Sentencia 2000-00115 de agosto 30 de 2010

 

Sentencia 2000-00115 de agosto 30 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-1300131030062000-00115-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diez.

Se deciden los recursos de casación formulados contra la sentencia de 8 de noviembre de 2007, adicionada el 24 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Vigilar LTDA. frente el Banco Santander Colombia S.A., con la intervención del Banco Comercial Av Villas S.A., antes Corporación de Ahorro y Vivienda - Ahorramás, y del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., a quienes se les denunció el pleito.

EXTRACTOS: «Los recursos de casación

Los cuatro cargos formulados por el Banco Santander Colombia S.A., se estudiarán en el mismo orden, obviando el tercero, porque se relaciona con la sentencia complementaria, la cual resulta aniquilada totalmente, frente a la prosperidad del error de actividad denunciado en el cargo primero por el Banco Comercial AV Villas, único que se resuelve, puesto que al ligar los cuatro cargos restantes que propuso a esa decisión, al ser esta nula, pierden sentido.

Cargo primero

1. Acusa la violación indirecta de los artículos 83 de la Constitución Política, 1602, 1603, 1604, incisos 1º y 2º, 1613 y 1614 del Código Civil, 728, 738 y 1391 del Código de Comercio, 174, 183-3, 185 y 238 del Código de Procedimiento Civil, 28 del Código de Procedimiento Penal (L. 2ª/82), 59 de la Ley 600 de 2000, 2º y 5º de la Ley 1ª de 1980, 8º de la Ley 153 de 1887 y 1º de la Ley 95 de 1890.

2. En su desarrollo, la censura sostiene que la conclusión del tribunal sobre que las normas que regulan el pago del cheque fiscal fueron incumplidas, es fruto de los siguientes errores de hecho probatorios:

2.1. Supuso en los documentos de los folios 31-95, cuaderno principal, que el banco demandado recibió en sus oficinas la consignación de los títulos valores, cuando esas pruebas, ni ninguna otra, mucho menos las de la misma índole que obran en los folios 95-116, daban cuenta de esa circunstancia, simplemente contenían fotocopias de catorce cheques, de asientos contables de aportes sociales, de extractos mensuales de la cuenta corriente de que se trata y de autoliquidaciones mensuales al sistema de seguridad social.

2.2. Omitió distintos medios que indicaban que los cheques de marras fueron recibidos en consignación en una entidad bancaria distinta, concretamente, en la “Corporación de Ahorro y Vivienda - Ahorramás” de Cartagena.

2.2.1. Los hechos nueve y catorce de la demanda, donde se afirma, en el primero, que las copias de las autoliquidaciones selladas por “Upac-Colpatria” constituyen plena prueba de ese hecho a favor del demandante, y en el otro, que en el reverso de los cheques aparece “Cuenta consignada certificada por Ahorramás y “Banco Consignatario”.

2.2.2. Las fotocopias de los títulos valores, en la parte de sellos impresos que dan cuenta de lo dicho, que tomados al azar dicen: “UPAC. Corporación de Ahorro y Vivienda-Colpatria. SUC. Cartagena principal”. A su lado, el adhesivo que identifica la entidad receptora de la liquidación, un número y la expresión “seguro social”, y eso mismo, con variación de fechas, en las autoliquidaciones de impuestos de los folios 32, 37, 72, 81, 100, y así sucesivamente.

2.2.3. La ampliación de indagatoria de Horacio González Zárate, cajero de la entidad receptora, hoy “AV Villas”, transcrita en lo pertinente, quien “confiesa” su participación en las maniobras realizadas para recibir en las oficinas de la otrora Ahorramás los cheques del conflicto, con el propósito de apoderarse, en compañía de Edgar Martínez Támara, de los dineros que representaban. En concordancia, la diligencia donde acepta los cargos formulados por la Fiscalía y manifiesta que los dineros fueron a parar a cuentas de personas naturales, entre ellas a la de su hermano Eparquio.

2.2.4. Los sellos impresos por la Corporación de Ahorro y Vivienda —Ahorramás—, en cada uno de los títulos valores, sobre que los recibió y certificó que los abonaría en la cuenta del Instituto de Seguros Sociales. Además, la confirmación telefónica que realizó el banco librado con el cuentacorrientista, según se especifica, para ordenar el pago.

2.2.5. El interrogatorio del representante legal del banco librado, donde explica que la entidad que maneja el canje “no tiene forma de saber que es pagado a una persona distinta si las condiciones en que se recibe el cheque vienen todas las especificaciones para el pago (...), en este caso debe venir un sello de la entidad que recauda, la certificación, si el cheque es fiscal, el banco confirma con el girador.

3. Con relación al incumplimiento de la entidad bancaria involucrada, consistente en que no devolvió oportunamente al librador los originales de los cheques, una vez fueron pagados, en la censura se imputa al juzgador la comisión de los siguientes errores de hecho probatorios:

3.1. Pasó por alto la cláusula décima séptima del contrato de cuenta corriente de 15 de agosto de 1991, que se transcribe, en virtud de la cual la demandante designó al banco librado depositario de los originales de los cheques pagados.

3.2. Pretirió el interrogatorio del representante legal de la actora, sobre que no era costumbre de su empresa requerir la devolución de los originales de títulos valores cancelados.

3.3. Ignoró el hecho décimo tercero de la demanda, relativo a que cuando fueron solicitados por el girador, el banco procedió a devolver prontamente los referidos instrumentos.

4. Respecto al nexo causal entre el incumplimiento y el pago de los cheques a personas distintas del beneficiario, la entidad recurrente afirma que el sentenciador, al dar por probado ese elemento, incurrió en los siguientes yerros fácticos:

4.1. No tuvo en cuenta, en general, con algunos matices, las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia proferidas contra el citado Horacio González Zárate, fundadas en la aceptación de cargos y en la solicitud de fallo anticipado, como coautor de los punibles de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa.

4.2. Desatendió el contenido de las providencias de 30 de mayo y 25 de julio del mismo año, pronunciadas por la Fiscalía Seccional 20 y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante las cuales se acusó a Edgar Martínez Támara, también cajero de “AV Villas”, como autor de los delitos referidos, y se dictó medida de aseguramiento contra Eparquio González Zárate.

4.3. lnobservó que en la indagatoria rendida por Eduardo Montaño Ulloa, subgerente administrativo de “AV Villas” desde el 9 de enero de 1996, a quien las antedichas decisiones lo cobijaron con preclusión de la investigación, reconoció en las respuestas que se transcriben que incumplió con el deber de certificar los cheques fiscales.

4.4. Dejó de lado el testimonio de José Luis Cañón Bernal, contralor general de “AV Villas”, quien tuvo conocimiento de los hechos cometidos por los cajeros arriba citados, “en la medida en que prevalidos del manejo del sello de certificación de cheques con negociación restringida, directamente y como consecuencia de la descuidada labor de vigilancia” de dicho subgerente, “lograron depositar en cuentas de personas naturales el valor de aquellos cheques, dando, desde luego, una información inexacta al banco librado sobre el cumplimiento de los requisitos legales para depositar el importe de cada uno de ellos en la cuenta del beneficiario, Instituto de los Seguros Sociales”.

5. En cuanto al monto del daño, concretado en la suma exigida a la sociedad demandante por el ISS, en el cargo se manifiesta que el tribunal incurrió en error de derecho al apreciar las copias del requerimiento efectuado por dicha entidad para el pago y del acto administrativo mediante el cual se declaró la existencia de la deuda, porque se soslayó el principio de contradicción, bien como prueba trasladada, ya como dictamen pericial, pues si el banco demandado no fue parte en el respectivo proceso administrativo, los medios allí practicados no lo fueron a petición suya ni con su audiencia.

6. Concluye la censura que los errores enrostrados llevaron al tribunal a violar las disposiciones al comienzo citadas.

6.1. En primer lugar, por cuanto los títulos valores del caso nunca fueron recibidos en consignación en las oficinas de la entidad demandada, como se afirma.

6.2. De otra parte, porque al efectuarse el pago de esos instrumentos a través del autorizado sistema de negociación interbancaria, el librado “cumplió”, al pie de la letra, las obligaciones que se reclaman, por conducto del “banco consignatario”, y de su parte, al confirmar el pago con el girador.

6.3. Igualmente, al no haber incumplido el librado la obligación de devolver los títulos pagados, por ser depositario contractual, ni sustraerse al efecto cuando la parte demandante los solicitó.

6.4. Asimismo, porque al demostrarse que fueron terceras personas, totalmente extrañas al banco demandado, quienes cometieron el ilícito, ningún nexo causal existe entre el supuesto incumplimiento de este y el perjuicio irrogado.

6.5. Finalmente, por cuanto la prueba del daño causado no fue suministrada.

7. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia del tribunal y se confirme la del juzgado, pero por las razones que se desprenden de los errores probatorios denunciados.

Consideraciones

1. La responsabilidad del banco demandado, derivada de la ejecución de un contrato de cuenta corriente, respecto del pago de diecinueve cheques fiscales, el tribunal, en cuanto a la culpa, la atribuyó, de una parte, al hecho de no haber seguido los “parámetros establecidos” en la ley para el efecto, pues aunado a que fueron “consignados” en sus “oficinas”, permitió que se abonaran en cuentas de personas distintas de la entidad destinataria; y de otra, según la adición de la sentencia, porque “jamás verificó”, la “realidad de las confirmaciones telefónicas” vistas en los sellos impresos al reverso de los títulos.

2. Frente a lo anterior, claramente se advierte, sin más, que el tribunal no pudo incurrir en ningún error probatorio, respecto a que pasó por alto que el banco girado fungía como depositario de tales instrumentos, después de su pago, o que cuando se solicitaron oportunamente, fueron entregados al girador, puesto que la condena en contra de la parte demandada, nunca se fulminó sobre la base de la inobservancia del artículo 728 del Código de Comercio, según el cual “Todo banco estará obligado a devolver al librador, junto con el extracto de su cuenta, los cheques originales que haya pagado”.

El ataque, entonces, en ese aparte resulta desviado, por cuanto la controversia sobre el particular gira en torno a un punto que no fue basilar de la decisión. El argumento, desde luego, no puede subsumirse dentro de la genérica conclusión del tribunal sobre que si el girado hubiere observado las “disposiciones legales” para la cancelación de los cheques fiscales, los mismos no se habrían descargado en cuentas de terceros, porque como se observa, la afirmación del sentenciador la entroncó únicamente con el “pago”, nada más.

3. En el proceso resulta pacífico que las sumas representadas en los cheques del caso fueron consignados, en palabras del juzgador, “en cuentas distintas a la de la destinataria”, pese a su calificación de “fiscales”, como igualmente quedó definido, incontrastablemente de circulación restringida, dado que en cualquier caso, al tenor del artículo 1º de la Ley 1ª de 1980, solo podían ser pagados mediante abono a la cuenta de la entidad beneficiaria, sin perjuicio de su negociación interbancaria, en general, a través de la cámara de compensación (art. 2º, ibid.), mediante la manipulación física de los títulos (arts. 23 de la L. 31/92, 110 del D. 663/93 y 1º del D. 1207/96).

Así lo dejó sentado el tribunal, al decir, en el fallo complementario, que “fueron unas personas que para la época de los hechos se encontraban vinculadas a AV-Villas, quienes desplegaron la conducta que finalmente lesionó a la entidad demandante”, según se infería del proceso penal que se adelantó contra Horacio González Zárate, cajero de aquella, por los delitos de estafa, falsedad en documento privado y concierto para delinquir, inclusive de la diligencia administrativa de descargos del subgerente de la misma, señor Eduardo Rafael Montaño Ulloa, y de la indagatoria que este rindió ante la Fiscalía.

3.1. En ese orden, el ad quem, en lo que respecta al incumplimiento imputado al banco demandado, tampoco pudo incurrir en yerro alguno, al apreciar; las pruebas que se singularizan en la acusación, relativas a las maniobras realizadas por personas que no eran sus dependientes, con el fin de apoderarse de los dineros, porque tales hechos, los cuales indiscutiblemente son ciertos, los evocó simplemente para sustentar la condena contra el denunciado en el pleito.

Esto se reconoce en el cargo, al controvertirse el nexo causal, cuando se afirma que esas pruebas se tuvieron en cuenta en la sentencia complementaria, “no para hacerle producir los efectos pertinentes en frente de la responsabilidad del banco demandado, sino para examinar la responsabilidad que en los hechos generadores del daño le cupiere a la llamada en garantía, es decir, a la Corporación de Ahorro y Vivienda las Villas, hoy Banco Comercial AV Villas”, concretamente, “para extenderle la condena impuesta al banco demandado y a la entidad bancaria llamada en garantía”, pero no para exonerar la responsabilidad de aquel, “como hubiese sido lo atinado”.

3.2. Lo mismo debe decirse de los yerros que se predican del nexo causal, porque como se recuerda, respecto de la entidad bancaria demandada, el tribunal conectó ese requisito con el “incumplimiento” imputado, esto es, con el hecho de no haber seguido los “parámetros establecidos” en la ley para el pago de los cheques fiscales, de una parte, porque al recibirlos en consignación permitió que fueran consignados en cuentas de particulares, y de otra, porque no verificó jamás la “realidad de las confirmaciones telefónicas” vistas en los sellos impresos al reverso de cada uno de los títulos, y no con las maniobras fraudulentas de los empleados de Ahorramás.

4. Distinto es que, en palabras del tribunal, esas mismas demostradas “actividades ilícitas desplegadas por empleados de la llamada en garantía” AV Villas, hubieren servido para dejar establecido que la “consignación” de los diecinueve cheques fiscales se “efectuó en cuentas distintas a las de la destinataria”. El meollo del asunto se reduce a establecer si el juzgador se equivocó al concluir que, por las circunstancias anotadas, a ese resultado contribuyó el banco librado.

Salvo la negociación interbancaria de que se habló, un cheque fiscal, identificado así por ser calificada la persona beneficiaria, en cuanto solo puede fungir de tal una entidad pública, no se encuentra sujeto a circulación, al punto que las restricciones que al efecto establece la ley, relativas a su descargo, nadie las puede obviar. Esto explica la razón por la cual únicamente puede hablarse de pago regular de ese instrumento cuando ha sido descargado en la cuenta del beneficiario, en garantía precisamente tanto del acreedor, como del girador, pues materializado el débito de la respectiva cuenta corriente, este se encuentra seguro de que los dineros ingresaron a las arcas de aquel y no a las de extraños.

La Corte tiene explicado que la "culpa del banco que paga un cheque fiscal a persona diferente de su beneficiario es independiente de todo evento anterior, pues precisamente la tenencia indebida de un cheque fiscal carecería en absoluto de significado para el detentador, comoquiera que tal instrumento, creado y entregado aunque a persona distinta de su beneficiario, nada vale en manos ajenas. Por el contrario, el instrumento adquiere significado económico, potencialmente generador de efectos dañinos, cuando el banco admite, contra toda prohibición legal, pagarlo a persona distinta de su beneficiario exclusivo. Dicho a manera de tropo, un cheque fiscal en manos de quien no es su beneficiario exclusivo es como un explosivo sin detonante, pues el poder destructor viene de la conducta del banco y no del desvío material del cheque fiscal o de su sustracción(1).

4.1. En el caso, como quedó señalado, el derecho incorporado en los cheques fiscales, se debitó de la cuenta corriente del girador. Empero, pese a que, por lo dicho, esos instrumentos se encontraban blindados, los dineros fueron a parar a cuentas de personas distintas del beneficiario Instituto de Seguros Sociales, según el tribunal, por culpa del banco girado, pues al recibirlos en consignación permitió que se abonaran en cuentas de particulares.

El sentenciador tuvo por acreditada esa “consignación” con los documentos que obran a folios 31 a 95. Sin embargo, esos medios, ni ningún otro, mencionan al Banco Comercial Antioqueño, hoy Banco Santander Colombia S. A., como receptor de los cheques, configurándose en ese preciso particular los errores de hecho denunciados, porque simplemente tales pruebas contienen autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social, con sello impreso “recibido con pago” de la “Corporación de Ahorro y Vivienda UPAC” (sic.), Sucursal Cartagena principal, de comprobantes de egresos de la sociedad Vigilar Limitada, algunos con ese mismo sello, y de extractos de la respectiva cuenta corriente.

En abono a los errores de facto cometidos, en el libelo introductor tampoco se afirma la entrega directa de los cheques fiscales en las oficinas del banco librado. Por el contrario, el hecho nueve lo excluye, al decirse que la sociedad demandante siempre ha presentado las autoliquidaciones de aportes en “UPAC Colpatria”, y que las copias de las mismas, selladas. por esta, constituían plena prueba de la “consignación” de los cheques girados al Instituto de Seguros Sociales. Lo mismo se predica del hecho catorce, en cuanto en el reverso de los títulos valores aparecen las constancias “Cuenta consignada certificada por Ahorramás” y “Banco Consignatario”.

Lo más diciente, en ninguna de las copias de los cheques fiscales aparece sello de “recibido” del entonces Banco Comercial Antioqueño, como sí de “Ahorramás”, “of. Cartagena”, hoy AV Villas, quien los presentó para su cobro en la cámara de compensación, indistintamente, por conducto del Banco de Bogotá y Banco Ganadero, corresponsales de aquella, previa constancia sobre que el valor de cada uno se abonaría a la cuenta del beneficiario ISS o Instituto de Seguros Sociales.

4.2. La culpa del banco demandado, el sentenciador igualmente la atribuyó al hecho de no haber verificado la “realidad de las confirmaciones telefónicas que aparecían en los sellos de confirmación que obraban al reverso de los cheques”.

El planteamiento del tribunal supone que otros entes financieros, por ejemplo, el receptor de los títulos o los bancos corresponsales, en todo caso distintos al librado, igualmente realizaron “confirmaciones telefónicas”. Esto, sin embargo, no es cierto, de donde igualmente se evidencia el error denunciado, pues como se advierte en la censura, la única constancia que sobre el particular obra en cada uno de los cheques fiscales, omitida, desde luego, pues no se hizo alusión a esa circunstancia, es la que realizó el propio banco demandado, como era su deber, según lo acepta su representante legal en el interrogatorio, directamente con el girador de los instrumentos.

5. Con relación al error de derecho que se denuncia, respecto de la extensión del perjuicio, es de observar que de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, en aplicación de los principios de publicidad y contradicción, los cuales garantizan los derechos de igualdad y lealtad, las pruebas trasladadas en copia auténtica de un proceso a otro, pueden ser valoradas en el último, sin más formalidades, cuando en el primero se obtuvieron con la intervención o el concurso de la parte contra la cual se oponen.

En caso contrario, para revestir de valor persuasivo al medio trasladado, se hace necesario brindar la oportunidad de controvertirlo, mediante la “práctica de la prueba en el nuevo proceso”(2), según las reglas que la disciplinan, con lo cual se mantienen así indemnes los principios de contradicción y publicidad, y a salvo el derecho fundamental de defensa de la parte contra la cual se oponen.

Sostiene el banco demandado que las copias tomadas del proceso administrativo seguido por el ISS contra la ahora demandante, por el incumplimiento de aportes sociales, relacionadas con el requerimiento de aquel a esta para su pago y con el acto administrativo que declaró la existencia de la deuda, no podían ser valoradas, porque al no ser parte en esa actuación, los medios en la misma practicados no pudo controvertidos.

Entendiendo que esas copias son idóneas para demostrar la extensión del daño, pues nada al respecto se controvierte, el error de derecho de manera alguna se estructura, así el banco demandado haya sido ajeno al proceso administrativo, por cuanto aparte de que técnicamente no son pruebas trasladadas, los principios probatorios y los derechos fundamentales señalados, quedaron totalmente resguardados.

Lo primero, porque respecto del requerimiento para el pago de aportes, al ser una comunicación cruzada entre el ISS y la sociedad demandante, no puede decirse, en estricto sentido, que fue evacuada al interior del proceso de que se habla; y de la resolución administrativa, porque simplemente es una decisión, pero sin la virtud de acreditar los soportes probatorios en que se fundamenta, salvo lo allí decidido, el autor y su fecha, todo de acuerdo con el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil.

El derecho de contradicción, en general, al haberse garantizado, dado que con relación a las copias aludidas, en este proceso se les imprimió el trámite que les era propio. En efecto, fueron arrimadas al libelo y a ellas se refirió el ente demandado, recurrente en casación, cuando contestó los hechos, al punto que, en acápite especial, manifestó que “Me adhiero a todas las pruebas solicitadas por la parte demandante, como a los documentos anexados a su demanda”. Y en los autos que abrieron la instrucción, esas mismas copias fueron tenidas como pruebas documentales, sin protesta alguna de dicha parte.

6. Si bien no podía concluirse que el banco girado se había sustraído a seguir los parámetros legales para descargar el derecho incorporado en los cheques fiscales, al decir del tribunal, por ser quien los recibió en consignación y al omitir reconfirmar las confirmaciones telefónicas que en cada uno de ellos existían, cuestiones que no correspondían a la realidad, pues como quedó explicado, esos títulos fueron recibidos por una entidad bancaria distinta y no había que corroborar ninguna información, en consideración a que la única que aparecía fue realizada por el propio librado, los errores de hecho puestos de presente resultan a la postre intrascendentes, como pasa a verse.

En principio, la constancia dejada en cada uno de los títulos valores por Ahorramás, como era su deber (art. 125, num. 3º del estatuto orgánico del sistema financiero), sobre que su valor se abonaría en la cuenta de la entidad pública beneficiaria, relevaría de responsabilidad al banco librado. Sin embargo, esto no es así, porque amén de las previsiones y precauciones impuestas por el legislador para el pago de un cheque fiscal, el girador de los títulos valores del caso, contribuyó a ese mismo propósito, al restringir su circulación, cuestión que es permitida al tenor de los artículos 715, 735 y 737 del Código de Comercio, cuando estampó en cada uno, indistintamente, “para consignar únicamente en la cuenta corriente del primer beneficiario” o “únicamente para depositar en la cuenta corriente del primer beneficiario”.

Desde luego que para la época de los hechos (1996-1997), el valor de tales instrumentos no podía abonarse en una “cuenta corriente” de la entonces Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda, porque no estaba autorizada para ofertar ese servicio, toda vez que solo hasta la vigencia de la Ley 546 de 1999, artículo 5º, se le confirió la naturaleza de banco comercial. Esto explica la razón por la cual dicha entidad tuvo que consignar los títulos para su pago en la cámara de compensación a través de bancos corresponsales.

Ese hecho, por supuesto, no podía desconocerlo el banco demandado, no solo porque lo imponía la prestación e intercambio de servicios bancarios, sino porque al ser un profesional especializado en la materia, estaba compelido a actuar con suma diligencia en el desarrollo de sus operaciones comerciales, con mayor razón cuando se trataba de cheques fiscales. Así lo establece el estatuto orgánico del sistema financiero (D. 663/93), al decir que las instituciones del ramo deben “emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes” (art. 98, num. 4º), y a los administradores, la obligación de “obrar no solo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales” (art. 72).

De manera que si los dineros debitados a la sociedad demandante para descargar los referidos títulos valores, fueron a parar a cuentas de ahorros y no a cuentas corrientes, la culpa del banco girado surge de bulto. Todo esto, en congruencia con la demanda, donde precisamente, aunado a las características especiales del cheque fiscal, se recalcó, como factor de imputación de responsabilidad, que pese a que el girado había entregado los instrumentos del caso “para consignar únicamente en la cuenta corriente del primer beneficiario” o “únicamente para depositar en la cuenta corriente del primer beneficiario”, se consignaron en cuentas de ahorros de Ahorramás (hechos quinto, séptimo, noveno y catorce).

En suma, pese a que el tribunal incurrió en los puntuales errores de hecho arriba anotados, los mismos no tienen la virtualidad para dejar sin piso la conclusión relativa a que el banco girado se sustrajo a seguir los “parámetros establecidos” en la ley para descargar el derecho incorporado en los cheques fiscales del caso, porque la misma encontraría soporte en el hecho de haber debitado los dineros que, por lo antes explicado, necesariamente iban a parar a cuentas de ahorros y no en cuentas corrientes, análisis que en todo caso la Corte no podía soslayar, ni siquiera en sede de instancia.

Por supuesto que si el banco librado hubiese percatado que el derecho incorporado en los cheques fiscales de que se trata, no podía abonarse, por las razones obvias dichas, en cuentas corrientes de Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda, “no se habría materializado el pago a cuentas diferentes de las destinatarias de los títulos valores referidos”, como lo concluyó el tribunal.

7. El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

Cargo segundo

1. Exceptuando las normas del Código de Procedimiento Civil, denuncia la violación indirecta de las mismas disposiciones del cargo anterior y adicionalmente los artículos 1616, inciso 2º del Código Civil, 103, 104 y 105 del Código Penal (L. 100/80) y 96 del Código Penal (L. 599/2000).

2. Luego de estimar oportuno poner de presente, según jurisprudencia que transcribe, el “valor del fallo penal en el juicio civil”, la censura sostiene que la conclusión del tribunal, en general, relativa al incumplimiento del banco demandado de las disposiciones legales para el pago de un cheque fiscal, es fruto de la comisión de errores de hecho probatorios.

2.1. No tuvo en cuenta, en efecto, la diligencia penal llevada a cabo el 26 de enero de 2001, donde Horacio González Zárate, empleado de Ahorramás, narra en forma pormenorizada las maniobras que realizó con Edgar Martínez Zárate, compañero de trabajo, para apoderarse de los dineros representados en los cheques fiscales; así como el acta de aceptación de cargos de 19 de abril del mismo año.

En coherencia, las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia proferidas contra el citado González Zárate, fundadas en la aceptación de cargos y en la solicitud de fallo anticipado, como coautor de los punibles de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y estafa.

2.2. Omitió los proveídos de 30 de mayo y 25 de julio del mismo año, pronunciados por la Fiscalía Seccional 20 y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante las cuales se acusó a Edgar Martínez Támara, también empleado de “AV Villas”, como autor de los delitos referidos, y se dictó medida de aseguramiento contra Eparquio González Zárate, hermano del condenado.

2.3. Pretirió que en la indagatoria rendida por Eduardo Montaño Ulloa, subgerente administrativo de “AV Villas” desde el 9 de enero de 1996, a quien las antedichas decisiones lo cobijaron con preclusión de la investigación, reconoció en las respuestas que se transcriben que incumplió con el deber de certificar los cheques fiscales.

2.4. Pasó por alto el testimonio de José Luis Cañón Bernal, contralor general de “AV Villas”, quien tuvo conocimiento de los hechos cometidos por los cajeros arriba citados, “en la medida en que prevalidos del manejo del sello de certificación de cheques con negociación restringida, directamente y como consecuencia de la descuidada labor de vigilancia” de dicho subgerente, “lograron depositar en cuentas de personas naturales el valor de aquellos cheques, dando, desde luego, una información inexacta al banco libado sobre el cumplimiento de los requisitos legales para depositar el importe de cada uno de ellos en la cuenta del beneficiario, Instituto de los Seguros Sociales”.

3. Afirma la recurrente que si el sentenciador hubiese apreciado las anteriores pruebas, habría concluido que los “hechos, motivos y circunstancias que dieron lugar al. presunto pago irregular de los cheques fiscales”, son los “mismos por los cuales los jueces de la causa penal hallaron culpable” a un empleado de AV Villas, y consecuentemente que el incumplimiento contractual que se atribuyó al banco demandado por el pago irregular de esos títulos valores, fue propiciado por la intervención determinante de un tercero, razón por la cual no había lugar a averiguar la “desatención contractual” que se le imputa, “por cuanto la justicia penal ya lo había hecho mediante sentencia que había adquirido el sello de cosa juzgada penal”.

4. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia del tribunal y se confirme la del juzgado, pero por las razones que se desprenden de los errores probatorios denunciados.

Consideraciones

1. Sin mayores disquisiciones de entrada debe decirse que si, en los términos del ataque, no era necesario investigar el incumplimiento contractual, por cuanto la justicia penal, con el sello de cosa juzgada, se había anticipado a ello, los errores de hecho no estarían en la apreciación de las pruebas que indican que fueron “personas que para la época de los hechos se encontraban vinculadas a AV Villas, quienes desplegaron la conducta que finalmente lesionó a la entidad demandante”, cuestión que desde luego nadie pone en tela de juicio, porque esos hechos efectivamente fueron apreciados, aunque no para imponer la condena contra el banco librado, sino para extenderla contra la entidad llamada en garantía.

El quid del asunto, por tanto, se reduce a establecer, como igualmente se deja entrever en la censura, si los “hechos, motivos y circunstancias que dieron lugar al presunto pago irregular de los cheques fiscales”, son los “mismos por los cuales los jueces penales hallaron culpable” a un empleado de AV Villas y se vinculó a otros. En otras palabras, si esa sentencia penal condenatoria y demás actuaciones de la misma índole evocadas en el cargo, excluye la responsabilidad que se atribuye al banco girado, pues según este, la pretensión debió dirigirse contra la entidad bancaria empleadora de aquellas personas, bajo la responsabilidad directa que a ella le cabe por los actos u omisiones, dolosos o culposos, cometidos por sus agentes, en razón y con ocasión del desempeño de sus funciones”.

2. Es incontrastable la autoridad absoluta de una sentencia penal condenatoria, toda vez que como de por medio se encuentran involucrados intereses superiores de la comunidad, sus efectos, en principio, se predican de todo el mundo, así quienes pretendan reclamar en un momento dado no hayan intervenido en el proceso donde fue pronunciada, pero únicamente, claro está, respecto de los hechos en que ha sido fundada, razón por la cual en esa precisa materia, desde el punto de vista objetivo, el instituto de la cosa juzgada penal no depende tanto de la triple identidad de sujetos, causa y objeto que para su estructuración se exige en el campo civil, sino del concepto de imputación fáctica, antes que el de su denominación jurídica.

Por esto, la Corte, haciendo énfasis a los sucesos que materialmente se atribuyen a determinada persona y que han sido objeto de investigación y juzgamiento criminal, tiene explicado que el “fallo penal hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, no solo en cuanto al hecho en que la acción penal se funda, su calificación y la participación y responsabilidad del sindicado, sino también respecto de todas aquellas acciones que, como la del resarcimiento del daño, tengan su fundamento en los hechos enjuiciados por el juez penal(3) (subrayas extexto)(sic).

3. En coherencia con lo anterior, el banco librado, recurrente en casación, precisamente, pone de relieve la cuestión fáctica para mostrar, objetivamente, que los “hechos, motivos y circunstancias que dieron lugar al presunto pago irregular de los cheques fiscales”, son los “mismos por los cuales los jueces penales hallaron culpable” a un empleado de la entonces Ahorramás, para concluir que es a esta a quien le corresponde resarcir los perjuicios causados por los hechos dolosos o culposos de sus empleados en ejercicio de sus funciones.

La identidad acerca de la imputación material de que se habló, sin embargo, no se estructura, por cuanto la responsabilidad civil del banco demandado se hizo descansar en el incumplimiento de un contracto(sic) de cuenta corriente, ajustado entre este y la sociedad demandante, respecto del cual los vinculados en el proceso penal son totalmente ajenos, especialmente quien resultó condenado.

3. Sentencia de 18 de diciembre de 2009, Expediente 1999-00533, reiterando doctrina anterior.

Además, la “desatención contractual”, para utilizar los términos del cargo, ni siquiera fue mencionada por los jueces del ramo penal, tampoco podían hacerlo, puesto que estos circunscribieron los hechos objeto de investigación y juzgamiento a la actividad desarrollada por un grupo de personas que, según se dice en las respectivas providencias, “lograron saquear las cuentas” de Ahorramás, hoy AV Villas, en sumas millonarias, en tanto los sucesos del caso se relacionan con el detrimento patrimonial que sufrió la sociedad Vigilar Limitada, como consecuencia del pago irregular de unos cheques fiscales.

De otra parte, en las sentencias condenatorias penales se observa que la “Corporación AV Villas” fue considerada víctima de los delitos cometidos, al punto que se constituyó en parte civil y al demostrar técnicamente el daño que padeció, obtuvo a favor una condena por concepto de perjuicios equivalente a quinientos salarios mínimos legales mensuales. En cambio, los hechos en que Vigilar Limitada fundamentó su pretensión, parten de un contrato, en su entender, incumplido por la otra parte, y no de un delito.

En ese orden de ideas, como una cosa es apropiarse de unos dineros, mediante maniobras reprimidas penalmente, y otra distinta, pagar irregularmente unos cheques fiscales, esto es, abonar su importe a unas cuentas que necesariamente el banco girado tenía que conocer que no eran corrientes, cuestión que por supuesto no puede ser imputada a terceros, unos y otros hechos no pueden ser los mismos. Si el incumplimiento contractual, por lo tanto, no fue el fundamento de la sentencia penal condenatoria, no es acertado reclamar efectos absolutos de esa decisión, respecto de un hecho que jamás estuvo sub judice.

4. Así las cosas, el cargo, sin más, no prospera.

Cargo cuarto

1. Con fundamento en el artículo 368, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia impugnada de incongruencia objetiva, en la modalidad de ultra petita.

2. Lo anterior, porque las pretensiones de la demanda se enderezaron a que se condenara al banco demandado a pagar el importe de los diecinueve cheques fiscales, es decir, la suma de $ 292.435.398, con sus correspondientes intereses moratorios, pero en la parte dispositiva de la sentencia, el tribunal fulminó la condena por el equivalente a $ 427.064.298, más los intereses moratorios desde el 30 de abril de 1999, valor que Vigilar Limitada adeudaba al Instituto de Seguros Sociales por concepto de aportes.

3. Solicita el banco recurrente que se case el fallo del tribunal y se corrija el vicio de actividad denunciado.

Consideraciones

1. La congruencia, bien se sabe, es una regla de comportamiento que le impone al juez la obligación de proferir la sentencia en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley” (CPC, art. 305).

Por esto, la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, en los casos en que se peca por exceso o por defecto, y si de los hechos, cuando el sentenciador los imagina o inventa, pero no cuando los tergiversa(4).

2. Pese a que al formularse el cargo, la incongruencia se limita a la objetiva, en su desarrollo también se hace referencia a la fáctica, al decirse que la restitución de los dineros no tuvo como causa el valor de los cheques fiscales, sino lo que liquidó el seguro social por concepto de aportes sociales.

Este último vicio, sin embargo, no se estructura, porque la mención que hizo el tribunal, para inferir el quantum del daño, al requerimiento de pago de aportes sociales del ISS a Vigilar Limitada, así como a la resolución administrativa que liquidó la deuda por ese mismo concepto, no fue inopinada, puesto que en los hechos diez, once y doce de la demanda, la parte actora expresamente se refirió a esas circunstancias, de ahí que no se trata de sustitución judicial de la causa petendi para poder hablar de incongruencia fáctica. Distinto es que a esos mismos hechos el sentenciador les haya dado un alcance distinto, en cuanto a la visión de los perjuicios, evento en el cual el error no sería de actividad, sino de juicio, atacable por una causal distinta.

3. Con relación a la dimensión de la condena, la simple confrontación de lo pedido, $ 292.435.398, que es el valor total de los diecinueve cheques fiscales, con indexación e intereses moratorios, y lo concedido, $ 427.064.298, más esos mismos réditos, a partir del 30 de abril de 1999, dejaría al descubierto el error de conducta que por exceso se denuncia.

El tribunal no explica la razón de ser de lo anterior, pero al citarse esa suma en el requerimiento y en la resolución administrativa a que se hizo referencia, que era el total de lo adeudado, según el ISS, por concepto de aportes, de todas formas señaló que la sociedad demandante debía “asumirla pese a haber girado en tiempo el monto requerido por tales conceptos”.

Aquí, como se observa, el sentenciador nunca dijo que dicha cantidad equivalía a la suma total de los cheques fiscales, caso en el cual el error sería de juicio, porque una cosa es la obligación total a cargo de la sociedad demandante, y otra distinta, que en ese monto se hubiere incluido el valor de esos títulos valores. El tribunal, por lo tanto, desde el juzgamiento del caso, no se equivocó al considerar, en otro aparte, que el “perjuicio” estaba representado por el “despojo” del “patrimonio” de la demandante de una “cantidad de dinero que pese al desembolso no llegó a cubrir la obligación que el instituto le insta a pagar”. No obstante, la parte dispositiva de la sentencia no fue congruente con lo anterior, porque la condena la concretó a una cantidad que superaba el importe de los referidos instrumentos.

Ese mayor valor, desde luego, no puede corresponder a los intereses moratorios causados, como lo sostiene el replicante, entre el 23 de febrero de 1996 y el 2 de febrero de 1997, interregno dentro del cual fueron librados los cheques fiscales, y el 30 de abril de 1999, época que fijó el tribunal para empezar a liquidarlos, porque en los mentados requerimiento y resolución administrativa, se puede advertir que no se acumuló capital e intereses, en aquel, al especificarse que lo adeudado era por “aportes”, y en esta, al hacerse la misma precisión.

Además, la sociedad demandante no podía desconocer el contenido de esos documentos no solo por haberlos aportado, sino porque como se anotó, se refirió a ellos en los hechos del libelo, mucho menos cuando la cantidad reflejada en los mismos, no fue la que solicitó se reconociera, de ahí que para ser coherentes con el planteamiento de la controversia, ahora no puede asumir una posición contraria.

4. En ese orden de ideas, el cargo de incongruencia objetiva resulta fundado.

Demanda del Banco Comercial AV Villas S.A.

Cargo primero

1. Denuncia la sentencia impugnada de estar afectada de nulidad procesal, por falta de competencia funcional, de conformidad con lo previsto en el artículo 140, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil.

2. Luego de resaltar las notas características de la aclaración, corrección y adición de una providencia judicial, en la censura se sostiene que pretextando resolver esto último, en cuanto a quienes se les denunció el pleito, el tribunal terminó reformando su decisión, cuando le era prohibido, porque al condenar a “AV Villas” a pagar a la demandante, Vigilar Limitada, una proporción de la condena impuesta, no podía hacerlo, dado que aquella no había sido demandada por esta, sino por el Banco Santander Colombia S.A., en virtud de la acumulación de causas que conlleva el llamamiento en garantía y de contera la denuncia del pleito, por ser figuras similares.

3. Solicita la entidad recurrente que se case la sentencia del tribunal y se deje sin efecto el fallo complementario.

Consideraciones

1. En el caso, la denuncia del pleito la formuló el banco demandado para que en el “remoto e improbable evento de prosperar las pretensiones contenidas en la demanda”, se condenara a las entidades denunciadas.

Lo anterior tiene su razón de ser, porque como lo tiene explicado la Corte, tratándose de la denuncia del pleito o del llamamiento en garantía, “se distingue (...), en ambos casos, que unas son las relaciones entre las partes, demandante y demandado, y otras, distintas, las del denunciante y el llamado, y la parte que los convoca, cada una, por lo tanto, con pretensión propia, dado que como es apenas de verse, sus vínculos materiales son independientes”(5).

Ahora, como la sentencia apelada negó las pretensiones de la demanda, al encontrarse fundada la excepción de caducidad de la acción, el juzgado no tenía necesidad de pronunciarse sobre la denuncia del pleito. No obstante, al revocar el superior la anterior decisión y declarar al banco demandado responsable del pago irregular de los cheques fiscales, con la consecuente condena, era apenas natural que se imponía el estudio de la pretensión eventual formulada contra los terceros.

El tribunal, empero, guardó absoluto silencio sobre el particular y al adicionar la sentencia lo hizo convencido de poder hacerlo, considerando que no se encontraba ejecutoriada en virtud del recurso de casación que el banco demandado había interpuesto. Esto, por tanto, implicaba admitir que lo hacía de oficio y que, en todo caso, la petición elevada al efecto por la parte demandante el sexto día hábil siguiente a su notificación por edicto, también resultaba tempestiva.

En otras palabras, asimiló el término de ejecutoria con el de firmeza de una decisión en sí misma considerada, cuando lo primero se refiere a una oportunidad para ejecutar o solicitar que se realice un acto procesal, por ejemplo la adición de la sentencia, y lo segundo toca con la posibilidad de su ejecución, que es algo diferente. De no ser así, entonces, se diría que, en concreto, frente al recurso de casación, aún sería tempestiva la complementación del fallo del tribunal y que esa decisión igualmente sería susceptible de casación, lo cual reñiría con los principios de preclusión y eventualidad.

2. No se desconoce, desde luego, que el juez que pronuncia un fallo judicial tiene competencia funcional para adicionarlo, pero únicamente cuando omita resolver “cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento” (CPC, art. 311).

Lo que no puede hacer es extralimitarse, so pretexto del instituto de la adición, por ejemplo, cuando altera, en cualquier sentido, el resultado de la sentencia proferida, porque como es bien conocido, una decisión de esa naturaleza “no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció” (CPC, art. 309), precisamente para dejar a salvo los principios de intangibilidad e inmutabilidad de los fallos judiciales y evitar la inseguridad jurídica y el caos social.

Si así procede, incurre en una irregularidad procesal insaneable, porque como tiene explicado la Corte, en esos eventos su ámbito de acción se circunscribe a corregir las “omisiones que pueda presentar”, en el entendido que en el ejercicio de esa facultad “no puede llegarse, por el mismo juez o tribunal, a alterar, reformándolas o modificándolas, las resultas que determinan el contenido de la sentencia proferida”(6).

3. Pues bien, en el sub judice, como se recuerda, el tribunal, al revocar la sentencia del juzgado, declaró civilmente responsable al Banco Santander Colombia S.A., por haber descargado irregularmente el derecho incorporado en los cheques fiscales, y lo condenó a pagar la suma de $ 427.064.298, con intereses moratorios.

Sin embargo, al adicionar la anterior decisión, dispuso que la referida cantidad de dinero estaría a “cargo del Banco Santander y El Banco Comercial AV Villas S.A., en razón de 50% cada una”, por cuanto según el acopio probatorio, el daño ocasionado a la parte demandante había sido “consecuencia de las actividades ilícitas desplegadas por empleados de la llamada en garantía (sic.), por ello resulta imperioso vincularla, junto al Banco Santander, como responsable de los daños causados”.

Si bien en la sentencia se había omitido resolver sobre la “relación sustancial que exista entre denunciante y denunciado”, esto es, entre el Banco Santander Colombia S.A. y el Banco Comercial AV Villas S.A., según lo previsto en el artículo 56, in fine, del Código de Procedimiento Civil, claramente se advierte que con independencia de la responsabilidad que pueda caber contra este último, el tribunal terminó modificando la decisión que inicialmente adoptó, pues como se observa, no solo redistribuyó la condena que había impuesto, sino al disponer que el denunciado en el pleito debía concurrir a su pago, conjuntamente con el inicial demandado, en el porcentaje determinado, involucró a ese tercero en una relación totalmente extraña, dado que la sociedad demandante no había fungido como su denunciante.

El vicio, en consecuencia, se estructura, dejando bien claro que aquí no se reprocha la competencia funcional que tenía el tribunal para corregir los errores de omisión, sino el ejercicio irregular de esa facultad, cuestión que por sí la afecta, en cuanto no podía, como lo hizo, so pretexto del instituto de la adición, alterar la decisión primigenia. Desde luego que no se trataba de una modificación impuesta por la lógica, porque, se repite, unas eran las relaciones sustanciales y procesales entre demandante y demandado, y otras, distintas, las que pudiera tener uno de ellos con quienes fueron llamados en calidad de terceros.

4. El cargo, por lo tanto, se abre paso.

Nulidad procesal y sentencia sustitutiva

1. Con relación a la extralimitación de la competencia funcional, la Corte, simplemente, se limitará a declarar la nulidad del fallo complementario, sin necesidad de remitir las diligencias al tribunal para corregir la actuación afectada, en el sentido de salvar la omisión, como debe ser, porque ese procedimiento tiene cabida únicamente cuando hay lugar a ello, cosa que en el presente proceso se excluye, de una parte, por cuanto la adición no se produjo de manera oficiosa, pues por lo dicho, no se hizo dentro del término de ejecutoria de la sentencia, y de otra, porque entendiendo que la parte demandante podía elevar una solicitud en ese sentido, toda vez que el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, no califica quien debe impetrarla, lo cierto es que la petición respectiva fue extemporánea, dado que se presentó al sexto día siguiente a dicha notificación, es decir, fuera de los tres días que señala la ley como de ejecutoria.

Esa es la postura que ha asumido la Corte, frente al artículo 375, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, según el cual decretado el vicio procesal se “ordenará remitir el expediente al tribunal, para que este o el juzgado, según el caso, proceda a renovar la actuación anulada”, al decir que la solución debe darse de manera diferente, “habida cuenta que la nulidad tiene carácter parcial” y no compromete la “unicidad del juicio”(7).

2. Como en lo demás, la decisión a proferir se proyecta con el quantum de la condena, la Sala, en sede de instancia, al prosperar parcialmente el recurso de casación del banco demandado, simplemente se limitará a dejar a salvo el principio de la congruencia objetiva, eliminando de las disposiciones de la sentencia el exceso en que se incurrió.

La condena, por lo tanto, se concretará al valor de los diecinueve cheques fiscales, tal cual fue pedido, con los “intereses moratorios”, así aceptados, entre otras cosas, por el banco girado, toda vez que ese preciso tópico no lo controvirtió en casación.

Desde luego, la fecha de partida para liquidar tales réditos, si es que eran procedentes, no puede tener ninguna modificación, porque con independencia de las razones que haya podido tener el tribunal para ordenarlos desde el 30 de abril de 1999, la presunción de certeza que cobija esa decisión sigue vigente, pues con las advertencias que se dejaron consignadas al resolver el cargo, nada en contrario fue acusado y probado, bien por la parte actora, para retrotraerlos a una data anterior, ora por el demandado, para diferirlos a una posterior.

5. Así las cosas, para mejor claridad, con los ajustes de rigor, se reproducirá la decisión del tribunal.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, con relación al proceso ordinario de Vigilar Limitada frente el Banco Santander Colombia S.A., con la intervención del Banco Comercial AV Villas S.A., antes Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramás, y del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S. A., a quienes se les denunció el pleito, DECRETA LA NULIDAD del fallo complementario de 24 de abril de 2008, y CASA PARCIALMENTE la sentencia de 8 de noviembre de 2007, ambas providencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, y actuando en sede de instancia;

RESUELVE:

A) “1. Revócase la sentencia” de 5 de julio de 2005 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena.

“2. En consecuencia declárase civilmente responsable a (sic.) Banco Santander S.A. por concepto de perjuicios materiales y se le condena a pagar a favor de Vigilar LTDA., la suma” de doscientos noventa y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos ($ 292.435.398), “más los intereses moratorios desde la fecha 30 de abril de 1999, hasta la fecha de pago.

“3. No se accede al reconocimiento de perjuicios morales por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

“4. Condénase a la parte demandada en costas de ambas instancias.

“5. En su oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen”.

B) Sin costas en casación al haber prosperado, en los términos dichos, los recursos interpuestos.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia 350 de 16 de diciembre de 2005, Expediente 3215.

(2) Sentencia 216 de 9 de diciembre de 2004, Expediente 2390, reiterando doctrina anterior.

(3) Sentencia de 18 de diciembre de 2009, Expediente 1999-00533, reiterando doctrina anterior.

(4) Cfr. Sentencia 065 de 25 de abril de 2005, Expediente 014115.

(5) Sentencia 342 de 15 de diciembre de 2005, Expediente 25941.

(6) Auto 188 de 24 de junio de 1997, Expediente 4504 (CCXLVI-1481, volumen II).

(7) Sentencia 077 de 29 de junio de 2007, Expediente 19993-01518.