Sentencia 2000-00214 de julio 31 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-1300131030062000-00214-01

Magistrado Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Cargo único

1. Acusa la violación indirecta de los artículos 1625 a 1626, 1757, 1759 y 1766 del Código Civil, y 91 a 93 de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de errores de “derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas y la demanda”.

2. Con relación a los errores de derecho, la recurrente los individualiza y explica de la siguiente manera:

2.1. Las indagatorias de Adalberto Garrido Rodríguez y Daniel Guevara Lemus, carecen de eficacia probatoria, pues se allegaron en copia simple y no se evacuaron con la audiencia o a instancia de la parte contra la cual se oponen, según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

Tales pruebas, por lo tanto, no acreditan la capacidad económica de Garrido Rodriguez, para así hablar de la inversión de la carga de la prueba. Tampoco los pagos realizados por Guevara Lemus, como erróneamente concluyó el tribunal.

2.2. Le niega valor probatorio al cheque en dólares y a la certificación del contador, por cuanto tratándose de documentos en idioma extranjero, no se realizó la traducción ordenada en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez; y porque si la efectuada se mira de manera individual, se trata de un documento sin firma de su autor, desprovisto de autenticidad.

2.3. Las copias tanto del auto que revocó la medida de aseguramiento, como de la demanda de parte civil, imponían su autenticación, de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de pruebas trasladadas de un proceso penal, cual quedó explicado, pero como esto se omitió, esas pruebas debieron excluirse del acervo probatorio.

2.4. Se desconoció el artículo 187 de la misma obra, puesto que pese a alardearse la valoración individual y conjunta de los distintos medios, esto riñe con la verdad, en consideración a que ningún análisis divergente o concordante se hizo, aunado a que no se valoraron “otras pruebas documentales”, ni se observaron los “indicios dados en el proceso”.

3. En cuanto al error de hecho en la apreciación de la demanda, la censura sostiene que, relativo a la compraventa entre José Francisco Parada Barrera y Marck R. Zack, vendedor y comprador, respectivamente, contenida en la Escritura Pública 5962 de 30 de diciembre de 1991, el sentenciador no interpretó que se trataba de la simulación relativa, con ocasión de la identidad de las partes.

En efecto, el “demandado Marck Zack solo permitió su nombre como comprador, siendo en realidad la persona compradora la señora María Victoria de Zubiría, como bien lo entendía el vendedor y que consintió en ello. Ella pagó la hipoteca y el precio al vendedor Parada”.

4. Relativo a los demás errores de hecho, la recurrente afirma que el tribunal omitió valorar la prueba indiciaria que se deduce de los siguientes hechos acreditados:

4.1. La amistad, demostrada con el testigo Alfonso Vergara Martínez, quien habla de la relación comercial entre el vendedor Marck R. Zack y el comprador final Daniel Guevara Lemus, y con lo aceptado en la contestación de la demanda, respecto a que este canceló a aquel cierto dinero, todo lo cual dejaba traslucir cuál era la persona con capacidad económica para fungir como propietario.

4.2. La crisis familiar, probada igualmente con la contestación de la demanda, y la huida del país de Marck R. Zack, para nunca regresar, como se daba cuenta en los documentos que se mencionan, todo entre febrero y abril de 1995, época de las escrituras públicas, denotaba el móvil de la simulación, la “‘prisa’ por desaparecer y dejar sin reacción a la verdadera propietaria”.

4.3. La presencia de Adalberto Garrido Rodríguez “solo sirvió de interpuesta persona para el cometido fraudulento”, al estar probada la invención del préstamo y la dación en pago de los bienes a Daniel Guevara Lemus, por la misma suma, esto es, sin ganancia alguna, según la réplica del libelo, la entrega del cheque en dólares antes de la negociación y la firma casi simultánea de las escrituras.

Si fuera cierto el préstamo, “cómo se explica que no haya contrato por escrito que informe el mismo, y si apenas empezaban los plazos, porque seguramente los hubo, ¿cómo es posible que se exigiera casi que con la concesión del mismo?”.

4.4. La constancia en el cuerpo de las escrituras públicas sobre el pago del precio, en dinero efectivo, y la confesión de haberse recibido, “hace inverosímil el hecho”, pues todo ello contradice la misma contestación de la demanda, donde se “informa cómo se dio un préstamo y a quien se le pagó”.

4.5. El precio del apartamento y del garaje otorgado en los mismos instrumentos, es inferior al real o comercial. El testigo Felipe Vergara Martínez, lo calcula en $ 100.000.000, mientras el dictamen pericial en $ 295.230.000.

4.6. La posesión material no fue entregada, dado que la ostentaba la demandante, quien pagaba la administración y hacía parte de la junta del edificio, como se demostró con los documentos que se mencionan, solo que fue “sorprendida con el proceso de entrega del tradente al adquirente”.

4.7. El comprador Garrido Rodríguez carecía de suficiente capacidad económica, su declaración de renta era desfavorable, mientras en la contestación de la demanda se dejó claro que él se valió de un préstamo, realizado por Guevara Lemus, quien salió de la nada a socorrerlo, sin exigir ninguna seguridad y respaldo. Tampoco hay prueba de la existencia de cuentas corrientes en cabeza de ninguno de ellos, mucho menos movimiento demostrado.

4.8. No existe prueba escrita del precontrato celebrado, lo cual demuestra la celeridad con que se dieron los actos simulados para defraudar a la demandante.

4.9. Los testigos de esta última, quienes eran amigos y relacionados de ella, no sabían de la existencia de las negociaciones, ni siquiera conocían a los compradores.

4.10. El último adquirente, Guevara Lemus, es quien afronta el pleito, al punto que los demás demandados no comparecieron directamente, viviendo uno en el país, en tanto el otro salió definitivamente del mismo para no volver, amén de que ni siquiera los llama en garantía.

5. Solicita la impugnante, en consecuencia, se case la sentencia del tribunal y se acceda a las pretensiones.

Consideraciones

1. Pese a que en la demanda se formula un solo cargo, al plantearse, internamente, varias acusaciones, respecto de todos los contratos de compraventa impugnados, la Corte, ante todo, abordará el estudio del error de hecho que se denuncia alrededor de la apreciación de la demanda, porque esto permite identificar el problema jurídico que allí se plantea, así sea en relación con uno de tales negocios, y delimitar el campo de acción de los demás yerros probatorios denunciados.

1.1. Conocido se tiene que como la demanda constituye el acto de postulación más importante del proceso, los demandantes deben expresar en forma clara y precisa las pretensiones y los hechos en que se fundamentan, porque desde el punto de vista formal, ello no solo sirve para la apertura del debate y para una adecuada contradicción, sino que también se erige en el marco dentro del cual la jurisdicción debe discurrir su actividad argumentativa y juzgadora.

De ahí que cuando el libelo no es claro, al juez le corresponde desentrañar la intención de su autor, teniendo en cuenta para ese propósito, como lo ha explicado la Corte, que la “torpe expresión de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando este alcanza a percibirse en su intención y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su demanda”(1).

En coherencia, la interpretación judicial de la demanda debe ser seria, fundada, razonada e integral, puesto que, cual igualmente tiene precisado esta corporación, la “intención del actor está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho”(2).

1.2. Tratándose del fenómeno de la simulación de los actos jurídicos o contratos, bien se sabe, ella tiene lugar cuando los individuos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, emiten de consuno declaraciones contrarias a la realidad que contienen, bien en forma absoluta, ya de manera relativa.

La primera acaece cuando el consenso de las partes se orienta a crear la apariencia de algo que no existe; y la segunda, cuando se oculta, bajo la falsa declaración pública, un contrato genuinamente concluido, pero disfrazado ante terceros, en cuanto a su naturaleza, condiciones particulares o respecto de la identidad de sus agentes. De ahí que la simulación absoluta envuelve la inexistencia del acto jurídico exteriorizado y la relativa la existencia de un negocio dispositivo diferente al aparente.

En ese sentido, la Corte tiene dicho que la “simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes.

“(...) [S]i de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos”(3).

Tocante con la simulación relativa por interposición ficticia de persona, se estructura cuando, en lugar del verdadero titular del derecho, se hace figurar como parte del contrato a una persona que en realidad no lo es. En este caso, el acuerdo simulatorio recae única y exclusivamente sobre el extremo subjetivo de la relación jurídica sustancial ajustada.

El intermediario o testaferro, al decir de la Sala, “es un contratante imaginario o aparente, y en la que no se disimula el contrato propiamente dicho, el cual en términos generales permanece intacto, sino las partes que lo celebren”(4).

En todo caso, como tiene explicado la Corte, “si uno de los partícipes oculta al otro que al negociar tiene un propósito diferente del expresado, esto es, si su oculta intención no trasciende el fuero interno, no existe otra cosa que una reserva mental por parte suya (propósito in mente retenti), insuficiente desde luego para afectar la validez de la convención, o para endilgar a la misma efectos diferentes de los acordados con el otro contratante que de buena fe se atuvo a la declaración que se le hizo”(5). Como igualmente en ocasión reciente se reiteró, “tampoco es posible en el ámbito de los extremos subjetivos del contrato si no media un ‘pacto para simular’ en el cual consientan el interponente, la persona interpuesta y el tercero, pacto cuyo fin es el de crear una falsa apariencia ante el público en cuanto a la real identidad de aquellos extremos”(6).

1.3. Frente a las anteriores directrices, en el caso, respecto del contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública 5962 de 30 de diciembre de 1991 de la Notaría Tercera Principal de Cartagena, celebrado entre José Francisco Parada Barrera y Marck R. Zack, vendedor y comprador, respectivamente, observa la Corte que en el libelo genitor no se solicitó que se declarara, en cuanto a los sujetos, la simulación relativa, toda vez que se aludió a la “simulación absoluta, teniendo esta misma condición o calidad la que realizó el señor José Francisco Parada Barrera”.

Sin embargo, los hechos y las pretensiones se refieren, así no sea con la precisión esperada, a la simulación relativa. En los primeros, al decirse que las “sumas que fueron materia de la compraventa inicial, eran de la exclusiva propiedad de María Victoria de Zubiría Piñeres”. Y en las segundas, cuando se solicitó, principalmente, se declarara que la antes citada era la propietaria absoluta de los inmuebles, o en subsidio, del 50%, esto último con referencia a que el demandado Marck R. Zack, para la época, era su compañero permanente, según así se había declarado mediante fallos judiciales en firme.

En la sentencia de primera instancia no se decretó la simulación absoluta del contrato de marras, pero al declararse que la “demandante María Victoria de Zubiría Piñeres es la propietaria absoluta del inmueble que dan cuenta los autos”, se supone, al margen de la condición de compañeros permanentes, que el comprador, señor Marck R. Zack, resultó fingido.

Lo anterior no fue extraño para el tribunal, porque inclusive en alusión a la unión marital de hecho, identificó que la simulación se pretendía debido a que el apartamento fue comprado por la actora y puesto a “nombre” de Marck Zack, con el fin de evitar embargos de sus acreedores, hecho que le otorgaba “legitimación por activa para iniciar la acción que nos ocupa, por ser según su dicho la real propietaria del inmueble”.

Desde luego, si en el fallo de primera instancia no se declaró la inexistencia del contrato de compraventa de que se trata, esto es, la simulación absoluta, pues se encontró que la propietaria del apartamento y del garaje era la demandante, y si, de otro lado, en la sentencia de segundo grado se concluyó que el negocio era real, incluyendo quien fungió como comprador, todo ello, a no dudarlo, tenía que ver con la simulación relativa.

El ad quem, por lo tanto, no pudo incurrir en error de hecho al apreciar la demanda, en cuanto, según la censura, no interpretó, en lo que atañe al primer contrato de compraventa, que se había impetrado la simulación relativa, por interposición de persona, puesto que, precisamente, eso fue la que negó.

2. Siendo claro, entonces, conforme a la interpretación de la demanda, que la simulación relativa se solicitó, respecto del primer contrato de compraventa, en tanto la absoluta de los dos subsiguientes, pasan a estudiarse los errores de derecho denunciados.

2.1. La Corte, con el propósito aludido, deja sentado que las pretensiones fueron negadas por el tribunal, en general, debido a que los negocios jurídicos impugnados respondían en la realidad a lo que los mismos exteriorizaban.

El contrato de 1991, por cuanto la propia demandante, en la demanda de parte civil presentada a raíz de la denuncia penal que formuló por el delito de estafa contra los ahora convocados, “reconoce que el bien fue adquirido por ella y su compañero permanente”. Y las compraventas de 1995, porque su real ocurrencia se probó con las “indagatorias” en la fiscalía, los “documentos” y la “inspección judicial”, pues de allí se deducía la capacidad económica de los adquirentes, el pago del precio pactado y la entrega judicial del apartamento al último comprador.

2.2. En los términos del cargo, la ausencia de fuerza probatoria se estructura por la falta de autenticación de los documentos y pruebas trasladadas de una investigación penal, de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, concretamente, en lo que respecta a las copias de la demanda de parte civil, de las indagatorias y de la decisión de la fiscalía mediante la cual se revocó la medida de aseguramiento que se había impuesto contra los denunciados.

2.2.1. Como se sabe, las pruebas practicadas válidamente en un proceso anterior, son admisibles en un juicio posterior, siempre y cuando, al tenor del artículo 185, citado, se alleguen en copia autenticada y hayan sido evacuadas a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

a) El requisito atinente a que los medios de convicción trasladados se hubieren recaudado con intervención o con el concurso del extremo contra el cual se oponen, tiene su razón de ser en los principios de publicidad y contradicción, porque si dicha parte estuvo ausente del escenario donde fueron practicadas, es apenas natural entender que resulta necesario brindarle la oportunidad de debatir las pruebas de que se trate, como tiene explicado la Sala, “ampliamente y de manera pública”(7), claro está, siguiendo las reglas de cada uno de ellos en particular, porque solo así quedaría a salvo el derecho de defensa.

b) Tratándose de copias de actuaciones judiciales, la jurisprudencia en forma constante e invariable ha sostenido que su fuerza probatoria se supedita a que hayan sido expedidas por orden del funcionario competente y que el secretario las autorice con su firma, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 115-7, 254-1 y 268-2 del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por el Decreto 2282 de 1989. Así se ha sostenido en las sentencias de casación civil de 22 de abril de 2002 (Exp. 6636), 19 de diciembre de 2006 (Exp. 00483), 9 de noviembre de 2010 (Exp. 00364), 3 de noviembre de 2011 (Exp. 00001) y 27 de agosto de 2012 (Exp. 00712), entre otras.

Con relación a las copias informales de documentos diferentes a actuaciones judiciales, reproducidas por el sistema mecánico de fotocopiado, cuyo original no se encuentra en poder de quien las aporta, igualmente la jurisprudencia, fundada en los artículos 253 y 268-3 del Código de Procedimiento Civil, ha dicho que solo tienen valor probatorio cuando su autenticación ha sido “certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo”. Así se puede ver en las sentencias de casación de 4 de noviembre de 2009 (Exp. 00127), 31 de octubre de 2011 (Exp. 00364), entre otras, y más recientemente, en el fallo de tutela de 7 de junio de 2012 (Exp. 1083).

Lo dicho significa que, en general, toda copia simple o informal de un documento carece de valor probatorio, porque como se señaló en la sentencia de casación de 4 de noviembre de 2009, citada, “en los términos en que fue concebido el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, así como los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 446 de 1998, es evidente que todos ellos hacen referencia a la autenticidad del documento, vale decir, a la certeza que debe tenerse respecto de quien es su autor, requisito ineludible para efecto de establecer su valor demostrativo.

“Tal elucidación deviene en axiomática, en cuanto se advierte que el legislador al reformar el estatuto procesal civil, mediante la Ley 794 de 2003, incorporó esas normas, justamente, en el citado artículo 252, el cual, como es sabido, gobierna lo relativo a la autenticidad de la prueba documental, esto es, reitérase aún a riesgo de fatigar, lo concerniente con la certeza de la autoría del mismo, cuestión que, y ello es evidente, es muy distinta a la relacionada con la identidad de la copia con el original. Puede acontecer, ciertamente, que a pesar de que la copia esté debidamente autenticada, vale decir, que sea idéntica al original, no por ese mero hecho adquiere la condición de auténtica, pues si el original no lo es, es decir, si respecto de él no se tiene certeza de quien es su autor, otro tanto ocurrirá con la copia. Es evidente que si se hubiere querido que esas normas tuvieren alguna relación con el crédito probatorio de las copias las habría integrado al artículo 254 ibídem.

“Así lo muestra la misma redacción de la comentada disposición legal, en la que ni por asomo se alude a las copias, ni a su valor probatorio, de modo que si el legislador hubiere querido equipararlas así lo habría expresado, dado que en materia probatoria es elemental la diferencia entre originales y copias”.

Como se observa, la Corte en forma constante e invariable le ha negado valor probatorio a la copia simple o informal de un documento, doctrina que en esta oportunidad igualmente debe reiterarse, por cuanto las hipótesis legales que las sostienen se encuentran vigentes, con mayor razón cuando se trata de la reproducción mecánica de actuaciones judiciales, no solo porque esa posición se ha mantenido en decisiones posteriores a las etapas probatorias de este proceso, sino porque es la misma ley, el artículo 115, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, la que establece, perentoriamente, que las “copias no autenticadas del expediente o de parte de este”, “no tendrán valor probatorio de ninguna clase”.

2.2.2. Frente a lo expuesto, surge claro que el tribunal incurrió en error de derecho, al apreciar copias no autenticadas de actuaciones judiciales, como son las indagatorias ante la fiscalía de quienes fueron vinculados en este proceso como integrantes del extremo pasivo, al igual que la demanda de parte civil presentada dentro de la investigación penal, documentos sobre los cuales concluyó, en términos generales, la seriedad y realidad de los contratos impugnados, cuando tales pruebas, por lo dicho, carecían de valor probatorio alguno.

Ahora, como lo anterior es suficiente para restarle eficacia persuasiva al contenido de los medios representados en dichas copias, respecto de los demás yerros de derecho denunciados, sobre que se violó el principio de contradicción, en cuanto no fueron evacuados en la actuación penal a instancia de la parte ahora demandante, o con su audiencia, el ataque resulta inane, porque en la hipótesis de ser cierto el argumento, el simple hecho de ser copias informales supera o releva ese otro análisis.

Las falencias de contemplación jurídica anteriores, sin embargo, no se predican de las copias de las providencias proferidas por el ente acusador, mediante las cuales se revocó la medida de aseguramiento impuesta a los entonces implicados, mismos vinculados en este proceso. En primer lugar, porque con independencia de su contenido, para la Corte no existe duda alguna que fueron expedidas de su original, pues la propia fiscal seccional 47 de Cartagena, en Oficio 343 de 3 de julio de 2009 (fl. 435, cdno. 2), así lo hizo constar al “hacer el envío de, copias autenticadas fielmente de las originales”.

Y en segundo término, porque como allí mismo aparece, esas decisiones fueron objeto de reposición y apelación por el entonces apoderado de la parte civil, ahora demandante, hecho indudablemente significativo de que, con relación a las mismas, ejercitó los derechos de defensa y contradicción, y que por tanto, le son oponibles en esta actuación.

2.3. En el cargo también se sostiene que la confirmación de las compraventas cuestionadas, no podía edificarse o basarse en la existencia de cheque en dólares y en la certificación del contador, ambas cosas, porque carecían de traducción oficial, y en particular de esta última, específicamente del ejemplar que se encuentra en español, porque es un documento sin firma desprovisto de autenticidad que no ha sido reconocido por su autor (arts. 260 y 272, ibíd.).

2.3.1. La traducción al castellano o español de los documentos que aparecen en idioma distinto, obedece, con independencia del lugar donde fueron extendidos, pues el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, no distingue, de una parte, a que ese es el idioma oficial de los procesos, cual se prevé en el artículo 102, ibídem; y de otra, porque la utilización de un lenguaje, que se supone común, permite conocer su contenido y el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.

Se trata, como se observa, de un requisito determinante de la eficacia probatoria del documento. No obstante, debe precisarse que la traducción por un tercero es necesaria cuando el documento se encuentra redactado en idioma distinto al castellano y no cuando el mismo autor del documento, así sea foráneo, también lo redacta o extiende en castellano, porque como quedó dicho, al fin de cuentas, lo importante es que, para los efectos indicados, todos, a partir de conocer su contenido, puedan impugnarlo o controvertirlo.

2.3.2. En la contestación de la demanda, es cierto, uno de los demandados, con el fin de acreditar la capacidad económica y el pago del precio del inmueble, allegó los aludidos documentos, pero extendidos en idioma extranjero.

En el expediente no aparece la traducción al castellano de tales instrumentos, en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. La del cheque, porque brilla por su ausencia; y de la certificación del contador, por haber sido realizada por un notario público de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, al decir, que este documento es una “exacta traducción del inglés al español, de la carta original, del cual me siento competente tanto del inglés al español como del español al inglés para rendir dicha declaración”.

En ese orden, los errores de derecho denunciados al respecto también se estructuran, porque como se observa, para establecer la capacidad económica de los adquirentes, el tribunal le dio eficacia probatoria a unos documentos extendidos en idioma extranjero, sin cumplir el requisito en cuestión. La del cheque, porque cual se señaló, no se realizó; y de la certificación del contador, por cuanto como se observa, la traducción no fue materializada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por un traductor designado por el juez.

2.3.3. No obstante, cuando se pretende desvirtuar las manifestaciones exteriorizadas por las partes al momento de contratar, siempre debe partirse de la presunción de sinceridad y seriedad de los negocios jurídicos bilaterales celebrados. Por esto, quien en un caso determinado pretenda sacar a flote la verdad que se encuentra oculta, corre con la imperativa e ineludible carga de acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar dirigidas a establecer que la realidad difiere de la apariencia públicamente expresada.

Así mismo, que como la sentencia susceptible de casación arriba a la Corte amparada por la presunción de acierto, igualmente se encuentra decantado que, con miras al éxito del recurso, al censor también le corresponde desvirtuar esa presunción, primero haciendo ver la evidencia de los desaciertos en el campo probatorio, y luego, poniendo de presente cómo su estructuración trasciende la decisión final.

De ahí que cuando la simulación demandada es negada por el tribunal en la sentencia impugnada, la labor del recurrente en casación se torna de suyo rigurosa y exigente, porque como tiene explicado la Sala, le “espera una doble y las más de las veces ardua tarea de aniquilación: de un lado, derruir la presunción de seriedad que rodea el acto jurídico controvertido y de otro arruinar aquella que, a su turno, protege la sentencia”(8):

Precisiones que justamente vienen al caso, porque si bien el sentenciador de segundo grado incurrió en los errores de derecho que han quedado identificados, también es cierto que los mismos resultan intrascendentes. Esto, porque si las pruebas que carecían de eficacia jurídica fueron tenidas en cuenta por el tribunal para confirmar la sinceridad y seriedad de los contratos de compraventa, al punto que revocó la sentencia estimatoria del juzgado, esto significa que aún sin esas pruebas, la presunción dicha se mantiene, porque por razón de la misma ineficacia no se pueden traer a cuento para acreditar lo contrario, y distinto es que existan otros medios de convicción que la desvirtúen.

3. Con ese propósito, en otro apartado del cargo, la recurrente denuncia la comisión de errores de hecho, en concreto, porque el sentenciador de segundo grado omitió apreciar los distintos indicios que se singularizan y que según la censura ponen en evidencia que los contratos impugnados son fingidos.

3.1. En la apreciación de los indicios de la simulación, considerados los más socorridos, ante la falta de prueba directa, debido a la confianza, cautela, reserva y discreción con que actúan los contratantes, dirigido a no dejar huella de su existencia, los errores facticos en esa materia tienen cabida, en general, en los casos en que el juzgador extrae inferencias de hechos que no se encuentran probados, o cuando respecto de determinadas circunstancias, desde luego, debidamente acreditadas, omite deducir cierta obligada consecuencia.

La Corte tiene explicado que en ese campo el error de hecho emerge cuando el juez “establece la existencia de un hecho desconocido a partir de un hecho indiciario que no fue probado, o si estándolo ignoró su presencia, o advirtiéndolo le negó la posibilidad de generar conocimiento de otro hecho, o provocó uno con desdén hacia la prueba que obra en el expediente, sin perjuicio, por supuesto, de las fallas inherentes a su apreciación, vinculadas a la concordancia y convergencia que debe existir entre unos y otros, así como entre todos ellos y los restantes medios de prueba recaudados, como lo impone el principio de la unidad de la prueba que albergan los artículos 187 y 250 del Código de Procedimiento Civil”(9).

3.2. En el cargo, no se acusa al juzgador de segundo grado de haber sacado inferencias de hechos no probados, sino que se reprocha por haber dejado de deducir aspectos de situaciones que se encontraban debidamente acreditadas.

Para resolver lo que corresponde, lo primero que se advierte es que los testimonios recibidos a instancia de la parte demandante, referidos de manera genérica en el cargo, salvo el de Felipe Alfonso Vergara Martínez, no pueden tenerse en cuenta para demostrar ningún hecho indicador, porque si el juzgado los desechó como pruebas, en general, por ser parientes o allegados de la actora, por no conocer a los compradores y por ser de oídas, se imponía habilitar su valoración, removiendo las razones que lo impidieron, pero como esto no se hizo, pues en el cargo se guardó silencio, debe seguirse que las conclusiones del tribunal siguen cobijadas por la presunción de acierto.

Desde luego, con ese propósito, tampoco se pueden tener como pruebas de los hechos indicadores, las fotocopias simples de actuaciones judiciales, ni ninguna otra, mucho menos los documentos en idioma extranjero, según lo supra explicado.

3.3. En ese orden de ideas, dejando a un lado los medios que carecen de eficacia probatoria, los errores de facto denunciados, respecto de la apreciación de los indicios, son inexistentes, en unos casos, porque las cuestiones que se dicen conocidas no se encuentran acreditadas, y en otros, por cuanto los hechos demostrados, no necesariamente se orientan a señalar determinada circunstancia.

3.3.1. Respecto de los primeros, la “affectio o amistad” “entre los diferentes contratantes”, porque lo que se expresa o acepta en la contestación de la demanda es una “relación comercial”, que es algo totalmente diferente.

El pretium vilis, la recurrente lo contrasta con el dictamen pericial, pero no tiene en cuenta que el perito se “refiere al valor actual del bien”, para el 9 de septiembre de 2005, cuando fue presentada la experticia, y no existe avalúo en la época de cada uno de los contratos de compraventa.

La prueba sobre que entre Adalberto Garrido Rodríguez y Daniel Guevara Lemus “se inventaron el préstamo y su posterior pago”, brilla por su ausencia. Se trata de una conjetura de la recurrente, edificada a partir de las circunstancias que rodearon el pago, en cuya construcción implica aceptar que lo hubo, de ahí que no resulta inverosímil la atestación en las escrituras públicas lo referente a que en efecto existió un precio, que se pagó y que se recibió, al margen de cómo se satisfizo, dación en pago, compensación, en fin.

La posesión a la postre no fue retenida, puesto que si la recurrente era quien la ejercía, como se sostiene y explica en el cargo, esto justifica la razón por la cual, al decir de la censura, en las “escrituras cuestionadas” se dijo que “en cinco días se entregaba”. Ahora, si esto no fue posible, la entrega en un proceso judicial pone de presente que la posesión no fue conservada por los enajenantes, pues aparte de que no la ostentaban, tuvo que acudirse para el efecto a las vías jurídicas.

Cuando se habla, respecto de Adalberto Garrido Rodríguez, que las “pruebas” dan cuenta que “su capacidad económica no le permitía comprar un apartamento de esa cuantía”, lo que denota es que sí tenía medios, aunque insuficientes; además, se incurre en el defecto técnico de omitir singularizar las pruebas que lo indican. Si se refiere a la contestación de la demanda, el hecho es inexistente, porque el citado estuvo representado por curador ad litem; y si se trata de lo manifestado por otro apoderado, allí se habla es de que se valió de unos recursos, y no que no los tuviera de manera absoluta. Y la declaración de renta, se echa de menos en el expediente.

3.3.2. Los demás indicios de que se habla, son simplemente contingentes.

La falta de promesa de compraventa y que los testigos manifestaron que no sabían de las negociaciones o que ni siquiera conocían a los contratantes, no son hechos indicativos de la simulación. Lo primero, porque los actos preparatorios de un contrato, no se imponen como necesarios. Lo segundo, porque además de confirmar las conclusiones del tribunal en relación con la apreciación de la prueba testimonial, es irrelevante que los “amigos y relacionados” lo sepan; además, una cosa es que los declarantes no tengan conocimiento, y otra, distinta, que las negociaciones se les hayan ocultado, sin que de esto último exista prueba, al menos de ello nada se dice en el cargo.

La falta de medios de convicción sobre que los sucesivos compradores “tuvieran cuentas bancarias” o “movimiento demostrado”, se alude, como se menciona en la acusación, para “descartar una posible declaración de simulación”, que no para indicarla de manera contundente. Por lo mismo, el no haberse acreditado esas circunstancias, no conduce, inexorablemente, a que no existan. Distinto es que diciéndose pagar el precio a través de movimientos bancarios, esto en realidad, por las circunstancias que fueren, no tuvo ocurrencia, pero nada de ello siquiera se insinúa.

La incuria y la conducta procesal de las partes, no es indicativa de la simulación, porque como se acepta, los demandados fueron vinculados indirectamente al proceso. Por lo demás, no existe certeza que hubiesen evadido la notificación, al punto que en el mismo cargo se siembra la duda, al decirse, con relación a Garrido Rodríguez, “vaya a saber si así actuó en el proceso de entrega, seguramente fue diligente en la notificación”, o que “seguramente tuvo noticia del proceso por sus compañeros demandados”. Y respecto de Marck R. Zack, cuando se indica que “igual” cosa “sucedió”.

En cuanto a Guevara Lemus, quien compareció para desplazar al curador ad Iitem, porque si, en definitiva, el indicio se hace derivar de la falta de “actividad probatoria para ayudar al esclarecimiento de los hechos debatidos” y de no haber llamado a sus codemandados en garantía, lo primero no era una carga suya, pues desde el comienzo del litigio, al decir de la Sala, “lo que ha de presumirse es la seriedad, la realidad del negocio, y no su simulación”(10), y lo segundo, era netamente potestativo.

La crisis familiar, enarbolada como causa de la simulación, no se expresa que estuviere probada de manera contundente, con el señalamiento de las pruebas que así lo indican, simplemente se afirma que esa circunstancia se “deja entrever en la contestación de la demanda”, y bien se sabe que los errores de hecho en casación no pueden edificarse sobre la duda.

De otra parte, la salida del país del compañero permanente de la demandante, la última vez en enero de 1995, es un hecho meramente contingente, pues si de él se afirma que era extranjero, la migración también puede tener otra justificación.

Y relativo a las fechas entre las dos últimas compraventas, 23 de febrero y 6 de abril de 1995, tendría que tratarse de un hecho totalmente inusual, pero como en esa materia nada excluye ventas sucesivas, con mayor razón cuando se derivan de relaciones comerciales, ello no conduce a la simulación, en palabras de la Corte, a un “obligado vínculo de causalidad”(11).

En todo caso, la salida del país y las ventas sucesivas, no pasarían de ser hechos insulares, los cuales, por sí, ante la inexistencia de otros medios que los corroboren, carecerían de la contundencia necesaria para desvirtuar la presunción de sinceridad y seriedad de los contratos impugnados.

4. Por último, el error de derecho probatorio, derivado de la trasgresión del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se hace consistir, de un lado, en que el tribunal omitió todo análisis concordante o divergente del acervo demostrativo; y de otro, en que no valoró “otras pruebas documentales” ni “observó los indicios dados en el proceso”.

4.1. La apreciación en conjunto de las pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica, excluye, como es natural entenderlo, cualquier reproche material o jurídico de cada medio en particular, pues se entiende que en el proceso lógico de evaluación probatoria, se trata de etapas superadas.

Por esto, cuando se denuncia la infracción de las reglas de apreciación probatoria contenidas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, no puede haber reproche acerca de la constatación material de las pruebas, tampoco respecto de su contenido objetivo, porque si se prescinde de las conclusiones del tribunal en ese campo, la Corte tiene explicado que se caería en el “terreno rigurosamente fáctico”(12).

De ahí que a partir de la contemplación objetiva y separada de los distintos medios de prueba, tal como lo concluyó el sentenciador de instancia, el censor, para demostrar el error de derecho, debe poner de presente no solo el análisis aislado o insular del acervo probatorio, sino cómo el mismo se opone a los dictados de la ciencia, de la experiencia y de la lógica, frente a un trabajo de confrontación y concatenación, lo cual comporta hacer exclusiones, armonizaciones y conclusiones.

4.2. Aplicadas las anteriores directrices al sub judice, pronto se advierte el fracaso de la acusación en ese aspecto.

4.2.1. Ante todo, porque lo relativo a que se pasó por alto apreciar “otras pruebas documentales”, así como los “indicios dados en el proceso”, es cuestión que escapa a un problema de contemplación jurídica de las pruebas, razón por la cual en ese campo el ataque no resulta técnico; y porque si se interpreta con amplitud que en ese apartado se denuncia la comisión de errores de hecho, la Corte encuentra un obstáculo insalvable para adentrarse en el fondo, por cuanto los yerros simplemente se enuncian, que no se desarrollan, al punto que ni siquiera se singularizan o determinan los medios omitidos.

4.2.2. Igualmente, porque el otro error de derecho probatorio se fundamenta simplemente en que pese a que la “sentencia acusada hace alarde de haberse valorado en conjunto (...) las pruebas”, nunca hubo una valoración conjunta.

En la hipótesis que ello sea cierto, se observa que el error tampoco fue sustentado, porque la censura ni siquiera ensaya el análisis conjunto de las pruebas correctamente apreciadas en el campo material. No bastaba afirmar, por lo tanto, que ese análisis se omitió, sino que ha debido desarrollarse, porque el carácter estricto y dispositivo del recurso de casación, prohíbe a la Sala adelantar una pesquisa oficiosa.

Desde luego, en el evento que ese deber no hubiere sido omitido, a la recurrente también le correspondía poner de presente cómo las exclusiones, armonizaciones y conclusiones efectuadas por el tribunal, reñían con la lógica, con la ciencia o con las reglas de la experiencia. Tarea que en el sub judice igualmente fue incumplida, porque bien o mal, como se acepta en el cargo, en la sentencia recurrida se hizo alarde de que las pruebas se analizaban en conjunto.

5. En ese orden de ideas, el cargo no se abre paso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Familia, en el proceso ordinario promovido por María Victoria de Zubiría Piñeres contra Marck R. Zack, Adalberto Garrido Rodríguez y Daniel Guevara Lemus, con la citación de José Francisco Parada Barrera.

Las costas en casación corren a cargo de las demandadas recurrentes. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000), por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 16 de febrero de 1995, CCXXXIV-234.

(2) Sentencia de 6 de septiembre de 2010, Expediente 00085, reiterando doctrina anterior.

(3) Sentencia de 30 de julio de 2008, Expediente 1998-00363.

(4) Sentencia 163 de 28 de agosto de 2001, Expediente 6673.

(5) Sentencia 149 de 16 de diciembre de 2003, Expediente 7593.

(6) Sentencia de 24 de septiembre de 2012, Expediente 2001-00055.

(7) Vid. Sentencia de 28 de julio de 2010, Expediente 2005-00053.

(8) Sentencia de 26 de junio de 2008, Expediente 00055, reiterando doctrina anterior.

(9) Sentencia de 17 de julio de 2006, Expediente 1992-00315, reiterando doctrina anterior.

(10) Sentencia de 30 de agosto de 2010, Expediente 2004-00148, reiterando doctrina anterior.

(11) Sentencia 056 de 26 de junio de 2008, Expediente 00055.

(12) Sentencia de 4 de marzo de 1991, CCVIII-151.