Sentencia 2000-00034 de octubre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 700012331000200000034 01 (31305)

Actor: Víctor José Hernández Verbel

Demandado: Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura

Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado(24).

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por el apoderado de la parte actora, en el recurso de apelación único, conforme a lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(25); específicamente se concretará en verificar sí el Tribunal de primera instancia omitió valorar las pruebas dentro del expediente; si se encuentra acreditada irregularidad alguna en la designación de la juez que negó el mandamiento de pago al demandante en este proceso; y si existe una falla en el servicio por cambiar el motivo de la negativa de mandamiento de pago en las dos ocasiones que esto ocurrió.

Para resolver lo pertinente, en primer lugar la Sala se ocupará de analizar el régimen de la responsabilidad del Estado derivados de fallas en el servicio de administración de justicia, toda vez que en la demanda se pide la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento, pero en la causa petendi, se argumenta además, circunstancias que son más propias del error judicial. Una vez hechas estas precisiones, se procederá a analizar lo probado dentro del proceso; finalmente, se analizará el caso concreto bajo la óptica de los tres tópicos que se argumentaron en el recurso de apelación y que fueron anteriormente destacados.

2. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración justicia.(26) 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. En el sub lite, las pretensiones del libelo invocan el defectuoso funcionamiento; pero en la causa petendi, se alega también el error judicial, por ello es necesario precisar el carácter de estos dos motivos que dan lugar a la responsabilidad del Estado por falla en el servicio de administración de justicia.

2.1. Error judicial.

El artículo 66 de la mencionada ley define el error judicial como aquel "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Y esta Corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial(27).

En materia de error judicial, la Sección Tercera(28) señaló que para su configuración deben verificarse los siguientes requisitos, de forma concurrente, necesarios para que se pueda declarar la responsabilidad del Estado:

— Que el error esté contenido en una providencia judicial respecto de la cual se hubieren agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes, con el fin de que el juez pueda corregir el error, de tal forma que cuando no se interponen los recursos ordinarios, el daño se entiende ocasionado por la negligencia de la parte, mas no por el error judicial; en otras palabras, el daño obedece al hecho exclusivo de la víctima cuando no interpone los recursos ordinarios, omisión que excluye la responsabilidad del Estado.

— Que la providencia judicial sea contraria a derecho, sin que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(29).

Frente a éste último requisito, la Sala(30) ha explicado que el error o la contrariedad entre la decisión judicial cuestionada y el ordenamiento jurídico, no necesariamente debe constituir una vía de hecho y, en el evento en el cual ésta última se verifique, con mayor razón habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado.

Cabe precisar que cuando se configura el error judicial, el principio de seguridad o certeza jurídica no se ve afectado, en consideración a que el proceso de responsabilidad del Estado por error judicial tiene por objeto la reparación integral de la víctima sin que para tal efecto haya lugar a la modificación de la providencia judicial cuestionada la cual se mantiene incólume, así como su firmeza(31).

2.2. Defectuoso funcionamiento. 

La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia si bien ha tenido un sustento constante y continuado, no aleja la posibilidad de discutir ciertas cuestiones. En primer lugar, y como lo señala la doctrina,

“Habiéndose dado el movimiento de democratización y transparencia del Estado, la reflexión se ha venido matizando por la cuestión de saber si el servicio público de la justicia es un servicio público como los otros y si debe, no solamente ser responsable de todas sus faltas, sino también, indemnizar las consecuencias dañinas y los riesgos que se presenten como consecuencia de sus actividades”(32).

La premisa inicial, en el derecho comparado, ha sido la de afirmar que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido en incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(33).

Siendo esto así, se exige inicialmente precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal, que en otras latitudes jurídicas ha llevado a determinarlo a partir del “derecho a la tutela judicial efectiva”, el cual está integrado “por el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(34). Lo que se precisa al considerarse que la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento anormal o defectuoso procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(35).

Y se entiende necesario delimitar el concepto “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico, ya que se busca “que se vuelva tangible tan indeterminada adjetivación”. De ahí que en la doctrina se proponga,

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”(36).

Siguiendo esta línea, cabe afirmar que en el precedente jurisprudencial constitucional se ofrecen criterios para que a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva se pueda delimitar lo que pueda entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso. En cuanto a esto, dicho precedente señala,

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(37).

A lo que se agrega por el precedente jurisprudencial constitucional,

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(38)(39).

Así mismo se sostiene en dicho precedente,

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(40).

Para afirmarse, finalmente,

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(41).

Sin desconocer lo anterior, el precedente de la Sala parte de la premisa que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(42).

Después de la primigenia formulación en el precedente de la Sala, se vino a hablar del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio(43), por “mal servicio administrativo”(44). Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial a los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia(45).

Es cierto que antes de la Carta Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía entre la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero de estos “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”(46). De acuerdo con esta definición, se encuadraron como supuestos de fallas del servicio judicial(47): i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios(48), iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del Juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra(49) [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor(50), v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo(51), vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución(52), vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor(53).

De acuerdo con lo sustentado, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(54), la cual encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(55). A lo que se agrega en el precedente de la Sala que se comprende,

“(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(56).

En la demanda se imputó el daño antijurídico a la Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura por la negativa a librar mandamiento de pago a favor de la demandante y contra la Cámara de Comercio de Sincelejo; también porque la actora consideró una improvisación al designar como juez laboral a una persona con competencias totalmente diferentes a las que requiere tal cargo. De lo anterior la Sala Colige que se está alegando, de una parte, un error judicial derivado de la negativa del mandamiento ejecutivo; y de otra, un defectuoso funcionamiento ocasionado por la supuesta improvisación al designar un juez. Esta misma estructura argumentativa se mantiene en el recurso de apelación, pues en este también se alega un error consistente en negar un mandamiento de pago en dos ocasiones por motivos diversos; y un defectuoso funcionamiento por la improvisada designación de la persona que fungía como juez en el juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, cuando se le negó por segunda vez el referido mandamiento ejecutivo.

La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, determinó la responsabilidad del Estado por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Éste último criterio de atribución de la responsabilidad se estableció como residual, en el sentido en que comprendería los supuestos del daño antijurídico causado como consecuencia de la función jurisdiccional, pero que no constituyeran error judicial o la privación de la libertad por no provenir de una decisión judicial(57).

Bajo los anteriores parámetros la Sala analizará el caso concreto, pero previamente se reseña lo probado en el expediente.

3. Hechos probados:

Con fundamento en el acervo probatorio que obra en el expediente, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

  1. Obra en el expediente copia auténtica del auto del 12 de abril de 1999, proferido por el Juzgado Primero Laboral de Sincelejo(58), mediante el cual se ordenó no librar mandamiento de pago contra la Cámara de Comercio de esta ciudad, con base en la carencia de título ejecutivo que fundamente la acción, puesto que el actor debe acompañar la resolución por medio de la cual se le confirió el derecho.
  2. Aportó el actor con la demanda, el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 12 de abril de 1999(59), en el cual solicitó que la providencia apelada fuese revocada.
  3. Obra en el expediente el auto del 20 de abril de 1999(60), mediante el cual se concedió en el efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto del 12 de abril del mismo año, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo.
  4. Copia auténtica del Acta de la Audiencia de fallo, celebrada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sucre, Sala Civil – Familia – Laboral, el 24 de junio de 1999(61), en la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra el auto del 12 de abril de 1999. El Tribunal Superior del Distrito de Sucre resolvió confirmar en su integridad la providencia apelada.
  5. Copia auténtica de la solicitud de aclaración de la providencia del 24 de junio de 1999(62), presentada por el apoderado del actor, el 29 de junio siguiente.
  6. Copia auténtica del Acta de Audiencia llevada a cabo el 22 de julio de 1999, mediante la cual se resolvió la solicitud de aclaración presentada por el apoderado del actor el 29 de junio de 1999(63), en la cual se negó, por improcedente, la aclaración solicitada.
  7. Acción de cumplimiento interpuesta por el actor, el día 28 de julio de 1999, contra la Cámara de Comercio de Sincelejo(64).
  8. Obra en el expediente copia auténtica del auto de 21 de octubre de 1999(65), proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, en el que se resuelve no dictar mandamiento de pago contra la Cámara de Comercio de la misma ciudad, con fundamento en la ausencia de título ejecutivo, ya que los documentos aportados por el actor no tienen dicha connotación.
  9. Oficio CSJS-PSA 337 suscrito por el Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, Sala Administrativa(66), en respuesta al oficio 1384-1(00-0034) RVG-RD, que había sido enviado por el Tribunal Administrativo de Sucre(67).
 

4. Análisis del caso concreto.

La Sala al abordar el análisis del caso concreto, lo hace a través de los 3 tópicos alegados en el escrito en que se sustentó el recurso de apelación, de los cuales se derivan tres problemas jurídicos a saber:

4.1. ¿Existe omisión en la valoración de pruebas por parte del tribunal de primera instancia, que dieran lugar a tener por acreditado un error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia?

La Sala observa que el Tribunal al tomar la decisión tuvo en cuenta cada una de las pruebas pertinentes, en relación con el problema jurídico planteado, es decir, entró al análisis de la primera providencia que negó el mandamiento de pago, también estudió los argumentos esgrimidos por el aquí demandante en el recurso de apelación que interpuso contra esa providencia, y ponderó las razones expuestas por el Tribunal Superior de Sucre en la providencia que confirmó la primera negativa del mandamiento de pago; El a- quo analizó igualmente los argumentos esgrimidos en el auto del 21 de octubre, en el que por segunda vez se le negó al aquí demandante el mandamiento de pago en contra de la Cámara de Comercio de Sincelejo.

Así las cosas no le asiste razón al impugnante cuando afirma que el a quo no realizó un estudio crítico del acervo probatorio, y si bien en el fallo de primera instancia se cita jurisprudencia, tales citaciones están plenamente contextualizadas con el material probatorio que obra en el expediente y con el thema decidendum de este proceso.

4.2 ¿Se encuentra acreditada alguna irregularidad en la designación de la persona que ocupaba el cargo de juez primera laboral, que generara un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia?

En la demanda y en la sustentación del recurso de apelación la parte actora afirma que la entidad demandada incurrió en improvisación al designar como juez primero labora del circuito a Maritza Cury Corzo, quien en tal dignidad negó por segunda vez el mandamiento de pago, mediante auto del 21 de octubre de 1999. La pretendida improvisación la hace consistir el actor en que la persona designada en el referido despacho judicial “jamás había dictado una providencia laboral dentro de las funciones que venía ejerciendo”; queja que reitera en el recurso de apelación cuando manifiesta:

“La falla del servicio, ha sido tomada por el camino equivocado por el a quo, ya que la misma se presenta por la improvisación de los nominadores de jueces, sin tener en cuenta la experiencia y jurisdicción de la persona designada”.

Estas aseveraciones no pasaron de ser tales, pues no existe ninguna prueba que la persona que estaba a cargo del juzgado primero laboral del circuito de Sincelejo, careciera de los requisitos legalmente previstos para ejercer tal cargo.

En efecto, pese a que en la demanda se solicitó oficiar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Sincelejo, para que certificara las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para designar el remplazo del titular del juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo; tal entidad respondió que:

“1. La función nominadora de los cargos de Jueces de la República con competencia en el departamento de Sucre la tiene el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo (L. 270/96, art. 131 num. 7); luego, en esta Sala no reposan los antecedentes de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para proveer la vacante que usted indica en el correspondiente oficio.

2. De conformidad con la información suministrada en los Formatos de Control de Rendimiento y Calificación de Servicios del año 1999, el cargo de Juez Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo fue ocupado en provisionalidad por la Dra. Maritza de Jesús Cury Ozorno desde el 15 de octubre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999, quien antes de este período desempeñó en propiedad el cargo de Juez Civil Municipal de Corozal.

3. Respetuosamente preciso que la Sala Administrativa de este Consejo Seccional en materia de competencias de los despachos judiciales se atiene a las normas legales, entre ellas, Código de Procedimiento Civil, Leyes y Decretos pertinentes.”

De esta manera, la Sala no puede hacer nada distinto a negar la pretensión de declaración de falla en el servicio, por la supuesta improvisación, pues la misma no pasó de ser una simple manifestación de la parte actora, que no obtuvo sustento en medio probatorio alguno, de los obrantes en el proceso; al contrario, el Consejo Superior de la Judicatura certificó que para la designación en el Distrito Judicial de Sincelejo, se cumplen con las disposiciones legales pertinentes. Correspondía entonces al actor demostrar que en el caso de la doctora MARITZA CURI OSORNO, dichos requerimientos habían sido incumplidos; como no lo hizo, en ese sentido se confirmará la decisión de primera instancia.

4.3. ¿La negativa de un mandamiento de pago, hecha en dos ocasiones, aduciendo motivos diferentes en cada oportunidad, constituye un error judicial?

Para el efecto la Sala entra a determinar los motivos por los cuales se negó el mandamiento de pago. En la primera oportunidad, mediante auto del 12 de abril de 1999, el juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo dispuso que negaría el mandamiento de pago porque:

“ con la demanda se acompaña certificación expedida por la Camara(sic) de Comercio de Sincelejo, esta sólo constituye un documento de carácter simplemente declarativo en donde se afirma que se le pago(sic) unas mesadas pensionales correspodientes los años 1994, 1.995, 1.996, 1997 y 1998 al señor Víctor Hernández Verbel, documento que en ningún momento llega a configurar título ejecutivo, ya que para casos como el que nos ocupa, el actor tiene que acompañar la resolución por medio de la cual se le confirió el derecho a disfrutar de su pensión de jubilación en la proporción que ordenan las leyes pertinentes”.

En la segunda oportunidad, el despacho, mediante providencia del 21 de octubre, negó el mandamiento de pago con los siguientes argumentos:

“La acción ejecutiva procede con base en documentos es decir, en que aparezca claramente la existencia de una obligación a cargo de una persona natural o jurídica a favor de otra. En el asunto sub- examine, los documentos que presenta el actor como título ejecutivo no tienen esa conotación,(sic) pues se tratan(sic) de una copia de un acta donde se hace referencia a que al señor Víctor Hernández Verbel le fue reconocida su pensión de jubilación a partir de la día 1º de julio de 1982 y un certificado de mesadas recibidas por el actor. Por lo anterior el Despacho se abstendrá de proferir el mandamiento de pago solicitado…”.

Para determinar si existió el alegado error judicial, se deben examinar uno a uno los requisitos que esta corporación ha establecido para que se éste se configure como criterio de atribución de responsabilidad, esto es, si la providencia que lo contiene adquirió ejecutoria sin que se hubiesen interpuesto contra ésta los recursos de ley, y en caso de que el mismo se cumpla, verificar si la providencia es contraria a derecho, sin que sea menester que tal contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o arbitraria.

En el caso sub judice, se acusó el error judicial en la providencia del 21 de octubre de 1999, que negó por segunda vez el pretendido mandamiento de pago, pese a que al parecer se había cumplido con lo que el primer juzgado había pedido en la anterior oportunidad. Sin embargo, Se observa que no existe prueba de que contra esta última providencia se hayan interpuesto los recursos de ley, que hubiesen puesto de presente al otro despacho, su eventual error.

Precisa la Sala en este punto que la razón de ser de este requisito es que cuando la parte guarda silencio frente a una providencia está consintiendo su contenido; en esas condiciones mal puede ahora pretender alegar un supuesto error judicial inmerso en una providencia que el mismo demandante consintió con su silencio.

No puede ser de recibo el argumento del apoderado de la parte recurrente según el cual:

“El juez que inadmitió y estableció los defectos de la demadan(sic) al corregirse los indicados por él ha debido admitir, pero no volver a inadmitir por otra coas diferente a lo ya estudiado y por la misma situación y hechos. Estoy seguor que que si se corregía el yerro, volvía a inadmitir, entonces se formó un círculo vicioso, que causó perjuicos a mi poderdante y trucó su acceso a una pronta y cumplida justicia”.

Este raciocinio esgrimido por el actor a través de su apoderado judicial, es equivocado, puesto que contiene dos imprecisiones: la primera es que en ninguno de los eventos se inadmitió la demanda ejecutiva; en los dos se negó el mandamiento de pago; la segunda es que pretende convertir en un hecho cumplido una mera suposición suya, la que él hace al afirmar que si hubiese corregido, le habrían vuelto a denegar el mandamiento.

Si en la hipótesis de error judicial cometido por un único funcionario se exige agotar los recursos contra la providencia en la que supuestamente se concreta el mismo; en este caso esa carga tenía una mayor importancia puesto que el segundo funcionario no tenía por qué conocer que el titular de otro despacho había negado un mandamiento de pago por un motivo distinto; sí se le hubiese puesto de presente, a través de los recursos pertinentes, y éste hubiese insistido, esta Sala podría entrar a valorar si las exigencias de que el titulo ejecutivo contenga una obligación clara expresa y exigible, se encontraban cumplidas y si la negativa del mandamiento constituía un error; pero como tal requisito no se cumplió, huelga cualquier consideración sobre el otro requisito, es decir, la existencia del error. Por lo anterior habrá de confirmase la decisión del Tribunal, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, puesto que ante la ausencia de un error judicial, el daño sufrido por la parte actora, al negársele el mandamiento de pago no tiene la connotación de antijurídico y por tanto falta el primer presupuesto para que se configure la responsabilidad del Estado.

7. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, la Sala se abstendrá de imponer condena alguna por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 7 de febrero de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

ABSTÉNGASE de condenar en costas a la demandada.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Auto de 9 de diciembre de 2010. C.P. Ruth Stella Correa. Exp. 39085, y Auto de 21 de octubre de 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 36913.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 16703.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, exp. 31164.

28 Ibídem.

29 Sobre esta exigencia la Sala ha expresado, en sentido contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, que: “Si así se entendiera el error judicial como la ‘actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso’ que obedece a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, se estaría desconociendo la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta, según el cual éste debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa”.

30 Sentencia del 2 de mayo de 2007. Expediente 15.576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

31 Sentencia del 14 de agosto de 2008. Exp: 16.594. CP Mauricio Fajardo Gómez.

32 DEGUERGUE, Maryse (Coord) La justicia y la responsabilidad del Estado. Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, pp.51 y 52.

33 SABOURAULT, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en DEGUERGUE, Maryse (Coord) La justicia y la responsabilidad del Estado., ob., cit., p.94.

34 GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, tirant lo blanch, 2008, p.57.

35 GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58.

36 TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, tirant lo Blanch, 2009, p.518.

37 Corte Constitucional, sentencia de C-318 de 1998.

38 Corte Constitucional, sentencia C-1043/2000.

39 Corte Constitucional, sentencia C-207 de 2003.

40 Corte Constitucional, sentencia T-424 de 2004.

41 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2007.

42 Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Expediente: 867.

43 Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente: 10285.

44 Sentencia de 24 de agosto de 1990, Expediente: 5451.

45 Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Expediente: 10285.

46 Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719.

47 En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58.

48 Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719. Puede verse el precedente sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp.5451.

49 Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Expediente: 11092.

50 La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719.

51 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13164.

52 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13164.

53 Sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente: 17301.

54 Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Expediente: 13164. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Sentencia de 11 de agosto de 2010, Expediente: 17301.

55 Sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente: 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.13164. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Sentencia de 11 der agosto de 2010, Expediente: 17301.

56 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.13164. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.57.

57 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de febrero de 2010. CP Ruth Stella Correa Palacio

58 Folios 12 - 13 del cdno. 1.

59 Folios 9 - 11 del cdno. 1.

60 Fl. 14 del cdno. 1.

61 Folios 24 - 28 del cdno. 1.

62 Folios 29 - 30 del cdno. 1.

63 Folios 35 - 37 del cdno. 1.

64 Folios 42 - 44 del cdno. 1.

65 Fl. 6 del cdno. 1.

66 Fl. 75 del cdno. 1.

67 Fl. 74 del cdno. 1., en el oficio se lee: “[…] Certifiquen sobre las circunstancias que tuvieron para designar el reemplazo del titular del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, a finales de septiembre de 1999, qué cargo desempeñaba la funcionaria encargada y si entre las funciones que venía ejerciendo se encontraba la de tramitar asuntos laborales de mínima cuantía, o la entidad que cumpla esa función”.