Sentencia 2000-00111 de abril 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 07001-23-31-000-2000-00111-01(20532)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: José Julián Rincón

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., nueve de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988,(2) para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por esta corporación.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala deberá determinar si la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en la pérdida del 10.5% de capacidad laboral que padece el señor José Julián Rincón, de conformidad con la valoración a la que fue sometido por el 18 de noviembre de 1998 por el Ejército Nacional.

3. Análisis del caso.

3.1. El daño.

3.1.1. En relación con el daño alegado en la demanda, en el expediente obra el material probatorio que a continuación se relaciona:

3.1.1.1. Acta de junta médica laboral militar 4091, suscrita el 18 de noviembre de 1998 por los oficiales de sanidad del Ejército Nacional, médicos Álvaro Campo Russo y José Raúl Villegas Mejía, y el representante de las juntas médicas de sanidad de la misma institución, médico Guillermo Arias Restrepo, en la que se señala (fls. 30 a 32, cdno. 2):

“I. Identificación:

Grado: SL. Apellidos y nombres completos: Rincón José Julián.

Código militar: 79970371. Cédula de ciudadanía: (...)

Fecha de nacimiento: día 28, mes noviembre, año 78. Natural de: Bogotá.

Dirección: (...), ciudad: Bogotá.

Edad: 19 años.

(...)

III. Concepto de los especialistas:

[1] Psiquiatría/ afección por evaluar/ en agosto 98, empieza a presentar cambios de conducta como ansiedad, tristeza, llanto, episodios disociativos, ideas suicidas, astenia adinamia.

Diagnóstico/ trastorno de adaptación con alteración de las emociones y del comportamiento. Episodio disociativo.

Estado actual/ paciente con origen wisoy (sic) contenido del pensamiento dentro de lo normal aspecto eutímico no hay alteraciones de su senso-percepción, inteligencia promedio, atención centrada niega ideación suicida buena relación con pares y compañeros. Hay insigth (sic) prospección adecuada.

Concepto/ asintomático actualmente.

FRD. Dra. Lucy B. Manosalva O. Dr. Enrique Brito Especialista Basan.

[2.] Oftalmología/ OD (...) 20/30, OI (...) 20/30.

FRD. Dra. Andrea Vargas especialista Basan.

IV. Conclusiones

A. Antecedentes - lesiones - afecciones - secuelas:

1. Disminución agudeza visual OD (...) 20/30, OI (...) 20/30.

2. Trastorno de adaptación y episodios disociativos, actualmente asintomático, no recibe tratamiento farmacológico.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio:

- Determina incapacidad: relativa y permanente. No apto para actividad militar.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral:

Le produce una disminución de la capacidad laboral del diez punto cinco por ciento (10.5%).

D. Imputabilidad al servicio:

Aparecen [enfermedades] 1 y 2 diagnosticadas en el servicio pero no por causa y razón del mismo.

E. Fijación de los correspondientes índices:

De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 94 de 1989 corresponde por:

1. Numeral 6-053 índice dos (2).

2. No hay lugar a fijar indemnización” (negrilla fuera del texto).

3.1.1.2. Oficio 1384/BR18-BIRAN-S1-723, remitido el 7 de julio de 2000 por el comandante del Batallón de Ingenieros Rafael Navas Pardo, mayor Diego Luis Sánchez Montaña, al Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, en el cual se informa (fl. 19, cdno. 2):

“El mencionado soldado [José Julián Rincón] prestó servicio militar [en] esta unidad táctica integrante del primer contingente de 1998, dado de alta mediante orden del día 025 artículo 68 de fecha 29 de enero de 1998, destinado inicialmente a la compañía de instrucción, cumpliendo un ciclo normal de entrenamiento y posteriormente a actividades propias de normal de (sic) entrenamiento y posteriormente a actividades propias de unidad militar del Ejército; en el trascurso de su servicio militar gozó de los servicios médico asistenciales a que tiene derecho todo soldado colombiano, sin sufrir lesiones de consideración que hayan dado lugar a abrir informativo alguno”.

3.1.1.3. Oficio 90762 DIPER-SLJ-747, enviado el 5 de septiembre de 2000 por el jefe de sección de soldados de la dirección de personal del Ejército Nacional, mayor Luis Fernando Cardona Arismendi, al Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, en el que se precisa que el señor José Julián Rincón se incorporó al Batallón de Ingenieros Rafael Navas Pardo el 28 de enero de 1998 y que “fue dado de baja mediante orden administrativa de personal 1099 de fecha de 25 de julio de 1999 por incapacidad relativa y permanente, con novedad fiscal [de] 24 de diciembre de 1998” (fl. 111, cdno. 2).

3.1.1.4. Dictamen pericial practicado el 27 de septiembre de 2000 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor José Julián Rincón, oportunidad en la que se dejó la siguiente constancia (fl. 123, cdno. 2):

“Examinado hoy a las 13.50 con cédula de ciudadanía (...), refiere que en 1998 mientras se encontraba prestando servicio militar presentó crisis nerviosa. Al examen no presenta lesiones externas ni limitaciones físicas que ameriten fijar una incapacidad médico legal. El paciente debe ser enviado con sumario para que sea valorado por psiquiatría forense”.

3.1.1.5. Oficio dirigido el 17 de febrero de 2012 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Regional Bogotá a la Secretaría General de la Sección Tercera de esta corporación, con el objeto de informar que el señor José Julián no compareció a la valoración por psiquiatría forense programada para el día anterior a las 15 horas (fl. 104, cdno. ppal.), en cumplimiento del auto proferido por la Subsección B el 30 de septiembre de 2011, que ordenó (fl. 95, cdno. ppal.):

“OFÍCIESE al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Regional Oriente para que en el término de diez (10) días adelante la valoración por psiquiatría forense al señor José Julián Rincón para determinar su incapacidad médico legal en consideración a los hechos ocurridos mientras prestó el servicio militar obligatorio”.

3.1.2. De conformidad con los medios de prueba referidos, la Sala encuentra probado que el 18 de noviembre de 1998, la junta médica laboral militar conformada por el Ejército Nacional para el efecto, determinó que el soldado conscripto José Julián Rincón perdió el 10.5% de su capacidad laboral. En este sentido, pasa la Sala a verificar si la pérdida de capacidad anotada es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y, por tanto, a determinar si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

3.2. La imputación.

3.2.1. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(3)”.

Ahora bien, en concordancia con el inciso dos del artículo 216 de la Constitución Política, “[t]odos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.

En este sentido, el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización” precisa que “[t]odo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller”. Por su parte, el artículo 13 de la misma ley indica que el servicio militar obligatorio puede prestarse en las siguientes modalidades: como soldado regular (de 18 a 24 meses), soldado bachiller (durante 12 meses), auxiliar de policía bachiller (durante 12 meses) y soldado campesino (de 12 hasta 18 meses).

Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido que habrá lugar a indemnizar el daño causado a un soldado conscripto,(4) es decir, a quien se vincula al Ejercito Nacional en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 216 de la Constitución Política en una de las modalidades indicadas en precedencia, cuando el hecho objeto de reproche sea consecuencia de su especial sujeción a la institución(5). De este modo, se entiende que el Estado, “frente a los conscriptos (...) adquiere no solo una posición de garante al doblegar, (...) su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que, de igual manera, entra en una relación de especial sujeción(6) que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos(7)”.

3.2.2. De otro lado, con relación a la valoración de la pérdida de capacidad laboral de los miembros de la fuerza pública, es preciso señalar que el artículo 21 del Decreto 094 de 1989,(8) establece que la finalidad de las juntas médico laborales militares “es la de llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar”. En este sentido, en concordancia con el artículo citado, el dictamen de las juntas aludidas deberá estar fundamentado en “el examen clínico general correctamente ejecutado, los antecedentes remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y pronóstico de las lesiones o afecciones basados en concepto escritos de especialistas”.

Ahora bien, en consideración a que mediante Acta de junta médica laboral militar 4091, suscrita el 18 de noviembre de 1998, se concluyó que en virtud del Decreto 094 de 1989 y en razón de los resultados de la valoración oftalmológica a la que fue sometido el actor, correspondía asignar a este dos (2) puntos en el índice de lesión (“[n]umeral 6-053 índice dos (2)”) por la disminución de su agudeza visual (20/30) y que, en relación con el “trastorno de adaptación con alteración de las emociones y del comportamiento” y “[e]pisodio disociativo”, no se asignó índice de lesión alguno, se hace necesario indicar que el artículo 71 del citado decreto señala que las afecciones de la salud tratadas por las especialidades médicas de otorrinolaringología y oftalmología, hacen parte de los “[g]rupos que contemplan lesiones y afecciones que producen disminución de la capacidad laboral, (...), susceptibles de ser valorables en índices lesionados”. Al respecto, el artículo 82 ejusdem dispone:

“Sección B - Oftalmología

Alteraciones de la agudeza visual

NumeralEntidades nosológicasÍndice de lesión
6-053Disminución de la agudeza visual en ambos ojos. En el cuadro que sigue a continuación se detallan los índices de lesión que deben aplicarse en los casos de lesiones bilaterales que disminuyen la agudeza visual simultáneamente en ambos ojos. La primera columna horizontal indica la agudeza visual resultante de un ojo (no la pérdida), y la primera vertical la del otro ojo; en su intersección se indica el correspondiente índice de lesión que debe aplicarse.
Ejemplo: Pérdida de la visión de un ojo, en un 80% (A.V.2/10) y el otro en un 70% (A.V. 3/10). Índice de lesión 11, que figura en la intersección de A.V.2/10 Y 3/10.
 

(...)

Cuadro de índices de lesiones oculares

Agudeza
visual
20/2020/40
20/20
20/25
20/5020/60(...)
10/107Y8 (sic) y
9/10
6/105/10 
20/2010/100123 
20/40
20/30
20/35
7-8 y 9/101234 
20/506/102345 
20/605/103456 
20/70
4/104567 
(...)      

Interpretación de cuadro de índices de lesiones oculares:

Nota: la intersección de las columnas correspondientes a la agudeza visual determinada en la pérdida en cada ojo fija el índice respectivo” (negrilla fuera del texto).

De este modo, de acuerdo con el citado artículo, la disminución del 10% de la agudeza visual en cada ojo (20/30) da lugar a la asignación de dos (2) puntos en el índice de lesión.

Por su parte, el artículo 87 de la misma normativa dispone que la calificación de dos (2) puntos en el índice de lesión, tratándose de una persona menor de 20 años de edad, como en el presente caso, permite concluir que la disminución del 10% de la agudeza visual causa la pérdida del 10.5% de la capacidad laboral. En efecto, el artículo referido establece:

Tabla “A” de evaluación de incapacidades

Porcentaje de disminución de la capacidad laboral

Edades65 y más(...)25 a 2421 a 24Hasta 20
Índices
15.0 9.09.510.0
25.5 9.510.010.5
36.0 10.010.511.0
47.0 11.011.512.0
(...)     

Se aplica para determinar la disminución de la capacidad laboral de acuerdo con el índice de lesión y la edad de la persona para detener el porcentaje de disminución de capacidad. Se busca en la columna “índice de lesión” el fijado por la sanidad militar o de la policía, posteriormente y teniendo en cuenta la edad de la persona para la época en que fue calificada la lesión, se ubica en la columna correspondiente a los diferentes grupos de edades, el punto en donde se encuentren las prolongaciones horizontales del índice y vertical de la edad, indican el porcentaje de disminución de capacidad laboral (negrilla fuera del texto).

Con base en las consideraciones expuestas, procede la Sala a resolver el problema jurídico planteado.

3.3. Caso concreto.

Por las razones que pasan a explicarse, a juicio de la Sala, la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional no es responsable del daño alegado en la demanda.

La Sala encuentra que la pérdida del 10.5% de la capacidad laboral que padece el señor José Julián Rincón es consecuencia de la disminución del 10% de su agudeza visual y no, como se manifestó en la demanda, de los supuestos maltratos físicos y psicológicos que sufrió en el Batallón de Ingenieros Rafael Navas Pardo y de los “ejercicios de instrucción militar” que debió realizar mientras prestó el servicio obligatorio.

En efecto, como ya se precisó, en el Acta de junta médica laboral militar 4091, suscrita el 18 de noviembre de 1998, se concluyó que, de acuerdo con el examen psiquiátrico y oftalmológico practicado al soldado conscripto José Julián Rincón, este presentó durante el servicio, “servicio (sic) pero no por causa y razón del mismo”:

“1. Disminución agudeza visual OD (...) 20/30, OI (...) 20/30.

2. Trastorno de adaptación y episodios disociativos, (...)”.

En el acta en comento se dejó constancia de que el “[t]rastorno de adaptación y episodios disociativos”, no presentaba síntomas para la fecha en que se realizó la valoración, de manera que el afectado no debía ser indemnizado ni requería “tratamiento farmacológico”.

Adicionalmente, en el acta referida se precisó:

“C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral:

Le produce una disminución de la capacidad laboral del diez punto cinco por ciento (10.5%).

D. Imputabilidad al servicio:

Aparecen [enfermedades] 1 y 2 diagnosticadas en el servicio pero no por causa y razón del mismo.

E. Fijación de los correspondientes índices:

De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 94 de 1989 corresponde por:

1. Numeral 6-053 índice dos (2).

2. No hay lugar a fijar indemnización” (negrilla fuera del texto original).

De la lectura del acta, la Sala observa que, en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 21 del Decreto 94 de 1989, la junta médico laboral militar conformada para el efecto el 18 de noviembre de 1998, concluyó que: (i) a la luz de lo dispuesto en el numeral 6-053 del artículo 82 de la misma normativa, la disminución del 10% de agudeza visual (20/30) que presentaba el soldado daba lugar a la asignación de dos (2) puntos en el índice de lesión y (ii) que en virtud del artículo 87 ejusdem, su edad (19 años) y los puntos aludidos permitían dictaminar que este había perdido el 10.5% de su capacidad laboral.

Por lo anterior, la Sala encuentra demostrado que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado por la junta médico laboral militar referida es consecuencia exclusiva de la disminución del 10% de agudeza visual que sufre el señor Rincón y que dicho porcentaje no tiene ninguna relación con los padecimientos psiquiátricos diagnosticados en la misma oportunidad, como se señaló en la demanda. Además, en este sentido, en el expediente no obran pruebas que acrediten la existencia de un nexo causal entre la disminución del 10% de agudeza visual aludida y la prestación del servicio militar obligatorio.

De hecho, si bien en el dictamen pericial practicado el 27 de septiembre de 2000 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor José Julián Rincón, se indicó que este debía “ser enviado con sumario para que [fuera] valorado por psiquiatría forense”, lo cierto es que en el oficio dirigido el 17 de febrero de 2012 por ese instituto a la secretaría general de la Sección Tercera de esta corporación, se informó que el demandante no compareció al examen psiquiátrico programado para el día anterior a las 15 horas, en cumplimiento del auto proferido por la Subsección B el 30 de septiembre de 2011.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional no es responsable del daño alegado en la demanda y, por tanto, confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

5. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de marzo de 2001 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(2) El 16 de febrero de 2000, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 165.000.000, por concepto de “daño emergente y lucro cesante futuro” a favor del señor José Julián Rincón.

(3) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(4) Sobre las diferencias entre el soldado conscripto y el soldado voluntario, en la sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo Gómez, se indicó: “[e]n primer término es preciso diferenciar la clase de vínculo que se crea para el Estado, frente al soldado conscripto y en relación con el soldado voluntario o profesional; en el primero de los mencionados (soldado conscripto) el vínculo surge del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia y las instituciones públicas y no detenta carácter laboral, en tanto que en el segundo vínculo (soldado profesional) surge de la relación legal y reglamentaria consolidada a través del acto de nombramiento y la posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral. El deber constitucional que se enuncia en relación con los conscriptos está contenido en los artículos 216 a 227 capítulo VII del título VII, cánones que después de referirse a la conformación, finalidad y regulación de la fuerza pública como cuerpo no deliberante, prevé que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias y defiere a la ley la determinación de las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas para la prestación del mismo”.

(5) Cfr. sentencia de Sección de 14 de septiembre de 2011, Expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 19849. C.P. Enrique Gil Botero.

(7) Supra 6.

(8) Decreto “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces (sic) e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, normativa vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda.