Sentencia 2000-00027 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 25000-23-26-000-2000-00027-01 (29774)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Saudy Marcela Rocha Huertas y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada, contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2004, por la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. El tribunal resolvió:

“Primero.- Declárase no probada la excepción propuesta.

Segundo.- Declárase que Saudy Marcela Rocha Huertas, Jhon Alexander Rocha Huertas, Marlon David Rocha Huertas, Yesid Alfonso Rocha Huertas, Luz Ángela Castillo Sánchez, Angie Giovanna Carolina Castillo Sánchez, Edwin Michell Castillo Sánchez y Hernando Pabón - carecen de legitimación en la causa por activa en relación con las pretensiones de la demanda.

Tercero.- Declárase al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec-, administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Alfonso Pabón, ocurrida el 19 de junio de 1999, dentro de las instalaciones de la Penitenciaria Central de Colombia “La Picota”.

Cuarto. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec-, a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales subjetivos:

A Genara Pabón Monroy el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en su condición de madre de la víctima.

A Rosalba Pabón, Martha Leonor Pabón, Julio César Pabón, Gladys Cecilia Torres Pabón, Sandra Marlene Torres Pabón, Maribel Torres Pabón, Doris Yaneth Torres Pabón y Ana Lucía Torres Pabón el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos en su condición de hermanos de la víctima.

A José Edgar Torres Díaz el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, en su calidad de tercero damnificado por la muerte de la víctima.

El salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia

Quinto. Para el cumplimiento de la sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Sexto. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo. Como el valor de las condenas supera los 300 salarios mínimos, de no ser apelada esta providencia, CONSULTESE con el Consejo de Estado (CCA., art. 184, modificado por el art. 57 de la L. 446/98).

Octavo. Sin condena en costas” (fls. 208 a 210, cdno. ppal.).

I. Antecedentes

1. Pretensiones.

El 16 de diciembre de 1999, en ejercicio de la acción de reparación directa, prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por intermedio de apoderado judicial, los señores Genara Pabón Monroy y Edgar José Torres Díaz —madre biológica y padre de crianza— Rosalba, Martha Leonor, Hernando y Julio Cesar Pabón, Gladys Cecilia, Sandra Marlene, Doris Janeth y Ana Lucía Torres Pabón -hermanos- Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez —compañeras permanentes— quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos Jhon Alexander, Marlon David y Yesid Alfonso Rocha Huertas y Angie Giovanna Carolina y Edwin Michell Castillo Sánchez respectivamente, presentaron demanda contra el Ministerio de Justicia(1) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante, Inpec, con base en las siguientes pretensiones:

“1-Pretensiones:

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, en forma solidaria, de los perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo de la muerte de Carlos Alfonso Pabón, por las heridas con arma de fuego recibidas dentro de las instalaciones de la Penitenciaria Central de Colombia La Picota, en hechos ocurridos el diecinueve (19) de junio de 1999 en Stafé (sic) de Bogotá, D.C.-

SEGUNDA: Condenar solidariamente a la NACIÓN (Ministerio de Justicia y del Derecho) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino, según su precio de venta certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1 Para: Saudy Marcela Rocha Huertas, Yesid Alfonso Rocha Huertas, Marlon David Rocha Huertas y Jhon Alelxander (sic) Rocha Huertas, dos mil gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de compañera permanente e hijos de la víctima y/o como terceros afectados o damnificados de la víctima.

2 Para: Luz Ángela Castillo Sánchez, Angie Giovanna Carolina Castillo Sánchez y Edwin Michell Castillo Sánchez, dos mil (2.000) gramos oro fino para cada uno en sus condiciones de compañera permanente e hijos de la víctima y/o como terceros afectados o damnificados de la víctima.

3- Para: Genara Pabón Monroy y Edgar José Torres Díaz, dos mil (2.000) gramos oro fino para cada uno en sus condiciones de madre natural y padre de crianza y/o como terceros afectados o damnificados de la víctima.

4- Para: Rosalba Pabón, Martha Leonor Pabón, Hernando Pabón, Julio Cesar Pabón, Gladys Cecilia Torres Pabón, Sandra Marlene Torres Pabón, Maribel Torres Pabón, Doris Janeth Torres Pabón Y Ana Lucia Torres Pabón, quinientos (500) gramos de oro fino para cada uno en sus condiciones de hermanos y/o como terceros afectados o damnificados de la víctima.

TERCERA: Condenar solidariamente a la NACIÓN (Ministerio de Justicia y del Derecho) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a pagar a favor de: Saudy Marcela Rocha Huertas, Yesid Alfonso Rocha Huertas, Marlon David Rocha Huertas, Jhon Alexander Rocha Huertas; y Luz Ángela Castillo Sánchez, Angie Giovanna Carolina Castillo Sánchez Edwin Michell Castillo Sánchez, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su compañero permanente y padre Carlos Alfonso Pabón teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1- Un salario quinientos mil ($ 500.000) pesos mensuales que ganaba la víctima en su trabajo que realizaba antes de ingresar a la cárcel o en subsidio el salario mínimo legal vigente para le fecha en que se profiera la sentencia, más el treinta (30%) por ciento de prestaciones sociales, en ambos casos. (Último inciso del num. 2º art. 18 de la L. 50/90, en armonía con el art. 96 de la L. 223/96 de conformidad con la sentencia de julio 4 de 1997. Expediente # 10098. Actor: Abraham Ávila Rondón y otros. Magistrado Ponente. Dr. Ricardo Hoyos Duque del Honorable Consejo de Estado).

2 La vida probable de la víctima, de sus compañeras permanentes: Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez y la edad de veinticinco (25) años para sus hijos de crianza: Yesid Alfonso Rocha Huertas, Marlon David Rocha Huertas, Jhon Alexander Rocha Huertas, Angie Giovanna Carolina Castillo Sánchez y Edwin Michell Castillo Sánchez, respectivamente, según la tabla de supervivencia aprobada para los colombianos por la Superintendencia Bancaria.

3 Actualizada dicha cantidad, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre junio de 1999 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia, o el auto que liquide los perjuicios materiales. Teniendo presente la jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que como mínimo se deben liquidar estos perjuicios con el salario mínimo legal vigente para la época en que se haga la liquidación de los perjuicios materiales.

4 Según las fórmulas médicas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

CUARTA: LA NACIÓN y/o El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, en forma solidaria, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia, dictaran dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la conciliación o en concordancia con la Sentencia C-188 de marzo 24 de 1999 de la Corte Constitucional. Referencia: Expediente # D- 2191. Actor: Ana María Acosta y otros. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.” (fls. 13 a 16 cdno. 1).

2. Fundamentos de hecho.

Como fundamento de las pretensiones se esbozaron los siguientes hechos:

2.1 El señor Carlos Alfonso Pabón, reseñado ante las autoridades penales y carcelarias como Jhon Alexander Torres Pabón, fue condenado por el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá, D.C. a 42 años de prisión, por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y permaneció detenido entre otros establecimientos, en las cárceles Picaleña de Ibagué, Calarca de Quindío y El Barne de Tunja, hasta su último traslado autorizado el 18 de junio de 1999 a la Penitenciaria Central La Picota (fls. 18 y 19, cdno.1 y 41 y 42, cdno. 2).

2.2 El 19 de junio de 1999, es decir, el día de su llegada a esta última, mientras el recluso esperaba la asignación de patio, fue herido de gravedad y falleció a causa de lesiones producidas con armas cortopunzante y de fuego. El hecho causó a los demandantes perjuicios por los que reclaman ser indemnizados.

3. Oposición a la demanda

3.1 El 17 de octubre de 2000, el Inpec contestó la demanda y se opuso a todas y cada una de las pretensiones(2). Hizo alusión a que, si bien el Estado debe brindar protección para preservar la integridad de quienes se encuentran recluidos en centros carcelarios, se debe tener en cuenta que resulta imposible disponer vigilancia particular a los internos, con el fin de contrarrestar los atentados que contra ellos puede cometer la delincuencia organizada en los propios centros carcelarios, entre otros motivos, por ajuste de cuentas, como ocurrió en el sub lite.

3.2 Puso de presente que la muerte de los reclusos se ha convertido en un negocio, como lo denota este caso, al que se han presentado no solo las dos compañeras permanentes con sus respectivos hijos, sino también los hermanos y el padre de crianza.

3.3 Sobre los perjuicios, manifestó que no se puede perder de vista que el Consejo de Estado ha considerado que los de índole moral se presumen, únicamente, tratándose de padres, hijos, cónyuge o compañera permanente y hermanos menores, por cuanto, en relación con los mayores el impacto emocional debe demostrarse.

3.4 Finalmente, el Inpec formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, respecto de las compañeras permanentes, hijos y padre de crianza, por cuanto, a su parecer, estas calidades no fueron acreditadas (fls. 61 a 65, cdno. 1).

4. Alegatos de conclusión.

4.1 El 22 de junio de 2004, la parte actora presentó alegatos de conclusión (fls. 175 a 178, cdno. 1). Con fundamento en las pruebas allegadas al proceso y pronunciamientos judiciales solicitó que se declare la responsabilidad de la entidad demanda, pues el daño causado a los demandantes se encuentra demostrado y también la imputación, estando la administración, por tanto, obligada a responder.

4.2. El 1º de julio de 2004, el Inpec, puso de presente las actuaciones dirigidas a preservar la seguridad del interno, trasladándolo de centro de reclusión, al igual que la participación activa del recluso en los hechos en que perdió la vida (fls. 179 a 183, cdno. 1).

Por último, señaló que las pruebas que obran en el expediente para demostrar el parentesco y así mismo los lazos de afecto, entre el recluso y los demandantes, son inconsistentes y revisten particularidades que deberán ser analizadas cuidadosamente, de considerarse procedente la condena a la entidad.

5. Sentencia recurrida

En sentencia del 7 de octubre de 2004, la subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

5.1 El a quo encontró demostrado que el señor Carlos Alfonso Pabón se encontraba recluido en la penitenciaria La Picota con el nombre de Jhon Alexander Torres Pabón y que falleció en el lugar, como consecuencia de heridas propinadas con arma de fuego, de donde dedujo el incumplimiento del Inpec del deber de otorgarle la seguridad que el mismo requería para garantizar su integridad personal. Omisión que no puede sino considerarse causa eficiente de la muerte, por cuanto, de haberse prestado no se hubiera producido el fatal desenlace. La causal de exoneración, por el hecho de la víctima, propuesta por la demandada, fue negada por falta de sustento probatorio.

5.2 En lo que tiene que ver con la indemnización, el tribunal solo encontró probado el daño moral causado a la madre de la víctima, a su padre de crianza y a sus hermanos, con excepción del señor Hernando Pabón a quien excluyó por no haber acreditado parentesco con el occiso, al tiempo que negó los perjuicios materiales, toda vez que, en su criterio, el señor Pabón, al tiempo de su muerte, era improductivo en términos económicos. Sumado a que la pretensión fue formulada por quienes no demostraron legitimación (fls. 185 a 208, c. ppal.).

6. Recurso de apelación.

6.1 La demandante impugna la decisión. Sostiene (i) que si bien el señor Hernando Pabón se presentó al proceso como hermano, en todo caso probó su calidad de damnificado, habida cuenta que los testimonios así lo refieren y (ii) que la prueba testimonial también da cuenta de la condición de compañeras permanentes de las señoras Rocha Huertas y Castillo Sánchez y la de los hijos de estas (fls. 230 y 231, cdno. ppal.).

6.2 También la demandada recurre la providencia. Para el efecto, pone de presente i) que la muerte ocurrió a consecuencia de la acción criminal de otros reclusos, de donde se configuró el hecho de un tercero, aunado a que la víctima participó en los acontecimientos, tal como lo demuestran las pruebas de alcoholemia y de absorción atómica y ii) que la prueba testimonial no permite inferir el daño moral, alegado por los hermanos (fls. 221 a 225, cdno. ppal.).

También la demandada impugna un supuesto reconocimiento al señor Hernando Pabón, mismo que el a quo negó, por falta de legitimación en la causa.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

El Inpec solicita revocar la sentencia apelada. Para el efecto reitera fundamentalmente los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y en el escrito de impugnación (fls. 247 a 264, c. ppal.)(3).

8. Pruebas en segunda instancia.

Por estructurarse los requisitos establecidos en el numeral 4º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, esta Corporación, mediante proveído del 3 de diciembre de 2008, incorporó al expediente los registros civiles de nacimiento de los menores Jhon Alexander, Yesid Alfonso y Marlon David apellidados en el plenario Rocha Huertas, aportados por la parte demandante en segunda instancia (fls. 294 a 297, cdno. ppal.) habida cuenta que la paternidad del señor Carlos Alfonso Pabón fue definida por el Juzgado 8 de Familia del Circuito de Bogotá el 3 de noviembre de 2006.

II. Consideraciones de la Sala

1. Problemas jurídicos.

Corresponde a esta Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad estatal y proceder a la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales, causados a los demandantes con la muerte del señor Carlos Alfonso Pabón, en hechos ocurridos el día 19 de junio de 1999, en las instalaciones de la Penitenciaría Central La Picota.

Para este fin, se habrá de reiterar la jurisprudencia de la corporación en la materia, sin perjuicio de los planteamientos de la demandada, tanto en lo que tiene que ver con la exoneración por el hecho de la víctima y de un tercero, como en lo relativo a la prueba de los perjuicios. Último aspecto en que la parte activa también sustenta su recurso.

2. Análisis del caso.

2.1 Hechos probados.

2.1.1 De acuerdo con la tarjeta decadactilar y de control de reclusos, el señor Carlos Alfonso Pabón, reseñado como Jhon Alexander Torres Pabón había sido condenado a 42 años de prisión por el juzgado 37 penal del circuito de Bogotá por el delito de homicidio; punible por el cual fue detenido y recluido, entre otras, en las cárceles Picaleña, Calarca y Barne y finalmente trasladado a la Penitenciaria Central la Picota, mediante Resolución 160 del 18 de junio de 1999 (fls. 41 y 42, cdno. 2).

2.1.2 Se conoce que ya en La Picota, varios reclusos, entre los que se encontraba el señor Carlos Alfonso, mientras esperaban en el pasillo de recepciones la asignación de pabellón, fueron ultimados. Así lo hicieron saber los dragoneantes Mauricio Ramírez Palacios y Conrrado García Villada, en informe que sobre estos hechos dirigieron al director del centro carcelario:

“(...) aproximadamente a las 16:45 horas en momentos en que nos encontrábamos contando el personal de internos en el pabellón cuatro en compañía del Dgte. Ramírez Palacios Mauricio, una vez había culminado la salida del personal de visitantes del pabellón, fuimos sorprendidos por varios internos los cuales venían encapuchados y con armas de fuego de diferentes clases y calibres con los (sic) cuales nos encañonaron y nos hicieron retirar del lugar, posteriormente y en forma rápida ingresaron al pasillo de recepciones y en forma inmediata se escucharon detonaciones en repetidas oportunidades, al parecer con armas de fuego; segundos más tarde se presentaron en el lugar los señores Teniente Vargas Ortiz Humberto y el Sto. Quintero Torres José Vicente, en compañía de un personal de guardia con los que ingresaron al pasillo y encontraron tirados seis (6) internos a los que inmediatamente se les ordenó el traslado a la guardia externa para que fueran remitidos a un centro asistencial de la ciudad, pero minutos más tarde el enfermero de servicio informó que los internos mencionados ya habían fallecido, los occisos corresponden a los nombres de:...Torres Pabón Jhon Alexander (copia del informe obrante en el proceso administrativo, fls. 62 y 63, cdno. 2).

2.1.3 Se sabe que el señor Carlos Alfonso falleció en la cárcel La Picota el 19 de junio de 1999, como consecuencia de heridas ocasionadas con arma de fuego:

“Análisis del caso

Se trata de un hombre adulto quien recibe 17 impactos por proyectiles de arma de fuego de diferentes calibres y 17 heridas por arma cortopunzante esto sucede en la cárcel la picota.

A la autopsia se encuentra que las heridas por arma cortopunzante no compromenten la vida; pero de las heridas a bala algunas interesan el encéfalo y el corazón como órganos vitales.

(...).

Conclusión:

Hombre adulto quien fallece por laceraciones cerebrales y herida cardiaca secundaria a heridas por proyectiles de arma de fuego calibres 7.65 y 32 largo” (fls. 93 a 99-copia de protocolo de necropsia 2735-1999).

2.1.4 Se estableció que al cadáver le fueron practicados, entre otros, exámenes de toxicología y de absorción atómica, los cuales arrojaron resultados positivos:

“MUESTRA: SANGRE

ANALISIS SOLICITADO: ALCOHOL ETILICO

RESULTADO ALCOHOL ETILICO: 64.7 mg%

TECNICAS EMPLEADAS: CROMATROGRAFÍA DE GASES

(...).

MUESTRA: RIÑON

ANÁLISIS SOLICITADOS: ESTUPEFACIENTES

RESULTADO:

METABOLITOS DE COCAINA: NO DETECTADO

CANABINOIDES: NO DETECTADO

OPIACEOS: NO DETECTADO

TÉCNICAS EMPLEADAS: INMUNOENSAYO...” (fl. 273, c.3-copia de análisis toxicológico).

“RESULTADOS:

La determinación para los residuos compatibles con los de disparo, representada por los elementos Plomo, Antimonio, Bario, y Cobre (Pb, Sb, Ba, Cu), en la muestra identificada como frotis tomando a las manos, dio el siguiente resultado:

MANO IZQUIERDA: POSITIVO

MANO DERECHA: POSITIVO

Los niveles encontrados son anormalmente altos, superiores a los promedios típicos. Esto puede presentarse cuando se han efectuado muchos disparos o cuando hay huellas de tatuaje en las manos provocadas por el desfogue del arma o en algunas ocupaciones relacionadas con elementos que interfieren. El investigador evaluara estos hallazgos junto con los hechos que se han establecido en la investigación” (fls. 274 y 275-copia de análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica (plasma) o absorción atómica)”(4).

2.1.5 Se encuentra probada la calidad de damnificados de todas las personas que concurrieron al proceso como demandantes, con los respectivos registros civiles de nacimiento y la prueba testimonial y documental recauda:

2.1.5.1 Los registros civiles de nacimiento aportados con la demanda acreditan que la señora Genara Pabón era la madre del occiso y los señores Rosalba, Martha Leonor, Hernando y Julio Cesar Pabón sus hermanos y que también tenían tal calidad Gladys Cecilia, Sandra Marlene, Maribel, Doris Janeth y Ana Lucia Torres Pabón (fls. 9 a 19, cdno. 2).

2.1.5.1.1 En relación al señor Hernando Pabón, la Sala se aparta de las apreciaciones efectuadas por el a quo y otorga plena credibilidad a lo establecido en el registro civil de nacimiento, corregido mediante escritura pública 1969 de 10 de septiembre de 1999 e inscrito el 15 de ese mismo mes y año (fl. 12, cdno. 2), otorgada para rectificar el nombre de la madre María Emma Pabón Monroy por Genara Pabón Monroy.

2.1.5.1.2 Lo anterior porque, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1260 de 1970, el registro civil es susceptible de correcciones o modificaciones (art. 89) estas últimas por decisión judicial o por solicitud de los interesados, quienes, en los eventos en los que los datos no correspondan a errores simplemente mecanográficos, ortográficos o aquellos que se puedan establecer con la sola comparación o lectura del folio, deben elevar escritura pública, indicando las razones de la corrección y aportando y protocolizando los documentos que la fundamenten (art. 91). Procedimiento del que hizo uso el señor Hernando Pabón para rectificar el nombre de su progenitora.

2.1.5.1.3 Además, esta corporación, con fundamento en los artículos 106 y 107 de la citada normativa, ha considerado “que todo registro civil se presume legal, salvo cuando se demuestre su ilegalidad, mediante los mecanismos legales previstos para tal efecto”(5). En ese sentido, el registro civil a cuyo tenor la señora Genara Pabón es la madre del señor Hernando demandante en este asunto, produce plenos efectos desde la fecha en que se inscribió, es decir, el 15 de septiembre de 1999.

Es que por el solo hecho de haber acudido a la corrección del registro, después de ocurrido el hecho dañoso, al que se refiere el sub lite, no tendría que desconocerse las correcciones que proceden en cualquier tiempo.

2.1.5.2 Por su parte, los registros civiles aportados en segunda instancia, como consecuencia de la declaración de paternidad, efectuada por el Juzgado 8 de Familia del Circuito de Bogotá, el 3 de noviembre 2006, acreditan que el señor Carlos Alfonso Pabón fue padre de Jhon Alexander, Marlon David y Yesid Alfonso, inicialmente apellidados Rocha Huertas (fls. 294 a 297, cdno. ppal.).

2.1.5.3 La condición de padre de crianza del señor Edgar José Torres Díaz se encuentra acreditada, tal como se consideró en primera instancia. De ello da cuenta la prueba testimonial, en especial las declaraciones rendidas por los señores Laura Teresa Cruz Fonseca (fls. 132 a 134, cdno. 2), Servio Julio Ramírez Álvarez (fls. 134 y 135, cdno. 2), Blanca Nubia Pabón Benítez (fls. 137 y 138, cdno. 2) y Jaime Osvaldo García Guerrero (fls. 138 a 140, cdno. 2) quienes además de señalarlo como el compañero de su madre, se refirieron al señor Torres Díaz como padre de crianza del occiso.

2.1.5.4 Finalmente, para la Sala también se encuentra acreditada la condición de compañeras permanentes de las señoras Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez y el vínculo afectivo de los hijos de esta última, Angie Giovanna Carolina y Edwin Michell Castillo Sánchez, con el fallecido.

Sobre el particular el señor José Ignacio Mahecha Angulo manifestó, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

“Al señor Carlos Alfonso Pabón no lo conocí detalladamente, conozco desde su nacimiento a la señora Luz Ángela Castillo Sánchez, sobrina de mi esposa, quien convivió con el señor Carlos Alfonso Pabón de cuya unión hay dos hijos, Angie Carolina de nueve (9) años, y Edwin de cuatro (4) años, a quienes él (Carlos Alfonso) ayudaba a su mantenimiento o sustento con el producto de trabajos de albañilería y varios hasta cuando fue detenido. También me consta que la señora Luz Ángela Castillo lo visitó regularmente en los sitios donde estuvo detenido hasta su muerte en la cárcel La Picota, pues eso es lo que me consta. Preguntado: A que se refiere cuando en la pregunta anterior contesta no lo conocí detalladamente al señor Carlos Alfonso Pabón. Contestó: a que no tuve yo relación directa con Carlos Alfonso Pabón sino con la esposa Luz Ángela Castillo (...). PREGUNTADO: Diga cuáles son los nombres de los integrantes del grupo familiar del señor Carlos Alfonso Pabón antes del diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). Contestó: No los conozco, pues yo me refiero únicamente a la relación directa del señor Carlos Alfonso Pabón con Luz Ángela Castillo. Pregunta: Diga si la muerte de Carlos Alfonso Pabón afectó de alguna manera a Luz Ángela Castillo. Contestó: Sí la afectó, moral y físicamente por cuanto quedó desamparada sin esperanza de que saliera libre para seguirla ayudando con sus hijos que actualmente con lo poco que ella consigue en trabajos independientes de ventas callejeras y las ayudas de caridad que a veces recibe (...). Pregunta: Sírvase manifestar al Despacho cuál fue la reacción de Luz Ángela Castillo Sánchez cuando se enteró de la muerte de Carlos Alfonso Pabón. Contestó: (...) fue dolorosa efectivamente fue una pérdida muy grande para ella y sus hijos, porque Luz Ángela quedó totalmente desamparada emocional, afectiva y económicamente (fls.129 a 131, cdno. 2).

También ante el Tribunal la señora María Raquel Castillo Mahecha sostuvo:

“La testigo manifiesta ser la tía de la señora Luz Ángela Castillo Sánchez, quien es una de las demandantes en el proceso. Preguntado por el magistrado: Su declaración se refiere al conocimiento que tenga en relación con el señor Carlos Alfonso Pabón y las relaciones de este con los integrantes de su grupo familiar. Diga usted lo que al respecto le conste expresando las razones por las cuales conoce los hechos. Contestó: Yo conocí a Carlos Alfonso cuando era compañero de Luz Ángela, pues, ellos vivían juntos, tienen dos niños, ninguno de los dos niños esta registrado porque Carlos Alfonso no tenía cédula, el botó la cédula. Carlos trabajaba en construcción y siempre que nos encontrábamos ellos estaban bien, pues con la niña, porque al niño lo concibieron en la cárcel del Barne (...). Preguntado: Diga cuales son los nombres de los integrantes del grupo familiar del señor Carlos Alfonso Pabón. Contestó: Luz Ángela Castillo Sánchez y sus hijos Angie Carolina y Edwin. Pregunta. Diga si la muerte de Carlos Alfonso Pabón afectó de alguna manera a Luz Ángela Castillo y a sus hijos Angie Carolina y Edwin.Contestó: Claro que los afectó, claro que más a la niña pues el niño era un bebé, ahora en que sentido, pues se quedaron sin papá lo más importante y Luz Ángela quedó sola sin quien le colaborara los niños con la educación y la manutención de los niños. Pregunta: sírvase manifestar al despacho cual fue la reacción, de Luz Ángela Castillo y sus hijos cuando se enteraron de la muerte de Carlos Alfonso Pabón. Contestó: Pues desasosiego, tristeza, Luz Ángela quedó muy mal con eso, la niña Angie Carolina lloraba mucho. Pregunta: Sírvase manifestar al despacho cual era el trato que le daba Carlos Alfonso Pabón a Angie Carolina y Edwin Michael Castillo Sanchez. Contestó: Él los trataba con mucho amor, como un buen papá” (fls. 131 y 132, cdno. 2).

La señora Laura Teresa Cruz Fonseca sobre el particular señaló:

“Pregunta: Sírvase manifestar al despacho si Carlos Alfonso Pabón tenía integrado otro hogar u hogares. Contestó. Sí el dejó dos hogares, el primero con Marcela Rocha con el cual dejó tres hijos, que son Marlon, Edwin y Jhon y con la segunda señora Ángela Castillo, con la cual dejó dos niños, que son Angie Carolina y Edwin. Pregunta: Sírvase manifestar al despacho si Carlos Alfonso Pabón, mantenía económicamente esos hogares. Contestó: Sí Alfonso le colaboraba a las esposas, en lo que él trabajaba que era la construcción, igualmente le colaboraba a Genara la mamá. Pregunta: Sírvase manifestar al despacho cuál fue la reacción de las compañeras permanentes y de sus hijos cuando se enteraron de su muerte. Contestó: Bueno pues a ellas les afectó, pues de reaccionar con llanto, sobre todo los niños y pues a mí me consta porque yo los acompañé en el sepelio y en las misas que se han realizado en la casa y pues todavía no se reponen de ese dolor, lloran mucho. Pregunta: Sírvase manifestar al despacho cuál era el trato que Carlos Alfonso Pabón daba a los hijos en los cuales tenia integrado lo dos hogares. Contestó: El trato de Carlos Alfonso era de mucho cariño, de mucho afecto, de ejemplo y enseñanza, como un padre es lo único que puede dejar a los hijos” (fls. 132 a 134, cdno.2).

El señor Servio Tulio Ramírez Álvarez al respecto manifestó:

“Conocí a Carlos Alfonso Pabón, él era hermano de Rosalba Pabón, Cesar Pabón, Jairo Pabón, Gladys Torres, Marlene Pabón, Maribel Pabón, Doris Pabón y Ana Lucia Torres, el papá de crianza de Carlos Alfonso, Edgar Torres y la mamá Genara Pabón, los conocí por intermedio de Rosalba Pabón que convivió conmigo aproximadamente nueve años y por esta razón distingo a toda la familia (...) Preguntado: Diga si la muerte de Carlos Alfonso Pabón afectó de alguna manera a Genara Pabón y José Edgar Torres quienes eran sus padres y a sus hermanos Martha, Hernando, Rosalba, Julio Cesar, Gladys, Jairo, Maribel. Contesto: Claro que los afectó yo presencie el día del entierro la reacción, vi que lloraban mucho, luego les afectó mucho a la mamá, y que aún sienten la ausencia de Alfonso mucho (...) Pregunta: Sírvase manifestar al despacho si Carlos Alfonso Pabón tenía integrado otro u otros hogares, si es así manifieste con nombres. Contestó: Sí Carlos tenía dos hogares, los nombres de las mujeres no me acuerdo, pero sí sé que hubo dos hogares. Me enteré por intermedio de Rosalba Pabón quien fue con la persona que conviví; lo que si se es que tuvieron varios hijos, Sandy Marcela Torres, Yesid Alfonso Torres, Marlon Torres, Jhon Alexander Torres, Ángela Castillo Torres, Angie Carolina Torres, Edwin Michael Torres. Pregunta: Sírvase manifestar al despacho cuál fue la reacción de las compañeras de Carlos Alfonso Pabón cuando se enteraron de su fallecimiento. Contestó: Ellas asistieron al entierro y también vi el dolor que ellas sentían en ese momento, por la muerte de Carlos Alfonso ellas lloraban mucho era palpable el dolor. Pregunta: Sírvase manifestar al despacho si Carlos Alfonso Pabón, mantenía económicamente esos hogares Contestó: Sí, Alfonso colaboraba con los hogares, económicamente con lo que podía” (fls. 134 a 136, cdno. 2).

La señora Blanca Nubia Pabón Benítez, sobre el particular expuso:

“Preguntado: Manifieste al Despacho si tiene conocimiento de hasta que edad Carlos Alfonso Pabón compartió el mismo techo junto con su padre de crianza, madre y hermanos. Contestó: El compartió el techo hasta que tuvo el problema que tuvo y se lo llevaron para allá donde estaba detenido (...) Preguntado: Sírvase manifestar al Despacho en que fecha formó el hogar Carlos Alfonso Pabón. Constestó: Si no estoy mal, él estaba adentro cuando empezó a formar los dos hogares que tuvo. No recuerdo el nombre de las compañeras y de los hijos” (fls. 137 y 138, cdno. 2).

Asimismo, el señor Jaime Osvaldo García Guerrero sostuvo:

“Preguntado: Manifieste al Despacho si tiene conocimiento de hasta que edad Carlos Alfonso Pabón compartió el mismo techo junto a su padre de crianza, madre y hermanos Contestó: El compartió techo con ellos hasta un promedio de 17 o 16 años, luego él se independizó y fue cuando tuvo señora, su nombre es Marcela (...) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho en qué fecha formó el hogar Carlos Alfonso Pabón. Contestó: más o menos como nueve años atrás de su muerte él ya vivía con Marcela. Preguntado: Manifieste al Despacho si Carlos Alfonso Pabón tenía formado otro hogar. Si es así, sírvase manifestar el nombre de las otras personas que conformaban ese hogar. Contestó: Sí tenía otro hogar con la señora Ángela. Con ella tuvo dos hijos. La niña se llama Angy y el niño Edwin. Yo creo que el tenia las dos mujeres al mismo tiempo. Preguntado: Manifieste al Despacho si el señor Carlos Alfonso Pabón mantenía económicamente el hogar integrado con la señora Ángela. Contestó: Sí, y me consta porque él era muy trabajador. Preguntado: Manifieste cuál fue la reacción de las compañeras permanentes y de los hijos de Carlos Alfonso Pabón cuando se enteraron de su muerte. Contestó: dolorosa, desesperante, me consta porque yo las veía. El día de las exequias —del velorio— ellas estaban ahí presentes, el último acompañamiento de Carlos Alfonso fue en la casa de mi mami y todos los familiares fueron allá a la velación (fls. 138 a 140, cdno. 2).

La señora Ana Cecilia Melo Lesmes, al respecto manifestó:

“Pues cuando yo llegué al barrio Manzanares, la mamá de Saudy Marcela vivía allí y era de la junta de acción comunal entonces yo los distinguí a Marcela y al esposo Carlos Alfonso Pabón, cuando los distinguí a ellos tenían un niño, después tuvieron dos más, los hijos se llaman Yesid, Marlon y Jhon, ellos vivían en una casita y pagaban arriendo ahí, ellos trabajaban reciclando, ambos sostenían el hogar. Siempre vi a Carlos Alfonso bien de salud, pues yo nunca lo vi enfermo. Yo nunca los vi en problemas dentro de la familia. A ella le afectó la muerte de Carlos Alfonso, les afectó a ella y a los niños. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora quien manifestó: Preguntado: Manifieste al Despacho cual fue la reacción de Saudy Marcela Rocha, Yesid Alfonso, Marlon David y Jhon Alexander Rocha cuando se enteraron de la muerte de Carlos Alfonso Pabón Contestó: Ella fue a la casa y me contó que le habían matado al esposo y muy triste, yo vi llorando a los dos niños mayorcitos por el papá, que querían ver al papá. Preguntado: Sírvase manifestar al Despacho, desde que fecha tenía integrado su hogar el señor Carlos Pabón y Marcela Rocha. Contestó: Doce años. Preguntado: Manifieste al Despacho si la muerte de Carlos Alfonso Pabón les afectó moral y materialmente a Saudy Marcela Rocha Huertas, Yesid Alfonso, Marlon David y Jhon Alexander Rocha. Contestó: Claro, moralmente, económicamente y pues físicamente también, pues yo los vi llorar a ellos, si la he visto pasar necesidades económicas, ellos vivían en arriendo y lo pagaban entre los dos ellos trabajaban para pagar” (fls. 138 a 140, cdno. 2).

También, la señora Lida Roció Marulanda Angarita en su declaración ante el tribunal afirmó:

“Yo a Marcela la distinguí cuando estaba soltera en el año 1990 y a Alfonso un año después cuando se fueron a vivir ellos los dos, en el año noventa nació Yesid Alfonso Rocha Huertas, a los dos años nació Marlon de ahí fue cuando nosotros empezamos a reciclar con Alfonso, la familia de Alfonso y Marcela, hasta el 93 yo me vi con ellos, hasta ahí supe de ellos porque me fui a vivir a otro lado del barrio. En el año 1994 yo supe por Marcela que Carlos estaba en la Cárcel y estaba esperando el tercer niño Jhon Alexander ahí me la encontré a ella pero vivía ya sola en el barrio manzanares donde vivía con Alfonso antes. Desde ahí fue cuando supe que iba a la cárcel a visitarlo y le ayudaba hacer las artesanías y yo le ayudaba a venderlas o rifarlas a veces dentro de la cárcel le ayudaba a Marcela con los niños con las artesanías y sostenía a los niños con eso y ella a veces trabajaba en casas de familia o nos íbamos a reciclar. Dos años después conocí a esa muchacha Angie en el 95 con quien tenía dos hijos y Marcela me la presentó para ir a vender artesanías que él hacía (...) A Marcela le ha dado muy duro, en este momento ella esta pasando por las duras y las maduras, cuando Marcela me contó sufrió mucho y me dijo que había fallecido la mano derecha de ella. Los niños entre ellos el segundo y el tercero no lo han superado, el menor anda con una foto del papá para arriba y para abajo. Ella trabaja y ve por los niños, ella quedó sola paga arriendo y colegio (...) Preguntado: Manifieste al despacho si Carlos Alfonso antes de su ingreso a la cárcel mantenía económicamente su hogar integrado por Saudy Marcela Rocha y sus hijos Yesid Alfonso y Marlon David Contestó: Claro, sí, nosotros reciclábamos con ellos y cuando no reciclaba trabajaba con los cuñados en la rusa en la construcción” (fls.146 y 147, cdno. 2).

2.1.5.5 La Sala advierte que dentro de los anteriores deponentes se encuentran los señores José Ignacio Mahecha Angulo y María Raquel Castillo Mahecha, quienes manifestaron su condición de tíos de la señora Luz Ángela Castillo Sánchez y el señor Servio Julio Ramírez Álvarez quien convivió con la señora Rosalba Pabón hermana del fallecido, declaraciones que en relación a su parentesco o cercanía con los demandantes se encuentran en los supuestos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, la coherencia y extensión de sus relatos en relación a los hechos que en este momento se pretenden demostrar, permiten darles credibilidad y pasar a realizar su valoración junto con los restantes testimonios que obran dentro del proceso y que en similares términos se rindieron.

2.1.5.6 Precisado lo anterior, se deduce del análisis conjunto de las anteriores declaraciones, que el señor Carlos Alfonso Pabón tenía conformado dos hogares con las señoras Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez. Los testigos se refirieron a ello, en cuanto conocían las circunstancias familiares, esto es la relación del occiso con una y otra y con los hijos de la señora Castillo Sánchez. Igualmente, los testigos se refirieron al sufrimiento de los integrantes de una y otra familia por la muerte del progenitor y compañero.

Ahora, la relación del occiso con los hijos de la señora Luz Ángela Castillo Sánchez, también se encuentra demostrada. Los testigos se refirieron a ellos como hijos de la pareja, aspecto que, además, se puede considerar, a partir de los registros civiles de nacimiento (fls. 6 y 7, cdno. 2), de los que se desprende que Angie Giovanna Carolina y Edwin Michell son hijos de la señora Luz Ángela Castillo Sánchez y por lo mismo vinculados afectivamente al fallecido en cuanto compañero de la madre. Al punto que los deponentes se refirieron a ellos como miembros de la familia conformada por la antes nombrada con el señor Carlos Alfonso Pabón.

Lo anterior, cobra relevancia si se tiene en cuenta que en los procesos de responsabilidad civil extracontractual, adelantados en virtud de la acción de reparación directa, la legitimación la tiene toda persona que alega la condición de damnificado, por el hecho que se imputa, por eso esta Sección ha venido reiterando que probada esa condición se legitima la pretensión y procede la reparación, con mayor razón si el vínculo proviene de una relación de parentesco, cercano(6).

2.1.6 Revisadas las pruebas allegadas al proceso, en adelante la Sala procederá a abordar de manera general el contexto jurídico que regula la relación Estado-recluso, la existencia de un Estado de cosas inconstitucional en el tema carcelario de cara al sistema de responsabilidad extracontractual del Estado(7), para luego, detenerse en el caso concreto.

2.2.1 Consideraciones generales.

2.2.1.1 Sobre la responsabilidad estatal por la vida e integridad de las personas recluidas en centros carcelarios.

2.2.1.1.1 El carácter incondicional de las exigencias de la dignidad humana y su proyección frente al estado de especial sujeción de los reclusos.

El Estado colombiano, de clara inspiración humanista y sello personalista, se cimenta sobre el principio absoluto e incondicional de respeto de la dignidad del hombre, así como en el imperativo inexcusable de garantía y promoción progresiva de los derechos imprescriptibles e inalienables que de ella se derivan.

La afirmación de que la dignidad es principio fundante, fin y valor absoluto del ordenamiento colombiano, significa que el Estado reconoce la eminencia del ser humano, sin condicionamientos, y que, por lo tanto, esta no se puede perder ni decrecer en su exigencia. Ante el derecho, la persona tiene una valía inestimable, no dependiente y en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales, ninguno asociado es menor que otros.

Consecuencia directa de esta concepción humanista, en el campo del derecho y la política criminal, es el total destierro de la equiparación de la retribución con la venganza y la confusión de los fines de prevención con la anulación de quien se considera “enemigo” de la sociedad. En efecto, a la luz de los principios constitucionales que inspiran todo el sistema jurídico colombiano, no cuentan los actos de “enemigos” sino la conducta de los “infractores” y su fin no está en excluir a estos últimos de la sociedad sino, por el contrario, en permitir su resocialización.

Así pues, la persona en situación de reclusión, no se puede considerar como un paria social, ni los establecimientos carcelarios “agujeros negros” en los que las garantías constitucionales dejan de generar exigencias verdaderas en cabeza del Estado. Cierto es que el cumplimiento de los fines de protección y resocialización de la pena exigen cierta modulación del disfrute de algunos de los derechos fundamentales de quienes se encuentran en situación de reclusión, pero también lo es que tal modulación no se equipara ni podrá serlo a una capitis diminutio ius fundamental porque, como ya se dijo anteriormente, el status personae, así como no se adquiere, no se pierde.

Ahora bien, tanto en los supuestos en los que exista una modulación de iure en el ejercicio de derechos fundamentales o un especial riesgo de facto para su disfrute, se impone la adopción de un régimen especial para su protección y garantía de efectividad, que puede dar lugar a consideraciones particulares sobre la responsabilidad de la administración, fundadas en la especial situación de sujeción, en que se encuentran quienes sufren pena de reclusión.

En primer lugar, porque la modulación legítima de la libertad de locomoción —y de otras libertades—, a la que los internos se encuentran sujetos tiene como consecuencia directa la disminución de sus posibilidades de resistir a las eventuales amenazas al goce de los derechos y a la evasión de las mismas. En efecto, quien no tiene posibilidad de abandonar un lugar se ve en especial riesgo en caso de que el mismo no presente condiciones adecuadas de seguridad. Por esta razón, se afirma que el recluso, es puesto en especial situación de vulnerabilidad o sujeción y que, por ende, se hace titular de un especial derecho de protección que el Estado debe asumir, pues lo contrario sería abandonarlo a su suerte y someterlo a una situación de facto, sin derechos, la que incluso lo obligaría a enfrentarse inerme al riesgo de perder su vida e integridad personal. Esto último significaría una aceptación “eventual” de la pena de muerte, lo cual contradice, de modo directo, el artículo 11 constitucional, es decir, el compromiso estatal incondicional con la inviolabilidad de la vida.

2.2.1.1.2. Proyección del estado de especial sujeción de los reclusos en la responsabilidad aplicable por el daño causado en los establecimientos carcelarios.

En ese orden y dado que el derecho sigue al hecho, es razonable sostener que el supuesto cuya solución ocupa a la Sala, esto es la muerte de un recluso en el interior de un penal, no difiera de manera ostensible de aquellos casos que se suceden en el marco de situaciones de indefensión legalmente impuestas. Justamente esto explica que la responsabilidad estatal frente a los daños causados a quienes se ha puesto en estado de no poder resistir ante la agresión (así sea legítimamente) aboque por motivaciones al margen de la responsabilidad subjetiva, para adentrarse en los campos de valoraciones objetivas. En efecto, tal como lo ha estimado reiteradamente la jurisprudencia de esta corporación:

“En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”(8).

En igual sentido en sentencia de 14 de abril de 2011:

“En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares .

Siendo ello así, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños causados a quienes se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios o centros de reclusión, aunque no exista en el caso concreto una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad.

Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos”(9).

2.2.1.1.3 El estado de cosas inconstitucional existente en las cárceles del país.

En su escrito de defensa, el Inpec pone de presente la situación de inseguridad de los centros penitenciarios del país, argumentando que, en la práctica, le resulta imposible a la entidad destinar vigilancia especial para cada uno de los reclusos para contrarrestar los atentados de la delincuencia organizada al interior de los centros carcelarios.

Frente a la mentada alegación se estima que, independientemente, de que en el caso concreto se hayan adelantado acciones en orden a evitar el hecho en que perdió la vida el señor Carlos Alfonso Pabón, lo cierto es que el resultado obedece a la desorganización prolongada y generalizada del sistema penitenciario del país, no solamente atribuible a la demandada, sino a todas las instancias encargadas de la configuración de la política criminal y carcelaria en el país. En este sentido se puede decir, que, aunque no exista certeza de una falla en el servicio, es decir, no resulten reprochables las actuaciones específicas de la administración en razón de los hechos (en el sentido de lo hecho o dejado de hacer), el sistema carcelario en sí mismo afronta una desestructuración sistemática y una negligencia prolongada, en las que mal podría excusarse la administración argumentando, como sucede en este caso, que concurren factores externos y la intervención de la propia víctima.

En otras palabras, no se puede dejar de reconocer que en las cárceles del país existe un estado de cosas inconstitucional, cuyas consecuencias sería injusto atribuir exclusivamente al Inpec, pero que indudable comprometen al Estado en su totalidad. A este respecto vale citar lo señalado por la Corte Constitucional:

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no solo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida”. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del Inpec o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo estudio. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del Poder Público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema”(10).

2.2.1.1.4. El concepto de falla del sistema.

A pesar de haber sido expresado en el acápite anterior, la Sala considera conveniente reiterar, de modo más general, que en el terreno de la responsabilidad estatal es posible predicar dos clases de falla en el servicio, igualmente generadoras del deber de indemnizar.

En efecto, así como existen fallas consistentes en no haber hecho todo lo posible para evitar el resultado desafortunado en el caso concreto, otras, se derivan de un estado de desorganización de tal índole que imposibilitan a las autoridades actuar, en cada caso, con diligencia.

En este sentido, para la Sala a este tipo se puede llamar falla del sistema. En este sentido, es claro que, así las entidades y los servidores, individualmente considerados, realicen esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de los internos, dadas las circunstancias irregulares imperantes el esfuerzo no se consolida, de modo que cabe predicar la responsabilidad de la persona jurídica a cargo de la prestación del servicio en cuanto lo contrario significaría renunciar a las garantías, es decir a la institucionalidad misma.

La falla del sistema, como elemento configurador de responsabilidad estatal se sustenta en que, a diferencia de lo penal o disciplinario, predicable de los funcionarios individualmente considerados, la obligación de reparar se radica en la Nación, en cuanto está a cargo de la prestación de los sistemas organizativos tales como el carcelario, el de salud, el educativo, entre otros.

Ahora bien, es preciso aclarar que la falla del sistema o del servicio, derivada del estado de cosas inconstitucional, no se presenta de manera aislada sino que responde al defectuoso funcionamiento de más de una entidad e incluso ser consecuencia de una inadecuada política, atribuible a los mismos responsables de diseñarla o de elaborar los modelos de destinación presupuestal. Sin embargo, es patente que tiene que existir un centro de imputación, frente al cual el asociado pueda reclamar las consecuencias que el daño sistemático que genere, sin generalizaciones que diluyan al extremo de hacer imposible los reclamos. Por esta razón, frente al fallo del sistema, ha de entenderse que el principal centro de imputación radica siempre en la entidad directamente responsable por la prestación del servicio, esto es, el órgano al que legal y reglamentariamente se ha atribuido la función en este caso, el Inpec. Esto se debe, por lo demás, a que, en estricto sentido, en la falla del servicio sistemático se distinguen dos instancias de incumplimiento: la primera la del órgano público directamente encargado de la prestación del servicio y la segunda la del conjunto de instituciones públicas obligadas a concurrir a la prestación. Así pues, cuando el órgano directamente responsable incumple sus obligaciones con el asociado, responde, pues, las consecuencias de errores de diseño e implementación de las políticas públicas no pueden trasladarse a las víctimas, sino que deben ser objeto de solución y discusión intraestatal.

2.3. Consideraciones respecto del caso concreto.

Hechas las consideraciones contenidas ad supra, precisa examinar si en el caso concreto se encuentran acreditados los daños reclamados por los demandantes y si la parte demandada logró demostrar la configuración de una causa extraña.

2.3.1 El daño.

En el sub lite, como se manifestó de manera preliminar, se encuentra acreditada la muerte del señor Carlos Alfonso Pabón dentro de las instalaciones de la Penitenciaría Central de Colombia La Picota. Establecimiento de reclusión del orden nacional, al que había sido traslado al tiempo que, en compañía de otros reclusos, aguardaba ser destinado a un pabellón, hecho ocurrido el 19 de junio de 1999 el mismo día de su llegada.

También es patente que la muerte del señor Pabón ocasionó un daño material e inmaterial a los demandantes, por cuanto, como ordinariamente ocurre y se acreditó en el proceso, esto es lo que sucede cuando un miembro del grupo familiar fallece.

2.3.2 Sobre la imputabilidad de los daños al Inpec y la ausencia de causales eximentes de responsabilidad.

2.3.2.1 Partiendo de la premisa de que la muerte del señor Carlos Alfonso, al interior de la cárcel La Picota, ocasionó perjuicios de orden material e inmaterial a los demandantes y que, cuando este evento sucede la sola existencia del daño se reputa antijurídica, corresponde a la Sala determinar si lo ocurrido puede atribuirse a un tercero o a la víctima, como lo asegura la demandada.

2.3.2.2 Es de notar que la parte pasiva destaca que el señor Pabón murió en razón de la acción de otros reclusos, al tiempo que pone de presente que le resulta imposible controlar lo acontecido, de donde invoca su exoneración, no solo porque los ajustes de cuentas que ocurren en las cárceles no se le pueden atribuir; como por el resultado positivo de las pruebas de alcoholemia y de absorción atómica.

2.3.2.3 No obstante, en supuestos como el que se estudia, es decir, frente a especiales deberes de cuidado y seguridad, la aplicación de causales de exoneración de la responsabilidad se revisten de particular restricción, por cuanto, como mínimo, los centros de reclusión deben garantizar la integridad física y vida de los internos, de donde, bien puede afirmarse que, en principio, todo debe preverse y ningún peligro tendría que ser irresistible.

2.3.2.4 En efecto, esta corporación ha sostenido, de manera reiterada, que, en casos como el del sub exámine, la entidad demandada no puede exonerarse de responsabilidad con fundamento en que el homicidio fue causado por un tercero(11), —otro recluso— pues dada la relación de especial sujeción del interno, el Estado debe protegerlo de los atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración o por otros detenidos.

2.3.2.5 Ahora, en lo que respecta a la causal del hecho de la víctima, fundamentada en los resultados afirmativos de las pruebas de absorción atómica y alcoholemia, practicadas al cadáver del hijo, padre, hermano y compañero de los demandantes, la Sala encuentra que en este caso, lejos están de exonerar de responsabilidad a la administración y confirman lo que se viene sosteniendo, esto es la falla estructural del sistema carcelario del país.

2.3.2.6 Es más, el informe emitido por los dragoneantes Mauricio Ramírez Palacios y Conrrado García Villada da cuenta que, terminada la jornada de visitas fueron sorprendidos por varios internos encapuchados y armados, los cuales, luego de obligarlos a retirarse del lugar, ingresaron rápidamente al pasillo de recepciones donde se encontraban, entre otros reclusos, el señor Carlos Alfonso Pabón, quien había acabado de ser trasladado de la cárcel El Barne, junto con otros internos y esperaba la asignación de patio. Resultado de dichas acciones el antes nombrado fue hallado sin vida con 17 heridas con arma de fuego.

2.3.2.7 Bajo este contexto, no encuentra eco la postura planteada por la demandada, pues, lo que se puede inferir es que los recién trasladados a la penitenciaria La Picota fueron objeto de un atentado, sin mayores posibilidades de defender sus vidas, por cuanto, lo normal al interior de un centro de reclusión es que aquellos únicamente cuenten con la protección que les brinda el Inpec.

2.3.2.8 Además, el señor Carlos Alfonso había sido trasladado, operación en la que debieron extremarse los controles y medidas de seguridad, por lo cual solo la falla a la que se viene haciendo referencia, da lugar a sostener que el interno, sin perjuicio de los controles, haya podido ingresar a La Picota un arma de fuego o que hubiese obtenido una, mientras esperaba en el pasillo de recepciones.

2.3.2.9 Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la prueba de absorción atómica positiva únicamente da cuenta de la presencia de los elementos químicos de los residuos que dejan los disparos, lo que en este caso puede obedecer a la cantidad que se hicieron, pero no necesariamente permite colegir el accionar de un arma de fuego, situación que solo puede ser establecida a través de su valoración con los restantes elementos probatorios y las circunstancias específicas de cada situación, aspectos que en el subjudice como ha quedado explicado, no permiten llegar a la conclusión a la cual arribó la demandada.

Así, la aludida prueba a la luz de los restantes medios de convicción, no resulta concluyente para señalar que el fallecido hubiese participado activamente en los hechos en los que perdió la vida y por lo tanto, aparece desvirtuada la causal del hecho de la víctima con la cual se trato de exculpar el Inpec.

2.3.2.10 Sin perjuicio de lo anterior y del análisis que se deba hacer en cada caso, para establecer la configuración del eximente que se viene estudiando, se debe advertir que en el sub lite de haberse probado la existencia de la confrontación armada a la que se alude, dado el manifiesto estado de inseguridad que reina las instituciones carcelarias y la imposibilidad de intervenir efectivamente en el control de los internos que se ha puesto de presente, se confirma la irresistibilidad e imprevisibilidad de las circunstancias que afectan la integridad física o moral de los internos, en todo caso, consecuencia apenas obvia de la falla estructural del sistema de reclusión del país que comporta el incumplimiento de los deberes estatales, hacia quienes se encuentran en situación de privación de la libertad. En este sentido, mal puede excusarse quien tiene el deber de garantizar la seguridad de los internos en la existencia de una confrontación, en la que participó la propia víctima, pues lo cierto tiene que ver con que el Estado tenía que haber controlado y evitado que se presenten este tipo de situaciones y la existencia de armas al interior de la cárcel. Y, más grave aún, no se entiende cómo la prueba de alcoholemia dio positiva, pues en los establecimientos carcelarios el ingreso y la ingesta de alcohol se encuentra restringida.

2.3.2.11 Siendo así y como la entidad demandada tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los reclusos y el señor Pabón fue ultimado en un establecimiento carcelario, no queda sino declarar la responsabilidad de la administración quien omitió protegerlo contra las actuaciones de terceros en contra de su vida e integridad personal.

3. Liquidación de perjuicios.

3.1. La indemnización por el perjuicio moral.

3.1.1 En la demanda se solicitó, a título de perjuicio moral, el pago de 2000 gramos de oro para los padres del señor Carlos Alfonso, sus compañeras permanentes e hijos y de 500 gramos a favor de sus hermanos.

3.1.2 Al respecto, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala, desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral, en su mayor grado, debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por consiguiente, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios por el dolor y la afectación, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(12), de conformidad con los siguientes parámetros(13): (i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(14); (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

3.1.3 Por lo anterior y teniendo en cuenta que, según la jurisprudencia, el parentesco en primer grado y segundo grado de consanguinidad acreditado con el registro civil de nacimiento(15), permite inferir con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los padres, hijos y hermanos de la persona que sufre un daño, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos.

3.1.4 Respecto de la prueba del daño moral en el caso particular de los hermanos mayores de la víctima, la Sala considera pertinente aclarar que, si bien en algún momento esta corporación sostuvo que era necesario acreditar plenamente la existencia de una relación afectiva(16), lo cierto es que esta posición fue reevaluada para, en su lugar, inferirla igualmente de las relaciones de parentesco(17).

3.1.5 Igual reconocimiento se hará a favor de Angie Giovanna Carolina y Edwin Michell habida cuenta que quedó demostrada la relación de cercanía con el occiso, en calidad de hijos de la señora Luz Ángela Castillo Sánchez por quienes el occiso cuidaba y protegía como propios, según la prueba testimonial.

3.1.6 También las compañeras permanentes, calidad probada testimonialmente e inferida dada su condición, en un caso de madre de los hijos del occiso y en otro, de menores a quienes este prodigaba atención y cuidado, en esa medida serán indemnizadas a causa del dolor moral, en igual proporción que la madre, los hijos y el padre de crianza.

3.1.5 Así las cosas, se habrá de decretar la responsabilidad y asimismo reconocer el perjuicio moral solicitado, se itera según el arbitrio judicial, para lo cual se tiene en cuenta la naturaleza, la intensidad, extensión y la gravedad de la afectación que generó al grupo demandante la ausencia del señor Carlos Alfonso, por motivo de su muerte, razón por la cual se asignarán los porcentajes, para cada uno de los actores, en los valores que se indican a continuación:

Para Saudy Marcela Rocha Huertas (compañera)100 s.m.l.m.v
Para Luz Ángela Castillo Sánchez (compañera)100 s.m.l.m.v
Para Genara Pabón Monroy (madre)100 s.m.l.m.v
Para Edgar José Torres Díaz (padre de crianza)100 s.m.l.m.v
Para Jhon Alexander Pabón Rocha (hijo)100 s.m.l.m.v
Para Marlon David Pabón Rocha (hijo)100 s.m.l.m.v
Para Yesid Alfonso Pabón Rocha (hijo)100 s.m.l.m.v
Para Angie Giovanna Carolina Castillo Sánchez (hija de crianza)100 s.m.l.m.v
Para Edwin Michell Castillo Sánchez (hijo de crianza)100 s.m.l.m.v
Para Rosalba Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Martha Leonor Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Hernando Pabón (hermano)50 s.m.l.m.v
Para Julio Cesar Pabón (hermano)50 s.m.l.m.v
Para Gladys Cecilia Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Sandra Marlene Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Maribel Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Doris Janeth Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Ana Lucia Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v

3.2 La indemnización por el daño material.

Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

Por este concepto las señoras Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez en su nombre y el de sus hijos solicitaron el reconocimiento de los recursos económicos de los que se privaron con la muerte del señor Pabón, toda vez que él contribuía al sostenimiento de los gastos familiares.

No obstante, el despacho, aunque reconocerá el daño, dado que el occiso pagaría la condena y se reintegraría a la vida social y familiar mediante el ejercicio de una labor productiva, como ordinariamente sucede, pues el trabajo además de un deber constituye una obligación, no puede liquidarlo en concreto, por cuanto no se conoce cuándo el occiso habría cumplido la pena. Circunstancia que no se puede determinar con certeza en el presente asunto, por cuanto, si bien obra dentro del acervo probatorio la tarjeta de control de reclusos, donde aparece que el fallecido había sido condenado por el juzgado 37 penal del Circuito de Bogotá a 42 años de prisión por el delito de homicidio, la fecha de su detención no es legible y no se puede refrendar con otros medios de prueba.

Por tal razón, se condenará en abstracto para que, mediante el trámite del incidente de regulación de perjuicios, establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo se liquide el monto de los causados, previa demostración de la condena para efectos de establecer cuando sería su cumplimiento.

Para la realización de la respectiva liquidación se tendrán además:

(i) El ingreso base será el salario mínimo legal vigente al momento de ejecutoria de esta providencia, teniendo en cuenta que no se acreditaron otros ingresos. Este salario será reducido en un 25% que se presume la víctima directa destinaría para su subsistencia.

(ii) La indemnización se reconocerá en partes iguales a las compañeras permanentes, si es que los hijos para el momento en que hubiera recuperado la libertad, ya alcanzaron los 25 años. En caso contrario, la liquidación se hará en un 50% para las compañeras permanentes y en un 50% para los hijos, porcentajes que también se dividirán en iguales proporciones.

(iii) El periodo de liquidación será el comprendido entre la fecha en que el señor Pabón hubiese recuperado su libertad y el término de su vida probable o el de sus compañeras permanentes señoras Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez. En cada liquidación se tomará la menor expectativa de vida de conformidad con la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria la cual se calculará en la fecha en que el señor Pabón habría quedado en libertad.

En caso de que alguno de los hijos del occiso no haya cumplido los 25 años de edad, la liquidación del lucro cesante en su favor de hará hasta la fecha en que hubiere alcanzado esa edad.

4. Costas procesales

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR parcialmente la sentencia del 7 de octubre de 2004, proferida por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia la condena impuesta quedará de la siguiente forma:

“Primero: DECLÁRASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec-, administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte de Carlos Alfonso Pabón, ocurrida el 19 de junio de 1999, dentro de las instalaciones de la Penitenciaria Central de Colombia “La Picota”.

2. CONDÉNESE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec- , a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, los montos que a continuación se describen y a favor de los siguientes actores:

Para Saudy Marcela Rocha Huertas (compañera)100 s.m.l.m.v
Para Luz Ángela Castillo Sánchez (compañera)100 s.m.l.m.v
Para Genara Pabón Monroy (madre)100 s.m.l.m.v
Para Edgar José Torres Díaz (padre de crianza)100 s.m.l.m.v
Para Jhon Alexander Pabón Rocha (hijo)100 s.m.l.m.v
Para Marlon David Pabón Rocha (hijo)100 s.m.l.m.v
Para Yesid Alfonso Pabón Rocha (hijo)100 s.m.l.m.v
Para Angie Giovanna Carolina Castillo Sánchez (hija de crianza)100 s.m.l.m.v
Para Edwin Michell Castillo Sánchez (hijo de crianza)100 s.m.l.m.v
Para Rosalba Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Martha Leonor Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Hernando Pabón (hermano)50 s.m.l.m.v
Para Julio Cesar Pabón (hermano)50 s.m.l.m.v
Para Gladys Cecilia Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Sandra Marlene Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Maribel Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Doris Janeth Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v
Para Ana Lucia Torres Pabón (hermana)50 s.m.l.m.v

El salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia

3. CONDENAR en abstracto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- a favor de las señoras Saudy Marcela Rocha Huertas y Luz Ángela Castillo Sánchez, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Este perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil, el cual deberá promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

4. Para el cumplimiento de la sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas”.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Los magistrados,

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Ramiro Pazos Guerrero—Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) Mediante providencia del 21 de septiembre de 2000, el a quo excluyó al Ministerio de Justicia por considerar que el Inpec goza de personería jurídica y autonomía administrativa y presupuestal (fls. 56 y 57, cdno.1).

(2) En auto del 4 de febrero de 2000, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la notificación de la demanda incoada al Ministerio de Justicia y al Inpec (fl. 35, cdno. 1)-al respecto ver nota anterior-.

(3) Aunque la parte demandante no alegó de conclusión, en el escrito de sustentación, a manera de alegatos, insiste en sus pretensiones. (fls. 232 a 235, cdno. ppal.).

(4) El anexo que acompaña los resultados de la prueba de absorción atómica, para su interpretación sugiere: “Estas pruebas instrumentales empleadas en la detección de residuos de disparo definen con certeza si la muestra contiene o no los elementos químicos (plomo, bario, cobre y antimonio) relacionados con los residuos de disparo, pero no permiten determinar que estos se haya adquirido realmente por disparar un arma de fuego. Los resultados de estas pruebas no constituyen una plena y única prueba por lo tanto debe ser analizada a la luz de todas las circunstancias que rodearon los hechos motivos de investigación.

Las inferencias de la prueba, independientes de la técnica empleada que es totalmente específica y confiable, están relacionadas con el muestreo y las circunstancias del hecho que se instigo obteniéndose en algunas oportunidades resultados falsos positivos o falsos negativos (fl. 275, C. 3).

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004, Expediente 14003 y sentencia de 26 de abril de 2006, Expediente 14.908.

(6) Ver, entre otras, sentencias del 1 de noviembre de 1991, Expediente 6469 y del 18 de febrero de 1999, Expediente 10.517.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 27908, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, radicación número 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2011, Radicación 19001233100019980500501 (20587), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Con posterioridad a esta decisión, la Corte se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas en las sentencias T-530 de 1999, T-84 de 2000, T-1291/2000, T-256 de 2000, T-257 de 2000, T-1077 de 2001, C-157 de 2002 T-1030 de 2003, y T-1096 de 2004

(11) Ver por ejemplo, Subsección “B”, sentencia de 14 de abril de 2011, Exp. 20.587, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(12) Sobre el particular se puede consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, expediente 7445; y del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero, expediente 14726, entre otras.

(13) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 septiembre de 2011, expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(14) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente 13232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.

(15) Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1999, Exp. 15504, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de marzo de 2012, Exp. 21978, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.