SENTENCIA 2000-00223/39912 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2000-00223/39912 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso Nº: 44001233100020000022301 (39912)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Diaz del Castillo

Asunto: Reparación directa

Actor: Nolis Esther Parra Parra

Demandado: Nación - Ministerio de Desarrollo Económico - Instituto de Fomento Industrial - Concesión Salinas, hoy Fiducoldex - Fideicomiso de Administración de Contingencias IFI Concesión salinas.

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Cuestión previa: Sobre la extinción de las personas jurídicas demandadas

Mediante la expedición del Decreto 593 de 2000, el Gobierno Nacional, representado por el Presidente de la República y los ministros de Minas y Energía y de Desarrollo Económico, decidió liquidar el contrato de administración delegada denominado Concesión Salinas y asignó la responsabilidad sobre las obligaciones pendientes, al Ministerio de Desarrollo Económico(3).

Posteriormente, mediante el Decreto 2590 de 2003(4), el Gobierno Nacional dispuso la liquidación y disolución del Instituto de Fomento Industrial y especificó que la responsabilidad derivada del contrato de Concesión Salinas recae en el contrato de administración delegada hasta su liquidación, momento a partir del cual serían asumidos por la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que se formó de la fusión del Ministerio de Desarrollo Económico con el de Comercio Exterior, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 210 de 2003.

En el año 2009, el IFI - en liquidación, el IFI – Concesión Salinas y Fiducoldex S.A. suscribieron el contrato de fiducia mercantil Nº 044(5) cuyo objeto es, entre otros “(…) la administración por parte de la fiduciaria del patrimonio autónomo a integrarse con los activos monetarios, destinados al pago de (…) gastos necesarios para la atención de los procesos judiciales, arbitrales o administrativos, en los cuales sea parte o tercero el IFI en liquidación y/o el IFI Concesión Salinas, por concepto de hechos derivados del contrato de administración delegada celebrado con la Nación el 2 de abril de 1970 (…)”.

En ese orden, se advierte que es la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex), a través del fideicomiso de administración de contingencias IFI - Concesión Salinas, que se hizo parte en el proceso y cuenta con defensa técnica en el mismo, la llamada a responder por las eventuales condenas que se imponga en esta sede, si a ello hay lugar, por actuaciones imputables a la Concesión Salinas del Instituto de Fomento Industrial —IFI— ver párr. 9 Supra.

2. Presupuestos procesales de la acción

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de la Guajira, tal como lo dispone el art. 129 del C.C.A.(6), habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(7), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(8).

3. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico en el caso sub lite se contrae a determinar si se encuentran demostrados en el plenario, los elementos de la responsabilidad del Estado y especialmente, si las pruebas aportadas dan lugar a imputar responsabilidad por la muerte del señor Edinson Parra Parra al Ministerio de Desarrollo Económico – Instituto de Fomento Industrial (IFI) – Concesión Salinas.

4. Juicio de responsabilidad

Para la Sala, del material probatorio aportado se colige la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, por cuenta de la muerte del señor Edinson Parra Parra, como se pasa a ver:

4.1. Hechos probados

4.1.1. En lo relativo a la legitimación en la causa por activa, la Sala encuentra demostrado el interés que le asiste a los señores Nolis Esther, Norberto e Hilda Susana Parra; Rosalba y Rubén Parra Cabarcas; Manuel Antonio, Esther Amelia, Andrés Guillermo, Carmen Alicia, Luís Miguel, Denis Cecilia, Enot David, Lilia Inés, Estelia Beatriz y Elvia Rosa Parra Rolón, cuyos registros civiles de nacimiento fueron aportados al plenario y dan cuenta de su parentesco con el occiso (fol. 14 a 30, c. ppal.).

4.1.2. Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por pasiva, se encuentra acreditado el interés que le asiste al Instituto de Fomento Industrial (IFI) – Concesión Salinas, hoy representado por Fiducoldex - Fideicomiso de Administración de Contingencias IFI - Concesión Salinas para comparecer al proceso, a quien se atribuye la responsabilidad en los hechos en su calidad de administrador de las Salinas de Manaure en donde, conforme con la demanda, acaeció el hecho dañoso. Así consta en la escritura pública Nº 1753 de 2 de abril de 1970 (fol. 97 a 101, c. ppal.).

4.1.3. En relación con los hechos que motivaron la demanda, se acreditó en el proceso:

4.1.3.1. El 5 de enero de 2004, siendo las 7:20 a.m. se registró la muerte del señor Edinson Parra Parra. Registra el certificado de defunción (fol. 274, c. ppal.):

“IV. Muertes violentas:

32. ¿Cómo ocurrió el hecho?:

Electrochoque

33. Lugar o dirección de ocurrencia del hecho:

Salinas de Manaure —se destaca—.

4.1.4. Frente a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, obran los siguientes medios probatorios:

4.1.4.1. Consta en la minuta de población correspondiente al 5 de enero de 1999 del Departamento de Policía de la Guajira, que el señor Edinson Parra Parra pereció por cuenta de la descarga eléctrica recibida cuando se desplazaba en un camión de estacas en la vía que conduce a la “loma de sal” en el municipio de Manaure, cuya explotación se encontraba a cargo de la empresa IFI – Concesión Salinas (fol. 261 a 264, c. ppal.):

“Hora 10:00, anotación: Del accidente ocurrido en la playa vía que conduce a la loma de sal de empresa Salinas donde perdió la vida el particular Edinson Parra Molina (sic), indocumentado, 40 años de edad, profesión cotero, natural de Soplaviento (Bolívar)- residente en la cruzada (Manaure), sin más datos, el cual se electrocutó cuando iba montado en el camión marca Pegasso, estacas, modelo 64, color blanco, placas VW 0530 de propiedad del señor Rafael Fabio Ovalle Aragón, C.C. 5’131.022, residente en Maicao, el cual era conducido por Wilder José Orores (…) de Maicao, 32 años, profesión conductor (…), en el hecho resultó lesionado el particular Jairo Parra quien fue remitido al hospital. El levantamiento lo practicó el inspector de Policía Osorio, personal de esta unidad conocieron del caso. DG. Ocampo Pacheco Medardo, SI: Aguilar Carabello y el SI. Restrepo Arando (…)” —se destaca—.

4.1.4.2. Así mismo, los testimonios son concordantes, al señalar la forma en que acaecieron los hechos:

4.1.4.2.1. Declaración rendida por el señor Fradys Valle Visbal(9) (fol. 180 a 181, c. ppal.):

“(…) Ellos presentaron esa demanda por la muerte de Edinson que se electrocutó con un cable y eso fue el día cinco (5) de enero del año 1999, como a eso de las siete de la mañana en la empresa Concesión Salinas en Manaure. Ese día yo estaba presente, yo trabajaba allá junto con Edinson y otros más, y ellos venían en un carro que íbamos a cargar y había un cable de energía y el carro rozó con el cable y electrocutó a Edinson y a otro señor de nombre Jairo Parra Parra quedó también hospitalizado, yo pensé que también estaba muerto cuando lo llevamos al Hospital pero se salvó. Ese cable tenía varios días de estar colgando del poste, y ya varias veces se le habían dicho a Juan Barrios Sierra quien era el administrador de Concesión Salinas y (sic) hicieron caso omiso y nunca lo arreglaron hasta que pasó eso y fue cuando lo arreglaron, después que pasó eso llevamos inmediatamente al morocho que era Edinson al Hospital pero él prácticamente quedó muerto en seguida, es todo (…) Preguntado: Especifíquenos aproximadamente qué tiempo transcurrió entre el momento en que se descolgaron los cables de conducción de energía a que usted ha hecho referencia a aquel en que se suscitaron los hechos materia del proceso. Contestó: Como de diez a doce días. Preguntado: Sírvase decirnos por qué razón los administradores de la Concesión Salinas, ante las inquietudes o el peligro manifestado por ustedes respecto al cable de conducción de energía que se encontraba descolgado, no procedieron de inmediato a dicha reparación. Contestó: Ellos nunca se negaron a repararlo, siempre decían que lo iban a arreglar, pero que en la mañana o en la tarde y que después y esperaron que sucediera el accidente (…) Preguntado: Diga el declarante si el sitio donde ocurrió el accidente queda situado dentro de las instalaciones de la empresa concesión Salinas y era sitio obligado de tránsito para la realización de sus labores de trabajo, Contestó: El sitio quedaba dentro de la empresa y todos los días pasábamos todos por allí ya que por ahí se entraba y se salía y no obstante viendo el peligro de los cables, ellos no lo cerraron la entrada (sic). Preguntado: Díganos, si lo sabe, si las instalaciones eléctricas de la cual se desprendió el cable de conducción de energía que se dice causó la muerte al señor Edinson Parra Parra pertenece a Concesión Salinas en Manaure (guajira) o en su defecto, a otra empresa encargada de este servicio bien sea pública o privada, Contestó: Exactamente no sé, yo supongo que son de Salinas porque están dentro de las instalaciones de Concesión Salinas y supongo que ellos tienen planta porque cuando se va la luz del pueblo a ellos no se les va (…)” —se destaca—.

4.1.4.2.2. Declaración del señor Roberto Julio Morón (fol. 205 a 206, c. ppal.)(10):

“(…) El accidente ocurrió el 5 de enero de 1999, a las 7:00 de la mañana aproximadamente, nosotros estábamos en la entrada de la empresa IFI Concesión Salinas, en esos momentos estamos tres Jorge Payares, Vicente Monte y mi persona y dos quedaron afuera esperando en carro ellos eran Edinson Parra y Jairo Parra, ellos eran primos, en la empresa había un cable de alta tensión que estaba bajito, siempre permaneció así y no le paraban bolas, cuando quisimos mirar el carro estaba encendido en chispas y electrocutó a los dos Edinson Parra y a Jairo Parra, inmediatamente lo llevamos el muerto a la cruzada, salimos a tomarle foto al cable y cuando llegamos a este lo habían levantado. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si conoce usted las razones que ocasionaron dicho accidente, manifieste al despacho claramente lo ocurrió. Contestó: Lo ocasionó el cable, porque estaba muy bajito, si el cable hubiese estado alto como lo colocaron después del accidente nada de esto hubiera ocurrido. Preguntado: Manifieste al despacho si se encontraba usted en las instalaciones de la empresa IFI Concesión Salinas, el día en que ocurrió el accidente y en qué dependencia. Contestó: si estaba, nos encontramos en la pila que está en la tolva (…) Preguntado: Tiene usted algo más que agregar, resumir, agregar a la presente diligencia. Contestó: El cable que ocasionó el accidente llevaba energía a la planta de lavado (…)” —se destaca—.

4.1.4.2.3. Declaración del señor Jorge Antonio Payares Mendoza (fol. 207, c. ppal.):

“(…) Contestó: Esto sucedió el 5 de enero de 1999, a las 7 de la mañana aproximadamente, nosotros estábamos en las instalaciones de salinas Roberto Morón, Jorge Antonio Payares, Vicente Montes Y Edinson Parra Parra Y Jairo, venían en carro, nosotros los estábamos esperando para cargar el carro, entonces el cable se había bajado un poco más y pegó con las barandas del carro que eran de hierro, los dos se electrocutaron, se salvó Jairo y Edinson quedó muerto, como a la hora que fuimos a tomarle foto al cable, ya la empresa había alzado el cable, eso consta de que la empresa es la culpable de la muerte de Edinson Parra Parra, porque en muchas ocasiones le decíamos que ese cable está muy bajito, el cable era de alta tensión porque le suministraba energía a la planta de lavado, ese cable tenía 7000 voltios. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si conoce usted las razones que ocasionaron dicho accidente, manifieste al despacho claramente lo ocurrido. Contestó: Fue que el cable pegó en la baranda del carro que era de hierro y ellos llevaban las manos puestas en la baranda donde se estaban sujetando (…) —se destaca—.

4.1.4.2.4. Declaración del señor Vicente Rafael Montes Rivera (fol. 209, c. ppal.):

“Contestó: Sí tengo conocimiento, yo estaba esperando el carro para cargarlo, el cable estaba muy bajito, ya les habíamos dicho a los administradores el cable estaba muy bajito, que lo alzaran y nunca lo alzaron, eso ocurrió el día 5 de enero de 1999, el cable pegó con la varilla del carro y fue cuando se electrocutó Edinson Parra Parra, después de ocurridos los hechos cuando llevamos al difunto al hospital, regresamos para tomarle una foto al cable y ya lo habían alzado (…)”.

4.2. El daño antijurídico

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta Corporación ha precisado que aunque el ordenamiento no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(11).

En el caso concreto, el daño sufrido por los demandantes, derivado de la muerte del señor Edinson Parra Parra, fue probado mediante la aportación de su registro civil de defunción.

En cuanto a la antijuridicidad del daño sufrido, sea lo primero señalar que la atribución de responsabilidad al Estado en los casos de accidentes derivados del ejercicio legítimo de la función de conducción eléctrica, encuentra su justificación el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto implica un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado cuando su titular sufre las consecuencias de un riesgo anormal sin encontrarse en la obligación de soportarlo, porque esa vulneración se produce al desconocerse el principio de igualdad ante las cargas públicas.

Así las cosas, para esta Sala, del material probatorio aportado al plenario se desprende que la víctima, quien no guardaba relación alguna con la entidad demandada, sufrió una fuerte descarga eléctrica por cuenta de la ubicación a baja altura de un cable de alta tensión ubicado en el área de ingreso y salida de las instalaciones de las salinas de Manaure, de donde no estaba en la obligación de asumir el mayor riesgo al que se vio expuesto.

4.3. La imputabilidad del daño

En el caso sub lite, pese a la precariedad de la prueba arrimada, la misma se considera suficiente para establecer que la causa adecuada del accidente que condujo a la muerte al señor Edinson Parra Parra fue la recepción de una descarga de energía eléctrica, la cual se derivó de las líneas usadas para el servicio de conducción de energía eléctrica ubicadas en el interior de las instalaciones de las Salinas de Manaure, tal como lo señalan de manera uniforme los testigos presenciales de los hechos Fradys Valle Visbal, Roberto Julio Morón y Jorge Antonio Payares Mendoza, en concordancia con la información anotada en el certificado de defunción que indica como dirección de ocurrencia del hecho las “Salinas de Manaure” y como causa del mismo, el electrochoque.

Se destaca en este punto que los testimonios reseñados no fueron objetados mediante tacha de falsedad ni se puso en cuestionamiento su contenido por la parte demandada y, adicionalmente, el relato de los testigos resulta verosímil en relación con la forma en que acaecieron los hechos, toda vez que: (i) estuvieron presentes al momento en que ocurrió el accidente; (ii) estaban todos ubicados en la zona de cargue a donde se dirigía el camión y atentos a su llegada para desempeñar su labor, por ende, percibieron las circunstancias de tiempo modo y lugar en las cuales ocurrió la descarga eléctrica; (iii) los testimonios son contestes al sostener la forma en que sobrevino el accidente y no se aprecian incongruencias en cuanto a su dicho, toda vez que manifiestan sin asomo de duda las circunstancias en que este se produjo, específicamente respecto de la desatención por parte de la autoridad pública del debido cuidado que le asistía en relación con el mantenimiento debido a las líneas eléctricas ubicadas en sus instalaciones.

Sobre el particular, la Sala encuentra que le asiste razón a la parte recurrente, comoquiera que la ley aplicable a los juicios administrativos no establece tarifa legal, esto es, la aportación de determinados medios probatorios sino en casos limitados. La regla general en materia probatoria es la libertad de los medios que lleven al libre convencimiento de los hechos al juzgador. Así las cosas, se descarta la tesis esgrimida por la Sala a quo, referente a que los testimonios deben apoyarse en otros medios probatorios para probar los hechos que se pretenden probar y se acogen, por el contrario, los argumentos de la alzada, más aún cuando la demandada no allegó probanza alguna que desvirtúe la titularidad de la línea eléctrica de la que, además, conforme con lo probado en el plenario, obtenía provecho. De donde, conforme al material probatorio allegado debidamente al plenario, discurre la Sala la responsabilidad que le asiste a la parte demandada, en tanto la línea eléctrica ubicada por demás a baja altura, se encontraba ubicada en sus instalaciones y le prestaba servicio a la producción salinera a su cargo.

Igualmente, se precisa que aunque la minuta de población del Departamento de Policía de la Guajira registra que la descarga ocurrió “en la playa, vía que conduce a la loma de sal de empresa Salinas (…)”, ello no descarta de plano que la vía reseñada se ubique en la parte interior de las instalaciones de la demandada, pues el informe no otorga esa claridad. De donde no se opone a los hechos probados por los demás medios probatorios.

En conclusión, no cabe duda de que el daño antijurídico sufrido por este le es imputable objetivamente a la entidad, aun cuando no se cuente con prueba técnica acerca del dominio de la red eléctrica involucrada comoquiera que, en todo caso, se conoce que su aprovechamiento beneficiaba a la concesión Salinas. Así lo señalan de manera expresa los señores Roberto Julio Morón y Jorge Antonio Payares, quienes indicaron que el cableado tenía como fin la activación de las plantas de lavado de la sal.

Finalmente, vale la pena señalar que el vehículo involucrado en el accidente era un vehículo de carga, de donde no contaba con autorización para transportar pasajeros en su parte trasera. En efecto, si bien en el Decreto 1344 de 1970, vigente para la época de los hechos, no se incluyó una norma que expresamente prohibiera el tránsito de pasajeros en el espacio para el transporte de carga de los camiones, como sí se hizo en la Ley 796 de 2002(12), existen otras disposiciones en dicha normativa que permiten inferir lo indebido de tal comportamiento, comoquiera que con el mismo se ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes en tales vehículos se transportan(13).

Es así como el artículo 50 de dicha normativa establece que “el puesto del conductor y los asientos para los pasajeros, deberán estar construidos y colocados de modo que ofrezcan las máximas condiciones de seguridad y comodidad”; de igual manera el artículo 170 prohíbe que los vehículos de carga transporten pasajeros sobre la plataforma y en concordancia con dichas disposiciones la norma contenida en el artículo 216 impone una sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incumplan con dicha reglamentación.

Pese a lo anterior, debe destacarse que no era el señor Edinson Parra quien contaba con la guarda de la actividad peligrosa, sino el conductor del vehículo. De donde su actuación, aunque contra legem, no constituye hecho de la víctima con la virtualidad de exonerar a la demandada, pues como se advierte, el riesgo fue creado por la indebida ubicación del cableado de alta tensión en la salinera.

Tampoco considera esta Sala acreditado el hecho de un tercero, como sí lo hizo el Tribunal, en primera instancia. En relación con el hecho del tercero, ha dicho la Sala en tesis que ahora se reitera, que el mismo constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos:

(i) Cuando sea la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del mismo existirá solidaridad de ambos autores frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le dará derecho a este para reclamar de cualquiera de ellos la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención(14).

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que este sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de la esfera jurídica de la misma y además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño(15).

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a esta en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(16).

La Sala considera que en el presente asunto, el transporte de los auxiliares de carga o “coteros” en la parte trasera del automotor no es la causa exclusiva del daño, pues como se ha dicho, el hecho dañoso se concretó por la baja altura del cableado eléctrico. Así mismo, el hecho no le es ajeno ni era imprevisible, en la medida que el camión involucrado en los hechos se destinaba al transporte de sal producida por la empresa, y como señalan las declaraciones, dichos ingresos se realizaban diariamente, tanto por vehículos como por personal.

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que absolvió al Instituto de Fomento Industrial (IFI) – Concesión Salinas y en su lugar, emitirá la condena correspondiente, la cual estará a cargo, como se ha señalado, de Fiducoldex - Fideicomiso de Administración de Contingencias IFI Concesión Salinas.

5. Liquidación de perjuicios

5.1. Perjuicios morales

En la demanda se solicitó el reconocimiento de una indemnización a título de perjuicio moral por el fallecimiento del señor Edinson Parra Parra por la suma equivalente a 500 gramos oro para cada uno de sus hermanos Nolis Esther, Norberto e Hilda Susana Parra; Rosalba y Rubén Parra Cabarcas; Manuel Antonio, Esther Amelia, Andrés Guillermo, Carmen Alicia, Luís Miguel, Denis Cecilia, Enot David, Lilia Inés, Estelia Beatriz y Elvia Rosa Parra Rolón.

De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siendo procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(17), de conformidad con los siguientes parámetros(18): (i) se indemniza a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(19); (ii) para la tasación se aplica el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y relacionados con las características del perjuicio y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

De conformidad con la jurisprudencia, el parentesco de primer y segundo grado, el cual por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(20), constituye un hecho probado a partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los familiares de quien muere o padece, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos.

Acerca de la tasación de perjuicios, en sentencia de 28 de agosto de 2014, esta Sección unificó los criterios para la indemnización de perjuicios morales por muerte(21), en los siguientes términos:

“A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

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ver tabla
Reparación del daño moral en caso de muerte
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno – filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
Porcentaje 100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva (…)”.

Así las cosas, probada como está la relación de parentesco existente entre el occiso Edinson Parra Parra y los señores Nolis Esther, Norberto e Hilda Susana Parra; Rosalba y Rubén Parra Cabarcas; Manuel Antonio, Esther Amelia, Andrés Guillermo, Carmen Alicia, Luís Miguel, Denis Cecilia, Enot David, Lilia Inés, Estelia Beatriz y Elvia Rosa Parra Rolón en calidad de hermanos, resulta procedente reconocerle la suma de 50 SMLMV a cada uno de los mencionados señores.

5.2. Perjuicios Materiales

5.3.1. Lucro cesante

Respecto de los ingresos devengados por el occiso, si bien no obra certificación alguna que dé cuenta de la vinculación del occiso ni del salario devengado por el señor Parra Parra para el momento del accidente (año 2000), si se conoce que este desempeñaba una labor productiva como asistente de carga o “cotero” en las salinas de Manaure, de lo que se infiere que al menos devengaba el salario mínimo.

Así mismo se conoce que la víctima contaba con la edad de 40 años, 8 meses y 1 día(22). Sobre el reconocimiento de este tipo de perjuicios, ha señalado la jurisprudencia que, a falta de prueba, se presume que los hijos aportan al sostenimiento de su núcleo familiar hasta el cumplimiento de la edad de 25 años, momento en que estos adquieren independencia económica y dejan el hogar. En ese orden y comoquiera que no fue ninguna prueba que dé cuenta de la relación de dependencia económica de alguno de los demandantes respecto del occiso, lo procedente es denegar su reconocimiento.

6. Costas

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 15 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira y en su lugar ORDÉNESE:

1. DECLÁRASE al Instituto de Fomento Industrial (IFI) – Concesión Salinas, representado por Fiducoldex - Fideicomiso de Administración de Contingencias IFI - Concesión Salinas administrativamente responsable de la muerte del señor Edinson Parra Parra, en hechos sucedidos el día 5 de enero de 1999 en las instalaciones de la empresa en el municipio de Manaure (Guajira).

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Instituto de Fomento Industrial (IFI) – Concesión Salinas representado por Fiducoldex - Fideicomiso de Administración de Contingencias IFI - Concesión Salinas, al pago de las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:

Para cada uno de los señores Nolis Esther, Norberto e Hilda Susana Parra; Rosalba y Rubén Parra Cabarcas; Manuel Antonio, Esther Amelia, Andrés Guillermo, Carmen Alicia, Luís Miguel, Denis Cecilia, Enot David, Lilia Inés, Estelia Beatriz y Elvia Rosa Parra Rolón la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes (50 SMLMV).

3. Sin condena en costas.

4. Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

5. Fiducoldex - Fideicomiso de Administración de Contingencias IFI - Concesión Salinas dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

7. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 ART. 7º—La Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, asumirá las obligaciones derivadas del Contrato denominado Concesión Salinas suscrito entre la Nación y el Instituto de Fomento Industrial -IFI, con estricta sujeción a las actas de liquidación. Estas obligaciones son las derivadas de los compromisos pensionales y laborales, los procesos judiciales y administrativos derivados de la ejecución de dicho contrato y las contingencias judiciales o extrajudiciales que surjan con posterioridad a la expedición de este decreto. Así mismo, el Ministerio de Desarrollo Económico asumirá el manejo de los activos que no sean transferidos a Minercol Ltda.

4 ART. 21.—Responsabilidad frente a obligaciones y contingencias derivadas del Contrato de Administración Delegada. Salvo mandato legal o judicial en contrario, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación no asumirá con cargo a sus recursos ninguna obligación o contingencia derivada de la ejecución del contrato de Administración Delegada celebrado entre el IFI y la Nación, las cuales serán asumidas por la Concesión de Salinas con cargo a sus recursos hasta la finalización de su liquidación, momento a partir del cual serán asumidos por la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2883 de 2001, que modificó el artículo 7º del Decreto 539 de 2000.

5 Patrimonio identificado con el número de identificación tributaria NIT 830-054-060-5.

6 En texto de la norma vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, dado que, si bien la Ley 446 de 1998 eliminó el criterio de la cuantía para la asignación de competencia en materia contenciosa administrativa, estableció en el parágrafo de su artículo 164, que dicho criterio de asignación de competencia solo operaría una vez entraran en operación los juzgados administrativos, condición que se cumplió con posterioridad a la interposición de la demanda, el 1º de agosto de 2006.

7 El 11 de abril de 2000 cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26’390.000 —artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la cuantía fue estimada como mayor a $ 129.992.100 (suma equivalente a 7500 gramos oro para la fecha de interposición de la demanda, resultante de la sumatoria de las pretensiones acumuladas conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010 vigente para la fecha de interposición del recurso), por lo cual esta corporación es competente.

8 Asimismo, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción. Para el caso concreto, la muerte del señor Edinson Parra Parra se produjo el día 5 de enero de 1999 y la demanda fue presentada el 11 de abril del año 2000 (fol. 6, c. ppal.), esto es, dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia.

9 Testimonio rendido ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka – Bolívar el 31 de julio de 2002.

10 Testimonio rendido ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Manaure (Guajira) el 15 de agosto de 2002.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

12 El artículo 131 de dicha normativa sanciona con multa de 15 SMLMV, a quien transporte pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas”.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, sentencia de 29 de marzo de 2012, Exp. 080012331000199300792801 (22.530), M.P. Ruth Stella Correa.

14 Ver sentencia de 18 de mayo de 1992, exp. 2466. En sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código Civil). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño”.

15 Sobre ese aspecto puede verse Mazeaud Y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237.

16 Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

17 Sobre el particular se puede consultar las sentencias de la Sección Tercera de 16 de junio de 1994, expediente 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández y de 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero, entre otras.

18 Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 septiembre de 2011 (Sección Tercera, Subsección B), expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

19 En sentencia del 6 de septiembre de 2001 (Sección Tercera), expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”.

20 Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C.P. Carlos Alberto Zambrano, exp.: 27.709.

22 Lo anterior, por cuanto en el registro civil de nacimiento del señor Wilfredo Ramírez Fernández, se lee que nació el día 4 de mayo de 1958 y el accidente acaeció el 15 de mayo de 1999.