz de mantener al transportista al margen del incumplimiento o infracción contractual, obrando, por ende, como su excusa o justificación” (Cas. Civ., sent. de nov. 8/2005, Exp. 7724).

Y, tal vez, la razón para que en la regulación que se comenta se dispusiera que la exoneración del transportador requería no solo de la prueba del factor extraño, que de suyo exige que se acredite que se trata de un hecho o un comportamiento ajenos al círculo de control del agente, sino que además se reclamara la prueba de las medidas razonables adoptadas por el porteador para evitar el perjuicio o su agravación, podría encontrarse en el deseo del legislador de destacar que la actividad del transportador corresponde a la de un profesional del comercio organizado empresarialmente (C. Co., art. 20, num. 11), que está regida por un sistema de responsabilidad, si se quiere, más riguroso, en tanto que, a diferencia de la responsabilidad de la generalidad de las personas, en la que el factor de comparación, por regla, es “el comportamiento de un buen padre de familia”, en la del profesional el estándar de diligencia exigible —el buen profesional— normalmente es más elevado en virtud del surgimiento para él de diversos deberes jurídicos de prevención y de evitación de daños, muchos de ellos incorporados al contrato por aplicación del principio de buena fe (C.C., art. 1603 y C. Co., art. 871). Señala Le Tourneau, comentando el desarrollo de este proceso en el derecho francés, que “[l]a jurisprudencia aplica discretamente un agravamiento de la gama de las culpas de un profesional, en comparación con la de un ciudadano común y corriente. En efecto, la jurisprudencia tiende a considerar que lo que para este último sería un error o una culpa levísima, jurídicamente neutros, es como mínimo una culpa leve para un hombre de oficio y constituye en consecuencia un incumplimiento. Y la culpa leve será más fácilmente calificada de grave, en la medida en que traduce ‘su ineptitud para el cumplimiento de la tarea encomendada’ o ‘de la misión contractual’ (...). Al respecto, la reiteración de la culpa se tendrá en cuenta, como sería por ejemplo la frecuencia de robos a un transportador o a un hotelero. Lo que, para un simple particular, sería mala suerte, que suscitaría conmiseración, es una culpa profesional”(1). Dentro de este contexto, entonces, del empresario del transporte ha de esperarse la adopción de todas las medidas que, según las exigencias de la profesión, sean requeridas para evitar la realización del daño o su agravación, con lo que el rigor con el que se debe examinar su actuación sube de punto, pues de él no se espera, simplemente, lo que una persona común habría hecho, sino que la colectividad confía en que el transportador se comporte como lo haría alguien con la preparación, habilitación y experiencia suficientes para enfrentar y superar los distintos riesgos que cotidianamente se presentan en su actividad.

En todo caso, y así lo entendió el legislador colombiano al regular la labor del empresario del sector transportador, la mayor exigencia que pueda hacerse a aquel que profesionalmente se dedica a realizar esta actividad, no debe exceder los linderos de lo que se considere razonable. Recuérdese que el calificativo razonable, según el Diccionario de la lengua española, hace referencia a lo “arreglado, justo, [o] conforme a la razón”. Es decir las actividades que se espera realice el transportador han de tener una ponderación, de acuerdo con lo que para el caso particular sea sensato o adecuado, atendiendo factores diversos, tales como la naturaleza de la mercancía transportada, el valor de la retribución pactada, la situación de la región en la que ha de llevarse a cabo la actividad, los antecedentes particulares entre las partes, o la conducta adoptada por el transportador en casos semejantes, entre otros. Lo anterior significa, además, que de este empresario no se espera, obviamente, un sacrificio desproporcionado, un comportamiento heroico o una actitud contraria a la lógica que rige el mundo de los negocios. Así mismo, de lo dicho se desprende que la exigencia incluida en el artículo 992 del Código de Comercio que se comenta, hace referencia a “todas las medidas razonables” para evitar los efectos allí descritos, lo que naturalmente excluye que la disposición exija la observancia de todas las medidas imaginables o de todas aquellas que el remitente o el destinatario de las mercancías desearían o aspirarían.

Finalmente, y como lo ha sostenido esta corporación, “no puede extenderse, ni ello compete a la Corte, una lista acabada o exhaustiva de las medidas que un transportador debe implementar, según las exigencias de su profesión, frente a situaciones concretas, con el fin de evitar el perjuicio o su agravación, pues, en línea de principio, es él quien, en su momento y lugar, debe identificar los riesgos asociados a su negocio, medir el nivel de exposición respecto de ellos, al igual que la posibilidad de conjurarlos y emprender las acciones que estime prudentes y adecuadas, las cuales, en caso de controversia, estarán sometidas, por obvias razones, a la ponderación del juzgador, conforme los dictados del sentido común y la sana crítica” (Cas. Civ., sent. de nov. 8/2005, arriba citada), lo que reafirma, por una parte, que en esta materia cada caso particular determinará la razonabilidad de las medidas adoptadas por el transportador y, por otra, la imposibilidad de calificar a priori que ciertas medidas sean razonables y que otras no cumplan con dicho calificativo.

3. El tribunal, como ya se registró, se ocupó de analizar el artículo 992 del Código de Comercio y de él coligió que la exoneración allí prevista, tiene lugar cuando el transportador demuestra “la presencia de una causa extraña” que le haya impedido cumplir con el contrato o que haya ocasionado la “ejecución defectuosa o tardía” del mismo, “siempre que haya adoptado ‘(...) todas las medidas razonables que hubiera tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación (...)’”, tras lo cual especificó que “[a]mbos aspectos, ajenidad de la causa y razonabilidad de la conducta del porteador, serán tenidos en cuenta en cada caso según las particulares circunstancias en que se desarrolló”, para determinar la responsabilidad del transportador.

En ese orden de ideas, respecto del asunto sometido a su conocimiento, señaló, más adelante, que “la causa extraña tiene plena demostración, cuandoquiera (sic) que el hurto acontecido ha sido acreditado sin hesitación” y que “la ausencia de culpa de la parte demandada aparece también evidente, en tanto realizó todos los actos razonablemente exigibles a cualquier transportador en orden a impedir el hurto, como hacer el viaje en caravana con otro camión, utilizar para el efecto una ruta diferente de la usual y en horario diurno, contratar un vehículo escolta con la misión de vigilar, acompañar la carga y reportar periódicamente el avance, medidas que a su vez fueron infructuosas ante la acción delictiva, (...)”.

Puntualizó luego, que “no queda duda, contrario a lo que piensa la actora, que para llevar a efecto el transporte de la mercadería entregada, la empresa obligada actuó de modo razonablemente seguro y con la intención positiva de eludir la posibilidad de hurto, pese a lo cual este se produjo dada la irresistibilidad en que quedó la transportadora una vez desplegada la conducta criminal, (...)”, de lo que dedujo que “la exoneración de responsabilidad se impone necesaria, pues decidir de manera diversa sería tanto como exigir más de lo que la razonabilidad enseña, (...)”.

4. Sentadas las premisas anteriores, necesarias para la correcta apreciación del cargo en estudio, se establece lo siguiente:

4.1. La sociedad recurrente precisó que con “la prueba recogida en el proceso” se acreditó “que la mercancía era muy costosa”, que días antes se había perdido otro cargamento de Schenker Colombia S.A., que la cooperativa demandada sabía del peligro que entonces ofrecían las carreteras del país y, particularmente, la vía escogida para el traslado en cuestión “y que las únicas medidas de seguridad implementadas fueron el escolta, el transporte de día y el acompañamiento de otro camión”, de lo que infirió “que faltaron medidas que en otros transportes de mercancías costosas y riesgosas había tomado la misma Cootransoran”, tales como “reforzar escoltas”, disponer de “comunicación vía radio” o aplicar para la vigilancia el sistema de “mosqueo”, lo que lo llevó a aseverar que el “transportador en esa movilización de mercancías no [dispuso] otras medidas que utilizaba en otros transportes”. Adicionalmente, señaló que “dejó de aplicar medidas razonables que toma un transportador profesional, como por ejemplo la vigilancia satelital”; y, en definitiva, que “si le faltaron a Cootransoran todas esas medidas de seguridad, no cumplió lo exigido por el artículo 992 del Código de Comercio, de adoptar todas las medidas razonables” y, por lo mismo, “no era procedente la exoneración” que ella planteó sino, por el contrario, acceder a la “declaratoria de responsabilidad contractual” reclamada e imponer “la condena a los demandados, acogiendo las pretensiones de la demanda”.

4.2. Cotejados esos planteamientos con los esgrimidos por el ad quem, que atrás se dejaron sintetizados, se concluye que la impugnante y el tribunal son coincidentes en que el artículo 992 del Código de Comercio exige, para poder deducir la señalada exoneración del porteador, la comprobación de las dos condiciones atrás precisadas; e igualmente, que la segunda de ellas consiste en que el transportador acredite que adoptó “todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación”.

Del mismo modo, hay correspondencia en las apreciaciones de una y otro en cuanto a que la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., en la movilización de la mercancía que le fue encomendada, utilizó las siguientes medidas de seguridad: que el automotor encargado del transporte viajara de día; que circulara “en caravana” con otro vehículo de carga; que los acompañara un automóvil —un taxi— con funciones de escolta, cuyo conductor, quien disponía de un teléfono celular, debía informar periódicamente del avance de la movilización; y que se dieran reportes desde los puestos fijos de control.

4.3. Traduce lo anterior, que la divergencia en que se sustenta la acusación extraordinaria analizada, se centra en la apreciación que el tribunal hizo de las referidas medidas de seguridad, como quiera que de ellas estableció que estaba cumplido el segundo de los requisitos del artículo 992 del Código de Comercio, relacionado, como repetidamente aquí se ha sostenido, con la implementación por parte del transportador de todos los mecanismos de protección que un profesional de tal actividad habría adoptado para impedir el perjuicio o el incremento de su magnitud.

4.4. Examinadas las probanzas recaudadas en el litigio, particularmente aquellas cuya ponderación reprochó la recurrente, se encuentra:

4.4.1. Ciertamente, de los elementos de juicio se desprende que era de conocimiento de la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda. la inseguridad que para la época de los hechos se presentaba, en general, en las carreteras de país y, especialmente, en las que comunican a Cartagena con Medellín, en particular en la que fue escogida para el transporte de la mercancía de que se hizo cargo dicha empresa.

En efecto, el representante legal de la citada demandada, en el interrogatorio de parte que absolvió, señaló que “[e]n el país la mayoría de las carreteras son inseguras, sin embargo debido a un hurto anterior en la vía por San Onofre, y al analizar las condiciones de la vía a seguir, se determinó que la más segura era por San Juan - Carmen de Bolívar”. Al ser preguntado sobre si “[c]onocía Cootransoran el estado de inseguridad de la mayoría de las carreteras del país que usted ha indicado en su respuesta anterior”, contestó que “[s]í conoce el estado de inseguridad de las vías, pero para ello toma las precauciones necesarias implementadas en su manual de seguridad” (fls. 4 vto. a 6, cdno. 3).

Esa situación fue a la vez corroborada por el testigo señor Gabriel Adonai Preciado Mesa, quien se desempeñó como transportador y escolta al servicio de Cootransoran. El declarante, frente al interrogante de si “[c]onocía usted y Cootransoran que la vía utilizada era una vía en la cual eran frecuentes los asaltos a las mercancías movilizadas”, respondió afirmativamente y agregó: “... inclusive ambas rutas en el trayecto El Viso - Sincelejo, es (sic) de alto riesgo, por lo que ya manifesté anteriormente [que] era una zona de muy poca presencia de policía y (...) de alta influencia guerrillera”. Más adelante puntualizó, “[l]o único que puedo manifestar es por la experiencia que tenía para la fecha, es de que en esa zona se presentaban la mayor parte de los asaltos. Igualmente se asaltaban caravanas completas porque normalmente no se veían policías en esa ruta sino solamente en los cascos urbanos” (fls. 1 a 5, cdno. 2).

4.1.2. Las pruebas recaudadas también dan cuenta del conocimiento que la transportadora tenía del alto costo de las mercancías materia de la movilización en referencia. Sobre el particular, por una parte, su representante legal expresó que “no sé si lo conoció de manera escrita o de manera verbal, pero para que estuviera cubierta por la póliza lo debió haber conocido”; y de otra, el señor Gabriel A. Preciado Mesa, especificó en la denuncia penal que formuló por el hurto de la carga, que el vehículo movilizaba “un contenedor de 20 pies cargado con (...) herramienta” y artículos de “presión neumática, evaluada (sic) en 400.000.000 millones (sic) de pesos, (...)” (fls. 19 a 21, cdno. 3).

4.1.3. No hay duda de que la mercancía confiada a la tantas veces citada cooperativa calificaba, en sus palabras, como “riesgosa”, esto es, con una alta posibilidad de ser objeto de hurto, tal y como lo admitieron el representante legal de la misma y el testigo Preciado Mesa. Al ser preguntado el primero sobre si “[p]or el tipo de mercancía transportada para Schenker y su valor, estaba catalogada como una mercancía de riesgo que requiriera medidas de seguridad especiales”, contestó “Sí”. El segundo, haciendo referencia a las instrucciones de seguridad que le fueron impartidas para que observara en ese viaje, explicó que ellas obedecían a “que era una mercancía de alto riesgo”.

4.1.4. En punto de medidas de seguridad, el representante legal de la cooperativa explicó que, dependiendo del tipo de mercancía y de su valor, las medidas de seguridad implementadas por la empresa “sí varía[n]”, consistiendo ellas en determinar la ruta a seguir “por la vía que más flujo de vehículos tenga al momento de realizar el transporte” y en “acompañamiento vehicular (...), pero no todos los generadores de carga aceptan que sus mercancías sean acompañadas ya bien sea por el bajo riesgo que representan o por el bajo valor de las mismas”. Más adelante aclaró, que en la conducción de mercancías de “menor riesgo”, la empresa igualmente utiliza el sistema de escolta. Para el caso de la operación de transporte en cuestión, indicó que las medidas de seguridad adoptadas consistieron en el “seguimiento vía celular cada 15 minutos, reporte en los diferentes puestos de control, se decidió que el vehículo debía ir acompañado no solamente del escolta, (...), sino también de otro vehículo que venía cargado para la ciudad de Medellín, o sea en caravana. Adicionalmente se le recomendó a los funcionarios de las agencias de Cartagena y Barranquilla y al igual que al departamento de despachos en Medellín, sobre este transporte específico”. Como medidas de seguridad adicionales a las usualmente aplicadas, relacionó que las tomadas en este caso consistieron en “colocar el acompañamiento vehicular y hacerle seguimiento punto a punto”. Añadió que tratándose de mercancías de “alto riesgo”, se ordena que la movilización se verifique solamente en el día, medida que “para este caso (...) también se implementó”, y se “refuerzan los escoltas”.

Sobre el mismo tema, el testigo Gabriel Preciado Mesa relató que las medidas de seguridad implementadas en el caso del transporte relacionado con este litigio, consistieron en “cambiar los días de despacho, como cambiar la ruta, como implementar un mecanismo de comunicación permanente con los camiones y con el escolta, (...)”. En punto de las instrucciones que recibió del jefe de seguridad de la empresa, comentó que ellas consistieron en utilizar “las rutas sobre Carmen de Bolívar, y que estuviera muy atento y pendiente que procurara no acercarme mucho al vehículo escoltado, porque era una mercancía de alto riesgo”. Especificó más adelante, que “yo participé en varias operaciones de escoltaje, ya coordinadas por el jefe de seguridad” y que, en relación con mercancías “valiosas”, apreció que “se utilizaban sistemas de radio, cuando la señal lo permitía, a veces se reforzaban las escoltas con un sistema que nosotros llamamos mosqueo, que es una escolta totalmente inadvertida o desapercibida en un 100 por ciento, eso muchas veces ocurría porque algunas veces los clientes exigían eso o pagaban esos servicios adicionales, me imagino que era por eso”.

4.1.5. Del conjunto de las pruebas relacionadas se infiere, entonces, que eran del conocimiento de la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda. —Cootransoran— las difíciles condiciones de seguridad que ofrecían las carreteras del país para la época en que se verificó el traslado de la mercancía relacionada con este proceso, especialmente las que comunicaban a Cartagena con Medellín, más cuando en una de ellas, la semana anterior, había sido hurtado un cargamento cuyo transporte había sido encargado por la misma sociedad Schenker Colombia S.A.

Ese conocimiento también se extendió al importante valor de la mercancía confiada a la mencionada transportadora, factor que, conforme sus propios criterios, la calificaba como de “alto riesgo”, razón por la cual su movilización exigía la implementación de las medidas de seguridad.

Así mismo, de los elementos de juicio se establece que la cooperativa adoptó como mecanismos para proteger el cargamento en su traslado de Cartagena a Medellín, la utilización de una ruta diferente a la que en ocasiones anteriores acostumbraba usar, que la movilización se hiciera solo durante el día, que se efectuaran reportes desde los puntos fijos de control, que el vehículo transportador viajara en caravana con otro de carga y que igualmente fuera acompañado de un escolta, quien se movilizaba en un automóvil de servicio público —taxi— y debía dar informes periódicos a través del teléfono celular que portaba.

De esas medidas, según lo especificó el representante legal de la citada cooperativa en el interrogatorio de parte que absolvió, solo fueron adicionales o extraordinarias “colocar el acompañamiento vehicular y hacerle seguimiento punto a punto”.

Del mismo modo, las probanzas dan cuenta de que la empresa transportadora, respecto de mercancías de “alto riesgo”, en otras ocasiones, utilizó medidas de seguridad diversas o adicionales a las indicadas, como suministrar aparatos para que la comunicación se verificara por el sistema de radio pues la señal de telefonía celular no siempre era constante, aumentar los escoltas, o utilizar el sistema que internamente denominaron de “mosqueo”, conforme el cual se procura mimetizar totalmente los vigilantes de la carga, de forma tal que pasen completamente desapercibidos. Al respecto, es muy diciente lo expuesto en el memorado interrogatorio, en el cual se preguntó: “Cuando se va a movilizar mercancía de mayor riesgo y por carreteras con alto índice de piratería terrestre, ha adoptado Cootransoran otro tipo de medidas de seguridad distintas a las que usted ha relatado”; el representante de la empresa respondió: “Sí. El permitir el transporte en horario diurno. Para este caso esta medida también se implementó. Se refuerzan los escoltas” (se destaca).

En consonancia con lo anterior, se advierte que la propia Cootransoran Ltda., como ella misma lo aseveró al contestar la demanda, tenía vigentes para la época de los hechos las normas de seguridad que luego recogió en el “Plan de seguridad 2000”, cuyo texto aportó con la contestación del libelo introductorio (fls. 132 a 140, cdno. 1).

Ese “plan” se justificó en la necesidad de implementar “mecanismos de seguridad que permitan la recuperación de vehículos y carga” e, igualmente, “para evitar los siniestros”. Entre sus objetivos específicos, se incluyeron el control de “cada uno de los vehículos en la carretera mediante sistemas de comunicación y puestos de control”, la utilización de “un grupo de apoyo contratados (sic) directamente por Cootransoran para hacer acompañamiento vehicular a las mercancías que así lo requieran” y “[d]iseñar sistemas de reacción en coordinación con la Policía, la Sijín, Ejército, Das, Fiscalía, etc.”. Y como políticas específicas de protección, cabe traer aquí a colación que el documento en mención alude a la implementación de “programas de radiocomunicaciones, telefonía celular, avantel, Beeper, además de los puestos de control establecidos en las diferentes rutas del sistema de transporte nacional”. De igual manera, en caso de “pérdida, hurto o atraco”, contempló las siguientes medidas: “[o]rganizar un operativo de reacción y apoyo, con las distintas entidades como: Policía, Ejército, Fiscalía, Das, etc.”; “[ll]amar a las empresas del sector transportador y solicitar colaboración para la respectiva búsqueda”; y “[c]on el personal de acompañantes de la cooperativa montar un operativo para dar con el paradero del vehículo y la mercancía”.

4.6. Significa lo anterior, que, tal y como lo reprochó la impugnante, la empresa transportadora, en el caso del traslado de las mercancías que le fueron entregadas para su movilización de Cartagena a Medellín, no adoptó todas las medidas que, incluso, ella misma, en otros casos en que la carga era igualmente considerada valiosa y de “alto riesgo”, implementó, como tampoco las consagradas en su propio “Plan de seguridad 2000”, las cuales, miradas en conjunto, por su naturaleza, se muestran apropiadas para contrarrestar, de manera más efectiva, el evento de un posible atraco y, por ende, evitar la pérdida de la carga o para obtener su recuperación, como son la comunicación por radio, el reforzamiento de los escoltas, la utilización de un sistema que permita la actuación de los mismos sin que llamen la atención (“mosqueo”), o el despliegue de los operativos “de reacción y apoyo” y de localización del vehículo y la mercancía por el personal de acompañantes de la empresa en coordinación con las autoridades competentes.

Es que, miradas las ya advertidas circunstancias que rodearon el traslado en cuestión, indicadoras, sin duda, de un alto grado de peligrosidad, no se encuentra razonable que la diligencia y cuidado de la cooperativa demandada se hubiere limitado a disponer que la movilización se hiciera solamente durante el día; a que el camión ocupado con dicha carga viajara en caravana con otro que también transportaba mercancías y que era, igualmente, susceptible de ser afectado por la acción de los delincuentes; a que la vigilancia la cumpliera una sola persona, que ocupaba un vehículo “taxi”, quien únicamente disponía de un teléfono celular para dar reportes periódicos del avance; y a que los puestos de control también informaran del paso de los viajeros.

Propio es pensar, conforme las reglas de la experiencia —o a lo que ha de considerarse razonable para este asunto en particular vistas sus circunstancias—, que el aumento de los escoltas o la utilización del sistema de “mosqueo” descrito por el testigo señor Preciado Mesa, eran medidas más apropiadas para contrarrestar la acción de los delincuentes; o que de haberse contado con equipos de radiocomunicación tanto en el vehículo ocupado con la carga, como en el que se movilizaba el escolta y en el otro camión que conformaba la caravana, por cualesquiera de sus conductores se habría podido dar aviso a la empresa, para que inmediatamente desplegara el operativo de reacción y apoyo referido en su manual de seguridad, e igualmente se habría informado, al momento del hurto, la ocurrencia de este, a las autoridades y a los demás transportadores que se encontraban en la zona, para que, con su colaboración, se hubiese procurado evitar la consumación del ilícito; o que de haberse llevado a cabo el igualmente mencionado operativo de búsqueda del automotor y de la mercancía por parte del grupo de acompañantes de la compañía, junto con las autoridades, inmediatamente después de ocurrido el atraco y no varios días después a su ocurrencia, como en efecto aconteció, hubiese sido probable la recuperación de la mercancía transportada.

4.7. No hay duda, entonces, que sí existían al alcance de la transportadora aquí demandada otras medidas, concebidas por ella misma en su “Plan de seguridad 2000” o que había implementado en la ejecución de otros contratos de transporte de mercancías que calificó de “alto riesgo”, y que en la movilización de los bienes que para su conducción de la ciudad de Cartagena a Medellín le entregó Schenker Colombia S.A. no aplicó, aserto del que se desprenden, en forma evidente, los errores en que incurrió el tribunal al tener, en la particular situación de hecho que se ha descrito, por demostrada la exigencia consagrada en el artículo 992 del Código de Comercio, concerniente con la adopción por parte de Cootransoran Ltda. de “todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación”, yerros que sin duda son trascendentes, pues lo condujeron a exonerar a la citada porteadora de su responsabilidad por la pérdida de la mercancía que recibió para su conducción a la ciudad de Medellín.

5. El cargo, como al inicio se dijo, está llamado a prosperar.

Sentencia sustitutiva

1. A voces del inciso 1º del artículo 1096 del Código de Comercio “[e]l asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero estas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado”.

Se extracta de la norma, que la subrogación que ella contempla depende de dos específicas circunstancias, a saber: la existencia de un contrato de seguro y que, por haber tenido ocurrencia el siniestro, el asegurador pague al asegurado la correspondiente indemnización. Con otras palabras, como ya había tenido oportunidad de especificarlo la Sala, “este precepto reclama la existencia de un soporte básico, cual es el pago de una indemnización por parte del asegurador, a raíz de una póliza de seguro previamente expedida” (Cas. Civ., sent. de nov. 8/2005, Exp. 7724).

Pertinente es enfatizar, entonces, que la transmisión de derechos que por efecto del fenómeno jurídico en comento puede generarse, está circunscrita, por una parte, al contrato de seguro mismo y, por otra, al importe del pago verificado, pues es con causa en dicho negocio jurídico —el del seguro— y en la cancelación de la indemnización que ella se produce. De manera que la facultad que, en razón de la subrogación, adquiere el asegurador de ocupar la posición que tenía su asegurado para reclamar del directo responsable la reparación del daño, no puede entenderse ilimitada sino que, por el contrario, deriva del riesgo amparado y del perjuicio efectivamente resarcido.

Precisamente, sobre la naturaleza del derecho que se traslada al asegurador, autorizada doctrina tiene dicho que “[s]i, pues, la subrogación asegurativa tiene la misma naturaleza que la subrogación como medio de pago, el derecho que aquella confiere al asegurador contra el responsable del siniestro es un derecho derivado, no propio, ‘transmitido’ por el asegurado y que, por lo mismo, tiene la misma fuente, el mismo contenido y está sujeto a las mismas normas. Puede decirse que lo adquiere por ‘sucesión’ a título singular con arreglo a la ley y sujeto a sus restricciones (...) Goza de iguales beneficios (la presunción de culpa del autor del daño, v. gr., o —si fuere el caso— la responsabilidad objetiva) y afronta iguales deficiencias (la limitación de responsabilidad, por ejemplo) (...). Y porque el derecho es ‘el mismo’, porque la subrogación no lastima su identidad, ni modifica su naturaleza, es por lo que, como reza textualmente el artículo 1096 trascrito, ‘las personas responsables (...) podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado’ (...). O sea que, en ejercicio de la subrogación, el asegurador tiene que alegar y probar los mismos hechos e invocar los mismos preceptos legales que pueden servir como sustento a la acción del asegurado y neutralizar las mismas defensas o medios exceptivos del presunto responsable” (se destaca)(2).

2. En el caso traído a conocimiento de la Corte, la demandante y la compañía Durespo S.A. celebraron el 15 de junio de 1985 un contrato “de seguro de transporte de mercancías”, contenido en la “póliza automática” 15439, que en copia auténtica milita a folio 15 del cuaderno principal, prorrogado en su vigencia hasta comprender el año de 1999, cuyo objeto fue asegurar “contra los riesgos de pérdida o daño material de los bienes, que se produzcan con ocasión de su transporte” (se destaca) y que, de acuerdo con las distintas modificaciones que se convinieron posteriormente, particularmente la que entró en vigencia el 1º de diciembre de 1999 (fl. 9, cdno. 1), tenía las siguientes características principales: “Amparos: Básico. Falta de entrega. Avería particular. Saqueo. Huelga. Guerra solo para el trayecto exterior. Lucro cesante del 10%. Gastos adicionales 20%”; “Trayecto asegurado: Desde cualquier lugar del mundo hasta las instalaciones del asegurado y viceversa”; “Bienes asegurados: Mercancías, repuestos y demás bienes relacionados con la actividad del asegurado y que sean de su propiedad”; “Vehículos: Empresa de transporte legalmente constituida y con declaración al transportador del 100% de lo transportado”; “Medio de transporte: Marítimo, aéreo y terrestre”; “Deducibles: Para pérdidas totales 5% de la pérdida, mínimo $ 2.000.000. Para pérdidas parciales: 10% de la pérdida, mínimo $ 2.000.000”.

Ahora bien, del recibo de egreso 9074051, fechado el 24 de enero de 2000, con cargo a la póliza “15439” (fl. 55, cdno. 1), se establece que la Compañía Suramericana de Seguros S.A. pagó a Durespo S.A. la suma de $ 308.346.577 en razón del siniestro de que trata el presente proceso, habiéndose especificado que el “concepto” de la indemnización fue la “falta de entrega” de la mercancía sobre la que versó la reclamación.

Se sigue de lo anterior, que la mencionada aseguradora, por tanto, se subrogó en los derechos de la asegurada derivados del hecho de la “falta de entrega” de la mercancía, acaecida en desarrollo de su movilización.

3. En armonía con lo expresado, se pasa al estudio de la prosperidad de la pretensión respecto de la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., Cootransoran.

3.1. Sea lo primero, examinar a la luz de las pruebas recaudadas cuál fue la participación de la citada transportadora en las relaciones comerciales que existieron entre ella, Durespo S.A. y Schenker Colombia S.A.

3.1.1. Conforme la demanda, “[l]a firma Durespo S.A. contrató los servicios de Schenker Colombia S.A. para que se encargara del manejo de la carga desde su importación en Alemania hasta su entrega final en Medellín” (hecho primero); “Schenker Colombia S.A. en desarrollo del mandato encomendado por Durespo S.A. realizó los trámites de importación, transporte marítimo y terrestre de la mercancía” (hecho segundo); “Por el desarrollo de su labor de agente coordinador del transporte de la mercancía la firma Schenker Colombia S.A. mediante factura 001451 cobró a Durespo S.A. los servicios prestados” (hecho tercero); “En desarrollo de la labor encomendada a la firma, Schenker Colombia S.A. contrató en forma directa con la empresa Cootransoran Ltda. el transporte terrestre de la mercancía desde el puerto de Cartagena a Medellín” (hecho cuarto; fl. 96, cdno. 1).

3.1.2. Respecto de tales hechos del libelo, el apoderado judicial de Schenker Colombia S.A., en la contestación de la demanda (fls. 119 y 120, cdno. 1), se pronunció de la siguiente manera:

a) Sobre el hecho primero, lo negó y aclaró que “los servicios contratados por la sociedad Durespo S.A. con mi mandante consistieron en que, en su calidad de agente de carga, se encargara como mandatario de aquella de la coordinación del transporte de la mercancía (...), desde puerto alemán, hasta puerto colombiano, con destino final en la ciudad de Medellín. Mi mandante, actuando a nombre y por cuenta de Durespo S.A. contrató el transporte del trayecto nacional con la sociedad Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño —Cootransoran Ltda.—, tal y como lo había hecho en anteriores ocasiones para contratos similares entre las mismas partes (Durespo S.A. y Cootransoran)”.

b) Respecto del hecho segundo de la demanda antes reseñado admitió que era cierto, “aclarando que la labor de mi mandante se restringió, como lo afirma la demandante, a la realización de trámites en carácter de intermediario, actuando siempre ante la transportadora en nombre y por cuenta de la sociedad Durespo S.A.”.

c) Aceptó el hecho tercero.

d) Y sobre el cuarto, dijo que no era cierto, puesto que “mi mandante nunca contrató directamente. Siempre lo hizo a nombre y por cuenta de la sociedad Durespo S.A.”.

3.1.3. Por su parte, la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., Cootransoran, expresó que no le constaban los tres primeros hechos de la demanda, de los cuales, por tanto, reclamó su demostración, y respecto del cuarto, declaró que era cierto (fl. 142, cdno. 1).

3.1.4. En el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de Schenker Colombia S.A., señor René Albert Emile Imboden, este manifestó, en síntesis, que el contrato que celebró con Durespo S.A. fue de “mandato” y consistió en “el manejo de una carga desde Alemania hasta la ciudad de Medellín”. Ante la pregunta de si “la firma que usted representa se obligó con Durespo S.A. a entregarle la mercancía en la ciudad de Medellín” contestó “Sí, es cierto”. Más adelante, puntualizó que “el transporte terrestre se contrató con Cootransoran, como se hizo en seis ocasiones anteriores en el mismo año. La contratación la hizo Schenker en nombre y por cuenta de Durespo”, siendo de cargo de aquella el pago del flete, luego de lo cual, ante la pregunta de si “advirtió Schenker a Cootransoran que actuaba en nombre de Durespo”, precisó que “[n]adie lo hace, pero ellos tenían constancia con los documentos que Durespo era el dueño de la mercancía” (fls. 1 vto. a 4, cdno. 3).

3.1.5. Por su parte, el representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., Cootransoran, señor Hugo Hernando López Cardona, en el interrogatorio de parte que absolvió, declaró que era cierto que dicha empresa “celebró con Schenker Colombia S.A. un contrato de transporte para movilizar desde la ciudad de Cartagena hasta Medellín una mercancía consistente en cadenas, guías y motosierras marca Sthil”. Al ser preguntado sobre si la transportadora “tuvo conocimiento (...) [de] si Schenker Colombia S.A. actuaba como mandatario de Durespo S.A.”, contestó “[l]o desconozco, puesto que (...) el contrato se realizó directamente con Schenker”, quien fue la que pagó los fletes. En torno de la razón por la cual en el documento de folio 57 del cuaderno principal se mencionó a Schenker Colombia S.A. como destinataria de la mercancía movilizada, explicó que “en este caso la mercancía era transportada en tránsito aduanero, y al expedir la DIAN el DTA el destinatario final es Schenker Ltda. (sic) pero la mercancía debía de ser descargada en las instalaciones de Almaviva en la ciudad de Medellín, donde se realizarían los trámites finales para su nacionalización” (fls. 4 vto. a 6, cdno. 3).

3.1.6. En declaración rendida por la señora Mary Warren Santamaría, representante legal de Durespo S.A., refiriéndose al contrato que dicha empresa celebró con Schenker Colombia S.A., explicó que “[n]osotros le decimos a nuestro proveedor entréguele la carga a fulano. A la compañía que decidimos en ese momento y ellos se encargan de proceder a traer basados en una cotización anterior y decidimos si es marítimo o aéreo pero solamente eso” y que “[n]osotros basados en esa cotización resolvemos si es marítimo o es aéreo y se le informa a nuestro proveedor entréguele la carga a Schenker en este caso (...) ellos recogen de nuestro proveedor, (...)”. Más adelante, sobre las obligaciones de Schenker Colombia S.A., indicó: “[r]ecibirla en nuestro punto que el proveedor entrega o sea en sus bodegas y traerla hasta aquí hasta Medellín”. Así mismo, al ser preguntada sobre “[d]e quién era la obligación de colocar la mercancía en la ciudad de Medellín” contestó “Schenker”; y al interrogársele sobre si “Schenker (...) les indicó que ella simplemente coordinaría el transporte o que lo realizaría y les colocaría la mercancía en Medellín” respondió “[r]epito que ella, nuestro proveedor se la entregaría en Alemania y ellos la colocarían en Medellín, nada más”. Sobre el transporte de la mercancía entre Cartagena y Medellín aclaró que “(...) nosotros repito, convenimos que la traiga Schenker y se le da a nuestro proveedor la solicitud para que entregue a Schenker, de ahí no sé cómo la manejan (...)”, reiterando luego que “nosotros no intervenimos durante el transporte, libre como lo hace la compañía contratada, nosotros no intervenimos”. Posteriormente, al cuestionársele sobre si “Durespo S.A. concedió a Schenker la facultad de representarla ante la compañía de transportes Cootransoran” manifestó que “[n]o” (fls. 7 a 11, cdno. 3).

3.2. De ese conjunto de pruebas, en asocio con la documental recaudada en el litigio, se concluye que uno fue el contrato celebrado entre Durespo S.A. y Schenker Colombia S.A., al cual la Corte se referirá posteriormente, y otro, el de transporte, que esta última compañía ajustó con la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda. —Cootransoran—, en virtud del cual se convino la conducción de la mercancía que había arribado al puerto de Cartagena, vía terrestre, a la ciudad de Medellín, en donde debía dejarse a disposición de Schenker Colombia S.A., en las bodegas de “Almaviva”, para proceder a su nacionalización definitiva.

3.3. Ahora bien, pese a que Schenker Colombia S.A. sostuvo a lo largo del proceso que dicho contrato de transporte lo celebró en representación de Durespo S.A., es lo cierto, como con claridad se infiere del material probatorio relacionado, que su intervención fue en nombre propio y que, por el contrario, confesó no haber informado a la transportadora que su actuación la realizaba en nombre o por cuenta de otra persona.

3.4. En ese orden de ideas, propio es notar que en el contrato de transporte celebrado para la movilización de las mercancías de Cartagena a Medellín, no fue parte Durespo S.A., ya que en dicho convenio intervino Schenker Colombia S.A., como remitente y destinataria, y la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda. —Cootransoran—, como transportadora.

3.5. De las consideraciones en precedencia expuestas, se concluye que al no haber sido parte en el contrato de transporte de que se viene haciendo mérito la sociedad Durespo S.A., ella carecía, y carece, de acción contractual para reclamar, en los precisos términos que se plantearon en la demanda, en contra de la empresa transportadora, la cooperativa demandada, por el incumplimiento de dicho negocio jurídico y, por lo mismo, que la indemnización que recibió de parte de la aseguradora aquí demandante, no implicó la subrogación —transmisión— a esta de ninguna acción con causa en el señalado contrato de transporte.

3.6. Así las cosas, resulta impropio que la Compañía Suramericana de Seguros S.A. hubiese reclamado en la pretensión segunda de su demanda, que se declarara “que la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Cootransoran Ltda. incumplió el contrato de transporte celebrado el día 29 de diciembre de 1989, porque no entregó la mercancía objeto del contrato”, solicitud de la que hizo depender las condenas que contra esta deprecó, en tanto que, se reitera, la actora no fue parte en dicho “contrato de transporte”, ni se subrogó en ninguna acción derivada del mismo por virtud del pago de la indemnización que hizo a su asegurada, la empresa Durespo S.A., quien tampoco intervino como parte en esa convención, ni respecto de ella se alegó otro fundamento para darle sustento a la mencionada aspiración.

3.7. En un asunto de características similares al presente, la Sala consideró lo siguiente:

“4.1. La Corte, de tiempo atrás, ha señalado cuáles son los requisitos que se infieren del artículo 1096 del Código de Comercio para que, habiéndose realizado el pago de la correspondiente indemnización, se abra paso la subrogación del asegurador en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro, entre los cuales se encuentra el de ‘que una vez ocurrido el siniestro surja para el asegurado una acción contra el responsable’ (G.J. CLXXX, pág. 234); exigencia esta que deviene como consecuencia de que el daño indemnizado por el asegurador, en cumplimiento de las obligaciones propias del contrato de seguro, debe ser imputable a la responsabilidad de una persona distinta del asegurado, lo que naturalmente traduce que la subrogación comprende única y exclusivamente los derechos que el asegurado, como víctima del siniestro, pudiese ejercer contra el directo autor o responsable del perjuicio irrogado.

4.2. En el caso concreto del seguro de transporte en el que se asegura la mercancía objeto de acarreo, como acontece en el caso sub júdice, sucedido el siniestro, o sea, su no entrega por pérdida ocasionada por el hurto de que fue objeto el acarreador, y pagada la indemnización por el asegurador, éste se subroga legalmente en los derechos que surjan para el asegurado contra el transportador, hasta concurrencia del importe pagado; dichos derechos bien pueden ser los contractuales derivados del contrato de transporte, si el asegurado subrogado fue parte del mismo y, por ello, estaba legitimado para promover las acciones surgidas de tal acuerdo de voluntad, o los extracontractuales, si era ajeno a dicho vínculo.

(...).

4.3. En ese orden de ideas observa la Sala que, ciertamente, la demandante, con cargo a la póliza 59-181126 y al certificado de abono 332266, pagó al tomador y asegurado Expocafé Ltda. la indemnización por la pérdida de 1.000 sacos de café tipo exportación, que aconteció durante el acarreo de la misma en el trayecto Ibagué - Buenaventura, y que al efectuar dicho pago se subrogó, ope legis, en los derechos que el asegurado, como víctima, podía ejercer contra el transportador o los autores del daño, los que, sin embargo, en este caso, no corresponden a los derivados del contrato de transporte, dado que la citada beneficiaria del seguro no fue parte en este, ni, por lo tanto, goza de los derechos del remitente o del destinatario, en su caso, para incoar las acciones indemnizatorias de carácter contractual frente al transportador.

En efecto, las planillas de carga 2240 y 2244 (fls. 21 y 22, cdno. 1) y las órdenes de cargue 2561 y 2562 (fls. 19 y 29, cdno. 1), documentos todos aportados por la propia demandante con el escrito genitor de la controversia, dan clara cuenta que fueron parte en el contrato de transporte celebrado para el traslado de las mencionadas 70 toneladas de café, como remitente, ‘Comcafé’, como destinataria, ‘Almadelco’, y como transportadora, ‘Transibagas Ltda.’, habiendo sido la primera quien pagó el flete (fl. 23, cdno. 1).

4.4. Pese a ello ser así, encuéntrase que en el escrito introductorio del proceso la aseguradora demandante, como efecto propio de la subrogación, toma para sí los derechos de la víctima del siniestro, como si esta pudiera reclamar los derechos derivados del contrato de transporte, con todo y que, como se deja visto, Expocafé Ltda. no fue parte en él (C. Co., art. 1008).

(...).

Dedúcese, entonces, que los derechos en los cuales se subrogó la empresa aseguradora no son los que ella pretende hacer valer en este proceso, o sea los derivados de la relación contractual de transporte, para cuyo ejercicio no se encuentra debidamente legitimada, circunstancia ante la que no puede la Corte, por la contundencia de las circunstancias que sobre la demanda se dejan advertidas, hacer interpretación distinta de dicho libelo, ni cambiar sus pretensiones o hechos con miras a enderezar la acción subrogatoria por el sendero que realmente corresponde, pues desbordaría los límites a que está sometida en virtud del principio dispositivo que campea en el procedimiento civil.

4.5. Desde esa perspectiva, es preciso decir que si la demandante se subroga en el mismo derecho que le cabía al asegurado contra el tercero responsable del siniestro —el transportador y el propietario del vehículo, en este caso— y que si dicho derecho no es de estirpe contractual, sino extracontractual, aquella únicamente se hallaba legitimada para recuperar la indemnización que pagó en virtud del contrato de seguro invocando y probando los hechos constitutivos de la obligación a cargo del responsable civil de acuerdo con la naturaleza de la responsabilidad que le da origen, o sea la extracontractual, y no, como lo hizo, alegando en su favor los derechos del remitente y del destinatario que fueron parte en el contrato de transporte, y que le son completamente ajenos” (Cas. Civ., sent. de jul. 29/2002, Exp. 6129; se destaca).

3.8. No siendo dable en este asunto otorgar a la referida pretensión segunda del libelo introductorio un alcance distinto al señalado, esto es, que la responsabilidad que la demandante reclamó en frente de Cootransoran LTDA., la afincó en el incumplimiento del contrato de transporte celebrado por esta última con Schenker Colombia S.A., resulta imposible para la Corte contemplar que la acción intentada respecto de dicha demandada sea diversa y, menos aún, que la aseguradora demandante haya pretendido ubicarse en el supuesto normativo contenido en el inciso 1º del artículo 1314 del Código de Comercio, que consagra que, al mediar una comisión de transporte, como más adelante se establecerá, “el pasajero, el remitente o el destinatario podrán ejercer directamente contra el transportador las acciones del caso por los perjuicios que esté obligado a indemnizar”, pues, independientemente de la inteligencia que haya de darse al referido precepto, al respecto nada se manifestó ni alegó durante el proceso.

3.9. Se colige, entonces, la falta de legitimidad de la actora en frente de la Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., Cootransoran, y, por consiguiente, que las pretensiones de la demanda, en cuanto a dicha demandada, no están llamadas a prosperar, lo que exime a la Corte de abordar el estudio de las excepciones de mérito que dicha entidad propuso al contestar el libelo introductorio.

4. Establecido, como queda, el fracaso de la acción en relación con la transportadora demandada, se pasa al estudio de la misma respecto de Schenker Colombia S.A.

4.1. Como atrás de dijo, diferente fue el contrato que esta sociedad y Durespo S.A. acordaron. En consecuencia, se hace indispensable identificar su clase y naturaleza.

4.1.1. Los elementos de juicio anteriormente indicados, dan cuenta de que el aludido vínculo negocial consistió en que la citada demandada, a cambio de un precio, se comprometió a recibir del proveedor extranjero de Durespo S.A., en las bodegas de este, ubicadas en Waiblingen, Baden-Wuerttemberg, Alemania, las mercancías en cuestión; a ocuparse de coordinar su traslado de ese sitio a las dependencias de Durespo S.A. en Medellín; a verificar allí su entrega definitiva; y, por supuesto, a realizar los trámites necesarios que permitieran la salida de ese país de los bienes y su ingreso legítimo a Colombia, comoquiera que al momento de su entrega debían estar nacionalizados.

4.1.2. Tal comprensión del negocio en examen, permite colegir que, tal y como en líneas generales lo admitieron en el proceso la actora y la propia Schenker Colombia S.A., esta, en lo que hace al traslado de las mercancías, fue una intermediaria, que coordinó y contrató con terceros la conducción de los bienes desde las bodegas del proveedor hasta las de Durespo S.A.

Con todo, las partes divergen en cuanto a la naturaleza de la intermediación que ella cumplió: mientras que para la demandante los contratos de transporte que la citada demandada acordó, los celebró en nombre propio; esta aseveró que dichas negociaciones las realizó en nombre y por cuenta de Durespo S.A., aserto con base en el cual sostuvo que su actuación fue la de un “agente de carga” y no la de un comisionista de transporte (fl. 204, cdno. 1).

4.1.3. Es innegable que el avance de las comunicaciones, la modernización de los medios de transporte y la globalización de la economía, han favorecido el comercio internacional. Notable es, por consiguiente, que en la actualidad el tráfico mercantil se desarrolla en un escenario que supera las fronteras; es, si se quiere, universal, a diferencia de lo que acontecía antaño, cuando su ámbito propio era el de un territorio o de un país y, excepcionalmente, el escenario era transnacional.

Ese incremento del intercambio internacional ha provocado el auge de los profesionales especializados en la intermediación de esa clase de negocios, actividad que, pese a su importancia, no ha sido objeto de una completa reglamentación jurídica en un buen número de países, entre ellos Colombia.

En dicho contexto pueden distinguirse, según la doctrina especializada, entre otras, las siguientes clases de intermediarios: los agentes de carga, los comisionistas de transporte, los agentes de viajes, los transportadores marítimos no operadores de naves y los agentes marítimos.

4.1.4. De tales figuras, para lo que aquí debe resolverse, son de interés las dos primeras —agentes de carga y comisionistas de transporte—. De ellas, solo la segunda está reglamentada en el Código de Comercio colombiano.

En efecto, dispone el artículo 1312 del estatuto mercantil que “[e]l contrato de comisión de transporte es aquel por el cual una persona se obliga, en su nombre, y por cuenta ajena, a contratar y hacer ejecutar el transporte o conducción de una persona o de una cosa y las operaciones conexas a que haya lugar”.

Se trata, pues, de una comisión especializada, en virtud de la cual el comisionista, en forma autónoma y actuando en nombre propio, aunque por cuenta del comitente, se encarga de contratar con terceros la conducción de personas o cosas de un lugar a otro, siendo de su cargo, a la vez, velar por la debida ejecución del contrato.

Como ya lo tiene precisado la Corte, “[e]l comisionista de transporte es, en consecuencia, un mandatario especializado en la contratación del servicio de transporte para terceros, y con terceros”, negocio del cual “surgen diversos vínculos. Por un lado, el que se traba entre el comitente y el comisionista, con fundamento en la comisión de transporte propiamente dicha, y por otro, el que liga al comisionista con el tercero con el cual celebra el contrato cuya estipulación se le encomendó, que es una relación de transporte en estricto sentido (...). Los deberes de prestación que contrae para con el comitente (remitente o pasajero), van entonces desde la concertación del transporte a la que el encargo se contrae, hasta velar porque llegue a buen término. Así, tratándose del transporte de cosas, el comisionista de transporte tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos de un transportador, su obligación se considera de resultado, recibe los efectos a transportarse, contrata el transporte, entrega al transportador los bienes objetos del traslado, comportándose como un verdadero remitente; una vez realizado el transporte, recibe las mercancías transportadas y las entrega al destinatario o contrata su entrega directa a este” (Cas. Civ., sent. de jul. 13/2005, Exp. 2001-1274-01).

Ahora bien, en tanto que el comisionista se obliga a “hacer ejecutar el transporte”, siendo de su cargo entregar los bienes movilizados al comitente, propio es que el artículo 1313 del Código de Comercio disponga que él “gozará de los mismos derechos y asumirá las mismas obligaciones del transportador en relación con el pasajero o con el remitente y destinatario de las cosas transportadas”. Aunque no se trata de la persona que de manera directa se ocupa de la conducción del pasajero o de los bienes, la ley aplica a él —al comisionista de transporte— el mismo régimen obligacional del transportador, derivándose de ello su responsabilidad, si de la conducción de cosas se trata, por la no entrega de las mismas.

4.1.5. En lo que atañe al “agente de carga”, debe señalarse que si bien corresponde a otro intermediario en el comercio internacional, tal figura no aparece reglamentada en el derecho positivo patrio, salvo por alguna mención que a ella se hace en el derecho aduanero, la cual, bueno es observarlo, lejos está de establecer su naturaleza y caracteres jurídicos, o el régimen legal que le es aplicable.

El agente de carga, en esencia, es un profesional especializado en el manejo de carga internacional a quien se confía la labor de coordinar el transporte de las mercaderías, que, para tal efecto, realiza una labor de intermediación entre los distintos sujetos que intervienen en la cadena del transporte, evitando así que quien contrata sus servicios tenga que establecer relaciones individuales con cada uno de ellos, además de lo cual presta labores de asesoría sobre las rutas más convenientes, los trámites que se deban realizar antes las autoridades, etc. La labor de intermediación del agente de carga es, por tanto, bastante amplia, pues su asistencia profesional concierne con todos los aspectos que inciden en las operaciones de comercio internacional —importación y exportación—, entre ellos, el del transporte de la respectiva mercancía. En todo caso, se señala que su principal función es la celebración de contratos de transporte por cuenta de su cliente, lo que, por regla general, realiza de manera representativa.

Se infiere de lo anterior, que, en línea de principio, el agente de carga no es parte en ninguno de los contratos que celebra en desarrollo de su gestión, puesto que si, como queda dicho, al perfeccionarlos, actúa, en general, en nombre y por cuenta del encargante, es a este, y no a aquel, por virtud del fenómeno de la representación, a quien debe considerarse como parte o contratante en tales relaciones negociales.

4.1.6. Sentadas las bases anteriores, se resalta que la diferencia fundamental entre el comisionista de transporte y el agente de carga es que en tanto el primero, al celebrar los contratos de transporte materia del encargo que le fue conferido, actúa en nombre propio, el segundo, en las actividades que despliega por razón de su actividad profesional, particularmente al convenir el transporte de las mercancías, actúa, en general, como representante de su cliente.

4.1.7. Las precedentes apreciaciones conducen a colegir que el contrato celebrado entre Durespo S.A. y Schenker Colombia S.A., en lo que atañe a la conducción de los bienes adquiridos por aquella en el extranjero, fue, ciertamente, el de comisión de transporte, toda vez que el conjunto de las pruebas con que se cuenta en este asunto acreditan que el encargo que la primera de tales personas jurídicas hizo a la segunda, consistió en que esta se ocupara de coordinar la movilización de esos productos desde las bodegas del proveedor hasta las instalaciones de Durespo S.A. en Medellín, en donde, en definitiva, debía entregárselas, sin que, ello es crucial, hubiese actuado en nombre de otro, esto es, como representante. Es que, se insiste, los elementos de juicio recaudados demuestran que Schenker Colombia S.A., al contratar el traslado de las mercancías entre el puerto de Cartagena y la indicada ciudad de destino final, vía terrestre, actuó en nombre propio, sin advertir en forma alguna a Cootransoran Ltda., trasportadora, que su gestión fuera en representación de persona distinta.

Tal gestión de Schenker Colombia S.A. se ajusta al objeto social que tenía, por lo menos, hasta el 13 de junio del año 2000, y, naturalmente, para la época de celebración del contrato de que se trata, conforme se desprende del certificado de existencia y representación legal allegado por la parte actora y que fue expedido en esa fecha por la Cámara de Comercio de esta ciudad (fls. 102 y 103, cdno. 1), en el que consta que la mencionada compañía se dedicaba a “la prestación de servicios de contratación de embarque de mercancías y productos de importación a Colombia, su nacionalización, gestiones de embarque, transporte internacional por su propia cuenta o por mandato, recibo de mercancías del exterior para terceros; el establecimiento de bodegas para almacenaje de mercancías importadas y nacionalizadas y demás servicios inherentes a las agencias de carga internacional, así como la prestación de servicios de operador de transporte intermodal internacional y la prestación de todos los servicios relacionados con el mismo...”. Es en época posterior a la presentación de la demanda, advierte la Corte, en la que el objeto social principal de la compañía se modificó para referirlo específicamente a la “ejecución y explotación de actividades propias de ‘agente de carga internacional’” y demás labores complementarias, modificación esta que se observa en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de agosto de 2000 (fls. 115 a 117, cdno. 1), que se adjuntó a la contestación de la demanda.

4.2. Definido lo anterior y teniéndose en cuenta que el comisionista de transporte está sometido, en punto de derechos y obligaciones, al mismo régimen del transportador, se colige que Schenker Colombia S.A., en la mencionada calidad, es responsable frente a Durespo S.A. por la no entrega de las mercancías de su propiedad y que fueron, precisamente, el objeto del transporte cuya contratación la última de tales sociedades encargó a la citada demandada.

4.3. En camino de establecer su responsabilidad, debe tenerse en cuenta que no operó en su favor ningún motivo de exoneración en los términos del artículo 992 del Código de Comercio, puesto que, como con amplitud se analizó al desatar el recurso de casación que la actora interpuso contra la sentencia desestimatoria del tribunal, no aparece acreditada la segunda de las condiciones a que alude dicha norma, esto es, que quien realizó la movilización de las mercancías “adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación”.

4.4. Si como queda expresado, la responsabilidad de Schenker Colombia S.A. frente a Durespo S.A. deriva de la no entrega de las mercancías transportadas y ese fue, como igualmente ya se dejó analizado, por una parte, uno de los riesgos amparados con el contrato de seguro ajustado entre la segunda de tales sociedades y la aquí demandante y, por otra, la causa de la indemnización que la aseguradora pagó a aquella, es evidente que la Compañía Suramericana de Seguros S.A. se subrogó en los derechos de Durespo S.A. y que, por ende, está facultada legalmente para repetir su cobro en contra de Schenker Colombia S.A.

4.5. Las consideraciones anteriores determinan la improsperidad de la totalidad de las excepciones propuestas por la demandada Schenker Colombia S.A. y, a su vez, el acogimiento de las súplicas del libelo introductorio en cuanto a ella.

5. Dispone el artículo 1031 del Código de Comercio, régimen que en consideración al mandato del artículo 1313 de la misma obra es aplicable al comisionista de transporte, que “[e]n caso de pérdida total de la cosa transportada, el monto de la indemnización a cargo del transportador será igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada (...). En los eventos de pérdida total y pérdida parcial, por concepto de lucro cesante el transportador pagará adicionalmente un veinticinco por ciento (25%) del valor de la indemnización determinada conforme a los incisos anteriores”.

Por otra parte, el inciso 3º del artículo 1010 ibídem establece que “[e]l valor que deberá declarar el remitente estará compuesto por el costo de la mercancía en el lugar de su entrega al transportador, más los embalajes, impuestos, fletes y seguros a que hubiere lugar”.

Es indiscutible que Schenker Colombia S.A., como intermediaria que fue en el proceso de importación de la mercancía hurtada cuando se verificaba su movilización entre Cartagena y Medellín, hecho admitido por la partes y del cual, valga destacarlo, se desprende la causación del daño, fue quien informó a la empresa transportadora el valor de dicha carga, lo que hizo desde el mismo momento en que le solicitó a Cootransoran Limitada la prestación del “servicio de transporte”, como se desprende de la comunicación que con ese fin le remitió el 21 de diciembre de 1999, que aquella aportó con la contestación de la demanda (fl. 114, cdno. 1), documento en el que aparecen los siguientes valores:

“CHF 19.912.50 / 1,57 USD 12.683
“EUR 142.763,83 / 0,98 USD 145.677.89
 158.360.89
“$ 1867 x 158.360,89 = $ 295.659.000”  

Sobre el particular, es del caso recordar que el representante legal de la citada compañía transportadora, en el interrogatorio de parte que absolvió, admitió haber sido informado de la referida suma para efectos de que la mercancía estuviese cubierta por la póliza de seguros que amparaba sus actividades (fls. 4 vto. a 6, cdno. 3).

Existiendo, entonces, evidencia de que el valor de la mercancía fue informado o declarado por Schenker Colombia S.A. a Cootransoran Limitada y que esta entidad decidió asumir sus obligaciones como transportadora con fundamento, entre otros factores, en dicha información, concluye la Sala que la suma de $ 295.659.000, debe ser tomada como base para aplicar la disposición contenida en el inciso 1º del artículo 1031 del Código de Comercio (Cfr. Cas. Civ., sents. de feb. 18 y ago. 11 de 1988).

Adicionalmente, es de verse que consideradas la nota crédito y la factura de folios 79 y 80 del cuaderno principal, documentos expedidos por Schenker Colombia S.A., se concluye que el valor adicional (C. Co., art. 1010, inc. 3º) aplicable a la mercancía ascendió a $ 4.287.713.

En definitiva, el valor de los bienes, conforme las pruebas recaudas, en particular las que se dejan atrás mencionadas, corresponde al total de $ 299.946.713 ($ 295.659.000 + $ 4.287.713).

Aplicado a ese monto el veinticinco por ciento (25%) que por concepto de lucro cesante autoriza el artículo 1031 del Código de Comercio, se obtiene la cantidad de $ 74.986.678,25.

En suma, la indemnización a cargo de Schenker Colombia S.A. ascendería al total de $ 374.933.391,25.

6. Siendo ello así y como el anotado valor es superior al que fue pagado por la aseguradora a Durespo S.A., la condena que habrá de imponerse a la mencionada sociedad demandada corresponderá al total de lo solicitado.

7. Ahora bien, pedida como fue la indexación de la condena desde la fecha en que la actora pagó a su asegurada la indemnización hasta cuando la parte demandada se la reconozca, la Corte, consideradas las razones que a partir de la sentencia de 18 de mayo de 2005 (Exp. 0832-01), motivaron la jurisprudencia vigente en punto al reconocimiento de la corrección monetaria en casos como el presente, accederá igualmente a ese pedimento.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 30 de mayo de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario que al inicio de este proveído se dejó plenamente identificado y, en sede de segunda instancia, RESUELVE:

1. Revocar el fallo proferido en ese mismo asunto el 2 de julio de 2004, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín.

2. Negar, por falta de legitimidad de la actora, las pretensiones de la demanda respecto de la demandada Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., Cootransoran, y, en consecuencia, abstenerse de emitir pronunciamiento alguno sobre las excepciones de fondo que ella propuso.

3. Negar la totalidad de las excepciones meritorias planteadas por la demandada Schenker Colombia S.A.

4. Declarar que la precitada demandada, Schenker Colombia S.A., es civilmente responsable por la no entrega a la sociedad Durespo S.A., en su calidad de propietaria, de las mercancías hurtadas cuando eran transportadas, vía terrestre, entre el puerto de Cartagena y la ciudad de Medellín, en las circunstancias de que da cuenta el presente proceso.

5. Condenar a la sociedad Schenker Colombia S.A. a pagar a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., por haberse subrogado esta en los términos del artículo 1096 del Código de Comercio en los derechos de Durespo S.A., la suma de trescientos ocho millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y siete pesos ($ 308.346.577) m/cte., que corresponde al valor que esta recibió de la demandante, a título de indemnización, en desarrollo del contrato de seguro que entre ellas existía.

6. Condenar a la demandada Schenker Colombia S.A. a pagar a la actora, Compañía Suramericana de Seguros S.A., la corrección monetaria sobre el valor indicado en el numeral anterior, causada y que se cause desde el 27 de enero de 2000 hasta cuando se efectúe el pago efectivo y total del mismo, liquidada con base en el índice de precios al consumidor.

7. Condenar a la actora en las costas de primera y segunda instancias causadas a la demandada Cooperativa de Transportadores del Oriente Antioqueño Ltda., Cootransoran. Liquídense en oportunidad.

8. Condenar a la demandada Schenker Colombia S.A. en las costas de primera y segunda instancias causadas a la demandante Compañía Suramericana de Seguros S.A. Liquídense en oportunidad.

9. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Le Tourneau, Philippe. La Responsabilidad Civil Profesional. Legis Editores S.A., 2006, págs. 19 y 20.

(2) Ossa G., J. Efrén. Teoría general del seguro. El contrato. Bogotá, Temis, 1984, págs. 162 y 163.