Sentencia 2000-00038 de agosto 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 110010325000200000038 01

Núm. interno: 256 - 2000

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y sus Filiales “Sinaltrabavaria” contra Ministerio de Protección Social.

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Debe la Sala determinar si los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de los cuales autorizó el cierre parcial y definitivo de los procesos de fabricación de envases y aluminios de la empresa denominada Bavaria S.A., Fábrica de Envases y Aluminios, Colenvases, se ajustan a la legalidad.

Actos acusados

1. Resolución 2169 de 7 de septiembre de 1999 (fls. 21 a 29) por medio de la cual el Director Regional de Trabajo y Seguridad Social accedió a la solicitud de la empresa Bavaria S.A. en el sentido de autorizar el cierre parcial y definitivo de los procesos de fabricación de envases y tapas de aluminio de la Fábrica de Envases de Aluminio, Colenvases, y el consiguiente despido de los trabajadores, condicionado a que la Empresa previamente debía cumplir los preceptos contenidos en las cláusulas convencionales.

2. Resolución 2627 de 22 de octubre de 1999 (fls. 13 a 20) que, al resolver el recurso de reposición interpuesto, modificó la decisión anterior en el sentido de omitir la expresión “Previamente”, consignada en la parte considerativa de dicho acto, y la confirmó en todas sus partes.

3. Resolución 2938 de 20 de diciembre de 1999 (fls. 5 a 12) proferida por la directora técnica de trabajo, que desató el recurso de apelación confirmando la decisión y dispuso que para el despido de los trabajadores aforados debían observarse las disposiciones de los artículos 405 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo.

Acumulación de procesos

Por auto del 5 de abril de 2002 se decretó la acumulación del presente proceso de nulidad simple al de nulidad y restablecimiento del derecho 11001032500058-00 (627-00), actor Carlos Alfonso Ortegón y otros (fl. 635).

Mediante auto de 12 de julio de 2006, se decretó la nulidad de todo lo actuado con respecto a este proceso 11010325000200038-00(256-00), actor Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales “Sinaltrabavaria” a partir, inclusive, del auto que decretó la acumulación porque al ser una demanda de nulidad simple no podía tramitarse por proceso diferente (fls. 635 a 637). Como consecuencia de lo anterior se devolvió al despacho de origen.

Análisis de las pruebas documentales

Bavaria S.A., a través de apoderado, en escrito de 25 de mayo de 1999 solicitó al Director Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca (fl. 21) autorización para terminar parcialmente y en forma definitiva los procesos de fabricación de envases y tapas de aluminio de la Fábrica de Envases de Aluminio y, como consecuencia, la autorización para la terminación de los contratos de trabajo de 125 trabajadores. Para fundamentar su petición la empresa alegó que los equipos eran del año 1984 y que el proceso en la actualidad era ineficiente porque la tecnología no permite ser versátiles para atender los requerimientos del mercado como la fabricación de latas de diferentes tamaños y colores debiéndose importar otros envases de lata.

Afirmó que las cuantiosas inversiones realizadas en los últimos cuatro años no permitieron alcanzar los niveles de eficiencia y productividad deseada en la Fábrica de Envases de Aluminio, la inversión adicional requerida no garantiza a la compañía alcanzar los niveles de calidad, eficiencia y productividad de la competencia y una inversión en una nueva planta sería económicamente inviable.

Con el fin de constatar lo argumentado por la empresa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comisionó al Inspector 25 de Trabajo, adscrito a la Dirección Regional, para practicar visita a la empresa, la que fue realizada el 31 de mayo de ese año. En ella se hizo el listado de los trabajadores a 31 de mayo, anotando fecha de ingreso, cargo y clase de contrato.

Además de lo anterior, como la petición se fundamentó en causas técnicas, se solicitó un estudio técnico económico, el que consideró viable acceder a la petición.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizó el cierre parcial y definitivo de los procesos de la empresa y el despido colectivo de los trabajadores que allí laboraban, condicionado a que la empresa debía dar cumplimiento “previamente” a los preceptos contenidos en las cláusulas convencionales. Como consecuencia autorizó la cancelación de los contratos de trabajo de 51 trabajadores del área operativa y de 23 del área administrativa, pero indicó que debía darse estricto cumplimiento al artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a los trabajadores con fuero sindical.

Contra la anterior determinación (fl. 13) tanto Bavaria S.A. como el Sindicato de Trabajadores de Bavaria interpusieron recursos de reposición y apelación. Bavaria manifestó su inconformidad porque realizó diligencias en procura de un acuerdo para aplicar la cláusula 14 de la Convención Colectiva, por lo que considera que no existe razón para que, previamente al despido de los trabajadores, tenga que dar cumplimiento a las cláusulas séptima y décima cuarta de la Convención Colectiva.

La organización sindical sostuvo que la empresa, al 30 de abril de 1999, emite comunicación en la que aprueba la venta de activos de la fábrica de envases a la Compañía Crown Colombiana S.A. informando al sindicato, el 3 de mayo, que a partir del 30 de junio decidió suspender el proceso de elaboración de tapas; y que Bavaria S.A. debe dar aplicación a la cláusula catorce convencional porque para el despido de los trabajadores debe existir previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional; adicionalmente que no se ha respetado la organización sindical.

El Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución 2627 de 22 de octubre de 1999, desató el recurso de reposición (fl. 13) modificando la Resolución 2169 de 7 de septiembre de 1999 para omitir la expresión “previamente” y confirmar en todo lo demás la resolución impugnada.

El recurso de apelación fue desatado por la Directora Técnica del Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución 2938 de 20 de diciembre de 1999 (fl. 5) confirmando el proveído impugnado con la modificación dispuesta en la Resolución 2627 de 1999 y señalando que para el despido de los trabajadores amparados con fuero sindical deberán respetarse los artículos 405 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo.

Las excepciones

El apoderado de Bavaria S.A. propuso las excepciones arriba señaladas las que se resolverán en el orden en que se propusieron, al igual que la formulada por el hoy Ministerio de Protección Social, así:

1. Inepta demanda.

El interviniente considera que la demanda es inepta por las siguientes falencias:

— Indebida designación del demandado: Consideró, al igual que el Ministerio de Protección Social, que tratándose de actos proferidos por autoridades Nacionales, el demandado tendría que ser la Nación, representada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social conforme a lo estipulado en los artículos 149 y 137 del Código Contencioso Administrativo y no la ministra, como se propuso en la demanda.

Esta excepción denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el apoderado del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, hoy de la Protección Social” no tiene vocación de prosperidad porque si bien en el cuerpo de la demanda se señaló como parte demandada a la ministra de Trabajo ello no implica que se demande a la persona sino al representante de la entidad pública que, en el caso de los Ministerios, no es otra que el Ministro del Despacho, conforme lo preceptúa el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.

— Indebida formulación de los fundamentos de hecho de la demanda: Los hechos expuestos en la demanda, no constituyen fundamento de los actos acusados, de tal manera que su ausencia o su indebida formulación impiden un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Como sustento de su aserto citó la sentencia de esta corporación de 3 de marzo de 1989, expediente 493, M.P. Samuel Buitrago Hurtado, en el que señaló “la relación de los hechos por ejemplo, reviste suma importancia puesto que son nada menos que la historia de la controversia que se plantea y que por simples razones de técnica deben estar debidamente expuestos y determinados con toda claridad”.

Como se observó arriba en el acápite de hechos de la demanda, la parte demandante los formuló de manera sucinta, y que, estos en su contenido, no expongan condiciones fácticas, ello corresponde a un aspecto formal que no conduce a un fallo inhibitorio.

— Indebida formulación de los fundamentos de derecho de las pretensiones: En el primer cargo el actor no indica las normas violadas ni las razones por las cuales existe vulneración de dichas normas, infringiéndose el presupuesto de la demanda del artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo. Igual situación se presenta en el cargo 6 de la demanda donde tampoco señala porque los actos acusados violan la Ley 489 de 1998.

El Consejo de Estado, en la sentencia de 12 de abril de 1989, expediente 57, M.P. Arciniegas Baedecker, manifestó que la justicia Contencioso Administrativa era rogada, “que se ha de estar a lo que con claridad, precisión y conforme a derecho se pida mediante demanda... En esta jurisdicción, la demanda donde se impreta la nulidad de un acto administrativo ha de ser técnica que conduzca al convencimiento de que el acto acusado quebranta normas superiores, para desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara y obtener la nulidad del mismo”.

Esta excepción también debe desestimarse porque la indebida formulación de un cargo de anulación no conlleva a un fallo inhibitorio sino a que éste, eventualmente, no prospere porque carece del sustento jurídico que conduce a su anulación.

— Indebida representación del actor: Conforme con lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos de Sinaltrabavaria, el Presidente de la Organización Sindical era la persona que podía otorgar poder para su representación previo el lleno de las formalidades que establecían los estatutos y la aprobación del comité ejecutivo. Aprobación que no obra dentro del expediente.

En el presente asunto aparece certificado por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el señor Heber Maradiago Piedrahíta, es el Presidente de la Organización Sindical demandante (fl. 142) y de acuerdo con el artículo 35 de los estatutos él es su representante legal (fl. 163 vto.) y en tal condición confirió poder para incoar la demanda (fl. 1).

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, prevén que “toda persona” puede acudir ante esta corporación a pedir la anulación de un acto administrativo. En este caso se trata de una persona jurídica, que, a través de su representante, confirió el poder en procura de obtener la anulación de los actos administrativos acusados, facultad esta que no está condicionada o sujeta a restricciones sino que la puede ejercer demostrando su condición de representante, en este caso, de la entidad demandante.

La falta de aprobación para ejercer acciones contenida en el artículo 35 de los estatutos, en caso de que no existiese, conlleva a un incumplimiento de los deberes del representante, pero no impide el ejercicio de la acción contenciosa ante esta jurisdicción.

El artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo establece las funciones del sindicato, determinando en los numerales 4 y 5 lo siguiente:

“4) Asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente, y representarlos ante las autoridades administrativas, ante los patronos y ante terceros;

5) Representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva y representar esos mismos intereses ante los patronos y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y su filial Sinaltrabavaria, representada por el Presidente de la Organización, actuó en la vía gubernativa en aras de evitar la clausura parcial y el cierre de la fábrica de envases de aluminio a partir del 30 de junio de 1999 y el consecuente despido de los trabajadores que laboran en dicha factoría, aclaración que, dicho sea de paso, también habilita para acceder a la justicia contencioso administrativa sin necesidad de que se apruebe o refrenden sus actuaciones.

Además, si conforme a la ley los sindicatos están plenamente facultados para representar los intereses generales de sus afiliados, y por ello si se los admite en la actuación administrativa encaminada a obtener una autorización de despido colectivo no sería viable en sede judicial negarle tal representación.

Finalmente conviene indicar que la excepción propuesta se sustenta en vicios de forma que, al momento de admitir la demanda fueron revisados por el magistrado sustanciador del proceso, y que, esta decisión no fue recurrida lo que hace que deban tenerse como saneadas (CPC, art. 140, inc. final), pero en todo caso, ninguno de los defectos señalados comportan errores que impidan la revisión en el fondo de las causales de anulación propuestas en contra de los actos administrativos acusados.

La excepción no prospera.

2. falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto a la empresa Bavaria S.A. y, 3. Ineptitud sustantiva de la demanda.

Dada la conexión que existe ente las excepciones antes enunciadas la Sala las resolverá simultáneamente, así:

En lo que se refiere a la falta de legitimación de la empresa Bavaria, argumenta que si bien el apoderado de los demandantes manifestó haber ejercido la acción pública de nulidad, pese a que se trata de actos de claro contenido particular y concreto cuya eventual anulación beneficiaria particulares y, de lo planteado no puede resultar condena alguna en contra de la sociedad que representa, porque no hay ninguna pretensión en su contra.

Con respecto a la ineptitud sustantiva de la demanda precisó que el sindicato presentó demanda solicitando la acción de nulidad de actos administrativos de contenido particular y concreto. El Consejo de Estado ha manifestado que la acción de nulidad procederá contra los actos administrativos de contenido general y contra los actos de contenido particular cuando su nulidad no restablezca el derecho de la persona afectada con el mismo; si esa nulidad tiene efectos restablecedores para el afectado, la acción no podrá ser otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Si la ley ha regulado una vía especial para el restablecimiento del derecho, no tendrá el administrado la posibilidad de elegir y deberá someterse a ella, entonces, si se instaura la acción equivocada dará lugar a que el juez declare la ineptitud sustantiva de la demanda.

En el presente asunto la Sala observa que, efectivamente, la acción correspondiente a los actos acusados es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no de nulidad simple, que fue la incoada, porque en este caso se debate la anulabilidad de las Resoluciones por medio de las cuales el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social accedió a la solicitud de la empresa Bavaria S.A., de autorizar el cierre parcial y definitivo de los procesos de fabricación de envases y tapas de aluminio de la Fábrica de Envases de Aluminio, Colenvases, y el consiguiente despido de los trabajadores, condicionado a que la Empresa debía cumplir los preceptos contenidos en las cláusulas convencionales.

En otras palabras, los actos demandados son actos administrativos de carácter particular y concreto, y el hecho de que afecten a un número plural de individuos no lo convierte en un acto administrativo de carácter general de manera que pueda ser acusado vía acción de simple nulidad.

La Sala Plena de esta corporación se pronunció sobre el tema en providencia de 4 de marzo de 2003, expediente 110010324000199905683 02, Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, en la cual precisó que solo los actos particulares de trascendencia o importancia nacional pueden ser atacados mediante la acción de nulidad simple, por lo que la acción de simple nulidad no resulta procedente frente al acto particular que autorizó el despido colectivo.

No obstante lo antes dicho, en el presente asunto, en aras de dar prevalencia al derecho sustancial frente al formal previsto en el artículo 228 de la Carta Política, la Sala encuentra procedente el fallo de mérito y por ello, desestimar las excepciones propuestas por las siguientes razones:

— Al momento de incoarse la demanda la acción no estaba caducada. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro meses por disposición del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y la demanda fue presentada dentro de esa oportunidad pues la decisión que concluyó el procedimiento administrativo, la Resolución 2039, fue proferida el 20 de diciembre de 1999 (fl. 5) y la demanda fue presentada dentro de los cuatro meses siguientes, el 1º de febrero de 2000 (fl. 540 vto.).

— La demanda fue admitida sólo en relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales “Sinaltrabavaria”, la que fue presentada, a través de apoderado.

— El procedimiento que se siguió es el proceso ordinario previsto en los artículos 135 y ss. del Código Contencioso Administrativo.

— El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo al regular esta acción establece la posibilidad de que se pida el restablecimiento y la reparación del daño y al prosperar la pretensión de nulidad se daría un restablecimiento inmediato porque los actores pueden acceder a la jurisdicción ordinaria laboral a reclamar las indemnizaciones ocasionadas con sus despidos por tratarse de trabajadores particulares.

La Sala precisa que la interpretación más acorde con las finalidades del derecho procesal, con la función jurisdiccional, y la primacía del derecho sustancial frente al formal encuentra que las excepciones propuestas no deben prosperar en la medida en que no apuntan al fondo del asunto porque no se oponen a la prosperidad de las pretensiones sino que presentan una irregularidad procesal, que debió ser saneada al momento de admitir la demanda, máxime, cuando como ya se indicó, este defecto se podía corregir.

En otros términos, estamos ante una irregularidad que admite saneamiento con la sentencia, al precisarse que se profiere en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a los lineamientos antes señalados lo que da una plena garantía al administrado de acceder a la administración de justicia y como ya se indicó, realizar el derecho sustancial.

De otro lado, esta corporación también debe reconocer que hubo un error al admitir una demanda de nulidad, cuando se trataba de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y por ello asumirlo y evitar un fallo inhibitorio, pues de hacerlo estaría injustificado el desgaste al que se sometió la administración de justicia en el trámite de un proceso como este que lleva más de dos lustros; se defienden principios constitucionales fundamentales; y, se le otorga legitimidad a la administración de justicia y al Estado porque las partes, bajo la confianza legítima consideran que el asunto entró al despacho para fallo de mérito y no para que salga con una decisión inhibitoria.

Así las cosas la excepción planteada, por las razones expuestas no prospera, auque, se reitera, la sentencia que se profiere en este proceso se hace dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Falta de legitimación en la causa por activa.

Esta excepción está fundamentada en que la única pretensión está dirigida a lograr la anulación de los actos censurados, quienes al anularse el acto acarrearía, automáticamente, el restablecimiento del derecho y, sin embargo, los trabajadores despedidos no concurren como personas legitimadas para ejercer la aludida acción.

A juicio de la Sala esta excepción no puede prosperar porque la jurisprudencia decantada de la corporación ha sostenido que son las finalidades de la demanda las que determinan la acción y, en este caso, como ya se precisó, la declaratoria de nulidad de los actos acusados implica un restablecimiento automático del derecho de los empleados que, a través de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, podrían reclamar las indemnizaciones previstas en la ley.

5. Inexistencia de los motivos de anulación alegados en la demanda.

La parte demandada aduce que Bavaria S.A. decidió acudir a la vía administrativa en vista de la imposibilidad de convenir con el sindicato la utilización del mecanismo previsto en la cláusula 14 de la Convención Colectiva, como había ya ocurrido en casos anteriores, y observó en todo el procedimiento las normas jurídicas aplicables.

En criterio de la Sala esta no es propiamente una excepción pues se relaciona directamente con el motivo de la litis, que sólo podrá ser resuelto al conocer el fondo del asunto.

Como las excepciones propuestas no alcanzan prosperidad y los cargos planteados en los procesos acumulados que ahora se estudian son los mismos que se formularon y decidieron en el proceso 1739-00 de 21 de junio de 2007, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, Actor: Julián Velandia Ruiz y otros, se acogerá lo decido en dicha providencia, máxime si se tiene en cuenta que los actos demandados y las partes demandadas son las mismas(1).

En esa oportunidad la Sección Segunda, se pronunció respecto de los seis cargos formulados de la siguiente manera:

Primer cargo. Violación del debido proceso y del derecho de defensa.

“Para la Sala no resulta cierto el argumento de los actores, en el sentido de que tuvo lugar el cierre intempestivo de la empresa, cuya prohibición fue consagrada en el artículo 9º del Decreto 2351 de 1965.

La actividad de la empresa no fue previamente clausurada. Al momento de ser expedida la Resolución 2169 de 7 de septiembre de 1999, que resolvió el derecho de petición de Bavaria en relación con la autorización, se encontraba funcionando. Así lo evidencian los hechos narrados en el mismo texto del referido acto en el que alude a varias inspecciones realizadas en la Fábrica de Envases de Aluminio Colenvases S.A. el 31 de mayo de 1999 y el 23 de junio de 1999, suscritas por la Inspectora 21 del Trabajo, que en manera alguna informa sobre cierre de las actividades; ello no obsta para pudiera haber estado trastornada la actividad normal, en razón del momento de dificultad económica por el que pasaba la Empresa, que tramitaba la autorización ante la autoridad encargada. Además, resulta apenas lógico que estuviera realizando las gestiones propias del proyecto que se avecinaba, pues el cierre de una actividad presupone el despliegue de numerosas actividades encaminadas a su materialización y la nueva organización que se pretende.

Así mismo, se lee a folios 536 y siguientes el acta de visita de 27 de agosto de 1999 en la que si bien es cierto se informa que la máquina formadora de copas no estaba funcionando, como tampoco la máquina impresora, que se encontraba apagada, ello tampoco evidencia por sí mismo el cierre de las actividades y menos aún el despido adelantado de los trabajadores, pues las comunicaciones de terminación del contrato de trabajo tienen fecha de febrero y marzo de 2000, cuando se encontraba concluido el procedimiento gubernativo (fls. 53 ss. cdno. ppal.). Este último aspecto es el relevante para el asunto que se debate, pues lo que la ley ha querido salvaguardar es el interés de los trabajadores, evitando que de manera intempestiva queden despedidos, sin que medie la autorización previa y la compensación económica que de acuerdo con la ley o la convención colectiva les corresponda. Por esta razón es que el artículo 39 del Decreto 1469 de 1978 dispone que no producirá efecto alguno el despido colectivo de trabajadores sin previa autorización del funcionario competente.

Por otra parte, se lee en la misma Resolución 2169 de septiembre 7 de 1999 que las causas de la solicitud fueron de orden técnico y que por ello la Subdirección Técnica de Relaciones Individuales adelantó el estudio correspondiente. Para la Sala es claro que el Sindicato tuvo conocimiento de tal estudio, pues a través de su apoderado lo objetó; así consta a folio 507 del cuaderno principal. Así mismo, dirá que la solicitud de pruebas que hizo el Sindicato fue resuelta en forma adversa, lo que no constituye vulneración alguna del derecho de defensa, pues la entidad fue clara al expresar que no había lugar a su práctica, debido a que los hechos que pretendían probarse ya lo estaban dentro del proceso y no puede aceptarse que la objeción presentada fuera objeto de trámite especial alguno, pues no se trata de un dictamen pericial, sino del estudio técnico que realizó la entidad, del cual tuvo conocimiento en su oportunidad la organización sindical, por cuanto así lo evidencia el escrito de oposición que formuló a folio 507 del cuaderno principal. Por tanto, no queda duda de que la entidad cumplió a cabalidad el procedimiento consagrado en el artículo 37 del Decreto 1469 de 1978.

Ahora bien, con relación a la vulneración del artículo 14 de la Convención Colectiva que regía para entonces en la empresa, dirá la Sala que tal cláusula estipuló la forma como habría de adelantarse el procedimiento para el cierre total o parcial de filiales o dependencias e instituyó el previo acuerdo con el comité ejecutivo de Sinaltrabavaria, el traslado de trabajadores a otras dependencias o el retiro voluntario con un pago de 95 días por año; pese a lo anterior, la convención colectiva no puede colocarse por encima de la ley que previó otros requerimientos y son estos los que hay que atender en relación con el procedimiento. Por ello, la anuencia del comité ejecutivo del Sindicato no puede convertirse en un requisito sin el cual no es válido el trámite de autorización del cierre y despido de trabajadores. Otra situación diferente es el cumplimiento de las prerrogativas especiales que consagró la Convención a favor de los trabajadores para efectos de la indemnización”.

Segundo Cargo. Violación del artículo 122 de la Constitución Política y del artículo 28 del Decreto 1128 de 1999.

“El argumento de la parte actora para endilgar la falta de competencia orgánica de los funcionarios que profirieron los actos acusados no tiene fundamento alguno, pues ciertamente se adelantaba en la entidad una reestructuración, cuyos actos no son objeto de examen en el presente asunto; pero aún en el supuesto de estar viciados de ilegalidad, tal circunstancia no despoja a los servidores de las competencias administrativas, como tampoco las situaciones de empalme que puedan suscitarse en el interregno entre una planta y otra tienen vocación de detener la actividad administrativa. Esta continúa en cabeza de los servidores que vienen ejecutándola hasta tanto se consolide el proceso de reestructuración y pueda ser asumida por los funcionarios de la nueva planta, conforme a las normas de competencia que se expidan.

Tercer cargo. Infracción del parágrafo del artículo 66 y del numeral 7º del artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

Lo primero que ha de señalarse es que las citadas disposiciones en efecto establecieron el plazo de 2 meses para decidir, pero prescribieron que su incumplimiento acarrearía falta disciplinaria para el funcionario infractor sin ningún efecto para la validez de la actuación.

Ahora bien, el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, fija igualmente el término de 2 meses para decidir sobre los recursos interpuestos, pero señala que se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas; por su parte, el artículo 40 ibidem señala el de 3 meses en relación con la petición. No obstante lo anterior, ambas disposiciones señalan que la ocurrencia del silencio no exime a las autoridades de pronunciarse, en tanto no se haya acudido ante la jurisdicción para el caso de los recursos o no se hayan resuelto éstos para el caso de la petición inicial”.

Cuarto cargo. Interpretación errónea del artículo 37 del Decreto 1469 de 1978 y vulneración de la Ley 28 de 1976, aprobatoria del Convenio 98 de la OIT, de los artículos 55 de la Constitución Política y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

“El artículo 37 del Decreto 1469 de 1978 no fue derogado por la ley 50 de 1990, norma que simplemente lo modificó. Pero lo relevante de este punto es que aun cuando la Convención Colectiva haya dispuesto un procedimiento diferente al legal para el caso de la clausura de actividades, lo cierto es que es la ley la que regula tales aspectos y no podría dejarse de aplicar el procedimiento en ella señalado, dando prevalencia a la disposición convencional. Las causales para el cierre de actividades están previstas en las normas laborales y a ellas se atuvo la empresa solicitante; además, de las actas que obran en el proceso y que fueron citadas en apartes precedentes, se evidencia que tuvo el ánimo conciliatorio en aras de obtener el consenso del Consejo Directivo del Sindicato, encontrando oposición. Y si bien es cierto que no corresponde en esta litis dirimir el cumplimiento de las disposiciones convencionales, si es pertinente resaltar que la entidad en sus actos acusados requirió el cumplimiento de las normas convencionales, pues no escapa al entendimiento que la autorización impartida no coloca a la Empresa en situación de incumplir las previsiones convencionales que resultan más favorables a los trabajadores en los casos en que el Ministerio de la Protección Social imparte la autorización de despidos colectivos. La Corte Constitucional en sentencia C-09 de 1994 señaló que la convención colectiva, si bien puede estimarse como fuente de derecho, no tiene vocación para equipararse a la ley, de acuerdo con la Constitución y la misma ley. Luego la aplicación e interpretación de este tipo de actos ha de realizarse dentro del contexto integral del ordenamiento jurídico. En consecuencia, tampoco prospera el cargo”.

Quinto cargo. Violación del artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Como el presente punto es reiteración de lo alegado por la parte actora en el primer cargo, la Sala se remite a lo allí expuesto con ocasión al análisis del cierre intempestivo de la empresa que se aduce en el libelo introductorio”.

Sexto cargo. Violación del artículo 54 literales a), e) y l) de la Ley 489 de 1998.

Tampoco le asiste razón a los demandantes cuando afirman que la entidad demandada creó una situación de duplicidad de funciones al citar como sustento el Decreto 1469 de 1978, cuando el procedimiento para el despido colectivo está consagrado en el Decreto 2351 de 1965 con las modificaciones que le introdujo la Ley 50 de 1990.

El Decreto 1469 de 1978 señala en su encabezamiento: “por el cual se reglamentan algunas disposiciones laborales” y precisa que se expidió por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Política y en desarrollo de las leyes 26 y 27 de 1976.

El citado decreto fue modificado por el Decreto 1194 de 1994, reglamentario de los artículos 363 y 391 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por la Ley 50 de 1990.

De manera que no se trata de duplicidad de funciones, sino que es apenas lógico que los actos acusados, al hacer la cita de las disposiciones, se entienden involucradas aquellas que las han modificado. Además, es irrelevante que se cite una norma que fijaba una competencia que cambió, pues lo que importa es que la actuación haya provenido de los funcionarios investidos de ella, lo que en efecto ocurrió. Sobre la modificación de la planta de personal que reitera el libelo en este punto, la Sala se remite al análisis ya realizado con anterioridad”.

Como del análisis realizado por la Sección en el caso transcrito se concluyó que ninguno de los cargos formulados tenía vocación de prosperidad, se acogerá tal decisión por ser idéntica a la aquí planteada, y, como consecuencia, se negarán las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por los apoderados de Bavaria S.A. y del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, hoy de la Protección Social.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda incoada en este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales “Sinaltrabavaria”, mediante apoderado, contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de Protección Social).

Una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) La Sección Segunda, Subsección B, proceso 11001032520000058 00 (627-00), actor Carlos Alfonso Ortegón Sánchez y otros, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, también falló en acción de nulidad y restablecimiento del derecho un proceso de condiciones idénticas en lo sustancial.