Sentencia 2000-00177 de diciembre 19 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Referencia: C-7600131030132000-00177-02

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., diecinueve de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La fuerza, en la órbita de los vicios de la voluntad, hace relación, al decir de la Corte, a la “injusta coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a la celebración de un acto jurídico”(1), respecto del cual necesariamente se accede, según el artículo 1513 del Código Civil, para evitar “un mal irreparable y grave”.

De ahí que, como en forma reciente igualmente señaló la Sala, en la valoración de la fuerza, resulta preponderante analizar la “proximidad del efecto adverso objeto de la amenaza”(2), dado que como es natural entenderlo, el tiempo posibilita, inclusive por las vías legales, oponerse a la violencia, o superar el justo temor que infunde el constreñimiento.

Por esto, con independencia de la consecuencia que es temida, considerada como inevitable por quien sufre la amenaza, entre más remota sea la realización del mal irreparable y grave, menos se presenta el menoscabo de la conciencia y libertad que la ley presupone en las personas de sano juicio para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

2. En el caso, en términos generales, las supuestas conductas arbitrarias y deshonestas que de manera constante fueron observadas por el demandado durante la vigencia de la sociedad comercial, esto es, desde que se creó, hasta su expiración, resultantes de su carácter dominante y agresivo, el pretensor las adujo en sentido diverso.

De una parte, para edificar la fuerza, como vicio del consentimiento y, por ende, causal de la nulidad relativa; y de otra, al encontrar allí la existencia de obligaciones. Distinción de capital importancia, porque unas son las relaciones derivadas del contrato de sociedad, como se dice en el cargo, atinentes al “manejo y representación” de la persona jurídica, con todas sus consecuencias, y otras, las que giraron alrededor de los actos de disolución y liquidación en sí mismo considerados.

3. Frente a lo expuesto, con relación a la negativa de decretar la nulidad relativa, pasa a examinarse si el tribunal incurrió en los errores de facto probatorios que se le imputan, con las características de manifiestos y trascendentes, que son los requisitos para su estructuración en casación.

3.1. En cuanto al “manejo y administración” del ente moral, en el proceso, es cierto, se encuentra probado, parafraseando al recurrente, el “dominio absoluto” del convocado, inclusive el obedecimiento “sin reato” del demandante.

No obstante, esos hechos, en el caso de subsumirse en las hipótesis normativas de la fuerza, no tendrían incidencia en la decisión final, cuestión que, por sí, en el punto, hace impróspero el ataque. Ante todo, porque las prácticas “arbitrarias y deshonestas” de que se habla, nada tienen que ver con los referidos actos de disolución y liquidación de la sociedad, al punto que esas conductas fueron aducidas con un efecto distinto, concretamente, para solicitar las condenas respecto de lo que, en sentir de la censura, el socio dominante se apropió, retuvo o quedó debiendo, cual se evoca en otro aparte del cargo.

Ahora, si lo fueran, se trata de hechos que vienen sucediendo con mucha anterioridad, alrededor de veintisiete años, desde 1971, cuando se creó la sociedad comercial, hasta finales de 1997, época en la que se planteó la liquidación. De ahí que, al margen de la licitud, esto debilita la contundencia de tales comportamientos como vicio de la voluntad de los actos jurídicos impugnados, puesto que no se concibe cómo, al ser toleradas por la persona del demandante, en función del contrato social creado y en marcha, pudo causar, en los términos del precepto citado, “un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave”.

3.2. Otra cosa es la “proximidad” o inmediatez o concomitancia de ciertas conductas en torno a la disolución y liquidación de la sociedad, ajenas en todo caso a su manejo y administración, las cuales la parte recurrente califica en casación de “agresión” y “sometimiento”, o “violencia contra el demandante”.

3.2.1. Sobre el particular se debe dejar claro que el tribunal subsumió las situaciones afirmadas en el libelo, como constitutivas de fuerza, en lo que consideró una “excesiva presión moral sobre el demandante”.

Así mismo, que con base en las declaraciones de Theresse Jousseft Moussalem y Mauricio Cadavid Bueno, la esposa y el entonces abogado del actor, quienes fueron los que hablaron en contra del demandado, el ad quem concluyó que únicamente se había acreditado “una tensa relación entre socios, pero no una agresión o amenaza contundente”, esto es, que “el señor Emilio Sejnaui no estaba ante un mal irreparable o grave que le impusiera disolver la sociedad”.

Ahora, si el tribunal, para arribar a lo anterior, tuvo en cuenta, como expresamente lo señaló, todo en coherencia con el cargo, las “confrontaciones entre los hermanos y socios relatadas por los testigos”, surge diáfano, sin más, contrario a lo alegado por el recurrente, que de manera alguna pudo pasar por alto apreciar la prueba testimonial.

3.2.2. Distinto es el alcance del contenido material de ese medio, lugar donde, precisamente, radica la discrepancia entre el juzgador y la censura, pues mientras para esta, los hechos narrados por los anotados declarantes constituían “agresión” y “sometimiento”, o “violencia contra el demandante”, para aquél, se trataba simplemente de “tensas relaciones”.

La violencia, física o moral, exigida en la ley, necesaria para doblegar la libertad y conciencia de otro, se asocia al justo temor de un mal presente, irreparable y grave, y no a cualquier hecho, así sea ilícito, impositivo de otro. En sentir de la Corte, es la “fuerza que se usa contra alguna persona para obligarla a hacer lo que no quiere por medios a que no puede resistir. Es una presión sobre el ánimo, que influye de una manera tan determinante en quien padece la violencia, que su voluntad no queda libre sino sometida al agente”(3).

a) En esa perspectiva, frente a la voluntad de disolver y liquidar la sociedad, el tribunal no pudo tergiversar la prueba testimonial, porque como desde la mismo libelo genitor se observa, ese acto jurídico fue iniciativa del propio actor, al decir de este, y en general de los deponentes, para “terminar con la zozobra y angustia”, resultante de las conductas arbitrarias e injustas de su hermano, el demandado, en el manejo y administración del ente social. Los actos jurídicos cuestionados, entonces, no fueron llevados a cabo para precaver un mal presente, irreparable y grave, sino para conjurarlo.

b) Lo mismo debe decirse de las manifestaciones de voluntad, en sí mismas consideradas, porque para salir de las “tensas relaciones”, según el ad quem, o “agresión”, “sometimiento” o “violencia”, al decir del recurrente, no es lo mismo conceder ciertas ventajas, que imponerlas, mediante la utilización de medios a los cuales no es posible resistir.

Ninguno de los deponentes refiere una fuerza insuperable; y la presión ejercida, consistente en la imposición de unas condiciones, bien se ha podido superar, pues si no se estaba de acuerdo, las vías legales, entre ellas las judiciales, se encontraban expeditas, con mayor razón cuando el demandante estuvo asistido por un profesional del derecho. Una interpretación distinta, implicaría tergiversar, ahí sí, la prueba testimonial.

Obsérvese cómo, en efecto, en el punto, la declarante manifestó que su esposo, el actor, “tuvo que poner abogado”, y que “dos condiciones” fueron las impuestas por el socio dominante para disolver y liquidar la sociedad. La primera, “que el Sr. Emilio S. no puede hablar con Pavazar sobre el almacén lo que él ha vendido el local 141A, y la segunda, no puede volver a molestar por ese almacén ni por la prima, lo que el señor Roberto ganó por este almacén”.

El otro testigo, procurador del pretensor en la “disolución y liquidación de la sociedad”, si bien consideró el trámite “forzado” y “manipulado”, en últimas indicó una distribución “irregular” de utilidades, que no “equitativa” ni “proporcional”, pues se hizo sobre una base “ficticia”, “no real”. Relativo a las amenazas ejercidas, sostuvo que el convocado “condicionó” la firma de la escritura pública a que “se le debía entregar toda la mercancía que existiera en ese momento, los cheques que habían en caja, los cheques postfechados, y el efectivo también”.

Frente a lo anterior, la violencia, constitutiva de fuerza, para que el demandante en el ámbito de su voluntad hiciera lo que no quería, se echa de menos en el relato de los testigos. Por el contrario, al margen de si es lesivo o simulado el reparto de utilidades, como se alega en el cargo, nada de lo cual se identifica con el vicio del consentimiento estudiado, se aprecia es que el actor, debido a las “tensas relaciones”, no rechazó las condiciones propuestas, pues a pesar de haber sido aconsejado por su abogado para que “demandara a su hermano”, lo cual denota que no se trataba de una presión o amenaza irresistible, decidió, según el mismo declarante, que “aceptaba” esas “condiciones (…), decisión que respeté mas no compartí”.

3.2.3. En el cargo igualmente se sostiene que la “violencia contra el demandante” se encontraba acreditada con la prueba indiciaria.

La jurisprudencia ha sido constante en señalar que en casación es factible, por excepción, corregir la valoración de los indicios realizada por el sentenciador, en los casos en que extrae la inferencia de hechos no probados, la omite de los hechos acreditados o supone la existencia de la relación de causalidad entre el hecho indicador y la respectiva consecuencia.

Ese es un campo, dice la Corte, que no puede invadir, por diferirlo la ley al juzgador de instancia, salvo, claro está, que “se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ahí se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si no lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que lógicamente no cabe deducir, por faltar entre estas y aquellos el obligado vínculo de causalidad”(4).

En el caso, si el tribunal, para descartar los indicios alegados por el actor como prueba de la “violencia” ejercida en su contra por el extremo pasivo, tuvo en cuenta, lo relativo al trato social, las respuestas brindadas por este último en el interrogatorio oficioso, así como lo que rodeó la contestación de la demanda, surge claro que la discrepancia con el recurrente no se encuentra en la fijación de los hechos indicadores, sino en sus consecuencias. Así se tiene que:

a) Si bien el demandado no contestó directamente el libelo genitor, pues lo hizo el curador ad litem designado, pese a que constituyó apoderado, en el cargo se solicita que se apliquen los efectos al respecto previstos en el ordenamiento, argumentando que los mismos no se podían excusar en la falta de aceptación del poder por parte del abogado.

Observa la Corte, sin embargo, que el tribunal, tras reconocer que ese hecho era “constitutivo de un indicio”, no lo tuvo en cuenta como causa eficiente de la falta de contestación de la demanda. De una parte, por cuanto fuera de considerarlo leve, pues la no aceptación del poder podía obedecer a múltiples razones, señaló que con ese propósito debía acreditarse algo más, esto es, la mala fe del convocado y de su abogado; y de otra, porque para la época de los hechos, no existía “tarifa legal” que asignara a “dicha desatención la calificación de indicio grave”.

Si esas fueron las verdaderas razones para que el sentenciador no le diera a esas circunstancias las consecuencias inherentes, la censura debió aplicarse a combatir, por el cauce que correspondía, según fuere el caso, bien que no era necesario “desvirtuar la buena fe”, o que sí se había cumplido esa carga, con indicación de los medios respectivos; ora que la ley calificaba la falta de aceptación del poder como “indicio grave”, o que con ese propósito había ausencia de “tarifa legal”.

El censor, empero, abandonó totalmente lo anterior, pues en general, sin más, calificó la conducta como una gestión dilatoria. Por esto, con independencia del acierto del tribunal, la conclusión sobre que ese indicio no demostraba la “existencia de la fuerza como vicio del consentimiento”, sigue amparada por la presunción de legalidad y certeza, sin que la Corte, dado el carácter estricto y dispositivo del recurso de casación, pueda adelantar una investigación oficiosa, lo cual de suyo es suficiente para negarle prosperidad a esta parte de la acusación.

b) Con relación a las consecuencias que deben derivarse del interrogatorio absuelto a instancias del juzgado, los errores de hecho al respecto denunciados son inexistentes, porque en consonancia con la misma censura, así el citado medio demuestre el carácter fuerte del demandado y su dominio absoluto durante la vida de la sociedad, nada de lo cual se ha puesto en entredicho, de ahí no puede seguirse que la disolución y liquidación de la sociedad fue impuesta bajo amenazas, esto es, que no fue querida por el actor y que tuvo que aceptarla, incluyendo sus términos, para evitar un mal irreparable y grave.

Los indicios en el punto, por tanto, pierden su fundamento probatorio, porque carecen de la virtud de guiar al juez en la búsqueda del hecho investigado. Con mayor razón cuando, en la hipótesis de situarse la Corte en sede de instancia, no podría pasar por alto que las condiciones impuestas por el demandado, dirigidas a disolver y liquidar la sociedad, según el testimonio de quien en esos trámites fuera el abogado del censor, traído en el cargo precisamente para acreditar el vicio del consentimiento, no solo eran superables, en cuanto aconsejó al actor para que “demandara a su hermano”, sino porque dijo que las “aceptaba (…), decisión que respeté mas no compartí”, todo lo cual sería indicativo de que los supuestos errores probatorios, ninguna incidencia tendría en la decisión final.

4. En otro aparte del cargo se denuncia la comisión de errores de hecho en la valoración de la prueba documental y testimonial, lo cual, según el recurrente, llevó al juzgador a negar la existencia de ciertas obligaciones en contra del opositor, “producto de utilidades y préstamos”, entre otros, como la apropiación de ciertos activos, a raíz de haber sacado provecho de su posición dominante durante el “manejo y representación” de la sociedad.

4.1. Frente a los recibos o comprobantes que, al decir de la censura, demostraban lo anterior, se advierte que entre esta y el tribunal existe consenso sobre que esos documentos ostentaban la calidad de auténticos, por haber sido reconocidos por el demandado en la diligencia de interrogatorio, de donde la polémica, entonces, se reduce es a su contenido.

Para el sentenciador, en efecto, fuera de carecer tales escritos de fecha cierta, distintas hipótesis podían atribuírsele a las cifras en los mismos insertadas, según a espacio lo explicó, de ahí que ante la falta de “claridad”, esto les restaba “capacidad demostrativa”. En cambio, en sentir del impugnador, como esos medios fueron elaborados al “tiempo de liquidar utilidades a fin de cada periodo, entonces la suma final era la que resultaba debiendo el socio Roberto Sejnaui, por haber recibido los dineros allí consignados, y dejar constancia de las utilidades que se quedaron debiendo al otro socio Emilio Sejnaui”.

a) Confrontado lo anterior, el tribunal no tergiversó la prueba documental, porque las condenas solicitadas sobre el particular en el libelo, no se relacionan con la “suma final” aludida en el cargo, sino con cruce de cuentas. Así, respecto de 1992, se pide es la diferencia entre “utilidades no pagadas” y lo “declarado a deber”; de 1993, el “cobro injusto sobre utilidades” y la “deuda reconocida”; de 1994, el “exceso en el cobro de utilidades” y “una deuda”; lo mismo en 1995; y de 1996, el “pago excesivo exigido sobre utilidades” y “una supuesta deuda que no existe”

Es más, según la misma demanda genitora del proceso, el rubro de 1997, obedece es a “una liquidación que se proyecta de la sociedad”, que se “descompone de valores en cheques, facturas pendientes, dinero en caja y mercancía”.

La inconsistencia anotada, por sí, es suficiente para concluir que el tribunal no se equivocó al considerar, de una parte, que no existía certeza sobre que las cifras consignadas en los documentos de que se habla, fueran vinculantes para las partes; y de otra, que ante la incertidumbre, “era necesario entonces al demandante probar que tenía derecho a todo el valor consignado en el último monto escrito en cada hoja”.

b) Por lo demás, si bien en los citados comprobantes existían partidas referidas como “debo año”, todo lo cual fue visto por el ad quem, no existe claridad, cual este lo fulminó, que se tratara de obligaciones incumplidas por el demandado, respecto del otro socio, puesto que en general, también era dable concluir que fueron compensadas o saldadas.

Mírese, por ejemplo, cómo en el documento del folio 23, cuaderno 1, el “debo año 91”, por $ 7.385.000, se adicionó a los gananciales del actor del ejercicio de 1992, estimados en $ 17.379.000, para un total de $ 24.764.000, cantidad de la cual se dedujo los “gastos Emilio debe $ 21.524.000”, quedando un saldo a su favor de $ 3.240.000. La misma operación se repitió, en su orden, respecto del “debo año” 1993 y 1994, por $ 10.308.000 y $ 6.200.000, sumas que fueron sumadas a los gananciales del demandante en cada uno de los periodos siguientes.

Aunque el “debo año” 1992 y 1995, por $ 3.240.000 y $ 5.537.000, respectivamente, no aparecen compensadas con los gastos de la parte activa durante cada uno de los ejercicios contables siguientes, como igualmente lo constató el tribunal, de ahí no podía sostenerse con certeza que esas obligaciones subsistían en contra del convocado. Esto, porque en el recibo de 1996 (fl. 24, cdno. 1), luego de imputados los gananciales, se hablaba de que “Emilio” quedaba debiendo $ 22.617.000, cantidad que excedía las sumas inicialmente referidas.

c) En cuanto a la apreciación de la contabilidad y, por ende, de los dictámenes periciales, la censura sostiene que lo alegado no se refería a dobles registros, como se entendió, sino a una “contabilidad regular”, en donde se asentaban únicamente los comprobantes que favorecían al demandado y se omitían las operaciones de venta de calzado y liquidación de utilidades.

Los errores, sin embargo, no existen, porque entre el tribunal y el recurrente hay total acuerdo sobre que no se trataba de una doble contabilidad. Distinto es que, según el ad quem, los libros respectivos se llevaran de manera irregular, esto es, “incompletos”, situación que, como lo señaló expresamente, no solo hacía “generar la pérdida de su fuerza probatoria”, sino que imponía abstenerse de “derivar cualquier valor probatorio a los dictámenes”.

En la lógica de la construcción de la sentencia, por lo tanto, la existencia de los errores de hecho en la apreciación de la prueba pericial, se supeditarían a una valoración equivocada de los libros de contabilidad. Ahora, como el ataque de esto último resulta desviado, lo cual constituye un “notorio defecto técnico por desenfoque”(5), pues en ninguna parte se aborda el tema de la contabilidad irregular, situación que, al margen del acierto, torna esa conclusión firme en casación, desde esa perspectiva, el tribunal no pudo cometer yerro probatorio alguno al dejarse de ponderar las experticias rendidas.

En efecto, como la censura edifica su argumento sobre una “contabilidad regular”, esto significa que deja a un lado el fundamento toral, según el cual los “libros llevados por la sociedad (…) son incompletos”. El embate, por lo tanto, debió dirigirse a desvirtuar, en concreto, las razones por las cuales el tribunal concluyó que la contabilidad no se llevaba debidamente, carga que no podía cumplirse afirmando simplemente, a manera de una petición de principio, que era legal, menos acudiendo, en apoyo de sus tesis, al primer dictamen, en donde en general se indicó que los “libros no guardan en su totalidad las normas para su teneduría”.

d) En adición, si se dejara de lado todo lo analizado, la decisión, referida al argumento del actor, según el cual el demandado se quedaba con todas las ganancias de la sociedad, seguiría soportada en una conclusión probatoria que en el cargo se pasa por alto, así el sentenciador la hubiere evocado al momento de estudiar la fuerza, como vicio del consentimiento, pero que indudablemente se entroncaba con el tema de las “utilidades”.

El juzgador, como se recuerda, aludiendo a la tesis del pretensor, “en el sentido de que su hermano —demandado— era quien tomaba todas las utilidades”, señaló que en el proceso “obra a manera de contraindicio, su propia declaración de parte, en donde acepta sin rodeos, que los gastos que realizó para su manutención y la de su familia, durante el tiempo que se encontraba vigente la sociedad, resultan manifiestamente contrarios a una persona que se encontraba desprovista de todos sus ingresos”.

Si el recurrente, por lo tanto, guardó silencio sobre el particular, se entiende que, al margen del acierto del tribunal, acepta esa conclusión probatoria. Así que al no combatirla, la Corte se vería relevada de casar en el punto la sentencia impugnada, en la hipótesis de estructurarse los demás yerros que sobre ese mismo particular fueron enrostrados, porque como tiene explicado, “si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(6).

4.2. Pasa, entonces, a examinarse si para negar las condenas solicitadas, el tribunal incurrió en errores de facto al valorar las declaraciones de Younan Khoury, Georgina Sejnaui Siuffi, Eduardo Sejnaui Suiffi, Abraham Sejnaui y Jaime Arnulfo Rodríguez Rojas, quienes, en general, afirmaron que el demandado no debía nada al actor, según las razones que indicaron.

Ahora, como los yerros denunciados, en síntesis, se estructuraron sobre la base de haberse dado crédito al dicho de los mentados testigos, en sentir de la censura, parcializados, dados los lazos de familiaridad y dependencia con el convocado, salta de bulto que el ad quem no incurrió en ninguna equivocación, porque si les dio mérito probatorio, se entiende que consideró, así sea implícitamente, que las causales de sospecha no comprometían lo expuesto por los deponentes, puesto que la existencia de un hecho de esa naturaleza, no es suficiente, por sí, para menguar su fuerza demostrativa, pues de ahí no puede seguirse, necesariamente, que los testigos faltaron a la verdad.

Como tiene explicado la Corte, “[H]oy, bien se sabe, la sospecha no descalifica de antemano —pues ahora se escucha al sospechoso—, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”(7).

En esa línea, el error solo podía estructurarse sobre el contenido intrínseco del medio en cuestión, esto es, al decir de la Corte en el antecedente último citado, “que la propia versión testifical no permite concederle, por ningún motivo, credibilidad; en una palabra, demostrar, con la labor crítica inherente, que lo declarado por el testigo, antes que enervar la desconfianza con que se lo mira de comienzo, acabó confirmándolo. Porque, insístese, lo sospechoso no descarta lo veraz”.

Con todo, en una hipótesis semejante, los errores de hecho tampoco se configurarían. De una parte, porque aun frente a los simples motivos de sospecha, las otras conclusiones probatorias del tribunal, indemnes en casación, sobre la falta de certeza de las obligaciones a cargo del convocado por “utilidades”, “préstamos” y demás, inclusive el análisis que lo llevó a pensar que todo fue compensado o saldado, avalarían el dicho de los testigos; y de otra, porque cualquier yerro al respecto cometido, conduciría simplemente a dar un salto en el vacío, frente a la inexistencia de otras pruebas en sentido contrario.

5. En otro segmento del cargo, se reprocha al sentenciador por no haber reconocido el exceso pagado por arrendamientos, respecto del lugar donde funcionaba el objeto social, según el libelo genitor, desde 1986, hasta 1999, dado que el contrato que el demandado había suscrito con un tercero, involucraba seis locales más de su propiedad.

Esto mismo se recaba en la acusación, inclusive con mención al “contrato de arrendamiento aportado y suscrito por la sociedad Pavazar Ltda., como arrendador, y Roberto Sejnaui, como arrendatario”. En la tesis de la censura, esto significa, en últimas, que durante su existencia, la sociedad involucrada, resultó pagando, por las circunstancias que fueren, arrendamientos que no eran suyos, y que lo mismo hizo el actor, después de haberse disuelto y liquidado.

Ahora, como ese era el entendimiento que debía dársele al libelo, pues en los términos del cargo, eso fue en realidad lo “alegado y pedido”, el error de hecho del tribunal salta a la vista. De una parte, porque para el efecto nada tenía que ver un supuesto contrato de arrendamiento entre las partes, “como personas naturales”, el cual, al decir del juzgador, fue el que encontró demostrado; y de otro, por cuanto ningún papel jugaba exigir, como lo hizo, una relación de esa misma naturaleza “entre el demandado y la sociedad Roberto Sejnaui y Cía. Ltda.”.

El error de hecho en la apreciación de la demanda, sin embargo, se torna intrascendente, porque una decisión distinta a la adoptada por el tribunal sobre el particular, se supeditaba a que en el cargo igualmente se pusiera de presente que en el proceso se había acreditado el contrato entre las sociedades Roberto Sejnaui Siuffi Cía. Ltda., como arrendataria, y Pavazar Limitada, como arrendadora, respecto de los siete locales comerciales, incluido el de la sede de la sociedad, y que aquella pagaba una suma global por todos los inmuebles.

Desde luego, si el sentenciador encontró probado únicamente una vinculación de esa naturaleza, ajustada entre el actor y el convocado, “como personas naturales”, esto significaba que echó de menos cualquier otra relación de tenencia. Y si bien en el cargo se menciona el “contrato de arrendamiento aportado y suscrito por la sociedad Pavazar Ltda., como arrendador, y Roberto Sejnaui, como arrendatario”, el cual igualmente se encuentra adosado al expediente, perspectiva desde la cual igualmente se habría cometido error de hecho, la intrascendencia del yerro cobra fuerza, porque para empezar, en ninguna parte el recurrente alude a esa otra relación contractual a que se hizo referencia.

Los hechos investigados, por supuesto, tampoco podían dejarse establecidos con los demás medios citados en la acusación. El “primer dictamen pericial” y lo indicado “contablemente”, porque al margen del contenido de lo uno y de lo otro, para el efecto tendría que haberse removido, cosa que no ocurrió, según supra se explicó, las razones que tuvo en cuenta el tribunal para no darle a nada de ello mérito probatorio.

El “interrogatorio oficioso del demandado”, porque a lo sumo, lo único que acreditaba es que él fungía como arrendatario de los siete locales comerciales y que “pagaba global todos mis locales”, pero no que lo que “cobraba” por concepto de renta, respecto del lugar donde la sociedad desarrollaba el objeto social, cubría el canon de todos los inmuebles.

6. Por último, si la fuerza, como vicio de la voluntad, no fue demostrada, y si, además, tampoco existían obligaciones a cargo del demandado derivadas del manejo y administración de la sociedad, claramente surge, contrario a lo afirmado en la censura sobre el particular, que el tribunal, en ese sentido, no pudo incurrir en error de ninguna laya, porque la nulidad relativa de los actos de disolución y liquidación de la sociedad, requería como supuesto, precisamente, la estructuración de la causal invocada, nada de lo cual fue probado, y porque si las demás pretensiones no salieron airosas, esto significaba que ningún perjuicio material o moral pudo causarse.

7. El cargo, por lo tanto, no se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Emilio Sejnaui Siuffi contra Roberto Sejnaui Siuffi.

Las costas en casación corren a cargo del demandante recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000), por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 15 de abril de 1969, CXXX-27.

(2) Sentencia de 30 de junio de 2011, Expediente 1998-00238.

(3) G. J. Tomo LV, pág. 533, junio 9 de 1943.

(4) Sentencia de 24 de noviembre de 2009, Expediente 2003-00500, reiterando doctrina anterior.

(5) Vid. Sentencia de 21 de septiembre de 2011, Exp. 2001.01105, reiterando doctrina anterior.

(6) Sentencia de 24 de agosto de 2011, expediente 2005-00551, reiterando doctrina anterior.

(7) Sentencia 180 de 19 de septiembre de 2001, Expediente 6624.