Sentencia 2000-00167 de junio 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 500012331000200000167-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Expediente: 31.572

Demandante: Edgar Enrique Ardila Barbosa

Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio

Naturaleza: Acción de nulidad

Bogotá, D. C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 7 de octubre de 2003, por cuanto el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del CCA.

2. Análisis del caso.

El objeto de la controversia radica en determinar si los acuerdos demandados, por medio de los cuales la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio autorizó al gerente de esa entidad para contratar con un operador privado el manejo de los sistemas de acueducto y alcantarillado, se encuentran viciadas de nulidad, por cuanto en concepto del demandante era el municipio el que tenía la facultad para emitir dicha autorización.

En el Capítulo 5 del Título XII de la Constitución Política, específicamente en los artículos 365 y 370 (sic), se consagraron los parámetros relativos a los servicios públicos, así:

“ART. 365.—Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

“Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.

“ART. 367.—La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

“Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

“La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.

De otra parte la Ley 142 de 1994, por la cual se reguló el régimen de los servicios públicos, en relación con los municipios señaló, entre otras, la siguiente función:

“ART. 5º—Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

“5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente

“(…)”.

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, pueden prestar servicios públicos las empresas de servicios públicos, las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos, los municipios y las empresas descentralizadas que a la fecha de expedición de dicha ley estuvieran prestando los servicios públicos.

Para la fecha de expedición de los actos demandados ( 3 de diciembre de 1999 y 7 de marzo de 2000), la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se encontraba en cabeza de las Empresas Públicas de Villavicencio, que fue transformada, por medio del Acuerdo 32 de 1995, en el que se otorgaron facultades al alcalde de ese municipio para expedir los estatutos de la misma (fl. 24, cdn. 1), en una empresa industrial y comercial del Estado denominada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP.

En uso de la referida facultad, mediante el Decreto 182 del 21 de noviembre de 1995 el alcalde de Villavicencio expidió el estatuto básico de transformación de las Empresas Públicas de Villavicencio en una empresa industrial y comercial del Estado, denominada Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, acto en el que se le asignó a la junta directiva la función de “Adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del alcalde mayor” (fl. 41, cdn.. 1).

Así mismo, se le asignó al gerente la función de “b) Actuar como representante legal de la empresa y en tal calidad suscribir los actos y contratos que deban celebrarse” (fl. 42, cdn. 1).

Por Acuerdo 1 de 1996 se expidieron los estatutos internos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, de los cuales se destacan los siguientes artículos:

“ART. CUARTO.—Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo anterior, la empresa cumplirá las siguientes funciones:

“(…)

“f) Celebrar y ejecutar los actos y contratos de empréstitos, de asistencia técnica, de prestación de servicios, de operación o de cualquier naturaleza que se requiera para el normal funcionamiento de los servicios que presta la empresa.

“(…)

“ART. ONCE.—(Modificado mediante Acuerdo 7 de 1998: Aprobado Decreto 141 de 1998). Son funciones de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, ESP:

“(…)

“g) Autorizar al gerente para realizar actos y celebrar contratos de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios”

“(...)

“ART. QUINCE.—(Modificado mediante Acuerdo 7 de 1998: Aprobado Decreto 141 de 1998) Son funciones del gerente:

“(…)

“Actuar como representante legal de la empresa y en tal calidad suscribir los contratos y realizar las operaciones que deban celebrarse para el desarrollo de la empresa” (fls. 13 a 23, cdn. 1).

De conformidad con lo anterior, se concluye que fueron los estatutos internos los que directamente facultaron al gerente para celebrar los contratos que fueran necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa, entre los cuales, específicamente, se señaló el de operación, lo que fue permitido por el estatuto básico expedido por el alcalde de Villavicencio.

Es importante anotar que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios están sometidas a un régimen jurídico especial, esto es, el consagrado en los artículos 365 a 370 de la Constitución Política y en la Ley 142 de 1994, según lo determinó expresamente el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 17 de esta última, lo que fue ratificado por el artículo 84 de la Ley 489 de 1998(1).

En ese mismo orden de ideas, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994(2) dispuso que los contratos que celebraran las empresas de servicios públicos domiciliarios no se sometían a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, con las variantes que ese misma norma estableciera, y el artículo 32 de la Ley 142 de 1994(3) precisó que sus actos se regularían por el derecho privado.

Precisado lo anterior, se observa que los actos acusados no se encuentran viciados de nulidad, puesto que allí no se desconocieron las funciones del alcalde en lo relativo a la prestación de los servicios públicos domiciliarios; por el contrario, se profirieron en concordancia con lo autorizado por los estatutos básicos e internos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio. Es decir, los acuerdos demandados lo que hicieron fue ratificar una función en cabeza del gerente de esa entidad, que ya había sido previamente otorgada por los estatutos de esta última, los cuales se presumen ajustados a derecho.

En conclusión, no se encuentra acreditada la aludida falta de competencia de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio para autorizar que el gerente celebrara los contratos a que se refieren los actos demandados.

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta el artículo 22 de la Ley 142 de 1994, que establece que las empresas de servicios públicos no requieren permiso para desarrollar su objeto social.

Ahora bien, es preciso aclarar que con la autorización otorgada al gerente no se pretendió cambiar la normativa que se debía aplicar, pues, en los actos demandados, específicamente se indicó que los contratos que se celebraran debían serlo “dentro de los términos y procedimientos legales”, es decir, que se debía seguir observando la normatividad que originariamente fuera aplicable.

Así las cosas, se encuentra que el demandante no demostró la vulneración de las normas que invocó como conculcadas y que los acuerdos demandados se expidieron con fundamento en los estatutos básicos e internos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, en concordancia con los previsto en la Ley 142 de 1994 y en la Constitución Política, motivo por el cual se confirmará la sentencia apelada.

3. Condena en costas.

No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida el 7 de octubre de 2003 por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 84.—Empresas oficiales de servicios públicos. Las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por objeto la prestación de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente ley en los aspectos no regulados por aquella y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen”.

(2) “ART. 31.—Concordancia con el estatuto general de la contratación pública. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente ley, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

“(…)”.

(3) “ART. 32.—Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”.