Sentencia 2000-00024 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000200000024 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Interno: 28423

Demandante: Ana Ruviela Parrado Parrado y otros.

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Asunto: Apelación sentencia. Reparación directa.

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 4 de mayo de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La Sala observa que las lesiones sufridas por el menor Daniel Fernando Parrado Parrado acaecieron el día 20 de septiembre de 1998 y, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el día 25 de enero de 2000, se impone concluir que dicha acción se ejerció dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso.

2. El caudal probatorio obrante en el expediente.

Con el fin de establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se recaudaron los siguientes elementos probatorios:

— Oficio 503 elaborado por el Hospital Departamental Granada E.S.E., el 2 de junio de 2001, a través del cual se remitió la historia clínica del menor Daniel Fernando Parrado Parrado; documento del cual se extrae lo siguiente:

“Paciente que en el día de hoy sufre [ilegible] x bomba quien ingresa en mal estado general con avulsión de tejido osteomuscular miembro inferior izquierdo [ilegible] (…)” (fls. 60-80 cdn. 1).

— Original del dictamen elaborado por la junta de calificación de invalidez del Meta, en el cual se da cuenta de lo siguiente:

“Antecedentes:

El 20 de septiembre de 1998 sufre múltiples heridas por artefacto explosivo. No ha tenido rehabilitación al momento de la valoración se observa persona en muletas, vive con la mamá, sin ocupación.

IDX: 1. Amputación 1/3 superior MMII izquierdo.

2. Pérdida de masa muscular, fuerza y movimientos de MMSS izquierdo.

(…).

Total grado de invalidez 64.42%” (fls. 238-240 cdn. 1) (Se destaca).

— Oficio 318 expedido por la Fiscalía General de la Nación, el 12 de marzo de 2002, en virtud del cual se remitió copia del proceso penal adelantado con ocasión de las lesiones personales culposas ocasionadas a los menores Diomedes Pompilio Manrique García, Daniel Fernando Parrado Parrado y Víctor Manuel García, en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 1998.

Respecto de la citada prueba trasladada, esta Subsección estima conveniente efectuar las siguientes precisiones:

El Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último estatuto dispone que las pruebas trasladadas serán apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(1).

También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocara las formalidades legales para su inadmisión(2).

Sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación ha sostenido que(3):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(4):

‘(…) el artículo 229 del mismo código dispone:

Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (Se subraya).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso’.

Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando esta prueba fue decretada por el Tribunal y para cuyo efecto se libró el Oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(5) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del C. de P. C., razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto(6) (subrayas del original, negrillas de la Sala en esta oportunidad).

En el caso que ahora se examina ocurre que la prueba antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte demandada no la solicitó en la contestación de la demanda ni se allanó o adhirió a los medios probatorios solicitados por su contraparte, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan solo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del C. de P. C., tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita.

Dentro del caudal probatorio obra lo siguiente:

— Informe de novedad elaborado por el Departamento de Policía del Meta, 20 de septiembre de 1998, en el cual se lee lo siguiente:

“Respetuosamente me permito informar a ese despacho, que en el día de hoy a las 11:00 horas, se constató la información que en el inmueble ubicado en el Barrio Villas de Granada, manzana H2, casa Nº 18 de esta localidad, resultaron heridos con esquirlas de granada de fusil, Diógenes Pompilio García, natural de Granada, 18 de años de edad, grado de instrucción, once grado, estudiante residente Barrio Villas de Granada, hijo de Ana Rosa García y Luis Eduardo Manrique, Daniel Fernando Parrado Parrado, (…), 15 años de edad, séptimo grado, estudiante, hijo de Víctor García, quienes presentaban heridas múltiples en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladados al Hospital local para que recibieran atención médica.

Según lo manifestado por la señora Silvia García, (…), los jóvenes relacionados se habían encontrado este artefacto en el día de hoy, donde el personal del Ejército acantonado en la localidad efectúa polígono, dedicándosen (sic) a abrirla para verificar qué contenía en su interior produciéndose la explosión de la granada, siendo encontrado por el personal policial en el andén del inmueble una espueleta (sic) color verde claro y blanco de 13 cms y parte de la granada accionada, igualmente en la vivienda se observan esquirlas en sus paredes; otro de los testigos presenciales [es] el señor Jorge Eliécer Hernández (…) residente del mismo inmueble” (fl. 106 cdn. 1).

— Resolución dictada por la Fiscalía Veintiséis de Granada, Meta, el 9 de agosto de 2000, a través de la cual se resolvió:

“Proferir RESOLUCIÓN INHIBITORIA en el presente diligenciamiento por ATIPICIDAD de la conducta, en la presente investigación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. (…)”.

La anterior decisión se adoptó con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(…) como es sabido, las lesiones se ocasionaron con un artefacto explosivo, en cercanías del Batallón 21 Vargas, por lo que se podría pensar, que es dicha entidad la que en determinado evento, debería sufragar, los posibles perjuicios acaecidos, por una presunta negligencia en el cuidado del armamento existente en el mismo, si se llegase a probar que la granada era de dicha autoridad o estaba bajo su custodia, pero para ello la vía a seguir no es la penal sino la administrativa.

Sobre esas bases, es pertinente naturalmente adoptar y aplicar una teoría sobre la responsabilidad por su actuación, su falta de actuación o su inadecuada actuación, surgiendo de esta manera la teoría de la responsabilidad, y en la cual la regla según la cual la administración pública debe de responder por los perjuicios que ocasione, no en la medida absoluta determinada por el hecho de su mera existencia teórica, sino de sus posibilidades concretas de actuar, de prever y de brindar servicios sea el parámetro dentro del cual los falladores puedan y deban moverse en la solución de las controversias que se les planteen, elementos axiológicos que deberían estudiarse en el caso sub judice, para establecer si las lesiones ocasionadas por los menores, fueron a causa de una falta o falla de un servidor público, bien sea por acción o por omisión, si se generó un perjuicio cierto, determinado o determinable, material o moral, y la relación de causalidad entre el primero y el segundo de los elementos, es decir que el daño se haya producido necesariamente como consecuencia del hecho generador de ‘una falla o falta de la administración representada en uno de sus funcionarios’.

De lo expuesto, y al estar por lo menos en sentir de esta delegada, claro que no se transgredió el ordenamiento penal vigente, y que lo que podría configurarse es una falla en la prestación del servicio y el deber de cuidado en el manejo del material bélico, por parte de los miembros adscritos al Batallón 21 de Vargas, y tornándose la conducta en atípica y no poderse proferir resolución de apertura de instrucción conforme a los lineamientos del art. 327 del C.P.P., esta delegada, proferirá resolución INHIBITORIA” (fls. 171-177 cdn. 1).

2. Responsabilidad de la parte demandada(7).

De conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso causado a los demandantes, esto es las lesiones sufridas por el menor Daniel Fernando Parrado Parrado el día 20 de septiembre de 1998, en el municipio de Granada, Meta, con motivo de la explosión de un artefacto explosivo que estaba siendo manipulado por la víctima directa y los menores Diógenes Pompilio Manrique y Víctor Manuel García.

Adicionalmente, se encuentra acreditado que el menor Daniel Fernando Parrado Parrado padeció la amputación de su pierna izquierda, así como un grado de invalidez del 64.42%, tal como lo dictaminó la junta de calificación de invalidez —regional Meta—, practicada al referido menor el 5 de septiembre de 2002.

Al respecto conviene advertir que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado(8) declaró la responsabilidad patrimonial del Estado exactamente por los mismos hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la explosión de un artefacto explosivo en manos de los menores Daniel Fernando Parrado Parrado, Diógenes Pompilio Manrique García y Víctor Manuel García en el barrio Villa Granada del municipio de Granada, Meta—, razón por la cual se entiende configurado el fenómeno de la cosa juzgada material debido a la identidad de objeto y de causa que existe entre los hechos materia de juzgamiento.

En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del non bis in idem y tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.

La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados. Es importante tener presente la distinción entre cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal, para precisar sus efectos respecto de un determinado proceso judicial.

Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada se encuentra regulada en los artículos 332 del C. de P. C., y 175 del C.C.A., los cuales recogen los elementos formales y materiales para su configuración. El formal implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o en otro en el cual las mismas partes hubieren debatido la misma causa petendi y los mismos fundamentos jurídicos, lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad, propias de la esencia del orden jurídico.

Por su parte, el concepto de cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa, debatidos en la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio(9).

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos similares, en los cuales se ha presentado identidad de causa y objeto —aunque no de partes—, ha declarado la existencia del referido fenómeno de cosa juzgada material y, en consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las oportunidades anteriores para efectos de analizar en el caso posterior la responsabilidad del Estado frente a esos mismos hechos, ya debatidos y decididos.

Así por ejemplo, en sentencia proferida el 4 de mayo de 2011, expediente 19.355, M. P. Enrique Gil Botero, señaló:

“(…) Resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, más no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010, se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite (…)”.

En ese mismo sentido, a través de sentencia proferida el 9 de junio del 2010, expediente 18.677, se indicó:

“Comoquiera que los hechos que se discuten en el presente litigio —esto es la muerte del señor Luis Álvaro Monsalve Arboleda—, ya fueron objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, se reiteran in extenso las consideraciones plasmadas en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2009, Exp. 17.997, comoquiera que resultan perfectamente procedentes, dado que los supuestos fácticos son iguales, además de que los elementos de convicción allegados a este proceso fueron trasladados en su totalidad del citado expediente en debida forma”.

De cara al presente proceso se tiene que mediante la mencionada sentencia del 20 de octubre de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció acerca de la responsabilidad del Estado frente a las lesiones sufridas por los dos menores que se encontraban con el joven Daniel Fernando Parrado Parrado en el momento en que hizo explosión el aludido artefacto, motivo por el cual se impone reiterar, en esta ocasión, las consideraciones que fueron plasmadas en aquel fallo, comoquiera que resulta perfectamente procedente, dado que tanto el objeto como la causa son iguales, a saber:

“10. Para emitir una decisión en el proceso de la referencia, la Sala deberá determinar si se logró establecer en el proceso que el artefacto que explotó en manos de las víctimas directas era en efecto de propiedad del Ejército Nacional.

10.1. Posteriormente, se deberá abarcar el argumento de la entidad demandada, según el cual operó la culpa exclusiva de la víctima: señaló que los jóvenes ingresaron al área del polígono del batallón a pesar de que el mismo estaba demarcado con letreros que advertían del peligro. Si lo anterior llegase a estar probado, ¿habría mediado la causal excluyente de responsabilidad conocida como culpa exclusiva de la víctima? O por el contrario, la insegura delimitación con alambres de púas entre el área de polígono y el predio contiguo, lo cual no solo permitía el ingreso de terceros al lugar de entrenamiento, sino que facilitaba que artefactos peligrosos cayeran por fuera de este, ¿impide que opere esta casual ante el riesgo que el campo de polígono representa para la comunidad civil?

V. Análisis de la Sala

11. Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de la actividad peligrosa derivada del manejo de armas de dotación oficial, redes de energía eléctrica o la conducción de vehículos automotores de propiedad del Estado o al servicio de este, ha establecido la Sala que hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien ejerce la actividad, pues el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los administrados(10).

11.1. En virtud de ese título de imputación objetivo, el demandante tiene la obligación de probar únicamente el daño y la relación de causalidad entre este y la actividad riesgosa de la administración, sin que sea relevante demostrar la ausencia de falla.

11.2. De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, la Sala tiene por probado el daño ocasionado a los jóvenes Víctor Manuel García Bernal y Diógenes Pompilio Manrique, consistente en la pérdida de su capacidad laboral del 63.89% y 71.45% respectivamente, con ocasión de la explosión de un artefacto (párr. 9.1., 9.2. y 9.3.).

11.3. También se ha mencionado en la jurisprudencia que la imputación al Estado del daño antijurídico causado con armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos que, por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la comunidad, solo resulta procedente cuando se pruebe que tales artefactos son de dotación oficial o están bajo su guarda(11).

11.4. Así, para responder al interrogante planteado desde el problema jurídico de si el artefacto era o no de propiedad del Ejército Nacional, la Sala cuenta con dos pruebas técnicas, una documental y varias testimoniales que permiten inferir que la propiedad del arma sí era de los militares. De un lado, la fiscalía adelantó un estudio técnico en donde analiz[aron] dos artefactos hallados en el lugar del accidente: un pedazo de latón de color amarillo y otro cuerpo de cuatro por seis gramos de pesos de forma irregular. Respecto del segundo manifestaron los expertos: “El elemento número dos (2) corresponde a un capuchón de una granada, pero no de fusil, sino que es una granada de un arma de guerra utilizada por el ejército y se conoce con el nombre de M.G.L. (…)” (fl. 201 cdn. ppl.). En el oficio enviado por el mayor Jesús Alexander Rodríguez, oficial del mismo Batallón, a la juez 30 de instrucción penal militar con fecha del 18 de agosto de 1999 (fl. 24 cdn. 2) se señaló que en el último entrenamiento realizado en el polígono de armas largas del Batallón 21 Vargas fue el de la Brigada Móvil Nº 3 y el Batallón de Contraguerrillas Nº 58, quienes operaron ‘granadas de mano, fusil. Mortero, etc.”. Por otro lado, los testimonios que obran dentro del proceso (ver infra 12.4. y ss.), en especial el testimonio de Daniel Fernando Parrado Parrado (párr. 13.1. y 13.2.), amigo de los adolescentes demandantes y testigo presencial del accidente, estableció que el artefacto fue hallado por su hermano Mauricio, Víctor Manuel y otro amigo llamado Donaldo cuando fueron a bañarse al caño. Así mismo, en la inspección judicial adelantada por la Fiscalía el 21 de enero de 1999, que tuvo como fin ‘establecer el sitio donde estaban autorizadas las prácticas del manejo de explosivos, granadas del ejército de esta población, establecer el grado de seguridad del campo de entrenamiento y acceso de personal civil a ese sitio’ (fls. 178 y 179 cdn. ppl.) se estableció que el artefacto hallado fue hallado en un sitio boscoso sobre el caño Irique a 100 metros de distancia del área del polígono (fl. 179 cdn. ppl.). Adicionalmente se destaca que no existe en el proceso ninguna alegación de las partes ni prueba que sustente la presencia de algún grupo armado ilegal que para la fecha de los hechos haya dejado abandonado el artefacto mortal.

11.5. De acuerdo con lo anterior queda probado que el daño, materializado en el accidente del que fueron víctimas Pompilio y Víctor Manuel García, es imputable a las fuerzas armadas de donde devino el artefacto explosivo hallado por ellos.

11.6. Así las cosas, la Sala precisa que este caso difiere de los que la corporación ha fallado en otras oportunidades en la cuales se negaron las pretensiones por no haberse demostrado que los artefactos explosivos habían sido abandonados por las fuerzas del Estado(12).

12. A continuación se revisará si el daño se generó por la culpa exclusiva de los niños demandantes.

12.1. Ha insistido la jurisprudencia de esta corporación, que ante el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo creado, la administración podrá excluir su responsabilidad, acreditando la presencia de una causa extraña como el hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor(13). Por lo tanto, se verificará si la actuación de los jóvenes lesionados resultaron determinantes, ya sea en forma concurrente o excluyente a la actuación de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

12.2. La entidad demandada mencionó en la contestación de la demanda que los jóvenes ingresaron a las instalaciones del Batallón de Infantería Nº 21 y extrajeron la granada de fusil 5.56 de fabricación yugoslava (párr. 2). Esta afirmación es sustentada por el militar Henry López Perdomo, oficial del Ejército y orgánico del mencionado Batallón, quien visitó el lugar de los hechos el día del accidente y recibió información de la señora Silvia Ismenia Cruz, tía de Pompilio (fl. 5 cdn. 2): (…).

12.3. Así mismo, la novedad generada por el Departamento de Policía del Meta —cuarto distrito— ante la Fiscalía de Granada por lesiones personales, señaló que el artefacto fue encontrado en el lugar donde el personal del ejército realiza las actividades de polígono (fl. 157 cdn. ppl.): ‘(…) los jóvenes relacionados se habían encontrado este artefacto en el día de hoy, donde el personal del Ejército acantonado en la localidad efectúa el polígono (…)’.

12.4. No obstante, otros medios de prueba se dirigieron a establecer que el artefacto explosivo fue hallado en el caño que colindaba con el área del polígono, como se relaciona a continuación.

12.5. En la declaración que rindió la señora Silvia Ismenia Cruz ante esa misma instancia (fl. 20 cdn. 2), señaló que los niños le habían indicado que el artefacto lo hallaron en el caño cuando fueron a bañarse en él: (…).

12.6. Varios testimonios rendidos en el curso del proceso contencioso confirmaron la versión anterior y aseguraron que los niños hallaron el artefacto en el caño y no en el área destinada para las prácticas de polígono. Se trata de familiares y amigos allegados a esta quienes se enteraron de los hechos a través de los jóvenes lesionados.

(…).

13.3. De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que los adolescentes no ingresaron en las instalaciones del batallón, sino que hallaron el material explosivo en el área contigua, cuando se bañaban en el caño Brisas de Irique.

13.4. Vale la pena aclarar que la causa extraña que excluye la responsabilidad se caracteriza porque es imprevisible e irresistible para quien la invoca. En el caso en estudio el riesgo se hizo tan previsible que inclusive evidencia una falla del servicio. Por un lado, el batallón cuenta con una zona de polígono que representa un continuo riesgo para la comunidad. No solo por la actividad que en ella se realiza, sino porque la división entre las instalaciones del Batallón 21 Vargas en el área del polígono y el barrio Villa Granada no resultaba clara, incluso para la Fiscalía que adelantó la inspección judicial en dicho terreno(14). Por otro lado, la presencia de alambres de púas en vez de muros de contención que impidieran que artefactos explosivos no excedieran el perímetro de la zona de práctica, así como la ausencia de un centinela que protegiera las instalaciones del batallón de ingreso de terceros ajenos a la institución(15).

13.5. Es decir, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no puede alegar la existencia de una causa extraña en la generación del daño, ya que esta expuso a los actores lesionados a un riesgo excepcional, e incluso incurrió en una falla del servicio. El desarrollo de la actividad peligrosa, a saber, la práctica de lanzamiento de granadas y fusiles de guerra, fue realizada de una forma inapropiada en el área que colindaba con terrenos del barrio Villa Granada.

13.6. También la falla del servicio se evidencia por el incumplimiento de los protocolos de uso y destrucción de material explosivo en las prácticas de polígono. De acuerdo con el oficio enviado al a quo por el mayor Jesús Alexander Rodríguez Sánchez, comandante del Batallón de Infantería Nº 21 Vargas, el material gastado y sobrante en las prácticas del polígono es detonado por orden del Comando del Batallón por personal especializado (original del Oficio BR7-BIVAR-CDO-JPM-790 del 10 de julio de 2000, del Batallón de Infantería Nº 21 Vargas —fls. 108 y ss. cdn. ppl.—)(16). También mencionó que para el día 20 de septiembre de 1998 no se reportó como abandonados elementos explosivos en el área de polígono del Batallón 21, ni en los lotes aledaños a la Unidad.

(…).

13.8. No obstante, no se aportó al proceso el ‘libro de tiro o acta de legalización’ en el cual se registra el material entregado a los practicantes del polígono al inicio de cada entrenamiento, ni el ‘comprobante de gasto’ donde se describe el material utilizado y se registra la entrega de los seguros del material explosivo, con lo cual se habría podido corroborar la ausencia de una falla en el servicio frente al cumplimiento de esas directrices. Por el contrario, se comprueba la ausencia de la obligación consistente en la demarcación y reporte del fusil que no fue explotado por personal especializado, en desatención al protocolo de procedimiento explicado por el comandante del Batallón de Infantería Nº 21 Vargas.

13.9. Así las cosas, aún en el caso hipotético en que se hubiera demostrado que los dos jóvenes ingresaron al área del polígono hallando en ese lugar el artefacto explosivo, dicha circunstancia no habría tenido vocación de romper el nexo causal de la entidad con el daño generado, pues debido a la inefectiva administración del material explosivo y el incumplimiento de los protocolos establecidos para su manejo, la entidad demandada habría en todo caso sido la responsable por la generación el daño ocasionado por su omisión.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra probada la responsabilidad de la entidad demandada del daño generado en los actores, sin que haya mérito para alegar la presencia de una causa extraña” (negrillas adicionales).

Pues bien, en el presente caso resulta completamente claro que se configura el fenómeno de la cosa juzgada en su dimensión material.

En conclusión, el daño irrogado al menor Daniel Fernando Parrado Parrado con ocasión de la explosión de una granada, no puede considerarse jurídicamente ajeno a la entidad demandada, la cual está llamada a responder patrimonialmente en este asunto y, por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 4 de mayo de 2004 y, en consecuencia, analizará la solicitada indemnización de perjuicios.

3. Indemnización de perjuicios.

3.1. Perjuicios morales.

Dentro del acervo probatorio obran los registros civiles de nacimiento de los demandantes María Isabel (hermana), Mauricio Orlando (hermano), Andrea Eugenia (hermana) y Julián Darío Parrado Parrado (hermano) (fls. 18-20, 84-85 cdn. 1).

Adicionalmente, obra copia simple el respectivo registro civil de nacimiento de la víctima directa Daniel Fernando Parrado Parrado, en el cual se dejó constancia de que su madre es la también actora Ana Ruviela Parrado Parrado, así como copia simple de una constancia elaborada por el Secretario encargado de la Inspección de Policía de San Juanito, en la cual se lee lo siguiente:

“Que en el Libro de Registro Civil de Nacimientos que se lleva en este Despacho, Tomo 2 al Folio 176 se encuentra registrado el nacimiento de una niña de sexo femenino. Que nació en San Juanito el día 17 de mayo de mil novecientos sesenta y uno, y a quien le dieron el nombre de Ruviela Parrado Parrado, hija legítima de Eugenio Parrado y [ilegible] Parrado” (fl. 17 cdn. 1) (Se destaca).

Ahora bien, en relación con los documentos aportados en copia simple se tiene que si bien con anterioridad y de manera reiterada esta corporación había sostenido que las copias simples no constituían medios de convicción que pudieran tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretendían hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impedía su valoración probatoria, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil(18)(17), lo cierto es que la postura de la Sala se modificó a partir de la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013(18).

Ciertamente, en dicha providencia, se indicó que la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copias simples que han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.

Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal en cuanto este hace énfasis especial respecto de los principios de buena fe y lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual determina un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancia que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio”, lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.

Por lo tanto, según la nueva postura jurisprudencial de la Sala, los documentos aportados en copia simple por la parte actora con la presentación de la demanda también serán tomados en cuenta en esta sentencia(19), al igual que aquellos que se presentaron en original o en copia auténtica.

Al descender al caso concreto, acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas. Hay situaciones en las cuales estas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta tanto a quien las sufrió directamente, como a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco con la víctima, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubieren pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

En efecto, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima y para sus familiares. Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En el sub judice, tal como se demostró en el proceso, el joven Daniel Fernando Parrado Parrado resultó lesionado en la forma en la cual se estableció en la relación de pruebas y ello, además le generó con una disminución de la capacidad laboral equivalente al 64.42%, todo lo cual le produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

En ese orden de ideas, en el presente caso se decretará la indemnización de los perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes, comoquiera que obran los registros civiles que demuestran la relación de parentesco que los une con la víctima directa, respectivamente. Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:

Daniel Fernando Parrado Parrado (lesionado)100 SMMLV
Ana Ruviela Parrado Parrado (madre)100 SMMLV
Mauricio Orlando Parrado Parrado (hermano)50 SMMLV
Andrea Eugenia Parrado Parrado (hermana)50 SMMLV
María Isabel Parrado Parrado (hermana)50 SMMLV
Julián Darío Parrado Parrado (hermano)50 SMMLV
Eugenio Parrado Morales (abuelo)50 SMMLV

3.2. Perjuicio por daño a la salud.

Al respecto resulta necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación, en la cual se precisó:

“[E]l daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados ‘daño a la vida de relación’, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(20) (negrillas adicionales).

Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(21), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que ‘[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él’.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que ‘para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastrocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece’(22).

Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence(23) pueden entenderse como ‘una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos’(24) o ‘las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral’(25).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Tal como se analizó anteriormente, la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(26).

Finalmente, la Sala cambió de nuevo la conceptualización de dicho perjuicio por el de daño a la salud, tal y como lo señaló mediante la providencia de 14 de septiembre de 2011, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”(27).

En el presente caso, para la Sala resulta claro que el joven Daniel Fernando Parrado Parrado resultó lesionado, como consecuencia de la explosión de una granada, lo cual le produjo la amputación de la pierna izquierda y un grado de minusvalía de 64.42% de conformidad con el dictamen elaborado por la junta de calificación de invalidez —regional Meta—, cuestión suficiente para evidenciar que el actor sufrió un daño a la salud, por lo que se reconocerá por dicho perjuicio la suma equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3.3. Perjuicios materiales.

3.3.1. Daño emergente.

En relación con dicho perjuicio, si bien la parte demandante solicitó que se condenara a pagar “los gastos que se [debieran] realizar para conservar su estado de salud, servicios de un cirujano, ortopedista, fisiatra; medicamentos que debe consumir, servicios de psiquiatría y, en general, todos los servicios médicos asistenciales que requiera durante el tiempo de supervivencia”, lo cierto es que dentro del acervo probatorio del asunto de la referencia no se acreditó la causación del perjuicio referido, motivo por el cual esta Subsección se abstendrá de acceder al reconocimiento de dicha solicitud.

3.3.2. Lucro cesante.

La Sala debe precisar que en aquellos casos en los cuales se logre establecer que un menor de edad lesionado presenta como secuelas una disminución que posteriormente llegaría a afectar su capacidad laboral en determinado porcentaje, se debe reconocer la indemnización correspondiente al perjuicio material que dicho daño ocasionaría en el futuro, esto es cuando aquel estuviere en edad legal suficiente para ejercer una actividad productiva. En efecto, el hecho de que al momento en que se ocasiona la lesión que se le imputa a la administración el lesionado no tenga certeza de la orientación laboral que tomará en un futuro, no obsta para que se reconozcan los perjuicios que la lesión va a causar en esta área de su vida, lo cual exige, por supuesto, que se acredite en debida forma que el hecho dañoso produjo una secuela que posteriormente afectará su capacidad de trabajo.

Para el sub examine se tiene que mediante el dictamen de la junta de calificación —regional Meta— obrante a folios 236-238 del cuaderno principal, se acreditó que el joven Daniel Fernando Parrado Parrado presenta una incapacidad equivalente al 64.42% y por lo tanto se procederá a liquidar los perjuicios causados a este, correspondientes a una incapacidad total, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(28), tomando como ingreso el salario mínimo mensual legal vigente.

Ingreso Mensual: Salario mínimo mensual legal vigente ($ 616.000)

Expectativa de vida total de la víctima: 64.8 años (777.6 meses)

Período consolidado: 156 meses

Período futuro: 621.6 meses

RA = Salario mínimo mensual legal vigente ($ 616.000), el cual será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Consolidado: Desde la fecha en que el menor cumplió la mayoría de edad (enero de 2001) hasta el de esta sentencia (enero de 2014), esto es 156 meses, aplicando la siguiente fórmula:

S-2000-00024-1.png
 

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima, esto es 621.6, aplicando la siguiente fórmula:

S-2000-00024-2.png
 

Total perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: trescientos veintinueve millones setecientos setenta mil ochocientos sesenta pesos ($329´727.860).

4. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 4 de mayo de 2004, por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así:

1º) Declarar administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional por las lesiones causadas a Daniel Fernando Parrado Parrado el 20 de septiembre de 1998, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al pago de perjuicios morales, a favor de las personas y en los montos que se señalan a continuación, valores todos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes:

Daniel Fernando Parrado Parrado (víctima directa)100 SMMLV
Ana Ruviela Parrado Parrado (madre)100 SMMLV
Mauricio Orlando Parrado Parrado (hermano)50 SMMLV
Daniel Fernando Parrado Parrado (hermano)50 SMMLV
María Isabel Parrado Parrado (hermana)50 SMMLV
Julián Darío Parrado Parrado (hermano)50 SMMLV
Andrea Eugenia Parrado Parrado (hermana)50 SMMLV
Eugenio Parrado Morales (abuelo)50 SMMLV

3º) Condénase a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al pago de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Daniel Fernando Parrado Parrado, la suma de trescientos veintinueve millones setecientos setenta mil ochocientos sesenta pesos ($329´727.860).

4º) Por daño a la salud, para Daniel Fernando Parrado Parrado, el equivalente en pesos de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

5º) La entidad demandada le dará cumplimiento al presente fallo en el término referido en el artículo 176 del C.C.A.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789, entre otras.

(3) Sentencia de febrero 4 de 2010, exp. 18.320.

(4) Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898.

(5) Diligencia de inspección al cadáver de la víctima Nº 1582-0657; Informe emitido por el Cabo Primero Carlos Muñoz Sierra – Suboficial de Administración del Ejército Nacional; Informe emitido por el soldado Oscar Vidales Benítez; Decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la Oficina de Instrucción Penal Militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Oscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; Providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(6) En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Exp. 16.589.

(7) Se reiteran en este acápite de la sentencia, las consideraciones expuestas de manera reciente por esta Subsección dentro de la sentencias proferida el 20 de octubre de 2012, expediente Nº 24.625, mediante la cual se analizó la responsabilidad patrimonial del Estado por los mismos hechos que aquí se debaten, esto es la explosión de una granada que estaba siendo manipulada por unos menores de edad en el municipio de Granada, Meta, ocurrida el día 20 de septiembre de 1998.

(8) Sentencia proferida el 20 de octubre de 2012, dentro del expediente No. 24.625, M. P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, expediente Nº 34.239 y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 18.676, entre otros.

(10) Ver Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 27 de julio de 2000, rad. 12099, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 29 de agosto de 2007, rad. 15001-23-31-000-1994-04691-01(15494), C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 8 de junio de 2011, rad. 19001-23-31-000-1998-05110-01(20328), C. P. Hernán Andrade Rincón.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de marzo de 2001, exp. 11222, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Ver también Consejo de Estado, sentencias del 16 de febrero de 1996, exp. 10514, C. P. Daniel Suárez Hernández, 12 de diciembre de 1996, exp. 11221, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros, reiteradas en sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 16.238, C. P. Ruth Stella Correa P.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 54001-23-31-000-8496-01 (15.787) y sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 52001233100019940603801 (17.603), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de 2000, op. cit., y sentencia del 29 de agosto de 2007, op. cit.

(14) La inspección judicial del 21 de enero de 1999 adelantada por la Fiscalía, que tuvo como fin “establecer el sitio donde estaban autorizadas las prácticas del manejo de explosivos, granadas del ejercito de esta población, establecer el grado de seguridad del campo de entrenamiento y acceso de personal civil a ese sitio” (fls. 178 y 179 cdn. ppl.) estableció que el artefacto hallado se encontró en un sitio boscoso sobre el caño Irique a 100 metros de distancia del área del polígono y que “en el momento no se pudo determinar si estos son predios del batallón 21 Vargas o del barrio Villas de Granada, debido que para esto se necesitan los planos de los terrenos y que se haga un levantamiento topográfico de toda el área (…)”.

(15) El militar Henry López Perdomo, oficial del Ejército y orgánico de ese batallón, señaló que los jóvenes habrían podido ingresar a la zona del polígono ya que no había un centinela en el área que rodeaba el polígono y lo único que separa los predios del batallón del barrio es una cerca de alambre de púa que se puede traspasar manipulándola. Esto último también quedó corroborado con otros medios de prueba (párr. 9.5.).

(16) “5. A los miembros del Batallón de Infantería Nº 21 Vargas, que llevan a cabo prácticas dentro de las instalaciones de la unidad y en el polígono diseñado y construido para tal fin, se les hace entrega detallada de las armas, municiones y explosivos, registrando en el libro de tiro o acta de legalización cada detalle de la práctica, relacionando el material gastado y sobrante, documento que es firmado por el personal que dispara. El material utilizado es suministrado por el depósito de armamento de la unidad, con base en una solicitud de préstamo y una vez realizado el ejercicio se elabora un comprobante de gasto donde se describe el material utilizado, se hace entrega de las vainillas si es munición o seguros si es material explosivo (…).

8. El material que no explota, se demarca y reporta al comando del batallón quien ordena la detonación del mismo con carga hueca, para lo que se asigna personal especializado.

(17) En este sentido se pronunció, de manera reciente esta Subsección, a través de sentencia de marzo 10 de 2011, Exp. 19.347.

(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M. P. Enrique Gil Botero. Expediente: 25.022.

(19) Si bien el magistrado ponente de esta providencia no compartió la posición mayoritaria frente a este asunto, lo cierto es que se acoge a la nueva línea jurisprudencial fijada por la Sala en aras del respeto de la misma y el principio de eficiencia.

(20) Consejo de Estado, sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, Exp. 11.842. M. P. Alier Hernández Sección Tercera.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, actor: Antonio María Ordóñez Sandoval.

(22) Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.

(23) Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.

(24) Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 252.

(25) Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.

(26) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007, expediente 16.407.

(27) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de 14 de septiembre 2011, exp. 19031, M. P. Enrique Gil Botero.

(28) “ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.