Sentencia 2000-00021 de mayo 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 500012331000200000021 - 01 (25313)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Leonardo Fabio Millán Molina

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., mayo veintitrés de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, comoquiera que se trata del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida en primera instancia(1) por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. Caducidad de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que habría dado origen a la presunta responsabilidad del ente demandado, dado que las circunstancias fácticas alegadas en la demanda ocurrieron el 30 de agosto de 1996 (fl. 5, cdno. 1) y la referida demanda se formuló el 28 de agosto del año 1998 (fl. 12, cdno. 1).

3. Régimen de responsabilidad aplicable en daños causados por la concreción de riesgos derivados de la profesión militar.

En relación con los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que en tales eventos no se ve comprometida la responsabilidad del Estado, dado que tales daños, como se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren con la indemnización a fort fait a la cual tienen derecho por virtud de esa vinculación y sólo habrá lugar a la responsabilidad patrimonial, por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se hubieren producido por falla del servicio o cuando se hubiere sometido al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deben afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima hubiese sido causado con arma de dotación oficial, evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo; en todo caso, se reitera, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicios con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)(2).

Así pues, se ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la fuerza pública a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

Asimismo, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que en relación con los agentes de la Policía, militares o miembros armados del DAS, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado”(3) y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado consistente en proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado debe responder por los daños que éstos puedan llegar a sufrir.

Contrario sensu, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, se ha considerado que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente al que se aplica a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, porque el sometimiento de aquellos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución Política impone a las personas, derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social, para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”(4).

3.1. Las pruebas recaudadas en el expediente.

Mediante oficio 2858 de 4 de junio de 2001, el coordinador del grupo archivo general (E) del Ministerio de Defensa Nacional remitió copia auténtica del informativo prestacional del señor Leonardo Fabio Millán Molina, en el cual se recaudaron, entre otros, los siguientes elementos probatorios(5):

— Copia auténtica del acta de junta médica laboral “Registrada en la Dirección del Ejército”, de fecha 30 de abril de 1997, mediante la cual se consignó la siguiente información:

“(…).

B. Análisis de la hoja de vida médica:

1. Hematura epidural frontal derecha tratado quirúrgicamente que deja como secuela: a) Síndrome mental orgánico (sicosis paranoide) y síndrome convulsivo.

(…).

Concepto de los especialistas:

Psiquiatría / Afección por evaluar / En sep./96, hematura epidural frontal derecho con craneotomía y esquilectomía frontal derecha en V/cencio. Posterior a lo cual hace un estado paranoide. Diagnóstico/

1. Síndrome mental orgánico (psicosis paranoide) posterior a.

2. Hematura epidural frontal derecho con corrección quirúrgica.

3. Síndrome convulsivo secundario a (2).

Estado actual/ paciente cuyo cuadro ha sido de difícil manejo por su estado paranoide persistente a pesar de múltiples tratamientos antipsicóticos y psicoterapia además de ocasionales cuadros convulsivos aun con medicación.

Concepto/ No debe suspender tratamiento antipsicótico, ni anticonvulsionante, debe seguir en controles permanentes (…).

Conclusiones

A. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones.

1. Hematura epidural frontal derecha tratado quirúrgicamente que deja como secuela a) Síndrome mental orgánico (sicosis paranoide) y síndrome convulsivo.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y clasificación de capacidad sicofísico para el servicio.

Le determina una incapacidad absoluta y permanente. No apto.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

Le produce una disminución de la capacidad laboral del cien por ciento (100%)

D. Imputabilidad del servicio.

Lesión ocurrida en el servicio por causa y razón del mismo y heridas en combate en restablecimiento del orden público de acuerdo con el informe relacionado anteriormente”.

Copia auténtica de una certificación expedida por el jefe de personal del departamento E-1 del Comando del Ejército, mediante la cual hizo constar:

“Que el Sr. VL Leonardo Fabio Millán Molina código 00016401081, fue soldado del Ejército en el 03 contingente de 1994 e ingresó como soldado voluntario mediante Capce 001001 del 310196 en el B. C/Guerri. # 20 con novedad fiscal 100196 y fue dado de baja por incapacidad relativa y permanente mediante Oapce 001173 del 251197 con novedad fiscal 011297 con 3 meses de alta (…)” (se resalta).

Copia auténtica del informativo administrativo por lesiones 0075 de fecha 20 de noviembre de 1996 suscrito por el mayor Jhon Jairo Ochoa Pinilla, mediante el cual indicó lo siguiente.

“Siendo el día 30 de agosto de 1996 a las 14:30 horas aproximadamente, en desarrollo de una operación de registro y control de área, la segunda contraguerrilla de la compañía “León” al mando del señor subteniente Rodríguez Piza Iván, en la vereda La Marina entró en contacto armado con bandoleros de la cuadrilla cuarenta del cartel de las FARC, resultando herido por arma de fuego el SLV. Millán Molina Leonardo en la cabeza a la altura del parietal derecho, se le prestaron los primeros auxilios y terminado el contacto fue evacuado al Hospital Militar.

De acuerdo al Decreto 94 de 1989 artículo 35 literal c, la lesión sufrida por el soldado voluntario Millán Molina Leonardo fue en el servicio, por acción directa del enemigo en mantenimiento y restablecimiento del orden público interno”.

Copia auténtica de la Resolución 2775 del 1º de julio de 1998, expedida por la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se reconoce y ordena el pago al señor Leonardo Fabio Millán Molina, de las prestaciones sociales con fundamento en el expediente del Ejército Nacional 10967 de 1997.

Copia auténtica de la Resolución 3970 del 2 de septiembre de 1998, expedida por la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual se reconoce y ordena el pago al señor Leonardo Fabio Millán Molina, de las prestaciones sociales con fundamento en el expediente del Ejército Nacional 302919 de 1998.

3.2. Caso concreto.

En el presente caso la parte actora no logró la demostración de la alegada falla en el servicio, toda vez que las pruebas resultan insuficientes para acreditar la presencia de irregularidades por parte de la entidad accionada dentro de los hechos materia de proceso, pues el único material probatorio que alude medianamente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de la situación fáctica alegada en la demanda, lo constituye el informativo de lesiones 0075 del 20 de noviembre de 1996, sin embargo de su lectura no se observa la configuración de falla alguna en el operativo militar llevado a cabo el 30 de agosto de 1996.

Ciertamente, de acuerdo con el acervo probatorio está demostrado que el señor Leonardo Fabio Millán Molina laboraba para la época de los hechos como soldado voluntario en el Ejército Nacional y, encontrándose en labores de patrullaje con otros uniformados fueron atacados por un grupo guerrillero en la vereda La Marina —sector rural del municipio de Mesetas (Huila)—, lo cual le causó al ahora demandante una herida en la cabeza, por proyectil de arma de fuego, sin que alguna de las pruebas antes descritas acredite la falla en el servicio alegada.

Dado que se acreditó que la víctima era soldado voluntario perteneciente al Ejército Nacional y que para el momento del ataque guerrillero cumplía funciones inherentes al servicio público y, por ello, sus lesiones fueron calificadas como ocurridas en servicio activo, resulta claro que ello se causó en actos del servicio y por causa y razón del mismo.

Así las cosas, el daño no le es atribuible a la entidad demandada, puesto que, se insiste, no se demostró que el hecho dañoso hubiere sido producto de una falla del servicio, así como tampoco se probó que el agente hubiere estado sometido a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía soportar, ni se acreditó que durante el desarrollo de la actividad al soldado Millán Molina se le hubiere obligado a asumir una carga superior que llevare implícita el rompimiento del principio de igualdad respecto de sus compañeros y que, por ese hecho, se hubieren producido las lesiones padecidas.

Comoquiera que el soldado del Estado asumió, de manera voluntaria, los riesgos que la profesión militar conlleva, los daños sufridos como consecuencia de los riesgos inherentes propios de su actividad, tal como se concretó en este caso con la agresión por parte de miembros de un grupo subversivo, le fueron reconocidos a través de la indemnización que de conformidad con la ley está determinada para los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio, dentro del marco de la relación laboral que lo vinculaba con la demandada.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

4. Costas.

Habida consideración de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, el día 1º de abril de 2000.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa de conformidad con el Decreto 597 de 1988 —$ 18’850.000—, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 1998 y la cuantía del proceso se estimó en la suma de $ 162’000.000.

(2) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de mayo de 2010, expediente 19.158 y del 14 de julio de 2005, expediente 15.544, ambas con ponencia de la consejera Ruth Stella Correa.

(3) En sentencia de 3 de abril de 1997, expediente 11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las Fuerzas Armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Sólo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las Fuerzas Armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

(4) Al respecto, consultar por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008, expediente 18.586, M.P. Enrique Gil Botero.

(5) Las pruebas allegadas con el mencionado oficio son susceptibles de valoración, dado que fueron solicitadas de forma conjunta por las partes y se practicaron con audiencia de la entidad demandada.