Sentencia 2000-00178 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dra. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 85001-23-31-000-2000-00178-01(23040)

Actor: Juan Donaldo Gámez Cubides

Demandado: Departamento de Casanare

Ref.: Acción contractual

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 9 de mayo de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en consideración a que la cuantía del proceso, determinada por el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, esto es, $40’000.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, supera la cuantía mínima exigida en la Ley vigente al momento de interposición del recurso (D. 597/98)(1).

2. Las pruebas.

En orden a respaldar las pretensiones de la demanda, el actor allegó al proceso, junto con el escrito de demanda, las siguientes pruebas:

1. Copia al carbón del documento suscrito el 25 de noviembre de 1998 por el señor Juan Donaldo Gámez Cubides y el representante legal de la Intendencia de Casanare, en el cual se consignó (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Entre nosotros Fabio Pinilla Castellanos, mayor de edad y vecino de Yopal, identificado con cédula de ciudadanía 4’171634 de M/quira y quien obra en representación de la Intendencia Nacional de Casanare por una parte, y Juan Donaldo Gamez Cubides, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con cédula de ciudadanía 4’036.601 expedida en Tunja (Boy) por la otra parte hacemos constar que hemos celebrado el siguiente contrato que se especifica en las siguientes cláusulas: 1. El doctor Juan Donaldo Gámez Cubides da en donación a la Intendencia Nacional de Casanare y, el Dr. Fabio Pinilla Castellanos, como representante legal de la Intendencia Nal. de Casanare un lote de terreno de doscientos ochenta y cinco (285) metros cuadrados, ubicado dentro de la finca denominada La Conquista, vereda el Hoquetón - Caracolí, de la Jurisdicción del municipio de Villanueva y que se deslinda así (...).

“2. La intendencia destinará exclusivamente el lote para la construcción de la caseta donde funcionará el puesto del resguardo y en caso de no darle tal destinación o de la terminación de ést Institución, el lote de terreno revertirá Ipso-facto al donante quien estará liberado del pago de cualquier pago de mejoras. 3. La administración intendencial deberá construir dentro del terreno donado, los servicios sanitarios de manera que evite la contaminación de canales, caños y fuentes de agua que sirven a la finca del donante. —El incumplimiento de ésta condición, faculta al donante para revocar unilateralmente la donación y recuperar el inmueble sin contraprestación alguna. 4. El donante hace entrega real del lote, hoy veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), fecha en la cual se firma el presente documento que podrá elevarse a Escritura Pública a convenio de las partes y a cargo del donatario...” (fl. 8 cdno. 2) (resalta la Sala).

2. Inspección judicial con intervención de peritos, que realizó el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, por comisión del Tribunal Administrativo de Casanare, se indicó (se transcribe tal cual obra en el proceso):

“...nos trasladamos a la Vereda del Horquetón Vereda Caracolí de la Jurisdicción de Villanueva Casanare a una casa que se encuentra ubicada al borde de la vía que de Villanueva conduce a Barranca de Upía, una vez allí fuimos atendidos por la señora Carmelina Vargas Ospina... a quien el suscrito entera del motivo de la diligencia y quien manifiesta. Nosotros estamos aquí desde la vez de la inundación eso fue el año 1998. Se procede a inspeccionar el inmueble (...) Cuyos linderos son, Por el ORIENTE. Marginal de la selva, en extensión de 27 Metros. Por el Norte. En extensión de 25 metros, linda con la finca del doctor Juan Donaldo Gámez Cubides. Por el Occidente en extensión de 27 metros aproximadamente con la finca del demandante. Por el Sur. en 25 Metros aproximadamente linda con la finca de propiedad también del demandante, dentro del inmueble se encuentra construida una casa de habitación que tiene un área de 8 metros de frente por 18 de fondo, la cual consta de 6 habitaciones, un baño interior, un comedor, una cocina enchapada con mesón y enchapado en pisos de baldosín, se aclara baldosín de mármol, un baño interior que se encuentra enchapado con regadera, lavamanos, un hooll techado con piso de baldosín y cemento, construida en paredes de bloque pañetadas y pintadas, techo en eternit, cerchas de hierro, puertas y ventanas metálicas, las puertas la mayoría sin chapas, con instalaciones de luz eléctrica en la actualidad no hay fluido eléctrico, también existe un aljibe o jahuey, que tiene aproximadamente 4 metros de profundidad por un Metro de díámetro (...) por lo anterior relacionado se ha establecido que la Hacienda La Conquista si existe una casa cuyas características ya están relacionadas, donde funcionaba el Resguardo de rentas departamentales de Casanare. Se continúa con el segundo punto de la inspección (...) se establece que se encuentra habitado por la señora Camelina Vargas Ospina y con el fin de determinar el tiempo que hace que habita el inmueble y la cantidad de personas que ll habitan y demás hechos del proceso se decreta de oficio el testimonio de la Señora antes mencionada, a quien se le toma juramento (...) quien manifiesta decir la verdad en lo que se le pregunte (...) Preguntada: Diga al despacho que personas habitan la casa donde nos encontramos. Contesto. Habitamos más o menos seis personas (...) Preguntado. Dígale al despacho, cuanto tiempo hace que se encuentran viviendo en esta casa y en que calidad. Contesto. Hace aproximadamente dos años no pagamos arriendo, estamos cuidando. Preguntado. Dígale al despacho que persona o personas autorizaron para que ud., y su familia pudieran habitar esta casa. Contesto. Nosotros nos ubicó el señor alcalde de Villanueva Casanare no recuerdo el nombre de él, el nos dejó para vivir acá mientras nos dejaban la vivienda o nos daban vivienda, y hoy nos dan la vivienda. Esta casa nos la dejaron para que viviéramos ocho familias y duraron poco por que les prometieron vivienda y no les cumplieron y se fueron y quedamos nosotros nada más. Preguntado. Dígale al despacho si ud., recuerda la fecha exacta en que se pasó ud, y su familia a ocupar esta casa. Contesto. Fue en junio 12 de 1998 (...) Preguntado. Dígale al despacho si ud., ha pagado alguna suma de dinero a alguien por cualquier concepto por el hecho de estar viviendo en esta casa. Contesto. Ninguno (...) Sírvase manifestarle al despacho aproximadamente cuánto tiempo permanecieron las otras familias que llegaron con ud, a esta casa. Contesto. Más o menos un mes (...) Preguntado. Sírvase manifestarle al Despacho si ud, conoció o ud, supo quienes habitaban o que existía en este inmueble antes de ser habitado por ustedes. Contesto. Anteriormente era el DAS pero cuando nosotros nos pasamos hacía dos meses lo habían desocupado, aclaro hacía tres meses lo habían desocupado (...) (fls 28 a 32 cdno. 3) (resalta la Sala).

3. Testimonio del señor señor Gilvert Castañeda Amaya, rendido ante el Tribunal Administrativo de Casanare el 14 de julio de 2000, en el que, en cuanto a la existencia de la caseta donde funcionaba el resguardo de rentas departamentales, señaló (se transcribe tal cual obra en el proceso):

Pregunta b) del Interrogatorio, si conoce o no la existencia de una caseta donde funcionaba un retén del resguardo de rentas departamentales, situado en la finca citada, sobre la carretera que de Villanueva conduce a Villavicencio, en caso afirmativo cuanto tiempo funcionó y en que fecha o mes dejó de funcionar y si sabe porque causa. Contesto. Si conozco la existencia de la caseta, y ahí funcionó un control de vehículos por que siempre nos paraban cuando pasabamos era un control de licores revisaban todo, ese reten funcionó como siete u ocho años, dejó de funcionar hace como dos años, cuando supuestamente mataron al jefe de las Autodefensas del Casanare (...)”(resalta la Sala) (fls. 33 y 34 cdno. 3).

Sobre los mismos hechos, la señora Sandra del Pilar Mondragón Martínez manifestó:

“Esa caseta estuvo funcionando aproximadamente unos doce años hasta el seis de marzo de 1998, dejó de funcionar por que en esa fecha mataron al gordo a Jaime Matiz Benítez (...) Preguntado. Manifiéstele al despacho doctora si ud., tiene conocimiento de quien era el lote sobre el cual está o funcionó la caseta del resguardo y quien construyó dicha caseta y cuanto hace aproximadamente, Contesto: Exactamente no se quien es el propietario pero me imagino que debe ser parte de la finca La Conquista (...)” (fls. 35 y 36 cdno. 3).

4. Dictamen pericial rendido el 26 de mayo de 2000, en el que se consignó (se transcribe tal cual obra en el proceso):

Identificación - Ubicación - Linderos

Se trata de una casa ubicada al borde de la carretera vía esta que de Villanueva conduce a Barranca de Upia.

Linderos. La casa lote se encuentra determinada por los siguientes linderos

Oriente. Marginal de la selva en extensión de 27 metros.

Norte. En extensión de 25 metros, colinda con la finca del doctor Juan Donaldo Gámez.

Occidente. En extensión de 27 metros aproximadamente con la finca del demandante.

Sur. En 25 metros linda también con la finca de propiedad del demandante.

Dentro del lote se encuentra construida una casa de habitación que tiene una extensión y área de 8 metros de frente por 18 de fondo, la cual consta de (...).

El valor del arrendamiento mensual estimamos la suma de doscientos mil pesos (200.000) pesos mensuales.

Avalúo

Teniendo en cuenta la ubicación y el estado de la casa consideramos el valor de la edificación por veinticinco millones de pesos (25.000.000).

El valor del lote por la suma de cinco millones de pesos (5.000.000) mctr (sic).

Sumados son treinta millones de pesos (30.000.000) mct.” (fls. 39 a 41 cdno. 3).

5. Complementación del dictamen pericial anterior, en la cual los auxiliares de la justicia señalaron:

“3. No consideramos que se desmejore el valor de la Hacienda del Dr. Juan Donaldo Gámez C. pues el lote esta independiente y cercado la hacienda no recibe ningún perjuicio (...)” (fl. 60 cdno. 3) (resalta la Sala).

6. Oficio del 8 de julio de 2000, en el que el Alcalde del municipio de Villanueva-Casanare le informó al a quo que, en 1998, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Departamental y la oficina de Acción Social Departamental, ubicó en la casa de rentas a las personas damnificadas por el desbordamiento del río Upia y que conocía que ese inmueble fue construido por la gobernación de Casanare y estaba bajo la custodia de la secretaría departamental (fl. 12 cdno. 3).

7. Oficio 272 del 29 de diciembre del 2000, mediante el cual la personera municipal de Villanueva Casanare le informó al Tribunal Administrativo de Casanare que, en agosto de 1998, en las antiguas instalaciones del retén del resguardo de rentas departamentales, fueron ubicadas varias personas afectadas por las inundaciones del río Upía (fl. 48 cdno. 3).

3. Análisis y conclusiones.

En primer lugar, es necesario señalar que la Sala dará valor probatorio al documento suscrito entre el señor Juan Donaldo Gámez Cubides y el departamento demandado, toda vez que, a pesar de que es una copia al carbón, las firmas que allí aparecen están en original, tiene un sello de la Intendencia de Casanare, que indica que el original fue firmado por el intendente Fabio Pinilla Castellanos y en su respaldo tiene el sello de la alcaldía municipal de Villanueva Casanare.

Ahora, si bien el demandante indicó en el mencionado documento que donaba a la Intendencia de Casanare —hoy departamento de Casanare— un lote de 285 metros cuadrados ubicado dentro de una finca denominada “La Conquista”, con el fin de que el mencionado ente territorial construyera una caseta en la que funcionaría el puesto del resguardo de rentas departamentales, lo cierto es que dicho convenio no puede considerarse como un contrato de donación, toda vez que no cumple con los requisitos de existencia y validez establecidos en los artículos 1443 y 1457 del Código Civil que establecen:

“ART. 1.443.—La donación entre vivos es una acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta

“ART. 1.457.—Donación de inmuebles. No valdrá la donación entre vivos, de cualquier especie de bienes raíces, sino es otorgada por escritura pública, inscrita en el competente registro de instrumentos públicos.

“Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la misma especie de bienes” (resalta la Sala).

En cuanto a las donaciones sujetas a plazo o condición, el artículo 1460 del Código Civil establece:

“La donación a plazo o bajo condición no producirá efecto alguno, si no constare por escritura privada o pública en que se exprese la condición o plazo; y serán necesarias en ella la escritura pública y la insinuación e inscripción en los mismos términos que para las donaciones de presente”.

De conformidad con las normas transcritas, es claro que el acuerdo celebrado por el señor Juan Donaldo Gámez Cubides y el departamento de Casanare no es un contrato de donación, pues, en primer lugar, la entrega del predio que el actor le hizo al demandado no era irrevocable, por cuanto en el referido documento se estipuló que el demandante podía revocar unilateralmente la donación y recuperar el inmueble, sin contraprestación alguna y sin pagar por las mejoras que se le hubieran hecho, cuando: i) no se destinara para la construcción del puesto de resguardo de rentas departamentales, ii) dejara de funcionar dicho resguardo, iii) los servicios sanitarios que debiera tener ese puesto contaminaran los canales, caños y fuentes de agua de la finca del donante; en segundo término, para que la donación del terreno fuera válida, se debía otorgar escritura pública y registrarse ésta en la respectiva oficina de instrumentos públicos, nada de lo cual ocurrió.

Tampoco puede considerarse que el actor y el demandado celebraron un contrato de arrendamiento, toda vez que no se cumplen los requisitos esenciales de este contrato, en los términos del artículo 1973 del Código Civil(2), habida cuenta que, si bien el señor Juan Donaldo Gámez le concedió al departamento del Casanare el goce del predio donde funcionó el resguardo de rentas departamentales, lo cierto es que no se pactó contraprestación (precio o canon) alguna por ese goce.

No obstante lo anterior, es evidente que el documento suscrito por el señor Juan Donaldo Gámez Cubides y el departamento de Casanare es un contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1495 del Código Civil(3), toda vez que, a través de éste, se establecieron obligaciones para cada una de las partes intervinientes, así: para el actor, la de entregarle al departamento de Casanare el lote ubicado en la finca “La Conquista” y, para el mencionado ente territorial, la de utilizar el referido terreno para construir el puesto de resguardo de rentas departamentales y la de restituir el mencionado inmueble junto con sus mejoras al señor Juan Donaldo Gámez, en el momento en que dejara de funcionar el referido resguardo o cuando, por el funcionamiento de éste, se afectara la hacienda “La Conquista”.

La Sala considera que las estipulaciones establecidas en el contrato suscrito por el señor Juan Donaldo Gámez Cubides y el departamento de Casanare son propias del contrato de comodato o préstamo de uso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2000 del Código Civil, el cual define este contrato como aquél “en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso...”, contrato que “...no se perfecciona sino por la tradición de la cosa”, “...debiendo entenderse éste último vocablo simplemente como su entrega, dado que el comodante no se desprende ni de la propiedad, ni de la posesión, permitiendo únicamente su uso...”(4).

Sobre la naturaleza del contrato de comodato, sus características y las obligaciones que se desprenden para el comodatario y para el comodante, la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos(5):

“...Previa descomposición de la regulación legal del comodato, la doctrina(6) ha deducido las siguientes características: de real, unilateral, gratuito y principal; real: porque si no hay entrega del bien bajo cualquiera de las formas de tradición previstas en los artículos 754 y 756 del Código Civil no puede hablarse de comodato; unilateral: porque una vez se encuentre perfeccionado sólo surgen para el comodatario las obligaciones de conservación y uso del bien de acuerdo con el objeto convenido, y la obligación de restitución surge una vez finalizado el correspondiente plazo contractual; sólo en casos especiales surge para el comodante la obligación de indemnización y de pago de mejoras, que no alcanzan a modificar su unilateralidad; gratuito porque que el uso de la cosa se proporciona sin contraprestación alguna y, por último la característica de principal porque no necesita de otro acto jurídico para existir.

“Dentro de las obligaciones que adquiere (sic) el comodatario, se encuentran, por definición legal, las de conservación de la cosa, de uso con sujeción a lo convenido y de restitución, en torno al bien dado en comodato...”.

En otra oportunidad, la Sala también precisó que:

“...Entre las principales características que identifican el contrato de comodato, se encuentran las siguientes: i) es esencialmente gratuito, es decir que el uso y goce entregado al comodatario no tiene contraprestación, de lo contrario se convertiría en un contrato de arrendamiento; ii) es bilateral, puesto que celebrado surgen obligaciones tanto para el comodante quien debe permitir el uso de la cosa, como para el comodatario, a quien corresponde conservar, usar y restituir el bien al término del contrato; iii) es principal, porque existe por sí mismo sin que requiera de otro acto jurídico...”(7).

De lo dicho hasta acá se colige que mediante el contrato de comodato se traslada el uso y disfrute de un bien, de manera gratuita, con el consiguiente derecho del comodatario que lo recibe de percibir los frutos naturales o civiles que se produzcan y el compromiso de restituirlo al comodante al finalizar su uso o en el plazo y forma convenida. Se trata de un negocio jurídico tipificado y disciplinado en la legislación civil en cuanto a sus elementos, efectos, derechos y obligaciones entre las partes, que tiene por características el ser real (C.C. art. 1500), bilateral (C.C. art. 1496), principal (C.C. art. 1499), nominado, intuitu personae(8) y esencialmente gratuito (C.C. art. 1497) so pena de conversión en otro negocio jurídico(9).

En virtud de este negocio jurídico, surgen las siguientes obligaciones a cargo del comodatario: i) usar la cosa únicamente para el uso convenido o, a falta de éste, para el uso ordinario propio de su clase, so pena de reparar todo perjuicio y restituir en forma inmediata el bien (C.C. art. 2002); ii) emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responder, si el comodato se hubiere acordado en pro del comodatario, hasta de culpa levísima, si lo fuere de ambas partes, de culpa grave y, si del comodante, de culpa lata, por todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa (C.C. arts. 2003 y 2004); iii) responder del caso fortuito, cuando empleó la cosa en un uso indebido o demoró su restitución, a menos que se acredite que el deterioro o pérdida hubiera sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora, así como cuando éste ha sobrevenido por culpa suya, o cuando, en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la propia, prefirió deliberadamente la suya y cuando expresamente se ha hecho responsable del caso fortuito (C.C. art. 2003); y iv) restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o, a falta de convención, después de su uso, restitución que podrá exigirse aún antes de tiempo si muere el comodatario, o le sobreviene al comodante una obligación imprevista y urgente de la cosa, o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa (C.C. art. 2005).

Con las pruebas transcritas, se demuestra que, el 25 de noviembre de 1988, el señor Juan Donaldo Gámez Cubides le entregó de manera real y gratuita al departamento de Casanare un lote ubicado dentro de la finca “La Conquista”, para que éste construyera una caseta para el funcionamiento del puesto de resguardo de rentas departamentales; a su vez, el departamento de Casanare se comprometió a devolver el mencionado inmueble, junto con sus mejoras, una vez dejara de funcionar el referido resguardo o por alguna de las circunstancias establecidas en el referido contrato.

Asimismo, las pruebas muestran que el resguardo de rentas departamentales dejó de funcionar aproximadamente en julio de 1998 y que, posteriormente, el inmueble, por autorización de la administración del municipio de Villanueva, fue ocupado por varias personas que resultaron afectadas por la inundación del río Upía.

Así las cosas, es claro que el departamento de Casanare, en su condición de comodatario, incumplió la obligación de restituir el inmueble al demandante luego de que dejó de funcionar el resguardo de rentas departamentales; sin embargo, también es cierto que el actor no allegó prueba alguna que permita establecer cuáles fueron los perjuicios que se le causaron como consecuencia de dicho incumplimiento y, por el contrario, según el dictamen pericial, la construcción que existe en el predio, avaluada en $25’000.000, no desmejora el valor de la Hacienda “La Conquista”.

Además, el señor Juan Donaldo Gámez Cubides no acreditó el carácter de propietario o de poseedor respecto del inmueble que dio en comodato al departamento demandado, de donde resulta que tampoco se ve, por este aspecto, cómo hubiera podido afectarse con el incumplimiento del departamento, a lo cual se suma que aquél, desde el momento en que dejó de funcionar el resguardo de rentas departamentales o tan pronto se enteró que era ocupado por otras personas, debió solicitarle al departamento de Casanare la restitución inmediata del predio.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia y, en consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 9 de mayo de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción contractual en el año 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado era de $26.390.000.

(2) “ART. 1.973.—El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”.

(3) Artículo 1495 Código Civil “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 15898, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(5) Ibídem.

(6)Cita de la providencia transcrita: “José Alejandro Bonivento Fernández, los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, décima segunda edición actualizada Ediciones Librería el Profesional, Capítulo VIII el comodato, págs. 539 y ss.”.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 30232, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) “Desde el Derecho Romano es conocida la figura del préstamo de uso. Surgía cuando entre amigos o vecinos se entregaba una cosa no consumible para que usaran de ella, a título gratuito, con la obligación de restituirla. Revestía el carácter de ´intuito (sic) personae´. Tanto el Código Napoleónico, como el Código Civil Chileno, (sic) acogieron, en su esencia y forma el comodato tal como lo regló el Derecho Romano. Por su parte, nuestro Código Civil, en su artículo 2200, siguió esa trayectoria definiéndolo como el contrato en que ‘una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo a restituir la misma especie después de terminar el uso’". (Bonivento Fernández, José Alejandro, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, Primera Edición, Librería Stella, 1973, pág. 317).

(9)“Es gratuito. El uso y goce que se proporciona es sin contraprestación. Hay una intención liberal por parte del comodante, que es la parte que se grava. Por eso, la definición de comodato recoge con exactitud esta característica. Si el comodatario por el uso se obliga a una contraprestación desaparece el contrato y se convierte en otro negocio jurídico, de acuerdo con el querer o intención de las partes”. Ibídem, pág. 318.