Sentencia 2000-00194/34172 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp. 34172

Rad.: 050012331000200000194001

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: César Augusto Villada Cifuentes y otros

Demandados: Municipio de Girardota

Acción: Reparación Directa

Temas: Falla del servicio. Mantenimiento vial. Omisión. La imputación del daño requiere demostración de que fue consecuencia directa del mal estado de la vía. / Actividad riesgosa de conducción de motocicletas requiere licencia.

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Jurisdicción y competencia.

Es esta jurisdicción la llamada a resolver la controversia, en atención al carácter público de la demandada(2).

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la cuantía del asunto y su vocación de doble instancia, en consideración a que el monto de la pretensión mayor(3) supera la suma de $ 130.050.000, equivalente a 500 salarios mínimos del daño 2000(4), que era la cuantía mínima para que el asunto fuera conocido de primera instancia por los Tribunales Administrativos en vigencia de la Ley 446 de 1998(5).

1.2. Acción procedente.

El Código Contencioso Administrativo prevé diferentes mecanismos procesales a los que pueden acudir los administrados, con el fin de llevar ante los jueces los conflictos que se suscitan entre ellos y la administración pública.

En los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la acción procedente para deprecar en sede judicial la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y la correspondiente reparación de perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación administrativa, imputables a la administración pública, así como por la ocupación temporal o permanente de un inmueble, es la de reparación directa.

Por ende, como en el presente caso se pretende obtener la reparación de un daño presuntamente causado por una omisión de la administración, es la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 ibídem la idónea reclamar la indemnización de perjuicios derivados de esta.

1.3. Legitimación en la causa de los extremos de la litis. 

1.3.1. Parte activa.

Está legitimando para acudir como demandante César Augusto Villada Cifuentes, quien acreditó su carácter de víctima (fl. 39, c. 1); la legitimidad de los demás actores para reclamar la responsabilidad estatal y la consecuencial indemnización de perjuicios, deriva del vínculo de parentesco que acreditaron con él, así: Samuel Villada Marulanda y Fanny de Jesús Cifuentes Cataño, probaron ser sus padres (fl. 4, c. 1); Gabriel Jaime Villada Cifuentes (fl. 6, c. 1) y Selene Andrea Villada Cifuentes (fl. 5 c. 1), probaron ser hijos de los mismos padres y, por ende, sus hermanos.

1.3.2. Pasiva.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, los demandantes le atribuyen al Municipio de Girardota presuntas omisiones en el mantenimiento del corredor vial que afirman está a su cargo, hechos por los cuales está llamada a comparecer al presente proceso. El juicio sobre su responsabilidad tendrá lugar al analizar el fondo del asunto.

1.4. La caducidad de la acción.

El ordenamiento jurídico prevé la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, de manera que si se adelantan por fuera del límite temporal previsto en la ley, el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En cuanto a las pretensiones que se ventilan a través de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone que esta debe promoverse en un término máximo de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente).

En el presente caso consta que los hechos en que resultó lesionado el entonces menor de edad César Augusto Villada Cifuentes tuvieron lugar el 19 de septiembre de 1998 (fl. 9, c. 2), mientras que la demanda se promovió el 10 de abril de 2000 (fl. 53, c. 1), por lo cual fuerza es concluir que lo fue en la oportunidad prevista en la ley para ese efecto.

2. Problema jurídico.

Para definir la controversia verificará la Sala si se presentó en este caso una omisión atribuible a la demandada, determinante en la causación del daño antijurídico, que permita endilgarle responsabilidad en los hechos en que resultó lesionado César Augusto Villada Cifuentes.

3. Análisis probatorio.

Antes de centrar la atención de la Sala en el análisis crítico de las evidencias aportadas, procede la precisión siguiente en relación con el mérito de algunos documentales que sirven de pruebas en la actuación.

3.1. De las copias de documentos allegados en copia informal y de las pruebas trasladadas.

La actora allegó al proceso copias de diferentes documentos en copia simple, que estuvieron a disposición de la contraparte durante el curso del proceso, quien ningún reparo formuló frente a ellas, por lo que entiende la Sala que ninguna objeción le mereció su autenticidad.

Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(6), decidió otorgar mérito probatorio a las copias informales, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no se hubiera sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría la afectación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y desconocería la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En consecuencia, se dará mérito a las documentales aportadas en copia informal.

Similar situación ocurre en relación con las pruebas trasladadas correspondiente al proceso contravencional adelantado con ocasión del accidente de tránsito, en el que fueron parte los demandantes involucrados en la actuación y fue adelantado por la administración del ente territorial demandado, de donde se colige que todas las pruebas allí obtenidas lo fueron con audiencia de las partes de este proceso y, por ende, pueden valorarse sin restricciones en este proceso(7).

3.2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente se encontraron demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión del recurso(8):

3.2.1. El 19 de septiembre de 1998, en la Vereda San Esteban del Municipio de Girardota tuvo lugar un accidente de tránsito (fl. 9, c. 1) en el que resultó involucrada una motocicleta marca Kawasaki de placas CLZ07, modelo 1995. Así consta en el informe de accidente de tránsito rendido por la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de esa territorialidad. Consta en el informe que en los hechos resulto herido César Augusto Villada Cifuentes, quien sufrió amputación del miembro superior izquierdo.

La autoridad de tránsito conoció el asunto en el Hospital donde era atendida la víctima, por lo que no elaboró croquis de los hechos. Indicó que el rodante era conducido por Selene Andrea Villada, quien según se indicó portaba la licencia de conducción 39.357.599, de categoría 02, oficina de tránsito 017.

Como causa probable del accidente indicaron: “157- La chaqueta se enredó en la moto hasta que se frenó”.

3.2.2. La Inspección de Tránsito de Girardota (fl. 16, c. 1), inició un proceso contravencional en contra de la conductora del vehículo, Selene Andrea Villada Cifuentes. El 18 de enero de 1999 obtuvo su declaración sobre los hechos, en la que afirmó que no tiene licencia de conducción. Sobre la forma en que ocurrieron los hechos señaló:

“Yo venía de dictar clase en la escuela del paraíso yo llevaba al niño para hacerle refuerzo que estaba un poco mal en matemáticas y ya luego íbamos para la casa por el camino que son unos rieles que se encuentran en muy mal estado y es la única vía transitable, íbamos subiendo y caímos a un hueco y el niño perdió el equilibrio y se le metió la manito entre la llanta de la moto, lo primero que hice fue apagar la moto aunque ya la manito estaba pegada de la llanta y traerlo al hospital. (…) El piso estaba seco, sí había buena visibilidad, eso es una loma y hay que subirla un poquito despacio. Preguntado. ¿Cree usted haber violado alguna norma de transito? Contestó: El no tener licencia de conducción”.

Afirmó que el lugar de los hechos es una loma muy prolongada que conoce muy bien y que ha transitado en forma frecuente; indicó que debía subirla en primera marcha y que en el momento de los hechos iba a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Los hechos fueron presenciados por dos personas a quienes identificó como Manuel Salvador y Héctor.

Finalmente afirmó: “yo no tengo licencia de conducción porque la moto es de mi hermano, pero la sé manejar muy bien puesto que aprendí desde el colegio hace aproximadamente cinco (5) años”.

3.2.3. Los señores Héctor León Londoño Rúa y Manuel Salvador Londoño Rúa (fls. 18 y ss., c. 1) rindieron declaración ante la Inspección de Tránsito; señalaron que el día de los hechos vieron pasar a la joven en la moto, acompañada del menor lesionado y que cuando se dieron cuenta, más adelante la moto estaba en el suelo, por lo que ayudaron a levantarlos y a remitir al herido hacia el hospital. Atribuyeron la causa del accidente al mal estado de la vía.

3.2.4. El 23 de junio de 1999 (fl. 22, c. 1), la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Girardota – Antioquia expidió la Resolución Nº 350, por virtud de la cual declaró contraventora a Selene Andrea Villada Cifuentes, al considerar:

“Del análisis de las pruebas allegadas al trámite contravencional se deduce que el accidente se debió a impericia de la conductora del vehículo número 1, toda vez que no supo maniobrar ante una situación de peligro, infringiendo el CNTT en su artículo 109 que consagra: ‘Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor o como peatón, deberá comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás’ (...)”.

3.2.5. Mediante la Resolución Nº 744 de 20 de septiembre de 1999 (fl. 33, c. 1), la Inspección Municipal de Tránsito de Girardota resolvió el recurso de reposición interpuesto por la conductora en contra de la citada Resolución Nº 350. Mantuvo la decisión con fundamento en lo siguiente:

“Respecto a las consideraciones manifestadas (...) el Despacho se aleja de las mismas, toda vez que la señora Selene Villada, no solo no portaba la licencia de conducción al momento de ocurrir el hecho, sino que no la había obtenido, así lo admite en la audiencia pública realizada el día 19 de enero de 1999, cuando se le preguntó por su licencia de conducción contestó ‘no tengo’. (...) Confirma la posición el Despacho con relación a que la causa determinante del accidente fue la impericia, puesto que la señora Selene Villada afirmó: ‘transito frecuentemente por ahí y conozco muy bien la vía’ de lo que infiere que no supo maniobrar ante una situación de peligro que se le presentó, no obstante conocer perfectamente la vía por donde transitaba diariamente”.

3.2.6. A instancia del demandante Samuel Villada Marulanda, el Juzgado Civil Municipal de Girardota dispuso la práctica de una inspección judicial anticipada, que tuvo lugar el día 29 de marzo de 2000 (fl. 83, c. 1), prueba que se practicó con citación del municipio demandado y con presencia de un perito.

En el lugar de los hechos verificó el Juzgado:

“[L]a carretera está conformada en su mayoría por rieles, existiendo algunas partes destapadas; es bastante inclinada, existiendo de pronto algunos pequeños planos; es la única vía que se observa conduce hacia la vereda San Esteban; es bastante estrecha, solamente para un carro, debiéndose hace (sic) maniobra en caso de encontrarse otro carro de bajada”.

En la inspección judicial el perito pidió que se fijaran gastos para rendir el concepto solicitado sobre el estado de la vía; el juzgado le concedió 20 días para presentar el dictamen.

El 11 de abril de 2000 (fl. 85, c. 1), el perito rindió el dictamen ordenado en los siguientes términos:

“En este momento el estado de la vía se halla en regular estado de mantenimiento, pero se observan una serie de reparaciones ejecutadas hace aproximadamente un año que permiten calificar a la vía como aceptable, teniendo en cuenta que se trata de una vía eminentemente rural por donde circulan automotores con un uso de frecuencia relativa, suficiente para el tránsito de los habitantes de la región. El anterior concepto es válido hasta la escuela San Esteban(9); a partir de este punto hasta el punto denominado Tres Esquinas el carreteable se encuentra en pésimas condiciones (...).

Los primeros 60 metros a partir de la autopista, la vía se halla pavimentada y plana, continua (sic) en 1.300 metros hasta la escuela en rieles de cemento con una inclinación fuerte promedia del 30% (sic) de pendiente, que se aceptúa (sic) con mayor énfasis en el lugar del accidente”.

Agregó que existe otra vía de acceso a la Vereda San Esteban. Así lo afirmó:

“Es posible acceder a la Vereda San Esteban por otro carreteable que se inicia 100 metros más arriba en dirección norte de las partidas de la autopista y la carretera que conduce a la población de Girardota, este acceso tiene una distancia de 3 Kms. Hasta tres esquinas, es decir, mucho más largo y pendiente que el recorrido del Despacho, pero con la ventaja de estar pavimentado; este tramo es poco utilizado por los habitantes de la región, no existe una ruta periódica de transporte y solo se utiliza transporte expreso”.

Sobre las condiciones de la vía en que ocurrieron los hechos indicó:

“[S]e trata de un carreteable de muchos años de construida, que se ha venido utilizando frecuentemente por los habitantes de la región; en tratándose de una vía rural, es comprensible entender, no se trata de una carretera, con especificaciones técnicas, en cuanto a pendientes y ángulos de curvatura; se trata de un carreteable que sea (sic) venido manteniendo con los escasos recursos de la mano de obra de la comunidad y la colaboración de varios materiales aportados por la administración municipal. Debido a la topografía del terreno, la construcción en rieles son los más viables para este tipo de vía, por los más económicos y adecuado (sic), con el fin de contrarrestar la pendiente y la erosión de las aguas lluvias; en general se puede considerar esta vía como funcional para la circulación vehicular hasta la escuela, tal como se encuentra en este momento; de aquí en adelante es muy difícil el transporte (...).

De acuerdo a las versiones de los vecinos en este punto, cuando ocurrió el accidente los rieles se hallaban deteriorados, con huecos profundos, causados por la erosión de las aguas lluvias. Efectivamente se observaron dos rellenos de cemento en ambos rieles. Uno de 2.20 m x 0.70 de ancho en el riel izquierdo subiendo y otro de 3.70 m x 0.70 m de ancho en el riel derecho; estos remiendo fueron reparados hace aproximadamente un año de acuerdo a las versiones de los vecinos y a los vestigios observados que muestran son relativamente nuevos”.

Al dictamen acompañó planos del lugar, en los que señaló el sitio del accidente, que coincide con el de las reparaciones a las que hizo mención. También identificó el corredor entre “la autopista” y la Escuela San Esteban, donde ocurrió el accidente, la vía entre la mencionada escuela y la vereda en mal estado, y la vía alterna que identificó como “loma de los Ochoas” que dijo está pavimentada y conduce a la vereda San Esteban (fls. 90 y 91, c. 1) por un trayecto de tres kilómetros pavimentados.

3.2.7. Rindió testimonio en el proceso el señor Manuel Salvador Londoño Rúa (fl. 108, c. 1), quien también lo había hecho en el proceso contravencional. Afirmó que estaba en la portada de su casa, frente a la carretera, vio pasar la moto involucrada en el accidente y luego escuchó llamados de auxilio. Así lo narró:

“Este accidente ocurrió el mes de septiembre día diecinueve (19) del noventa y ocho, aproximadamente tres p.m., tres de la tarde, estando yo entrando a la portada de mi casa frente a la carretera, pasaba la señora mencionada Selene Andrea Villada con el niño César Villada cuando al instante sentí que llamaban y pedían auxilio alcancé a mirar que se habían accidentado, vi que la moto estaba sobre ellos y el esproquer (sic) lo tenía o le había partido la mano al niño César Villada, le pregunté a Selene Andrea que qué le había ocurrido y me dijo que la moto había caído en el hueco de la carretera que es en riel y perdió el control debido al mal estado del riel que estaba dañado que fue la causa del accidente, yo en primera instancia los traje acá al hospital (...)”.

Afirmó que conocía a Selene Andrea, de quien afirmó conducía carro y moto, que la administración municipal conocía del mal estado del carreteable y que no existía una vía alterna.

3.2.8. También declaró el señor Juan de Jesús Carvajal Herrera (fl. 110, c. 1), quien dijo conocer a la familia demandante. Sobre las causas del accidente indicó: “supongo que ocurrió por el mal estado de la vía, esos rieles eran muy descuidados, le echaban tierra y cuando llovía se formaban charcos de lodo y el accidente fue por el mal tiempo de la vía, no le ponían mano a esos rieles”.

Afirmó que Selene Andrea conducía moto y que incluso tenía novio con un taller de motos, lugar donde la referida joven conducía las que eran arregladas para ensayarlas. Dijo que el alcalde de la época frecuentaba la zona y que en la campaña para ese cargo prometió arreglarla, cosa que no hizo. También indicó que es la única vía existente en el sector.

3.2.9. Por su parte, el testigo Héctor León Londoño Rúa, residente de la vereda, atribuyó la causa del accidente a “encontrarse la carretera en pésimas condiciones en su estado, por esto se causó el grave accidente”. Afirmó que Selene Andrea Villada era una excelente conductora de carro y moto. Afirmó que la vía de los hechos era la única con que contaban los habitantes del sector para movilizarse y que su mal estado era de conocimiento del alcalde municipal quien en su campaña política se comprometió a arreglarla.

3.2.10. El testigo José Omar Muñoz Cossio (fl. 113, c. 2) también dijo que la causa del accidente fue el mal estado de la vía. Al igual que los demás testigos, no precisó la razón de ese conocimiento. También dio cuenta de que conoció a Selene Andrea Villada quien conducía moto y se desplazaba en ella hacia el colegio, “en su moto hizo todo su bachillerato como vecino siempre se le vio andando en su moto, es el primer accidente que le conozco, siempre la vi muy habilidosa (...)”; inclusive, afirmó, la referida demandante le enseñó a conducir moto a una de sus hijas, lo que él autorizó dadas las evidentes habilidades de la primera para el efecto. Destacó el mal estado de la vía y dijo que en una ocasión dañó uno de los ejes de su carro por un hueco en esa carretera.

3.2.11. Declaró en el proceso la señora Martha Ruby Patiño Giraldo (fl. 156, c. 1), quien fungió como inspectora de tránsito de Girardota en la época de los hechos; dio cuenta del procedimiento adelantado y las decisiones emitidas por su despacho. Indicó que en el momento de los hechos surgió una versión, por parte de una hermana de Selene Andrea Villada, relativa a que el accidente tuvo lugar porque una chaqueta se enredó en la cadena de la moto.

La testigo fue tachada como sospechosa por la parte demandante, en razón de sus vínculos laborales con el municipio demandado (Inspectora de Policía), así como porque estuvo vinculada por el caso, omitió practicar las pruebas pedidas en el trámite contravencional.

3.2.12. Sobre las lesiones sufridas por César Augusto Villada se aportó un informe de la ESE Hospital San Rafael de Girardota (fl. 13, c. 1), en el que consta que la referida víctima presentó amputación del antebrazo izquierdo como consecuencia de un accidente de tránsito, lesión por la que fue atendido el 19 de septiembre de 1998 en esa institución. Indicó que de esa lesión derivaron las siguientes secuelas:

“1. Pérdida anatómica por amputación de antebrazo izquierdo.

2. Deformidad física que afecta la estética y las proporciones corporales por lo notorio y evidente de la amputación de antebrazo izquierdo.

3. Pérdida funcional total del órgano de la prensión en mano izquierda por amputación de dicho miembro”.

3.2.13. El 23 de marzo de 2000 (fl. 39, c. 1), la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, valoró a César Augusto Villada Cifuentes, de ocho años de edad, a quien le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.40%.

4. Análisis de la Sala.

4.1. El daño antijurídico.

El daño antijurídico sufrido por los demandantes, consistente en las graves lesiones y amputación de un miembro superior padecidas por el entonces menor de edad César Augusto Villada Cifuentes, con secuelas de carácter permanente y disminución ostensible de su capacidad, constituyen para este caso particular un daño antijurídico que los actores no estaban en el deber jurídico de soportar, daño que quedó acreditado en el plenario mediante la valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el reporte del hospital tratante que dio cuenta de la grave lesión.

4.2. Imputabilidad del daño a la demandada.

En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, en reciente pronunciamiento la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro de cada proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación16:

“En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia”.

Así las cosas, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas con otro está llamado a resolverse de la misma forma; es labor del juez, en cada caso particular, considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

De acuerdo con el análisis de las evidencias aportadas al proceso, está acreditado que el menor César Augusto Villada Cifuentes sufrió considerables lesiones y amputación de un antebrazo izquierdo, lesiones que padeció en un accidente de tránsito.

Sobre la forma en que ocurrieron los hechos consta que tuvieron lugar en una carretera rural que conduce hacia la Vereda San Esteban del Municipio de Girardota, vía destapada que se encontraba en mal estado, por cuanto estaba formada por “rieles” construidos en cemento que demarcaban dos líneas para transitar y que estaban afectados por huecos.

No es un hecho discutido en el proceso que la vía en mención es un corredor rural que pertenece al municipio demandado y que comunica el casco urbano con una de las veredas; frente al hecho sexto de la demanda que le endilga las omisiones en su conservación, reconoció que es el encargado de su mantenimiento.

En efecto, la Ley 105 de 1993 dispone que las vías suburbanas hacen parte de la infraestructura municipal y que a los entes territoriales les corresponde la conservación de aquellas vías de su propiedad. Así lo prevé:

“ART. 17.—Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos (...)”.

“ART. 19.—Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”.

Así, con fundamento en lo referido por la administración municipal, relativo a que ejercía el mantenimiento de la vía, concluye la Sala que se trataba de una vía rural a su cargo, hecho que han aceptado las partes en forma pacífica a lo largo del proceso, razón por la que el debate probatorio no centró sobre tal asunto.

Por su parte, el mal estado del corredor donde ocurrieron los hechos está acreditado con las declaraciones recibidas en el proceso de vecinos del sector quienes afirmaron que existían huecos en el trazado. De igual manera, así lo informó el perito quien verificó el lugar de los hechos en el trámite de la prueba anticipada que se practicó.

No obstante, no se encuentra acreditada la incidencia de esas condiciones viales en la ocurrencia de los hechos, de modo que permita imputarle responsabilidad a la demandada:

La Sala comparte en al respecto lo conceptuado por el Ministerio Público, relativo a que aunque los testigos fueron enfáticos en afirmar que el mal estado vial fue la causa eficiente del accidente, lo cierto es que ninguno de ellos dijo haber presenciado los hechos, ni precisó las razones de la ciencia de sus dichos sobre el particular, de donde se concluye que se trató de afirmaciones especulativas que contienen conceptos de los declarantes que no están sustentados en aquello de lo que tuvieron percepción directa.

Nótese cómo los testigos Héctor León Londoño Rúa y Manuel Salvador Londoño Rúa, quienes auxiliaron a Selene Andrea Villada el día de los acontecimientos, refirieron que la vieron pasar en la motocicleta y que después escucharon los gritos de auxilio, por lo que acudieron al lugar, esto es, no presenciaron el momento mismo del accidente, ni dieron cuenta concreta de la presencia de algún hueco de grandes dimensiones al que cayó la moto; limitaron su dicho a declarar en forma genérica que fue por los huecos de la vía.

Por su parte, el testigo Juan de Jesús Carvajal dijo suponer que el mal estado de la vía fue la causa del accidente, esto es, reconoció que se trataba de una especulación de su parte, al tiempo que no dio cuenta de su presencia en el lugar de los hechos. Similar conclusión permite la declaración del señor José Omar Muñoz, quien afirmó que “el mal estado de la vía ocasionó el grave accidente”, sin dar cuenta de cómo llegaron a su conocimiento esos hechos, ni de las razones de tal aseveración; para la Sala, no pudo ser por la percepción directa de estos en razón a que no los presenció.

De tal manera, para la Sala esas declaraciones, en cuanto atribuyen la ocurrencia del accidente al mal estado de la vía, se fundan en conceptos propios de los declarantes y no en hechos objetivos que presenciaron, por lo que con fundamento en ellos no puede tenerse por acreditada la causa del accidente.

El informe del accidente de tránsito tampoco entrega elementos serios de juicio para establecer la causa del accidente, en razón a que señala como hipótesis de los hechos, que una “chaqueta se enredó en la moto hasta que se frenó”, conclusión que tampoco puede ser acogida como cierta en la medida en que no hay prueba acerca de los elementos de juicio que tuvieron los agentes a cargo del informe para señalar tal circunstancia, máxime si se advierte que no hicieron presencia en el lugar de los hechos “ya que se conoció del caso en el Hospital de esta localidad” (fl. 10, c. 1).

Se trata entonces, como lo advierte el informe, de una simple hipótesis, que para ser acogida debió aparecer respaldada con evidencias o indicios que permitan establecer que se fundó en hechos objetivos percibidos en forma directa por quien diligenció el informe, o derivados de lo narrado por los presentes en el lugar de los acontecimientos.

Ahora bien, aunque en el informe se hace mención a un anexo contentivo de la declaración del conductor involucrado, que se afirma está suscrita, no se allegó al proceso dicho anexo que permita dar cuenta de la causa probable del accidente o al menos sustentar la hipótesis de los agentes de tránsito.

También debe indicarse que aunque las resoluciones que declararon contraventora de normas de tránsito a la conductora de la motocicleta Selene Andrea Villada, se expidieron dentro de un procedimiento administrativo contravencional en los términos del artículo 238 del Decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito vigente en la época de los hechos, que le otorgaba competencia a la autoridad de tránsito para imponer sanciones por desacato a las normas de tránsito, de modo que esa autoridad estaba investida de competencia para establecer si se presentó o no la infracción, pero no para establecer la causa del accidente.

El asunto es de relevancia por cuanto esas resoluciones Nº 350 y 744 de 1999, únicamente gozan de presunción de legalidad en cuanto impusieron sanción por el incumplimiento de una norma de tránsito, no así para establecer la causa del accidente, de modo que su mérito probatorio se limita a demostrar que a la conductora de la motocicleta se le encontró responsable por infringir una norma de tránsito y se le multó por esa infracción. Sobre ese particular, el acto está revestido de validez y ejecutoriedad mientras no sea anulado o suspendido por esta jurisdicción; sin embargo, sus conclusiones en cuanto a la causa del accidente son ajenas a esa presunción, como quiera que escapaban a la órbita de competencia del funcionario que las dictó.

Así, las conclusiones de las mencionadas resoluciones, relativas a que “el accidente se debió a la impericia de la conductora”, no se acogen por la Sala como afirmaciones revestidas de presunción de veracidad y legalidad, de modo que tampoco son suficientes para establecer de manera inequívoca la causa real del accidente, sino para verificar la percepción del funcionario que en su momento decidió, conclusiones que no pueden sustituir el juicio de imputación que corresponde efectuar a la Sala.

Por otra parte, en el dictamen pericial practicado en forma anticipada, el experto topógrafo puso de presente las condiciones de accesibilidad de la Vereda San Esteban en la que residen los demandantes según lo han afirmado a lo largo del proceso.

Contrario a lo manifestado por los testigos, quienes afirmaron que solo existe una vía de acceso a la Vereda San Esteban, cual es la de ocurrencia de los hechos, verificó el experto la presencia de otro corredor, desde la vía principal, este sí pavimentado, por “la loma de los Ochoas”, tramo que aunque afirmó tiene una extensión mayor al de los hechos y una mayor inclinación, está pavimentado.

A su informe, el experto adjuntó un plano en el que se verifican las dos vías de acceso a la Vereda (fls. 90 y 9, c. 1): la del accidente destapada y conformada por rieles y la vía pavimentada de 3 kilómetros de extensión. Sobre su existencia indicó:

“De acuerdo a la ubicación del carreteable a la funcionalidad de la misma a su antigüedad y averiguaciones realizadas con los vecinos de la región los habitantes han venido utilizando esta vía desde que se construyó y de acuerdo a la topografía del terreno, nunca se han presentado derrumbamientos que los obligue a transitar por otra vía, sobre todo para los habitantes de la escuela para abajo. Para los habitantes del sector de tres esquinas, tienen la otra alternativa de salir a la autopista por la Loma de los Ochoas, mucho más pendiente (hasta del 50%) y distante que la salida a Odempa, pero con la ventaja de estar pavimentada”.

También indicó que la vía del accidente tiene un primer tramo pavimentado, luego continúa en rieles de cemento y en terreno destapado. Así la describió:

“La vía, que desde la autopista conduce a la vereda San Esteban es inminentemente (sic) rural. El recorrido desde la fábrica Odempa hasta la Escuela Vereda San Esteban es de 1.300 metros bastante pendiente, construida en rieles de cemento en regular estado de mantenimiento pero apta para el tránsito de automotores con buena fuerza; se observaron los colectivos que transitan para este lugar son camperos de doble tracción. A partir de la escuela hasta el punto denominado Tres Esquinas en una distancia de 1.000 metros continúa el carreteable en terreno destapado y en rieles mucho más pendientes y en peores condiciones que el tramo anterior”.

El peritaje permite concluir que la vía de los hechos es un corredor destapado en su gran mayoría, utilizado de tiempo atrás y en forma permanente por los residentes del sector, construida con rieles en cemento en regular estado de conservación pero apta para ser utilizada por vehículos. También da cuenta de que existía una vía alterna pavimentada para acceder a un sector de la Vereda San Esteban, denominado Tres Esquinas, que permite tener por justificado el regular estado de conservación de la primera.

Además, las evidentes condiciones del carreteable imponían a los transeúntes extremar las condiciones de cuidado al transitar, máxime en el caso de Selene Andrea Villada, de quien se probó a través de la prueba testimonial, recorría habitualmente el sector en motocicleta y, por ende, tenía pleno conocimiento del estado de la vía.

Se trataba, como lo reconoció la conductora ante la autoridad de tránsito, de un corredor con una gran inclinación que imponía transitarlo a muy baja velocidad y que, en consecuencia, determinaba un grado de precaución sumo para quien la transitaba en un rodante que no cuenta con estabilidad propia y llevando como pasajero a un niño de siete años, con conocimiento de las condiciones viales y del terreno que le eran adversas.

Aunado a este hecho se encuentra aquel de acuerdo con el cual Selene Andrea Villada no tenía licencia para conducir motocicleta, tal como lo reconoció ante la autoridad de tránsito, lo que permite imputarle desde el punto de vista del orden jurídico una infracción a sus deberes como ciudadana de atender las normas vigentes, que le imponían contar con la autorización del Estado para el ejercicio de esa actividad riesgosa.

Aunque no hay prueba de una conducta imprudente de su parte en la conducción de la moto entendida como la actividad física en sí misma y como lo afirman los testigos era diestra y hábil en la conducción de este tipo de vehículos, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico le es imputable una conducta irreflexiva, al acometer la actividad, a sabiendas de que no contaba con permiso para ello, tratándose, se reitera, de una actividad de alto riesgo y cuidado, por lo cual ha sido regulada por el Estado la forma en que las personas deben obtener una autorización para ejecutarla. Llama la atención de la Sala que si era diestra en el manejo de este tipo de artefactos y mayor de edad en la época de los hechos, no hubiera tramitado en legal forma el permiso para conducirlos. Así, la actuación de la conductora del rodante desconoció los reglamentos de tránsito vigentes, en especial el artículo 18(10) del Decreto 1344 de 1970 que prohibía a cualquier persona conducir un vehículo sin la correspondiente licencia.

La presunta aptitud(11) de Selene Andrea Villada para conducir motocicletas de la que dan cuenta los declarantes, quienes la conocían, debió demostrarla ante la autoridad de tránsito, así como su conocimiento de las normas de tránsito y demás requisitos legales, con el fin de obtener la autorización legal para guiar una motocicleta; como así no lo hizo, ni probó una justa causa para omitir ese deber, puede concluirse que su conducta fue desconocedora de los reglamentos de tránsito.

Aunque conducir un vehículo es una actividad de hecho y sus resultados no están determinados por el hecho de tener o no la autorización para hacerlo como lo alegan los recurrentes, se trata de una conducta regulada en forma intensa por el orden jurídico, que impone a quienes la acometen múltiples cargas, deberes y prohibiciones, en razón del alto riesgo que su ejercicio genera para quien la ejerce y los demás asociados, siendo el primero de ellos el relativo a obtener autorización del Estado para ello, lo que no constituye un asunto trivial o de menor importancia, por cuanto el ejercicio idóneo de esa competencia se constituye en un insumo fundamental en la garantía de la seguridad pública, por lo que no es despreciable la conducta antijurídica de la mencionada demandante en los hechos como pretenden hacerlo ver los demandantes.

El análisis de las pruebas, conforme a las consideraciones que anteceden, le permite a la Sala concluir que:

(i) Aunque testigos afirmaron que la causa del accidente fue el estado de la vía, no presenciaron el hecho y sus declaraciones se constituyen en simples conceptos no autorizados en razón de especiales conocimientos técnicos o científicos; en consecuencia, no hay una prueba cierta en el proceso de la causa del accidente.

(ii) Existía una vía alterna pavimentada para acceder a la vereda San Esteban.

(iii) No se probó la existencia de un hueco u obstáculo insalvable o imprevisible para quienes transitaban la vía que impusiera el deber de señalizarlo o repararlo de manera imperiosa.

(iv) La conductora de la moto conocía las condiciones de la vía, como quiera que está probado que asiduamente la recorría.

(v) La referida conductora acometió la actividad peligrosa de conducción de una motocicleta sin permiso legal para ello.

En consecuencia, no encuentra la Sala acreditada como causa eficiente del daño el mal estado de la vía, por cuanto no se acreditó la presencia de un obstáculo en particular que tuviera la virtualidad, por sí mismo, de generar el accidente, ni que, en efecto, las condiciones del corredor hubieran determinado su causación. Lo probado es que tuvo lugar en un sitio conocido por quien guiaba el rodante accidentado.

También se verificaron en el sub lite infracciones imputables a terceros, tales como la violación de reglamentos de tránsito por parte de la conductora involucrada, que fueron determinantes en la causación del daño. En consecuencia, se impone del fallo apelado que desestimó las pretensiones.

6. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas en la instancia, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria o de mala fe atribuible a los extremos procesales, como lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas en la instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Código Contencioso Administrativo. “ART. 82.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley”.

3 Reclaman indemnización por daño fisiológico para la víctima en cuantía equivalente a $ 150.000.000.

4 La demanda fue presentada el 10 de abril de 2000 (fl. 53, c. 1).

5 El recurso de apelación contra el fallo de primera instancia se presentó el 24 de enero de 2007 (fl. 210, c. 2), cuando ya habían entrado en funcionamiento los juzgados administrativos y, en consecuencia, iniciaron a aplicarse las competencias en la forma prevista en la Ley 446 de 1998.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

7 Código de Procedimiento Civil, artículo 185.

8 Sobre las evidencias tendientes a la demostración de la cuantía de los perjuicios se pronunciará la Sala solamente si hay lugar a revocar la decisión apelada y, en consecuencia, a proferir condena en contra de la demandada.

9 En ese tramo ocurrieron los hechos, según lo identificó el experto.

10 “ART. 18.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986. Nadie podrá conducir vehículo alguno en el territorio nacional sin llevar consigo la licencia de conducción correspondiente”.

11 “ART. 20.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986. Para obtener la licencia de conducción se requiere:
1. Tener la edad exigida.
2. Saber leer y escribir.
3. Demostrar aptitud física y mental para conducir, comprobada mediante exámenes médico y sicotécnico practicado por orden de la autoridad de tránsito.
4. Demostrar actitud para conducir el vehículo respectivo.
5. Demostrar conocimientos de las normas vigentes de tránsito y seguridad vial, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
6. Demostrar conocimientos de primeros auxilios”.