Sentencia 2000-00201 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 28714

Radicación: 070012331000200000201 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Diócesis de Arauca y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Policía Nacional.

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

La corporación tiene competencia para conocer de este asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte demandante, en un proceso con vocación de doble instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la reparación por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por los daños ocasionados durante los ataques guerrilleros que afectaron los inmuebles de la Diócesis de Arauca.

En lo que respecta a la legitimación en la causa, constata la Sala que si bien la propiedad de los bienes afectados no está acreditada en cabeza de la parte actora, la Sala encuentra probada, por vía indiciaria, la posesión de los inmuebles, por parte de la diócesis; esto, al tener en cuenta que dichos inmuebles no aparecen registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Arauca, y a que los testimonios rendidos en el proceso permiten concluir que la iglesia católica ejerció posesión sobre dichos bienes inmuebles; por tanto, la responsabilidad del Estado genera una indemnización por el daño material ocasionado a los mismos. Así mismo, respecto a la legitimación por activa del señor Marco Julio Parada Ortiz, da cuenta de ello, el hecho de que el inmueble contiguo a la casa cural le fuera dado en arrendamiento por parte de la curia, tal y como se pasará a explicar en el acápite de hechos probados.

Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que, el hecho dañino que se invoca —la destrucción total de los inmuebles referentes a la iglesia católica, la casa cural y una casa contigua a esta— tuvo ocurrencia los días 19 de abril y el 8 de julio de 1999(2), de manera que dicho término fenecía el 20 de abril y el 9 de julio de 2001. Al haberse presentado la demanda el 17 de mayo de 2000, se concluye que se respetó el término legal de dos años previsto para tal efecto(3).

II. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, deben indemnizar a la parte actora por los daños ocasionados a la iglesia, la casa cural y el inmueble contiguo a la misma, en el municipio de Cravonorte (Arauca), luego de los ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley. Para este propósito, se debe establecer si puede ser declarada patrimonial y extracontractualmente responsable por los daños antijurídicos ocasionados a la parte actora. En el caso de constatarse la responsabilidad de las entidades, se procederá a la liquidación de los perjuicios que se deberán indemnizar a la parte actora, de acuerdo con los parámetros fijados al respecto por esta corporación.

III. Validez de los medios de prueba

En el presente caso, la parte demandante aportó documentación en copia simple tendiente a acreditar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones. Estos documentos serán valorados por la Sala, si bien es necesario hacer algunas precisiones al respecto.

En decisiones anteriores, el Consejo de Estado consideró que las copias de documentos públicos y privados solo podían ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial si reunían las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber: (i) que hubieran sido expresamente autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que hubieran sido autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presentara; o (iii) que se hubieran compulsado del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial. Así las cosas, para que pudieran ser considerados como elementos de prueba válidos para demostrar los supuestos de hecho de interés para el proceso, los documentos públicos y privados debían allegarse en original o copia auténtica.

Posteriormente, la corporación también señaló que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el fin de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(4). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente, o cuando la parte demandada ha utilizado tales documentos para sustentar su defensa, pues se presume que, con dicha actuación, acepta la validez de dichos medios de prueba, entre otros eventos.

En la actualidad, la Sala Plena de esta Sección decidió unificar la jurisprudencia en el sentido de otorgar a las copias simples el mismo valor probatorio que se concede a los documentos originales o copias auténticas, siempre que no hayan sido objeto de tacha de falsedad, y estableció los siguientes parámetros:

Cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el CGP, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del CGP, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias. (...) En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229)(5).

En el caso bajo examen, las entidades demandadas pudieron controvertir y tachar las pruebas documentales que fueron aportadas por la parte demandante. Por lo tanto, la Sala, en aras de respetar los principios constitucionales de buena fe y acceso a la administración de justicia, y de preservar el deber de lealtad procesal, reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo de la controversia y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

De otro lado, dentro de la documentación allegada con la demanda, la parte actora aportó al proceso copia simple del acta de la inspección judicial que fue practicada a instancias del Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, antes de que se iniciara el presente trámite contencioso administrativo(6). La Sala le dará pleno valor probatorio, habida cuenta de que la misma se atiene a lo previsto en el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior, no se tendrá en cuenta el dictamen pericial realizado en dicha inspección, en atención a que mediante proveído del 5 de julio de 2001, el a quo revocó el literal C) del auto del 30 de noviembre de 2000, en el que se corrió traslado a las demandadas del mencionado dictamen pericial. En consecuencia se ordenó la práctica de un nuevo experticio.

Finalmente, de los medios probatorios obrantes en el expediente no fue posible determinar el origen, lugar y época en la que fueron tomadas las fotografías obrantes a folios 46, 47 y 48 del cuaderno 1 en las que se muestra una casa en ruinas y unas barricadas improvisadas, de modo que al no determinarse su autenticidad, no serán objeto de valoración por parte de esta Sala.

IV. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

(i) El municipio de Cravo Norte ha sido objeto de varias tomas perpetradas por la guerrilla de las FARC, los días 18 de abril de 1998, 19 de abril y 8 de julio de 1999, y 16 de enero del año 2000 (copia simple de: (i) denuncia penal formulada el 17 de abril de 1998 por el comandante del Departamento de Policía de Arauca; (ii) Oficios 4681 y 01102 suscritos por el subcomandante operativo del Departamento de Policía de Arauca; (iii) Oficio 0017 suscrito por el jefe de la oficina de derechos humanos del Departamento de Policía de Arauca, y (iv) informe del 22 de enero de 2000 rendido por el comandante de la Estación Cravo Norte —fls. 15, 16-17, 19-21, 26-28, 29-30, cdno. 2).

(ii) A raíz de las mencionadas tomas, el inmueble sede de la iglesia católica, la casa cural y una vivienda contigua a la misma resultaron destruidas, según se lee de las declaraciones rendidas por José María Ojeda y Ezequiel Ramírez Orjuela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravonorte, en desarrollo de la inspección judicial allegada como prueba anticipada al presente proceso. Sostuvo el primero de los mencionados (fl. 48, cdno. 1):

(…) en la segunda toma del 19 de abril de 1999, volaron la casa cural, la iglesia, la casa de la curía arrendada a Marcos Parada…

(iii) La Diócesis de Arauca es una persona jurídica y su representante legal para el año 2000 era el obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano (certificación expedida por la Nunciatura Apostólica en Colombia, ene. 14/2000, fl. 84, cdno. 1).

(iv) Los inmuebles objeto de la demanda, no se encuentran registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo de Arauca, como tampoco se encuentran bienes registrados a nombre de la Diócesis de Arauca (Ofi. 085 emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Arauca, fl. 36, cdno. 2).

(v) La Diócesis de Arauca es poseedora de los bienes inmuebles correspondientes a la iglesia, la casa cural, y la casa de habitación contigua a la misma. A esta conclusión llega la Sala, por vía indiciaria, pues se trata de un hecho notorio que encuentra sustento en lo declarado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte(7) por el señor José María Ojeda:

(…) PREGUNTADO: Sabe Ud. bajo expensas de quien fue construida la iglesia, la casa cural y la casa contigua a esta? CONTESTÓ: La iglesia desde que estaba pequeño la conocí ya construida, pero el mantenimiento, la casa cural y casa contigua se consiguió con la colaboración de la comunidad, haciendo basares y ventas de rifas…quedaron completamente destrozadas, inservibles, que ha sido uno de los pesares de la comunidad católica (…) (fl. 41, cdno. 2).

(v).1. También da cuenta de ello, el hecho de que el inmueble contiguo a la casa cural fuera dado en arrendamiento por parte de la curia al señor Marco Julio Parada Ortiz tal y como se desprende de la declaración rendida en la inspección judicial allegada al expediente como prueba anticipada del antes citado José María Ojeda, cuando afirma: “la casa de la curia arrendada a Marcos Parada”, situación que, a su vez, da cuenta de que este último vivía en calidad de arrendatario en dicho inmueble.

V. Análisis de la Sala

1. Constata la Sala que las edificaciones correspondientes a la iglesia, la casa cural, y el inmueble de habitación contiguo a la misma, sufrieron un daño material como consecuencia de las tomas guerrilleras ocurridas en Cravo Norte, el 19 de abril y el 8 de julio de 1999.

2. En cuanto a la imputabilidad del daño al Estado, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(8).

3. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

4. El título de imputación base para el análisis de la responsabilidad estatal, en eventos de daños causados a civiles, con ocasión de enfrentamientos armados entre la fuerza pública y grupos armados ilegales, ha sido el de riesgo excepcional. Este, ha dicho la jurisprudencia de esta corporación(9), se configura por cuanto los agentes del Estado participan y propician la causación del daño, es decir, en desarrollo de la actividad legítima de “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”(10), al exponer a la comunidad a una situación de peligro que, una vez se concreta, genera responsabilidad en la administración al ser una carga excesiva, grave y anormal que no tienen por qué asumir los ciudadanos.

5. Así las cosas, el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en la causación de un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal. Al respecto esta corporación ha sostenido que:

(…) para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social, y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo por los grupos al margen de la ley(11).

6. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de policía pueden constituir, paradójicamente, un riesgo para la población aledaña. Lo anterior no significa que la materialización del riesgo sea fruto de una conducta contraria al orden jurídico, lo cual podría dar origen a una responsabilidad subjetiva del Estado, sino que en estos casos se estructura una responsabilidad objetiva, según la cual pese a tratarse de una conducta legítima estatal, sin embargo, causa un daño antijurídico a una persona que no tiene la obligación de soportarlo y, por ende, la sitúa en una condición que lesiona el principio de igualdad frente a las cargas públicas; concurren a fundamentar dicha responsabilidad los principios constitucionales de solidaridad y de equidad en favor de la víctima.

A su vez, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto ha señalado que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención a la población civil, adquieren un carácter superlativo, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(12).

7. Por otra parte, en los casos de ataques terroristas, es imperante para el Estado proteger de manera especial las edificaciones religiosas, en aras de “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”(13), con el fin de garantizar la seguridad de las mismas.

8. En el presente caso, está demostrado que durante la incursión de la guerrilla de las FARC en el municipio de Cravo Norte, Arauca, se produjo la destrucción de algunos inmuebles próximos a la estación de policía, entre ellos la iglesia católica, la casa cural y una casa de habitación contigua a la misma.

9. Así las cosas, se debe establecer si la destrucción de dichas edificaciones, a pesar de ser daños causados en el desarrollo de ataques iniciados por terceros ajenos a la fuerza pública, resultan imputables a las entidades demandadas por haber generado para los demandantes un riesgo superior al que afronta el promedio de los ciudadanos, de manera que determinó o, por lo menos, contribuyó causalmente a la producción del daño.

10. De las pruebas documentales obrantes en el plenario, se permite comprobar que los ataques de la guerrilla de las FARC fueron dirigidos específicamente contra la estación de policía y que, por este motivo, resultaron afectadas las viviendas cercanas. En efecto, se lee del Oficio 4681 suscrito por el subcomandante operativo del Departamento de Policía de Arauca, capitán Germán Arturo Ruíz Marín, lo siguiente:

Por medio del presente me permito poner en conocimiento de ese despacho los hechos terroristas registrados en el municipio de Cravo Norte (Arauca), el día 190499, siendo las 17:30 horas cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y la Columna Móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas FARC, incursionaron en mencionada localidad arremetiendo contra las instalaciones y el personal de la Estación Rural de Policía(14) (…) (fls. 16-17, cdno. 2).

11. Así mismo, es posible llegar a esa conclusión según lo declarado por el señor Carlos Arturo Benedetti Mendoza —se destaca—:

PREGUNTADO: Diga por favor al juzgado, si la población de Cravo Norte ha sido objeto de ataques guerrilleros y en caso afirmativo, diga Ud. en qué fechas se han efectuado y qué conoce de dichas tomas por parte de la subversión? CONTESTÓ: Efectivamente la población de Cravo Norte ha sido objeto de ataques de grupos guerrilleros, directamente a la Policía en tres y cuatro oportunidades, una el 13 de abril de 1998; otra el 19 de abril de 1999, otra el 8 de julio de 1999 y el 16 de enero de 2000, también ha habido hostigamientos. Todos dirigidos a la Policía Nacional (…) (fl. 45, cdno. 1).

12. Además, se acreditó que la estación de policía del municipio de Cravo Norte, Arauca, estaba ubicada en inmediaciones de los inmuebles objeto de la presente demanda. Los declarantes, al ser cuestionados sobre la ubicación de la iglesia católica de Cravo Norte respecto de la estación de policía, respondieron en estos términos: José María Ojeda señaló que “hay aproximadamente unos ciento diez metros (110 m)” (fl. 42, cdno. 2), Omar Eduardo Colina Cadena indicó que “hay una distancia de cien metros (100 m)” (fl. 44, cdno. 2), Alirio Torres dijo que “hay aproximadamente unos ciento veinte a ciento cincuenta metros (120 a 150 m)” (fl. 45, cdno. 2).

13. En el caso bajo examen, es evidente que, en el contexto del conflicto armado interno, la estación de policía constituye un objetivo claramente identificado como Estado y, en esa medida, un blanco para el ataque de los grupos armados ilegales. Por lo tanto, al haber ubicado el puesto policial en una zona con alta densidad poblacional —recuérdese que el ataque de la guerrilla afectó numerosos bienes civiles, incluidos los bienes por cuya reparación se demanda—, el Estado creó un riesgo anormal para los habitantes de la zona.

14. Se aclara que, en tanto dicho riesgo se deriva de la existencia del conflicto armado interno, su naturaleza es contextual(15), porque no en todos los municipios del país es factible que se produzca una incursión armada de la guerrilla o un ataque contra la infraestructura del Estado. Este hecho es, precisamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional. En efecto, es un hecho notorio que estas acciones tienden a concentrarse en pequeños poblados, ubicados en zonas del territorio nacional que ofrecen una ventaja estratégica desde el punto de vista militar, y donde los actores armados ejercen una fuerte presencia y están en capacidad de perpetrar un ataque armado de gran impacto.

15. En este caso, no cabe duda de que los hechos violentos del 19 de abril y 8 de julio de 1999 en el municipio de Cravo Norte, Arauca, están inscritos en un contexto de violencia emanada del conflicto armado interno, debido a la fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley que se disputan el control del territorio.

16. Vale decir que esta Corporación ha tenido oportunidad de conocer de distintos asuntos de incursiones guerrilleras en este municipio en la época de los hechos que hoy se debaten:

16.1. En fallo de 29 de julio de 2013, esta Sala encontró probada la responsabilidad del Estado en la destrucción de un bien inmueble por los ataques guerrilleros del 13 de abril de 1998, 29 de enero, 19 de abril, 11 de junio, 8 de julio y 18 de noviembre de 1999, y 16 de enero de 2000, en el municipio de Cravo Norte, Arauca, todos dirigidos contra la estación de policía de la localidad, al evidenciar que “la actora fue sometida objetivamente a un riesgo excepcional que no estaba en el deber jurídico de soportar”(16).

16.2. En sentencia de 5 de abril de 2013, la Sala encontró acreditada la responsabilidad del Estado en la destrucción de un local comercial con ocasión de los ataques que la guerrilla de las FARC dirigió contra la estación de policía de Cravo Norte, Arauca, el 19 de abril y el 8 de julio de 1999, “con fundamento en el riesgo de naturaleza excepcional al que fueron sometidos los habitantes aledaños a la estación de policía del municipio”(17).

16.3. En decisión de 27 de abril de 2012, se declaró responsable al Estado por la destrucción de un establecimiento de comercio ubicado en inmediaciones de la Estación de Policía de Cravo Norte, Arauca, y el desplazamiento forzado que sufrieron sus dueños, por los ataques que contra este objetivo militar dirigió la guerrilla de las FARC los días 13 de abril de 1998, 19 de abril y 8 de julio de 1999. En esa oportunidad se consideró que “los permanentes ataques contra la población y las medidas adoptadas para contrarrestarlos, generaron en los vecinos del lugar condiciones de riesgo que explican el hecho de que los habitantes hubieran abandonado los inmuebles ubicados en cercanías de la estación de policía”(18).

16.4. En providencia de 21 de marzo de 2012, esta Sala declaró la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de un grupo familiar como consecuencia de los ataques de la guerrilla de las FARC a la estación de policía de Cravo Norte, Arauca, el 13 de abril de 1998, 19 de abril de 1999, 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, y de los continuos enfrentamientos entre la subversión y la fuerza pública. En este caso se concluyó que las estaciones de policía, “si bien (...) tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones”(19). Estas son solo algunas de las más recientes decisiones dentro de un amplio número de casos en los que se falló en igual sentido(20).

17. En este contexto de continuos ataques de las guerrillas contra la población de Cravo Norte, Arauca, en la época de los hechos que hoy se debaten, se comprueba una compleja situación de orden público en medio de la cual los bienes e instalaciones de la fuerza pública —como las estaciones de Policía— eran continuamente blanco de ataques de los grupos armados ilegales, de manera que su emplazamiento en las zonas de residencia civil constituía un altísimo riesgo para la población.

En esa medida, la creación del riesgo para la población de Cravo Norte, Arauca, al derivar exclusivamente de la instalación de objetivos militares —estaciones de Policía— en inmediaciones de la población civil, le es imputable únicamente a la Policía Nacional, y se declarará la falta de responsabilidad del Ejército Nacional en el presente caso, pues no se comprobó que esta entidad haya generado un riesgo para la población, como sí sucede en el caso de la Policía Nacional.

VI. Liquidación de perjuicios

Para la indemnización de los perjuicios materiales, debe aclararse que reposan en el expediente dos experticios que versan sobre un mismo punto.

El 5 de julio de 2001, el a-quo designó como peritos a los ingenieros Víctor Ramón Carvajal Reyes y Luis Alfonso Aguirre, con el objeto de que rindieran un dictamen sobre los daños ocasionados a los inmuebles cuya reparación aquí se demanda (fls. 190-194, cdno. 1). Una vez posesionados del cargo, el 19 de septiembre de 2001, los mencionados auxiliares presentaron un dictamen en el que se hizo un cálculo de costos de reposición, en el mismo lote, del inmueble en que funcionaba la iglesia católica de la municipalidad de Cravo Norte, ello se estimó en la suma de $ 90. 870.404,19 (fls. 198-207, cdno. 1). El 29 de octubre de 2001, la parte actora solicitó aclaración y complementación del anterior dictamen, en el sentido de que se indicara si el cálculo realizado en el mismo comprendió el valor de las tres edificaciones que poseía la Diócesis de Arauca, a saber: la iglesia católica, la casa cural y la casa contigua a la misma. Y de ser así, se discriminara el valor por separado de cada uno de los inmuebles (fl. 212, cdno. 1).

En orden a que los peritos no atendieron los requerimientos hechos por el a quo para que complementaran el dictamen (fls. 222-223, cdno. 1), se designó como nuevos peritos a los arquitectos María Jacqueline Parra Moreno y Campo Elías Suárez Castellanos (fl. 224, cdno. 1). En el dictamen rendido por estos, se indicó:

(…) Daño emergente - Valor de reposición de los inmuebles:

A. Iglesia: Hacemos aclaración que en el informe presentado el día 19 de septiembre de 2001 por los ingenieros Víctor Ramón Carvajal y Luis Alfonso Aguirre en el cual el valor estimado por ellos para la iglesia es de $ 90.870.404,19…hemos analizado este valor y consideramos que el valor del lote estimado por los peritos no debe estar incluido dentro del mismo, ya que se establece la pérdida total de la construcción más no del terreno y sigue siendo propiedad de la diócesis. A continuación hacemos la operación del ajuste y el valor real considerando lo anteriormente expuesto.

Área del lote: 330.43 M2

Valor del M2: $ 20.000.00

330.43 M2 X $ 20.000.00= $ 6.608.600 entonces $ 90.870.404.19 – $ 6.608.600= $ 84.261.804.19

Valor del avalúo de la iglesia: $ 84´261.804.19

B. Casa cural:

(…).

Valor de reposición del inmueble.

Área del lote: 109.00 M2

Valor del M2 de construcción: $ 350.000.00

109.00 M2 X $ 350.000.00= $ 38.150.00

Valor actual de reposición del inmueble: $ 38´150.000.00

C. Casa de habitación contigua a la casa cural:

(…).

Valor de reposición del inmueble.

Área el lote: 80.00 M2

Valor del M2 de construcción: $ 350.000.00

80.00 M2 X $ 350.000.00 = $ 28.000.000.00

Valor actual de reposición del inmueble: $ 28´000.000.00

(…).

Total D. Emergente (costo de reposición - inmuebles) $ 150´411.804.19 (…)

Para la Sala, el experticio rendido por los arquitectos Suárez y Parra, resulta más completo, detallado y con mayor rigurosidad técnica, que el presentado el 19 de septiembre de 2001; por tanto, se acogerá en su totalidad para efectos de hacer la liquidación relativa a la destrucción total de la iglesia católica de Cravo Norte, la casa cural y la casa de habitación contigua a la misma. De allí que se proceda a actualizar el valor establecido en el mismo, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

nnn201
 

Va=Valor actualizado a establecer.
Vh=Valor histórico $ 150.411.804,19
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 113,68 que es el correspondiente a noviembre de 2013.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 74,86 que es el que correspondió a julio de 2003, fecha en que se realizó y presentó el dictamen pericial tenido en cuenta como base de la liquidación.

nnn202
 

La suma a reconocer por concepto de perjuicios materiales en razón al daño emergente por la pérdida de la construcción de los inmuebles es de doscientos veintiocho millones cuatrocientos diez mil quinientos cincuenta y un pesos con setenta centavos ($ 228.410.551,70).

Ahora bien, en relación con la pretensión de daño emergente solicitada por el señor Marco Julio Parada Ortiz, por la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000), se tiene que, pese a estar demostrada su calidad de arrendatario del inmueble contiguo a la casa cural del municipio de Cravo Norte, el perjuicio alegado no se tiene acreditado dentro del plenario; ello, en consideración a que el dictamen pericial en el que el mismo fue cuantificado, carece de valor probatorio(21). Sin embargo, aunque se desconozca el valor de los bienes perdidos o deteriorados, lo cierto es que el daño está acreditado, por lo que la Sala estima necesario condenar en abstracto por ese concepto, en aplicación del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. La respectiva liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, con base en testimonios y en un dictamen técnico debidamente fundamentado que establezca el valor de los enseres perdidos por el señor Parada Ortiz con ocasión de los ataques guerrilleros de los que fue víctima la población de Cravo Norte, Arauca, los días 19 de abril y 8 de julio de 1999. Para promover el incidente, se otorga a la parte interesada un término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

Respecto al reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales solicitados por la parte actora, a nombre del obispo Rafael Arcadio Bernal Supelano y del párroco Sebastián Garzón Garzón, advierte la Sala que no se encuentra demostrado en el expediente el sufrimiento o aflicción sufrido por estos con la destrucción de los inmuebles, pues el primero solo actúa en el proceso como representante legal de la Diócesis de Arauca, entidad que se demostró poseedora de los bienes inmuebles como institución, pero de esto no se puede inferir un daño moral por parte de su representante legal; respecto del señor Garzón, además de no otorgar poder para actuar en el proceso, no demostró haber sufrido aflicción alguna que permita su reparación, de manera que estas personas no tienen legitimación para actuar como demandantes el presente caso. Lo propio sucede con los demandantes Marco Julio Parada Ortiz, Juan Carlos y Marcos Julio Parada Ayala y Karen Parada Mendivelso, quienes no acreditaron haber sufrido un perjuicio moral.

Sobre el daño moral en casos de ataques guerrilleros la Sala ha dicho:

A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(22).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(23).

Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque éstos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios(24).

Así las cosas, se encuentra que la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el daño moral es susceptible de reparación, en la medida en que resulte plenamente acreditado, sin embargo, del acervo probatorio obrante en el expediente no se concluye que los demandantes hayan sufrido un daño moral por la pérdida de los bienes muebles e inmuebles alegada en la demanda.

VII. Costas

Finalmente, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandada dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 9 de julio de 2004 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la creación de un riesgo anormal que se materializó en la pérdida de los bienes muebles e inmuebles de posesión de la Diócesis de Arauca y del señor Marco Julio Parada Ortiz.

2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad del daño emergente, a favor de la Diócesis de Arauca la suma de doscientos veintiocho millones cuatrocientos diez mil quinientos cincuenta y un pesos con setenta centavos ($ 228.410.551,70).

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad del daño emergente, a favor del señor Marco Julio Parada Ortiz, debido a la pérdida o deterioro de los bienes muebles, perdidos en las tomas guerrilleras de la población de Cravo Norte, Arauca, los días 19 de abril y 8 de julio de 1999, lo que resulte probado en el trámite incidental que deberá promover la parte actora dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, en los términos señalados en la parte motiva de la misma.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.»

(1) En la demanda presentada el 17 de mayo de 2000, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación del perjuicio material en la modalidad de daño emergente cesante a favor de la Diócesis de Arauca, fue estimada en ($ 143.000.000, fl. 2, cdno. 1). Por estar vigente al momento de la presentación de la demanda, se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.

(2) Según se observa de la declaración rendida por el señor José María Ojeda ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravonorte el 1º de marzo de 2000, en desarrollo de la inspección judicial decretada por ese juzgado como prueba anticipada, la cual se atiene a lo previsto por el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil.

(3) “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa’”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, expediente AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de marzo de 2011, expediente 15.666, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Mediante auto del 1º de marzo de 2000 (fl. 38, cdno. 1), el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte adicionó el auto de 13 de diciembre de 1999, a través del cual se decretó la inspección judicial solicitada por el abogado Álvaro Alberto Vivas Sánchez como prueba anticipada, en el sentido de que la misma se practicara respecto de los daños sufridos por la Diócesis de Arauca. El objeto de la inspección judicial era establecer “ubicación, dirección, área total del terreno y área construida, linderos y daños ocasionados a cada uno de los inmuebles objeto de la inspección, estado general de los mismos; y si en ellos funcionaron establecimientos comerciales; muebles y enseres que fueron destruidos o averiados a los peticionarios; y a través de dictamen pericial, con los peritos que al efecto se designen, se establezca el valor de los daños y perjuicios materiales ocasionados en las viviendas, y los perjuicios materiales que se hayan provocado individualmente, teniendo en cuenta en cada caso el daño emergente y lucro cesante…” (fls. 20-23, cdno.1).

(7) En virtud del despacho comisorio 017 del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca.

(8) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de junio de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 20150; del 20 de mayo de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación 14405; del 24 de abril de 1991, C.P. Policarpo Castillo Dávila, radicación 6110;

(10) Artículo 217 de la Constitución Política.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 16630.

(12) Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138. En similar sentido, el Consejo de Estado ha considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la inobservancia del deber positivo de protección que le es exigible con mayor rigor en situaciones de conflicto armado, y que demanda la aplicación de medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención para proteger y preservar los derechos fundamentales no sólo de las personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades.

(13) Salvamento de voto de la doctora Stella Conto en sentencia del 9 de diciembre de 2011, radiación 21201.

(14) En un mismo sentido se informó sobre los hechos violentos ocurridos en dicha población el 8 de julio de 1999, a través del Oficio 1102 suscrito por el mismo oficial de policía (fls. 19-21, cdno. 2).

(15) En asuntos de igual naturaleza, esta Subsección ha considerado que los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado plantean una categoría de riesgo que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y por el monopolio del uso de la fuerza. Esta categoría de riesgo, llamada riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado interno, el cumplimiento de ciertos deberes constitucionales por parte del Estado genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de padecer los efectos de los ataques que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades. Ver sentencia del 29 de octubre de 2012, expediente 18 472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2013, expediente 25495, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 26763, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2012, expediente 24504, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23778, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2012, expediente 21456, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 27 de abril de 2012, expediente 24505, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de 26 de julio de 2012, expediente 24012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.

(21) En efecto, el experticio realizado con la inspección judicial llevada a cabo el 1º de marzo de 2000 con la finalidad de ser allegado como prueba anticipada al presente proceso, no puede ser valorado por la Sala en atención a que mediante proveído del 5 de julio de 2001, el a quo dispuso declarar nulo todo lo actuado a partir del auto del 30 de noviembre de 2000 —a través del cual se abrió a pruebas el proceso— y revocó el literal C) de dicha providencia, en el que se ordenó correr traslado del mencionado dictamen, no pudiendo ser controvertido por las demandadas.

(22) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(23) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039, C.P. Jorge Valencia Arango.

(24) Sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente AG-520012331000200200226-01, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Posición reiterada en sentencia de 21 de marzo de 2012, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 24250, entre otras providencias relacionadas con los hechos de los atentados del municipio de Cravo Norte (Arauca).