Sentencia 2000-00225 de julio 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 76001-23-31-000-2000-00225-01 (26.748)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Abaned Clavijo de Montoya y otros.

Demandado: Nación —Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria— Dansocial y otro.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $ 18.850.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $ 379.118.806, solicitada por concepto de perjuicios materiales a favor de Javier Ruíz García, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

Advierte la Sala que obran recortes de periódicos allegados por la parte actora con la demanda(5) y por los diarios “El País” y “El Tiempo”(6), con los que se pretende demostrar la ocurrencia de los hechos alegados; al respecto, se advierte que aquellos carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de tales hechos. En efecto, en sentencia reciente de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación se dijo, refiriéndose a las noticias de prensa, entre otras, que “Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez”(7), razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente.

Las asociaciones de economía solidaria

Mediante la Ley 454 de 1998 se transformó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-Dancoop en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria-Dansocial (aquí demandado) y se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Según el artículo 2º de la norma citada, se denomina economía solidaria “al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.

Se considera de interés común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias, con miras a acrecentar el desarrollo económico y robustecer la democracia, propendiendo por una distribución de la propiedad y del ingreso mucho más igualitario, orientado siempre en favor de la comunidad y, en especial, de las clases populares —art. 3º—.

Las organizaciones de economía solidaria son personas jurídicas cuyo fin no es otro que realizar actividades sin ánimo de lucro, donde los trabajadores o usuarios, según el caso, son sus aportantes y gestores. Su objeto es producir, distribuir y consumir bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de sus miembros y propender por el desarrollo de obras, para el beneficio de la comunidad en general —art. 6º—.

Según el parágrafo 2º del artículo 6º, las cooperativas tienen el carácter de organizaciones solidarias. A su turno, el artículo 7º dispone que las personas jurídicas sujetas a dicha ley “estarán sometidas al control social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa”.

Por su parte, el artículo 41 define las cooperativas de ahorro y crédito como organismos cooperativos especializados, cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados. Señala que la naturaleza jurídica de aquéllas se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988, “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”, y que tales entidades se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

El propósito fundamental de la Ley 79 de 1988 fue dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo, como parte fundamental de la economía nacional. El artículo 3º de la norma en comento define el acuerdo cooperativo como “el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro”.

El artículo 38 de la ley en cita señala que, sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre las cooperativas, éstas tendrán una junta de vigilancia y un revisor fiscal. Dice también, en su artículo 40, que dentro de las funciones que le corresponden a la junta están, entre otras, la de velar porque las actuaciones de los órganos de administración se ajusten al ordenamiento legal, en especial a los principios cooperativos, así como el deber de “informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse”.

El artículo 151 ibídem prevé que las cooperativas estarán sometidas a la inspección y vigilancia del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, a fin de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación se ajusten a las normas legales y estatutarias dispuestas para tal efecto. En todo caso, “las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las cooperativas”.

De conformidad con el anterior panorama normativo, aplicable para la época de los hechos, cabe resaltar que las sociedades de economía solidaria, como las cooperativas de ahorro y crédito, están sujetas a un doble control de inspección y vigilancia, orientado particularmente a que los actos de los órganos de administración, que sean atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social, disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. Ese doble control está constituido, por un lado, por el control interno, el cual está a cargo de la junta de vigilancia y del revisor fiscal de cada entidad y, por el otro, por el que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-Dancoop, luego Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria Dansocial, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Decreto 4122 de 2001 transformó el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria-Dansocial, en una Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, cuyo objetivo es “diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política” (art. 3º).

Caso concreto

Mediante Resolución 1682 de 1962, proferida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (sede Santiago de Cali), se le reconoció personería jurídica a la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat y, mediante Resolución 902 del 12 de marzo de 1992, se le autorizó para desarrollar actividades financieras (fls. 32, 33 y 38 del cdno. 2).

Dentro del material probatorio allegado en debida forma al proceso, obran las copias auténticas de los certificados de las cuentas de ahorros, de los “Certificados de depósito de ahorro a término”, de los “Certificados de aportación de inversión empresarial” y de los certificados “Socio millonario”, constituidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat(8), a nombre de los 81 demandantes, documentos que resultan idóneos para acreditar que todos ellos depositaron sumas determinadas de dinero en la mencionada cooperativa. Así, pues, se tiene por acreditado el daño por el cual se demanda.

Como a la demandada se le atribuye la responsabilidad por los daños ocasionados con la omisión de su deber de vigilancia de la actividad financiera desarrollada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat, se procede a analizar si la entidad incurrió o no en una falla del servicio.

Mediante oficio DIR 970 del 21 de junio de 2001, la directora territorial del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria-Dansocial comunicó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que: “en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 454 de 1998 ejerció sus funciones de control, inspección y vigilancia hasta el pasado 27 de octubre de 1999, fecha en la cual la Superintendencia de la Economía Solidaria asumió legalmente dichas funciones de conformidad con lo previsto en la Resolución 129 de octubre 22 de 1999...”(9).

Mediante el oficio DSI-1636/01 del 24 de agosto de 2001(10), la asesora del despacho del grupo de intervenidas de la Superintendencia de la Economía Solidaria envió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca varios documentos relacionados con la toma de posesión y posterior proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat(11), de los cuales se destacan, los aspectos que pasan a exponerse.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 1134 de 1989(12), la Empresa de Servicios Corporativos de Auditoría-Uconal, encargada de la revisoría fiscal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat, debía rendir informes cada tres meses al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-Dancoop, sobre el manejo dado a la citada cooperativa en relación con los siguientes aspectos:

“1. Si la entidad ha mantenido constantemente los depósitos de liquidez sobre los recursos captados de ahorro en el porcentaje establecido por este decreto.

“2. Si la entidad se ajustó permanentemente a las relaciones de endeudamiento establecidas en el presente decreto y durante el término materia del informe.

“3. Si los préstamos otorgados constan en títulos valores debidamente diligenciados y con las correspondientes garantías.

“4. Si la cartera del servicio de ahorro y crédito está debidamente clasificada, si sobre ella se vienen efectuando las previsiones que la amparan y si estas cubren la totalidad de las obligaciones de dudoso recaudo.

“5. Si la entidad se ajustó al régimen de inversión señalado en este decreto en relación con los recursos de captación de ahorros y si los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer los citados recursos.

“6. Si la administración del servicio de ahorro y crédito se ha desarrollado en forma normal y sin alteraciones que hayan ocasionado pérdida de confianza en los ahorradores, o corridas imprevistas de depósitos de ahorros.

“7. Si la revisoría fiscal cuenta con los medios suficientes y adecuados para garantizar una normal y periódica vigilancia de las operaciones de ahorro y crédito”.

En el informe de la revisoría fiscal de la Cooperativa Joreplat, correspondiente a los meses de abril a junio de 1996, rendido a Dancoop el 12 de agosto de 1996(13), quedó consignado que dicha cooperativa mantuvo constantemente las reservas de liquidez sobre los recursos captados de ahorro, se ajustó permanentemente a los montos de endeudamiento establecidos, los créditos otorgados fueron debidamente respaldados con garantías avaladas por el reglamento de créditos vigente para la época, la cartera estuvo debidamente clasificada y provisionada, Joreplat se ciñó al régimen de inversión fijado para los recursos de captación de ahorro y prestó los servicios sociales de previsión, asistencia y solidaridad sin comprometer los recursos captados, mientras que la administración del servicio de ahorro y crédito se desarrolló normalmente, al igual que la confianza de los ahorradores.

En relación con los trimestres de julio a septiembre(14) y octubre a diciembre de 1996(15), los informes de revisoría fiscal —presentados a Dancoop el 27 de febrero de 1997— establecieron que la Cooperativa Joreplat no mantuvo constantemente los depósitos de liquidez sobre los recursos captados de ahorro en el porcentaje establecido por el Decreto 1134 de 1989, tampoco se ajustó permanentemente a las relaciones de endeudamiento, superando la captación de terceros, ni al régimen de inversión fijado en relación con los recursos de captación de ahorro, lo cual tuvo efecto en la prestación de los servicios sociales de previsión, asistencia y solidaridad, comprometiendo los recursos captados; pero, los citados informes permitieron establecer también que la totalidad de los créditos otorgados se encontraban respaldados con pagarés debidamente diligenciados con sus respectivas garantías y que la administración del servicio de ahorro y crédito se había desarrollado en forma normal, sin que se hubieran presentado situaciones que ocasionaran pérdida de confianza entre los ahorradores. Estos últimos informes revelaron, además, que la empresa encargada de la revisoría fiscal contaba con los medios suficientes y adecuados para garantizar una normal y periódica vigilancia de las operaciones de ahorro y crédito.

El informe de revisoría fiscal, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 1997, rendido a Dancoop el 21 de mayo de ese mismo año(16), estableció que la Cooperativa Joreplat “no se ajusto (sic) al régimen de inversión señalado por la ley en relación con los recursos de captación de ahorro como consecuencia de las inversiones en activos fijos”, pero que los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer los citados recursos. Ahora, según el citado informe, los préstamos otorgados fueron respaldados con títulos valores debidamente diligenciados y contaban con las garantías suficientes, de acuerdo con el reglamento vigente, a lo cual se suma que la cartera de ahorro y crédito se clasificó en forma extracontable, de lo cual se infiere que las garantías no se ajustaron a las provisiones que las amparaban para cubrir la totalidad de las obligaciones, pero que la administración del servicio de ahorro y crédito se desarrolló en forma normal, sin alteraciones que ocasionaran pérdida de la confianza de los ahorradores o retiros imprevistos de ahorros.

Por su parte, el informe correspondiente al trimestre comprendido entre abril y junio de 1997, rendido por la revisoría fiscal de Joreplat a Dancoop el 31 de julio de 1997(17), estableció que tal cooperativa “no se ajustó al régimen de inversión señalado por la ley en relación con los recursos de captación de ahorro como consecuencia de las inversiones en activos fijos y daciones recibidas en pago”; no obstante, los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer los citados recursos. El informe también señaló que los préstamos otorgados fueron respaldados con títulos valores, debidamente diligenciados, que contaban con las garantías suficientes, de conformidad con el reglamento vigente y que la administración del servicio de ahorro y crédito se desarrolló en forma normal, sin alteraciones que ocasionaran pérdida de la confianza de los ahorradores o retiros imprevistos de ahorros; sin embargo, sostuvo que se evidenciaban en el análisis de algunos indicadores económicos, signos de iliquidez.

El 13 de agosto de 1997, la revisoría fiscal de la Cooperativa Joreplat le informó al Departamento Administrativo de Cooperativas, Dancoop, lo siguiente:

“Por medio de la presente le informo que la Cooperativa Especializada de Ahorros y Crédito Joreplat, (sic) presentó en la fecha retiros de depósito por valor aproximado de $ 5.000.000.000 más intereses, para lo cual utilizó $ 2.965.000.000 de sus recursos mantenidos en el fondo de liquidez de acuerdo a (sic) lo establecido en la Circular Externa 20 de octubre 13 de 1989, quedando así dicho fondo en cero (sic).

“Adjunto carta de compromiso (sic) de la administración para ajustar nuevamente su fondo de liquidez a los porcentajes requeridos por la ley, en el plazo estipulado”(18).

En consecuencia, mediante auto 12 del 25 de agosto de 1997, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-Dancoop inició una investigación preliminar contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat; en tal virtud, el 26 de agosto siguiente, practicó una visita a las instalaciones de la citada cooperativa, cuyo informe —sin fecha de presentación— reveló varias inconsistencias en torno al manejo que se le había dado a la misma(19).

Aquellas inconsistencias fueron: excedentes negativos altos debido a que se detuvo el crecimiento de la cooperativa(20), sobregiros bancarios altos(21), dación en pago de bienes inmuebles(22) dada la insolvencia de los usuarios de créditos, desvío de los recursos del fondo de liquidez(23) (los CDT reportados que conformaban el fondo de liquidez fueron utilizados para cubrir retiros), algunos de los valores identificados como “aportes” no hacían parte de aquellos, es decir, no hacían parte del patrimonio de la cooperativa(24). La cooperativa presentó pérdidas(25).

Así las cosas, a través de la Resolución 2006 del 3 de diciembre de 1997, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-Dancoop ordenó tomar posesión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat, para administrar sus negocios, bienes y haberes y, mediante la Resolución 180 del 29 de enero de 1998, ordenó tomar posesión para liquidarla(26), considerando que, “según los informes presentados por el agente especial designado para la administración de la citada cooperativa, especialmente (sic) su último informe, se observa que pese a los ingentes esfuerzos realizados para colocar al ente cooperativo (sic) en condiciones de desarrollar su objeto social conforme lo señala el contrato social, resultó imposible dada la insolvencia e iliquidez de la misma, originada en las múltiples irregularidades que presentaba antes de la intervención para administrarla, persistiendo las causales que dieron lugar a este (sic) y que igualmente son motivo para liquidar a una entidad”(27).

A diferencia de lo manifestado por la parte actora, para la Sala el material probatorio que viene de exponerse no permite inferir que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas-Dancoop, luego Dansocial, omitió vigilar y controlar, de conformidad con el ordenamiento legal vigente para la época de los hechos, las actividades financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat, pues ninguna de las pruebas allegadas da cuenta de ello y, en cambio, sí se evidencia con ese mismo material que, cuando la situación lo ameritó, dicho organismo oficial inició una investigación preliminar que terminó con su intervención.

En efecto, si bien es cierto que, previo al informe del 31 de julio de 1997, la revisoría fiscal hizo algunas anotaciones sobre el régimen de inversión en relación con los recursos de captación de ahorro y sobre la cartera de ahorro y crédito, es también cierto que ello no hacía necesaria la intervención, pues, al mismo tiempo, dicha revisoría envió mensajes de tranquilidad y normalidad, en cuanto aseguró que los servicios de previsión, asistencia y solidaridad se prestaron sin comprometer tales recursos, que los préstamos otorgados estaban respaldados con títulos valores y que, por lo tanto, estaban suficientemente garantizados y, además, aseveró que la administración del servicio de ahorro y crédito se desarrolló normalmente, sin que los ahorradores perdieran la confianza o hicieran retiros imprevistos de ahorros.

A lo anterior, se añade que los informes de revisoría previos al del 31 de julio no hicieron referencia, en momento alguno, a que la cooperativa estuviera en situación de iliquidez, ni mucho menos a que la misma presentara pérdidas económicas o de confianza de los ahorradores, de modo que ninguna acción era de esperarse de parte del órgano estatal de vigilancia y control.

En cambio, cuando se recibió el informe fechado el 31 de julio del mismo año, que reveló la existencia de signos de iliquidez de la Cooperativa Joreplat, esto es, el correspondiente a los meses de abril a junio de 1997 y se le informó (ago. 13/97) que se habían presentado retiros por $ 5.000.000.000 más intereses y que el fondo de liquidez había quedado en cero (0), la demandada ordenó practicar una visita a las instalaciones de esa cooperativa, cuyo informe —sin fecha de presentación— reveló varias inconsistencias (mencionadas en la pág. 46 de esta providencia) que no habían sido evidenciadas en los informes trimestrales previos de la revisoría fiscal, en relación con el manejo que se le venía dando a la misma.

Así, mediante Resolución 2006 de 3 de diciembre de 1997, la entidad demandada ordenó la toma de posesión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat, a fin de administrar sus negocios, bienes y haberes. Luego, ante la imposibilidad de ponerla en condiciones de desarrollar con normalidad su objeto social, ordenó su liquidación, cosa que se hizo a través de la Resolución 180 de 29 de enero de 1998, la cual, como se observa, se expidió antes de transcurrir 2 meses desde cuando se ordenó la toma de posesión, tiempo que se estima prudente para adoptar esta última decisión.

En efecto, la Ley 79 de 1988 y sus decretos reglamentarios (vigentes para la época de los hechos) no establecían términos para la adopción de aquellas medidas de intervención y liquidación, de modo que las mismas debían ser tomadas con prudente juicio y en términos razonables conforme a las reglas de la experiencia, frente a las cuales decisiones como esas no podían ser apresuradas ni tardías, es decir, debían ser lo más oportunas posibles; en estas circunstancias, a juicio de la Sala, pasar de una toma de posesión a una orden de liquidación en menos de un mes resultaba prematuro, pues en ese término difícilmente unas medidas correctivas podían surtir efectos positivos y tres meses o más, en cambio, podían redundar en una demora cuando menos inconveniente o cuestionable, de cara a la protección de los intereses de los afectados con la compleja situación económica o financiera de la entidad. Así las cosas, el lapso de casi dos meses que transcurrió entre aquellas dos decisiones resulta o se antoja razonable para proponer y poner en marcha las medidas de administración tendientes a corregir los manejos inadecuados que se habían detectado con anterioridad, con el fin de conseguir el desarrollo normal del objeto social de la cooperativa o, de lo contrario, para decidir su liquidación.

Tanto es así que, solo a manera de referencia, por cuanto no es aplicable al caso presente, se observa que el artículo 1º del Decreto 2211 de 2004(28) (derogado por el Decreto 2555 de 2010) establecía, en desarrollo del artículo 115 del estatuto orgánico del sistema financiero(29), que la decisión de liquidar debía tomarse “en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual”.

Puede concluirse, entonces, que además de que la entidad demandada sí ejerció sus funciones de inspección, control y vigilancia sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento legal, lo hizo oportunamente, a fin de que esta pudiese desarrollar normalmente su objeto social, efecto para el cual tomó las decisiones a su alcance de manera acertada y oportuna, incluida la orden de liquidarla, pues, no obstante los ingentes esfuerzos para lograr aquel propósito no fue posible realizarlo, dadas la insolvencia y la iliquidez de la misma.

A lo anterior debe agregarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma, toda vez que —bueno es resaltarlo—, no allegó al proceso prueba idónea y eficaz para acreditar que la entidad demandada omitió su obligación de vigilar y controlar las actividades financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Joreplat y que, por tanto, debió intervenirla con anterioridad a que la revisoría fiscal evidenciara signos de iliquidez.

Así las cosas, no se acreditó ninguna falla del servicio en el presente asunto, pues la entidad demandada implementó, en un tiempo razonable, las medidas que la ley le permitía para la época de los hechos, prueba de ello —se reitera— es que, cuando empezaron a evidenciarse algunos síntomas de iliquidez, ordenó inmediatamente la toma de posesión y, en menos de dos meses, como dicha medida no fue suficiente para que la cooperativa lograra el desarrollo normal de su objeto social, ordenó su liquidación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala confirmará la sentencia recurrida, pero por las razones aquí expuestas.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 1º de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(5) Obrantes de folio 83 a 96 del cuaderno 1.

(6) Folios 1 a 6 del cuaderno 2.

(7) Sentencia del 29 de mayo de 2012. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. PI 2011-01378-00. C.P. Susana Buitrago Valencia.

(8) Folios 97 a 435 del cuaderno 1.

(9) Folios 6 y 7 del cuaderno 2.

(10) Folios 10 a 14 del cuaderno 2.

(11) Folios 15 a 184 del cuaderno 2.

(12) Por el cual se reglamenta la actividad de ahorro y crédito desarrollada por las cooperativas y se dictan normas para el ejercicio de la actividad financiera por parte de estas.

(13) 183 y 184 del cuaderno 2.

(14) 180 y 181 del cuaderno 2.

(15) 177 y 178 del cuaderno 2.

(16) Folios 173 y 174 del cuaderno 2.

(17) Folios 170 y 171 del cuaderno 2.

(18) Folio 119 del cuaderno 2.

(19) Folios 55 a 101 del cuaderno 2.

(20) Folio 64 del cuaderno 2.

(21) Folio 70 del cuaderno 2.

(22) Folio 71 del cuaderno 2.

(23) Folio 73 del cuaderno 2.

(24) Folio 76 del cuaderno 2.

(25) Folio 78 del cuaderno 2.

(26) Folio 16 y 44 del cuaderno 2.

(27) Folio 44 del cuaderno 2.

(28) Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa.

(29) Decreto 663 de 1993.