Sentencia 2000-00021/33858 de febrero 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 63001-23-31-000-2000-00021-01(33858)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Álvaro Aristizábal Garrido y otros

Demandado: Municipio de Calarcá

Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Contenido: Valor probatorio de las fotografías y de los videos. Tacha de falsedad de testimonios. Daño antijurídico consistente en la afectación al derecho de propiedad. Juicio de imputación sustentado en el principio de precaución con ocasión del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999.

Bogotá D.C., veinte febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala de Sub-sección decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 13 de diciembre de 2006 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Competencia.

1. La corporación es competente para conocer del asunto(17), en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en proceso de doble instancia(18).

2. La Sala considera que al ser la parte actora el único apelante, al decidirlo se centrará en los argumentos expuestos en el recurso presentado, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en las sentencia de 9 de febrero de 2012 [expediente 21060 y 20104], y por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 7 de octubre de 2014(19). Con base en los fundamentos anteriores, la Sala abordará el estudio y decisión del recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

3. Ahora bien, para un orden lógico de la decisión, la Sala realizará la exposición de sus argumentos en el orden siguiente: (1) determinar el objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora; (2) dilucidar ciertos aspectos procesales; (3) formular el problema jurídico; (4) abordar el estudio de la demostración o no del daño antijurídico; (5) realizar el juicio de imputación, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, el régimen aplicable, y el juicio en el caso en concreto, partiendo por despejar si operó o no alguna de las causales eximentes de responsabilidad; (6) definir si procede la condena en costas.

4. La primera cuestión, pues, es determinar el objeto y alcance del recurso de apelación formulado por la parte actora.

2. Determinación de objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora.

5. La apelación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que le negó las pretensiones se centra en las cuestiones siguientes: (1) no podía eximirse de responsabilidad por haber operado la fuerza mayor; (2) no hubo el mismo juicio respecto a la demolición de todas las construcciones, como si se ordenó respecto del edificio Aristizábal; y, (3) no se demostró por la entidad pública demandada que había una urgencia para realizarse la demolición sin sustentarse en los conceptos debidamente sustentados.

6. Si bien en la sentencia de primera instancia el a quo no se pronunció acerca de dotar valor probatorio a las fotografías y videos, pero sí de la tacha de falsedad de ciertos testimonios, la Sala hace su análisis, encontrándose facultada convencional, constitucional y legalmente para ello como expresión prístina de la garantía judicial efectiva [artículos 229 de la Constitución Nacional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos —norma incorporada en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 16 de 1972—].

3. Aspectos procesales previos.

7. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca de si puede dotarse o no de valor probatorio a las fotografías y videos, y el alcance de la tacha de falsedad de los testimonios, examinando con base en los argumentos siguientes.

3.1. Valor probatorio de las fotografías y videos aportados.

8. La parte actora aportó con la demanda diecinueve [19] fotografías [fls.83 a 90 cuaderno 1], las mismas fueron recaudadas dentro del período probatorio [fls.182 a 189 cuaderno 2], así mismo se aportador dos [2] videocasetes que contienen las grabaciones del edificio previo a la demolición y de la realización de esta última en anexo en sobre de manila, de los que se realizó la audiencia la audiencia de exposición el 7 de mayo de 2001(20) [fls.20 y 21 cuaderno 2].

9. En cuanto a los videos la Sub-sección en la sentencia de 12 de agosto de 2013(21) [expediente 27063], consideró que puede no valorarse un video y carecer de valor probatorio cuando no existe certeza de su autenticidad e integridad(22) que permitan valorarlo contrastadamente con otras pruebas, aplicando en la delimitación de su valoración la jurisprudencia que operaba para la época en materia de fotografías(23), y considerando en todo caso que en caso de integrarse para valorarse en conjunto con otros medios probatorios es necesario que estos últimos permitan demostrar tanto la producción del video, como los hechos contenidos en él(24). A esta línea jurisprudencial se dio continuidad mediante de la Sub-sección C de 1º de julio de 2015(25) [expediente 30186].

10. La Sub-sección B en la sentencia de 3 de septiembre de 2015(26) [expediente 34255) considera que se dio valor daba valor probatorio a los videocasetes y los analizó en conjunto “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación”. Es de anotar que los registros fílmicos fueron sometidos a contradicción, sin que al respecto se hubiese suscitado controversia que se deba resolver”.

11. En la actualidad la Sub-sección C considera que relación con el valor probatorio que ha de otorgarse a las fotografías [y con el que se analizan los videos], se torna necesario precisar, en primer lugar, que las mismas ostenta la calidad de documentos representativos(27), pues no contienen declaración alguna, sino que a través de las mismas se representa “una escena de la vida en particular, en un momento determinado”(28).

12. De otra parte, se tiene que para valorar su autenticidad la Sala lo hace con base en lo previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 2651 de 1991 [norma aplicable para la época de presentación de la demanda], regulación conforme a la cual los “documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieran o no como destino servir de prueba, se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación”(29).

13. Sin embargo, la presunción de autenticidad de las fotografías [con que se analizan también los videos] no ofrece el convencimiento suficiente al no definirse mediante las mismas las situaciones de tiempo, modo y lugar de lo representado en ellas, por lo cual se hace necesario que afectos de otorgarles mérito probatorio, su contenido sea ratificado, verificado o cotejado con otros medios de prueba allegados al proceso(30).

14. Adicional a lo anterior, para determinar su fecha cierta se debe atender a su consideración como documento privado y a lo consagrado en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, de manera que con relación a terceros dicha fecha será aquella de la presentación de la demanda [15 de diciembre de 1999], sin perjuicio de los criterios fijados por la norma mencionada(31).

15. Así las cosas, la valoración de las fotografías y de los videos se sujetará a su calidad de documentos, que en el marco del acervo probatorio serán apreciadas como medios auxiliares, y en virtud de la libre y sana crítica del juez contencioso administrativo(32).

16. En el presente asunto se encuentra que el contenido de las fotografías y videos aportados por la parte actora [y recaudados] logra su ratificación con otros medios de prueba, conclusión a la que se llega mediante el análisis y valoración del acervo probatorio que obra en el plenario, siguiendo las exigencias constitucionales(33).

17. De esta manera, conforme a los argumentos anteriores, la Sala al examinar el objeto de análisis de la impugnación de la parte actora en el presente asunto, le otorgará el mérito probatorio a las fotografías y a los videos aportados por la parte actora [y recaudados] en las condiciones previamente señaladas, y teniendo en cuenta las limitaciones que se desprenden de lo ratificado con otros medios probatorios que se relacione con su contenido, en especial lo relacionado con la certeza o realidad de los hechos que se pretenda deducir o atribuir “posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición”(34), y que imponen a la Sala valerse de otros medios probatorios para apreciar razonadamente, en conjunto y bajo la sana crítica los hechos que se logre contrastar debidamente.

18. Abordado lo anterior, la Sala examina el alcance de la tacha de falsedad a determinados testimonios dentro del proceso.

3.2. La tacha de falsedad de testimonios.

19. La entidad pública municipal demandada tachó de falsedad los testimonios de Libaniel Villa Rendón [fls.60 a 63 cuaderno 2]; de Cecilia Lopera Gutiérrez [fls.63 a 65 cuaderno 2]; de Uriel Enrique Acosta Acosta [fls.67 y 68 cuaderno 2]; Leonel Rave González [fls.77 a 79 cuaderno 2]; y, de Fernando Moreno Ángel [fls.80 a 82 cuaderno 2]. Los argumentos de la tacha se centraron en la cercanía de los deponentes con los demandantes al ser arrendatarios de apartamentos o locales en el “edificio Aristizábal” objeto de la litis. Y por otra parte, que no tenía conocimiento o capacidad para juzgar las condiciones estructurales o físicas del inmueble al momento de ofrecer cada uno sus testimonios. El a quo los desechó partiendo de estos argumentos, lo que si bien no fue objeto de apelación incide en el mismo razón que debe ser desatada por la Sala, facultada como lo estada convencional, constitucional y legalmente.

20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 17 de enero de 2012(35) [expediente 2011-00615 00 PI], considera que los “motivos y pruebas de la tacha se analizarán en la sentencia, a menos que se haya propuesto por medio de incidente. Vale decir que la tacha de los testigos no hace improcedente la recepción de sus testimonios ni la valoración de los mismos, sino que exige del juez un análisis más severo con respecto a cada uno de ellos para determinar el grado de credibilidad que ofrecen y cerciorarse de su eficacia probatoria”. Adicionalmente, en la misma providencia se agregó la condición según la cual el apoderado de la parte que formula la tacha contra uno o más testigos debe aportar las pruebas que permitan “verificar la ocurrencia de los hechos que le sirvieron de fundamento o demostrar los motivos de la sospecha y su relación con las demás pruebas recaudadas”, porque de lo contrario estará llama a no prosperar la tacha.

21. Para el caso en concreto, la Sala encuentra formulada la tacha a los mencionados testigos por el apoderado de la entidad pública municipal demandada, por lo que la someterá a una rigurosa valoración, contrastación y constatación probatoria, dotando de la credibilidad y verosimilitud solo en función de los demás medios probatorios del acervo, sin descartarlos de entrada como lo hizo el a quo. Y se considera que debe revocarse la decisión del juez de primera instancia de no valorar estos testimonios, ya que la parte demandada no allegó ninguna prueba que le permitiera demostrar si fueron influenciados, manipulados o coaccionados por la parte actora por su cercanía al haber sido arrendatarios de apartamentos o locales en el inmueble objeto de la litis. Así como tampoco se ofreció prueba que permitiera contrastar la falta de conocimientos técnicos o científicos de los deponentes, especialmente respecto a las afirmaciones del estado físico de la edificación, por lo que no habrá lugar a la prosperidad de las tachas realizadas a los testimonios de Libaniel Villa Rendón, Cecilia Lopera Gutiérrez, Uriel Enrique Acosta Acosta, Leonel Rave González y, de Fernando Moreno Ángel, los que serán valorados de manera severa por la Sala para determinar su credibilidad y cerciorarse de la eficacia probatoria de los mismos.

22. Definidas por la Sala las anteriores cuestiones procesales, la Sala presenta los medios probatorios con base en los cuales hará el análisis de la apelación presentada por la parte actora.

4. Los medios probatorios aportados, recaudados y practicados dentro del proceso.

23. Al proceso se aportaron con la demanda y la contestación, se recaudaron y practicaron durante el período probatorio, los medios que a continuación se reseñan.

(1) Copia auténtica de la partición y adjudicación de bienes sucesorales presentada ante el Juez Veintidós [22] del Circuito de Bogotá [fls.12 a 58 cuaderno 1].

(2) Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.59 cuaderno 1].

(3) Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.60 cuaderno 1].

(4) Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.61 cuaderno 1].

(5) Copia auténtica del Decreto 12 de 26 de enero de 1999, “por medio del cual se dictan normas sobre la demolición de inmuebles en el municipio de Calarcá (Quindío), y se delegan algunas funciones” [fls.62 y 63 cuaderno 1].

(6) Copia auténtica de la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección Primera Municipal de Policía de Calarcá, Quindío “Por medio de la cual se ordena una demolición” [fls. 64 a 66 cuaderno 1].

(7) Concepto técnico rendido por la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fls.67 a 69 cuaderno 1].

(8) Acta 1 de 3 de febrero de 1999 del Secretario de Obras Públicas Municipal y del Presidente de la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fl.70 cuaderno 1].

(9) Certificado expedido por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo de la alcaldía municipal de Calarcá el 10 de junio de 1999 [fl.71 cuaderno 1].

(10) Acta de demolición 4 de 15 de febrero de 1999 de la Inspección Primera de Policía de Calarcá, Quindío [fl.72 cuaderno 1].

(11) Acta de posesión del alcalde municipal de Calarcá, Quindío, de 1º de enero de 1998 [fls.73 a 75 cuaderno 1].

(12) Certificación catastral número 001571, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío [fl.76 cuaderno 1].

(13) Certificación catastral número 001572, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío [fl.77 cuaderno 1].

(14) Certificación catastral número 001573, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío [fl.78 cuaderno 1].

(15) Constancia expedida por Colfimer LTDA, NIT 800.058.306-0, el 12 de junio de 1999, a solicitud de Aristizábal Sucesores [fl.79 cuaderno 1].

(16) Copia auténtica del plano del edificio [fls.81 y 82 cuaderno 1].

(17) Cinco [5] fotografías en las que se señala que fueron tomadas en el año 1973 al edificio Aristizábal [fls.83 a 85 cuaderno 1].

(18) Fotografías 6 y 7 que se señala fueron tomadas el 30 de enero de 1999 al edificio Aristizábal [fl.86 cuaderno 1].

(19) Fotografías 8, 9 y 10 que se señala fueron tomadas el 6 de febrero de 1999 al edificio Aristizábal [fl.87 cuaderno 1].

(20) Fotografías 11 a 19 que se señala fueron tomadas el 10 de febrero de 1999 después de la demolición [fl.88 a 90 cuaderno 1].

(21) Certificación expedida por el alcalde municipal de Calarcá, Quindío, radicado el 28 de marzo de 2001 [fls.15 a 17 cuaderno 2].

(22) Acta de la audiencia pública de exposición de video realizada el 7 de mayo de 2001 [fls.20 y 21 cuaderno 2].

(23) Testimonio rendido por Libaniel Villa Rendón [fls.60 a 63 cuaderno 2].

(24) Testimonio rendido por Cecilia Lopera Gutiérrez [fls.63 a 65 cuaderno 2].

(25) Testimonio rendido por Uriel Enrique Acosta Acosta [fls.67 y 68 cuaderno 2].

(26) Testimonio rendido por Luis Fernando Londoño Aristizábal [fls.69 a 72 cuaderno 2].

(27) Testimonio rendido por Ancizar Antonio Duque Montoya [fls.72 a 74 cuaderno 2].

(28) Testimonio rendido por Carlina Montiel López [fls.75 y 76 cuaderno 2].

(29) Testimonio rendido por Leonel Rave González [fls.77 a 79 cuaderno 2].

(30) Testimonio rendido por Fernando Moreno Ángel [fls.80 a 82 cuaderno 2].

(31) Certificación expedida por el acalde municipal de Calarcá, Quindío [fls.95 a 97 cuaderno 2].

(32) Testimonio rendido por Carlos Fabián Foronda [fls.233 y 234 cuaderno 2].

(33) Copia de la partición y adjudicación de bienes sucesorales presentada ante el Juez Veintidós [22] del Circuito de Bogotá [fls.111 a 157 cuaderno 2].

(34) Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.158 cuaderno 2], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14812.

(35) Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.159 cuaderno 2], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14813.

(36) Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.160 cuaderno 2], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14814.

(37) Decreto 12 de 26 de enero de 1999, “por medio del cual se dictan normas sobre la demolición de inmuebles en el municipio de Calarcá (Quindío), y se delegan algunas funciones” [fls.161 y 162 cuaderno 2].

(38) Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección Primera Municipal de Policía de Calarcá, Quindío “Por medio de la cual se ordena una demolición” [fls.163 a 165 cuaderno 2].

(39) Concepto técnico rendido por la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fls.166 a 168 cuaderno 2].

(40) Acta 1 de 3 de febrero de 1999 del Secretario de Obras Públicas Municipal y del Presidente de la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fl.169 cuaderno 2].

(41) Certificado expedido por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo de la alcaldía municipal de Calarcá el 10 de junio de 1999 [fl.170 cuaderno 2].

(42) Acta de demolición 4 de 15 de febrero de 1999 de la Inspección Primera de Policía de Calarcá, Quindío [fl.171 cuaderno 2].

(43) Certificación catastral 1571, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío [fl.175 cuaderno 2].

(44) Certificación catastral 1572, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío [fl.176 cuaderno 2].

(45) Certificación catastral 1573, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío [fl.177 cuaderno 2].

(46) Plano del edificio [fls.179 a 181 cuaderno 2].

(47) Cinco [5] fotografías en las que se señala que fueron tomadas en el año 1973 al edificio Aristizábal [fls.182 a 184 cuaderno 2].

(48) Fotografías 6 y 7 que se señala fueron tomadas el 30 de enero de 1999 al edificio Aristizábal [fl.185 cuaderno 2].

(49) Fotografías 8, 9 y 10 que se señala fueron tomadas el 6 de febrero de 1999 al edificio Aristizábal [fl.186 cuaderno 2].

(50) Fotografías 11 a 19 que se señala fueron tomadas el 10 de febrero de 1999 después de la demolición [fl.187 a 189 cuaderno 2].

(51) Dictamen pericial rendido [fls.199 a 207 cuaderno 2].

(52) Conjunto de planos de la edificación en anexo en sobre de manila.

(53) Dos [2] videocasetes que contienen las grabaciones del edificio previo a la demolición y de la realización de esta última en anexo en sobre de manila.

24. Precisados los medios probatorios que obran en el proceso, y fijados los criterios para su valoración, la Sala debe establecer el objeto de la impugnación presentada por la parte actora.

5. Objeto del recurso de apelación presentado por la parte actora.

25. Para poder abordar el estudio de fondo del asunto, la Sala se circunscribirá a los argumentos expuestos por la parte actora en su escrito de apelación, cuyo objeto se centró en discutir que el daño antijurídico producido era imputable a la entidad pública municipal demandada por haber realizado demoliciones de las construcciones con base en criterios no uniformes, y sin tener en cuenta conceptos debidamente sustentados, como ocurrió con la operación administrativa concretada en la demolición del edificio Aristizábal después de ocurrido el terremoto el día 25 de enero de 1999.

Con fundamento en lo anterior, la Sub-sección después de analizar la demanda, concluye que en el presente caso no se está discutiendo la legalidad de los actos administrativos expedidos por la administración pública municipal demandada, cuestión esta que implica definir que el Decreto 12 de 26 de enero de 1999 de la alcaldía del municipio de Calarcá, y la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección de Policía del mismo ente territorial, están cobijados bajo la presunción de legalidad(36). Por lo tanto, la Sub-sección avoca el conocimiento de lo formulado en la demanda y en la apelación, presentados por la parte actora, con relación a la operación administrativa realizada por la administración municipal demandada que pudo producir un daño antijurídico que se le puede atribuir.

26. Con base en la anterior delimitación del objeto de la impugnación, la Sala formula los problemas jurídicos siguientes:

6. Problemas jurídicos.

27. Del análisis material y sustancial de las pruebas presentadas se puede formular como problemas jurídicos: (1) con ocasión de la operación administrativa concretada en la demolición del edificio Aristizábal, ubicado en el municipio de Calarcá, el 15 de febrero de 1999 ¿se produjo un daño antijurídico consistente en la afectación del derecho de propiedad y de aprovechamiento económica de dicho inmueble?; y, (2) determinada la producción del daño antijurídico, ¿puede imputarse fáctica y jurídicamente como consecuencia de una operación administrativa realizada por la administración municipal demandada?

28. En ese contexto conceptual y de justificación razonada del análisis, la Sala aborda el estudio de los fundamentos y delimitación probatoria para establecer si se encuentra demostrado el daño antijurídico, como primer e indiscutible elemento del juicio de responsabilidad, en el presente caso, como cuestión que fue negada por el a quo, y constituye el objeto de la apelación presentada por la parte actora.

7. Presupuestos del daño antijurídico.

7.1. La noción de daño en su sentido general.

29. Daño ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación solo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño solo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo(37).

30. Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(38). En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(39)- (40), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio(41).

31. La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(42). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(43).

32. La existencia es, entonces, la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(44). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(45).

7.2. La noción de daño antijurídico.

33. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.

34. Así pues, daño antijurídico es aquel que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

35. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(46) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(47); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(48); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(49), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(50); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(51), o de la cooperación social(52).

36. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(53). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(54).

37. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(55).

38. Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, solo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(56).

39. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(57). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(58), anormal(59) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(60).

40. En este orden de ideas, “el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”(61).

41. Así las cosas, el daño se convierte en el primer elemento de la responsabilidad, es la causa de la reparación, se trata de un requisito indispensable para declarar la responsabilidad del Estado(62). Sin embargo, pese a la existencia del daño, es posible que no haya lugar a declarar la responsabilidad estatal, “es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado (…), el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”(63).

42. Una vez el juez logra verificar la existencia del daño, le corresponde determinar la naturaleza del mismo, esto es, analizar si es posible calificarlo como antijurídico o injusto, puesto que a la luz del artículo 90 de la Constitución Política el Estado responderá patrimonialmente solo por los daños antijurídicos que le sean imputables, lo que significa que no habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado cuando el juez concluya que la demandante tenía el deber de soportar el daño sufrido(64). Y, ¿cuándo se está ante un daño antijurídico?, cuando el ordenamiento jurídico no se lo impone a quien lo sufre, dicho de otro modo, cuando no existe una razón legal o de derecho que obligue a padecerlo(65).

43. Con base en la motivación y justificación anterior, y atendiéndose estrictamente a las pruebas obrantes en el proceso, la Sala de Sub-sección analizará en el caso concreto si está demostrado el daño antijurídico que se hace derivar de los hechos del 15 de febrero de 1999, en el municipio de Calarcá.

7.3. El daño antijurídico en el caso concreto.

44. De acuerdo con la demanda el daño antijurídico se hizo consistir en la vulneración del derecho de propiedad del edificio “Aristizábal” de titularidad de los demandantes, ubicado en el municipio de Calarcá, Quindío, y cuya demolición fue ordenada y practicada el 15 de febrero de 1999 luego de haber ocurrido el terremoto del 25 de enero de 1999 porque amenazaba ruina.

45. En la sentencia de primera instancia se aceptó y constató la producción de un daño, sin detallar o exponer en qué consistió.

46. El primer presupuesto para la demostración del daño antijurídico tiene que ver con la titularidad del bien jurídico, sobre el que hace recaer la ocurrencia del mismo, de los demandantes, para lo que se tiene los medios probatorios siguientes: (1) copia auténtica de la partición y adjudicación de bienes sucesorales presentada ante el Juez Veintidós [22] del Circuito de Bogotá(66) [fls.12 a 58 cuaderno 1]; (2) certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999(67) [fl.59 cuaderno 1], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14812 del inmueble con las siguientes características: (i) inmueble ubicado en Calarcá, Quindío; (ii) registro abierto el 29 de marzo de 1988 bajo radicación 8800769; (iii) en la descripción, cabida y linderos se señaló: “Sentencia del 8 de marzo de 1986, juzgado 22 civil del Circuito de Bogotá (abierto con base en los folios 12 y 14 tomo 10)”; (iv) como complementación se señaló “Gerardo Aristizábal Fernandez adquirió con mayor porción, por permuta con Teresa Valencia de Aguirre, escritura N. 507 del 9 de junio de 1938, Notaria 1, de Armenia, registrada el 17 de junio de 1938”; (v) la dirección del inmueble era “calle 28 26 -25 bloque I”; (vi) la matrícula fue abierta con base en la matrícula número 4825 6844; y, (vii) de acuerdo con la anotación tercera, de 24 de marzo de 1988, bajo radicación 0769 se inscribió la sentencia de 8 de marzo de 1986 del Juez Veintidós [22] Civil del Circuito de Bogotá D.C., relativa a la adjudicación en sucesión del inmueble a favor de Dolly Aristizábal Garrido, Carmenza Aristizábal, Álvaro Aristizábal Garrido; (3) certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999(68) [fl.60 cuaderno 1], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14813 del inmueble con las siguientes características: (i) inmueble ubicado en Calarcá, Quindío; (ii) registro abierto el 29 de marzo de 1988 bajo radicación 8800769; (iii) en la descripción, cabida y linderos se señaló: “Sentencia del 8 de marzo de 1986, Juzgado 22 Civil del Circuito De Bogotá (abierto con base en los folios 12 y 14 tomo 10)”; (iv) como complementación se señaló “Gerardo Aristizábal Fernandez adquirió con mayor porción, por permuta con Teresa Valencia de Aguirre, escritura N. 507 del 9 de junio de 1938, Notaria 1, de Armenia, registrada el 17 de junio de 1938”; (v) la dirección del inmueble era “Calle 38 26-31 bloque 2”; (vi) la matrícula fue abierta con base en la matrícula número 4825 6844; y, (vii) de acuerdo con la anotación tercera, de 24 de marzo de 1988, bajo radicación 0769 se inscribió la sentencia de 8 de marzo de 1986 del Juez Veintidós [22] Civil del Circuito de Bogotá D.C., relativa a la adjudicación en sucesión del inmueble a favor de Carmenza Aristizábal y de Beatriz helena Duque Aristizábal; (4) certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999(69) [fl.61 cuaderno 1], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14814 del inmueble con las siguientes características: (1) (i) inmueble ubicado en Calarcá, Quindío; (ii) registro abierto el 29 de marzo de 1988 bajo radicación 8800769; (iii) en la descripción, cabida y linderos se señaló: “Sentencia del 8 de marzo de 1986, Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá (abierto con base en los folios 12 y 14 tomo 10)”; (iv) como complementación se señaló “Gerardo Aristizábal Fernandez adquirió con mayor porción, por permuta con Teresa Valencia de Aguirre, escritura N. 507 del 9 de junio de 1938, Notaria 1, de Armenia, registrada el 17 de junio de 1938”; (v) la dirección del inmueble era “carrera 27 37-52 bloque 3”; (vi) la matrícula fue abierta con base en la matrícula número 4825 6844; y, (vii) de acuerdo con la anotación tercera, de 24 de marzo de 1988, bajo radicación 0769 se inscribió la sentencia de 8 de marzo de 1986 del Juez Veintidós [22] Civil del Circuito de Bogotá D.C., relativa a la adjudicación en sucesión del inmueble a favor de Dolly Aristizábal Garrido, Carmenza Aristizábal y Clara Inés Aristizábal Garrido; (5) certificación catastral número 001571, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío(70) [fls. 76 cuaderno 1 y 175 cuaderno 2]; (6) certificación catastral número 001572, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío(71) [fls.77 cuaderno 1 y 176 cuaderno 2].; (7) certificación catastral número 001573, expedida el 9 de junio de 1999 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Quindío(72) [fls.78 cuaderno 1 y 177 cuaderno 2]; (8) fotografías 6 y 7 que se señala fueron tomadas el 30 de enero de 1999 al edificio Aristizábal [fls.86 cuaderno 1 y 185 cuaderno 2]; (9) fotografías 8, 9 y 10 que se señala fueron tomadas el 6 de febrero de 1999 al edificio Aristizábal [fls.87 cuaderno 1 y 186 cuaderno 2]; (10) fotografías 11 a 19 que se señala fueron tomadas el 10 de febrero de 1999 después de la demolición [fls.88 a 90 cuaderno 1, 187 a 187 cuaderno 2]; y, (11) constancia expedida por Colfimer LTDA, NIT 800.058.306-0, el 12 de junio de 1999, a solicitud de Aristizábal Sucesores(73) [fl.79 cuaderno 1].

47. En cuanto a los hechos ocurridos el 15 de febrero de 1999, consistentes en la demolición del “edificio Aristizábal”, de propiedad constatada de los demandantes, ordenada por la alcaldía municipal de Calarcá, Quindío, se cuenta con: (1) el Decreto 12 de 26 de enero de 1999, “por medio del cual se dictan normas sobre la demolición de inmuebles en el municipio de Calarcá (Quindío), y se delegan algunas funciones” [fls.62 y 63 cuaderno 1, 161 y 162 cuaderno 2]; (2) la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección Primera Municipal de Policía de Calarcá, Quindío “Por medio de la cual se ordena una demolición” [fls.64 a 66 cuaderno 1, 163 a 165 cuaderno 2], considerándose específicamente la “demolición inmediata del inmueble ubicado en la calle 38 entre kras [sic] 26 y 27 edificio Aristizábal, alinderado así: Por el norte con la calle 38, por el sur con el inmueble ubicado en la Kra 27 Nº 37-52, 37-48, 37-46 y 37-40, por el occidente con la Kra 27, por el oriente con la Kra 26”(74); (3) el Acta de demolición 4 de 15 de febrero de 1999 de la Inspección Primera de Policía de Calarcá, Quindío(75) [fls.72 cuaderno 1 y 171 cuaderno 2]; (3) la certificación expedida por el alcalde municipal de Calarcá, Quindío, radicado el 28 de marzo de 2001 [fls.15 a 17 cuaderno 2], según la cual el “Edificio [sic] Aristizábal se demolió el 15 de Febrero de 1999 según acta de demolición 4”; (4) el Acta de la audiencia pública de exposición de video realizada el 7 de mayo de 2001(76) [fls.20 y 21 cuaderno 2]; (4) el Acta 1 de 3 de febrero de 1999 del Secretario de Obras Públicas Municipal y del Presidente de la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fl.169 cuaderno 2]; (5) el certificado expedido por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo de la alcaldía municipal de Calarcá el 10 de junio de 1999 [fl.170 cuaderno 2]; (6) los testimonios rendidos por Libaniel Villa Rendón [fls.60 a 63 cuaderno 2], Cecilia Lopera Gutiérrez [fls.63 a 65 cuaderno 2], Uriel Enrique Acosta Acosta [fls.67 y 68 cuaderno 2], Luis Fernando Londoño Aristizábal [fls.69 a 72 cuaderno 2], Ancizar Antonio Duque Montoya [fls.72 a 74 cuaderno 2], y Leonel Rave González [fls.77 a 79 cuaderno 2]; y, (7) la certificación expedida por el acalde municipal de Calarcá, Quindío [fls.95 a 97 cuaderno 2].

48. Luego se trata de un daño cuya antijuridicidad se demuestra con los anteriores medios probatorios, ya que en la propiedad de los demandantes, el “edificio Aristizábal”, existía, estaba ubicado en la zona comprendida por la carrera 27 número 37-52, la calle 38 número 26-31 y la calle 38 número 26-11 del municipio de Calarcá, Quindío. Así mismo, que dicho inmueble lo tenían destinado, según Colfimer, al arrendamiento para viviendas y locales, por lo menos desde 1990 que esa empresa inmobiliaria lo gestionaba. Se constató que el 25 de enero de 1999 se produjo el terremoto que afectó la ciudad de Armenia, y a municipios como Calarcá, y que debido a ese movimiento telúrico se ordenó la demolición de la edificación por las autoridades municipales de Calarcá, quedando reducido a escombros el mismo.

49. Como concluye la Sala, se trató de un daño que materialmente se concretó en la demolición del “edificio Aristizábal”, y que jurídicamente comprendió la afectación, vulneración, detrimento del derecho de propiedad de los demandantes sobre el mencionado edificio, así como la limitación definitiva en la posibilidad de aprovechamiento o usufructo para la actividad económica a la que se encontraba destinado, una carga que no estaban los demandantes llamados a soportar ni como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al pleno respeto de su derecho a la propiedad [consagrado en la Declaración de Derechos de 1789 en su artículo XVII, en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia], lo que implica que el derecho y bien jurídico comprometido, afectado, vulnerado y sobre el que se concretó el detrimento está amparado y garantizado en un Estado Social de Derecho(77) desde una perspectiva tanto formal, como material de la antijuridicidad(78), y salvaguardado por los mandatos convencionales del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

50. Luego, la Sala tiene por demostrado el daño antijurídico producido a los demandantes Álvaro Aristizábal Garrido, Dolly Aristizábal Garrido, Clara Inés Aristizábal Garrido, Carmenza Aristizábal Garrido y Beatriz Helena Duque Aristizábal, con ocasión de la demolición del “edificio Aristizábal”, ubicado en el municipio de Calarcá, ocurrida el 15 de febrero de 1999, confirmándose la sentencia de primera instancia pero con base en la motivación de esta providencia.

51. Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a la entidad pública municipal demandada, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño que ha quedado demostrado en su aspecto material y jurídico para el presente caso.

8. La imputación de la responsabilidad.

8.1. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

52. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado que consagra en la Carta Política colombiana de 1991 viene a reflejar, sin duda alguna, la consolidación del modelo de Estado Social de Derecho, y la superación de la idea de la irresponsabilidad de la administración pública. Se trata de afirmar los presupuestos en los que se sustenta el Estado moderno, donde la primacía no se agota al respeto de los derechos, bienes e intereses consagrados en las cartas constitucionales, sino que se desdobla de tal manera que implica, también, su reconocimiento, medidas y objeto de protección por parte de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con lo que el ámbito de indagación de la responsabilidad se ha venido ampliando de tal manera que permita lograr un verdadero “garantismo constitucional”(79).

53. Lo anterior no debe extrañar a nadie, ya que la responsabilidad como instituto viene a aflorar, frente al ejercicio del poder de la administración pública, “durante la denominada etapa del Estado-policía (Polizeistaat) cuando aparece el reconocimiento de ciertas especies de indemnización debidas a los particulares como consecuencia del ejercicio del poder”(80). Por el contrario, cuando se llega al modelo del Estado Social de Derecho, la premisa nos lleva a la construcción de los clásicos alemanes administrativistas según la cual la administración pública ya no está llamada a “no” reprimir o limitar las libertades, sino a procurar su eficaz, efectiva y proporcional protección, de tal manera que el Estado debe obedecer al cumplimiento de obligaciones positivas con las que se logre dicha procura, de lo contrario solo habría lugar a la existencia de los derechos, pero no a su protección.

54. La premisa inicial para abordar el tratamiento del régimen de responsabilidad del Estado parte de la lectura razonada del artículo 90 de la Carta Política, según la cual a la administración pública le es imputable el daño antijurídico que ocasiona. En la visión humanista del constitucionalismo contemporáneo, no hay duda que en la construcción del régimen de responsabilidad, la posición de la víctima adquirió una renovada relevancia, sin que pueda afirmarse que con ello se llegue a concluir que desde la nueva carta constitucional el régimen se orienta hacia una responsabilidad objetiva(81).

55. En el moderno derecho administrativo, y en la construcción de la responsabilidad extracontractual del Estado lo relevante es la “víctima” y no la actividad del Estado, ya que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en la interpretación sistemática del preámbulo, de los artículos 1º, 2º, 4º, 13 a 29, 90, 93 y 229 de la Carta Política, y en el ejercicio de un control de convencionalidad de las normas, que por virtud del bloque ampliado de constitucionalidad, exige del juez contencioso observar y sustentar el juicio de responsabilidad en los instrumentos jurídicos internacionales [Tratados, convenios, acuerdos, etc.] de protección de los derechos humanos(82) y del derecho internacional humanitario, bien sea que se encuentren incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional, o que su aplicación proceda con efecto directo atendiendo a su carácter de “ius cogens”.

56. Esta visión, en la que el ordenamiento jurídico colombiano [y su jurisprudencia contencioso administrativa] está en el camino de consolidarse, responde al respeto de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y al principio “pro homine(83), que tanto se promueve en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos(84). Cabe, por lo tanto, examinar cada uno de los elementos con base en los cuales se construye el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, fundado en el artículo 90 de la Carta Política: el daño antijurídico, y la imputación(85).

57. Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(86) de la responsabilidad del Estado(87) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(88) y de su patrimonio(89), sin distinguir su condición, situación e interés(90). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, estos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(91). Como bien se sostiene en la doctrina, la “responsabilidad de la Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(92); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(93).

58. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, estos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(94). La constitucionalización de la responsabilidad del Estado no puede comprenderse equivocadamente como la consagración de un régimen objetivo, ni permite al juez contencioso administrativo deformar el alcance de la misma.

59. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(95) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(96) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(97), argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera acogió al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012(98) y de 23 de agosto de 2012(99).

60. En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(100), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico [que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional]. Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado(101) según la cláusula social así lo exigen”(102).

61. Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(103), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(104). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(105).

62. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(106). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(107).

63. Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(108). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad(109), donde será determinante la magnitud del riesgo(110) y su carácter permisible o no(111). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad [no afecte a la calidad de la actividad], sí incide en el nivel de la actividad [incide en la cantidad de actividad] del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad [el nivel óptimo] y, con ello, la causación de un número menor de daños”(112).

64. Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación [desde la perspectiva de la imputación objetiva] a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(113) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(114) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(115).

65. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(116) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(117). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro [situación de peligro generante del deber] y no le presta ayuda [no realización de la acción esperada]; posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano [capacidad individual de acción]. La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(118).

66. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(119).

67. Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(120), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse […] que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(121), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho(122).

68. Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo criterio de motivación de la imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado(123), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar, en primer lugar, en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(124), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo [probatoriamente] se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación”(125).

69. Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(126) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

70. Antes de abordar el juicio de imputación en el caso en concreto, la Sala examina el supuesto de responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a particulares como consecuencia de una operación administrativa.

8.2. La responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos ocasionados a particulares como consecuencia de una operación administrativa.

71. En la demanda inicial no es claro el empleo de la expresión operación administrativa, lo que llevó al a quo a exigir a la parte actora a aclarar qué acción y con qué fundamento se invocaba el ejercicio de la acción contenciosa de reparación, señalándose que de las pretensiones y de los presupuestos fácticos del libelo introductorio se desprende que el hechos dañoso demostrado que se endilgaba a la autoridad pública municipal demandada era la demolición del edificio “Aristizábal” de propiedad de los demandantes, lo que encuadra dentro del concepto de operación administrativa.

72. En efecto, por operación administrativa en el ordenamiento jurídico colombiano se considera que “Constituye el aspecto dinámico-práctico en la materialización de lo dispuesto en la ley o en el Acto. Tradicionalmente se ha considerado como operación administrativa aquel fenómeno jurídico que consiste en un conjunto de actuaciones administrativas tendientes a la ejecución de la decisión legal o administrativa. Es decir, el traslado real y evidente de la decisión administrativa al mundo de la eficacia. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno predicable de la legalidad o validez del acto administrativo, sino, por el contrario, del posterior y complementario de la eficacia del mismo”(127).

73. A lo que se agrega, siguiendo a la doctrina que la “jurisprudencia colombiana clasifica en dos tipos las operaciones administrativas partiendo de si el acto al que se pretende dar cumplimiento es expreso o tácito. De esta forma se conoce la operación dependiente de un acto escrito o aquella que emana de un acto no escrito […] En la segunda de la hipótesis, esto es, tratándose de operaciones que dependan de un acto administrativo no escrito, se debe tener en cuenta que en la práctica los dos fenómenos se producen, por así decirlo, simultáneamente. Se trata de casos en los cuales el ejercicio del poder público administrativo invita a que la operación sea lógica e inmediata con la decisión administrativa. La Constitución Política y las leyes confieren al órgano ejecutivo ciertos poderes jurídicos para actuar en situaciones especiales. Esas circunstancias imponen en algunos casos la necesidad de apelar a procedimientos rápidos y expeditos de decisión y ejecución. Ocasiones hay en que las órdenes serán necesariamente verbales, y materiales los sistemas inmediatos para cumplirlas. Para efecto de aplicar el bloque de legalidad en estas situaciones de urgencia, el Gobierno profiere actos administrativos de ejecución inmediata. La decisión no se escribe: se realiza pero el acto o sucesión de actos materiales de ejecución no son más que la consecuencia forzosa y necesaria de la decisión verbal que los precede. Tal y como lo expresa el inciso 3º del artículo 1º del CCA, estas situaciones son típicas de los procedimientos militares o de policía, donde se requieren decisiones de aplicación inmediata para evitar o remediar perturbaciones al orden público, a la seguridad, tranquilidad y salubridad, a la defensa nacional, a la circulación de personas o de cosas. No obstante lo anterior, nos resulta claro que los actos administrativos verbales pueden darse igualmente en situaciones de normalidad de la administración, cuando por esta vía las autoridades produzcan decisiones, creando situaciones jurídicas que se hagan ejecutorias”(128).

74. En la jurisprudencia de la Sub-sección los anteriores criterios se han concretado en diferentes ocasiones: (i) en la sentencia de 19 de noviembre de 2012 [expediente 22779], en el que se argumentó que el caso se subsumía en “el concepto de operación administrativa del segundo tipo, esto es, de aquellas a las que les precede un acto administrativo tácito. En efecto, en ejercicio del poder de policía, la administración municipal de Neiva ordenó y materializó el sellamiento de la obra “Clínica la Paz”, mediante una operación administrativa que no estuvo precedida de un acto escrito, lo cual la ubica en la segunda categoría de las establecidas por la jurisprudencia”. A este encuadramiento inicial, se agregó que para “que la operación administrativa pueda ser tenida como la causa de un daño antijurídico, según la jurisprudencia de esta Corporación, debe demostrarse que la misma haya sido irregular o ilegal”(129); (ii) en la sentencia de 19 de noviembre de 2012 [expediente 25097], se argumentó que si “el daño proviene de la irregular ejecución de un acto que no se cuestiona en su legalidad, la acción será de reparación directa y deberá centrarse su cuestionamiento en los actos materiales de ejecución de la decisión administrativa, pero sin omitir en esa evaluación el alcance de dicha decisión, por ser, en definitiva, la que delimita los poderes de ejecución de la administración”. A lo que se agrega, que “situaciones que pueden ser susceptibles de reparación directa son los eventos en que se ejecuta anticipadamente un acto administrativo, o se notifica indebidamente, o no se notifica antes de quedar en firme la decisión o el recurso o antes de que transcurra, según su caso, el término para quedar debidamente ejecutoriada(130). En este caso lo que se concluye es que existirá una conducta ilegal de la Administración, que la jurisprudencia la ubica en una operación administrativa ilegal(131)(132).

Examinados los anteriores elementos, la Sala analiza el encuadramiento de la imputación para el caso concreto, teniendo en cuenta que dentro del objeto de análisis de la impugnación está el cuestionamiento de la atribución fáctica y jurídica a la que no accedió el a quo en la sentencia de primera instancia.

8.3. La imputación en el caso concreto.

75. De acuerdo con el fundamento de la demanda, la causa del daño antijurídico demostrado se hace derivar de la irregularidad en la ejecución de la orden de demolición total del edificio “Aristizábal”, sin apoyo fáctico, ni jurídico, afirmándose que no se procedió tampoco con la notificación del acto administrativo, incurriendo la administración pública municipal en una vía de hecho.

76. Con fundamento en lo anterior, la imputación en el caso en concreto se contrae a una operación administrativa ilegal e irregular consistente en la ejecución anticipada y sin sustento de la orden de demolición del edificio “Aristizábal” de propiedad de los demandantes, y que lo tenían destinado al arrendamiento para el desarrollo de múltiples actividades comerciales en el municipio de Calarcá [Quindío].

77. El a quo en la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda planteando (1) que cuando se produce un fenómeno natural y este ocasiona daño o alteraciones graves en las condiciones normales de vida del área impactada, la exigencia de atención para las entidades públicas estatales y las de carácter humanitario o de servicio social adquiere un carácter especial; (2) corolario de dicha exigencia, al examinar la autorización expresa concedida por la norma para ordenar y realizar la demolición inmediata del inmueble objeto de la litis era una clara materialización de la prevalencia del derecho a la vida y de la urgencia de su protección; (3) a lo que se agregaba que los daños que hayan sido ocasionados por el terremoto hubo el 25 de enero de 1999 no es atribuible a la administración pública municipal demandada, siendo aquel un hecho notorio; (4) pero si podía concluirse que el mismo fenómeno sísmico constituía el fundamento fáctico de la operación administrativa concretada en la demolición del inmueble de los demandantes, ya que de este se produjeron efectos en el edificio que implicaron la gestación de una amenaza de ruina y de un peligro para los transeúntes u ocupantes del mismo, resultando necesaria e indispensable la demolición para poder preservar la vida y el interés colectivo; (5) en todo caso debían tenerse en cuenta las especialísimas circunstancias en las que actuó el municipio de Calarcá, propias a una fuerza mayor, que además de eximirle de responsabilidad, exigen la prevalencia del interés general; (6) de otra parte, en cuanto a la notificación de la demolición consideró que el Decreto 919 de 1989 autorizó un procedimiento excepcional que no era contrario a la ley; (7) concluyendo que la orden y realización de la demolición del edificio de los demandantes se ajustó a la normativa especial que regulaba las situaciones de desastres, como lo consagrado en el Decreto 12 de 26 de enero de 1999, no habiéndose probado irregularidad alguna por parte de la entidad pública municipal demandada; y, (8) finalmente desechó los testimonios recaudados.

78. Con base en lo alegado por la parte actora, es importante destacar que el 25 de enero de 1999 se produjo un movimiento telúrico en gran parte del país, lo que constituye un hecho notorio(133). Con fundamento en lo anterior, las autoridades de la República tomaron las medidas tendientes a contrarrestar los efectos de este hecho de la naturaleza, motivo por el cual, el Presidente de la República declaró mediante el Decreto 182, de 26 de enero de 1999, la situación de desastre en diferentes departamentos y municipios del país. Así mismo, las autoridades municipales, facultadas por la ley y los decretos reglamentarios, tomaron las medidas pertinentes(134), razón por la cual, el alcalde de Calarcá mediante el Decreto 12, de 26 de enero de 1999 dictó normas acerca de la demolición de inmuebles en el mencionado municipio, en uso de sus facultades otorgadas por el Decreto 919 de 1989(135) y la Ley 136 de 1994(136).

79. En dicho acto administrativo [Decreto 12 de 1999] se dispuso, con fundamento en el Decreto 919 de 1989, que se facultaba al alcalde municipal de la entidad pública demandada para que en circunstancias de especial urgencia prescindiera del régimen de notificaciones y recursos de la vía gubernativa(137), para proceder a demoler los inmuebles de forma inmediata, en los términos siguientes:

“[…] ART. 1º—Ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por el estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y tranquilidad pública, de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por la Comisión de Evaluación técnica de la Secretaria de Obras Públicas Municipales.

“ART. 2º—Crease [sic] la Comisión Técnica de Obras Públicas que se encargara de la evaluación de las construcciones de inmuebles urbanos y rurales y determinara la demolición de estos en cada caso. Facúltase [sic] al Secretario de Obras Públicas para conformar y designar los miembros de la Comisión Técnica la cual será integrada por representantes de la Sociedad de Ingenieros de Calarcá (Q),

“ART. 3º—delegase [sic] en los inspectores municipales de Policía la facultad de ordenar las demoliciones de que trata el presente decreto.

PAR.—Los Inspectores Municipales de Policía, procederán mediante resolución motivada previo el concepto técnico, el cual hará parte integral de la respectiva resolución.

“ART. 4º—Copia de la resolución que ordene la demolición será fijada en la sede provisional de la Alcaldía Municipal, ubicada en las instalaciones del Colegio del Sur, de la Carrera 25 con la Calle 26, por el termino de 10 días hábiles.

“ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición” [fls.62 y 63 cuaderno 1].

80. El mencionado decreto determinaba que las autoridades delegadas, esto es, los Inspectores Municipales de Policía [para el caso en concreto la Inspección Primera Municipal de Policía de Calarcá, al expedir el acto administrativo que ordenaba la demolición de algún inmueble que amenazara ruina o peligro para la comunidad, debía motivarlo, previo Concepto Técnico que se creó para tales efectos.

81. Con fundamento en las anteriores consideraciones, se analiza todo lo que se generó en torno al concepto emitido por el Comité Técnico, que debía conformar el Secretario de Obras Públicas municipales y designar a sus miembros, entre los que debía contarse a la Sociedad de Ingenieros de Calarcá [de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 12 de 26 de enero de 1999], en donde se efectuaron una serie de consideraciones, a saber:

(a) Concepto técnico rendido por la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fls.67 a 69 cuaderno 1].

“[…] Edificio Aristizábal

Calle 38 entre carreras 26 - 27

Se evidenciaron colapsos en las columnas. Diseño estructural deficiente vigas considerablemente agrietadas. Colapso a nivel de mampostería.

[…]

Edificio Aristizábal

Localización: Calles 38 entre carreras 26 y 27

Descripción: Edificación de tres pisos.

Uso: Residencial y comercial

Tipo de estructura: Mixta, pórticos en concreto reforzado, muros cargueros sin confirmar, machones en ladrillo trabado.

Daños: Vigas del primer piso falladas por cortante.

Columnas del primer piso con cizalladuras a nivel del nudo, causadas por cortante. Se observa refuerzo longitudinal de baja resistencia y sin elementos de adherencia con estribos distanciados a más de 30 cms.

La fachada de la calle 38 muestra machones en ladrillo totalmente colapsados. La losa en este punto esta simplemente apoyada. Se puede establecer por tanto una estructura vulnerable y con gran riesgo de colapsar totalmente, probabilidad mayor, debido a la actual actividad sísmica de la región. La mampostería se fracturo [sic] seriamente a nivel del primer y segundo piso. La estructura en términos generales no obedece a un diseño técnico adecuado, por lo que los efectos sísmicos se amplifican causando graves daños a la estructura.

Recomendación. Evacuar totalmente. Demolición inmediata […]” [fls.67 y 69 cuaderno 1].

(b) Acta 1 de 3 de febrero de 1999 del secretario de Obras Públicas Municipal y del presidente de la Sociedad Calarqueña de Ingenieros [fl.70 cuaderno 1].

“[…] El día 3 de febrero de 1999, la Comisión Técnica para la revisión de estructuras de La [sic] Sociedad Calarqueña de Ingenieros, conformada por el Decreto 12 del 26 de Enero de 1999 emanado por la Alcaldía Municipal de Calarcá y de acuerdo al concepto técnico rendido por los Ingenieros se recomienda la demolición total de las edificaciones relacionadas en el documento anexo que hace parte integral de esta acta.

Se recomienda que la administración tome las medidas pertinentes para evacuar y evitar el ingreso de personas al inmueble a demoler y a las zonas próximas [sic] a tal demolición [sic]” [fl.70 cuaderno 1].

(c) Certificado expedido por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo de la alcaldía municipal de Calarcá el 10 de junio de 1999 [fl.71 cuaderno 1].

Propietario o inquilino:
Álvaro Aristizábal Garrido y otros
Barrio:Calle:Carrera:Número:
Edificio Aristizábal3826 y 27Costado sur
Diagnóstico:
Demoler
Tipo de estructura:
Confinado
Uso:
Residencial – Comercial
Problemas de suelo:
Observaciones:
Edificación para demolición toral (sic)

La información aquí suministrada obedece al informe técnico evaluativo presentado por la Sociedad Calarqueña de Ingenieros, a consecuencia del sismo del 25 de Enero de 1999 […]” [fl.71 cuaderno 1].

82. Lo anterior permite a la Sala afirmar, que de acuerdo con el concepto técnico realizado por la Sociedad de Ingenieros de Calarcá, se recomendó la demolición del “edificio Aristizábal”, ya que su diseño y construcción previa al evento sísmico no era adecuada, y no cumplía con las normas y estándares sismo-resistentes, por lo que los efectos del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 se amplificaron ocasionando graves daños estructurales.

83. Ahora bien, la Inspección Primera de Policía de Calarcá, Quindío, expidió la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección Primera Municipal de Policía de Calarcá, Quindío “Por medio de la cual se ordena una demolición” [fls.64 a 66 cuaderno 1], a cuyos términos:

“[…] Considerando:

1. Que mediante el Decreto 12 de Enero veintiséis (26) de mil novecientos noventa y nueve (1999) “Por medio del cual se dictan normas sobre demoliciones de inmuebles en el Municipio de Calarcá, y se delegaron funciones”. En su artículo primero consagró la orden y ejecución de demolición inmediata de toda edificación que amenace ruina o que por su estado de deterioro colocare en peligro la seguridad y tranquilidad pública.

2. Que la comisión técnica presentó un informe ante esta Inspección, en el cual se evaluó y determinó la demolición inmediata del inmueble ubicado en la calle 38 entre kras [sic] 26 y 27 edificio Aristizábal, alinderado así: Por el norte con la calle 38, por el sur con el inmueble ubicado en la Kra 27 No 37-52, 37-48, 37-46 y 37-40, por el occidente con la Kra 27, por el oriente con la Kra 26.

3. Que el Decreto 1355 de 1.970 en su artículo 16 expresa que los Alcaldes, o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obra al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la tranquilidad y seguridad pública.

4. Que debido al sismo ocurrido el día veinticinco de Enero de mil novecientos noventa y nueve y esta ciudad y de acuerdo al concepto emitido por la Comisión Técnica, el cual hace parte integral de la presente providencia, se hace necesario que forma inmediata se orden la demolición del inmueble ya descrito, lo cual de no hacerse podrá ocasionar grandes daños, colocando en peligro inminente la seguridad y tranquilidad pública, además de que dicho inmueble se encuentra ubicado en la zona central del Municipio de Calarcá.

5. Que la orden de demolición y su ejecución se seguirán bajo los procedimientos legales del Decreto 919 de 1989.

6. Que mediante el Decreto 12 de Enero veintiséis de mil novecientos noventa y nueve, se delegó en los Inspectores Municipales de Policía de la ciudad de Calarcá, la facultad de ordenar las demoliciones que amenacen ruina.

[…]

RESUELVE:

“ART. 1º—ORDENAR Y EJECUTAR la demolición inmediata del inmueble ubicado en la calle 38 entre Kras [sic] 26 y 27 Edificio Aristizábal de Calarcá, de conformidad con los considerandos anteriores, a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad pública.

“ART. 2º—De conformidad con lo previsto en el Decreto 919 de 1.989, en virtud del estado actual de la vivienda, edificación o construcción y por la urgencia presentada, se ordena que la demolición se lleve a cabo en forma inmediata.

“ART. 3º—De conformidad con lo previsto en el artículo 32 inciso 4º del Decreto 919 de 1989, ordenar que la presente resolución se fije en la fecha de su expedición y durante diez días hábiles en el Despacho de la Alcaldía, caso en el cual el propietario del inmueble podrá ejercer las acciones contencioso administrativas a que haya lugar, dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la fecha en que se haya efectuado la demolición.

“ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición […]” [fls.64 a 66 cuaderno 1].

84. Con fundamento en lo anterior, concluye la Sub-sección que mediante la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 se procedió a la demolición total del “edificio Aristizábal”, con fundamento en el informe o concepto técnico del Comité Técnico creado para el efecto. Lo anterior ratifica que la autoridad delegada por el alcalde municipal de Calarcá cumplió a cabalidad el procedimiento establecido en el Decreto 12 de 26 de enero de 1999, especialmente lo consagrado en el artículo primero, así como con lo establecido en el Decreto 182 de 1999, por medio del cual el Presidente de la República ordenó a las autoridades municipales ejercer su actividad con fundamento en lo ordenado en el Decreto 919 de 1989, especialmente los artículos 24 y siguientes. Tan importante y necesaria fue la motivación de la decisión, que el Comité Técnico antes de decidir acerca de la suerte del inmueble, procedió a verificar el estado del mismo, para así basar su estudio y recomendación final de demolición.

85. Así mismo, la Sala considera pertinente contrastar la base técnica ofrecida por los medios probatorios anteriores, especialmente, con el concepto técnico de la Sociedad de Ingenieros de Calarcá, con los testimonios recepcionados dentro del proceso, y con la certificación expedida por el alcalde municipal de Calarcá, Quindío, radicado el 28 de marzo de 2001(138) [fls.15 a 17 cuaderno 2], así como con la certificación expedida por el acalde municipal de Calarcá, Quindío(139) [fls.95 a 97 cuaderno 2].

86. Del estudio contrastado, armónico y bajo las reglas de la sana crítica de las afirmaciones de Libaniel Villa Rendón(140) [fls.60 a 63 cuaderno 2], de Cecilia Lopera Gutiérrez(141) [fls.63 a 65 cuaderno 2], de Uriel Enrique Acosta Acosta(142) [fls.67 y 68 cuaderno 2], de Luis Fernando Londoño Aristizábal(143) [fls.69 a 72 cuaderno 2], de Ancizar Antonio Duque Montoya(144) [fls.72 a 74 cuaderno 2], de Carlina Montiel López(145) [fls.75 y 76 cuaderno 2], de Leonel Rave González(146) [fls.77 a 79 cuaderno 2], de Fernando Moreno Ángel(147) [fls.80 a 82 cuaderno 2], y de Carlos Fabián Foronda(148) [fls.233 y 234 cuaderno 2], de las certificaciones y del concepto técnico emitido, considera la Sala que la operación administrativa realizada y consistente en la demolición del “edificio Aristizábal” no podía sujetarse a la consideración y valoración de aquellos que habían sido, o seguían siendo inquilinos del mencionado inmueble, ya que era esencial seguir las orientaciones, recomendaciones y verificaciones técnicas que se emitían por los organismos creados para el efecto, como ocurrió en el presente caso, y bajo los criterios del procedimiento excepcional creado, de todo lo cual hay prueba determinante que la actividad desplegada por la entidad pública demandada cumplió con todas las exigencias constitucionales [porque se protegían los derechos a la vida, a la integridad, a la vivienda, a la actividad comercial y los intereses generales de la comunidad], legales [derivadas de las funciones, deberes y obligaciones inherentes a la superación, manejo y gestión de la situación de desastre acaecida con el terremoto del 25 de enero de 1999], y reglamentarios, ya que se adoptaron todas medidas necesarias para afrontar la amenaza que representaba el inmueble para la comunidad y sus propios inquilinos de no adoptarse una solución técnicamente soportada, como se hizo con la operación administrativa de demolerlo.

87. Adicionalmente, la Sala considera pertinente señalar que ante el concepto técnico concluyente que existía, que podía o no compartirse por los demandantes, relacionado con la conveniencia o inconveniencia de demoler el “edificio Aristizábal”, la administración municipal de Calarcá dio estricta aplicación al principio de precaución al momento de desplegar y ejecutar la operación administrativa consistente en la demolición del mencionado inmueble.

Así las cosas, en momentos de total conmoción y riesgo como los que generó un sismo de la magnitud como el que se produjo el 25 de enero de 1999 afectando a la ciudad de Armenia y a municipios como Calarcá, en el Quindío, la administración pública competente debe adoptar decisiones rápidas, razonables, eficaces y eficientes tendientes a proteger la seguridad de la población(149), implicando la realización de operaciones administrativas como la demolición del edificio “Aristizábal”, que según los estudios, informes y conceptos técnicos revelaron que el estado de la edificación representaba una amenaza inminente, irremediable e irreversible, que aunque no se podía saber en qué momento podía venirse abajo o derrumbarse en fecha o día preciso, le exigía a la administración pública adoptar una decisión anticipatoria que tutele eficazmente los derechos e intereses de los ciudadanos, incluido el mismo propietario del inmueble.

88. En efecto, en el fondo se está suscitando una discusión [posiblemente inconsciente a los ojos de las partes y del juez de primera instancia] relativa a la procedencia de la aplicación del principio de precaución como argumento para desatar la litis. Para expresar su sentido, la Sala precisa el contenido y alcance de dicho principio. La precaución es una acepción que viene del latín precautio y se compone del prae (antes) y la cautio (guarda, prudencia). En su definición, se invoca que el “verbo precavere implica aplicar el prae al futuro —lo que está por venir—, tratándose de un ámbito desconocido pese a las leyes de la ciencia, incapaces de agotar los recursos de la experiencia humana y el verbo cavere que marca la atención y la desconfianza”(150). Su concreción jurídica lleva a comprender a la precaución, tradicionalmente, como aquella que es “utilizada para caracterizar ciertos actos materiales para evitar que se produzca un daño”(151). Entendida la precaución como principio(152), esto es, como herramienta de orientación del sistema jurídico(153) “exige tener en cuenta los riesgos que existen en ámbitos de la salud y del medio ambiente pese a la incertidumbre científica, para prevenir los daños que puedan resultar, para salvaguardar ciertos intereses esenciales ligados más a intereses colectivos que a los individuales, de manera que con este fin se ofrezca una respuesta proporcionada propia a la evitabilidad preocupada de una evaluación de riesgos (…) Si subjetivamente, el principio implica una actitud a tener frente a un riesgo, objetivamente, se dirige directamente a la prevención de ciertos daños en ciertas condiciones determinadas”(154). Luego, la precaución es un principio que implica que ante la ausencia, o insuficiencia de datos científicos y técnicos(155), es conveniente, razonable y proporcional adoptar todas aquellas medidas que impida o limiten la realización de una situación de riesgo [expresada como amenaza inminente, irreversible e irremediable] que pueda afectar tanto intereses individuales, como colectivos(156) [con preferencia estos].

89. Y, ¿por qué afirmar la aplicación del principio de precaución para el caso en concreto? Para responder este interrogante, la Sala debe examinar el acervo probatorio, especialmente la prueba documental técnica que obra en el expediente. Del estudio conjunto de los medios probatorios técnicos obrantes en el proceso cabe extraer varias conclusiones que pueden orientar la respuesta: a) no se allegó prueba que ofrezca suficiencia técnica y científica para resolver todas las dudas relativas al estado del “edificio Aristizábal”, ya sea por los condicionantes previos al acaecimiento del terremoto del 25 de enero de 1999, o al uso que durante muchas décadas había tenido el mismo; b) como no se despejan las dudas, las alternativas de manejo son tan diversas que la administración municipal no lograba tener certeza mínima acerca de las consecuencias estructurales y materiales que representaba el estado de la edificación en el futuro si se mantenía el mismo uso; c) pero en lo que sí afirma informe o concepto técnico es que el estado de la edificación representaba una “amenaza inminente” que implicaba la necesidad de haber procedido al aislamiento, suspensión de actividades y limitación de desplazamientos en su interior, como ocurrió(157).

90. Con base en estos tres elementos, la Sala considera que con la operación administrativa ejecutada por la demandada municipio de Calarcá no se incumplió, omitió o desatendió las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias al demoler el 15 de febrero de 1999 el “edificio Aristizábal”, y especialmente por las condiciones y estado en el que se encontraba el mencionado inmueble, el cual no respondía a un diseño adecuado constructivo, no cumplía normas de sismo-resistencia y no fue mantenido oportuna y debidamente, tal como se desprende del análisis del acervo probatorio.

91. Sin duda alguna, la operación administrativa consistente en la demolición no fue irregular o ilegal, sino que puede encuadrarse en la aplicación del principio de precaución, ya que era una de las alternativas con las que se permitía anticipar las amenazas [inminentes, irremediables e irreversibles], o a probables daños que se desencadenaran de no haberse tomado ninguna decisión por parte de la entidad pública municipal demandada, ya que ante la falta de certeza para definir la resistencia de los materiales del inmueble, el tiempo de mantenimiento de las estructuras, y la viabilidad de restaurar o remodelar el mismo, y con los impactos detectados por el concepto técnico con ocasión del terremoto del 25 de enero de 1999, se cernía una amenaza inminente tanto para los inquilinos, como para los transeúntes, los vecinos y todas las personas en la zona de ubicación del mismo en el municipio de Calarcá, poniéndose en cuestión bienes jurídicos sustanciales como a la vida e integridad personal, pero también afectándose libertades económicas y de trabajo, que quedaban condicionadas a una situación de precariedad de la infraestructura en la que se encontraban residiendo o desarrollando una actividad productiva, lo que se agravaba ante la falta de certeza y seguridad de respuesta de la edificación ante el uso, acaecimiento de movimiento telúricos posteriores, cargas por obras, etc., representando, incuestionablemente, una situación irremediable para el ejercicio de derechos tanto en la esfera individual, como en la colectiva.

92. Se reitera por la Sala, que operación administrativa consistente en la demolición del “edificio Aristizábal” permitía anticiparse a daños que podían ocasionarse en el futuro de no haberse realizado o ejecutado, ya que se desconocía el alcance de la restauración que procedía, o de otras acciones que permitieran dotar de protección y seguridad a la integridad de los propios subarrendatarios y de los consumidores y usuarios del mismo, constituyéndose en una situación de amenaza inminente, por el estado de la edificación que podía llevar a desprendimientos parciales, colapso o fisuras que implicaran la creación de un riesgo real y material; así mismo, en una situación de amenaza irreversible, ya que en caso de haber permitido su uso sin concretar el alcance, contenido y tipo de medidas de restauración, la lesión o cercenamiento a derechos estaría latente en el futuro, sin que fuera posible razonable y proporcionalmente retrotraer las consecuencias nocivas; y, finalmente, en una situación de amenaza irremediable, especialmente para los subarrendatarios, que los demandantes desechan en su calidad de propietarios respecto de los arrendatarios, ya que podía implicar el sacrificio de la vida de estos últimos y la de sus familiares que residían o colaboraran con ellos en la actividad comercial que desplegaban, así como para los consumidores y usuarios que lo frecuentaban, ya que no había la más mínima certeza y seguridad de la respuesta de la edificación ante el uso, movimientos telúricos, cargas por obras, etc., representando, sin duda alguna, una situación irremediable para el ejercicio de derechos tanto en la esfera individual, como en la colectiva(158).

93. Por lo tanto, lejos de haber sido una operación administrativa irregular, ilegal, precipitada, o discriminatoria, buscaba atender la problemática de aquellas edificaciones sobre las que el concepto técnico de manera uniforme, o bajo criterios múltiples ofreciera riesgos que debían atenderse, porque de no haber desplegado actividad alguna las consecuencias tanto para el inmueble, como para sus residentes y arrendatarios, y para la comunidad en general del municipio habrían sido sustanciales y cuestionables ante la ineficacia e inoperatividad de la administración pública.

Si se examina el acervo probatorio en conjunto, de manera crítica y armónica se puede extraer: (i) en la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección Primera de Policía del municipio de Calarcá, Quindío, se tuvo en cuenta que la administración pública municipal debía tomar las medidas necesarias y anticipatorias para proteger la vida y el patrimonio de las personas, así como no podía abstenerse de llevar a cabo la operación administrativa consistente en la demolición del edificio “Aristizábal” atendiendo a su estado de deterioro que representaba una amenaza inminente, irremediable e irreversible; (ii) el concepto técnico de la Comisión Técnica recomendó la demolición atendiendo al peligro que representaba la edificación; (ii) la Sociedad de Ingenieros en su concepto recomendó la evacuación inmediata y la demolición del inmueble ante las serias fallas y debilidades estructurales que presentaba la edificación; y, (iii) en los testimonios recaudados no se niega que el inmueble presenta una serie de defectos en su estructura. Luego, se concluye por la Sala que la operación administrativa consistente en la demolición del edificio “Aristizábal” no fue irregular, ni ilegal, sino que por el contrario se desarrolló en pleno cumplimiento de los mandatos anticipatorios en los que se inspira el principio de precaución a los que debía atender la administración pública municipal para impedir la materialización de afectaciones en derechos, bienes e intereses de los ciudadanos, incluso de los propietarios e inquilinos de la misma edificación.

94. De otra parte, también es menester concluir que, si bien la posición de la corporación ha sido que no necesariamente los actos de ejecución de una decisión de la Administración deben ser irregulares para que surja la obligación de indemnizar por parte del Estado, por cuanto puede suceder que con la ejecutoria de una decisión se rompa el equilibrio que debe existir ante las cargas públicas y se grave en forma injusta y desigual a una persona o grupo de personas, es posible acudir a la acción de reparación directa con el fin de obtener la indemnización de perjuicios originada en dicha operación administrativa, aunque esta haya sido completamente regular(159).

95. De acuerdo con la posición de esta la Sección, el Estado “en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales, causa con su actuación un perjuicio de naturaleza especial y anormal a un administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la actuación estatal”(160), lo cierto es que en el presente caso, no se observa que de la operación administrativa se haya derivado un perjuicio de naturaleza especial y anormal, máxime por las circunstancias y consecuencias derivadas del movimiento telúrico de 1999. Si bien la demolición se efectuó y estuvo ajustada al procedimiento establecido, lo cierto es que se trataba de un evento extraordinario, especial por el cual todos los habitantes, sin exclusión alguna, padecieron algún quebrantamiento de sus derechos derivados de un hecho de la naturaleza, a partir del cual la Administración se vio obligada a tomar las medidas pertinentes para reducir o prevenir riesgos futuros derivados de la amenaza de ruina de los inmuebles en los sitios objeto de declaratoria de desastre, como fue el municipio de Calarcá.

96. Respecto a la falta de notificación de la orden de demolición que fue invocada por los demandantes, la Sala advierte que con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Tercera, se presenta una operación administrativa irregular cuando no se notifica, o se notifica indebidamente un acto administrativo, En el presente caso, contrario a lo sostenido por el actos, la actuación de la administración pública municipal demandada se encontraba amparada por las normas especiales consagradas en el Decreto 919 de 1989, al prescindir de las formas de notificación contenidas en el Decreto 1º de 1984, entendiendo que los actos administrativos [el Decreto 12 de 26 de enero de 1999 y la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999] se fundaron en la especial urgencia derivada del evento ocurrido el 25 de enero de 1999(161).

97. Es así como el Decreto 919 de 1989 en su artículo 32, inciso cuarto, dispuso que en los casos de especial urgencia la resolución expedida por el acalde o por la autoridad delegada por éste [facultada otorgada conforme al parágrafo del artículo 33 del mencionado decreto] que ordene la demolición de un inmueble, podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual, no procede notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijaría en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho de la alcaldía respectiva. El interesado en estos eventos, podría ejercer las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la demolición.

98. En el presente asunto la Resolución 4 de 3 de febrero de 1999 de la Inspección Primera de Policía de Calarcá dispuso que la misma fuese fijada en el despacho de la Alcaldía por el término de diez días hábiles(162), y aunque no se llegó a conocer su fijación, este hecho no fue alegado por la parte actora, en tanto que la administración pública municipal alegó su cumplimiento, sin que dicha manifestación hubiese sido controvertida por los demandantes.

99. De esta manera, resulta evidente que no se desconoció el derecho de defensa ni el derecho al debido proceso alegado por la parte actora, y en gracia de discusión, si el demandante estaba cuestionando su inconformidad con los actos administrativos, tenía plena libertad para impugnar en sede gubernativa y con las acciones contenciosas pertinentes los mismos(163). Por lo tanto, ante la especial urgencia que determinaba la operación administrativa consistente en la demolición del edificio “Aristizábal”, se procedió a realizar con fundamento en una actuación amparada constitucional y legalmente en las normas especiales que sobre la materia se expidieron para la época de los hechos.

100. Con fundamento en la anterior motivación y justificación razonada, la Sala no encuentra demostrado que el daño antijurídico sea atribuible fáctica y jurídicamente a la demandada municipio de Calarcá, porque su actividad desplegada en la operación administrativa consistente en la demolición del edificio “Aristizábal” no constituyó una falla en el servicio, ni tampoco implicó la concreción de un daño especial por cuanto no fue un hecho anormal derivado del despliegue realizado por la administración pública municipal, esto es, ya que no fue solamente soportado por los demandantes bajo la asignación de las cargas públicas imponibles a todos los ciudadanos en una situación de desastre como la que se derivó del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, por lo que no se trató de un desbalance, ni se produjo ruptura alguna en el equilibrio de las cargas públicas, sino que se trató de un hecho generalizado en donde se impuso a diferentes sujetos cargas que debían asumirse para el bien de ellos, de sus bienes, de la comunidad y de interés general. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirma la sentencia de primera instancia pero con base en esta motivación.

101. Definido lo anterior, la Sala aborda lo relacionado con la condena en costas.

9. Costas.

102. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 13 de diciembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda, con base en la motivación de la presente providencia.

2. ABSTENERSE de condenar en costas a las partes.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

17 De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 1º de 1984], subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado.

18 La mayor pretensión de la demanda ascendía a la suma de mil quinientos millones de pesos por concepto de perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, lo que implica que superaba la cuantía exigida para el 15 de diciembre de 1999, fecha de presentación de la demanda, que correspondía, según el Decreto 587 de 1997, al valor de dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos [$ 18.850.000].

19 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de octubre de 2014, expediente 11001-03-15-000-2010-01284 (REV).

20 “[…] Se inició la corrida de la cinta de vídeo, el cual es una memoria de lo acaecido el día 15 de febrero del año dos mil (2000), día en que se demolió el inmueble materia del litigio […] El demandante explica al despacho que hará una explicación junto con unos planos que se anexaron dentro del mismo proceso. En primer lugar soy arquitecto y parte demandante dentro del proceso […] Como explicaba la demolición comienza en la carrera 26 con la Calle 38 esquina de Calarcá. La maquinaria utilizada es una excavadora marca Hitachi, E:2000 perteneciente a Invias, traigo también unos posibles catálogos de un equipo similar a ese del cual quiero dejar copia con todas las especificaciones […] se observa primero el vídeo cassette Nº 2, el cual muestra el edificio después del terremoto, con algunas averías, y la forma de su demolición, luego llega una excavadora de oruga, marca Hitachi, y se empieza la demolición por la parte de la esquina, empieza la demolición por el tercer piso, se observa que la columna frontal que sostiene el segundo piso y los siguientes, le causa un poco de dificultad a la máquina para poder derribarla; igualmente se observa que la demolición ha sido muy dispendiosa. El vídeo nos permite apreciar como quedo el edificio por fuera, nunca la filmación nos muestra que [sic] daños internos sufrió el edificio, el suscrito Magistrado le solicita al demandante presente que si puede ilustrar al despacho, acerca de los daños y averías que sufrió el edificio internamente. Manifestó: Los daños internos, se presentaron principalmente en mampostería, o sea, en muros y esto en el primer piso donde funcionaban locales comerciales, en cuanto a la estructura que comprende columnas, vigas y placas de aproximadamente 63 que tenía el edificio calculo [sic] con una revisión que yo hice, calculo [sic] aproximadamente que más [sic] o menos 4 o 5 columnas sufrieron algún daño de consideración, los daños se limitaron por ejemplo en la fachada a desprendimiento del revoque de los muros y columnas quedando en laguas partes al descubierto la estructura, como puede observarse en las fotos que reposan en el expediente […] En cuanto al estado general dl [sic] edificio en la parte exterior podemos observarlo en las fotos que aparecen […] Como decía anteriormente, el daño en la estructura sufrida por el edificio en lo que yo pude apreciar fue entre un 5 y un 7% de la totalidad del edificio, lo cual en mi concepto considero no justificable para tomar una determinación de demoler totalmente una edificación […] Preguntado: Recuerda usted cuánto duró la demolición. Contestó: la demolición comenzó el día ocho (8) de febrero de 1999 a las tres de la tarde y se prolongó [sic] ese día hasta las seis, continuando el día siguiente nueve (9) de febrero a las ocho de la mañana hasta aproximadamente las cinco de la tarde, lo que nos daría un total aproximado de doce horas de duración para la demolición total del edificio” [fls.20 y 21 cuaderno 2].

21 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 12 de agosto de 2013, expediente 27063.

22 En similar sentido: Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 13 de mayo de 2014. “[…] La parte actora, con el fin de acreditar varios de los hechos, aportó al proceso unas fotografías y un videocasete —reposan en sobre separado—, que no serán valorados en esta instancia, comoquiera que carecen de mérito probatorio, pues solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar ni la época en que fueron tomadas o documentadas, y menos se tiene certeza sobre el sitio en el que en ellas aparece, ya que al carecer de reconocimiento o ratificación, no puede cotejarse con otros medios probatorios de prueba allegados al proceso”.

23 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 25 de abril de 2012, expediente 22377. “Con la intención de definir el valor probatorio de las fotografías (…) la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil los documentos que han de apreciarse como pruebas deben ser auténticos, “es decir debe haber certeza respecto de la persona que lo ha elaborado y de que el hecho plasmado en el documento, en este caso en las fotografías, corresponda a la realidad, puesto que, al igual que en cualquier otro documento, hay riesgo de alteración” (…) En relación con las fotografías, además de que resulta imposible establecer su autenticidad, lo cierto es que bajo ningún supuesto pueden ser valoradas dado que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas”.

24 Puede verse: Sección Quinta, sentencia de 1º de noviembre de 2002, expediente 2961.

25 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 1º de julio de 2015, expediente 30186.

26 Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 3 de septiembre de 2015, expediente 34255.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-930A de 6 de diciembre de 2013. “[…] 4.3 La fotografía es un medio probatorio documental de carácter representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido. Esto significa que “la representación debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, ‘ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquel (el intérprete), y no en el objeto que la documenta’”, advirtiéndose en esta misma Sentencia T-269 de 2012 que “el Juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto, tal como lo dispone la preceptiva procesal penal. 4.3.1. Al igual que otro documento y que el dictamen pericial, la fotografía es un medio que el juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto probatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica. Por ser un documento, se determinará si es privado o tiene las connotaciones para ser asumido como público y se verificará su autenticidad y genuinidad conforme a la preceptiva correspondiente”.

28 Sección Tercera, sentencias del 8 de noviembre de 2007, expediente 32966; de 3 de febrero de 2010, expediente 18034; Sub-sección C, sentencias de 26 de febrero de 2014, expediente 37049; de 22 de enero de 2014; de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

29 Se da continuidad a la siguiente línea jurisprudencial: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencias de 26 de febrero de 2014, expediente 37049; de 22 de enero de 2014; de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

30 Se da continuidad a la siguiente línea jurisprudencial: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencias de 26 de febrero de 2014, expediente 37049; de 22 de enero de 2014; de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

31 Se da continuidad a la siguiente línea jurisprudencial: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencias de 26 de febrero de 2014, expediente 37049; de 22 de enero de 2014; de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

32 Se da continuidad a la siguiente línea jurisprudencial: Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 14688; Sub-sección C, sentencias de 26 de febrero de 2014, expediente 37049; de 22 de enero de 2014; de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

33 Corte Constitucional, Sentencia T-930A de 6 de diciembre de 2013. “[…] Las fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse a través de ellas y que debe tenerse certeza de la fecha y lugar en que se tomó la imagen, correspondiéndole al juez efectuar su cotejo con testimonios, documentos u otros medios probatorios”.

34 Corte Constitucional, Sentencia T-930A de 6 de diciembre de 2013.

35 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de enero de 2012, expediente 11001-03-15-000-2011-00615-00 (PI).

36 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo, T.II, 4ª ed, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 54. La presunción de legalidad es “una prolongación de la legalidad al mundo de la eficacia del acto, legalidad que se presume cuando el acto se hace ejecutorio. Por tal virtud, se considera que la manifestación voluntaria de la administración se encuentra conforme a derecho, y se acepta que reúne todas las condiciones y elementos indispensables para concluir que es un acto regular y perfecto, mientras no se demuestre lo contrario”.

37 Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p. 510. Tal y como lo explica Mazeaud: “Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» […]”.

38 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”, ob., cit., p. 507.

39 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.

40 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.

41 Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021. “[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia”.

42 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p. 403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

43 Henao, Juan Carlos, El Daño - Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 131

44 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p. 403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

45 Henao, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 131

46 Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Anuario de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 4, 2000, p. 185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Martin Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al PROF. Luis H. Farías Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp. 278 y 279. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”.

47 Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329.

48 Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

49 Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”., ob., cit., p. 186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”.

50 Mill, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp. 152 y 153. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”.

51 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013.

52 Rawls, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p. 279. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado […] El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”.

53 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p. 168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.

54 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p. 297. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”.

55 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p. 298.

56 Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203. “[…] el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo […] Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad solo por la simple amenaza del daño, con la condición de que este último sea suficientemente grave” […] La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido […] La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”.

57 Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”.

58 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

59 Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”.

60 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

61 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.

62 Respecto del daño como presupuesto para declarar la responsabilidad del Estado y como primer elemento a estudiar en los procesos de reparación directa, véase, entre otras sentencias: Sección Tercera, sentencias del 10 de septiembre de 1993, expediente 6144; del 2 de marzo de 2000, expediente 11135; del 9 de marzo de 2000, expediente 11005; del 16 de marzo de 2000, expediente 11890; del 18 de mayo de 2000, expediente 12129; del 4 de diciembre de 2002, expediente 12625; del 4 de diciembre de 2007, expediente 16241; del 1º de diciembre de 2008, expediente 16472.

63 Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 38.

64 Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002, expediente 12625.

65 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, Bogotá, Editorial Temis, 5ª Edición, 2011, pp. 28 y ss.

66 “[…] procedo a efectuar la partición y adjudicación de los bienes sucesorales de acuerdo con sus autos de 1º. de marzo de 1.981, en el cual se decretan tales diligencias y se me autoriza realizar el trabajo y el de 16 de marzo del año en curso por el cual se admite la prórroga del término para efectuarlo […]
Antecedentes
Consta en autos que los esposos Gerardo Aristizábal Fernández y Deyanira Garrido de Aristizábal fallecieron en esta ciudad el 22 de noviembre de 1980 y el 10 de octubre de 1979, respectivamente sin otorgar testamento; que de ese matrimonio son hijos legítimos Dolly, Carmenza, Alvaro y Clara Inés Aristizábal Garrido y lo fué [sic] Beatriz Aristizábal Garrido, quien contrajo matrimonio con Guillermo León Duque el 21 de noviembre de 1970 y falleció el 7 de marzo de 1978, matrimonio del cual es hija la menor Beatriz Helena Duque Aristizábal, nacida el 21 de julio de 1974 y quien representa a su difunta madre en este proceso sucesorio; y que todos los herederos aceptaron la herencia con beneficio de inventario.
[…]
1- Hijuela de Dolly Aristizábal Garrido.
Le corresponden bienes por un valor de un millón setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos moneda corriente,…………………………………………………………………..$ 1’748.944
Para cubrirle este valor se le adjudican en pleno dominio y propiedad los siguientes bienes:
A) Un derecho proindiviso de dominio equivalente a la suma de Un [sic] millón quinientos noventa y dos mil sesenta y cuatro pesos ($ 1’592.064) M/Cte., en relación con un avalúo de $ 6.000.000 o sea un porcentaje de veintiséis punto quinientos treinta y cuatro (26.534%) sobre el inmueble relacionado en la Partida Primera, inmuebles, de los inventarios, consistente en un edificio de tres plantas situado en la ciudad de Calarcá (Quindío), en la Calle 38 de dicha ciudad, construido según los datos que aparecen en la constancia # 3.556 expedida por la Oficina de Catastro de Calarcá el 30 de julio de 1.981, sobre los predios Nos. 01-0-124-001, 01-0-124-011 y 01-0-124-012, cuyas respectivas nomenclaturas son al presente: Cra 27 # 37-52; Calle 38 # 26-25, con los siguientes linderos generales: Norte, con la Calle 38; SUR, con predios que son o fueron de Ricardo Rodríguez Ramos, Eutimio Díaz y Francisco Villa; Oriente, con la Carrera 26 (antes Cra. 8ª.) y occidente, con la Cra. 27 (antes Cra. 9ª.). El conjunto de los tres predios tiene, según la constancia arriba citada, área aproximada de Un [sic] mil Noventa [sic] y Ocho [sic] metros cuadrados (1.098 M2). El edificio tiene área construida aproximada de Tres Mil [sic] metros cuadrados (3.000 M2). Este inmueble fue [sic] adquirido por el causante Gerardo Aristizábal F. Así: la edificación, por haberla construido a sus expensas y el terreno, por permuta efectuada con Teresa Valencia de Aguirre, como consta en la escritura pública #507 de 9 de junio de 1938, otorgada en la Notaría Primera de Armenia, registrada el 17 de los mismos mes y año en el Libro 1º, folio 338, partida #417 (o 17) y con matrícula a los folios Nos. 10, 11, 12 y 14 del Tomo 10 de Calarcá […].
2-Hijuela de Carmenza Aristizábal de De la Hoz.
Le corresponden bienes por valor de…………………………………….$ 1’748.944
Para cubrírselo se le adjudican en pleno dominio y propiedad los siguientes bienes:
A) Un derecho proindiviso de dominio equivalente la suma de Un [sic] millón quinientos cinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos (1’505.664) M/Cte., en relación con un avalúo de $ 6.000.000, o sea un porcentaje de veinticinco punto cero noventa y cuatro por ciento (25.094%), sobre el inmueble relacionado en la Partida Primera, Inmuebles [sic], de los inventarios, consistente en un edificio de tres plantas situado en la ciudad de Calarcá (Quindío), en la calle 38 de dicha ciudad, construido según los datos que aparecen datos que aparecen en la constancia # 3.556 expedida por la Oficina de Catastro de Calarcá el 30 de julio de 1.981, sobre los predios Nos. 01-0-124-001, 01-0-124-011 y 01-0-124-012, cuyas respectivas nomenclaturas son al presente: Cra 27 # 37-52; Calle 38 # 26-25, con los siguientes linderos generales: Norte, con la Calle 38; SUR, con predios que son o fueron de Ricardo Rodríguez Ramos, Eutimio Díaz y Francisco Villa; Oriente, con la Carrera 26 (antes Cra. 8ª.) y occidente, con la Cra. 27 (antes Cra. 9ª.). El conjunto de los tres predios tiene, según la constancia arriba citada, área aproximada de Un [sic] mil Noventa [sic] y Ocho [sic] metros cuadrados (1.098 M2). El edificio tiene área construida aproximada de Tres Mil [sic] metros cuadrados (3.000.oo M2). Este inmueble fué [sic] adquirido por el causante Gerardo Aristizábal F. Así: la edificación, por haberla construido a sus expensas y el terreno, por permuta efectuada con Teresa Valencia de Aguirre, como consta en la escritura pública #507 de 9 de junio de 1.938, otorgada en la Notaría Primera de Armenia, registrada el 17 de los mismos mes y año en el Libro 1º, folio 338, partida #417 (o 17) y con matrícula a los folios Nos. 10, 11, 12 y 14 del Tomo 10 de Calarcá […]
[…]
3- Hijuela de Álvaro Aristizábal Garrido.
Le corresponden bienes por valor de…………………………………..$ 1’748.944
Para cubrírselo se le adjudican en pleno dominio y propiedad los siguientes bienes:
A) Un derecho proindiviso de dominio equivalente a la suma de setecientos cuarenta y dos mil sesenta y cuatro pesos ($742.064) M/Cte., en relación con un avalúo de $ 6.000.000, o sea un porcentaje de doce punto trescientos sesenta y ocho por ciento (12.368%) sobre el inmueble relacionado en la Partida Primera, inmuebles, de los inventarios, consistente en un edificio de tres plantas situado en la ciudad de Calarcá (Quindío), en la calle 38 de dicha ciudad, construido según los datos que aparecen datos que aparecen en la constancia # 3.556 expedida por la Oficina de Catastro de Calarcá el 30 de julio de 1.981, sobre los predios Nos. 01-0-124-001, 01-0-124-011 y 01-0-124-012, cuyas respectivas nomenclaturas son al presente: Cra 27 # 37-52; Calle 38 # 26-25, con los siguientes linderos generales: NORTE, con la Calle 38; SUR, con predios que son o fueron de Ricardo Rodríguez Ramos, Eutimio Díaz y Francisco Villa; ORIENTE, con la Carrera 26 (antes Cra. 8ª.) y OCCIDENTE, con la Cra. 27 (antes Cra. 9ª.). El conjunto de los tres predios tiene, según la constancia arriba citada, área aproximada de Un [sic] mil Noventa [sic] y Ocho [sic] metros cuadrados (1.098,oo M2). El edificio tiene área construida aproximada de Tres Mil [sic] metros cuadrados (3.000.oo M2). Este inmueble fué [sic] adquirido por el causante Gerardo Aristizábal F. Así: la edificación, por haberla construido a sus expensas y el terreno, por permuta efectuada con Teresa Valencia de Aguirre, como consta en la escritura pública #507 de 9 de junio de 1.938, otorgada en la Notaría Primera de Armenia, registrada el 17 de los mismos mes y año en el Libro 1º, folio 338, partida #417 (o 17) y con matrícula a los folios Nos. 10, 11, 12 y 14 del Tomo 10 de Calarcá […].
[…]
4-Hijuela de Clara Inés Aristizábal Garrido.
Le corresponde bienes por un valor de $ 1’748.944.
Para cubrirle este valor se le adjudican en pleno dominio y propiedad los siguientes bienes:
A) Un derecho de dominio proindiviso equivalente a la suma de Quinientos [sic] noventa y dos mil sesenta y cuatro pesos ($ 592.064) M/Cte., en relación a un avalúo de $ 6.000.000 o sea un porcentaje de nueve punto ochocientos sesenta y ocho por ciento (9.868%) sobre el inmueble relacionado en la Partida Primera, inmuebles, de los inventarios, consistente en un edificio de tres plantas situado en la ciudad de Calarcá (Quindío), en la calle 38 de dicha ciudad, construido según los datos que aparecen datos que aparecen en la constancia # 3.556 expedida por la Oficina de Catastro de Calarcá el 30 de julio de 1.981, sobre los predios Nos. 01-0-124-001, 01-0-124-011 y 01-0-124-012, cuyas respectivas nomenclaturas son al presente: Cra 27 # 37-52; Calle 38 # 26-25, con los siguientes linderos generales: Norte, con la Calle 38; Sur, con predios que son o fueron de Ricardo Rodríguez Ramos, Eutimio Díaz y Francisco Villa; Oriente, con la Carrera 26 (antes Cra. 8ª.) y occidente, con la Cra. 27 (antes Cra. 9ª.). El conjunto de los tres predios tiene, según la constancia arriba citada, área aproximada de Un [sic] mil Noventa [sic] y Ocho [sic] metros cuadrados (1.098 M2). El edificio tiene área construida aproximada de Tres Mil [sic] metros cuadrados (3.000 M2). Este inmueble fué [sic] adquirido por el causante Gerardo Aristizábal F. Así: la edificación, por haberla construido a sus expensas y el terreno, por permuta efectuada con Teresa Valencia de Aguirre, como consta en la escritura pública #507 de 9 de junio de 1.938, otorgada en la Notaría Primera de Armenia, registrada el 17 de los mismos mes y año en el Libro 1º, folio 338, partida #417 (o 17) y con matrícula a los folios Nos. 10, 11, 12 y 14 del Tomo 10 de Calarcá […].
[…]
5- Hijuela de Beatriz Helena Duque Aristizábal.
Le corresponden bienes por valor de…………………………………..$ 1’748.944.
Para cubrirle este valor se le adjudican en pleno dominio y propiedad los siguientes bienes:
A) Un derecho proindiviso de dominio equivalente a la suma de Un [sic] millón quinientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 1’568.144) M/Cte., en relación con un avalúo de $ 6.000.000, o sea un porcentaje de veintiséis punto ciento treinta y seis por ciento (26.136%) sobre el inmueble relacionado en la Partida Primera, inmuebles, de los inventarios, consistente en un edificio de tres plantas situado en la ciudad de Calarcá (Quindío), en la calle 38 de dicha ciudad, construido según los datos que aparecen datos que aparecen en la constancia # 3.556 expedida por la Oficina de Catastro de Calarcá el 30 de julio de 1981, sobre los predios Nos. 01-0-124-001, 01-0-124-011 y 01-0-124-012, cuyas respectivas nomenclaturas son al presente: Cra 27 # 37-52; Calle 38 # 26-25, con los siguientes linderos generales: Norte, con la Calle 38; Sur, con predios que son o fueron de Ricardo Rodríguez Ramos, Eutimio Díaz y Francisco Villa; Oriente, con la Carrera 26 (antes Cra. 8ª.) y occidente, con la Cra. 27 (antes Cra. 9ª.). El conjunto de los tres predios tiene, según la constancia arriba citada, área aproximada de Un [sic] mil Noventa [sic] y Ocho [sic] metros cuadrados (1.098 M2). El edificio tiene área construida aproximada de Tres Mil [sic] metros cuadrados (3.000 M2). Este inmueble fué [sic] adquirido por el causante Gerardo Aristizábal F. Así: la edificación, por haberla construido a sus expensas y el terreno, por permuta efectuada con Teresa Valencia de Aguirre, como consta en la escritura pública #507 de 9 de junio de 1.938, otorgada en la Notaría Primera de Armenia, registrada el 17 de los mismos mes y año en el Libro 1º, folio 338, partida #417 (o 17) y con matrícula a los folios Nos. 10, 11, 12 y 14 del Tomo 10 de Calarcá […]
[…]
Aclaración para posible modificación/
Durante el tiempo de las discusiones sobre la repartición de los bienes y hasta último momento, todos los interesados estuvieron de acuerdo y hasta último momento, todos los interesados estuvieron de acuerdo en la conveniencia de dividir el Edificio de Calarcá en tres (3) bloques, sobre lo cual siguen acordes cuatro de los cinco herederos, sosteniendo que se trata de una división natural, tanto por la separación que existe en el Catastro sobre los lotes en que está edificado, a los que corresponden registros y nomenclaturas independientes, como por la distribución de los apartamentos y locales en tres secciones prácticamente separadas. Basado en lo anterior y con apoyo en la razonada y conocida oposición de las leyes a las comunidades de bienes por los perjuicios de todo orden que acarrean, los que en este caso particular parecen indiscutibles, atentamente solicito del señor Juez que si no se presentan objeciones específicas sobre la división en bloques (supuesto probable por cuanto las esbozadas en las discusiones nada tenían que ver con la partición misma), lo que dejaría vivo el acuerdo unánime sobre dicha división, se acepte y apruebe la partición del edificio de Calarcá con las siguientes proporciones en los diferentes bloques:
Dolly Aristizábal. % bloques %Edif
Bloque 1 $770.906 37%
Bloque 3 821.158 44%
Total $ 1’592.064 26.534% $1’592.064
Carmenza Aristizábal
Bloque 1. $ 590.000 28%
Bloque 2. 487.302 24%
Bloque 3.428.362 23%
Total $ 1’505.664 25.094% $ 1’505.664
Alvaro Aristizábal
Bloque 1. $ 742.064 35% 12.368% $ 742.064
Clara Inés Aristizábal
Bloque 3. $ 592.064 33% 9.868% $ 592.064.
Beatriz Helena Duque.
Bloque 2 $ 1’568.144 ____ 76% ___ 26.136% $ 1’568.144.
100% - 100% 100% 100.000% 6’000.000”

[fls.12 a 57 cuaderno 1]. Copia de la partición y adjudicación de bienes sucesorales presentada ante el Juez Veintidós [22] del Circuito de Bogotá [fls.111 a 157 cuaderno 2].

67 Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.158 cuaderno 2], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14812.

68 Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.159 cuaderno 2], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14813.

69 Certificado de Tradición y Libertad expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá expedida el 9 de diciembre de 1999 [fl.160 cuaderno 2], correspondiente a la matrícula inmobiliaria número 282-14814.

70 “[…] Que revisados los archivos catastrales correspondientes al municipio de Calarcá ==================, departamento de Quindío==================, se encontró [sic] la siguiente inscripción [sic]:
Predio número: 010001240001000 Matricula inmobil (sic) .: 282-0014814-88
Área de terreno: 360 Mt2 Área construida: 955 Mt2
Avaluó catastral: ****89,217,000 Vigencia predial: 1999/01/01
Dirección: K 27 37 52 Ubicación: Urbano
Nombre inscrito Identificación Estado civil
Aristizbal (sic) Garrido Dolly 000000000000
Arisrizabal (sic) Garrido Clara-INES 000000000000
Aristizabal (sic) * Carmenza 000000000000” [fl.76 cuaderno 1].

71 “[…] Que revisados los archivos catastrales correspondientes al municipio de Calarcá ==================, departamento de Quindío==================, se encontró [sic] la siguiente inscripción [sic]:
Predio número: 010001240001000 Matricula inmobil (sic).: 282-0014813-88
Área de terreno: 366 Mt2 Área construida: 955 Mt2
Avalúo catastral: ***113,092,000 Vigencia predial: 1999/01/01
Dirección: C 38 26 31 Ubicación: Urbano
Nombre inscrito Identificación Estado civil
Aristizábal * Carmenza 000000000000
Duque Aristizábal Beatriz-Helena 000000000000” [fl.77 cuaderno 1].

72 “[…] Que revisados los archivos catastrales correspondientes al municipio de Calarcá ==================, departamento de Quindío==================, se encontró [sic] la siguiente inscripcion [sic]:
Predio número: 010001240001000 Matricula inmobil (sic).: 282-001482-88
Área de terreno: 372 Mt2 Área construida: 955 Mt2
Avalúo catastral: ***116,441,000 Vigencia predial: 1999/01/01
Dirección: C 38 26 11 Ubicación: Urbano
Nombre inscrito Identificación Estado civil
Arisrizabal (sic) Garrido Dolly 000000000000
Arisrizabal (sic) Garrido Álvaro 000000000000
Aristizabal (sic) * Carmenza 000000000000” [fl.78 cuaderno 1].

73 “[…] 1. Que desde el año 1.990 recibió de los solicitantes un bien inmueble ubicado en la calle 38 entre carreras 26 y 27 de la ciudad de Calarcá para administrarlo en lo referente a arrendamientos”.

74 Por lo que se resolvió: “Artículo Primero: Ordenar y ejecutar la demolición inmediata del inmueble ubicado en la calle 38 entre Kras [sic] 26 y 27 Edificio Aristizábal de Calarcá, de conformidad con los considerandos anteriores, a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad pública”.

75 “[…] Hoy Quince [sic] de febrero de mil novecientos noventa y nueve, siendo las 4:00 pm al despacho en uso de sus atribuciones legales y para dar cumplimiento a la Resolución 4 del tres de febrero de 1999, nos hicimos presentes en predio ubicado en la calle 38 entre kr [sic] 26 y 27 donde funciona edificio Aristizábal, en compañía del Ingeniero Luis Fernando Melo T.P. Nº 6302 4387 de [ilegible], procedimos a efectuar la demolición total de dicho inmueble, verificando previamente que el mismo se encontrara completamente evacuado” [fl.72 cuaderno 1].

76 “[…] Se inició la corrida de la cinta de vídeo, el cual es una memoria de lo acaecido el día 15 de febrero del año dos mil (2000), día en que se demolió el inmueble materia del litigio […] El demandante explica al despacho que hará una explicación junto con unos planos que se anexaron dentro del mismo proceso. En primer lugar soy arquitecto y parte demandante dentro del proceso […] Como explicaba la demolición comienza en la carrera 26 con la Calle 38 esquina de Calarcá. La maquinaria utilizada es una excavadora marca Hitachi, E:2000 perteneciente a Invias, traigo también unos posibles catálogos de un equipo similar a ese del cual quiero dejar copia con todas las especificaciones […] se observa primero el vídeo cassette Nº 2, el cual muestra el edificio después del terremoto, con algunas averías, y la forma de su demolición, luego llega una excavadora de oruga, marca Hitachi, y se empieza la demolición por la parte de la esquina, empieza la demolición por el tercer piso, se observa que la columna frontal que sostiene el segundo piso y los siguientes, le causa un poco de dificultad a la máquina para poder derribarla; igualmente se observa que la demolición ha sido muy dispendiosa. El vídeo nos permite apreciar como quedo el edificio por fuera, nunca la filmación nos muestra que [sic] daños internos sufrió el edificio, el suscrito Magistrado le solicita al demandante presente que si puede ilustrar al despacho, acerca de los daños y averías que sufrió el edificio internamente. Manifestó: Los daños internos, se presentaron principalmente en mampostería, o sea, en muros y esto en el primer piso donde funcionaban locales comerciales, en cuanto a la estructura que comprende columnas, vigas y placas de aproximadamente 63 que tenía el edificio calculo [sic] con una revisión que yo hice, calculo [sic] aproximadamente que mas [sic] o menos 4 o 5 columnas sufrieron algún daño de consideración, los daños se limitaron por ejemplo en la fachada a desprendimiento del revoque de los muros y columnas quedando en laguas partes al descubierto la estructura, como puede observarse en las fotos que reposan en el expediente […] En cuanto al estado general dl [sic] edificio en la parte exterior podemos observarlo en las fotos que aparecen […] Como decía anteriormente, el daño en la estructura sufrida por el edificio en lo que yo pude apreciar fue entre un 5 y un 7% de la totalidad del edificio, lo cual en mi concepto considero no justificable para tomar una determinación de demoler totalmente una edificación […] Preguntado: Recuerda usted cuánto duró la demolición. Contestó: la demolición comenzó el día ocho (8) de febrero de 1999 a las tres de la tarde y se prolongo [sic] ese día hasta las seis, continuando el día siguiente nueve (9) de febrero a las ocho de la mañana hasta aproximadamente las cinco de la tarde, lo que nos daría un total aproximado de doce horas de duración para la demolición total del edificio” [fls.20 y 21 cuaderno 2].

77 “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración [Sentencia C-333 de 1996]. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución [Sentencia C-832 de 2001]”. Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006.

78 Cabe fundarse en la aproximación al derecho penal, de manera que “se admite que al lado de una antijuridicidad formal, definida abstractamente por contraposición con el ordenamiento jurídico, existe una antijuridicidad material que está referida a juicios de valor (…) solo desde un punto de vista valorativo se puede explicar que en la antijuridicidad tengan que encontrar su fundamento y su asiento las causas de justificación. En sentido material, la antijuridicidad es un juicio valorativo o juicio de desvalor que expresa… el carácter objetivamente indeseable para el ordenamiento jurídico, de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y puede ser un juicio de desvalor acerca del resultado o un juicio de desvalor acerca de la conducta cuando esta pueda ser considerada peligrosa ex ante”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p. 303.

79 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014.

80 Garrido Falla, Fernando. “La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado”, en Revista de Administración Pública. Nº 119, mayo-agosto, 1989, p. 8. “En la base de la teoría estaba la consideración de que muchas actuaciones del poder no se diferenciaban en absoluto de las que hubiese podido realizar un particular”.

81 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014.

82 Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por otra par- te, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7º para no violentar el derecho convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado de los supuestos previstos en dicho numeral”. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No. 131, 2011, p. 920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano contra Chile argumentó: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.

83 En la jurisprudencia constitucional colombiana dicho principio se entiende como aquel que “impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”. Corte Constitucional, Sentencia T-191 de 2009. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencias C-177 de 2001; C-148 de 2005; C-376 de 2010.

84 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 “La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29, Convención Americana de Derechos Humanos”, del 13 de noviembre de 1985. Serie A. No. 5, párrafo 46. Principio que “impone que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos”.

85 Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

86 Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001. En la jurisprudencia constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”.

87 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

88 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p. 49. Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración. Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM. Nº 4, 2000, p. 308. La “responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero, coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del Poder”.

89 Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001. “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”.

90 Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

91 Rivero, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: Berlia. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p. 685; BÉNOIT, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.

92 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p. 120. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”.

93 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pp. 120-121.

94 Rivero, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p. 685; Benoit, Francis-Paul. “Le regime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Administratif. Fasc. 700, 715, 716, 720, No.1178, 1954, p. 1.

95 Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Puede verse también Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

96 Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002.

97 Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pp. 212 y 213. “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Solo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”.

98 Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente 21515.

99 Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente 23492.

100 Sánchez Morón, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p. 927. “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”.

101 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 7ª ed, Trotta, Madrid, 2010, p. 22. “[…] El paradigma del Estado constitucional de derecho —o sea, el modelo garantista— no es otra cosa que esta doble sujeción del derecho al derecho, que afecta ambas dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la validez, la forma y la sustancia, los signos y los significados, la legitimación formal y la legitimación sustancial o, si se quiere, la <<racionalidad formal>> y la <<racionalidad material>> weberianas. Gracias a la disociación y a la sujeción de ambas dimensiones a dos tipos de reglas diferentes, ha dejado de ser cierto que la validez del derecho dependa, como lo entendía Kelsen, únicamente de requisitos formales, y que la razón jurídica moderna sea, como creía Weber, solo una <<racionalidad formal>>; y también que la misma esté amenazada, como temen muchos teóricos actuales de la crisis, por la inserción en ella de una <<racionalidad material>> orientada a fines, como lo sería la propia del moderno Estado social. Todos los derechos fundamentales —no solo los derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y los correspondientes deberes negativos que limitan sus intervenciones—equivalen a vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio que es el Estado constitucional de derecho” [subrayado fuera de texto].

102 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

103 Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p. 35. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”.

104 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”.

105 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp. 6 y 7. “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”.

106 Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 ss. “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”.

107 Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.

108 Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p. 7.

109 Fabra Zamora, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad extracontractual”, en Bernal Pulido, Carlos, Fabra Zamora, Jorge (eds), La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pp. 25 y 26. “[…] Varios factores, como el acelerado desarrollo industrial y la intervención del Estado en la economía, pusieron en jaque a diferentes nociones y conceptos de la sociedad liberal clásica, sin mencionar los cambios en el paradigma filosófico, con la consolidación de la filosofía analítica como la escuela dominante de pensamiento. El problema de la causalidad jugó un papel muy importante en espolear este tipo de visión filosófica. En particular, la obra de H.L.A. Harty Anthony Honoré sobre la causalidad desde la perspectiva de la filosofía analítica demostró que la “dogmática tradicional (principalmente ocupada de la coherencia y la explicación de la doctrina de la responsabilidad extracontractual) se había agotado así misma”[subrayado fuera de texto].

110 Fabra Zamora, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad extracontractual”, en Bernal Pulido, Carlos, Fabra Zamora, Jorge (eds), La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p. 103. “[…] Para una teoría adecuada, entonces, propone conceptualizar el estándar de debido cuidado (en su concepto, el fundamento de la compensación), en términos de una imposición razonable de riesgos, en vez de una imposición racional de riesgos, de una forma que determine estándares de conducta y sea compatible con el contrato social”.

111 Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (…) No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sección Tercera, sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente 14170.

112 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p. 171.

113 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 62. “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización(…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”.

114 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 64. “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”.

115 Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “[…] la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p. 259. A lo que agrega: “(…) no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, p. 430.

116 Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 31. Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”.

117 Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss.

118 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. A lo que se agrega por el mismo precedente: “En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro. Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás. 2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos (Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993. Pags. 796 y ss)”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 16. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de esta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”.

119 Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

120 Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p. 23. “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”.

121 Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p. 204.

122 Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”., ob., cit., p. 308. “[…] el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que estas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”.

123 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492.

124 Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p. 211. Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”., ob., cit., p. 311.

125 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 24392. “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.

126 Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p. 174. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. De acuerdo con Martín Rebollo “(…) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado solo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que este sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función «remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido —concluye— la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa»”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 4, 2000, p. 307.

127 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo, T.II, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 110.

128 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo, T.II, ob., cit., p. 111.

129 Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 1991, expediente 8331; de 17 de agosto de 1995, expediente 7095; de 23 de agosto de 2001, expediente 13344.

130 Ver sentencias de 17 de abril de 1991, expediente 6602; 30 de junio de 1992, expediente 4315 y 17 de agosto de 1995 expediente: 7095.

131 Ver sentencias de 17 de agosto de 1995, expediente 7095; 31 de agosto de 1991, expediente 8331; sentencia de 23 de agosto de 2001, expediente: 13344.

132 Puede verse: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de marzo de 2013, expediente 25827; Sub-sección C, sentencia de 24 de abril de 2013, expediente 25111; Sub-sección C, sentencia de 8 de mayo de 2013, expediente 25834; Sub-sección C, sentencia de 8 de mayo de 2013, expediente 25874; Sub-sección C, sentencia de 8 de mayo de 2013, expediente 25886; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 26169; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29010; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29480; Sub-sección C, sent3encia de 13 de junio de 2013, expediente 29493; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29499; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29505; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 31084; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 26472; Sub-sección C, sentencia de 24 de julio de 2013, expediente 29043; Sub-sección C, sentencia de 22 de enero de 2014, expediente 23556; Sub-sección C, sentencia de 14 de mayo de 2014, expediente 29157.

133 López Blanco, Hernán Fabio. Pruebas. Procedimiento Civil. Dupré editores, Bogotá, 2008, pág. 58 y 59. “(…) Se entiende por tal aquel que dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos, dentro de un determinado territorio y en una determinada época, pues la notoriedad puede ser mundial, continental, regional o puramente municipal y está referida a un determinado lapso, de modo que lo que en un determinado proceso podría erigirse como hecho notorio, en otro no necesariamente tiene esa connotación (…) Puede predicarse como característica tipificadora del hecho notorio su actualidad, es decir, que el conocimiento del mismo perdure con perfiles nítidos y así lo asimile la comunidad en general, lo cual destaca que con el paso del tiempo puede dejar de ser hecho notorio lo que en determinado momento lo fue, de ahí que lo que interesa es que esa actualidad prosiga cuando se adelanta el proceso y va a ser tomada la determinación pertinente, sin que sea del caso asignar determinados lapso como guía, pues solo el que perdure el conocimiento en la memoria colectiva es lo que caracteriza el hecho notorio (…)”. Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

134 Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

135 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

136 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

137 Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

138 “[…] 1. Efectivamente la totalidad de los Edificios [sic] enumerados en el concepto técnico emitido por la “Sociedad Calarqueña de Ingenieros” y cuya fotocopia se adjuntó al despacho comisorio, fueron demolidos completamente según las Resoluciones proferidas por la Inspección Primera Municipal de Calarcá y cuyas copias auténticas tengo a la vista
2. […]
d.) El Edificio [sic] Aristizábal se demolió el 15 de Febrero de 1999 según acta de demolición Nº 004.
e.) Las Cúpulas [sic] y Fachada [sic] de la Iglesia San José se demolieron en distintas fechas en razón a que hubo que utilizar diferentes medios técnicos sin resultado positivo hasta cuando su demolición se hizo por unidades de la construcción, razón por la cual no hay una fecha precisa de tal determinación.
f.) La Plaza de Mercado se demolió el 13 de Febrero de 1999 según acta de demolición Nº 006.
[…]
i.) Cabe agregar que según las Inspecciones 1ª y 2ª de Policía de Calarcá se han proferido cerca de un mil (1.000) Resoluciones de demolición no solamente de edificios sino viviendas ubicados [sic] en el área urbana de Calarcá cuyas actas de demolición reposan en los archivos de dichas dependencias en distintas fechas a partir del sismo del 25 de Enero de 1999.
3. Aclarando que no soy Ingeniero Civil ni Arquitecto, en el caso concreto del Edificio Aristizábal situado en la calle 38, sí era inminente la necesidad de demoler y era un caso de especial urgencia según los conceptos emitidos por la Comisión Técnica integrada por los Drs. Luis Fernando Zuluaga Torres Secretario Municipal de Obras Públicas y Hernán Quintero Rengifo Presidente de la “Sociedad Calarqueña de Ingenieros”, los cuales a su vez se fundamentaron en el concepto técnico emitido por los profesionales Mario Hernán Montoya, Ingeniero Civil Especialista en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural y los Ingenieros Civiles Jorge Eliécer Santamaría González y Pedro Antonio Valencia Correa quienes por acta 1 del 3 de febrero de 1999 recomendaron la demolición total de las edificaciones relacionadas en el documento anexo que hizo parte integral de dicha acta, refiriéndose a las ocho edificaciones contenidas en el concepto técnico. La misma acta recomendó en forma expresa a la Administración tomar las medidas pertinentes para evacuar el ingreso de personas a los inmuebles a demoler y a las zonas próximas a tal demolición.
4. Imposible certificar si se ha cumplido o no la orden de demolición de todos los edificios de Calarcá porque como ya lo aseveré, se produjeron cerca de un mil (1.000) Resoluciones de demolición en el área de Calarcá, pero la demolición total sí se cumplió en los ocho (8) inmuebles enumerados en el concepto técnico citados por la “Sociedad Calarqueña de Ingenieros” [fls.15 a 17 cuaderno 2].

139 “[…] Al punto primero: En cumplimiento de la ley la Alcaldía Municipal de Calarcá, una vez conocido el concepto técnico emitido por la Sociedad de Ingenieros de Calarcá que conceptuaban sobre la demolición inmediata y total de cualquier inmueble que amenazara serio peligro de derrumbe, no tenía ninguna alternativa entre demoler o no como decisión inicial, pero si el propietario del inmueble respectivo solicitaba ante la Secretaría Municipal de Obras la no demolición haciéndose responsable de todo daño o perjuicio a las personas o a las cosas que se causara en el futuro, se suspendía dicha orden. Para ello la Alcaldía Municipal hizo conocer a la opinión pública por medio de avisos radiales y en la prensa sobre dicho aspecto y en cada uno de los edificios o casas a demoler se fijó un aviso donde se informaba con más de diez días de anticipación sobre dicha determinación.
En el caso concreto del templo San José ubicado en el marco del Parque de Bolívar de Calarcá, el concepto técnico ordenó la demolición total de dicho templo y después de múltiples tentativas solo se derribó la cúpula que estaba mas [sic] erosionada, para lo cual se intentaron varios métodos hasta la demolición de dicha cúpula en forma manual. Cuando de procedía a la demolición de las restantes cúpulas y la fachada de dicho templo, los Srs. Obispo de la Diócesis de Armenia y el Cura Párroco del mismo templo solicitaron a la Administración Municipal parar la demolición del mismo bajo la responsabilidad de dichas Diócesis y Parroquia, razón esta por la cual no se demolió la totalidad del mismo.
[…]
Al punto segundo: Efectivamente, no todas las ordenes [sic] de demolición, cerca de un mil (1.000) en edificios y viviendas en el área urbana de Calarcá, se cumplieron porque precisamente los propietarios informados oportunamente de tal medida, le solicitaron a la Administración Municipal que asumían bajo su responsabilidad cualquier daño que se causara a las personas o a las cosas y que por lo tanto no se llevara a cabo la demolición de su propiedad.
Puedo asegurar con certeza absoluta que en el caso concreto del “Edificio Aristizábal” sus propietarios no hicieron petición ninguna sobre la materia pese a que se les comunicó con la debida anticipación por intermedio de la firma “Colfimer” que era la inmobiliaria encargada de los arrendamientos percibidos en toda la edificación” [fls.95 a 97 cuaderno 2].

140 “[…] Preguntado: Diga al Despacho si conoce a los señores Álvaro [sic], Dolly, Clara Inés, Carmenza Aristizábal Garrido y Beatriz Elena Duque Aristizábal, en caso afirmativo, donde [sic] los conocio [sic], cuanto [sic] hace, en razón de que [sic], y que [sic] amistad o negocios a [sic] tenido con ellos. Contesta: Yo los distingo mas [sic] que todo he tenido más conocimiento con el Dr. Álvaro, puesto que yo fui inquilino de ellos por más de cinco años aclaro por espacio de cinco años aproximadamente, aquí en Calarcá en la calle 38 […] Considero que puede ser por la demolicio [sic] del edificio del cual yo habite [sic] un tiempo alla [sic], pues ese edificio yo lo ví [sic] construirse desde que yo tenia [sic] cinco años o seis añitos de edad porque yo tenia [sic] un pariente mio [sic] viviendo ahí en esa parte o sea en el primer lote que hicieron del edificio, porque [sic] lo fuero haciendo por secciones, primero hicieron hasta la mitad de un piso y luego se extienden o hacia arriba hasta que completaron la cuadra y luego hasta que hicieron los tres pisos, yo ví [sic] contruir [sic] el edificio y continue [sic] viviendo en ese sector, me retire [sic] por unos cinco años estuve en Estados Unidos y volví y monte [sic] un negocio al frente un Almacen [sic] de los cuales dure [sic] treinta años en ese negocio Compraventa La Roca, hasta el día del Terremoto [sic] y hasta que lo tumbaron no se porque lo tumbaron, por que [sic] yo estuve mirando los locales […] yo entre [sic] a mirar el edificio y no le ví [sic] coasas graves todos los inquilinos allí querian [sic] continuar allí por que [sic] no había peligro de nada ahí, tambien mire [sic] los apartamentos tenia [sic] paredes por ahí medio averiadas pero no tenian [sic] riesgo alguno, la mamposteria [sic] de los locales tenia [sic] alguna [sic] averias [sic] y pero la cimentación estaba perfecta, yo ví [sic] construir el dificio [sic] y tenia [sic] muy buen hierro y cuando esa maquina [sic] le dio mucha lidia tumbar o derribar esas columnas, tanto así que los inquilinos que vivian [sic] en los apartamentos los tuvieron que casar casi a la brava por que [sic] ellos no querian [sic] desocupar y no se cual era el afán de tumbarlo por que [sic] los inquilinos del edificio le gritaban a las maquinas [sic] que por [sic] iban a tumbar el edificio si no le había pasada nada que esta bueno, entonces los de la máquina amenazaban con la policia [sic] por que [sic] ellos tenian [sic] que tumbar el edificio, la demolicion [sic] se llevo [sic] a cabo aproximadamente seis meses despues [sic] de ocurrido el sismo o el terremoto fue uno de los primeros edificios en demoler, la mayoria [sic] de los apartamento [sic] que estaban ocupados la gente sigue viviendo ahí y los locales tambien [sic] estuvieron ocupados hasta el día de la demolición del edificio, en menos del día los hicieron desocupar a todos para empezar a tumbarlo, habían otro [sic] edificios que estaban más averiados […] este edificio lo tumbaron por que [sic] los dueños llegaron muy tarde a oponerse llegaron el mismo día que iban a demoler, el Dr. ALVARO desesperado fue a ver con quien podía [sic] hablar y no pudo hablar con nadie pero yo no se porque [sic], parece que fue un viernes y me parece que la demolición se llevo [sic] a cabo el día lunes siguiente, y los dueños yo creo que no pensaron que les iban a demoler el edificio […] Este edificio tenia [sic] locales aproximadamente de cinco metros de frente por unos 13 o 14 metros de centro de los cuales toda la cuadra tenia [sic] locales en la primer [sic] planta y en la segunda y tercera eran apartamento [sic] aproximadamente con la misma área […] Hábia [sic] más o menos un ochenta por ciento ocupados permanentemente, si por que habian [sic] unos que estaban un tiempo luego lo desocupaban y lo ocupaban, lo que respecta a los apartamento por que [sic] los locales si estaban ocupados el ciento por ciento […] considero que para demoler un edificio tenia [sic] que colapsar al menos un treinta o cuarenta por ciento más yo lo unico [sic] que ví [sic] fue mamposteria [sic] averiada de la cual tenia [sic] arreglo […] No tengo conocimiento de quien impartio [sic] la orden solo ví [sic] mucho afan [sic] y mucho interese [sic] de tumbarlo el cual no me explico por que [sic] […] A continuación [sic] de la molicion [sic] del edificio de los ARISTIZABAL una semana despues [sic] continuaron con la Galeria [sic] ya las otras demoliciones hubo un espacio de tiempo prudencial por ahí entre un mes, mes y medio no se más […] No yo no tengo titulo [sic] de Ingenieron [sic] o Arquitecto, yo soy comerciante […] por ahí en el años [sic] 45 o 48” [fls.60 a 63 cuaderno 2].

141 “[…] no recuerdo muy bien pero las afectaciones de paredes eran leves, incluso en uno de los apartamentos situados en el primer Bloque Calle 38 con la 26 tercer piso, donde vivia [sic] un señor que negociaba con carne de apellido Henao, y en el sector donde mas [sic] se afecto [sic] el edificio se negaba a retirarse, se le dió [sic] la ocasión a las [sic] persona [sic] que se retirarán [sic] interrumpiendo los términos del contrato de arrendamiento si consideraban que las condiciones en que quedaban los apartamentos les preocupaban, el retiro fue progresivo pero no lo consideraron urgente […] como responsable del tema ya [sic] a la Familia [sic] Aristizábal Garrido a Bogotá para que me acompañaran a la revisión del Edificio [sic] y el Arquitecto [sic] Álvaro Aristizábal Garrido a la vez propietario se apersono [sic] del tema y con él visitamos uno a uno los locales y Apartamentos [sic] del Edificio [sic] Santafé, entiendo que tomaron fotos, corrijo edificio Aristizábal, incluso el sector de la 38 con 27 que aparentemente estaba muy mal no se afecto [sic] […]no recuerdo muy bien pero las afectaciones de paredes eran leves, incluso en uno de los apartamentos situados en el primer Bloque Calle 38 con la 26 tercer piso, donde vivia [sic] un señor que negociaba con carne de apellido Henao, y en el sector donde mas [sic] se afecto [sic] el edificio se negaba a retirarse, se le dió [sic] la ocasión a las [sic] persona [sic] que se retirarán [sic] interrumpiendo los términos del contrato de arrendamiento si consideraban que las condiciones en que quedaban los apartamentos les preocupaban, el retiro fue progresivo pero no lo consideraron urgente […] como responsable del tema ya [sic] a la Familia [sic] Aristizábal Garrido a Bogotá para que me acompañaran a la revisión del Edificio [sic] y el Arquitecto [sic] Álvaro Aristizábal Garrido a la vez propietario se apersono [sic] del tema y con él visitamos uno a uno los locales y Apartamentos [sic] del Edificio [sic] Santafé, entiendo que tomaron fotos, corrijo edificio Aristizábal, incluso el sector de la 38 con 27 que aparentemente estaba muy mal no se afecto [sic] […]Entiendo que las ordenes [sic] de emolición [sic] procedieron de la Alcaldía Municipal atravez [sic] de Planeación, no recuerdo los detalles pormenorizados de que como se presento [sic] el hecho, pero yo si llame [sic] a la Familia [sic] a decirles que habian [sic] ordenado la demolición del Edificio [sic] […] La orden de demolición no fue de ejecición [sic] simultanea [sic], fue progresiva por que [sic] hasta donde yo ví [sic] habia [sic] una sla [sic] grua [sic] y se comenzo [sic] por la Galería y entiendo que el segundo edificio demolido o derrumbado fue el Edificio [sic] Aristizábal […] No se ha recibido ningun [sic] dinero que yo sepa, la Familia [sic] Aristizábal Garrido solito [sic] a la Administración que se autorizará [sic] el uso para un Parqueadero [sic] y un Pequeño [sic] centro Comercial [sic], el proyecto que conocí y que fue presentado por el [sic] Álvaro Aristizábal Garrido a la Oficina de Planeación Municipal le fue negado”.

142 “[…] dicho Edificio [sic] sufrio [sic] unos daños leves, en la mamposteria [sic], pero no en su extructura [sic] fisica [sic], cuya [sic] bases o cimientos aún se pueden observar en perfecto estado […] El Edificio [sic] estaba conformado de 3 niveles, distribuidos entre 3 bloques, en el primer piso, funcionaban locales comerciales, y en el segundo y tercero Apartamentos [sic] […] Me consta la demolición, por que [sic] en ese tiempo yo ocupaba un local Comercial [sic] de dicho edificio situado en la calle 38 Nº.26-19. Almacen [sic] y Compraventa el Safiro”.

143 “[…] que como cinsecuencia [sic] del terremoto fue demolido […] posterior al terremoto la Alcaldía Municipal, expidió unas ordenes [sic] de demoliciones a las cuales tuve acceso para asi [sic] poder hacer el registro grafico [sic] de los daños ocurridos por el sismo, fui contactado por la señora Cecilia Lopera, para contratarme en mis servicios para la grabación de dicha demolisión [sic], pues solicitud esta que fue negada […] Bueno el edificio aparentemente su aspecto siempre ha sido un edificio que no se le hacia mantenimiento y gran parte de sus instalaciones en ela [sic] parte alta estaban desocupadas desde hacia mucho tiempo antes del terremoto y sobre la estructura a í es muy difícil personalmente dar un concepto por razones obvias, no tengo ningun [sic] conocimiento de ingenieria [sic] […] Era un edificio deuna [sic] cuadra de largo, por la calle 38 y de tres pisos, no mas [sic], tenia [sic] en el primer piso tenia [sic] locales, y en el segundo y tercer piso tenian [sic] apartamentos, los locales estaba ocupados en su totalidad por locales comerciales, y las partes altas todo de lacalle [sic] 38 con carrera 27, si permaneció desocupada por muchos años […] La demolición de [sic] hizo por orden de una Inspección de Policía pero la demolición la hicieron unos ingenieros extranjeros al no existir ninguna oposición a que se hiciera, como ocurria [sic] en la [sic] altas demoliciones que se hicieron en el municipio de Calarcá, donde antes de iniciar la diligencia preguntaban si alguien se oponía a que se hiciera, en el caso del Edificio Aristizábal nadie se opuso a que esta diligencia se prácticara [sic] no se por que [sic] razones […] Creo que tengo conocimiento que fue por escrito que se hicieron las ordenes [sic] de demolición basados en las evaluaciones hechas por un grupo de ingenieros contratados por la Alcaldía Municipal […] Todas las ordenaes [sic] de emolición [sic] en el edific [sic], aclaro en el municipio de Calarcá en ellas existía la opción de oponersen [sic] a que se prácticaran [sic] siempre y cuando un ingeniero se hiciera responsable de la estabilidad de la edificación, en caso positivo de existir el ingeniero estas ordenes [sic] de demolición eran canceladas inmediatamente […] Sinceramente yo creo que antes y despues [sic] del sismo el mismo Edificio [sic] amenazaba ruina en razón del poco o ningun [sic] mantenimiento que se le hacia a esta edificación […] Tengo unas imágenes de lo que fue la demolición de la Torre [sic] de la Iglesia, demolición que fue demasiado lenta ya que hubo que hacerse casi manualmente […] fue una demolición que transcurrió dentro de los [sic] normal con sitios donde presentaban alguna dificultad y otros como el de la esquina de la carrera 27 con calle 38 que se cayeron con demasiada facilidad” [fls.69 a 71 cuaderno 2].

144 Tengo entendido que es por un Edificio [sic] que demolieron el terremoto, pues el edificio esta ubicado en la calle 38 ente carreras 26 y 27 y ese edificio nombre nombre [sic] no ha tenido, ese edificio lo construyo [sic] don Gerardo Aristizábal y hasta el día que lo demolieron era propiedad de sus sucesores, de sus hijos, toda la vida yo he vivido al frente de ese edificio y puedo asegurar que lo conozco casi a al [sic] perfesión [sic], despues [sic] que sucedió el terremoto del 25 de enero mas [sic] adelante me sorprendí mucho cuando escuche [sic] el comentario de que el edificio lo iban a demoler teniendo en cuenta que a simple vista el edificio estaba en buen estado y si algo habia [sic] sufrido a causa del terremoto era perfectamente recuperable y salvarlo de la demolición, el edificio esta compuesto por tres bloques de apartamentos y locales son aproximadamente 17 locales y aproximadamente de 10 a 12 apartamentos, yo viví en uno de sus apartamentos cuando tenia [sic] un año de edad y recien [sic] se habia [sic] construido dicho edificio […] asi [sic] en especial quien dió [sic] la orden yo no se nada,acaa [sic] en Calarcá a raiz [sic] del terremoto hubo un síndrome por parte de las personas encargadas de verificar el estado de las viviendas de tumbarlo todo sin hacerle a cada propiedad un verdadero juicio o estudio y tomar las decisiones acertadas para cada caso, fue asi [sic] como mucha gente comentaba que sus viviendas estaban llegando ingenieros y personas y por el solo hecho de encontrar una pared agrietada o un piso levantado las anotaban en una hoja y de una vez le decian [sic] al deño [sic] de esa vivienda o al inquilino esto hay que tumbarlo […] Inmediatamente no, pero la demolición del Edificio [sic] se hizo en forma tan rapida [sic], aproximadamente de unos diez (10) o Quince [sic] (15) días, ellos tuvieron que desocupar en ese lapso […] El Edificio [sic] lo demolieron en su totalidad a nivel de andenes, osea [sic] cimientos de ahi [sic] pa [sic] abajo los cimientos están ahí y las bases están allí” [fls.72 a 74 cuaderno 2].

145 “[…] nosotros eramos [sic] inquilinos de un local hay [sic], compraventa Calarcá y a raíz del terremoto de enero del 99, ordenaron demoler el Edificio [sic] a nosotros de un momento nos dijeron que teniamos [sic] que desocupar por que [sic] lo tenian [sic] que tumbar y rápidamente nos toco [sic] sacar esas cosas de ahí y llevármelas para mi casa por que [sic] no habian [sic] locales, eso fue un domingo por que [sic] al lunes tumbaban el Edificio [sic] […] aunque las paredes del edificio si estaban muy averiadas pues yo estimo que tampoco se nos iba a venir encima eso tan grande de un momento a otro, ya el Martes [sic] vivmos que llegaron a tumbarlo por que [sic] yo vivo alli [sic] al frente, duraron como 2 o 3 días tumbándolo […] A nosotros por escrito no nos pasaron ninguna orden, no tengo en cuenta quien [sic] fue el que nos dijo pero fue verdad […] Pues eso estaba conformado por tres bloques, que cubrian [sic] toda la cuadra entre 26 a 27, en la parte de abajo eran puros locales, eran por ahi [sic] como 10 o [sic] 11, y la parte de arriba eran apartamentos no se cuantos [sic] […] Locales creo que todos estaban ocupados a excepción de uno estaba hacia la carrera 26, y apartamentos no se cuantos [sic] estaban ocupados […] se que fueron unos ingenieros que dijeron que lo tenian [sic] que tumbar como tanto otro [sic] edificio que tumbaron […] Pues lo que oimos [sic] decir era que los ingenieros habian [sic] dicho que tenia [sic] fallas en las estructuras […]” [fls.75 y 76 cuaderno 2].

146 “[…] al día siguiente del terremoto procedí a cuepo [sic] de Bomberos de Calarcá, para pedir un concepto del local en Bomberos asignaron un ingeniero […] nos desplazamos hacia la Droguería, yo le pregunte [sic] que [sic] concepto tenía él del local y él me respondió que el local estaba algo muy averiado yo le dije que me diera la opinión de él, el [sic] respondió que el local estaba algo dañado pero con arta [sic] plata se arreglaba el local, yo le pregunte [sic] que si el Edificio [sic] lo iban a tumbar o no él me respondió que no sabia [sic] sobre eso […] luego hable [sic] con la Gerente de Colfimer, la inmobiliaria Colfimer que era laencargada [sic] de los arriendos y le pregunte [sic] que si teniamos [sic] que desocupar, ella me respondió que no sabia todavia [sic] […] se oyo [sic] un rumor que iban a demoler el edificio, pues yo ya habia [sic] salido del local […] a partir del día del terremoto a los quince (15) día [sic] siguientes demolieron el edificio […] el edificio el aspecto fisico [sic] estaba en buenas condiciones en el momento en el que estaban demoliendo el Edificio [sic] se podía apreciar la cantidad de tierra, corrijo de hierro y concreto que tenia [sic] pues la demolición no fue como tan facil [sic] de demoler, puesto que las máquinas tenian [sic] que hacer bastante esfuerzo para derribar los muros […] yo lo pude apreciar puesto que estaba frente al edificio y todavía se ven los cimientos que tiene la edificación dentro del terreno que esta desalojado, la demolición se realizó en 2 días creo que terminaron, en el momento que fueron a demolerlo el edificio se encontraba totalmente desocupado […] Tenia [sic] conocimiento que iban a hacer [sic] arreglados […] tenia [sic] conocimiento que estaban abandonados porque eran apartamentos demasiado grandes y que los iban a areglar [sic] para dividirlos, habia [sic] escuchado eso” [fls.77 a 79 cuaderno 2].

147 “[…] el edificio lo iban a demoler por que [sic] por ahí despues [sic] de medio día nos llego [sic] dos tipos de la Alcald/ia [sic] con la orden que tenia [sic] que desocupar inmediatamente, no los conozco, llegaron con la orden que desocupaba o al otro día me tiraban las cosas a la calle, según ellos dijeron que eran de la Alcaldía por que [sic] a mí no me dieron ningun [sic] papel […] pero que nos dieron la orden a nosotros fue un viernes por la p [sic] tarde […] el edificio esta entre la 26 y 27 con calle 38, era la cuadra completa […] Pues yo la parte de arriba la conocí por allí vivía un amigo mió [sic] que tambien [sic] le ordenaron sacar las cositas y por eso conocí la parte alta del edificio, yo si habia [sic] entrado a varios de los apartamentos, eso era una cuadra completa, en los bajo [sic] todo eran locales, eran bastanticos pero no sedecirle [sic] cuantos [sic], lo unico [sic] que estaba desocupado del edificio era lo queestaba [sic] de la Barbería para bajo por ahí un cuarto de cuadra a salir a la Carrera 27, por que [sic] le estaban haciendo arreglor [sic] […] No se cuales [sic] fueron las razones para ordenar la demolición del Edificio [sic], yo no ví que estuviara [sic] para caerse, por fuera no se veia [sic] absolutamente nada, en el local donde nosotros estabamos [sic] no paso nada y en los otros locales no ví [sic] mayor cosa, no puedo decir que se hubiera caído alguno” [fls.80 a 82 cuaderno 2].

148 “[…] Con el terremoto quedó muy averiado, las paredes quedaron averiadas. Las columnas no se bien. Yo vi todo muy averiado. Las columnas no se bien porque yo de eso no conozco. Después del terremoto yo no abrí el negocio, que era una compraventa de nombre “UNIÓN”. Luego fueron unos Ingenieros [sic] miraron el edificio y dijeron que había que demoler y dieron como dos o tres días para desalojar. Al otro día desocupamos todo y nos fuimos y yo no volví, pero como a los dos días de haberme ido de ahí demolieron el edificio” […] “Muy poco mantenimiento y el estado del edificio era más o menos. Yo el local lo pinté de cuenta mía varias veces” […] “El edificio era de tres plantas de la Calle [sic] treinta y ocho hacía [sic] la carrera veintisiete, segundo y tercer piso estaban deshabitados. Abajo, todos los locales estaban habitados u ocupados. Esas partes que no estaban habitadas no sé por qué sería, sería que estaba deteriorado o qué, pero hacía tiempo estaba deshabitado” […]” [fls.233 y 234 cuaderno 2].

149 Puede verse entre otras: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29493.

150 Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p. 3

151 Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob., cit., p. 4.

152 Dworkin, Ronald, Taking rights seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p. 24: “el principio es una proposición jurídica que no es necesariamente escrita y que da orientaciones generales, a las cuales el derecho positivo debe conformarse. Esto implica que no se aplicará según la modalidad de “all or nothing”, sino que se limitará a dar al juez una razón que milite a favor de un tipo de solución u otro, sin pretender tener la apariencia de una norma vinculante”.

153 Sadeleer, Nicolás, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”, en García Ureta, Agustín (Coord), Estudios de Derecho Ambiental Europeo, Lete, Bilbao, 2005, p. 270: “entre otras funciones encontramos la función de inspiración del legislador, de orientación del derecho positivo, de relleno de lagunas, de resolución antinomias, así como la función normativa”.

154 Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob., cit., p. 5.

155 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-57/96 National Farmers Union y otros; asunto C-180/96 Reino Unido c. Comisión; asunto C-236/01 Monsanto Agricoltura Italia: “cuando subsistente dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, pueden adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos”.

156 Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

157 Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

158 Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

159 Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2001, expediente 13344. Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

160 Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16696. Se da continuidad a la línea jurisprudencial de la Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588.

161 Puede verse entre otras: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29493.

162 “Artículo Tercero: De conformidad con lo previsto en el artículo 32 inciso 4º del Decreto 919 de 1989, ordenar que la presente resolución se fije en la fecha de su expedición y durante diez días hábiles en el Despacho de la Alcaldía, caso en el cual el propietario del inmueble podrá ejercer las acciones contencioso administrativas a que haya lugar, dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la fecha en que se haya efectuado la demolición”.

163 Puede verse entre otras: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 25588; Sub-sección C, sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 29493.