Sentencia 2000-00150 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 50 001 23 15 000 2000 00150 01 (32476)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Dagoberto Suárez Tovar y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

31. Procede la Sala de Subsección a decidir el presente asunto, con la prelación para fallo dispuesta por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, comoquiera que trata de una grave violación de derechos humanos(12).

1. Competencia.

32. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de 4 de octubre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial administrativa de la Nación-Ministerio del Interior-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional por los hechos acaecidos el 4 de mayo de 1998 en la Inspección de Policía de Puerto Alvira (Meta), se condenó a las mismas entidadas al pago de indemnización por concepto de perjuicios morales, se negaron las demás pretensiones de la demanda y se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva con relación a la Red de Solidaridad Social.

33. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda a los perjuicios morales(13), excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del Decreto 597 de 1988.

2. Aspectos procesales previos.

34. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo advierte las siguientes cuestiones procesales respecto de las cuales procede pronunciarse: 1) valor probatorio de la copia simple de acuerdo con el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y, 2) valor probatorio de los recortes e informaciones de prensa. La Sala abordará en primer lugar lo relativo al valor probatorio de la copia simple.

2.1. Valor probatorio de la copia simple de acuerdo con el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

35. La parte actora allegó con la demanda una serie de documentos en copia simple: a) certificación del registro civil de nacimiento de Sugein Solanyi Suárez (fl. 37, cdno. 1); b) la Ley 368 de 5 de mayo de 1997 (7 folios sin enumerar, cdno. 1); c) el Decreto 1225 de 8 de mayo de 1997 (9 folios sin enumerar); d) la primer hoja del Acuerdo 18 de 17 de octubre de 1995 (1 folio sin enumerar, cdno. 1); e) la primer hoja del Decreto 489 de 11 de marzo de 1999 (1 folio sin enumerar, cdno. 1) ; f) el oficio RSS-PD-4283 de 27 de octubre de 2000 (fl. 66, cdno. 1); g) la Ley 418 de 26 de diciembre de 1997 (fls. 88 a 118, cdno. 1).

36. Si bien, la Sección Tercera(14) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente; en el presente caso, la entidad demandada en la contestación de la demanda no se opuso a tener como prueba los aportados por los demandantes y, estos, por su parte, además de tener en cuenta los documentos obrantes en el expediente para la defensa de sus pretensiones, no manifestaron oposición alguna a los aportados en copia simple por parte del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Por lo tanto, las partes no desconocieron los documentos, ni los tacharon de falsos, sino que conscientemente manifestaron su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

37. Sin embargo, con respecto al asunto que ahora nos ocupa también vale la pena precisar que la discusión respecto de la posibilidad de valorar las pruebas aportadas en copia simple, fue finalmente zanjada en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 28 de agosto de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera (Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero), la cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso:

“Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

“ART. 215.—VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

“La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011.

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquellas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

(...).

No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo Código General del Proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, CPACA.

(...).

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que sólo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada.

(...).

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

(...).

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(...).

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

(...).

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— (...)”.

38. Por lo tanto, en consideración a lo anterior y atendiendo a que la normatividad aplicable sigue siendo la consignada en el Código de Procedimiento Civil —por expresa remisión del art. 267 del CCA— y, aun cuando no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por las partes en copia simple.

39. Ahora bien, en cuanto a la prueba de las leyes y decretos aportados por la parte actora con la demanda en copia simple, se afirma que para su valoración no se exige que hayan sido allegados en copia auténtica si se tiene en cuenta que esta exigencia está diseñada solamente para el “texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras” (CPC, art. 188, inc. 1º).

40. De otra parte, la parte actora allegó en copia simple la certificación del registro civil de nacimiento de Sugein Solanyi Santa (fl. 37, cdno. 1). Si se aplica sistemáticamente los artículos 101, 102, 103, 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970 se encuentra que aunque no se aportó en copia auténtica opera una presunción de autenticidad del documento que se dice aportar y de la pureza de las inscripciones en este realizadas, presunción que al ser iuris tantum no fue desvirtuada oportunamente por las entidades demandadas, habiendo surtido la debida contradicción de la prueba, por lo que la Sala entrará a valorar, en su oportunidad este medio probatorio. Adicionalmente, y para garantizar el debido cumplimiento de los artículos 93 y 214 de la Carta Política, y de los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que garantizan el derecho de acceso a la administración de justicia), la Sala refuerza su decisión de valorar esta prueba al tratarse de hechos en los que potencialmente se produjo la vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los que se exige la prevalencia del mencionado derecho, y no su negación a partir de simples aspectos formales (de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez interno está llamado a confrontar las normas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal manera que en caso de producirse una contradicción entre esta última y aquella se haga prevalecer la normativa de la Convención, con lo que realiza el denominado “control de convencionalidad” al que está obligado(15)).

41. Es oportuno precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fuesen apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(16), por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(17).

42. Estudiado lo anterior, aborda la Sala lo relacionado con el valor probatorio de los recortes e informaciones de prensa allegados al proceso.

2.5. Valor probatorio de los recortes e informaciones de prensa.

43. En el expediente la Sala encuentra que se aportaron recortes e informaciones de prensa como: a) el Oficio de 16 de diciembre de 2002, de la Secretaria General de Comunican S.A., con el que se “envió copias certificadas de los informes publicados sobre las masacres de Puerto Alvira de Mayo (sic) 04 de 1998 y Mapiripan (sic) julio 14 al 20 de 1997”(18) (fl. 210, cdno. 1); y, b) el Oficio de 10 de junio de 2003, de la Oficina Jurídica de la Casa Editorial El Tiempo S.A., con la que se remitió “la copia de las paginas (sic) del periódico El Tiempo” solicitadas(19) (fls. 271 a 274, cdno. 1).

43.1. Al respecto es necesario pronunciarse acerca del valor probatorio que podría o no tener tales informaciones, ya que el precedente de la Sala se orienta a no reconocer dicho valor(20). En ese sentido:

“Sin embargo, los reportes periodísticos allegados al expediente carecen por completo de valor probatorio, toda vez que se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como prueba testimonial, como que (sic) adolecen de las ritualidades propias de este medio de prueba; no fueron rendidas ante funcionario judicial, ni bajo la solemnidad del juramento, ni se dio la razón a su dicho (CPC, art. 227).

Estos recortes de prensa tan solo constituyen evidencia de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido, por lo que no ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ente el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial. De modo que el relato de los hechos no resulta probado a través de las publicaciones periodísticas a que se alude en la demanda, habida consideración que no configura medio probatorio alguno de lo debatido en el proceso, pues tan solo constituyen la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”(21).

43.2. Pese a lo anterior, la Sección Tercera y la Subsección en su jurisprudencia viene considerando que “las informaciones públicas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no son suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, no el comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho (CPC, art. 228), pues por el contrario, este tiene el derecho a reservarse sus fuentes. Los artículos de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, per las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”(22).

43.3. A lo que se agrega que en “cuanto a los recortes de prensa, la Sala ha manifestado en anteriores oportunidades que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas pruebas testimoniales porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio —CPC, art. 228—, por lo que solo pueden ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido”(23).

43.4. Y si bien no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su no conducencia, o su inutilidad, ya que en su precedente la Sección Tercera y la Subsección C considera que le “asiste razón al actor en argumentar que los ejemplares del diario “El Tiempo” y de la revista “Cambio” no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será el mentó o eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos. Así, se revocara la denegación de la prueba a que alude el actor respecto de los artículos del Diario y Revista indicados, por encuadrar como pruebas conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y en su lugar se decretará la misma para que sea aportada por el solicitante de ella, dada la celeridad de este proceso”(24).

43.5. Para llegarse a concluir, según el mismo precedente, que la información de prensa puede constituirse en un indicio contingente, En ese sentido, se ha pronunciado la Sección Tercera y la Subsección C manifestando que en “otras providencias ha señalado que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario”(25).

43.6. Así las cosas, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas, tanto es así, que la Sala valorará tales informaciones allegadas en calidad de indicio contingente que, para que así sea valorado racional, ponderada y conjuntamente dentro del acervo probatorio(26).

44. Después de estudiar, analizar y valorar los anteriores aspectos procesales, la Sala procede a delimitar el análisis de la impugnación presentada por la parte actora.

3. Análisis de la impugnación.

45. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por las entidades demandadas Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Ministerio del Interior y de Justicia, de acuerdo con el siguiente objeto: a) en cuanto al daño antijurídico, se plantea si los demandantes acreditaron su calidad o condición de desplazados para haber sido objeto del menoscabo, detrimento o afectación al que no estaban llamados a soportar; y, b) con relación a la imputación se señaló: i) operó la eximente de responsabilidad del hecho del tercero; ii) la amenaza se desvirtuó con la realización de consejos de seguridad; iii) se trató de ataque terrorista inesperado y dirigido contra la población; iv) no se presentó riesgo concreto y excepcional que hubiere afectado a un grupo específico; v) la administración pública no creó el riesgo en cumplimiento de sus funciones; y, vi) no se establece, con base en las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia, por qué se le imputó la responsabilidad por omisión.

45.1. La Sala encuentra, además, que como objeto de la impugnación la parte actora incorpora lo relativo a la legitimación en la causa por activa, pero dado que ya fue objeto de pronunciamiento en el numeral 2.1 de esta providencia, se da por resuelto a tenor de lo allí argumentado.

45.2. La Sala encuentra, que como son dos de las entidades demandadas (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Ministerio del Interior y de Justicia) las que interponen el recurso de apelación, para decidir el recurso se centrará en los argumentos expuestos en el recurso, en desarrollo de lo previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que establece que el juez superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación jurisprudencial de 9 de febrero de 2012 (Exp. 21060(27)), en especial aquel supuesto según el cual “la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas” (subrayado fuera de texto), como ocurre en el presente asunto que es objeto de decisión por la Sala de Subsección C.

46. A continuación se hace una reseña de los medios probatorios con los que cuenta la Sala para hacer el análisis de la impugnación.

4. Los medios probatorios.

47. Al expediente fue allegado oportunamente, y cumpliendo las exigencias legales para tener valor probatorio, los siguientes elementos probatorios:

47.1. Copia simple de la Certificación del registro civil de nacimiento de Sugein Solanyi Suárez Santa, nacida el 31 de diciembre de 1981 en Puerto Alvira (Meta), hija de Dagoberto Suárez Tovar y Eneried Santa, expedida por la Inspección Departamental de Policía de Mapiripán, municipio de San Martín (Meta) (fl. 37, cdno. 1).

47.2. Copia simple de la Ley 368 de 5 de mayo de 1997 “POR LA CUAL SE CREA LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ Y EL FONDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO-FONDO PLANTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” (7 folios sin numerar, cdno. 1).

47.3. Copia simple del Decreto 1225 de 8 de mayo de 1997, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 368 de 1997, y se dictan otras disposiciones” (9 folios sin numerar, cdno. 1).

47.4. Copia simple de la primer hoja del Acuerdo 18 de 17 octubre de 1995, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO ESPECIAL DE DOTACIÓN DE TIERRAS PARA LAS PERSONAS QUE TENGAN CONDICIÓN DE DESPLAZADOS POR CAUSA DE LA VIOLENCIA” (1 folio sin numerar).

47.5. Copia simple de la primer hoja del Decreto 489 de 11 de marzo de 1999 (1 folio sin numerar).

47.6. Copia simple del oficio RSS-PD-4283, de 27 de octubre de 2000, del Asesor del Programa de Desplazados de la Red de Solidaridad Social, por medio del cual se informó “que una vez revisada la Base de Datos del Registro Nacional de Población Desplazada por la Violencia los Señores (sic) Dagoberto Suarez (sic) Tovar, identificado con cédula de ciudadanía 17.355.008 de San Martín, Dulcelina Nunpaque, identificada con cédula de ciudadanía 40.285.353 de Mapiripán y la menor Sugein Solanyi Suarez (sic) Santa no aparecen en la base de datos” (fl. 66, cdno. 1; subrayado fuera de texto).

47.7. Memorando VV-8330, de 27 de octubre de 2000, de la Coordinadora Programa Atención Integral a municipios afectados por la violencia política en Colombia, según el cual se informó “que una vez revisados nuestros archivos, no se encontró ningún registro correspondiente a las siguientes personas, ya que no aparecen como solicitantes de Asistencia (sic) Humanitaria (sic): — DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR — DULCELINA NUNPAQUE — SUGEIN SOLANYI SANTA” (fl. 67, cdno. 1; subrayado fuera de texto). Con este memorando se anexó el “listado en donde consta la entrega de asistencia humanitaria a los beneficiarios de las víctimas mortales enunciadas en el Numeral (sic) 2.2 de la demanda” (fl. 68, cdno. 1).

47.8. Copia simple de la Ley 418 de 26 de diciembre de 1997, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” (fls. 88 a 118, cdno. 1).

47.9. Oficio 6189, de 23 de octubre de 2000, de la Directora General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien informó “que revisados los archivos que reposan en esta Dirección General no se encontró ninguna información relacionada con el señor Dagoberto Suarez (sic) Tovar, C.C. 17.355.008 de San Martín y la señora Dulcelina Numpaque” (fl. 145, cdno. 1; subrayado fuera de texto).

47.10. Oficio D-Sgob-867, de 16 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Meta, por medio del cual se informó que “este despacho no tiene conocimiento que la Nación, el departamento, el municipio o alguna ONG, desarrolle programa alguno relacionado con las personas de la toma guerrillera de Mapiripán para el año de 1988, o a la fecha haya entregado, canalizado o ejecutado algún recurso económico a favor del Señor (sic) Dagoberto Suárez Tovar y la señora Dulcelina Nunpaque (...) en este despacho no reposa copia de los informes de bienes abandonados que hubiere podido efectuar el comité para la prevención y atención de desastres de la localidad” (fl. 209, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

47.11. Oficio de 16 de diciembre de 2002, de la Secretaría General de Comunican S.A., con el que se “envió copias certificadas de los informes publicados sobre las masacres de Puerto Alvira de Mayo (sic) 04 de 1.998 y Mapiripan (sic) julio 14 al 20 de 1997”(28) (fl. 210, cdno. 1).

47.12 Oficio 003089, de 18 de diciembre de 2002, del Gerente del INCORA, Regional Meta, mediante el que informó “que revisados los archivos del Incora de esta Regional, no se encontraron datos relacionados con el señor DAGOBERTO SUAREZ TOVAR y la señora DULCELINA NUNAPQUE, de modo que no han sido beneficiarios de subsidios que otorga esta entidad” (fl. 227, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

47.13. Oficio RM 1922, de 10 de diciembre de 2002, del Jefe del Departamento de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Villavicencio, según el cual informó “que revisados nuestros archivos las personas mencionadas no aparecen matriculadas en el registro mercantil que se lleva en esta entidad” (fl. 228, cdno. 1).

47.14 Oficio 12.1/2172, de 27 de diciembre de 2002, del Director Seccional Meta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el que se allegaron las cotizaciones de inmuebles en el municipio de Mapiripán (fls. 231 a 233, cdno. 1).

47.15. Oficio 000036 COBR7-ASJ-745, de 13 de enero de 2003, del Segundo Comandante y JEM de la Séptima Brigada del Ejército Nacional (fl. 234, cdno. 1).

47.16. Oficio 28858, de 16 de enero de 2003, de la Coordinadora de Atención Integral a municipios afectados por la violencia política en Colombia de la Red de Solidaridad Social, según el cual:

“(...) La red de Solidaridad Social no tiene un programa para atender cada hecho especifico (sic), cuenta con una serie de programas para atender a la población, entre estos el Programa de Atención a la Población Desplazada, el Programa de Atención a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia, etc.

En cuanto a este Programa, la Red de Solidaridad Social otorga una asistencia humanitaria tal como lo contempla el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, que reza: “Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno...”.

Consultados nuestros archivos, no aparece solicitud alguna presentada por los señores Dagoberto Suarez (sic) y de la señora Dulcelina Nunpaqueva. 

De fecha 4 de mayo de 1998 aparece reportada una masacre en Mapiripán, se (sic) según reporte anexo, en donde existen 16 solicitudes de asistencia humanitaria y gastos funerarios, 13 de los cuales se han pagado y 3 están pendientes (...)” (fls. 237 y 238, cdno. 1).

47.17. Oficio DGJ 347, de 5 de febrero de 2003, del Director General Jurídico del Ministerio del Interior, según el cual informó:

“(...) me permito remitir el oficio 00959 del 30 de enero de 2003, suscrito por el doctor German Sánchez Vargas, Coordinador Grupo de Políticas y Prevención de la Dirección General para los Derechos Humanos de este Ministerio, en el cual nos informa que la mencionada Dirección no posee información relacionada con el desplazamiento ocurrido al señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR, identificado con la C.C. 17.355.008, como también lo atinente a su grupo familiar; (sic) y que se ha remitido copia de su oficio a la Red de Solidaridad para lo pertinente, por cuanto de conformidad con la información que reposa en el Sistema Unico (sic) de Registro de Población Desplazada, aparece el mencionado señor y su familia inscritos el día 30 de octubre de 2001.

(...) en este Ministerio no existe trámite de subsidio, ni se ha demostrado perjuicio alguno a favor del señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR, ni de su grupo familiar” (fls. 249 y 250, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

47.18. Oficio 00996, de 31 de enero de 2003, del Coordinador del Grupo de Políticas y Prevención de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante la cual se informó “que el Gobierno Nacional ha venido atendiendo el tema de la prevención del desplazamiento forzado por intermedio del programa de Sistema de Alertas Tempranas “SAT” el cual está coordinado por la Defensoría del Pueblo (...) así mismo la Red de Solidaridad Social, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, elaboró una guía de atención la cual recoge entre otros, los contenidos de la política en materia de prevención del desplazamiento forzado por la violencia, de los cuales anexo fotocopia” (fls. 258 a 270, cdno. 1).

47.19. Oficio de 10 de junio de 2003, de la Oficina Jurídica de la Casa Editorial El Tiempo S.A., con la que se remitió “la copia de las paginas (sic) del periódico El Tiempo” solicitadas(29) (fls. 271 a 274, cdno. 1).

47.20. Oficio RSS-AGAD 0864, de 10 de marzo de 2003, de la Directora Técnica de la Unidad Atención Integral Programa de Desplazados, de la Red de Solidaridad Social, con el que se remitió “copia sin autenticar por ser un documento público el (sic) Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional del 2002-2006, en el cual se establece la atención y prevención del desplazamiento forzado” (fls. 275 a 300, cdno. 1).

47.21. Oficio UTM-000602, de 28 de junio de 2004, de la Coordinadora de la Unidad Territorial Meta de la Red de Solidaridad Social, según la cual se informó “que el señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR identificado con la cédula ciudadanía 17.355.008 de San Martín, fue postulado y convocado mediante edicto en las oficinas de la UAO, para ser beneficiario del contrato 0523-02 OEI-Fundación Sky-RSS en la ejecución de proyectos productivos de población desplazada por valor de $ 1.716.000 por núcleo familiar. El señor Dagoberto Suárez Tovar no se presento (sic) a dicha convocatoria, una vez desfijado el edicto se cambio (sic) por otro postulante” (fl. 328, cdno. 1). Se anexó hoja de beneficiarios del contrato mencionado (fl. 329, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

47.22. Oficio DME, de 4 de febrero de 2002, del Coordinador de la Unidad Territorial Meta de la Red de Solidaridad Social, mediante el cual se informó:

“(...) que la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL asumió el conocimiento y competencia para atender a la población Desplazada (sic) en virtud del Decreto 489 de 11 de marzo de 1999, dentro del marco legal que regula la materia, esto es, la Ley 387 de 1997.

Para efectos de brindar la ayuda humanitaria a que tiene derecho el desplazado, este debe realizar una declaración de los hechos que originaron su desplazamiento y de acuerdo con la valoración que se realiza de la misma por parte de un comité en la RED, se adopta la decisión de incluirlo o no en el Registro Nacional de Desplazados, inscripción que legalmente lo acredita como desplazado para todos los efectos legales y beneficios dirigidos exclusivamente a esta población.

(...).

(...) me permito informar que el señor DAGOBERTO SUÁREZ identificado con la cédula de ciudadanía 17.355.008 de San Martín (Meta), se encuentra incluido en el Sistema Unico (sic) de Registro Nacional de Población Desplazada junto con su núcleo familiar conformado por DULCELINA NUNPAQUE y la menor SOLANYI SUÁREZ.

Finalmente reitero que el Programa de Atención a la Población Desplazada, opera en la Red de Solidaridad Social desde marzo de 1999 vigencia en la cual asumió el conocimiento del tema y para la época de los hechos ocurridos en Puerto Alvira, la competencia estaba en cabeza del Ministerio del Interior, revisados nuestros archivos no se encuentran antecedentes documentales que puedan aportar al proceso de la referencia” (fls. 330 a 333, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

5. Problemas jurídicos.

48. Se puede plantear como problemas jurídicos: a) determinar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, habida cuenta de que se podía tratar de una situación de desplazamiento forzado; b) establecer si el caudal de pruebas recaudado en el sub lite permite concluir que concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados al accionante como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones inherentes a la entidad demandada respecto a la vida, seguridad e integridad de los demandantes ante la situación de desplazamiento forzado, o si, por el contrario, se acreditaron los elementos necesarios para estimar configurada una eximente de responsabilidad patrimonial a su favor.

49. La Sala abordará el estudio del caso de la siguiente manera: aproximación al tratamiento del desplazamiento forzado; la responsabilidad del estado cuando se produce un desplazamiento forzado; hechos probados; la imputación de responsabilidad de las demandadas como consecuencia del desplazamiento forzado ocurrido en el corregimiento de Puerto Alvira, del municipio de Mapiripán (Meta).

6. Aproximación al tratamiento del desplazamiento forzado.

50. El desplazamiento forzado ha sido definido como una situación fáctica como consecuencia de la cual se produce un desarraigo producto de la violencia generalizada, la vulneración de los derechos humanos o la amenaza de las garantías del derecho humanitario. La Constitución Política garantiza la libre escogencia del lugar en el que todo ciudadano decide vivir, desarrollarse y realizar actividades económicas, así como la libre circulación en todo el territorio nacional.

50.1. En el ordenamiento jurídico colombiano la Ley 387 de 18 de julio de 1997 (reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia), vino a regular la situación de desplazamiento forzado y a definir al desplazado en el artículo 1º en los siguientes términos:

“(...) toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(30).

50.2. En la misma norma se consagró como principio sustancial que todo colombiano tiene el derecho a “no ser desplazado forzadamente” (art. 2º), radicándose en cabeza del Estado la responsabilidad de “formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioecómica de los desplazados internos por la violencia”, como respuesta a lo establecido en el artículo 24 de la Carta Política, que a su tenor consagra:

“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

50.3. La Ley 387 de 1997 vino a ser reglamentada por el Decreto 2569 de 2000, el cual consagró que el Gobierno Nacional, por medio de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, “declarará que se encuentra en condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, a saber: 1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial, y 2. Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior” (art. 2º).

50.4. El alcance del desplazamiento forzado como situación jurídica debe darse a partir de la comprensión sistemática de los artículos 1º, 2º, 11, 16, 93 y 214 de la Carta Política colombiana, armónica e integradamente con los artículos 1.1, 2º, 4º y 22.1 (“no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”) de la Convención Americana de Derechos Humanos (al proceder el control de convencionalidad por parte del juez contencioso administrativo), así como de lo consagrado en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (ratificado por la L. 171/94). De acuerdo con el artículo 17 del mencionado Protocolo:

“ART. 17.—Prohibición de los desplazamientos forzados.

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”(31).

50.5. Así mismo, cabe afirmar aplicable al desplazamiento forzado el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra:

“Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia... Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.

50.6. En la jurisprudencia constitucional la delimitación conceptual lleva a plantear:

“Algunos estudios especializados, han considerado que la definición legal de desplazado, consagrada en la Ley 387 de 1997, resulta problemática, pues al establecer una asociación entre desplazamiento forzado y violencia política, dificulta considerarlos población civil separada de la partes enfrentadas, ya que el elemento que los vincula con el conflicto político armado es tenido en cuenta para estigmatizarlos como enemigos potenciales de la sociedad y del Estado.

Igualmente han indicado que tal definición limita el desplazamiento forzado a las migraciones producidas por acciones o hechos que amenazan la estabilidad y existencia del Estado, dejando por fuera fenómenos tales como el confinamiento impuesto por fuerzas irregulares, la pobreza rural, el miedo, la búsqueda de mejores modos de vida, entre otros, que también ocasionan ese fenómeno”(32).

50.7. Tal como se desprende de la normativa vigente, la situación de desplazamiento implica que la persona (o personas) se ven obligadas forzosamente a migrar, a desarraigarse del lugar en donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de su actividad profesional, productiva o económica, ante las amenazas a su vida, integridad física, libertad personal, dignidad, como consecuencia del conflicto armado interno, de la violencia generalizada, de la vulneración masiva, continuada y sistemática de los Derechos Humanos, de la infracción al Derecho Internacional Humanitario, o de toda aquella circunstancia que altere, modifique o quiebre radicalmente el orden público. La jurisprudencia constitucional establece:

“La jurisprudencia(33) ha precisado que si bien en el plano internacional ningún tratado define dicho concepto, la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos, acogiendo los trabajos realizados por el Relator Temático Francis Deng, adoptó en 1998 la resolución titulada “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, cuyo artículo 2º consagra la siguiente descripción en torno a los desplazados:

“... las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, por situaciones de violencia generalizada, por violaciones de derechos humanos o por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

No sobra advertir que para la Corte Constitucional(34) dichos Principios tienen fuerza vinculante, pese a que no han sido aprobados mediante un tratado internacional, “dado que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos y que han recibido una gran aceptación por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos”, por lo cual esta corporación considera que “deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento forzado y la atención a las personas desplazadas por parte del Estado. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que todos sus preceptos que reiteran normas ya incluidas en tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario aprobados por Colombia gocen de rango constitucional, como lo señala el artículo 93 de la Constitución”(35).

50.8. Luego, la Sala entiende que el desplazamiento forzado es una situación fáctica, pero no es una calidad jurídica que pueda operar como un título de atribución. En ese sentido, en la jurisprudencia constitucional se considera:

“La condición de desplazado, como descripción que es de una situación de hecho, no conlleva una regulación integral de derechos fundamentales, ni de sus elementos próximos, aunque evidentemente contribuye a su exigibilidad; tampoco implica restricciones a tales derechos, pues, por el contrario, la regulación de esa situación fáctica está orientada a lograr que quienes sufren el desplazamiento forzado puedan recibir atención oportuna e integral por parte del Estado y reclamarla en caso de que no le sea prestada. Además, la especificación de un desplazado no puede quedar petrificada dentro del rígido molde de la ley, sea esta ordinaria o estatutaria, ya que por derivar de una realidad en constante evolución”(36).

50.9. En ese sentido, la jurisprudencia interamericana de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos) ha resaltado el alcance del desplazamiento forzado y de la situación fáctica del desplazado, como se desprende de lo decidido en el caso “Masacres de Ituango contra Colombia”:

“En razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición de facto de desprotección. En los términos de la Convención Americana, dicha situación obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de terceros particulares”(37).

50.10. De acuerdo con la anterior jurisprudencia, para que se concrete la situación de desplazamiento forzado se requiere:

“(i) La coacción, que obliga al afectado a desplazarse dentro del territorio nacional, así como su permanencia dentro de las fronteras del territorio nacional; (ii) La amenaza o efectiva violación de derechos fundamentales, toda vez que la definición legal indica que ese desplazamiento se produce porque la vida, la integridad física, la seguridad y la libertad personal “han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”; y (iii) La existencia de unos hechos determinantes, tales como el conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(38).

50.11. Una vez se concreta la situación del desplazamiento, es necesario demostrar para que una persona sea considerada como desplazado interno que haya sido obligada a migrar más allá de los límites territoriales del municipio en el que vivía o residía(39).

50.12. Sin perjuicio de lo anterior, el precedente jurisprudencial constitucional advierte que:

“(...) quien se desplaza lo hace “para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”(40), no para escapar de una amenaza de origen común o de las consecuencias de un accidente de tránsito que, si bien puede tener graves implicaciones y la entidad suficiente para obligar a una persona a tomar determinadas decisiones, no puede ser susceptible de recibir la protección que por disposición legal se reserva para las víctimas del conflicto armado interno que son obligadas a dejar sus lugares de residencia por causa del mismo”(41).

50.13. Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional establece que en caso de contradicción al momento de aplicar la definición ajustada a un caso de persona o personas desplazadas internamente deberá acudirse a la aplicación del “principio pro homine” según el cual son varios los supuestos en los que encajaría la consideración de una situación de desplazado interno: a) como consecuencia de la acción ilegítima de las autoridades del estado; b) la acción u omisión legítima del Estado; c) teniendo en cuenta la región del país, la estigmatización derivada para la persona y su familia cuando como consecuencia de un proceso penal seguido por hechos ligados al conflicto armado interno, es absuelto posteriormente, y amenazado por grupos armados ilegales(42).

50.14. El precedente jurisprudencial constitucional permite orientar a la Sala para examinar en el caso concreto si con el acervo probatorio se encuentra ante una situación fáctica de desplazamiento forzado, entendiendo que el concepto de desplazado “lejos de estructurarse con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del país. Son circunstancias claras, contundentes e inclusive subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra generalizada, las que explican objetivamente el desplazamiento interno”(43).

50.15. A lo que se agrega, siguiendo la misma jurisprudencia, que el concepto de desplazado:

“(...) no es un derecho o facultad sino una noción que describe una situación fáctica cambiante, de la cual se desprende la exigibilidad de derechos y garantías para el afectado y su núcleo familiar, y de ahí que deba ser entendida y aplicada de manera amplia con arreglo al principio pro homine(44), tal como lo recomiendan la jurisprudencia de esta corporación y los organismos internacionales, tomando en consideración, por lo menos tres elementos básicos identificados en los antecedentes reseñados: (i) la coacción, que hace necesario el traslado, (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan propiciar desarraigo”.

50.16. Como consecuencia del desplazamiento forzado, se pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que tiene que afrontar la persona considerada como desplazado:

“(...) entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquella situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”(45).

50.17. Ahora bien, si definida está la situación de desplazado, la Sala encuentra necesario complementarla con los derechos que son amenazados y vulnerados cuando ocurre esta situación, lo que se precisó en la jurisprudencia constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004 y se recoge en la Sentencia T-967 de 2009 en los siguientes términos:

“La citada decisión, señaló como derechos amenazados y vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, que claro está, no se trata de una lista exhaustiva, (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (v) derechos económicos, sociales y culturales; (vi) implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vii) el derecho a la salud; (viii) el derecho a la integridad personal; (ix) el derecho a la seguridad personal; (x) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (xi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades; (xii) el derecho a una alimentación mínima; (xiii) el derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación; (xiv) el derecho a una vivienda digna; (xv) el derecho a la paz; (xvi) el derecho a la personalidad jurídica y (xvii) el derecho a la igualdad”(46).

50.18. En cuanto a la jurisprudencia de la Sección Tercera, se encuentra que “la condición de desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la persona que crea una situación fáctica de calamidad, donde el individuo se ve despojado de sus propiedades, tenencia, arraigo, etc.”(47).

50.19. Así mismo, la Sala siguiendo la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sostuvo en su momento que la situación de desplazado, “somete a situaciones afrentosas, lesivas de la dignidad humana, porque al ser desarraigados de su medio y obligados a abandonar su residencia y bienes materiales indispensables para proteger su vida y la de sus familias, se les vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la libre circulación, etc.”(48).

50.20. De acuerdo con la base conceptual anterior, la Sala debe examinar la responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y la existencia de hechos determinantes como: “conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”(49).

51. Debe examinarse, ahora, cómo puede formularse la responsabilidad patrimonial y administrativa del estado con ocasión del desplazamiento forzado.

7. La responsabilidad del Estado cuando se produce un desplazamiento forzado.

52. Para el a quo, la responsabilidad de la entidad demandada debía analizarse bajo el régimen clásico de la falla en el servicio. Desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, la jurisprudencia de la Sala ha considerado:

“Esta Sección del Consejo de Estado ha reiterado en varios pronunciamientos que en casos —como el que ahora ocupa la atención de la Sala— en los cuales se endilga a la Administración una omisión derivada del presunto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio”(50).

52.1. Dicho encuadramiento lleva a plantear la falla en el servicio a partir bien sea de la omisión, o de la inactividad determinante, en la que se encuentran incursas las autoridades públicas “en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido”, de tal manera que se hace necesario evaluar el contenido de las obligaciones (deberes normativos o positivos) fijadas por el ordenamiento jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública llamado a cumplirlas y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso específico(51).

52.2. Sin duda, el presupuesto inicial está radicado en la omisión del Estado constituida por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales en virtud de las cuales debe preservarse los derechos de toda persona a no ser desplazado, desarraigado y despojado de sus bienes como consecuencia del conflicto armado interno, o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos o, del derecho internacional humanitario. El segundo supuesto, a su vez, consiste en la inactividad del Estado representada en la adopción de medidas o aplicación de herramientas de manera limitada, insuficiente o sin lograr todo el alcance que razonable y ponderadamente es exigible para el cumplimiento de los deberes normativos o positivos, y, por lo tanto, para la eficacia en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Cuando se trata del desplazamiento dicha inactividad puede derivarse de la adopción de medidas políticas (como realización de consejos de seguridad o reuniones políticas) que no se concretan en la atención a la situación concreta, o en el seguimiento insuficiente a la situación por parte de las entidades del Estado que tienen a su cargo esta obligación.

52.3. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Tercera, los supuestos en los que se concreta la omisión, o la inactividad del Estado frente a un supuesto de desplazamiento forzado pueden fundarse en la tesis de la posición de garante, de tal manera que la falla en el servicio pueda modularse hacia la exigencia de deberes positivos (deberes normativos), en la medida en “que cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual de llegarse a concretar el daño, este resultará imputable a la Administración por el incumplimiento de dicho deber”(52).

52.4. Dicha modulación de la falla en el servicio es esencial cuando se trata de establecer la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado cuando materialmente han intervenido sujetos privados (grupos armados insurgentes, grupos de autodefensas, bandas criminales, o cualquier otro tipo de organización criminal), ya que en situaciones como el desplazamiento forzado, en el que se producen múltiples violaciones a los derechos consagrados constitucional y convencionalmente, no es sustancial “determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios(53). Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención(54), u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones(55) (subrayado fuera de texto).

52.4.(sic) Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos (que se desprenden tanto de la Carta Política, de las obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos, y de aquellas que con carácter general proceden del derecho internacional humanitario —art. 3º común a los Convenios de Ginebra de ago. 12/49 y el Protocolo II—) de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado(56), tal como se consagra en el artículo 2º, 93 y 214 de la Carta Política, en los artículos 1.1, 2º y 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra y el artículo 53 del Protocolo II a los mismos Convenios. Luego, sustancial para endilgar la responsabilidad es que se deduzca a quién competía el deber de evitar las amenazas y riesgos para los derechos humanos de las personas afectadas(57).

52.5. Cuando se produce el desplazamiento forzado interno (fenomenológicamente comprendido), el juez contencioso no puede limitarse a su construcción jurídica nacional, sino que su raciocinio debe orientarlo de tal forma que aplique un control de convencionalidad (objetivo y subjetivo), porque no solo se trata de establecer que el daño antijurídico a imputar alcanza a socavar, cercenar o suprimir los derechos a la vida (art. 11 de la C.P. y 4º de la Convención Americana), la libertad (art. 13 de la C.P. y 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos) y la libre circulación y locomoción (art. 24 de la C.P. y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos), sino que en su alcance debe tenerse en cuenta los “Principios Rectores de los desplazamientos internos” contenido en el Informe del Representante del Secretario General presentado según la Resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(58), de los que cabe destacar: en cuanto a los principios generales: a) se señala que los “desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país” (principio 1), por lo que no pueden ser sometidos a ningún tipo de discriminación por su situación singular; b) los principios “serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica” (principio 2.1); c) en su interpretación no podrá limitarse, modificarse o menoscabarse “las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho interno” (principio 2.2); d) las “autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción” (principio 3); e) debe operar una protección reforzada cuando los desplazados internos son niños, mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños cabeza de familia, discapacitados y personas de la tercera edad (principio 4.2).

52.5.1. En relación con los principios para enfrentar el desplazamiento debe tenerse en cuenta en el alcance de los derechos mencionados: a) todas las autoridades “respetarán y harán respetar las obligaciones que impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas” (principio 5); b) se prohíbe y concibe como “desplazamiento arbitrario” aquel que se produce “en situaciones de conflicto armado, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas” (principio 6.b); c) existe una obligación específica de protección respecto al desplazamiento de campesinos o de “otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella”.

52.5.2. Cuando se está produciendo el desplazamiento, deben tenerse en cuenta los siguientes principios: a) protección de la vida de los desplazados, en especial para que no se produzcan actos de genocidio, ejecuciones sumarias y “desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte” (principio 10.1); b) se prohíben los “ataques u otros actos contra los desplazados internos que no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades”(59) (principio 10.2); c) con el objetivo de proteger el derecho a la dignidad y a la integridad física o moral, el desplazado interno debe ser protegido contra “a) la violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de ataque a la libertad sexual; b) la esclavitud o cualquier otra forma contemporánea de esclavitud, como la entrega en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños; y c) los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los desplazados internos” (principio 11); d) debe protegerse al desplazado interno “contra las prácticas discriminatorias de aislamiento”, o de alistamiento en fuerzas o grupos armados (principio 13); e) debe garantizarse la libre circulación y la escogencia de residencia (principio 14); f) el desplazado interno puede abandonar el país o pedir asilo en otro (principio 15); g) el desplazado interno tiene derecho “ a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos” (principio 16); todo desplazado interno tiene derecho a la vida familiar y a reunirse con ella nuevamente (principio 17); h) todo desplazado tiene “derecho a un nivel de vida adecuado” (principio 18); i) debe dotarse de protección reforzada al desplazado interno en condición de enfermo, herido, discapacitado y a la mujer (principio 19); j) todo desplazado interno tiene derecho “al reconocimiento de su personalidad jurídica” (principio 20); k) no podrá privarse de la propiedad o posesiones (principio 21); y, l) se reconoce el derecho a la educación (principio 23).

52.5.3. Finalmente, en cuanto a la asistencia humanitaria se establece como “obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados internos” la que radica en el Estado (principio 25.1).

53. Luego, bajo la concepción constitucional y convencional el Estado puede ser responsable del daño (s) antijurídico (s) que se producen con ocasión del desplazamiento forzado no solo por no tomar y aplicar las medidas para anticiparse o prevenir el acaecimiento de dicha situación, sino también por no ofrecer, garantizar o procurar las condiciones para el ejercicio eficaz del derecho a la circulación y residencia de las personas víctimas del desplazamiento “por ejemplo cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias, para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales”(60).

54. Examinadas las anteriores cuestiones, y delimitado el ámbito conceptual, la Sala entra a estudiar si se demostraron y configuraron los presupuestos de la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, partiendo del estudio del daño antijurídico.

8. Daño antijurídico.

55. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(61) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(62); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(63); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(64), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(65); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(66), o de la cooperación social(67).

55.1. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(68). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(69).

55.2. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(70).

55.3. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(71). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(72), anormal(73) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(74).

55.4. Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, solo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(75).

56. La Sala, mediante el análisis de las pruebas obrantes en el expediente, considera que no está demostrado el daño antijurídico, ya que no se logra establecer que los demandantes hayan sido objeto de desplazamiento forzado que afirman haber padecido como consecuencia de los hechos acaecidos el 4 de mayo de 1998 en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán.

56.1. De acuerdo con el oficio RSS-PD-4283, de 27 de octubre de 2000, del Asesor del Programa de Desplazados de la Red de Solidaridad Social, “una vez revisada la Base de Datos del Registro Nacional de Población Desplazada por la Violencia los Señores (sic) Dagoberto Suarez (sic) Tovar, identificado con cédula de ciudadanía 17.355.008 de San Martín, Dulcelina Nunpaque, identificada con cédula de ciudadanía 40.285.353 de Mapiripán y la menor Sugein Solanyi Suarez (sic) Santa no aparecen en la base de datos” (fl. 66, cdno. 1; subrayado fuera de texto).

56.2. A su vez en el Memorando VV-8330, de 27 de octubre de 2000, de la Coordinadora Programa Atención Integral a municipios afectados por la violencia política en Colombia, se informó “que una vez revisados nuestros archivos, no se encontró ningún registro correspondiente a las siguientes personas, ya que no aparecen como solicitantes de Asistencia (sic) Humanitaria (sic): — DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR — DULCELINA NUNPAQUE — SUGEIN SOLANYI SANTA” (fl. 67, cdno. 1; subrayado fuera de texto). Con este memorando se anexó el “listado en donde consta la entrega de asistencia humanitaria a los beneficiarios de las víctimas mortales enunciadas en el Numeral (sic) 2.2 de la demanda” (fl. 68, cdno. 1).

56.3. En tanto que en el Oficio 6189, de 23 de octubre de 2000, de la Directora General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se informó “que revisados los archivos que reposan en esta Dirección General no se encontró ninguna información relacionada con el señor Dagoberto Suarez (sic) Tovar, C.C. 17.355.008 de San Martín y la señora Dulcelina Numpaque” (fl. 145, cdno. 1; subrayado fuera de texto).

56.4. De acuerdo con el Oficio D-Sgob-867, de 16 de diciembre de 2002, de la Secretaria de Gobierno del Departamento del Meta, “este despacho no tiene conocimiento que la nación, el departamento, el municipio o alguna ONG, desarrolle programa alguno relacionado con las personas de la toma guerrillera de Mapiripán para el año de 1988, o a la fecha haya entregado, canalizado o ejecutado algún recurso económico a favor del Señor (sic) Dagonerto Suárez Tovar y la señora Dulcelina Nunpaque (...) en este despacho no reposa copia de los informes de bienes abandonados que hubiere podido efectuar el comité para la prevención y atención de desastres de la localidad” (fl. 209, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

56.5. En el Oficio 003089, de 18 de diciembre de 2002, del Gerente del INCORA, Regional Meta, mediante el que informó “que revisados los archivos del Incora de esta Regional, no se encontraron datos relacionados con el señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR y la señora DULCELINA NUNAPQUE, de modo que no han sido beneficiarios de subsidios que otorga esta entidad” (fl. 227, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

56.6. A su vez, en el Oficio 28858, de 16 de enero de 2003, de la Coordinadora de Atención Integral a municipios afectados por la violencia política en Colombia de la Red de Solidaridad Social, se consignó:

“(...) La red de Solidaridad Social no tiene un programa para atender cada hecho especifico (sic), cuenta con una serie de programas para atender a la población, entre estos el Programa de Atención a la Población Desplazada, el Programa de Atención a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia, etc.

En cuanto a este Programa, la Red de Solidaridad Social otorga una asistencia humanitaria tal como lo contempla el artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, que reza: “Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno...”.

Consultados nuestros archivos, no aparece solicitud alguna presentada por los señores Dagoberto Suarez (sic) y de la señora Dulcelina Nunpaqueva. 

De fecha 4 de mayo de 1998 aparece reportada una masacre en Mapiripán, se (sic) según reporte anexo, en donde existen 16 solicitudes de asistencia humanitaria y gastos funerarios, 13 de los cuales se han pagado y 3 están pendientes (...)” (fls. 237 y 238, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

56.7. Así mismo, Oficio DGJ 347, de 5 de febrero de 2003, del Director General Jurídico del Ministerio del Interior, se informó:

“(...) me permito remitir el oficio 00959 del 30 de enero de 2003, suscrito por el doctor German Sánchez Vargas, Coordinador Grupo de Políticas y Prevención de la Dirección General para los Derechos Humanos de este Ministerio, en el cual nos informa que la mencionada Dirección no posee información relacionada con el desplazamiento ocurrido al señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR, identificado con la C.C. 17.355.008, como también lo atinente a su grupo familiar; (sic) y que se ha remitido copia de su oficio a la Red de Solidaridad para lo pertinente, por cuanto de conformidad con la información que reposa en el Sistema Unico (sic) de Registro de Población Desplazada, aparece el mencionado señor y su familia inscritos el día 30 de octubre de 2001.

(...) en este Ministerio no existe trámite de subsidio, ni se ha demostrado perjuicio alguno a favor del señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR, ni de su grupo familiar” (fls. 249 y 250, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

56.8. Ahora bien, en el Oficio UTM-000602, de 28 de junio de 2004, de la Coordinadora de la Unidad Territorial Meta de la Red de Solidaridad Social, se informó “que el señor DAGOBERTO SUÁREZ TOVAR identificado con la cédula ciudadanía 17.355.008 de San Martín, fue postulado y convocado mediante edicto en las oficinas de la UAO, para ser beneficiario del contrato 0523-02 OEI-Fundación Sky-RSS en la ejecución de proyectos productivos de población desplazada por valor de $ 1.716.000 por núcleo familiar. El señor Dagoberto Suárez Tovar no se presento (sic) a dicha convocatoria, una vez desfijado el edicto se cambio (sic) por otro postulante” (fl. 328, cdno. 1). Se anexó hoja de beneficiarios del contrato mencionado (fl. 329, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

56.9. Finalmente, en el Oficio DME, de 4 de febrero de 2002, del Coordinador de la Unidad Territorial Meta de la Red de Solidaridad Social, mediante el cual se informó:

“(...) que la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL asumió el conocimiento y competencia para atender a la población Desplazada (sic) en virtud del Decreto 489 de 11 de marzo de 1999, dentro del marco legal que regula la materia, esto es, la Ley 387 de 1997.

Para efectos de brindar la ayuda humanitaria a que tiene derecho el desplazado, este debe realizar una declaración de los hechos que originaron su desplazamiento y de acuerdo con la valoración que se realiza de la misma por parte de un comité en la RED, se adopta la decisión de incluirlo o no en el Registro Nacional de Desplazados, inscripción que legalmente lo acredita como desplazado para todos los efectos legales y beneficios dirigidos exclusivamente a esta población.

(...).

(...) me permito informar que el señor DAGOBERTO SUÁREZ identificado con la cédula de ciudadanía 17.355.008 de San Martín (Meta), se encuentra incluido en el Sistema Unico (sic) de Registro Nacional de Población Desplazada junto con su núcleo familiar conformado por DULCELINA NUNPAQUE y la menor SOLANYI SUÁREZ.

Finalmente reitero que el Programa de Atención a la Población Desplazada, opera en la Red de Solidaridad Social desde marzo de 1999 vigencia en la cual asumió el conocimiento del tema y para la época de los hechos ocurridos en Puerto Alvira, la competencia estaba en cabeza del Ministerio del Interior, revisados nuestros archivos no se encuentran antecedentes documentales que puedan aportar al proceso de la referencia” (fls. 330 a 333, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

57. Del análisis crítico, coherente, armónico y contrastado de los anteriores medios probatorios se puede establecer que en la demanda se afirmó la ocurrencia de una masacre en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán, pero de tales hechos no obra mínima prueba, y menos se puede acreditar ni directa, ni indirectamente que Dagoberto Suárez Tovar, Dulcelina Numpaque y Sugein Solanyi Suárez Santa hayan sido víctimas de tales hechos, o padecieran amenazas, que les llevara a la situación de desplazamiento que afirman en la demanda

57.1. En sí misma la situación de desplazamiento forzado que se afirma haber padecido los demandantes no permite acreditarla con mínima certeza, por las siguientes razones: las autoridades estatales competentes (según la L. 387/97 y sus decretos reglamentarios) para el manejo de los desplazados en el país informaron que en sus bases de datos, o en la información que tenían a su disposición no aparecían registrados ni Dagoberto Suárez Tovar, identificado con la cédula de ciudadanía 17.355.008 de San Martín, Meta, ni Dulcelina Nunpaque, identificada con la cédula de ciudadanía 40.285.353 de Mapiripán, Meta, y tampoco la menor Sugein Solanyi Suárez Santa (fl. 66, cdno. 1), según lo informó el Asesor del Programa de Desplazados de la Red de Solidaridad Social por oficio de 27 de octubre de 2000. Con dicha información coincide la Coordinadora del Programa de Atención Integral a municipios afectados por la violencia política en Colombia, en memorando de 27 de octubre de 2000, agregando que las mencionadas personas no solicitaron asistencia humanitaria (fl. 68, cdno. 1), que es elemento esencial para aquel que dice haber padecido la situación de desplazamiento. Similar reporte da la Directora General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en su oficio de 23 de octubre de 2000, la no haber encontrado ninguna información relacionada con Suárez Tovar y Nunpaque (fl. 145, cdno. 1). Es además convergente con el hecho de no haber sido solicitada, denunciada o reportada la situación de desplazamiento de los demandantes, que la Secretaría de Gobierno del Departamento del Meta mediante oficio de 16 de diciembre de 2002 desconociera si para ese momento se hubiese “canalizado o ejecutado algún recurso económico a favor del Señor (sic) Dagoberto Suárez Tovar y la señora Dulcelina Nunpaque” (fl. 209, cdno. 1). Tampoco se puedo establecer que los demandantes hayan sido beneficiados por otras entidades que concurren a la atención de los desplazados, como por ejemplo el INCORA, como se afirmó en el oficio de 18 de diciembre de 2002 (fl. 227, cdno. 1). Lo anterior se constata y consolida con lo informado por la Coordinadora de Atención Integral a municipios afectados por la violencia política en Colombia de la Red de Solidaridad Social, según la cual los demandantes no presentaron solicitud alguna de ayuda como desplazados, porque en sus registros aparece la ocurrencia de una masacre ocurrida en el municipio de Mapirirán el 4 de mayo de 1998 del que se reportaron “16 solicitudes de asistencia humanitaria y gastos funerarios, 13 de los cuales se han pagado y 3 están pendientes” (fls. 237 y 238, cdno. 1).

57.2. Sin perjuicio de lo anterior, el Director Jurídico del Ministerio del Interior informó que en el Sistema Único del Registro de Población Desplazada aparecía Dagoberto Suárez Tovar y su familia inscrita el 30 de octubre de 2001, pero si haber sido tramitado subsidio, o “demostrado perjuicio alguno” (fls. 249 y 250, cdno. 1). Como consecuencia de su inscripción, Dagoberto Suárez Tovar lo postularon y convocaron para ser beneficiario de un proyecto productivo dirigido a la población desplazado, en el marco del contrato 0523-02 OEI-Fundación Sky-RSS, pero no se presentó a la misma como informó la Coordinadora de la Unidad Territorial del Meta de la Red de Solidaridad Social (fl. 328, cdno. 1). En cuanto a la inscripción en el Registro Único Nacional de Población Desplazada de Dagoberto Suárez Tovar y su familia coincide el Coordinador de la Unidad Territorial del Meta de la Red de Solidaridad Social en su oficio de 4 de febrero de 2002 (fls. 330 a 333, cdno. 1).

57.3. Lo anterior exige revisar la legislación vigente para la época. De acuerdo con la Ley 387 de 18 de julio de 1997 (“por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”), se entiende por desplazado “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público” (art. 1º).

57.4. En el presente proceso no existe prueba mínima directa, ni indiciariamente (salvo la perspectiva contingente y de simple especulación) a cerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Dagoberto Suárez Tovar, Dulcelina Nunpaque y Sugein Solanyi Santa fueron desplazados forzadamente desde el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), como consecuencia de la masacre ocurrida el 4 de mayo de 1998. Pero si en gracia de discusión se concibiera que se padecieron algún tipo de desplazamiento, no se tiene certeza de petición, solicitud o requerimiento ante las autoridades competentes del Estado de la ayuda a la que tienen derecho si hubiesen padecido el desplazamiento afirmado. Solo aparece que en el 2001 se encuentran incorporados al Registro Único Nacional de Población Desplazada que solo indica que se incorporaron a dicho instrumento. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 387 de 1997 (artículo modificado por el art. 32 de la L. 962/2005) los beneficios consagrados en dicha norma benefician a los desplazados siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: “1. Que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales, o cualquier despacho judicial de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad”, y “2. Que además, remitan para su inscripción copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior a la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o a la oficina que esta entidad designe a nivel departamental, distrital o municipal”. Se advierte, además en el parágrafo de la norma que cuando “se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

57.5. Por lo tanto, si bien los demandantes aparecen inscritos en el Registro Único Nacional para la Población Desplazada, la realidad procesal no permite establecer la realidad sustancial o material relacionada con la concreción del desplazamiento forzado en cabeza de dichas personas. Estaba en cabeza de la parte actora allegar, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba con la que demostrara los hechos en los que hace fundar sus pretensiones, especialmente de haber allegado o solicitado el registro efectuado en el 2001 en el que se contiene, por mandato de la Ley 387 de 1997 y del Decreto 2569 de 2000, la declaración de los hechos que hubiese presentando ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o la Personería, la que puede incluso presentarse dentro del año siguiente a haber ocurrido los hechos que originaron o produjeron el desplazamiento, todo lo que no obra en el presente proceso.

57.6. Las pruebas documentales valoradas conjuntamente no dan cuenta del desplazamiento forzado padecido por los demandantes Dagoberto Suárez Tovar, Dulcelina Nunpaque y Sugein Solanyi Suárez Santa como consecuencia de la masacre ocurrida el 4 de mayo de 1998 al municipio de Mapiripán.

57.7. Si bien el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán, se encontraba en una zona que había sido objeto de acciones de grupos armados ilegales, lo que constituye un hecho notorio, específicamente el municipio de Mapiripán (Meta), con las pruebas allegadas al proceso no se logra determinar, ni directa ni indirectamente, que se haya producido incursión de alguno de estos grupos al corregimiento de Puerto Alvira, o que se haya denunciado por los demandantes que por estos hechos tuvieron que verse desplazados, bien sea ante la Procuraduría (sus delegados Regionales), la Defensoría del Pueblo (su delegada Regional) o la Personería Municipal. Solo aparece reflejado de manera genérica que hubo una masacre en el mencionada municipio, pero no se acreditó que en cabeza de los demandantes se concretó la situación de desplazamiento forzado, ya que no se tiene certeza tampoco del lugar en donde están residiendo, o hacia donde se dirigieron los demandantes, salvo en los dichos de la demanda donde se afirmó que se fueron a vivir a Villavicencio y sus condiciones de vida empeoraron (no se corroboró cuándo y dónde residieron después del 4 de mayo de 1998), hechos que no están suficiente, razonable y contrastadamente probados dentro del proceso contencioso administrativo.

57.8. Así pues, con el acervo probatorio que obra en el proceso no se demuestra la ocurrencia de los hechos, lo que impide establecer en cabeza de los demandantes que se produjo la situación fáctica de desplazamiento forzado, por lo que la Sala no puede ni siquiera por inferencia establecer que los demandantes padecieron una situación de desplazamiento forzado, porque si bien se trataba de una zona en la que se reconoció por el Estado el desarrollo del conflicto armado, y era un hecho notorio la masacre ocurrida en el mes de mayo de 1998, no puede esto ser suficiente para encontrar imputado al Estado un daño antijurídico que sin haber sido demostrado, implique estudiar de manera general si se desatendieron los deberes normativos o positivos de prevención y protección de la vida, la integridad física y la libertad de circulación y residencia de los demandantes, de lo contrario se abriría la posibilidad de establecer la responsabilidad del Estado con base en valoraciones hipotéticas que no se corrobora probatoriamente, sin perjuicio de entender que zonas como el corregimiento de Puerto Alvira estaban en el epicentro y en la zona de confluencia de diferentes actores armados ilegales y en concurrencia de múltiples factores de violencia(76). Luego, no está plenamente acreditado el daño antijurídico relacionado indudablemente con la situación de desplazamiento forzado, sino que se pretendió afirmar en abstracto su ocurrencia(77).

57.9. Por lo tanto, no puede la Sala considera la existencia de una posición de garante institucional en abstracto, cuando el daño antijurídico no está sustentado en el caudal probatorio que obre en cada caso en concreto. De lo contrario, la decisión judicial tendría más una vocación de corrección de la política institucional, y no de decisión judicial ceñida estrictamente al daño y a la imputación jurídica y fáctica probada dentro del proceso. El Estado tiene obligaciones positivas, deberes normativos, frente a la protección de los derechos humanos de la víctimas del conflicto armado interno, lo que no implica que debe imputarse la responsabilidad de este sin el sustento probatorio suficiente(78).

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional:

“Se dice que hay derecho a protección cuando un titular de derechos fundamentales le exige al Estado que lo defienda frente a intervenciones injustas de terceros o del mismo Estado. El caso clásico es la protección de la vida. Pero en circunstancias particularmente complicadas, como es el caso de la violencia en Colombia, la posición no puede ser de todo o nada, sino que el propio Estado puede efectuar una COMPETENCIA DE PRONÓSTICO para ponderar cuándo y hasta dónde puede dar el Estado una protección real y no teórica. Por supuesto que el Estado está obligado a hacer todo lo posible para proteger la vida de los asociados, máxime cuando el Estado debe ‘adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados’”(79).

58. Como consecuencia de lo anterior la Sala revocará en su totalidad la sentencia de 4 de octubre de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, para en su lugar denegar en su integridad las pretensiones de la demanda con base en los fundamentos y argumentos anteriores.

9. Costas.

59 Finalmente, la Sala después de examinado el expediente encuentra que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo del Meta de 4 de octubre de 2005, la cual quedará así:

1. NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda con fundamento en la parte motiva de la presente providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al Tribunal de origen”.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE».

12 Ley 1285 de 2009. Artículo 16. Apruébase(sic) como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: “Artículo 63ª. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación”.

13 En la demanda por perjuicios morales se solicitó 16.000 gramos de oro para Dagoberto Suárez Tovar, que para la fecha de presentación de la demanda, 4 de mayo de 2000, equivalían a $ 287.563.680.oo pesos colombianos, lo que excede la cuantía mínima exigida para que el proceso tuviera vocación de doble instancia, esto es $ 26.390.000.oo.

14 Sección Tercera, sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; de 31 de agosto de 2006, expediente 28448; de 21 de mayo de 2008, expediente 2675; de 13 de agosto de 2008, expediente: 35062, entre otras.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 124 y 125: “(...) 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 125. En esta línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno” (Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1º y 2º Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A Nº 14, párr. 35). Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”.

16 Posición que puede verse en sentencia de la Subsección C, de 18 de enero de 2012, expediente: 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente: 9666; 21 de febrero 21 de 2002, expediente: 12789; 26 de mayo de 2010, expediente: 18078; 27 de octubre de 2011, expediente: 20450.

17 Posición reiterada en Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

18 Se allegaron los siguientes recortes de prensa: 1. Sin fecha y titulado “Muerte y éxodo en Mapiripán”, según el cual: “Una masacre, cuyo número exacto de víctimas se desconoce aún, fue perpetrada —al parecer por grupos paramilitares— en el municipio de Mapiripán, ubicado a orilla del río Guaviare, en el Meta. La versión oficial indica que seis personas fueron asesinadas (algunas de ellas degolladas), pero los habitantes del pueblo aseguran que cifra podría superar los 10 muertos, pues los homicidas arrojaron varios cadáveres al río. Según el alcalde de Mapiripán, Jaime Calderón, un grupo de hombres llegó al pueblo el pasado martes, obligó a la gente a no utilizar sus teléfonos y después se dio a la tarea criminal, la misma que terminó al amanecer del anterior domingo. Un vocero de la Cruz Roja Internacional, en diálogo con El Espectador desde Mapiripán, afirmó que entre el domingo y el lunes unas 300 personas han abandonado el pueblo por temor a ser asesinados. Se pudo establecer también que desde hace más de un año, las Fuerzas Armadas no hacían presencia activa en este municipio. En versión del comandante del Ejército, general Manuel José Bonet, la masacre se produjo como consecuencia de un enfrentamiento entre narcotraficantes” (fl. 211, subrayado fuera de texto); 2. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 23 de julio de 1997, titulado “Masacre paramilitar en Mapiripán” (fls. 212 y 213, cdno. 1); 3. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 23 de julio de 1997, titulado “El miedo invadió a Mapiripán”, del que se extrae: “(...) A tres kilómetros de allí, en una pista de barro y de arena, una multitud de mapiripenses hace fila para subir a un DC-3 que los evacuará del lugar (...) Dos camperos de la Cruz Roja pasan raudos por la avenida principal de Mapiripán con el propósito de brindar ayuda y recoger los corotos de los cientos de campesinos que presurosamente hacen su menaje para evadir la violencia (...) El consejero presidencial para la atención a los desplazados, César García, aseveró que el presidente Samper le dio instrucciones especiales para que se apersone de la situación de Mapiripán, y espera que después de un estudio especial los más de 123 desplazados de este municipio puedan volver a su lugar de origen” (fls. 214 y 215, cdno. 1, subrayado fuera de texto); 4. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 6 de mayo de 1998, titulado “Despliegue tardío hacia Mapiripán”, del que se extrae: “(...) Éxodo campesino comienza a gestarse en Puerto Alvira y otros municipios de Mapiripán, pese a que la Cruz Roja llegó ayer a la región con mercados y cobijas para los afectados, aunque estos creen que lo mejor es huir y se preparan para la evacuación total. Entre tanto, tropas de la VII Brigada del Ejército comenzaron a desplazarse hacia la zona de la masacre, con el propósito de asegurar y controlar el área general del municipio de Mapiripán y garantizar la seguridad y el transporte del personal de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, a fin de que adelanten las diligencias judiciales sin contratiempo alguno (...) Al conocerse la noticia, el ministro del Interior, Alfonso López Caballero, expresó que con el propósito de impedir el abandono de los pobladores de la zona, se desplazó al sitio de la masacre un contingente de la VII Brigada, lo mismo que personal de la Cruz Roja, a fin de garantizar ayuda humanitaria y envío de víveres. El ministro López Caballero agregó que hoy viajará a Villavicencio en compañía del alto comisionado para los Desplazados y del subcomandante del Ejército, general Fernando Tapias Stahelin, con el ánimo de adelantar la revisión y tomar las medidas que sean necesarias para auxiliar a la población que resultó afectada por la masacre de los paramilitares” (fl. 217, cdno. 1, subrayado fuera de texto); 5. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 6 de mayo de 1998, titulado “Defensoría advirtió al Gobierno”, del que se extrae: “(...) Desde el pasado 16 de enero la Defensoría del Pueblo le había manifestado al Gobierno y a la sociedad civil que si no actuaba con decisión y urgencia, el país iba a ser testigo de una nueva crónica de un desastre anunciado. Ayer se probó que el SOS no era un simple aviso sin argumentos. Así lo denunció el defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, quien reveló que en enero, cerca de 100 firmantes de la inspección de Puerto Alvira solicitaron presencia del Estado en la región, porque sabían que los guerrilleros andaban cerca y los grupos paramilitares acantonaban en los alrededores de la inspección y pensaban tomársela de un momento a otro. Ni los reclamos de la Defensoría del Pueblo ni la misiva de los pobladores de Puerto Alvira movilizaron al Gobierno o al Ejército, y finalmente anteayer los presagios se hicieron realidad: los paramilitares arribaron a Puerto Alvira, quemaron los almacenes, asesinaron a 20 campesinos, y las familias afectadas lloran a sus seres queridos frente al silencio de las autoridades” (fl. 219, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

19 Se allegaron los siguientes recortes de prensa: 1. Sin fecha, titulado “Desplazados, el personaje de 1997. Huellas de la violencia”; 2. Con fecha 7 de mayo de 1998, titulado “Comisión intentará frenar éxodo”, del que se extrae: “(...) Mientras las Cruz Roja y la Defensoría afirman que más de 500 personas de Puerto Alvira están dispuestas a abandonar la población, una comisión del Gobierno viajará en las próximas horas a la región para persuadir a sus habitantes que continúen viviendo allí”.

20 Puede verse: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de junio de 2003, expediente 23603.

21 Sección Tercera, sentencias de 27 de junio de 1996, expediente 9255; de 18 de septiembre de 1997, expediente 10230; de 25 de enero de 2001, expediente 3122; de 16 de enero de 2001, expediente ACU-1753; de 1 de marzo de 2006, expediente 16587; Subsección C, de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

22 Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2000, expediente 18298; Subsección C, sentencia de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

23 Sección Tercera, sentencias de 15 de junio de 2000, expediente 13338; de 25 de enero de 2001, expediente 11413; de 10 de noviembre de 2000, expediente 18298; de 19 de agosto de 2009, expediente 16363; Subsección C, sentencia de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

24 Sección Tercera, auto de 20 de mayo de 2003, expediente PI-059; Subsección C, sentencia de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

25 Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 1251-00; Subsección C, sentencia de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

26 Sección Tercera, Subsección C, aclaración de voto del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa a la sentencia de 31 de enero de 2011, expediente 17842; Subsección C, sentencia de 20 de junio de 2013, expediente 23603.

27 De acuerdo con el precedente de unificación jurisprudencial de la Sección Tercera: “Tal como en diversas oportunidades lo ha puntualizado la Jurisprudencia(sic) de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene precisar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del CPC (...). Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia(sic) nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez (Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Exp: 26.261. M.P. Alier Hernández Enríquez) (...) No sobra mencionar que otra de las limitaciones relevantes a las cuales se encuentra materialmente sujeta la competencia del juez ad quem, para efectos de proferir el fallo respectivo con el cual ha de desatar la apelación interpuesta contra una sentencia, la constituye la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia. Dicha garantía, que le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverle en su perjuicio y que se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política (...). Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y tutela— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i) En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii) En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final) (Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925) (...) Pues bien, a la luz de esta garantía, que le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo apelado en aquellos aspectos que no resulten desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del CPC, en razón de la cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos (Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Exp. 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Exp. 16.925). De esta manera resulta claro que el límite material para las competencias del juez superior constituye el alcance de la apelación y los propósitos específicos que con la misma se persiguen, se complementa de manera diáfana y directa con la garantía de la no reformatio in pejus, a la cual, simultáneamente, le sirve de fundamento y explicación. En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia(sic)— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’. Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada” (subrayado fuera de texto).

28 Se allegaron los siguientes recortes de prensa: 1. Sin fecha y titulado “Muerte y éxodo en Mapiripán”, según el cual: “Una masacre, cuyo número exacto de víctimas se desconoce aún, fue perpetrada —al parecer por grupos paramilitares— en el municipio de Mapiripán, ubicado a orilla del río Guaviare, en el Meta. La versión oficial indica que seis personas fueron asesinadas (algunas de ellas degolladas), pero los habitantes del pueblo aseguran que cifra podría superar los 10 muertos, pues los homicidas arrojaron varios cadáveres al río. Según el alcalde de Mapiripán, Jaime Calderón, un grupo de hombres llegó al pueblo el pasado martes, obligó a la gente a no utilizar sus teléfonos y después se dio a la tarea criminal, la misma que terminó al amanecer del anterior domingo. Un vocero de la Cruz Roja Internacional, en diálogo con El Espectador desde Mapiripán, afirmó que entre el domingo y el lunes unas 300 personas han abandonado el pueblo por temor a ser asesinados. Se pudo establecer también que desde hace más de un año, las Fuerzas Armadas no hacían presencia activa en este municipio. En versión del comandante del Ejército, general Manuel José Bonet, la masacre se produjo como consecuencia de un enfrentamiento entre narcotraficantes” (fl. 211, subrayado fuera de texto); 2. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 23 de julio de 1997, titulado “Masacre paramilitar en Mapiripán” (fls. 212 y 213, cdno. 1); 3. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 23 de julio de 1997, titulado “El miedo invadió a Mapiripán”, del que se extrae: “(...) A tres kilómetros de allí, en una pista de barro y de arena, una multitud de mapiripenses hace fila para subir a un DC-3 que los evacuará del lugar (...) Dos camperos de la Cruz Roja pasan raudos por la avenida principal de Mapiripán con el propósito de brindar ayuda y recoger los corotos de los cientos de campesinos que presurosamente hacen su menaje para evadir la violencia (...) El consejero presidencial para la atención a los desplazados, César García, aseveró que el presidente Samper le dio instrucciones especiales para que se apersone de la situación de Mapiripán, y espera que después de un estudio especial los más de 123 desplazados de este municipio puedan volver a su lugar de origen” (fls. 214 y 215, cdno. 1, subrayado fuera de texto); 4. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 6 de mayo de 1998, titulado “Despliegue tardío hacia Mapiripán”, del que se extrae: “(...) Éxodo campesino comienza a gestarse en Puerto Alvira y otros municipios de Mapiripán, pese a que la Cruz Roja llegó ayer a la región con mercados y cobijas para los afectados, aunque estos creen que lo mejor es huir y se preparan para la evacuación total. Entre tanto, tropas de la VII Brigada del Ejército comenzaron a desplazarse hacia la zona de la masacre, con el propósito de asegurar y controlar el área general del municipio de Mapiripán y garantizar la seguridad y el transporte del personal de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, a fin de que adelanten las diligencias judiciales sin contratiempo alguno (...) Al conocerse la noticia, el ministro del Interior, Alfonso López Caballero, expresó que con el propósito de impedir el abandono de los pobladores de la zona, se desplazó al sitio de la masacre un contingente de la VII Brigada, lo mismo que personal de la Cruz Roja, a fin de garantizar ayuda humanitaria y envío de víveres. El ministro López Caballero agregó que hoy viajará a Villavicencio en compañía del alto comisionado para los Desplazados y del subcomandante del Ejército, general Fernando Tapias Stahelin, con el ánimo de adelantar la revisión y tomar las medidas que sean necesarias para auxiliar a la población que resultó afectada por la masacre de los paramilitares” (fl. 217, cdno. 1, subrayado fuera de texto); 5. Con fecha sobrepuesta en bolígrafo datada el 6 de mayo de 1998, titulado “Defensoría advirtió al Gobierno”, del que se extrae: “(...) Desde el pasado 16 de enero la Defensoría del Pueblo le había manifestado al Gobierno y a la sociedad civil que si no actuaba con decisión y urgencia, el país iba a ser testigo de una nueva crónica de un desastre anunciado. Ayer se probó que el SOS no era un simple aviso sin argumentos. Así lo denunció el defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, quien reveló que en enero, cerca de 100 firmantes de la inspección de Puerto Alvira solicitaron presencia del Estado en la región, porque sabían que los guerrilleros andaban cerca y los grupos paramilitares acantonaban en los alrededores de la inspección y pensaban tomársela de un momento a otro. Ni los reclamos de la Defensoría del Pueblo ni la misiva de los pobladores de Puerto Alvira movilizaron al Gobierno o al Ejército, y finalmente anteayer los presagios se hicieron realidad: los paramilitares arribaron a Puerto Alvira, quemaron los almacenes, asesinaron a 20 campesinos, y las familias afectadas lloran a sus seres queridos frente al silencio de las autoridades” (fl. 219, cdno. 1, subrayado fuera de texto).

29 Se allegaron los siguientes recortes de prensa: 1. Sin fecha, titulado “Desplazados, el personaje de 1997. Huellas de la violencia”; 2. Con fecha 7 de mayo de 1998, titulado “Comisión intentará frenar éxodo”, del que se extrae: “(...) Mientras las Cruz Roja y la Defensoría afirman que más de 500 personas de Puerto Alvira están dispuestas a abandonar la población, una comisión del Gobierno viajará en las próximas horas a la región para persuadir a sus habitantes que continúen viviendo allí”.

30 Ley 387 de 1997, artículo 1º. Puede verse esta definición acogida en: Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 1999, expediente ACU-573.

31 “La aplicación de tales normas a los conflictos armados internos es aún más evidente, por cuanto la Constitución señala que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Además, incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios de humanidad, según se desprende no solo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que “la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995.

32 Corte Constitucional, Sentencia T-630 de 15 de agosto de 2007.

33 Corte Constitucional, Sentencia T-630 de 15 de agosto de 2007.

34 Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2007 (abr. 18), M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

35 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000 (ene. 22), M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

36 Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1º de julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.; caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de septiembre de 2012, párrafos 172 y ss.

38 Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

39 Corte Constitucional, sentencias T-268 de 27 de marzo de 2003; Sentencia T-215 de 2002.

40 Principios Rectores de los desplazamientos internos, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en: [http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0022.pdf; consultado 6 de febrero de 2014].

41 Corte Constitucional, Sentencia T-222 de 2010.

42 Corte Constitucional, Sentencia T-630 de 2007.

43 Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 27 de marzo de 2003.

44 Para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre (Cfr. C-1056, oct. 28/2004 y T-284, abr. 5/2006 del mismo año, ambas con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández).

45 Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2006. “Asimismo, dentro de los efectos nocivos que provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8, párraf. 175.

46 Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 y T-967 de 2009. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sostiene: “En este sentido, la Corte observa que la situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente sentencia. Las circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas personas, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la desprotección sufrida durante las masacres, no solo a raíz de las violaciones al derecho a la vida (art. 4º de la Convención) (supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (art. 5º de la Convención) (infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (art. 7º de la Convención) (supra párrs. 149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado y las viviendas, en violación de los derechos a la propiedad privada (art. 21 de la Convención) (supra párrs. 173 a 188) y respeto a la vida privada y al domicilio (art. 11.2 de la Convención) (supra párrs. 189 a 200). El conjunto de estos derechos vulnerados llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de las víctimas y sus familiares a una vida digna, en los términos anteriormente señalados, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1º de julio de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.

47 Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.

48 Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2000, expediente AC-9855; Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.

49 Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

50 Sección Tercera, sentencias de 8 de marzo de 2007, expediente 27434; de 15 de agosto de 2007, expedientes 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, expediente 18436.

51 Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 18436.

52 Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 18436. En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, afirmándose: “La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2 de la Convención. “La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o ‘absoluta’, teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005.

53 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Nº 109, párr. 141; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No.103, párr. 41, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 75.

54 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 190, párr. 141; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 184, párr. 44, y Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C. Nº 97, párr. 28.

55 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 110, Caso de los 19 comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 141.

56 En cuanto a la responsabilidad internacional de los Estados por actos de particulares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera: “111. (...) Los Estados Partes en la Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención” (subrayado fuera de texto). Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede construirse una cláusula general de responsabilidad en cabeza del Estado cuando se produce todo tipo de violaciones a los derechos humanos en su territorio, por lo tanto: “(...) tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el Estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ende, si se presenta la violación a pesar de que el Estado ha adoptado medidas adecuadas, orientadas a impedir la vulneración, el hecho no le es imputable al Estado”. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor.

57 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor: De acuerdo con la doctrina: “La otra fuente de la posición de garantía tiene lugar cuando el sujeto pertenece a una institución que lo obliga a prestar ciertos deberes de protección a personas que se encuentran dentro de su ámbito de responsabilidad. La característica de esta fuente, es que la posición de garante surge aunque el sujeto no haya creado los riesgos para los bienes jurídicos. Por ejemplo: la fuerza pública tiene dentro de su ámbito de responsabilidad la protección de la vida de los ciudadanos, y, si un miembro de ella que tiene dentro de su ámbito específico la salvaguarda de la población civil no evita la producción de hechos lesivos por parte de terceros, la vulneración de los derechos humanos realizados por un grupo al margen de la ley le son imputables. Al serles atribuidos al servidor público por omisión de sus deberes de garante, surge inmediatamente la responsabilidad internacional del Estado. Debemos anotar, que la posición de garante institucional no solo genera deberes de protección frente a peligros originados en terceros (seres humanos), sino también con respecto a fuerzas de la naturaleza”. Sin embargo, en la misma doctrina se propone establecer “estructuras de imputación” de la responsabilidad del Estado cuando son “actores no-estatales” o terceros los que perpetran, o llevan a cabo acciones que producen el desplazamiento forzado: “(...) i) cuando el Estado omite la adopción de medidas razonables para prevenir la violación de los Derechos Humanos; ii) cuando el actor está actuando bajo la dirección, siguiendo instrucciones o con control de un Estado13; iii) cuando el actor ejercita elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia de autoridades oficiales14; iv) cuando la conducta del actor es adoptada de manera subsecuente por el Estado15; v) cuando la conducta del actor es la de un movimiento alzado en armas que tras triunfar militarmente se convierte en el nuevo gobierno de un Estado16, vi) cuando hay delegación de funciones estales al actor no estatal, o vii) cuando el Estado crea una situación objetiva de riesgo y luego no despliega los deberes de salvamento que le son exigibles (pensamiento de la injerencia)”.

58 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Comisión de Derechos Humanos, 54º período de sesiones, E/CN.4/1998/53/Add.2*, 11 de febrero de 1998, puede consultarse en [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022; consultado 4 de febrero de 2014].

59 “Los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra: a) los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil; b) la privación de alimentos como medio de combate; c) su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones militares; d) los ataques a sus campamentos o asentamientos; y e) el uso de minas antipersonal”.

60 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de 4 de septiembre de 2012, párrafo 175; caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párrafo 139.

61 “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 185. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en BADELL MADRID, Rafael (Coord.). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al PROF. LUIS H. FARÍAS MATA). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp. 278 y 279.

62 LARENZ. “Derecho de obligaciones”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329.

63 SCONAMIGLIO, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329.

64 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob. cit., p. 186.

65 “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? (…) el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”. MILL, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp. 152 y 153.

66 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción”, próximo a publicación.

67 Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado (…). El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”. RAWLS, John, Liberalismo político, 1ª ed., 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p. 279.

68 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM. Nº 4, 2000, p. 168.

69 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 297.

70 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob. cit., p. 298.

71 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.

72 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.

73 “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.

74 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.

75 “(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (...). Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad solo por la simple amenaza del daño, con la condición de que este último sea suficientemente grave” (...). La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (...). La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 194, 196 y 203.

76 Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, expediente 31093.

77 Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, expediente 31093.

78 Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, expediente 31093.

79 Corte Constitucional, Sentencia T-327 de 1997.