Sentencia 2000-00163 de abril 5 de 2013

 

Sentencia 2000-00163 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-26-000-2000-0163-01

Exp.: 21781

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandado: La Nación-Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación.

Ref.: Reparación directa.

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera —subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(1).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 24 de agosto de 1998, el señor José (…) fue capturado por la Policía Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación —unidad de reacción inmediata— en virtud de la denuncia interpuesta en su contra por la joven C (...) por el delito de acceso carnal violento (copia autentica del oficio de fecha 24 de agosto de 1998 mediante el cual se deja a disposición de la URI al señor José (…) —cdno. 2, fl. 1—).

8.2. Mediante providencia del 28 de agosto de 1998 la Fiscalía Delegada 226, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Dignidad Humana, resolvió la situación jurídica del sindicado, dictando en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de libertad condicional. Entre las razones que tuvo en cuenta la entidad para adoptar esta determinación se destacan las siguientes (copia auténtica de la providencia que resuelve la situación jurídica del señor José (...) —cdno. 2, fls. 18 a 24—):

La materialidad de la conducta delictiva se exterioriza en el expediente a través del testimonio de la ofendida, quien acredita la perpetración de una acción idónea violenta en contra de su integridad física capaz de doblegar su voluntad, lográndose de esta manera una cópula, pues al ser llevada a un sitio apartado y despoblado, bajo engaños, para luego proferir en contra de ella amenazas intimidatorias en contra de su humanidad, supuestamente con arma cortopunzante, actitud que logró despertar en ella el temor suficiente como para acceder a los requerimientos de su victimario, quien no dudó en hacer que se despojara de sus ropas, bajo además (sic) de sacar el arma de los bolsillos de su pantalón (…).

El relato que hiciera la ofendida de los hechos resulta creíble por cuanto, exceptuando la violencia, el sindicado corrobora y acepta haber tenido ayuntamiento con la joven en un lugar distante aproximadamente de dos cuadras del terminal de transportes (…).

Las condiciones en las que se encontraba la vituperada, no resultarían creíbles si no se tratara de una provinciana que llega a esta descomunal y peligrosa ciudad en búsqueda de oportunidades laborales (…); y es así como en el caso que nos ocupa, la vituperada buscaba ayuda ciudadana a fin de regresarse a su lugar de origen de donde la noche anterior había llegado al terminal de transportes en búsqueda de un familiar que la ayudaría a ubicar en una casa de familia como empleada doméstica, con tan mala suerte que perdió su dirección quedando totalmente desubicada, por lo cual pocas alternativas le quedaban, lo que la obligó a buscar ayuda y solidaridad para regresarse o para conseguir un trabajo, siendo esta la situación que aprovechó su agresor para lograr sus objetivos, y fue así como finalmente fingió llevarla a donde una persona conocida cerca del terminal e introducirla en un bosque en donde sin la presencia de ninguna otra persona, pudo atemorizarla con amenazas y ejecutar el ilícito sexual.

El sindicado en sus descargos no niega conocer la situación por la que atravesaba C (...), tanto que reconoce que la muchacha le pidió ayuda para irse a su lugar de origen o para conseguir trabajo, siendo ésta última opción la que él escogió para poder tener relaciones sexuales con ella y bajo la propuesta de colaborar por cuanto tenía o conocía una señora que necesitaba empleada de servicio, de la cual en su indagatoria no da información que permita tener su nombre y localización, ello aduciendo que la libreta donde tenía escrito el teléfono se le extravió, lo que da lugar a deducir que verdaderamente y con estos argumentos logró engañar a su víctima, quien desprevenida y confiada creyó en que podía obtener ayuda de este sujeto.

La actitud asumida por la vituperada C (...) de poner en conocimiento de las autoridades el hecho ilícito de que fue objeto, se contrapone claramente con las exculpaciones ofrecidas por el sindicado en el sentido de que hubo voluntariedad de parte de ésta, pues si así hubiera ocurrido, no obstante a que el sindicado aún la acompañaba, no hubiera buscado la forma de acercarse a un policía bachiller, como lo hizo para señalarlo del reato.

8.3. El 1º de diciembre de 1998, la Fiscalía Delegada 226 profirió en contra del sindicado resolución de acusación y negó la petición de libertad condicional formulada por la defensa. Estimó el instructor que la denuncia formulada por la presunta víctima ofrecía un relato coherente y creíble acerca de las circunstancias en las cuales se había cometido el ilícito —mediante engaños y amenazas, y aprovechándose de que aquélla estaba recién llegada a la capital y se encontraba en la terminal de transportes sola y sin dinero—. Al mismo tiempo, consideró que las exculpaciones ofrecidas por el inculpado, quien señaló en diligencia de indagatoria que el encuentro sexual había sido consentido, no resultaban aceptables pues de haber sido ciertas, la ofendida no hubiera narrado a “la señora que cuidaba el baño y a los señores que ya conocían de su situación que había sido accedida carnalmente a la fuerza (…)” (copia auténtica de la providencia calificatoria del mérito del sumario —cdno. 2, fls. 42 a 49—).

8.4. Surtido el trámite de apelación propuesto por la defensa del acusado, la unidad de fiscalías delegadas ante los tribunales superiores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, confirmó integralmente la decisión apelada mediante providencia del 7 de enero de 1999 con fundamento en las mismas razones expuestas por el fiscal del primera instancia (copia auténtica de la providencia respectiva —cdno. 2, fls. 56 a 59—):

Analizada la denuncia instaurada por C (...), no resulta difícil creer en sus atestaciones con relación a la violencia ejercida por José (...), con el fin de accederla sexualmente. Tengamos en cuenta que se trata de una mujer de provincia, que no conoce la ciudad capital, que acababa de arribar a un lugar donde no conoce a nadie, ni siquiera sus alrededores, y se ve asediada por un hombre, que como bien lo afirma el a quo le quedó fácil llevarla al sitio de los hechos, por conocer el lugar, y de pronto, éste le ofrece ayuda soterrada, la engaña en el sentido de hacer (sic) creer que en verdad conoce a alguien que le pueda brindar trabajo en esta ciudad y la sola ilusión de verse ayudada, la hace creer en el sujeto agente del delito, quien habilidosamente la dirige a un lugar despoblado y allí despliega su real intención la cual no era otra sino la de acceder carnalmente y por la fuerza a la mujer.

8.5. El 8 de junio de 1999, el Juzgado 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor de José (...) por considerar que el hecho punible no se había cometido puesto que, si bien estaba plenamente acreditado que el acusado y la presunta víctima habían sostenido relaciones sexuales, las pruebas aportadas al proceso, en particular el relato hecho por la denunciante, ofrecían varias razones para concluir que éstas habían sido consentidas (copia auténtica del fallo absolutorio —cdno. 2, fls. 84 a 91—).

8.6. Por despacho comisorio, se solicitó al Juzgado Penal del Circuito de Melgar (Tolima) la expedición de la respectiva boleta de libertad, a lo cual se dio cumplimiento el 9 de junio de 1999 (copia auténtica de la boleta de libertad número 008 de fecha 9 de junio de 1999 —cdno. 2, fl. 105—).

IV. Problema jurídico

9. Debe la Sala determinar si el señor José (…) fue injustamente privado de su libertad. Para el efecto, deberá analizar si, tal como lo sostiene la parte demandante, la decisión de dictarle medida de aseguramiento de detención preventiva se profirió sin observancia de los requisitos legales. Sólo en el evento de que encuentre que la detención sí fue legal, la Sala tendrá que examinar si la sentencia absolutoria se profirió con fundamento en alguna de las causales establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, a saber: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible.

V. Análisis de la Sala

10. La Sala tiene por probado el daño pues surge del expediente que el señor José (…) estuvo privado de su libertad desde el 24 de agosto de 1998, fecha en la cual fue capturado por la Policía Nacional y puesto a órdenes de la URI de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 9 de junio de 1999, cuando se expidió a su favor boleta de libertad por orden del Juzgado 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá que lo absolvió de los cargos por el delito de acceso carnal violento.

11. En este caso se discute la responsabilidad del Estado por la medida restrictiva de la libertad impuesta contra el señor José (…) por decisión de la Fiscalía General de la Nación. Así, mientras que la parte actora aduce que la misma fue injusta porque se adoptó sin el cumplimiento de los requisitos legales, las entidades demandadas sostienen lo contrario, esto es, que la medida se profirió con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, que era la normatividad vigente en ese momento, y que disponía que:

ART. 388.—Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

En los delitos de competencia de los jueces regionales(2) sólo procederá como medida de aseguramiento, la detención preventiva.

12. Al observar el material probatorio aportado al proceso, la Sala encuentra que la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor José (…), como presunto responsable del delito de acceso carnal violento, con fundamento en las siguientes pruebas: i) informe policial mediante el cual se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación al demandante, quien fue capturado en las instalaciones de la terminal de transportes de Bogotá, luego de haber sido señalado por la joven C (...) de abusar sexualmente de ella; ii) denuncia formulada por la presunta víctima en la cual manifestó haber sido engañada por el señor José (...), quien con la promesa de ayudarle a encontrar un trabajo en la ciudad de Bogotá, a donde acababa de llegar procedente del municipio de Mompox (Bolívar), la convenció para que abandonara la terminal de transportes y caminara con él hasta un lugar despoblado, obligándola luego a desvestirse y a mantener un encuentro sexual, valiéndose de amenazas e intimidaciones; (iii) diligencia de indagatoria rendida por el sindicado, en la cual reconoció haber tenido relaciones sexuales con la denunciante, pero adujo que ella las consintió a cambio de que él la ayudara a encontrar trabajo en la ciudad de Bogotá; y (iv) examen sexológico practicado a la joven C (...) por el Instituto Nacional de Medicina Legal en el cual se consignó que ella presentaba “himen festoneado íntegro per (sic) elástico y dilatable, lo que indica que puede permitir el paso del miembro viril erecto sin producirse desgarros”.

13. Lo anterior permite afirmar que la actuación o actividad desplegada por la Fiscalía en la fase de investigación e instrucción del proceso penal, cumplió con lo establecido en el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal, pues la medida de aseguramiento se adoptó porque existía en contra del demandante “por lo menos un indicio grave de responsabilidad”. Se tiene así que se cumplieron los requisitos legales y procedimentales para privar al señor José (...) de su libertad, por lo cual, la decisión no puede calificarse de injusta o arbitraria.

14. Ahora bien, como quiera que el proceso terminó con sentencia absolutoria, proferida el 8 de junio de 1999 por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, es necesario establecer si ello es suficiente para concluir que se configura en este caso una privación injusta de la libertad en los términos establecidos en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996(3).

15. En reiterada jurisprudencia la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que el término “injustamente”, contenido el artículo 68 de la citada ley, no hace referencia exclusivamente a “una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”, tal como lo entendió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, como quiera que ello restringiría el ámbito de aplicación del artículo 90 de la Constitución:

Teniendo en cuenta el criterio expuesto, la Sala concluyó, en la precitada sentencia, que para concretar el alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ibídem, de acuerdo con el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”, norma que no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de “daño antijurídico” en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—.

No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270 de 1996, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional. El anterior aserto encuentra refuerzo adicional en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el cual, desarrollando el querer del plurimencionado artículo 90 constitucional, amplía el plexo de hipótesis en las cuales puede declararse la responsabilidad del Estado derivada de la función de Administración de Justicia, al estatuir que “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación(4).

16. Como resultado de lo anterior, la Sala indicó que al disponer que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, no excluye la posibilidad de que el Estado sea obligado a reparar en otros casos en los cuales se ha dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

17. Conforme a esta interpretación, debe entenderse que la regulación contenida en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no restringió los supuestos bajo los cuales es posible declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad a aquellos casos en que la absolución del sindicado, bien sea por sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o resolución de preclusión, sea el resultado de falencias en el desarrollo de la labor investigativa o probatoria del Estado, o que la medida restrictiva de la libertad se cumpla sin el lleno de los requisitos legales.

18. Al contrario, las hipótesis de responsabilidad objetiva desarrolladas por el Consejo de Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996 conservan su aplicabilidad para resolver casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, en el que se imputa responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

19. Estas hipótesis son las que se encuentran contempladas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, ya derogado. De manera que si una persona afectada con una medida restrictiva de su libertad posteriormente es absuelta con fundamento en que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, o iii) la conducta no constituía hecho punible, el Estado será obligado a reparar, independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación judicial(5).

20. En resumen, de acuerdo con la postura actualmente vigente, se tiene que en los casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal por haber ocurrido la privación de la libertad de una persona durante su vigencia —tal como sucede en el asunto bajo examen en el que el señor José (...) fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación el 24 de agosto de 1998—, y se configura alguna de las causales de exoneración de responsabilidad previstas en dicha norma, el Estado deberá ser obligado a reparar los perjuicios causados sin que sea necesario acreditar que hubo fallas en la prestación del servicio de administración de justicia, pero a condición, eso sí, de que se demuestre que la medida restrictiva de la libertad causó al afectado un daño que éste no estaba en la obligación jurídica de soportar, y que dicho daño es jurídicamente imputable a una autoridad judicial.

21. En el caso concreto, está probado que el señor José (…) fue absuelto de los cargos que se le formularon como autor del delito de acceso carnal violento con fundamento en que la conducta no constituía hecho punible. En efecto, luego de analizar los distintos medios de prueba aportados al proceso, el Juzgado 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá concluyó que el mencionado delito no se había tipificado puesto que, si bien estaba plenamente acreditado que el sindicado y la presunta víctima habían sostenido relaciones sexuales, también existían, a su juicio, razones para afirmar que éstas habían sido consentidas:

Las incriminaciones carecen de toda seriedad porque contradicen las reglas de la lógica y la experiencia. El mismo desarrollo secuencial que relata —la denunciante— de acuerdo a sus vivencias derrota la existencia de violencia física o moral determinante del acceso carnal.

Es precisamente la conducta asumida por C la que ofrece una visión clara sobre su aquiescencia al acto concupiscente.

Convergemos con la concepción jurídica afirmada por la defensa sobre la atipicidad de la conducta, y disentimos en forma cordial de los argumentos de la señora fiscal y de la procuradora judicial (…), conforme al análisis de la prueba valorada a continuación y aplicando los principios de la sana crítica (negras no originales).

22. En estas condiciones, es evidente que están dadas las condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad. La providencia transcrita demuestra que el demandante no estaba en la obligación de soportar los daños que el Estado le irrogó puesto que, luego de mantenerlo recluido por varios meses —inicialmente en la cárcel nacional Modelo y con posterioridad en la cárcel del distrito judicial de Melgar (Tolima)— llegó a la conclusión de que se configuraba una de las causales establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 para dictar a su favor sentencia absolutoria, a saber: la conducta no estaba tipificada como delito.

23. Cabe señalar que en casos como estos a la parte actora le corresponde acreditar la actuación del Estado, los daños irrogados y el nexo de causalidad entre ésta y aquéllos. Por su parte, la parte demandada está en la obligación de demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, que se configura alguna de las causales de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. En el caso bajo examen, la parte demandante demostró que el señor José (…) estuvo privado de la libertad por espacio de varios meses, al cabo de los cuales fue absuelto porque su conducta no constituía hecho punible, sin que la parte demandada allegara prueba al proceso de que se configura alguna de las causales eximentes de responsabilidad.

24. En estas condiciones, se impone confirmar la sentencia proferida el 30 de agosto de 2001 por la Sección Tercera —subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, en consideración a que el hecho dañoso sólo es imputable a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto fue esta la entidad responsable de ordenar y prolongar la privación de la libertad del señor José (...), la Sala absolverá a la Nación-Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura por el daño antijurídico.

25. Por último, y sin perjuicio de la determinación anterior, la Sala considera que aunque no puede calificarse de equivocada la decisión de absolver al señor José (...) del delito por el cual se lo investigaba, pues ciertamente las pruebas aportadas al proceso no permitían desvirtuar el principio de presunción de inocencia que lo amparaba, algunos de los argumentos que tuvo el Juez 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá para resolver sobre la culpabilidad del sindicado sí merecen un duro cuestionamiento.

26. Aunque no es del resorte de esta jurisdicción evaluar o revisar el sentido de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal, la Sala ve con enorme preocupación que en los casos de violencia sexual las mujeres sigan siendo víctimas, no sólo de su propio agresor, sino de los prejuicios y la indolencia de los funcionarios judiciales que consideran que su comportamiento sexual predetermina la posibilidad de que éstas puedan o no ser sujetos pasivos de un delito de violencia sexual. Para ilustrar el punto, a continuación se transcriben las consideraciones expuestas por el funcionario judicial para concluir que la conducta imputada al actor no constituía delito:

Se ha argumentado por los propugnadores del fallo condenatorio la ingenuidad —de la víctima— y su falta de instrucción que la hicieron fácil presa del victimario y que su versión es digna de credibilidad por sus características de claridad y precisión. Empero, del contexto de la propia prueba testifical se percibe todo lo contrario. La ingenuidad que se predica se desprestigia al ingresarse en el análisis de su expresión oral donde utiliza terminología poco apropiada para una dama con mínima habilidad en estas lides sexuales. Oigámosle: “… le pregunté a una señora que cuida el baño y le dije señora usted sabe como hace uno cuando alguien se la come a la fuerza…”. Ese mismo vocablo es reiterativo, en términos tales como “me comió a la fuerza”, “esta boba me la como yo”. Dicciones que hiladas con otras como la exigencia del condón, la sugerencia de ir a un hotel facilitan un asomo a la personalidad de esta joven, dibujándola, a mi juicio, como “recorrida”, conforme al argot popular.

27. Resulta inadmisible, desde todo punto de vista, que un agente del Estado, pero sobre todo, un juez de la República, deduzca la existencia del consentimiento en un caso de violencia sexual a partir de consideraciones o apreciaciones subjetivas sobre la vida íntima de la presunta víctima. Es, sin duda, reprochable que sea precisamente una de las primeras autoridades llamadas a combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres la que reproduzca, a través de sus fallos, las ideas y creencias culturales que legitiman este tipo de comportamientos y que propician la impunidad.

28. Debe recordarse que son numerosos los instrumentos de derechos humanos(6), así como las normas de carácter interno(7), que establecen a cargo de las autoridades judiciales la obligación de tratar a las víctimas de delitos, en general, y a quienes han sufrido agresiones de tipo sexual, en particular, con consideración y respeto por su dignidad. Por esta razón, y con el fin de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse, la Sala ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, entidad que también fue demandada dentro de este proceso, incluir, si aún no lo ha hecho, en sus cursos de formación y capacitación a jueces, información sobre los derechos de las víctimas, con especial énfasis en las víctimas de violencia sexual, que garanticen una adecuada protección y atención a las mujeres que padecen este tipo violencia.

VI. Perjuicios

29. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia por considerar, de una parte, que la suma de 500 gramos oro, fijada a título de perjuicio moral, es violatoria del principio de igualdad y no compensa en debida forma el daño padecido por el actor; y de otra que al omitir el reconocimiento del lucro cesante futuro el juez de primera instancia no tuvo en cuenta las dificultades que tiene una persona que ha estado privada de su libertad para conseguir empleo. Procede, en consecuencia, la Sala a ocuparse de estos puntos de la apelación.

1) Perjuicios morales

30. Para fijar el monto de la condena por este concepto, debe señalarse que esta Corporación abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad las indemnizaciones se fijan en moneda legal colombiana y su quantum se determina por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, pero partiendo de la base que el Consejo de Estado ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(8), como ocurre cuando se demanda indemnización por la muerte de un familiar o la pérdida total de la capacidad laboral.

31. En este caso, con base en los parámetros atrás señalados, la Sala no accederá a aumentar el monto de la indemnización a mil (1000) gramos de oro, que serían equivalentes a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal como lo pretende el demandante. En lugar de ello, se dará aplicación al criterio recientemente adoptado por esta subsección, según el cual el valor de los perjuicios morales debe calcularse atendiendo únicamente al tiempo de privación efectiva de la libertad, “sin perjuicio de que otras circunstancias concurrentes obliguen a reconocer una cifra más alta, y atendiendo al precedente jurisprudencial en virtud el tope indemnizatorio para el perjuicio moral es de 100 smlmv”(9).

32. Por tal razón, tomará el tiempo que actor permaneció efectivamente privado de la libertad (9,63 meses) y lo multiplicará por 5,1 que es el número de salarios mínimos legales mensuales que en promedio la Sala ha reconocido por cada mes de detención(10), de donde resulta que el monto de la indemnización debida al señor José (…) es de cuarenta y nueve (49) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2) Perjuicios materiales

33. La Sala accederá a modificar el valor del lucro cesante reconocido en la sentencia de primera instancia, tal como lo solicitó el apelante, en consideración a que es razonable presumir que el actor debió soportar un periodo de vacancia una vez le fue revocada la medida de aseguramiento. De esta forma, la indemnización deberá cubrir el periodo de privación efectiva de la libertad (9,63 meses) más 35 semanas adicionales (8,75 meses), que corresponde al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, según información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(11).

34. El cálculo de la indemnización se hará con fundamento en el salario mínimo actualmente vigente ($ 589.500), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 736.875), y con fundamento en la siguiente fórmula:

 

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Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual, actualizado e incrementado en los términos ya expuestos

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable (18,38 meses).

 

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35. Se tiene así que el monto de la indemnización debida al señor José (…) por concepto de lucro cesante es de catorce millones ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos ($ 14.132.096).

VII. Costas

36. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia dictada el 30 de agosto de 2001 por la Sección Tercera —subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR a la Fiscalía General de la Nación administrativa y patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos padecidos por el señor José (…), a consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó desde el 24 de agosto de 1998 hasta el 9 de junio de 1999.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del demandante lo equivalente en moneda nacional cuarenta y nueve (49) salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de perjuicios morales, y la suma de catorce millones ciento treinta y dos mil noventa y seis pesos ($ 14.132.096), por concepto de lucro cesante.

3. DENEGAR las demás súplicas demanda.

4. Sin condena en costas.

5. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura incluir, si aún no lo ha hecho, en sus cursos de formación y capacitación a jueces, información sobre los derechos de las víctimas, con especial énfasis en las víctimas de violencia sexual, que garanticen una adecuada protección y atención a las mujeres que padecen este tipo de violencia.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. EXPÍDANSE, por la secretaría de esta sección, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) El artículo 35, inciso 3º, de la Ley 504 de 1999, sustituyó la expresión “juez regional” por la de “juez penal de circuito especializados”.

(3) “Artículo 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 25.508, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véanse, entre otras, las sentencias de 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 30 de enero de 2012, expediente 22.863, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 26 de mayo de 2010, expediente 19.670, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 22 de mayo de 2011, expediente 50.569, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.

(6) Entre otros, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

(7) Ley 1257 de 2008, “por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, expediente 24.688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En similar sentido, véase la sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 27.093, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(10) En sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 15485, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, los perjuicios morales por 9,5 meses de prisión se fijaron en 50 smlmv (5,2 smlmv por mes); en sentencia de 31 de enero de 2011, expediente 18626, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, se ordenó pagar una indemnización de 50 smlmv por la privación de la libertad durante 12 meses (4,1 smlmv por mes); luego en sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente 18902, CP. Danilo Rojas Betancourth, se reconoció una indemnización de 50 smlmv a una persona que fue privada de la libertad durante 11 meses (6,1 smlmv por mes).

(11) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.