Sentencia 2000-00186 de abril 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 700012331000200000186 01 (27.186)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Actor: Nurys Esther Llanos de Escorcia

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Asunto: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C ocho de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 3 de septiembre de 2003, en la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha de la presentación de la demanda 17 de febrero de 2000, la cuantía exigida para que un proceso fuera de doble instancia según el Decreto 597 de 1988 era de $26.390.000, y la mayor pretensión individualmente considerada corresponde a $305.725.700. Por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) en favor de la demandante, superando este valor el exigido para que el proceso sea de dos instancias.

2. Aspectos procesales previos

2.1. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante centra sus inconformidades en señalar que la sentencia de primen instancia no reconoció perjuicios materiales a favor de la demandante, sin tener en cuenta que dentro del plenario se demostraron los ingresos percibidos por el señor Escorcia Llanos al momento de su fallecimiento, desconociendo la jurisprudencia de esta corporación la cual ha señalado que los hijos que aún no han conformado su hogar ayudan en la manutención de sus padres. Aunado a lo anterior, la víctima tenía un hermano en condición de discapacidad quien también dependía económicamente d: él, de manera que la presente providencia centrará sus razonamientos sobre el punto señalado por el apelante único.

Al respecto es preciso resaltar que:

“para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”(28), razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: 'tantum devolutum quantum appellatum(29):

Lo anterior, obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(30) de la sentencia como el principio dispositivo(31)(32).

En este sentido la Sala Plena de la corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior, lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(33).

Dicho lo anterior, se itera que el accionante solicita la revocatoria de la sentencia recurrida al considerar que el juez de instancia no reconoció a la demandante perjuicios materiales a quien dependía económicamente del señor Escorcia Llanos, razón por la cual el análisis del caso se circunscribirá únicamente a lo señalado en el escrito contentivo del recurso de apelación.

2.2. Valor probatorio de los documentos en copia simple.

En segundo lugar, es necesario precisar lo concerniente a los documentos aportados en copia simple al proceso por la apoderada de la parte actora.

El precedente jurisprudencial ha señalado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, si se trata de copias, debe observarse lo dispuesto en el artículo 254 del CPC, esto es:

“ART. 254.—(Modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989, artículo 1º. Numeral 117). Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere solo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(34). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 254(35) antes citado.

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional, que el precepto según el cual las copias, para que tengan el valor probatorio del original, tienen que ser autenticadas, es un principio elemental que siempre ha regido los ordenamientos procesales considerando, que la certeza de los hechos que se tratan de demostrar con copias de documentos tiene relación directa con la autenticidad de tales copias.

“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(36).

Adviértase, entonces, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de su función guardadora de la supremacía de la Constitución, mediante sentencia en cita, sostuvo que una cosa es la primacía del derecho sustancial, principio contenido en el artículo 228 de la Carta Magna, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que conllevan el nacimiento, modificación o extinción de los derechos reconocidos en la ley sustancial, de manera que concibió la autenticidad de las copias, para reconocerle el mismo valor jurídico del original, el desarrollo de los derechos sustanciales, por cuanto cumple la finalidad de rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos.

“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, ‘prevalecerá el derecho sustancial’. Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ‘el mismo valor probatorio del original’ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de esta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí”(37).

Del mismo modo, aseveró el máximo Tribunal de lo constitucional que la exigencia de pruebas dentro del proceso judicial no es incompatible con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior, por el contrario, encontró que la exigencia de pruebas, presente en todos los ordenamientos jurídicos, son una forma para conseguir la seguridad en las relaciones jurídicas.

No obstante, es igualmente importante prever que la jurisprudencia ha establecido excepciones a las reglas probatorias anteriormente anotadas, las cuales se han circunscrito, principalmente, a las pruebas documentales trasladadas de procesos diferentes al contencioso, a aquellas que provienen de la entidad demandada y las que han obrado a lo largo del plenario o han sido coadyuvadas por la parte contra quien se aducen, por cuanto se presume el pleno conocimiento de la prueba en la parte contraria y la posibilidad de controvertirla o, incluso, de alegarla a su favor. Lo anterior, atendiendo el principio de lealtad procesal.

Al respecto se ha dicho:

“Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso(38)”:

Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección C, en aras de respetar él principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal(39), reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la Nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(40).

Este pronunciamiento se fundamentó en el citado precedente:

“De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorado como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda(41).

Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedece, entre otras, a la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de la copias, según la cual se presume que éstas tienen el mismo valor del original siempre que no hayan sido tachadas de falsas.

Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto-Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex especialis(42), como así se reiteró por la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación en reciente pronunciamiento del 28 de agosto de 2013, el cual al referirse al valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, entre otras señaló:

“Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultra actividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutica de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C (sic) de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar(43)”.

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja —en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o Subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itere, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—(44).

En el caso de autos, se aportaron al plenario los siguientes documentos en copia simple el Formato Nacional de Acta de levantamiento de Cadáver del Instituto de Medicina Legal correspondiente a José Antonio Escorcia Llanos de fecha 18 de febrero de 1998 a las 6 - 6:30 a.m. aprox., el protocolo de necropsia practicado a José Antonio Escorcia Llanos, el 18 de febrero de 1998 a las 18:30 y artículos de prensa de diferentes diarios. Siendo pertinente indicar, que dichos documentos no fueron desconocidos, ni mucho menos tachados de falsos, constituyendo tal circunstancia en una manifestación de la intención que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

De manera que, en concordancia con lo expuesto párrafos atrás, la Sala observa que el medio probatorio así presentado ha obrado a lo largo del proceso sin que haya sido objeto de tacha por parte de las entidades demandadas.

Por los argumentos expuestos se valorarán los mencionados documentos, conforme a los rigores legales vigentes en la materia(45).

2.3 Valoración probatoria de los documentos allegados extemporáneamente

La Sala no valorará los documentos y los testimonios del proceso penal aportados con los alegatos de conclusión por la parte demandante que no fueron ratificados en el proceso contencioso, los cuales no cumplieron con el requisito exigido en el artículo 183 y 229 del CPC y en artículo 212 del CCA Los cuales se enuncian asi:

1. Copia simple del Oficio 0091 del 18 de febrero de 1997 del departamento de Policía de Sucre - Unidad de Policía Judicial e Investigación, por medio del cual se deja a disposición 12 personas, armamento, munición, explosivos, tres vehículos, una motocicleta, material de intendencia y documentación. (fls. 151 a 153, cdno. 1)

2. Copia simple de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado el 31 de julio de 2001, en la cual se condena a los señores Cristian Alberto Hoyos Torres, Bernardo Banquez Estremos, José Dadei Gonzales Castró y Nelson Antonio Roncancio por el homicidio agravado el patrullero de la Policía José Antonio Escorcia Llanos. (fls.155 a 303 cdno. 1)

3. Declaración rendida por el Teniente Coronel José Edgar Herrera Betancourt en la Subcomisión de fiscales delegados ante los jueces regionales de Barranquilla, quien narró lo ocurrido el día de la muerte de José Antonio Escorcia Llanos. (fls. 142 a 146, cdno. 1)

4. Testimonio del Teniente Coronel Marcial Santander Morales en la Subcomisión de fiscales delegados ante los Jueces Regionales de Barranquilla, sobre lo ocurrido el día de la muerte de José Antonio Escorcia Llanos. (fls.147 a 150, cdno. 1)

De esta manera, la Sala valorará en esta instancia las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo, conforme a los fundamentos señalados en aras de dar prevalencia a los principios de lealtad procedal y debido proceso.

2.4. Recortes de prensa.

Así mismo, junto con la demanda, la parte actora allegó copia simple de unos recortes de prensa que indicó correspondían a los diarios El Tiempo Caribe, El Meridiano, y El Universal (fls. 17 y 21, cdno. 1). De igual forma, la parte demandada al remitir el expediente prestacional del patrullero José Antonio Escorcia Llanos, adjuntó una serie de copias correspondientes a artículos de prensa sobre la noticia criminis a folios 71 a 79, cuaderno. 1.

La Sala Plena de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012(46) ha señalado que estos medios probatorios pueden ser considerados prueba documental, como textualmente se dijo “te publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental”(47)(48).

Sin embargo, la misma providencia indicó que:

“(...) en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(49) (...).

(...) Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como Indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos (...)”. (resaltado por la Sala)

Con fundamento en la anterior posición actual de esta corporación, es viable la valoración de dicha prueba pero en concurrencia con otras para construir la ocurrencia de los hechos, razón por la cual los recortes de periódicos serán valorados junto con todo el acervo probatorio, para así constatar la certeza de los hechos objeto del presente litigio.

3. Del acervo probatorio.

Dentro del expediente, obran las siguientes pruebas:

1. Certificación auténtica de la Notaría cuarta del círculo de notaria de Barranquilla donde hace constar que José Antonio Escorcia Llanos, es hijo de José De Los Reyes Escorcia Villamil y de Nurys Esther Llanos Lara, quien nació el 25 de noviembre de 1976. (fI.12, cdno.1)

2. Certificación original del 3 de febrero de 1998 expedida por el notario público único del círculo de San Onofre, donde hace constar que en sus libros reposa la inscripción del registro civil defunción de José Antonio Escorcia Llanos (fls. 23 y 88, cdno. 1).

3. Copia simple del formato nacional de acta de levantamiento de cadáver del Instituto de Medicina Legal correspondiente a José Antonio Escorcia Llanos de fecha 18 de febrero de 1998 a las 6 - 6:30 a.m. aprox. y la cual refiere:

“Descripción del lugar del hecho: Finca “El Oriente, corregimiento El Pajonal, Municipio de San Onofre aprox. A 300 Mts de la entrada principal de la mencionada finca.

(...)

Descripción de heridas: Orificio de bordes irregulares, altura del torax lado derecho, orificio de bordes irregulares Roy Hioidea lado Izd, 2 orificios de bordes irreg. Mano izquierda lado interno y ext.

7. Muerte violenta por: (...)

Arma de fuego X

Se recupera arma X

Exámenes sugeridos: Necropsia” (fls. 13 y 80, cdno. 1)

4. Copia auténtica del certificado de defunción A 045092 de José Antonio Escorcia Llanos de fecha 18 de febrero de 1998, donde se consigna que la muerte del citado fue violenta. (fI. 87, cdno 1)

5. Copia simple del protocolo de necropsia practicado a José Antonio Escorcia Llanos, el 18 de febrero de 1998 a las 18:30, así:

“Conclusión: El deceso de quien en vida respondía al nombre de José Antonio Escoricia (sic) Llanos, fue consecuencia natural y directa de Choque traumático debido a heridas de tráquea, Hígado y óseas debido A Heridas por proyectil de arma de fuego de carga única y alta velocidad y elemento explosivo.

Por los cambios posmorten a la hora de la necropsia (12-02-98, a las 18:30 horas), el deceso pudo ocurrir mas (sic) de 12 horas antes y menos de 24 antes, considerando que por las condiciones climáticas de la zona caliente. Los procesos de descomposición son mas (sic) rápidos.

Por el aspecto macroscópico (sic) de las vísceras se conceptua (sic) una esperanza de vida de 46 años más (sic).

(...) (fls. 14 a 16, cdno.1).

6. Copia simple de artículos de prensa de diferentes diarios de circulación local, los cuales al unísono dan cuenta que el día 18 de febrero de 1998 hubo un enfrentamiento en la Finca la Libanesa en donde resultó muerto el patrullero José Antonio Escorcia Llanos (fls. 17 a 21 y 71 a 79, cdno. 1)

7. Copia auténtica del expediente prestacional de José Antonio Escorcia Llanos (Fls. 54 a 103, cdno. 1), de donde se destacan los siguientes documentos:

a. Copia auténtica del oficio No. 0276 del 19 de febrero de 1998, mediante el cual se remite el informe policial sobre los hechos sucedidos el día 180298, en la finca La Libanesa corregimiento de Pajonal - municipio de San Onofre (Fls.55 a 70, cdno. 1), al respecto se dijo:

“(...) III Planeamiento de operación

A. Actividades de Inteligencia

La Sección de Inteligencia del departamento venía recopilando información suministrada por moradores de la región ya que estos sujetos venían realizando continuos secuestros, atracos, extorsiones en el municipio de San Onofre.

B. Reconocimientos Efectuados

Antes de la operación se hicieron los reconocimientos del área por parte de la Sección de Inteligencia.

C. Ante órdenes

Se impartieron las órdenes correspondientes a las Contraguerrillas y la (sic) Comando de la Estación San Onofre.

D. Plan de operaciones

Se elaboró el Plan de operaciones para someter a los delincuentes.

E. Órdenes y disposiciones emitidas

1. Misión

Lograr la captura de los delincuentes y conservar la vida e integridad de nuestros hombres

2. Medidas de contra inteligencia asumidas por la sección de inteligencia

3. Concepto de la operación

Sometimiento del grupo armado ilegal a las autoridades

4. Mando

A cargo del señor Subcomandante de la Unidad TC. José Edgar Herrera Betancourth

5. Comunicaciones

Se debía mantener comunicación con la estación 100 y punto a punto con el fin de solicitar apoyo y coordinar las operaciones en el sitio.

Se portaban seis (6) celulares entre los cuadros de mando, los cuales no cumplieron los objetivos por lo difícil de la comunicación en la zona.

IV. Desarrollo de la operación

A. Movimiento de aproximación

Se detectó el grupo de delincuentes aproximadamente a las 14:00 horas del día 17-02-98 en la finca La Libanesa corregimiento de Pajonal jurisdicción del municipio de San Onofre.

B. Desarrollo de las operaciones.

El día 18-02-98, se inició la operación organizando tres grupos de trabajo en la base del departamento, un grupo al mando del señor subcomandante del departamento TC José Edgar Herrera Betancourth, el segundo al mando del señor Comandante Operativo TC. Marcial Santander Morales y el tercero, al mando del señor Comandante del Tercer Distrito Tolú MY. Sanchez Caicedo Jorge; el primero con una contraguerrilla y personal de inteligencia, responsable del cubrimiento del la (sic) área izquierda del objetivo; el segundo con una contraguerrilla responsables del cubrimiento del frente del objetivo; la tercera responsable del cubrimiento del área derecha y parte posterior.

Una vez asignadas las misiones se procedió al desplazamiento al objetivo llegando en los vehículos, adelante del corregimiento de pajonal, partiendo allí cada uno de los grupos por diferentes zonas para hacer la congregación final y dar el golpe de mano a las 05:00 horas en forma simultánea; tan pronto se llego (sic) a la zona aledaña al objetivo los perros detectaron la presencia policial, lo que alerto (sic) a los sujetos escuchándose por parte de ellos las primeras ráfagas, consultadas las novedades de personal por radio el Suboficial reemplazante de la contra guerrilla del segundo grupo reportó la muerte del PT. Escorcia Llanos José Antonio, ante lo cual se dispuso la organización de tres grupos de asalto que simultáneamente tomarían el control de las dos casas que le servían de refugio a los sujetos, pero fueron repelidos en varias ocasiones con armamento semipesado, granadas, bombas caseras.

A las 07:30 horas, fue posible contacto radial con el señor comandante del departamento, a quien se le reportó las novedades y a su vez dispuso la llegada de los apoyo (sic) al objetivo, llegando más tarde al mando de cuatro (4) suboficiales, ocho (8) suboficiales y 40 patrulleros. Asumiendo el mando de las actividades con la finalidad de lograr la rendición de los sujetos. Siendo las 10:30 horas, y ante el agotamiento de las armas de apoyo se hizo necesario recurrir al batallón de Infantería de Marina 5º quienes efectivamente apoyaron la operación, logrando la penetración a las dos casas y la rendición del enemigo.

V. Resultados de la operación

1. Bajas del contrario

Se logro (sic) dar de baja a cuatro (4) sujetos NN, en el área del combate (...)

2. Heridos del contrario

Dos sujetos.

(...)

1. Capturas

10 Sujetos y dos mujeres

2. Bajas propias

PT Escorcia Llanos José Antonio

Heridos propios

PT Pérez Robles Ricardo José

(...)

VI. Análisis de la operación

A. Medidas Preparatorias

1. Inteligencia

Con suficiente anterioridad se hizo un análisis relacionado con el grupo en si sus actuaciones, sus formas de actuar, sus componentes, el área de operaciones y el tipo aproximado de armamento, permitiendo planear eficientemente la operación.

2. Ante órdenes

El comandante del departamento, dispuso las actividades de inteligencia correspondientes para la detección del grupo.

En reunión con el subcomando y comando operativo, impartió las órdenes correspondientes el tipo de operación, personal a utilizar, vehículos y armamento adecuado.

(...)

F. Comportamiento individual y de grupo

Propias tropas aciertos

1. Moral

La moral siempre se mantuvo en alto, a pesar de la buena dotación de armamento y munición con la que contaba el enemigo y no obstante el fallecimiento del patrullero desde los primeros momentos de iniciada la operación.

(...)

2. Nivel de entrenamiento

Optimo, por cuanto hace poco tiempo recibieron entrenamiento por parte del Copes de Bogotá.

(...)

VII. Conclusiones y enseñanzas.

A. Propias tropas

1. Aciertos

(...)

El apoyo rápido y oportuno propias tropas

(...)

Apoyo oportuno de dos helicópteros del servicio aéreo policial.

(...)

Apoyo de la infantería de Marina.

2. Desaciertos

La muerte de un patrullero y otro herido

Falta de armamento de apoyo, que alargó el procedimiento policial.

B. Contrario

1. Aciertos

Dar muerte y herir un patrullero

El material de guerra ya la gran cantidad de munición logro (sic) mantener por 6 horas el combate

La combatividad de los delincuentes debido a la presencia en sus filas de un exoficial del Ejército.

VIII. Recomendaciones

(...)

C. Planear el servicio policial, con el fin de evitar la improvisación y los resultados nefastos que de esta se desprenden.

D. Impartir instrucciones a todo el personal de la Policía Nacional, a través de academias sobre documentos emitidos por el mando institucional, y cuyo contenido esté orientado a concientizar y preparar táctica y psicológicamente el recurso humano para enfrentar con éxito al enemigo o por lo menos para obstaculizar su accionar”. (fls. 53 a 70, cdno. 1)

b. Copia auténtica del informe administrativo por muerte y lesiones 078 del 4 de marzo de 1998 (fls.98 ay (sic) 99, cdno 1), así:

“1(...)

Fallecido:

PT. Escorcia Llanos José Antonio 72231124 de Barranquilla (AtI.)

(...)

Calificación:

“Muerte en actos especiales del servicio”, como lo consagra el artículo 70 del Decreto 1091 del 270695 ‘Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995’” (Fls. 98 y 99, cdno. 1)

8. Oficio original suscrito por el TC Luis Contento Torres - Comandante Departamento Policía de Sucre y dirigido a la Dra. Alba Luz Fruto Pertuz, en respuesta a la solicitud de información que esta hiciera frente a los hechos ocurridos al agente Escorcia, frente a lo cual precisó:

“(...) El policial laboró en la institución hasta el día 180298 fecha en la que falleció en enfrentamiento armado en hechos ocurridos en la finca la Libanesa, corregimiento de Pajonal municipio de San Onofre. Según acta de levantamiento de cadáver practicada por la inspección central del municipio de San Onofre la muerte se produjo entre 06:00 a 06:30 horas de 18-02-98.

El fallecido se desempeñaba como agente de vigilancia, encontrándose adscrito a la unidad de reacción del departamento de Policía de Sucre con jurisdicción sobre todo-el departamento de Policía de Sucre.

Según anotación que aparece en la minuta de información que se lleva en la guardia del departamento aparece registrada anotación de salida a las 02:50 horas del día 180298, bajo el mando del señor Teniente Coronel José Edgar Herrera Betancourt, Subcomandante del Departamento.

(...)

Siendo aproximadamente las 05:00 notes se dio inicio al operativo”. (fI. 22, cdno 1).

9. Oficio original 701 de fecha 6 de septiembre de 2001 suscrito por el Comandante Departamento de Policial Sucre, por el cual da respuesta a solicitud efectuada por el Secretario del Tribunal Administrativo de Sucre, de la siguiente manera:

“1. Que revisados los libros radicadores de acciones disciplinarias que adelantan en el Departamento de Policía Sucre, no se encontraron antecedentes sobre investigación disciplinaria con motivo de los hechos ocurridos el día 18-02-98 en el municipio de San Onofre finca Libanesa

2. Adjunto al presente envio (sic) fotocopia del informe prestacional radicado bajo el 078 seguido con ocasión al fortalecimiento del patrullero Escorcia Llanos José Antonio y lesiones sufridas por otro personal de la institución en los hechos ocurridos el día 18-02-98 en la finca la Libanesa jurisdicción del municipio de San Onofre.

Anexo Expediente prestacional en (50) folios útiles (sic) y escritos”. (FI. 53, cdno. 1).

10. Copia auténtica de oficio donde consta que el Patrullero Escorcia Llanos José Antonio, de estado civil soltero, retirado por muerte en servicio activo, devengó como último salario la siguiente suma (fl. 119, cdno. 1):

“DescripciónPorcentajeValor
Sueldo Básico
Prima de Orden público
Partida de alimentación
Subsidio de alimentación
Prima del nivel ejecutivo
Total devengado
 480,149.00
15%72.022.35
  
 17.603.00
20.00%96.929.00
  
665.804.15
Prima de Navidad 665.804.15”

 

11. Declaración de fecha 8 de noviembre de 2001 rendida por el Agente Ricardo José Pérez Robles, en la que relata frente a los hechos acaecidos el 18 de febrero 1998 (fls. 107 a 110, cdno. 1), lo siguiente:

“Contestó: Para esa fecha se produjo un enfrentamiento contra grupos al margen de la Ley, al parecer autodefensas. Bueno durante el enfrentamiento resultó muerto el patrullero Escorcia y herido el agente Ricardo Pérez Robles. El enfrentamiento se produjo aproximadamente a las 5:00 de la mañana en la finca Libanesa, corregimiento de Pajonal. Lo anterior, se prolongó hasta las 11.30 de la mañana. En el enfrentamiento se dieron de baja a 4 sujetos, se capturaron a 12 más, se recuperó armamento, vehículos, propaganda alusiva a las autodefensas. En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a la apoderada presente quien hace uso de ella y formula la o las siguientes preguntas. Preguntado. Díga (sic) el declarante si al producirse el enfrentamiento con el grupo al margen de la ley, usted hacía parte del grupo donde estaba el Agente Escorcia Llanos. Contesto: Sí yo hacía parte del grupo, para esa fecha era el segundo grupo de acción rural. Preguntado. Oiga el declarante si la entidad o Policía Nacional, les suministró el armamento necesario para el ataque que iban a realizar. Contesto: Para el respectivo operativo a cada unidad se le asigna su armamento de dotación. En el caso nuestro se nos dotaba de un fusil Galil y para el grupo se nos dotaba de un arma de apoyo, específicamente M-60 y demás elementos como granadas de mano y fusil. Preguntado. Diga el declarante de acuerdo a su respuesta anterior si ese día al Grupo en donde usted y el Agente Escorcia Llanos le fue dado el armamento de apoyo. CONTESTO: Para esa fecha el Grupo si contaba con esa arma de apoyo y demás armamentos de dotación para el grupo. Ese día el grupo sí fue con el arma de apoyo, de pronto para mayor operatividad pudieron necesitarse más. Preguntado: Cuántos grupos se conformó el pelotón que hizo enfrentamiento al grupo armado. Contesto: Para el dispositivo se utilizó el segundo grupo y como apoyo se reforzaron con Agentes de la Sijin. La cantidad no se claramente cuantos fuimos al operativo por lo que los grupos fueron divididos y cada quien tenía su frente de ataque. Preguntado: De acuerdo con lo dicho anteriormente, dígame claramente con cuántos grupos de apoyo contó el operativo y según tu experiencia policial cuantos se necesitaban para esa operación. Contesto: Hasta tener conocimiento se contaba con el segundo grupo y otro grupo que se formaron con personal de la Sijin y personal disponible aproximadamente fuimos tres grupos. De pronto para el dispositivo por lo que el enemigo estaba bien preparado se ha podido incrementar más los grupos y llevar o aumentar el número de armamento de apoyo. Preguntado: El segundo grupo de apoyo al cual usted pertenecía contaba con armamento de apoyo. Contesto: El segundo grupo como dotación tenía un arma de apoyo no más y en el dispositivo fue utilizada en un solo frente dejando un frente sin arma de apoyo en el momento del combate, quedando el frente más golpeado que era el de nosotros, sin arma de apoyo...”

12. Declaración rendida por el Agente José Gregario Redondo Ramos el 8 de noviembre de 2001, quien sobre los hechos manifestó lo siguiente (fls. 112 a 114, cdno 1):

“Preguntado: De conformidad con su respuesta anterior el testigo ilustrará al despacho con circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre todo lo que sepa o recuerde del enfrentamiento del 18 de febrero de 1998. Contesto: El 17 de febrero nos informaron a las 18:00 botes que estuviéramos preparados, que íbamos a hacer un operativo, no nos dijeron ni a qué hora ni nada nos dijeron que nos acostáramos a dormir y que ellos nos levantaban. A las 2:00 de la mañana del 18 nos formaron y nos dijeron que íbamos a hacer un operativo que al parecer era con un grupo de Paramilitares que se encontraban en la finca que no recuerdo el nombre. Como a las 3 y media de la madrugada salimos a realizar el operativo y nos dijeron que quedaba más allá del Pajonal que fuéramos atentos a todo lo que se moviera porque allí había presencia de paramilitares o guerrilla. Llegamos como a las 4.00 a.m. al objetivo, nos repartieron en grupos de 4 para rodear la finca, todos los muchachos ya estábamos allí, creíamos que era guerrilla y no paramilitares cuando comenzaron los ataques como a las 3 y media o 4 y 45 comenzaron los primeros tiroteos. En el grupo donde yo estaba se encontraba el difunto Escorcia, el Agente Pérez y el Cabo Córdoba Palacio. Se informó del tiroteo y nos abrimos como de a 10 o 15 metros cada uno. Hubo intercambio de munición bastante, las armas de apoyo las tenían del otro lado con el teniente que estaba al mando de ese grupo. Cuando escuchamos que el Agente Pérez nos dijo que el Agente Escorcia estaba herido que lo ayudaramos (sic), cuando llegué a donde estaba él ya estaba muerto, no tenía pulso, lo sacamos de ahí y el intercambio de balas se prolongó hasta la una de la tarde. En ese momento también cayó herido el agente Pérez al parecer con una granada de fusil y el refuerzo de nosotros de la infantería llegó como a las 12 o una de la tarde y fue cuando todos los paramilitares se entregaron. De ellos creo que cayeron 4 en el momento del tiroteo nosotros escuchamos que él pidió auxilio y creíamos que era Pedro pero cuando llegamos donde estaba ya era tarde ya estaba muerto. Creo que el difunto Escorcia no alcanzó a disparar más de 10 tiros cuando le cogí el fusil tenía un tiro. (...) Preguntado: Diga el declarante al ser su grupo el que iba comandando la parte de entrada de la finca y ser blanco de subversivos, usted no cree que necesitaba de una estratégia (sic) y más refuerzo de armamento de apoyo. Contesto: Según el lugar donde estábamos necesitábamos más gente pero donde estaba el difunto la única protección que tenía él era un árbol y los demás estábamos tendidos en el suelo, mientras que los subversivos estaban bien ubicados, tenían buen armamento, contaban con bastante munición (...)”.

3. Problema Jurídico

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar sí, como lo afirma la alzada, en el caso del patrullero Escorcia Llanos hay lugar, de acuerdo con el material probatorio, al reconocimiento de los perjuicios materiales (daño emergente - lucro cesante) solicitados en la demanda, o si por el contario, como lo indicó el a quo, no existe soporte documental para efectuar este reconocimiento a su madre.

4. Caso concreto

La parte actora señaló en el recurso de apelación interpuesto que la sentencia del a quo, pecó al realizar una errónea valoración de la prueba, de los hechos, de las normas jurídicas y de los principios del derechos y además guardó silencio sobre aspectos relevantes como los perjuicios materiales lucro cesante - daño emergente, al no establecer el monto de dichos perjuicios, los cuales sí fueron valorados en la sentencia penal en la suma de $137.280.000. Seguidamente, manifestó que igual situación, ocurrió con las costas procesales, las cuales no fueron consideradas de acuerdo con el artículo 171 de la Ley 446 de 1998.

Por lo antes expuesto, solicita el recurrente sea revocado el numeral tercero de la sentencia de primera instancia y en su lugar, se condene en perjuicios materiales (lucro cesante) con sus respectivos intereses del 36% anuales, moratorias y la corrección monetaria según el Dane.

Antes de entrar a resolver el fondo del recurso interpuesto, considera la Sala pertinente aclarar que si bien, el Tribunal profirió su sentencia condenatoria manifestando que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio presunta, también lo es, que analizado el material probatorio y la providencia en cuestión se observa que el fundamento de la falla del servicio no fue la presunta sino la probada, cuya argumentación estuvo sustentada en el estado de indefensión en que se encontraba la víctima, en que no hubo una verdadera estrategia militar por parte de la Policía Nacional, lo cual implicaba contar con personal contraguerrilla experto para estos ataques y la carencia de armamento de apoyo para el manejo y control de la situación, como se desprende de los documentos obrantes en el material probatorio obrante en el plenario, tales como la copia auténtica del Oficio 276 del 19 de febrero de 1998, mediante el cual se remite el informe policial sobre los hechos sucedidos el día 180298, en la Finca La Libanesa corregimiento de Pajonal - Municipio de San Onofre (fls.55 a 70, cdno. 1), declaración de fecha 8 de noviembre de 2001 rendida por el Agente Ricardo José Pérez Robles, en la que relata frente a los hechos acaecidos el 18 de febrero 1998 (fls 107 a 110, cdno. 1) y declaración rendida por el Agente José Gregario Redondo Ramos el 8 de noviembre de 2001, quien igualmente relató lo sucedido el día del operativo en el que resultó muerto Escorcia Llanos (fls. 112 a 114, cdno. 1).

De otra parte, la Sala disiente de la afirmación efectuada por el recurrente en su escrito, en el sentido de que los perjuicios materiales “si fueron valorados en la sentencia penal en la suma de $137.280.000”, pues como se explicó en líneas precedentes la copia simple de piezas del proceso penal aportada por la parte demandante en la instancia de alegatos no será considerada, ni valorada, lo cual constituiría en caso de aceptarse una violación al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción de la contraparte.

Adicionalmente y contario a lo que señaló el recurrente, la Sala considera pertinente enfatizar que el juez de primera instancia si se manifestó frente a los perjuicios materiales.

5. Perjuicios.

5.1 Perjuicios materiales.

Así las cosas y para dilucidar la solicitud efectuada por el apelante, considera la Sala conveniente retomar la noción de perjuicio material. “entendido este como aquellos que recaen sobre cosas materiales que hacen parte del patrimonio de una persona natural o jurídica, como los que alteran la integridad física del ser humano de los animales, deterioran las cosas inanimadas y en general los que producen una modificación en una situación de naturaleza material”(50).

De igual forma, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado frente a las modalidades del perjuicio material —daño emergente y lucro cesante. — consolidado y futuro, lo siguiente:

“(...) Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del C.C, el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro.

“Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”. En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”.

Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; esta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro)(51) (...)”

El Código Civil define en el artículo 1614, los conceptos de daño emergente, como el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento y de igual forma, estableció que el lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.

Este es el fundamento para que quien alegue perjuicios de esta naturaleza, debe demostrar para configurar el daño emergente. La pérdida del elemento patrimonial, los desembolsos o pagos realizados con ocasión al hecho que se le endilga la responsabilidad y/o para que se demuestre el lucro cesante, deberá el perjudicado demostrar la ganancia o provecho que deja de reportarse por el hecho dañoso.

Entendiendo, por lucro cesante consolidado o vencido, como la pérdida de la utilidad o ganancia que una persona afectada por el hecho dañoso experimenta en su patrimonio desde la fecha del insuceso y hasta la sentencia que impone la obligación indemnizatoria y por lucro cesante futuro, aquella pérdida que se sufre entre la fecha del fallo y aquella en la cual finaliza la obligación indemnizatoria, según las condiciones particulares en cada caso, las precisiones legales y la jurisprudencia sobre el asunto(52).

Ahora bien, sobre el lucro cesante futuro, debe aclararse que él no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias sino que, por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso en concreto(53), de manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso(54).

Ahora bien, circunscribiendo el análisis a lo planteado en el recurso de apelación y de acuerdo con el material probatorio oportuno y legalmente aportado al proceso, debe la Sala determinar si hay lugar o no al reconocimiento de los perjuicios materiales, económicos o patrimoniales alegados por el recurrente, así:

5.1.1. Daño Emergente

Frente al daño emergente, se hace necesario indicar que revisados los documentos que reposan en el plenario no se encontró prueba que demostrara, pagos o desembolsos y que por lo tanto, configurara una pérdida generada por los hechos demandados, tal y como lo preceptúa la ley. Razón potísima por la cual, la Sala confirmará la negativa de conceder este perjuicio efectuada por el a quo.

5.1.2 Lucro cesante.

Con relación al lucro cesante, es dable precisar que la parte demandante amplió el escrito de sustentación del recurso de apelación, donde manifestó que en el expediente existen pruebas que el hermano del fallecido padece síndrome de down y dependía económicamente de él, apoyándose en la jurisprudencia de esta corporación referente a la indemnización de los padres derivada de la muerte de sus hijos. Revisado el material probatorio obrante, la Sala no encuentra prueba alguna del parentesco del presunto hermano de la víctima, ni de la discapacidad del hermano del occiso, mucho menos de la dependencia económica, y tampoco el supuesto hermano se constituyó en parte en el presente proceso. Conforme lo anterior, la Sala no reconocerá al presunto hermano de la víctima, valor alguno por este concepto.

Así las cosas, esta corporación reitera la jurisprudencia que sobre el tema ha admitido la posibilidad de reconocimiento de perjuicios a título de lucro cesante a favor de los padres por los perjuicios derivados de la muerte de sus hijos, en los casos, que estos sean menores de 25 años, momento en que se presume que estos han formado su propia familia. Sin embargo, esta es una presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada. En consecuencia y pese a superar la edad antes citada, ese auxilio podrá permanecer en el tiempo en el evento en que se constate que es procedente su indemnización, tal y como se señala:

“(...) En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimientos de éstos, la privación de ésta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único (...)(55)”.

Esto no quiere decir, que en todos los eventos en los cuales los padres reciban una ayuda económica de su hijo fallecido, indefectiblemente proceda la indemnización por lucro cesante, debido a que es necesario para que esta se configure, examinar o estudiar, las circunstancias particulares que rodean cada caso, tales como revisar la situación económica de los padres, la existencia de más hermanos que pueden velar por el sustento de sus progenitores o la propia vida familiar y conyugal del hijo fallecido, escenario que modificaría las condiciones del apoyo en el tiempo.

Por lo antes expuesto, la Sala procederá a realizar la liquidación de perjuicios por el lucro cesante consolidado y futuro sufrido por la sellara Nurys Esther Llanos de Escorcia ocasionado por la muerte de su hijo José Antonio Escorcia Llanos, tal y como se enuncia a continuación:

La Sala advierte que debido a que este perjuicio no fue desvirtuado por la parte demandada procederá al reconocimiento del lucro cesante solicitado por la parte demandante al acreditar que José Antonio Escorcia Llanos, nació el 25 de noviembre de 1976 y en cuanto al ingreso base para llevar a cabo la liquidación del lucro cesante a favor de su madre, en el expediente obra prueba acerca del monto exacto de los ingresos que este percibía mensualmente como agente de la Policía Nacional, los cuales correspondían a la suma de $665.804,15, monto que se actualizará a la fecha en la cual se profiere la presente sentencia(56).

Actualización de la renta:

cabezon

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta histórica, el último salario mensual devengado por la víctima, $665.804.15
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 115,71 que es el correspondiente a marzo de 2014.
(ipc) (i)=Es el índice de precios al consumidor incial, es decir, 90,09 que es el correspondiente al mes de febrero de 1998.

 

cabezon2
 

 

A dicho monto se le suma el 25%, por concepto de prestaciones sociales quedando la suma de $1.068.933,81. En cuanto al porcentaje que de sus ingresos dedicaba el occiso a gastos personales y familiares, no hay prueba que permita deducirlo; por lo tanto, es necesario aplicar las reglas de la experiencia(57), según las cuales no es posible afirmar que la víctima destinaba todos sus ingresos al mantenimiento de su familia, pues el sentido común indica que debía dedicar algún porcentaje de ellos a la propia subsistencia, el cual es estimado por la Sala, cuando menos, en un 25%. Entonces, a la renta actualizada se le descontará el 25%, correspondiente al valor aproximado que el Patrullero José Antonio Escorcia Llanos debía destinar para su propio sostenimiento, quedando la base de la liquidación en la suma de $801.700,36

El 100% de este valor se reconocerá a la mamá Nurys Esther Llanos de Escorcia como límite temporal se tendrá en cuenta, respecto del hijo, la fecha en la cual éste cumpliría 25 años de edad, es decir hasta el 25 de noviembre de 2001, en tanto que las reglas de la experiencia indican que ese sería el momento aproximado en el cual aquel conformaría su propia familia, es decir, se emanciparía del seno familiar y, por lo tanto, dejaría de proporcionar la ayuda económica a su madre.

Con base en lo anterior, se tasará la indemnización debida o consolidada, que abarca el lapso transcurrido desde la época de los hechos, y hasta los 25 años de su hijo José Antonio.

Para Nurys Esther Llanos de Escorcia (Madre)

- Cálculo de la indemnización

cabezon3
 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
RA=Renta actualizada, es decir, $801.700,36.
i=Tasa mensual de Interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurrido desde el momento del daño —28 de febrero de 1998— hasta la fecha en que cumplía José Antonio los 25 años, estos son, 45.13 meses.
1=Es una constante.

 

cabezon4
 

S= $ 40.352583,23

Por lo expuesto, procederá esta Sala a modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre del 3 de septiembre de 2003, en lo concerniente al reconocimiento del lucro cesante a favor de la señora Nurys Esther Llanos de Escorcia.

5.2. Perjuicios morales.

Ha sido la postura de la corporación, que establecido el parentesco con correspondientes registros civiles, se dé por probado el perjuicio moral con ocasión de la muerte de un hijo, esposo, padre o hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el óbito de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad. En efecto, científicamente, ese tipo de pérdidas es conocida como duelo, que se caracteriza por tener un componente de aflicción o dolor. Las reglas de la experiencia y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Así las cosas, cuando la demandada no desvirtúa la presunción de la aflicción causada a los demandantes por la pérdida de su cónyuge, padre, hijo o hermano, pariente en primer y segundo grado de consanguinidad, la Sala da por probado el daño moral con fundamento en la presunción judicial que constituye un razonamiento basado en la lógica y la experiencia, por ello no se puede confundir con el indicio ya que este es un hecho, ni con ningún otro medio de prueba(58).

Así las cosas, en el plenario reposa certificación auténtica de la Notaría Cuarta del Círculo de Notaria de Barranquilla donde consta que Nurys Esther Llanos es la madre de José Antonio Escorcia Llanos. (fI.12, cdno. 1)

Por lo antes referido, la Sala procederá a confirmar la condena impuesta por el Tribunal a la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por concepto de perjuicios morales en la suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Nurys Esther Llanos de Escorcia.

6. Costas.

Indica el recurrente que el juez de primera instancia, no se pronunció sobre las costas procesales, las cuales no fueron consideradas de acuerdo con el artículo 171 de la Ley 446 de 1998.

Al respecto, considera la Sala hacer claridad sobre la condena en costas, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, el cual reza:

“Condena en costas, En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

Por lo antes señalado, es potestad del juez condenar o no a la parte vencida en el proceso, incidente o recurso, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección C, administrando justicia en nombre dela República y por autoridad de la ley.

FALLA:

MODIFÍQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre del 3 de septiembre de 2003, la cual quedará así:

1. DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Departamento de Policía Sucre, por la muerte del agente del agente José Antonio Escorcia Llanos.

2. CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Departamento de Policía Sucre a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de Cuarenta millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y tres pesos con veintitrés centavos ($40.352.583,23 ) a favor de señora Nurys Esther Llanos De Escorcia.

3. CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes a la señora Nurys Esther Llanos de Escorcia.

4. NIEGASE las restantes súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.

7. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia y expídase copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

(28) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1º de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 32800. “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(29) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.

(30) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala,

mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(31) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo 1, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.

(32) Consejo de Estado - Sección Tercera -Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012. Exp. 21.060.

(33) Consejo de Estado - Sala Plana de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp 21060.

(34) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 26.225.

(35) “(...) Ia exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos (...)” " Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(36) Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 23 de 11 de febrero de 1998.

(37) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 23 de 11 de febrero de 1998.

(38) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 0'1250.

(39) “(...) La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.

La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. (... ) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso... En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el art. 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el art. 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. e) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba Joan Pico I Junoy. El Principio de la Buena Fe Procesal. Ed. J.M. Bosch. Págs. 152 a 157.

(40) Consejo de Estado. Sentencia de 18 de julio de 2012. EXD. 22.417 M.P. Enrique Gil Botero.

(41) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Rad. 1999-01250.

(42) Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.

(43) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 1999- 01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

“En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 22.8 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda”.

De igual forma, se pueden consultar la sentencia de 7 de marzo de 2011, Exp. 20171, M.P. Enrique Gil Botero, oportunidad en la que se precisó: “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que

si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso subexamine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la.demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá salvo prueba en contrario que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron llegados al proceso”.

(44) Consejo de Estado. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 25022. M.P: Enrique Gil Botero.

(45) La valoración probatoria es la actividad intelectual desplegada por el juzgador frente a los medios probatorios, para establecer la fuerza de convicción o de certeza que representan cada uno de ellos dentro de determinado proceso. Para el desarrollo de la apreciación de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción 45, el sistema de la tarifa legal o prueba tasada 45 y el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano que dispone en su artículo 187 que el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana critica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia (...) Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, además, el análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando sólo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso. Consejo de Estado, sentencia de 6 de marzo de 2013, Exp. 24884.

(46) Radicación 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI).

(47) Esta Corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener “(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias sentencia de 27 de junio de 1996, expediente: 9255; sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente: 13338; sentencia de 10 de noviembre de 2000, expediente: 18298: sentencia de 25 de enero de 2001, expediente: 3122, sentencia de 31 de enero de 2011 expediente: 17842, entre otras.

(48) El artículo 251 del CPC dispone que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

(49) En sentencias de 15 de junio de 2000 y de 25 de enero de 2001, al igual que en auto de noviembre diez de 2000, según radicaciones 13338, 11413 Y 8298, respectivamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, expuso una tesis según la cual una versión periodística aportada al proceso solo prueba que la noticia apareció publicada en el respectivo medio de comunicación.

(50) La responsabilidad extracontractual del Estado - Segunda Edición- Álvaro Bustamante Ledesma -Ed. Leyer- Pág. 289.

(51) Consejo de estado, sección tercera. Auto del 3 de marzo de 2010. Radicación 25000-23- 26-000-2006-02068-01 (37763). Consejero ponente: Mauricio Fajardo Górnez.

(52) Cavalieri Filho, Sergio, Programa de responsabilidad e civil, 6a edic., Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97.

(53) Trigo Represas, Felix A., Lopez Mesa, Marcelo J., Tratado de la Responsabilidad Civil- Cuantificación del daño, edic. Fedye, edición 2008, pág. 82, con fundamento en la Decisión del Tribunal supremo de España, Sala 1a, 30/11/93.

(54) Obra ibídem. pág. 83.

(55) Consejo de Estado, sección tercera. Fallo del 9 de junio de 2005. Radicación 73001-23- 31-000-1996-03715-01(15129). Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

(56) Certificado del último salario devengado por el Patrullero Escorcia Llanos, fl 119, cuaderno. 1.

(57) Consejo de Estado, SCA., Sección Tercera, sentencia de julio 6 de 2005, Expediente 13406, CP Alier Hernández, entre otras.

(58) Consejo de Estado, sentencia de 4 de octubre de 2007, Exp. 6.058.