Sentencia 2000-00217 de octubre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 500012331000200000217 01 (41383)

Actor: Héctor Julio Rojas Gutiérrez y otros

Demandado: Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otros

Ref.: Reparación directa

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 22 de febrero de 2011, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la mayor pretensión que se estimó en la demanda supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para la fecha de interposición del recurso (L. 954/2005)(22).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En el presente asunto, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la responsabilidad administrativa que se demanda se originó en los perjuicios sufridos por los demandantes derivados del accidente de tránsito sucedido el 6 de diciembre de 1998 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 27 de junio de 2000, se impone concluir que fue instaurada oportunamente.

2.3. Sucesión procesal.

Advierte la Sala que, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, fue suprimida por el Gobierno Nacional a través del Decreto Nº 1615 del 12 de junio de 2003, en el cual también designó como liquidadora a la Fiduciaria La Previsora (art. 10) y fijó el día 31 de enero de 2006 como plazo máximo para finalizar el proceso de liquidación (art. 2º).

De conformidad con el artículo 12.29 del mismo Decreto(23), el liquidador de Telecom debía constituir un Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, orientado a administrar, enajenar y sanear los activos no afectos al servicio de telecomunicaciones y atender con ellos, entre otros compromisos, las obligaciones remanentes y contingentes de la entidad liquidada que comprendían las que se estuvieran tramitando en procesos judiciales.

Así, antes de verificarse la extinción definitiva de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en el plazo fijado —31 de enero de 2006(24)—, la Fiduciaria La Previsora constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en Liquidación - PAR, mediante contrato de fiducia mercantil celebrado con el Consorcio Remanentes Telecom, conformado por las sociedades Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.

Por lo anterior, la presente sentencia habrá de producir efectos respecto del “patrimonio autónomo remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación, PAR”, en su calidad de cesionario de la demandada y desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en Liquidación, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la sucesión procesal opera si en el curso del proceso sobreviene, como ocurrió en este caso, la extinción de la persona jurídica que figure como parte.

Dilucidado este aspecto, pasa la Sala a examinar las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su validez y, de esta manera, realizar el respectivo juicio de responsabilidad en el cual se centra la presente controversia.

2.4. Valor probatorio de las copias aportadas al proceso.

Advierte la Sala que, en la sentencia apelada, el a quo rechazó tres documentos aportados en copia simple por la parte demandante, en particular el informe policial del accidente con su respectivo croquis, un informe adicional rendido ante el Departamento de Policía del Meta sobre ese mismo suceso y, una hoja de remisión del hoy demandante al servicio de urgencias del Hospital de Acacías(25). Adicionalmente, se aprecian en el plenario otras probanzas aportadas en copia simple que contienen los historiales médicos de la víctima, recogidos en diferentes sedes asistenciales(26).

Teniendo en cuenta lo anterior y en aplicación del cambio jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida por esta Sección del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2013(27), en la cual se otorgó valor probatorio a las copias simples, los referidos documentos aportados con la demanda serán valorados, dado que ninguna de las partes formuló tacha contra ellos ni se opuso a su valoración durante el trámite procesal. Por consiguiente, ha de concluir la Sala, que en el presente caso la ocurrencia del daño y la responsabilidad patrimonial del Estado serán examinadas a la luz de dichos medios probatorios, en conjunto con las probanzas que obran en original y en copia auténtica.

2.5. Lo probado en la actuación.

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales —según lo que se viene de señalar—, la Sala encuentra debidamente acreditado que:

● En virtud del contrato de concesión Nº 446 del 2 de agosto de 1994, la sociedad Carreteras Nacionales del Meta S.A. se obligó para con el Instituto Nacional de Vías, Invías, a ejecutar las obras de rehabilitación, operación y mantenimiento de tres carreteras del departamento del Meta, entre ellas la que hoy comunica a la ciudad de Villavicencio con el municipio de Granada, y en cuyo trayecto se encuentra localizada la población de Acacías(28).

● Mediante acta de recibo final del 28 de mayo de 1997, suscrita en desarrollo del contrato de concesión Nº 446 de 1994, la firma Odinsa S.A.que obraba en dicha fecha como contratista de la empresa Carreteras Nacionales del Meta S.A.— le entregó a la sociedad concesionaria las obras de rehabilitación del sector de la doble calzada de Acacías(29).

● Por otro lado, el 25 de julio de 1996 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, —hoy suprimida— celebró con la firma Nissho Iwai de Colombia S.A., el Convenio de Asociación Nº 0018, cuyo objeto consistía en establecer las condiciones, obligaciones y demás estipulaciones bajo las cuales se desarrollaría el proyecto de telecomunicaciones que le permitiría a Telecom prestar del servicio de telefonía regional y local “en diferentes localidades del país”(30).

De conformidad con la cláusula cuarta del indicado convenio, le correspondía a Nissho Iwai de Colombia S.A. la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de las redes de telecomunicaciones, así como el montaje de las interconexiones y de la infraestructura respectiva. Por su parte, Telecom tendría la obligación de operar y explotar los equipos y elementos suministrados por Nissho Iwai de Colombia S.A. para la debida prestación del servicio(31).

● En la cláusula vigésima primera del convenio Nº 0018 de 1996, las partes estipularon que cada una de ellas asumiría responsabilidad por los actos de sus propios empleados y subcontratistas(32).

● El día 6 de diciembre de 1998 a las 4:15 pm, el señor Héctor Julio Rojas resultó lesionado como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la Carrera 23 del Municipio de Acacías, Meta, frente a la sede de la electrificadora, al colisionar la motocicleta en la que viajaba contra una tractomula que marchaba por el mismo lugar. Según el correspondiente croquis, el choque desplazó a la motocicleta a una distancia de 10,20 metros(33).

● La vía en donde tuvo ocurrencia el accidente era recta, de doble sentido, carente de señalización, tenía una calzada de asfalto con dos carriles separados por una línea central, su estado era bueno y se encontraba seca.

● El agente encargado de rendir el informe del accidente señaló que a todo lo ancho de la calzada había una zanja abierta, sobre la cual cayó la motocicleta en el momento previo al impacto, provocando la rotura de sus ejes, la pérdida del control y el subsiguiente choque con el otro vehículo(34). La existencia de la abertura en la vía y la carencia de señales de tránsito y prevención, fueron corroboradas por el mismo servidor policial en testimonio rendido el 21 de febrero de 2007 ante el tribunal de primera instancia(35).

● En audiencia pública del 6 de diciembre de 2007, el testigo Edgar León Puentes declaró que, en su condición de agente de la Policía Nacional, llegó a bordo de una patrulla al sitio del siniestro momentos después de que el mismo se produjo, hallando a la víctima con una herida evidente en su brazo izquierdo, la motocicleta con fisuras en su eje y la zanja abierta a lo ancho de toda la calle(36). Agregó que en el sector no estaba instalada ninguna señal de tránsito ni de prevención.

● Mediante oficio de fecha 4 de marzo de 1999, el subsecretario de Urbanismo y Medio Ambiente del Municipio de Acacías, Meta (Secretaría de Planeación), le informó al señor Héctor Julio Rojas que la indicada abertura u oquedad de la “Avenida 23 entrada principal de Acacías, diagonal a la electrificadora”, había sido realizada por la empresa Angelcom S.A., como “contratista” de Telecom. El funcionario también subrayó que los permisos del caso eran otorgados por la firma Odinsa S.A., como encargada de la administración, vigilancia y mantenimiento de las carreteras nacionales que atravesaban el departamento del Meta(37).

● En comunicación del 11 de noviembre de 1999, la sociedad Carreteras Nacionales del Meta S.A. le señaló al hoy demandante que la empresa Angelcom S.A. había sido la solicitante del permiso para efectuar “dos cruces” en la vía Villavicencio – Acacías(38).

● Por su parte, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, le informó al actor, mediante oficio Nº 3244 del 19 de noviembre de 1999:

“...la firma contratista que ejecutó las obras de ampliación de la red externa en Acacías es Angelcom S.A. Esta firma fue contratada por Teleconsorcio, quien es el socio de Telecom en el Convenio de Asociación suscrito para ampliación de líneas telefónicas...”(39).

● A causa de la colisión, el señor Héctor Julio Rojas resultó lesionado con herida abierta en su hombro izquierdo y en la rodilla, además de sufrir trauma cráneo-encefálico moderado y quemadura en el muslo derecho. El personal médico del Hospital Local de Acacías remitió a la víctima al Hospital Departamental de Villavicencio, acotando, además, que el hoy demandante presentaba signos de embriaguez(40).

● En el servicio de urgencias del Hospital Departamental de Villavicencio se constató que el actor presentaba las heridas ya señaladas y signos que reflejaban consumo reciente de alcohol(41).

● Durante los meses siguientes, el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez permaneció bajo control médico debido a que el politraumatismo sufrido en el accidente le había generado estiramiento del plexo braquial izquierdo, con parálisis flácida e inervación del respectivo miembro superior. Esta circunstancia llevó a los especialistas a concluir, el 11 de agosto de 1999, que la víctima requería la amputación del brazo, por ausencia de mejoría y mal pronóstico(42).

El dictamen pericial rendido en el proceso 

● Mediante auto de pruebas emitido el 8 de noviembre de 2006, el Tribunal Administrativo del Meta decretó, entre otros medios de convicción, una inspección judicial cuya práctica debía ser adelantada por juez comisionado, con facultad para designar peritos(43). En cumplimiento de lo anterior, mediante proveído de fecha 6 de agosto de 2007, el Juez Civil del Circuito de Acacías —actuando como comisionado— designó a un auxiliar de la justicia para que acompañara la diligencia de inspección judicial, en calidad de perito(44).

● En la inspección judicial —llevada a cabo el 10 de octubre de 2007—, el juez comisionado le impartió al perito la orden de verificar, por los medios que tuviera a su alcance, el lugar de ubicación de la zanja que fue supuestamente destinada para tender líneas telefónicas en el año 1998 y, de haber existido la misma, determinar sus características y todo lo referente a su debida señalización(45).

● En su experticia(46), el auxiliar de la justicia manifestó que la referida excavación había sido realizada por Angelcom S.A. como subcontratista de la empresa Teleconsorcio S.A., según la documentación previamente aportada a este proceso. Concluyó, además, con base en esas mismas probanzas y en la información que le suministraron terceras personas, que la oquedad debió tener un ancho mínimo de 50 centímetros y una profundidad de 0,8 a 1 metro, dada la naturaleza del trabajo que allí se debía realizar, esto es, la instalación de redes telefónicas.

● Agregó el auxiliar de la justicia que, al realizar la indicada perforación, los operarios debieron dejar habilitada la mitad de la vía para el tránsito de automotores y que, en todo caso, fue la ausencia de señalización el factor que le impidió al motociclista percatarse oportunamente sobre la presencia de la oquedad.

● Al dictamen también se acompañaron otros elementos probatorios, tales como 10 fotografías del estado que presentaban la vía y la obra en el momento de práctica de la prueba y los planos de los trabajos de infraestructura de telecomunicaciones, suministrados por la hoy liquidada empresa Telecom(47).

● A solicitud del Invías, el dictamen fue aclarado por el perito mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2009(48). En dicha aclaración, el auxiliar de la justicia esbozó las mismas conclusiones del dictamen inicial, especificando cuáles eran las medidas preventivas y las señales de tránsito que debieron instalarse en el lugar de los hechos. Adicionalmente, manifestó haber realizado gestiones para acceder a la bitácora de las obras ejecutadas por la empresa Angelcom S.A., pero señaló que no le fue suministrado dicho documento.

2.6. Análisis de la sala.

La objeción al dictamen pericial. 

El Instituto Nacional de Vías, Invías, formuló objeción por error grave contra el dictamen, aspecto que fue abordado por el tribunal a quo en la parte motiva del fallo apelado, pero no fue resuelto en el acápite decisorio. Por esta razón, la Sala procederá a decidir lo pertinente sobre las inconformidades planteadas por la indicada entidad, contra la prueba pericial.

En efecto, el Invías manifestó en su escrito de objeciones que las conclusiones del perito carecían de fundamento científico y técnico, puesto que sólo se habían basado en la información suministrada por la parte demandante y en pruebas que ya reposaban en el expediente. Consideró la entidad objetante que el concepto del perito sólo contenía suposiciones subjetivas y sospechosas y que ello podía conducir a una decisión injusta en la presente controversia.

Al respecto, se precisa lo siguiente:

De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, la objeción que las partes pueden formular contra el dictamen pericial, procede por “error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”. Vale decir, debe tratarse de un error de tal magnitud que, “de no haberse presentado, otro hubiera sido el sentido del dictamen rendido por los peritos”(49), por lo cual, el yerro debe ser tan significativo que las conclusiones a las cuales conduzca, sean ostensiblemente equivocadas(50).

En torno a los presupuestos de este mecanismo de contradicción probatoria, esta corporación ha señalado:

“la objeción por error grave procede no por la deficiencia del dictamen ante la falta de fundamentación o sustento técnico y científico o por la insuficiencia o confusión de los razonamientos efectuados por los peritos, sino por su falencia fáctica intrínseca, a partir de la cual no puede obtenerse un resultado correcto, por cuanto parte de premisas falsas o equivocadas en relación con el objeto mismo materia de la experticia, ‘(...) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, (...) es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (...) no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva’ (G. J. tomo LXXXV, pág. 604)(51)(52) (Énfasis fuera de texto).

De lo anterior se sigue que, para que prospere la objeción por error grave, la experticia debe haber cambiado las cualidades del objeto examinado o haber tomado como objeto de estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen y, no, como lo pretende la entidad objetante, que los razonamientos que hizo y las conclusiones a las que llegó el perito no estuvieran respaldadas por medios probatorios idóneos.

La Sala observa que el dictamen pericial obrante en el expediente estuvo rendido sobre el objeto adecuado, el cual consistía en verificar que para la fecha de los hechos y en el lugar de su ocurrencia, sí hubiese existido una perforación sobre la calzada y, en caso afirmativo, determinar su autoría, las características de la abertura y las medidas preventivas que debieron adoptarse cuando se realizaron las obras en la zona del accidente. Las respuestas del perito guardaron entera relación con estos aspectos, y si bien la mayor parte de su fundamentación provino de los documentos aportados por los demandantes, no es menos cierto que el perito visitó el lugar al menos en dos oportunidades, hizo registros fotográficos válidos para esclarecer los puntos que debía abordar el dictamen y recopiló los planos suministrados por Telecom, empresa que es la demandada en el sub lite.

En consecuencia, será denegada la objeción formulada por el Invías contra el referido dictamen pericial, por cuanto el mismo no adolece de error grave, en los términos que anteriormente se precisaron.

Ahora, en cuanto al mérito que ofrece el dictamen para ser valorado como prueba en el presente asunto, encuentra la Sala que las conclusiones de dicha experticia acerca de la existencia de la excavación, los responsables de la misma y la ausencia de señales preventivas, figuran en otros medios de convicción, como quedó evidenciado en forma precedente. No obstante, aunque el concepto plasmado en el dictamen no ofrece, por sí mismo, información nueva sobre lo acontecido en la fecha del siniestro y la autoría de las obras que causaron el accidente, lo cierto es que no por ello el dictamen carece totalmente de mérito probatorio, en particular porque, contrario a lo sostenido por el a quo, el perito recaudó probanzas adicionales a las aportadas por la parte actora, entre ellas una que resulta de importancia, esto es, el plano de las obras mismas, entregado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, hoy suprimida.

Por lo tanto, en el análisis de los elementos de responsabilidad del Estado en el caso bajo análisis, se tendrán en cuenta los aportes probatorios que el dictamen pericial hace a la causa, particularmente con sus soportes anexos.

El daño antijurídico y su imputación a Telecom y al Municipio de Acacías. 

La Sala advierte que se encuentra demostrado el daño antijurídico aducido en la demanda, consistente en las lesiones sufridas por el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, el 6 de diciembre de 1998. La primera prueba que da cuenta de esta circunstancia es, precisamente, el informe de accidente que obra con croquis en el presente plenario, y en el cual se señaló que en la fecha ya mencionada la motocicleta conducida por el hoy demandante Héctor Julio Rojas Gutiérrez colisionó contra una tractomula a la altura de la calle 23 del Municipio de Acacías, luego de caer sobre una zanja abierta a lo ancho de la vía y perder el control de su vehículo por esa circunstancia.

Estos hechos se reiteraron en la comunicación de fecha 7 de diciembre de 1998, remitida por el agente policial ante el Departamento de Policía del Meta, en el testimonio que el mismo uniformado rindió en estrados judiciales en el curso de esta actuación(53) y en la declaración vertida por el uniformado Edgar León Puentes el 6 de diciembre 2007(54).

Ahora bien, el daño debe ser imputado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y al Municipio de Acacías, a título de falla del servicio, por las razones que a continuación se exponen:

En lo atinente a Telecom, ha de tenerse en cuenta que esa misma empresa informó por escrito que las obras de ampliación de la red externa en el sector de Acacías, habían sido ejecutadas por la sociedad Angelcom S.A. en virtud de subcontratación hecha por la firma Teleconsorcio S.A. la que, a su vez, actuaba como socia de Telecom en el Convenio de Asociación celebrado para la ampliación de líneas telefónicas(55). Lo anterior guarda conexidad con lo señalado por la sociedad Carreteras Nacionales del Meta S.A. en oficio calendado el 11 de noviembre de 1999, en el cual manifestó que Angelcom S.A. había gestionado un permiso para efectuar “dos cruces” en la vía Villavicencio-Acacías, evento que también fue documentado por la Secretaría de Planeación de este municipio, al informarle al hoy actor que la perforación de la Avenida 23 en zona “diagonal a la electrificadora” había sido realizada por Angelcom S.A., como subcontratista de Telecom.

De esta manera queda plenamente establecido que la excavación hecha en todo el ancho de la indicada vía estuvo a cargo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, como dueña de las obras de instalación y ampliación de redes y líneas telefónicas y que, en tal virtud, dicha entidad estaba llamada a adoptar las medidas encaminadas a evitar y prevenir los daños que tales trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El documento contractual que reposa en el expediente es el Convenio de Asociación Nº 0018 del 25 de julio de 1996, celebrado entre Telecom y la empresa Nissho Iwai de Colombia S.A., cuyo objeto consistió en establecer todas las condiciones en que habría desarrollarse, a riesgo compartido, el proyecto de telecomunicaciones que le permitiría a Telecom prestar el servicio de telefonía regional y local en diferentes zonas del país(56).

En el proceso no obra prueba de que la empresa Teleconsorcio S.A. hubiese sido parte en ese convenio específico en calidad de subrogataria, cesionaria o sucesora de la firma Nissho Iwai de Colombia S.A., pero los demás documentos obrantes en el proceso —uno de ellos emanado de Telecom— deja en claro que la empresa aquí demandada era la dueña de las obras de infraestructura telefónica que concretamente se estaban adelantando en el lugar del accidente, por lo cual estaba obligada a adoptar las medidas de prevención a que hubiere lugar y era la responsable de los daños que tales trabajos llegaran a causar, independientemente de que su ejecución sobre el terreno hubiese sido adelantada por contratistas suyos.

Es pertinente traer a colación lo que la jurisprudencia ha señalado en relación con la responsabilidad que le cabe al Estado por los daños que causan sus contratistas. En efecto, esta corporación ha manifestado(57):

“De tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala ha venido reiterando la posibilidad de imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, en el entendido de que la actividad realizada por éstos en ejecución de convenio celebrado con una entidad pública, debe ser analizada como si hubiere sido desplegada directamente por ésta a efectos de establecer si debe deducirse responsabilidad extracontractual al Estado. En tal sentido, ya desde la sentencia proferida el 9 de octubre de 1985, esta corporación expresó:  

‘Fueron unánimes tanto la doctrina (...) como la jurisprudencia, en sostener que el trabajo no dejaba de ser público por el hecho de que lo ejecutara un contratista particular a nombre de la entidad pública (...). 

Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra; su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general (...). La colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado (...). En otros términos: El contratista de una obra pública no se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; es ella misma la que actúa (...). Ni siquiera puede hablarse que la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. No puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta, a pesar de que el perjuicio se haya producido por la actuación de una persona vinculada a la administración (...).  

‘Es frecuente observar que en los contratos de obra pública se pacte que el contratista será el responsable de los daños a terceros; pero esto no quiere decir que la administración no responda frente a éstos’(58) 

En consecuencia, en nada se modifica el régimen de responsabilidad aplicable en el sub lite por la circunstancia de que la obra pública en cuestión estuviere siendo realizada por contratistas y subcontratistas del Municipio de Cali y no por servidores públicos ligados con éste a través de un vínculo legal y reglamentario o contractual laboral(59) (Énfasis fuera de texto).

En pronunciamiento posterior, esta Sala reiteró:

“...en los eventos relacionados con daños a terceros, causados con la ejecución de obras públicas realizadas con el concurso de contratistas, se compromete la responsabilidad de la Administración, porque es tanto como si ésta ejecutara directamente las obras, sin perjuicio de que, para obtener el reintegro de las sumas que deban pagarse por la condena impuesta, pueda llamarse en garantía o repetirse contra aquéllos. Así, siempre que tales daños sean consecuencia de la ejecución de obras públicas a cargo de la Administración, bien sea que éstas se ejecuten con recursos y medios propios, o bien mediante el concurso de un contratista, aquélla debe cargar con la responsabilidad y la obligación de reparar los daños derivados de dicha actividad”(60).

Como bien resulta de los apartes jurisprudenciales que vienen de retomarse, la falla cometida por Angelcom S.A., al abstenerse de señalizar la perforación de la calzada, genera la responsabilidad en cabeza de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en cuanto dueña de tales trabajos, por el daño que la aludida falla le ocasionó al hoy actor, pues aparece claro que la ausencia de señalización y de medidas de prevención fue determinante en la causación del siniestro(61).

Dicho lo anterior, es preciso advertir, igualmente, que el deber de señalización no sólo recaía sobre la entidad dueña de las obras, sino también sobre la autoridad de tránsito del Municipio de Acacías, de conformidad con lo ordenado en el Decreto 1344 de 1970, normatividad que regulaba las actividades de tránsito y transporte en la época de los hechos, y cuyo artículo 113 establecía:

Las autoridades municipales de tránsito colocarán en las vías urbanas las marcas y señales para estacionamiento paraderos, cruce de peatones, zonas escolares, zonas de taxis, zonas de cargue y descargue, y demás a que haya lugar, de acuerdo con las pautas del Ministerio de Obras Públicas, quien tendrá a su cargo la colocación de las señales en las autopistas y carreteras”.

Las pautas señaladas en el artículo en cita fueron fijadas, en efecto, por el entonces Ministerio de Obras Públicas a través del “Manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras”, en el cual se establecía:

“CAPÍTULO I//SEÑALES//Señales de prevención o preventivas (...) SP-38 - Trabajo en la vía. Esta señal se empleará para advertir la proximidad a un tramo de la vía sometido a trabajo de reconstrucción o conservación de la calzada o zonas adyacentes(62).

A su vez, el artículo 116 del mismo Decreto 1344 de 1970, preceptuaba:

“No podrán colocarse en las vías, señales o avisos, sin permiso del Ministerio de Obras Públicas en las zonas rurales, o de las autoridades municipales de tránsito en las vías urbanas.

Por lo tanto, las señales que debían instalarse sobre la calle 23 del Municipio de Acacías, también eran función y competencia de la autoridad de tránsito de dicha entidad territorial, no sólo porque así lo consagraba el artículo 113 del Decreto 1344 de 1970, en cita, sino también porque el permiso para señalizar debía ser gestionado por el dueño de la obra ante el mismo municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 ibídem.

Es del caso subrayar que las vías urbanas referidas en las mencionadas normas, estaban clasificadas en el artículo 110 del mismo Decreto 1344 de 1970 como aquellas ubicadas “dentro del perímetro urbano” y comprendían no sólo las vías ordinarias, las vías principales y las vías privadas, sino también las vías arterias y las autopistas. Por lo tanto, aun cuando se tratara de una carretera construida por entidades nacionales, la vía ubicada en el perímetro urbano del municipio debía ser señalizada por éste.

De conformidad con lo anterior, se concluye que, tanto la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom,(63) como el Municipio de Acacías, deben ser declarados responsables en el presente caso por el accidente que sufrió el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez el 6 de diciembre de 1998, debido a la falta de señalización de las obras ejecutadas sobre la vía en la que ocurrió el siniestro.

La concurrencia de la culpa de la víctima en la producción del daño.  

El material probatorio también permitió constatar que, en el momento del accidente la víctima conducía bajo los efectos del alcohol, puesto que el reporte de atención del servicio de urgencias del Hospital Local de Acacías —calendado el mismo 6 de diciembre de 1998— señaló que el entonces lesionado se mostraba “alcohólico” y presentaba signos de alicoramiento. Esta condición del paciente fue corroborada por el personal médico del Hospital Departamental de Villavicencio, a donde fue remitido el hoy demandante en la misma fecha de los hechos(64).

En el expediente no se cuenta con una prueba técnica que indique el grado de embriaguez que, según los indicados reportes médicos, presentaba el lesionado. Sin embargo, lo consignado en la historia clínica indica es indicativo de que el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez había ingerido licor en la fecha de los hechos, y que en el instante del siniestro aún se encontraba bajo el influjo de tales bebidas.

Por lo anterior, la Sala considera que debe reducirse el quantum de la indemnización en una medida proporcional al grado en que la víctima contribuyó a la provocación del daño, esto es, en un 50%.

Ausencia de responsabilidad de las demás entidades demandadas. 

Encuentra la Sala que en el presente asunto no hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional de Vías, Invías, toda vez que la calzada en la cual se produjo el daño no estaba siendo intervenida con obras contratadas o adelantadas por esa entidad. Es así que, en el marco del contrato de concesión que el Invías había celebrado para la rehabilitación de la infraestructura vial de la cual hacía parte el tramo en que ocurrieron los hechos, el segmento correspondiente a la conexión Villavicencio-Acacías había sido culminado en el año anterior al del accidente, esto es, el 28 de agosto de 1997, fecha en la cual fue entregada dicha fracción de la obra a la concesionaria Carreteras Nacionales del Meta S.A.(65).

Por otro lado, es de advertir que el accidente no ocurrió por la falta de elementos que le hubiera correspondido suministrar al Invías, sino por falta de señalización preventiva referente específicamente a la obra que se adelantaba sobre la calzada, en la fecha y el lugar del siniestro, lo cual estaba a cargo de Telecom y debía ser vigilado y verificado por el Municipio de Acacías, entidad que, además, era la que tenía la función legal de instalar en el perímetro urbano las señales reglamentarias de tránsito.

En lo que respecta a los Ministerios de Comunicación y de Transporte, respecto de ellos habrá de prosperar la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, toda vez que ninguno de esos órganos del Gobierno Nacional tuvo participación directa o indirecta en la provocación del daño, ni estaban llamados a responder por las acciones u omisiones que en la demanda se le atribuyeron a Telecom y al Invías. Por lo tanto, la Sala resolverá la excepción formulada por las indicadas carteras gubernamentales, declarando respecto de ellas la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Así pues, probada como se tiene la falla del servicio y, por ende, la responsabilidad patrimonial de Telecom y del Municipio de Acacías, corresponde a la Sala pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por los demandantes.

2.6. Indemnización de perjuicios.

Perjuicios morales. 

La parte demandante solicitó la indemnización de perjuicios morales “objetivados”, en la suma de $ 72’267.360 a favor de la víctima directa y, en un monto de $ 18’066.840 para cada uno de sus padres y de sus hermanos. En esas mismas cantidades, reclamó el pago de los que denominó “perjuicios morales subjetivados”.

A la luz de los parámetros actualmente fijados y reconocidos por la jurisprudencia de esta corporación, se precisa que los perjuicios morales no son susceptibles de clasificarse en objetivados y subjetivados, dado que dicha clase de menoscabo responde a una sola definición, cual es la del “dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta en un daño antijurídico, individual o colectivo”(66).

Con todo, sin dejar de lado la anterior precisión, no hay lugar a desestimar ni a descartar el perjuicio descrito en la demanda como “daño moral subjetivado”, al cual, ciertamente, no se le dio denominación correcta en el libelo, pero sí se encuadra dentro de lo que hoy se conoce como “daño a la salud”, aspecto que será analizado por la Sala más adelante.

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de lesiones personales —en particular, la pérdida anatómica de órganos corporales— hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que las padecen(67); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(68).

Ahora, según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación(69), la Sala ha propuesto diferentes niveles de reparación moral, de acuerdo a la gravedad de la lesión física y al grado de parentesco existente entre la víctima directa y los demás beneficiarios de la indemnización. En el presente caso, resultan aplicables los siguientes niveles:

“Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%. 

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; (...) y, por último, a 5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%”(70) (Se destaca).

En el presente caso quedó demostrado que a raíz del accidente, el señor Héctor Julio Rojas Rodríguez sufrió en su hombro izquierdo una lesión que, con el paso de los meses, generó mal pronóstico e hizo necesaria la amputación del miembro superior izquierdo. Así lo registró la historia clínica de la víctima (emanada de la Clínica Nuestra Señora del Pilar del Departamento de Policía del Meta) y el testimonio de la señora Amparo Durán Vera, quien en audiencia pública declaró que el hoy demandante había padecido dolor y ausencia de ganas de vivir, debido a la pérdida de su brazo(71).

La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta determinó que la lesión corporal padecida por el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, le había generado una incapacidad laboral del 98.48%(72).

Por lo tanto, hay lugar a indemnizar el daño moral sufrido por los demandantes a raíz del hecho dañoso. En este punto es pertinente añadir que, dadas las particulares circunstancias que fueron demostradas en el sub lite, se advierte que la magnitud de las lesiones y secuelas que sufrió el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez a raíz del accidente, conduce naturalmente a inferir que el dolor moral de la víctima y de sus familiares fue especialmente intenso y grave, lo cual hace palmaria la procedencia del reconocimiento de los perjuicios morales.

Por otro lado, deberá disminuirse en un 50% el total de la reparación debido a la concurrencia de la culpa de la víctima, razón por la cual la condena respectiva se impondrá en las siguientes sumas de dinero:

Para el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, como víctima directa, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para cada uno de los demandantes Héctor Julio Rojas Guatavita y María Consuelo Gutiérrez García —quienes acreditaron su condición de padres del lesionado(73)—, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para cada uno de los demandantes el señor Carlos Mauricio Rojas Gutiérrez Andrés Fabián Rojas Gutiérrez y Víctor Camilo Rojas Gutiérrez(74), como hermanos de la víctima, la suma de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios materiales. 

Lucro cesante 

El demandante Héctor Julio Rojas Gutiérrez solicitó el reconocimiento del lucro cesante, derivado de la incapacidad laboral “absoluta” que sufrió a raíz del daño.

En sustento de esta pretensión, aportó copia del acta de posesión en el cargo de Patrullero de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas de la Policía Nacional, ubicada en la ciudad de Villavicencio, y copia de un oficio de fecha 27 de marzo de 2000, en el cual el Departamento de Policía del Meta certificó que el valor de la asignación mensual devengada en dicha época por los patrulleros de la institución era de $ 769.738,35, acotando que expedía esa constancia “a solicitud del señor patrullero Rojas Gutiérrez Héctor Julio...”(75).

Adicionalmente, la señora Nayibe Peña Beltrán señaló en diligencia de declaración testimonial, que en la fecha de los hechos el hoy demandante “era Policía” y se vio en la imposibilidad de obtener su ascenso debido al accidente. La misma testigo manifestó que en el momento de la diligencia, el actor ya se había desvinculado de su actividad laboral en razón de su impedimento físico(76).

Por otro lado, se reitera que, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta emitió concepto señalando que la víctima presentaba una incapacidad laboral definitiva del 98.48%.

Resulta claro para esta Sala que, en el momento del accidente, la víctima laboraba para la Policía Nacional. Sin embargo, aunque las pruebas aportadas conducen a establecer que la víctima tuvo que retirarse del servicio por cuenta de la lesión que sufrió en el siniestro —en particular el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y el testimonio ya referido—, no demuestran que dicha desvinculación se hubiese verificado en la misma fecha de los hechos, sino en una época posterior, como se desprende de la acotación hecha por el Departamento de Policía del Meta, en cuanto a que, expidió la certificación de ingresos el 27 de marzo de 2000, por solicitud del señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, fungiendo aún como patrullero de la institución.

En ese orden de ideas, se advierte que no se cuenta con prueba sobre la fecha cierta en la cual el hoy demandante se desvinculó de la Policía Nacional, razón por la cual la condena al pago del lucro cesante consolidado y futuro se realizará en abstracto, para que sea liquidada mediante incidente en los términos del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo y, con base en los siguientes parámetros:

a) Se deberá demostrar con certificación emanada de la Policía Nacional, o en su defecto, con otro medio probatorio idóneo y debidamente allegado al proceso, la fecha en la cual cesó el vínculo laboral del señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez con dicha institución.

b) El cálculo del lucro cesante se realizará aplicando las fórmulas establecidas por esta corporación, así:

El lucro cesante consolidado será el causado desde el día de la desvinculación laboral hasta la fecha en que se resuelva el incidente. En su liquidación se aplicará la siguiente fórmula:

S= Ra (1 + 0.004867)n - 1

0.004867

A su vez, el lucro cesante futuro se liquidará con base en la vida probable del señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, establecida a partir del día siguiente al de la fecha en que se resuelva el incidente y, de acuerdo a la Tabla de Mortalidad de Rentistas expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. La fórmula correspondiente será la que se indica a continuación:

S = Ra 1 + 0.004867)n– 1

--------------------------------------------

0.004867 (1+0.004867)n

A las cifras obtenidas se les descontará el 50%, dado que se encontró configurada en este caso la concurrencia de la culpa de la víctima. En consecuencia, la condena impuesta por concepto de lucro cesante consolidado y futuro equivaldrá a la mitad del valor obtenido en las indicadas liquidaciones.

Daño emergente 

La parte actora también solicitó el reconocimiento del daño emergente, indicando que el mismo correspondía al valor de “gastos de transporte a diferentes lugares para atención médica, con expresos y vehículos especiales para mitigar el dolor”. De igual manera, manifestó que esta clase de perjuicios también comprendía el valor de la reparación de su motocicleta.

En lo que atañe a los gastos de transporte, en el proceso no aparece que los mismos se hubieran causado, como tampoco existe prueba de su monto. Asimismo, en cuanto a los daños causados a la motocicleta conducida por la víctima, en la demanda no se solicitó ni se aportó ningún medio de prueba tendiente a demostrar la cuantía de las reparaciones que se le debieron realizar al vehículo, como consecuencia del siniestro. Por esta razón, la cual la Sala denegará la indemnización solicitada por dichos conceptos

Daño a la salud 

El daño moral subjetivado que se predicó en la demanda respecto del señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, fue definido en los siguientes términos:

“... el dolor es perpetuo. El diagnóstico médico habrá de confirmarlo. El actor principal sufrirá por el resto de sus días los más intensos y severos dolores. La amputación de su miembro superior izquierdo en nada amaina el dolor y ni siquiera en el caso podrá desligarse del mismo (sic), tampoco nada podrá motivarlo para recuperar lo sufrido con el agravio, el impacto emocional, la angustia de verse reducido física, moral, familiar y socialmente...”. 

Esta descripción, en cuanto hace énfasis en las limitaciones que naturalmente se derivan de la pérdida anatómica de una extremidad, se adecúa de manera particular al perjuicio inmaterial denominado “daño a la salud”, definido por la jurisprudencia como aquel derivado de una lesión a la integridad psicofísica(77), cuya indemnización debe fijarse exclusivamente a favor de la víctima directa, de acuerdo al porcentaje de la gravedad o la levedad de la afectación corporal o psicofísica debidamente probada dentro del proceso, relativa a los componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano(78).

Dichos grados o niveles de reparación del daño a la salud fueron establecidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, señalándose la suma de 100 smlmv como la indemnización más alta, cuando la lesión corporal presente una gravedad igual o superior al 50%, tal como acontece en el presente caso.

Por lo anterior, la Sala concluye que la indemnización que le correspondería recibir al señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez como reparación del daño a la salud, equivale a 100 smlmv. Sin embargo, se advierte nuevamente que este monto debe reducirse en un 50%, dado que la víctima contribuyó como su propia culpa a la provocación del daño. En consecuencia, la condena impuesta al Estado por el daño a la salud, será de 50 smlmv.

2.7. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 22 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo del Meta.

2. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y por el Instituto Nacional de Vías, Invías, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y del Municipio de Acacías, Meta, por el daño antijurídico derivado del accidente de tránsito sufrido por el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, el 6 de diciembre de 1998.

4. CONDENAR solidariamente a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, (con cargo al Patrimonio autónomo remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación, PAR) y al Municipio de Acacías, Meta a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades de dinero:

a) Para el señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, como víctima directa, la suma de CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

b) Para cada uno de los demandantes Héctor Julio Rojas Guatavita y María Consuelo Gutiérrez García –como padres del lesionado-, la suma de CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

c) Para cada uno de los demandantes Carlos Mauricio Rojas Gutiérrez, Andrés Fabián Rojas Gutiérrez y Víctor Camilo Rojas Gutiérrez,en su condición de hermanos de la víctima, la suma de VEINTICINCO (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

5. CONDENAR solidariamente y en abstracto a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, (con cargo al Patrimonio autónomo remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación, PAR) y al Municipio de Acacías, Meta a pagar al señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, el lucro cesante consolidado y futuro derivado de las lesiones físicas que sufrió con ocasión del daño antijurídico. El valor del perjuicio será establecido mediante incidente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

6. CONDENAR solidariamente a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, (con cargo al Patrimonio autónomo remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación, PAR) y al Municipio de Acacías, Meta a pagar la suma de CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al señor Héctor Julio Rojas Gutiérrez, por concepto de daño a la salud.

7. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

8. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de la Nación – Ministerio de Comunicaciones(79) y del Ministerio de Transporte.

9. DECLARAR QUE NO PROSPERA la objeción por error grave, formulada por el Instituto Nacional de Vías, Invías, contra el dictamen pericial rendido en el proceso, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

10. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

11. Sin condena en costas.

12. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

1 Fl. 1 del cdno. ppal.

2 Hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3 Fls. 80 al 82 del cdno. ppal.

4 Fls. 93 al 98 del cdno. ppal.

5 Fl. 262 del cdno. ppal.

6 Fls. 148 al 152 del cdno. ppal.

7 Hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

8 Fls. 191 al 195 del cdno. ppal.

9 Fls. 205 al 211 del cdno. ppal.

10 Fls. 218 al 220 del cdno. ppal.

11 Fls. 287 al 291 del cdno. ppal.

12 Fl. 203 del cdno. ppal.

13 Fls. 353 al 359 del cdno. ppal.

14 Fl. 606 del cdno. ppal.

15 Fls. 629 al 645 del cdno. ppal.

16 Fls. 647 al 678 del cuaderno del Consejo de Estado.

17 El tribunal guardó silencio sobre las excepciones propuestas por los ministerios de Transporte y de Comunicaciones.

18 Fl. 689 del cdno. del Consejo de Estado.

19 Fl. 694 del cdno. del Consejo de Estado.

20 Fl. 696 del cdno. del Consejo de Estado.

21 Fls. 697 al 703 del cuaderno del Consejo de Estado.

22 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005, esto es 500 smlmv, que equivalían a $ 130’050.000 teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2000 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $ 260.100. En efecto, en la demanda se solicitó la suma de $ 397’370.764 como lucro cesante futuro a favor del actor Héctor Julio Rojas Gutiérrez.

23 Adicionado, a su vez, por el artículo 3° del Decreto 4781 de 2005.

24 Acta final de liquidación publicada en el Diario Oficial Nº 46.168.

25 Respectivamente, folios 17, 53 y 56 del cdno. ppal.

26 Fls. 29, 40 y 54-58 del cdno. ppal.

27 Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

28 Fls. 228 al 239 del cdno. ppal. La ubicación de las carreteras intervenidas y los municipios por los cuales pasan, puede apreciarse en el enlace virtual http://www.carreterascolombia.com/meta/.

29 Fls. 249 y 250 del cdno. ppal.

30 Fl. 106 del cdno. ppal.

31 Fls. 107 y 110 ibídem.

32 Fl. 117 del cdno. ppal.

33 A folio 17 del cuaderno principal, obra el informe de accidente del tránsito ocurrido el 6 de diciembre de 1998.

34 Fl. 17 cdno. 1.

35 Fl. 417 del cdno. 1.

36 Fls. 492 y 493 del cdno. 1.

37 Fl. 26 del cdno. 1.

38 Fl. 15.

39 Fl. 16.

40 Fls. 55, reverso, y 56 del cdno. 1.

41 Fl. 55 del cdno. 1.

42 Fl. 39 del cdno. ppal. Registros médicos precedentes, a fls. 34 al 38 ibídem.

43 Fl. 358 del cdno. 1.

44 Fl. 502 del cdno. 1. En el proceso no hay constancia de la profesión u oficio del perito designado.

45 Fl. 504.

46 Fls. 514 al 518 del plenario.

47 Fls. 524 al 526 del cdno. 1.

48 Fls. 573 al 576 del cdno. 1.

49 PARRA J. (2011), Manual de derecho probatorio. Bogotá, Editorial ABC (pág. 594).

50 Sentencia proferida el 18 de febrero de 2015 por la Subsección a de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso Nº 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

51 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de septiembre 8 de 1993, Exp. 3446, citada en sentencia del 31 de octubre de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 25177, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

52 Sentencia proferida el 27 de marzo de 2014 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso Nº 25000-23-26-000-1998-03066-01(20912), M.P. Danilo Rojas Betancourth.

53 Fls. 53 y 416-419 del cdno. ppal.

54 Fls. 491 al 494.

55 Fl. 16.

56 Fl. 125.

57 Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1995-02796-01 (16089).

58 Nota transcrita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de octubre nueve (9) de mil novecientos ochenta y cinco (1985); C.P. Carlos Betancur Jaramillo; Ref.: Exp. 4556”.

59 sic

60 Sentencia de fecha 18 de febrero de 2015, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794).

61 Ha sido nutrida la jurisprudencia del Consejo de Estado, relativa a la responsabilidad derivada de los daños causados por obras carentes de señalización. Al respecto, en la misma sentencia proferida el 18 de febrero de 2015 (Exp. 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera), esta subsección señaló:

“(...) En asuntos en los que se ha debatido la responsabilidad de la Administración como consecuencia de fallas en la prestación del servicio, por falta de señalización en las vías, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha insistido en el deber que asiste a las autoridades competentes, con la implementación de señales de prevención, de garantizar el tránsito adecuado y seguro en las vías, pues la Administración, además de construir vías adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización...”.

En el mismo sentido, consúltese la sentencia del 22 de agosto de 2013, Exp. 13001-23-31-000-2000-00332-02(39307). Ver también la sentencia del 13 de febrero de 2003, Exp. 12.509; sentencia del 4 de septiembre de 2003, Exp. 11.615; sentencia de 5 de diciembre de 2005, Exp. 14.536 sentencia de 8 de noviembre de 2001, Exp. 12.820.

62 El indicado Manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras estaba contenido en la Resolución N° 5246 del 2 de julio de 1985, modificada a su vez mediante las resoluciones Nos. 8171 de 1987, 1212 de 1988 y 11886 de 1989. Estas normas fueron incorporadas en la segunda edición del Manual, publicado en 1992 por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y adoptado mediante Resolución Nº 3968 de 1992 por el Instituto Nacional de Transporte. Finalmente, fue ratificado por el Instituto Nacional de Vías por medio de la Resolución N° 3201 del 5 de mayo de 1994.

63 A través del Patrimonio autónomo remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación, PAR, como ya se anotó.

64 Fl. 55, reverso, del cdno. 1.

65 Acta visible a folios 249 y 250 del cdno. ppal.

66 Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación Nº 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).

67 Entre otras, Sentencia del 30 de junio de 2011, Exp. 19001-23-31-000-1997-04001-01(19836), M.P. Danilo Rojas Betancourth.

68 Sentencia de 28 de enero de 2015, Exp. 05 001 23 31 000 2002 03487 01 (32912), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

69 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz. Exp. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).

70 Ibídem.

71 Fls. 411 y 412 del cdno. 1.

72 Fls. 602 y 603 del plenario.

73 Registro civil de nacimiento visible a folio 20 del plenario.

74 Registros civiles de nacimiento, a folios 21 al 23 del cdno. ppal.

75 Fls. 32 y 33.

76 Fl. 442.

77 Sentencias 19.031 y 38.222 del 14 de septiembre de 2011.

78 Consultar el Documento final aprobado por la Sala Plena de la Sección Tercera mediante Acta del 28 de agosto de 2014, instrumento que contiene las sentencias de unificación jurisprudencial atinentes a la reparación de perjuicios inmateriales.

79 Hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.