Sentencia 2000-00235 de julio 14 de 2009 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 54001 31 03 2000 00235 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, Distrito Capital, catorce de julio de dos mil nueve.

Por haberse casado el fallo proferido el 17 de octubre de 2003, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario instaurado por Sociedad Transportes Rutas de América Cía. Ltda. C.A., contra la sociedad Aseguradora Colseguros S.A., procede la Corte a dictar la sentencia sustitutiva pertinente, con el propósito de resolver, en sede de instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la decisión adoptada el 6 de febrero de 2003, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta.

Antecedentes

1. Informan las presentes diligencias que la parte actora, a través del representante judicial designado al efecto, presentó demanda para que, previo el trámite signado por el procedimiento ordinario, se declarara que la aseguradora Colseguros S.A., objetó, de manera infundada y carente de seriedad, la reclamación por ella efectuada por razón del acaecimiento del siniestro amparado, consistente en la muerte de algunos pasajeros y las lesiones de otros, evento sucedido el 21 de noviembre de 1998.

Subsecuentemente, la accionante reclamó que a la demandada debía condenársele a cancelar las sumas convenidas a título de indemnización, concretamente, el valor de US$ 10.000, por el deceso de cada pasajero, así como US$ 7.500, relativos a los daños sufridos por el vehículo accidentado. Igualmente, bajo el amparo del artículo 1080 del Código de Comercio, deprecó el reconocimiento de intereses moratorios sobre los anteriores conceptos, a la tasa máxima permitida.

2. Las súplicas que preceden fueron soportadas en los hechos que, en obsequio a la brevedad, se sintetizan así: a) las partes asumieron algunos compromisos alrededor de un contrato de seguro de responsabilidad civil, concertado e instrumentado a través de la póliza andina Nº 16-1329844 que, junto con sus anexos, fue allegada por la parte actora a la presente actuación (c. 1, fls. 2 a 8); b) el citado contrato tenía como propósito amparar algunos eventos derivados de un contrato de transporte internacional de personas; c) en la mencionada póliza de “seguro de responsabilidad civil para el transporte internacional por carretera”, expedida el 22 de septiembre de 1997, asumió su rol de aseguradora la sociedad Colseguros S.A., y, como asegurada “y beneficiaria”, la aquí demandante; d) el tope del valor asegurado se ajustó en la suma de US$ 60.000; e) en el clausulado aceptado fue incluida la estipulación concerniente con la “ubicación de los riesgos”, que comprendía, en concreto, el “transporte internacional en los territorios de Colombia y Ecuador” (fl. 2, resaltado fuera de texto); y, f) el transporte fue ejecutado, entre otros, por el vehículo de placas C 03211, afiliado a la empresa demandante.

Afirmó, que fenecido el primer periodo pactado, las partes convinieron en prorrogar los compromisos inicialmente asumidos; aunque, en verdad, lo concertado fue la expedición de una nueva póliza (fl. 3), lo que se hizo palpable, ciertamente, a través del documento expedido el 22 de septiembre de 1998, en el que se estableció como nueva época de la vigencia, la comprendida entre la anotada fecha y el 22 de septiembre de 1999, estipulándose, además, para la indemnización, un tope de US$ 10.000, por persona lesionada o fallecida, y US$ 7.500 tanto para daños causados a “terceros no transportados” (fl. 3), como para los perjuicios materiales a bienes.

En vigencia del contrato de seguro y durante el trayecto convenido en el de transporte, el 21 de noviembre de 1998, en Santander de Quilichao (departamento del Cauca), tuvo lugar la colisión entre los vehículos VKJ 722 y C 03211, este último afiliado a Rutas de América Cía. Ltda. C.A., empresa que había tomado el seguro mencionado. El choque reseñado dejó como resultado el deceso de algunos pasajeros y lesiones personales en otros, todos ellos transportados en el vehículo con el que impactó el automotor vinculado a la sociedad asegurada, circunstancias de las que da cuenta el documento remitido el 24 de noviembre de 1998, al Secretario de Tránsito Municipal de Puerto Tejada, por parte del señor José Romir Romero Lenis (c. 1, fl. 49), “guardia vial”, quien el mismo día en que tuvo ocurrencia el siniestro, levantó el respectivo informe sobre lo acontecido (fls. 36 y 37).

En el primero de estos documentos y reproduciendo lo consignado en el “informe de accidente”, se hizo constar que con motivo de la colisión vehicular fallecieron Julieta Edith Daza, Floralba Ul Zapata y Fernando Balanta, resultando lesionados Martha Solarte, Olga Sandoval, Édgar Hernán Bedoya, Elizabeth Cuetia, Elizabeth Freine, todos ellos pasajeros del vehículo de placas VKJ 722; que, además, los vehículos accidentados sufrieron significativos daños materiales.

Como consecuencia del percance y los resultados ya mencionados, tuvo inicio la investigación penal dentro de la cual fue convocada la transportadora demandante como tercero civilmente responsable. También, a raíz de lo acaecido, la asegurada, con sujeción a los términos de la póliza adquirida, procedió a informar de todos los sucesos a la aseguradora, amén de formalizar la reclamación pertinente, actitud que dio lugar a que esta última emitiera la comunicación Nº DI 03487 del 31 de octubre del 2000, a través de la cual objetó formalmente la reclamación, bajo el argumento de “no existir cobertura de acuerdo al ámbito geográfico”.

3. La sociedad demandada, al concurrir al proceso, dio contestación al escrito incoativo aceptando algunos hechos, negando otros, y dejando a la probanza algunos más. En todo caso se opuso a la acogida de las pretensiones.

Presentó como excepciones de mérito las que optó por llamar “Riesgo excluido; Improcedibilidad de la acción por cuanto no existe sentencia judicial ejecutoriada que declare al asegurado civilmente responsable ni existe acuerdo autorizado de modo expreso por la compañía; Exoneración de la aseguradora por haberse configurado causal de exclusión de la responsabilidad de la misma, de acuerdo con las condiciones generales de la póliza; Exoneración de la obligación de pagar por parte de la sociedad demandada por incumplimiento de las obligaciones del contrato de seguro por parte del asegurado; Ilegitimidad de la personería del demandante; Prescripción de la acción; Excepción genérica del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil”.

3.1. Argumentó, relativamente al primer medio exceptivo, que de acuerdo con la póliza andina de seguro de responsabilidad para el transporte internacional por carretera, regida por la Decisión 290 de la Comunidad Andina, dada la eventualidad allí prevista, hay expresa exclusión de cobertura por el ámbito geográfico, o sea, no hay amparo si el riesgo acaece, como así sucedió, en el país emisor de la póliza que lo fue Colombia.

3.2. En lo concerniente con la segunda defensa, la accionada reivindicó que en la póliza emitida estaba expresamente condicionada la obligación de la aseguradora a la demostración, mediante sentencia ejecutoriada, de la responsabilidad de la asegurada, lo que en el asunto litigado no había acontecido.

3.3. Arguyó, como soporte de la tercera excepción, que la aseguradora quedaba exonerada de obligación alguna, si la asegurada asumía, sin la respectiva autorización de aquella, su responsabilidad en el siniestro y, dado que así procedió la transportadora, relevaba a la demandada de su principal compromiso.

3.4. En torno al supuesto incumplimiento de la asegurada, si bien la demandada lo planteó mediante otra excepción, no discurrió sobre los términos del mismo; solamente lo dejó plasmado como una hipótesis.

3.5. Refiriéndose a la quinta excepción, argumentó que los poderes conferidos por los representantes de la actora no reunían los requisitos que exigían las leyes colombianas. Sin embargo, desdeñó precisar a cuál de ellos refería su inconformidad.

3.6. Invocó, así mismo, la extinción del derecho de la asegurada bajo el argumento de la prescripción, pues, según lo afirmó, el término de dos años a que alude el artículo 1081 del Código de Comercio, ya había transcurrido.

3.7. Por último, en aplicación del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, reclamó que si concurría alguna circunstancia que determinara la acogida, aun de oficio, de una excepción, así debía proceder el funcionario judicial.

4. La primera instancia concluyó con sentencia desestimatoria de las pretensiones, en cuanto el juzgador a quo concluyó que, efectivamente, la asegurada había aceptado responsabilidad en el accidente sin la autorización de la aseguradora, circunstancia que liberaba a esta última de las obligaciones a su cargo.

5. La gestora del pleito judicial, en tiempo, seguido al decreto y práctica de las pruebas que solicitara ante el Tribunal del Distrito de Cúcuta, acudió a sustentar la impugnación y, ciertamente, con ese fin, radicó el escrito obrante a folios 36 a 48 del cuaderno Nº 4.

Atendiendo los resultados del recurso extraordinario de casación, a instancia de esta corporación fue adosado al expediente el concepto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relativo a la interpretación prejudicial de la póliza andina, escrito que obra a folios 119 a 144 del cuaderno de la Corte.

Síguese de lo anterior, cumplidos los trámites que corresponden a litigios de este temperamento, que es dable resolver la alzada y a ello procede la Sala, en sede de instancia, previas las siguientes,

Consideraciones

1. Precísase, desde ya, que la conformación de la relación procesal fue consolidada con apego a las directrices legales; no hay, por lo mismo, reproche con respecto a los presupuestos procesales o aquellos requisitos necesarios para finiquitar esta controversia. Además, resáltase, no se vislumbra vicio alguno que afecte la validez de lo actuado.

2. La actora y su legitimidad para incoar esta acción.

2.1. En sus comienzos, el seguro de responsabilidad civil afincó su ámbito de acción en la protección del asegurado sin reparar, ciertamente, en el perjudicado. En ese orden de ideas, el afectado carecía de un derecho frontal contra el asegurador, a la vez que era evidente la distinción entre la relación jurídica de la aseguradora con el asegurado y la de este con la víctima, de modo que no existía vínculo alguno entre esta y aquella. Dada la apremiante necesidad de reparar el perjuicio padecido por el tercero, fueron varios los caminos transitados por jueces y doctrinantes en el sentido de establecer alguna relación jurídica, al menos incipiente, entre el lesionado y la aseguradora. Así, se pensó en una acción oblicua mediante la cual el damnificado, en ciertas hipótesis, podía accionar contra la empresa aseguradora, surgiendo de ese modo una reclamación excepcional. Incluso, la alusión a una “acción directa” tiene significado en cuanto se quiso distinguir de esa vía “indirecta”.

Con el paso del tiempo ha cobrado particular importancia el inevitable compromiso de tutelar a la víctima y significar que, en últimas, tal es la función de esta especie de seguro. A partir de esa consideración los ordenamientos adoptaron diversas disposiciones enderezadas a acentuar ese amparo. Así, el Código Civil italiano (art. 2767), estableció un privilegio en favor del damnificado sobre la indemnización que la aseguradora le pagaba al asegurado; en México, por su parte, mediante norma francamente novedosa, una Ley de 1935 previó una acción directa del perjudicado, a quien se consideró como beneficiario; en el mismo sentido, la Ley francesa de 1930 prescribió en su artículo 53 que “el asegurador no puede pagar a otro que no sea el tercero dañado, todo o parte de la suma debida, mientras este no haya sido indemnizado, hasta el importe de dicha suma, por las consecuencias pecuniarias del hecho perjudicial que haya ocasionado la responsabilidad del asegurado”.

Estimulados, pues, por inquietudes de esa textura, empero renuentes a las nuevas tendencias, los redactores del Código de Comercio del año 1958 dejaron la siguiente constancia:

“Finalmente, tomando en consideración al principio de la relatividad de los efectos de todo contrato, la regla ‘res inter alios acta’, las naturales restricciones a que el seguro de responsabilidad está sujeto merced a incontrovertibles principios jurídicos y la misma conveniencia práctica de aseguradores y asegurados, la comisión resolvió (art. 954) negar acción directa al damnificado contra el asegurador. Pero dispuso igualmente que este podría adoptar todas las providencias conducentes a evitar que pueda torcerse el destino de la indemnización” (hace notarla Sala).

No obstante, hay que advertirlo de una vez, en reformas posteriores y para bien de los intereses de las víctimas, la normatividad patria sufrió un viraje significativo y patentizó lo que con fuerza inusitada reclamaba la salvaguarda real y efectiva de los intereses de los perjudicados, esto es, la posibilidad de que la víctima pudiera pretender, de manera directa, que la aseguradora le reconociera la indemnización a que hubiese lugar.

En fin, a manera de compendio, la protección que las distintas legislaciones dispensaron al damnificado se orientaron en los siguientes sentidos: a) reconocimiento de una prenda en favor del perjudicado y hasta concurrencia del monto de la cobertura, sobre la indemnización que el asegurador debe al asegurado (Ley suiza); b) como ya se memoró (Ley italiana), al perjudicado se le reconoce un privilegio en la indemnización concedida al asegurado; c) la ineficacia frente al tercero de todos aquellos actos del asegurado que impliquen disposición del valor de la indemnización reconocida a él (Ley alemana); d) o, la prohibición al asegurador de cancelar la indemnización a otro que no sea el perjudicado, hasta tanto no se acredite que, efectivamente, ese tercero ha sido resarcido (Ley francesa). En Colombia, itérase, en el año 1990, a través de la Ley 45, la legislación patria incorporó la acción directa.

2.2. Refiriéndose a este aspecto, esta corporación expuso:

“(...) Varias e importantes enmiendas introdujo la Ley 45 de 1990 al régimen del seguro de responsabilidad civil, consagrado en los artículos 1127 a 1133 de la codificación mercantil, con el propósito de otorgar una tutela eficaz a las personas lesionadas con la culpa del asegurado, a quienes dotó de instrumentos para obtener, de manera efectiva, la reparación del perjuicio recibido.

Así, como lo declaraba el original artículo 1127 del Código de Comercio, el seguro de responsabilidad civil tenía por objeto exclusivo mantener indemne el patrimonio del asegurado, quien consiguientemente lo contrataba con la finalidad de precaverse contra las consecuencias de sus actos, de ahí que el asegurador asumiera la obligación de indemnizarle los perjuicios que experimentara con motivo de determinada responsabilidad y que solo se liberara de tal compromiso pagándole al asegurado la indemnización estipulada, por ser este el acreedor de la referida prestación —artículo 1127—.

Acorde con la función que legalmente se le asignaba, que estaba circunscrita, como se anotó, al favorecimiento de los intereses del asegurado, el artículo 1133 del mismo cuerpo normativo preceptuaba que no se trataba de un seguro a favor de terceros, excluyendo todo vínculo directo de la víctima con el asegurador del responsable del daño.

Con la reforma introducida por la Ley 45 de 1990, cuya ratio legis, como ab initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el hecho dañoso del asegurado, a la función primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea que se radicó en el damnificado el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato —artículo 84—, previsión con la cual se consagró una excepción al principio del efecto relativo de los contratos —res inter alios acta—, que como se sabe, se traduce en que estos no crean derechos u obligaciones a favor o a cargo de personas distintas de quienes concurrieron a su formación, o mejor, no perjudican ni aprovechan a terceros.

El propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se, sucedáneo del anterior, sino complementario, “lato sensu”, porque el seguro referenciado, además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por este, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad.

Más adelante, en el mismo proveído, sostuvo

“(…) Bien puede decirse entonces, que de acuerdo con la orientación legislativa vigente en materia del seguro de responsabilidad civil, ocurrido el siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge una deuda de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del daño irrogado a la víctima —artículo 1131 del Código de Comercio—, surge para el perjudicado el derecho de reclamarle al asegurador de la responsabilidad civil de aquel, la indemnización de los perjuicios patrimoniales experimentados, derecho que en Colombia deriva directamente de la ley, en cuanto lo instituye como beneficiario del seguro —artículo 1127 ibídem— y que está delimitado por los términos del contrato y de la propia ley, más allá de los cuales no está llamado a operar, derecho para cuya efectividad se le otorga acción directa contra el asegurador —artículo 1133 ejúsdem— la que constituye entonces una herramienta de la cual se le dota para hacer valer la prestación cuya titularidad se le reconoce por ministerio de la ley. Como precisó la Corte en providencia de esta misma fecha, ‘… en lo tocante con la relación externa entre asegurador y víctima, la fuente del derecho de esta estriba en la ley, que expresa e inequívocamente la ha erigido como destinataria de la prestación emanada del contrato de seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (C.Co., art. 1127). Acerca de la obligación condicional de la compañía (C.Co., art. 1045), en efecto, ella nace de esta especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aquella asumirá, conforme a las circunstancias, la reparación del daño que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio jurídico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como derecho correlativo el de la víctima —por ministerio de la ley— para exigir la indemnización de dicho detrimento, llegado el caso. Con todo, fundamental resulta precisar que aunque el derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota de la propia ley, lo cierto es que aquel no podrá pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite el objeto negocial, por lo menos en su relación directa con el asegurador, que como tal está sujeta a ciertas limitaciones’ (exp. 7173, no publicada aún oficialmente)”. (Sent. cas. civil, de feb. 10/2005, exp. 7614).

Por manera que, tanto la doctrina como la jurisprudencia patrias, sin reserva alguna, concuerdan sobre que el beneficiario en el seguro de responsabilidad civil es la víctima o el perjudicado y, por ende, es el primer llamado a reclamar la indemnización. Desde luego, tal criterio abreva, con evidente fidelidad, en la autorización incorporada en los artículos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990, cuyos textos, hoy en día, no generan resistencia alguna. El primero dispone:

“… El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. …”.

Mientras que el segundo puntualiza que:

“En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador…”.

2.3. Ahora, con respecto al asunto de esta especie, tres aristas deben valorarse: de un lado, la aplicación preferente, en lo pertinente, de las disposiciones provenientes de normas supranacionales; de otro, la validez de la póliza adosada al expediente desde la óptica del ordenamiento jurídico; y, por último, si del régimen aplicable a dicha póliza o, en su caso, de su texto, surge la prevalencia de los intereses del asegurado o de las víctimas.

2.3.1. A través de la historia ha quedado patentizado que las personas se agrupan en procura de proveerse mayor bienestar, de satisfacer necesidades recíprocas, de unir esfuerzos con el único propósito de optimizar recursos y fortalezas de toda índole, amén de minimizar los efectos de sus debilidades. Los Estados, también, suelen ser proclives a la integración y, regularmente, convergen voluntades alrededor de asuntos como la política, la cultura, el deporte, etc.; pero, principalmente, como miras a impulsar el desarrollo económico en sus respectivos territorios a fin de aprovechar al máximo sus especiales condiciones, para, a través de ellas, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Permeados por esa tendencia, algunos países de la región (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela —aunque esta última nación se retiró en época reciente—), a partir del Acuerdo de Cartagena, propiciaron el nacimiento de la Comunidad Andina; luego, con el claro fin de materializar sus objetivos, surgieron diferentes reglas jurídicas, órganos e instituciones, entre ellos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Hablar del derecho comunitario es referir a un conjunto de disposiciones tendientes todas ellas a reivindicar, por una parte su supremacía sobre el derecho interno de cada país miembro y, por otra, formalizar el propósito de la creación de la comunidad como es regentar, bajo parámetros similares y comunes, determinados asuntos propios de cada nación, precisamente, con el ánimo de unificar efectos. Como espectro de esta consideración, se evidencian dos pilares sobre los cuales descansa la comunidad: a) el reconocimiento expreso por parte de los países integrantes, de la existencia de órganos y competencias supranacionales, esto es, la aceptación de que más allá de la organización interna, hay normas que prevalecen sobre las nacionales y que, así mismo, hay órganos de mayor jerarquía; y, b) el desprendimiento por parte de los países miembros de determinadas competencias a favor de esos órganos comunitarios. Síguese de lo anterior que es característico del derecho comunitario, de un lado, un efecto inmediato, en cuanto el ordenamiento de la comunidad se considera integrado al derecho interno de los países que la conforman; de otro, un efecto mediato, en la medida en que sus disposiciones no requieren, salvo estipulación expresa en contrario, una determinación del país miembro para que tengan vigencia; y, por último, una primacía del derecho de la comunidad sobre el derecho interno, característica que evidencia el inequívoco propósito de sus miembros de ceder soberanía en temas específicos a favor de ella.

Emerge, entonces, que el tema bajo estudio, sin duda alguna, resulta ser gobernado por un convenio internacional del que hace parte Colombia, como es el Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), y, del mismo, una de sus decisiones, concretamente, la Número 472 de 16 septiembre de 1999, emergió la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuyo primer artículo estableció que el ordenamiento jurídico de la misma, comprende:

“a) El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales; b) El presente tratado y sus protocolos modificatorios; c) Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; d) Las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, e) Los convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina”.

También, en su artículo 2º, estableció que:

“Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina (hace notar la Sala).

Dicho Tribunal, en alusión a la prevalencia del derecho comunitario, en algunos casos ha expuesto:

“Se trata más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de la primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas. Hay —se ha dicho— una ocupación del terreno con desplazamiento de las normas que antes las ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto a resulten incompatibles con las previsiones de derecho comunitario (‘preemption’). La norma interna, sin embargo, podría continuar vigente aunque resulte inaplicable, y permanecer en estado de latencia hasta que el derecho comunitario se modifique eventualmente y le deje libre el terreno, si es que la norma nacional llega a ser compatible con él” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, Buenos Aires 1994, pág. 142).

“… debe tenerse en cuenta el (principio) de la ‘primacía’ de las normas comunitarias y el de la ‘aplicación directa’ de las mismas, principios que, a la vez son los que permiten a los Estados signatarios cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de trámites internos que pretendan dar a la norma comunitaria el vigor que ya tiene desde su origen...” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, Buenos Aires 1994, pág. 42).

“El derecho de integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan solo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, Buenos Aires 1994, pág. 98).

Fluye que el derecho interno, en todo aquello que se oponga a las disposiciones del derecho comunitario, como así lo deja a salvo el propio Tribunal de la Comunidad Andina, debe ceder para que operen aquellas disposiciones; pero, así mismo, surge evidente que los eventos de los que no se ocupa la normatividad comunitaria, serán gobernados por el orden jurídico nacional, sin perder de vista, en todo caso, la filosofía de la integración subregional.

2.3.2. Y, precisamente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el 21 de marzo de 1991, emitió la Decisión 290 alusiva a la póliza andina de seguro de responsabilidad civil; también fue adoptada la 398 de 17 de enero de 1997, sustitutiva de la Decisión 289, concernientes con el transporte internacional de pasajeros por carretera. Una y otras resultan ser el marco normativo de los dos contratos de los que dimana la controversia judicial bajo estudio; de un lado, la póliza andina de responsabilidad civil; de otro, el contrato de transporte internacional por carretera.

Con respecto a este último, pertinente es precisarlo, que la empresa demandante cumplía en uno de sus vehículos, concretamente, el de placas C-03211, en el trayecto o itinerario por territorio colombiano (Puerto Tejada - Cauca), la ejecución de un transporte internacional por carretera, actividad que, precisamente, aseguraba la póliza memorada. Relativamente a tal acreditación, esto es, el desplazamiento internacional, huelga reseñar, principalmente, que las partes no controvirtieron, ni por asomo siquiera, la existencia de esa modalidad de transporte, ni desconocieron que este estuviera por fuera del ámbito de la Comunidad Andina. Situación corroborada, entre otros elementos probatorios, por la inserción en el cuerpo de la póliza andina de la placa (C03211) del vehículo accidentado; el permiso concedido a la actora por parte del Ministerio de Transporte de Colombia, según Resolución 0002906 de 26 de mayo de 1997, y la relación de vehículos habilitados para la ejecución de dicha actividad (fls. 30 a 35), en donde aparece, igualmente, la indicación del automotor accidentado y la reseña de los trayectos; copia del registro mercantil perteneciente a la empresa demandante, en donde aparece que es sociedad venezolana y que su objeto social es el transporte de pasajeros, nacional e internacional. En fin, no hay duda alguna que el siniestro sobrevino, itérase, en desarrollo de un transporte internacional de pasajeros.

Las disposiciones memoradas, por dimanar de aquel órgano devienen imperativas, cual lo dispuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien sobre el punto se expresó:

“Este Tribunal considera que el consultante debe aplicar lo dispuesto en la citada Decisión 290 debiendo poner la máxima atención, al momento de analizar la póliza andina de seguro de responsabilidad civil contratada por la accionante, teniendo en consideración el principio de supremacía del derecho comunitario (...). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...). En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados miembros (...) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario” (concepto emitido el 10 de enero de 2008, fls. 119 a 138 cdno. de la Corte).

Así, en cuanto a los países que integran la Comunidad Andina, sus destinos están amparados, en aquellas precisas materias, por la póliza pertinente, adoptada por la Decisión 290 de 21 de marzo de 1991.

Empero, no obstante el desplazamiento, mas no derogatoria, del derecho interno por el comunitario, en los casos específicos que este regula, ante posibles vacíos o normas incompletas de aquel ordenamiento trasnacional, emergen las disposiciones nacionales para regir complementariamente los casos litigados, de donde deriva, a todas luces procedente y ajustado al convenio de Cartagena, la aplicación de disposiciones patrias como el artículo 1127 y 1131 del Código de Comercio, pues no son normas cuyo contenido contravengan aquellas directrices comunitarias.

2.3.3. Asentado lo anterior, evocado el último de los temas auscultados, resáltase que la póliza andina no incorporó modificación alguna en torno a los intereses protegidos y que reflejara un apartamiento con respecto a las tendencias de las legislaciones nacionales, incluida la colombiana, memoradas en párrafos anteriores; contrariamente, refulge cristalino el propósito tanto de las disposiciones que crearon la póliza andina como la de sus condiciones generales y especiales, de dejar a salvo, principalmente, los intereses de las víctimas cuando los daños inferidos tienen su origen en el transporte internacional de pasajeros; aparece contundente tal regulación sobre el particular; basta nada más, para corroborar tal aserto, con mirar el texto de la póliza Nº 311, obrante al folio 3 del cuaderno principal, en donde expresamente se estableció que los beneficiarios de la indemnización eran los pasajeros y terceros no transportados; amén de la cláusula o numeral 3º, de las condiciones generales de la citada póliza (fls. 4 a 8 del mismo cdno.), relativo a las “definiciones”, que, en cuanto a la de beneficiarios, describe que son “Las eventuales víctimas o damnificados con el siniestro que demuestren su condición y los perjuicios irrogados” —negrillas no textuales—.

Y, si bien en el texto de las condiciones generales de la póliza se alude a que el asegurado también es beneficiario, esa estipulación, como es manifiesto, no implica que haya un desplazamiento total de la víctima como principal protegido, pues, allí mismo, aparece la precisión de que los “damnificados” son, igualmente, beneficiarios. Considera la Sala que la inteligencia apropiada de esa indicación no puede ser otra que el asegurado, en ciertas hipótesis, se torna beneficiario, como acontece, por ejemplo, cuando con sus propios recursos paga directamente a las víctimas del daño, evento que, sin duda, le hace nacer el derecho de reclamar de la aseguradora la respectiva indemnización, no como damnificado sino, itérase, por efecto de haber pagado a las víctimas los perjuicios generados. Esto insístese, al tenor de la estipulación contractual.

2.4. En definitiva, según el caso, bajo la óptica de la normatividad nacional o al amparo de la prohijada por el texto de la póliza la Comunidad Andina, la víctima o, eventualmente sus herederos, como perjudicados, son los llamados a reclamar la indemnización una vez sobrevenga el acaecimiento del hecho que constituye el siniestro. En ellos reposa la potestad o autorización legal para vindicar en su favor el pago que dimana del contrato y por razón del daño inferido.

3. No obstante la claridad pregonada, conviene asentar, así mismo, algunas reflexiones, indispensables por lo demás, dado lo particular del tema involucrado, con respecto a la prerrogativa de la demandante (asegurada) para incoar acciones de estas características, habida cuenta el posible desplazamiento de la víctima por el asegurado frente al cobro de la indemnización, de contera, la afectación de la legitimidad de esta (sic).

De cara a tal situación, en materia de seguros de responsabilidad civil, estima la Corte que no obstante el sentido, trascendental por cierto, de la reforma que la Ley 45 de 1990 introdujo a los artículos 1127 y 1133 del Código de Comercio, no despojó plenamente a la asegurada para que, dadas unas concretas circunstancias, procure lo que a ella corresponde, como así se infiere de la misma normativa al instituir, “... sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado” (final del primer inc., art. 1127 —hace notar la Sala—). Esa misma legitimación la reitera implícita, pero contundentemente, el mismo Código de Comercio al consagrar que en el seguro de responsabilidad, el término de prescripción empezará a correr, frente al asegurado, “... desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial” (art. 1131).

3.1. Surge incuestionable y, por ello mismo, puede sostenerse, sin titubeo alguno, que la asegurada, en algunas oportunidades, ciertamente no muchas y francamente excepcionales en los casos previstos en la ley, está legitimada para gestar el reclamo judicial a su aseguradora, pues esa condición le depara un particular rol que comprende, según cada caso, intereses diversos; por vía de ejemplo: el establecimiento y restitución de los valores de rescate o acciones tendientes a evitar la propagación del daño (C.Co., art. 1074); las costas judiciales y honorarios de abogado para la defensa del asegurado (amparos básicos, condiciones generales de la póliza), la misma revisión de la legalidad del contrato, etc.

3.2. Pero, además, dicha legitimación puede anidar en la vinculación de la asegurada a una causa civil o penal, desde luego, como sujeto pasivo de la obligación de indemnizar los perjuicios causados a terceros; hipótesis que viabiliza, igualmente, su reclamo por vía judicial a la aseguradora, pues prima facie, por lo menos, le daría derecho a pretender ser protegida patrimonialmente por esta última, acorde con las limitantes propias de los montos y conceptos materia del amparo, así como del clausulado de la póliza mentada, sin olvidar, tampoco, el carácter meramente resarcitorio del contrato de seguro de responsabilidad civil, el que, como se sabe, no puede ser fuente de enriquecimiento para el beneficiario.

Y no es para menos, pues si en esta clase de seguro el compromiso de la aseguradora frente a su asegurada, es mantener indemne su patrimonio, como en efecto lo es, de suyo emerge que cualquier condena que recaiga sobre esta, comporta, a su vez, una circunstancia idónea y válida para que la asegurada reclame de aquella las sumas que ha desembolsado o quede expuesta a erogar, ya judicial ora extrajudicialmente. En todo caso, y esto se afirma contundentemente por la Sala, aunque más adelante se explicitará lo pertinente, si bien la asegurada puede tener en esa hipótesis basamento suficiente para accionar, ello no significa que, en últimas, al momento de recibir la indemnización desplace a la víctima, pues, como aquí ocurrirá, la sentencia debe condicionar el pago a ese demandante (el asegurado) solo en la medida que acredite a la aseguradora que ya satisfizo la deuda de responsabilidad con los damnificados, o, en su caso, que estos coadyuvan su reclamación.

4. En este caso, la asegurada, o sea, la empresa transportadora, inició su reclamo judicial pretendiendo el reconocimiento del monto de los amparos o coberturas comprendidas en la póliza andina, concretamente, la indemnización generada por efecto del fallecimiento de algunos pasajeros, las lesiones de otros y los daños sufridos por el vehículo automotor contra el cual chocó el vinculado a la demandante. El proceder de la accionante al momento de la activación del órgano jurisdiccional (14 de noviembre de 2000), estaba soportado en la investigación penal adelantada por razón del accidente, en la que hubo aducción de demanda de parte civil; una y otra culminaron con las sentencias que obran a folios 15 a 32 del cuaderno Nº 4º en donde se condenó, de manera solidaria, a la transportadora (demandante-asegurada), y al conductor de uno de los vehículos accidentados al pago de los perjuicios generados a las víctimas. Tal decisión judicial, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el sindicado, fue valorada y confirmada en su totalidad por el Tribunal del respectivo Distrito Judicial.

Oportuno resulta memorar que en la primera instancia a los procesados se les impuso, a título de perjuicios materiales, una condena por la suma de $ 344.395.454, que debían indexarse a la época del pago; además, por concepto de los daños morales generados, una suma superior a 200 salarios mínimos mensuales vigentes.

La situación descrita, por sí sola, habilitaba a la actora para proceder judicialmente en contra de su aseguradora, precisamente en procura de que le brindara la protección a su patrimonio frente a la inminencia de su afectación; con mayor razón tal decisión, esto es, el accionar judicial, surge válido en la medida en que, cual aquí aconteció, el ensayo realizado para involucrar a la aseguradora en el proceso penal, a través del llamamiento en garantía, resultó fallido (así lo informó la apoderada de la transportadora - fl. 109 cdno. Nº 1), evento que habilitaba, válidamente, a la asegurada para explorar otros caminos, lo que, efectivamente, la condujo a esta acción; desde luego, bajo los condicionamientos ya enunciados y que más adelante se precisarán.

5. Sin embargo, reconocer en cabeza de la actora la potestad para impetrar demanda en contra de su asegurador y con la potencialidad de percibir algún beneficio económico derivado de la póliza mentada, no implica per se que sea destinataria de todas las sumas que, hipotéticamente, debe erogar la aseguradora y que dimanan del contrato aseguraticio, pues, como en precedentes líneas se elucubró, la suma principal, esto es, la indemnización generada por el acaecimiento del siniestro, corresponderá al perjudicado o sus herederos, como así se enunció en párrafos anteriores.

6. Aspectos fácticos esenciales y debidamente probados en el asunto litigado.

Precisado el tema objeto de decisión, cual se reseñó en precedencia, la Corte puede dar por ciertos algunos puntos y, de contera, considerarlos excluidos de cualquier dificultad probatoria, habida cuenta los elementos demostrativos adosados al expediente: a) la existencia de la relación contractual aseguraticia, tanto en cuanto a su primera como a la segunda vigencia, asunto frente al cual las partes estuvieron de acuerdo; b) el texto de una y otra póliza emitidas; c) el acaecimiento del siniestro; d) las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente; e) los nefastos resultados del mismo; f) los automotores involucrados; y, g) la existencia de la objeción por parte de la aseguradora.

De estos eventos hay soporte documental con el suficiente poder persuasivo que no deja duda sobre su acaecimiento, vr. gr., las pólizas allegadas por el actor (fls. 2 a 8, cdno. Nº 1), de las que no se apartaron los litigantes y que dan cuenta de los términos del contrato de seguro; los escritos que obran a folios 36 y 37 del mismo cuaderno alusivos al informe de tránsito, documentos que tampoco fueron controvertidos e ilustran sobre los vehículos afectados. Y para no ahondar más, copias de los fallos de primera y segunda instancia del proceso penal (en su orden, fls. 15 a 33, cdno. Nº 4 y fls. 183 a 194 del cdno de la Corte); piezas procesales de las cuales emerge, con inobjetable contundencia, la condena impuesta al conductor de la transportadora —demandante—, así como a ella misma. Resáltase, en este aspecto, que la responsabilidad del causante del daño, señor Vicente Neftalí Bustamante, quedó constatada en los fallos de primera y segunda instancia del pertinente proceso penal, que obran, en su orden, a folios 15 a 32 y 183 a 192 de los cuadernos Nº 4 y de la Corte Suprema. Surgiendo, entonces, que los elementos indispensables para viabilizar el reclamo indemnizatorio concurren al asunto de esta especie, sin perjuicio de la condición que fijará la Corte al momento de la condena.

En el expediente no hay adosada prueba alguna, de cualquiera clase, que infirme o desdiga del poder persuasivo de los elementos de juicio referidos precedentemente.

7. De la defensa y las excepciones propuestas.

Sentado lo anterior, procede ocuparse de las excepciones y demás defensas incoadas por la aseguradora demandada, anticipándose que ninguna de ellas será acogida, según se explicará en líneas subsiguientes.

7.1. Sobre lo dicho por la opositora, tanto al objetar la reclamación como al sustentar su defensa, en el sentido de que el siniestro de marras tuvo lugar en el territorio del país emisor, esto es, fuera del “ámbito geográfico” en que de conformidad con las “condiciones generales” del contrato aseguraticio este tendría sus efectos, es de ver que el alcance de tal estipulación no es el propuesto por la demandada, entre otras cosas, además de lo memorado con anterioridad, por lo que a continuación se consigna:

La Decisión 290, del mes de marzo de 1991, emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que, como se asentó anteriormente, gobierna los términos en que las partes ajustaron sus voluntades alrededor del contrato de seguro, “aprobó” la Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad Civil tantas veces citada (art. 1º), la que podrá ser expedida por “una empresa aseguradora establecida en cualquiera de los países miembros”, con miras a brindar cobertura, según corresponda, a “la responsabilidad civil derivada de los accidentes ocasionados a pasajeros y a terceros no transportados”. Esta reglamentación devenía imperativa para todos los países suscriptores del Convenio de Cartagena, entre ellos, desde luego, Colombia. Y, claro, una de las primeras consecuencias es el acatamiento, inevitable, de la normatividad que la Comunidad Andina adopte. Así lo expresó su Tribunal:

“No fue intención del legislador andino al expedir la Decisión 290 y en cuanto al cubrimiento de los riesgos que se generen respecto de pasajeros y terceros no transportados en ejercicio de la actividad transporte internacional, que las empresas transportadoras tuvieran que adquirir amparos diferentes: uno, el que se deriva de la póliza andina para cubrir los riesgos que ocurran por fuera del territorio del país emisor de la misma, es decir en el resto del territorio de la subregión por donde se preste dicho servicio y otro, para cubrir los riesgos en el país emisor de la póliza andina, ya que de una parte, el artículo 3º de la decisión en comento, como ya se señaló, prohíbe a los países miembros exigir a la empresa transportadora adquirir ningún otro tipo de seguro adicional, y de otro lado, no existe razón lógica alguna para ello, dado que la evolución normativa andina que se ha presentado, en el título anterior, llevó precisamente a dar mayor agilidad y economía a la prestación del servicio mediante la previsión de una única póliza.

Lo contrario sería aseverar, contra la claridad y filosofía de la norma, que como lo que se ampara son los riesgos relacionados con el transporte internacional por carretera en la subregión, la póliza andina solo cubriría dicha actividad cuando la misma se realiza por fuera del país que emitió la póliza, y que tan pronto el vehículo sale de dicha frontera entra a operar el seguro andino.

No cabe, entonces decir que, para la habilitación de un vehículo a la modalidad de transporte internacional por carretera la autoridad nacional debe exigir, además de las obligaciones previstas en la Decisión 290, los seguros por los riesgos que se sucedan en el territorio del país al que pertenece la empresa aseguradora que emite la póliza andina para amparar a los pasajeros y los terceros que sufran daños por el ejercicio de la actividad dentro del territorio de dicho país, conclusión absurda y contraria a la filosofía que inspiró la contratación de un seguro único con cobertura subregional”.

Y en el numeral tercero de la parte resolutoria del aludido concepto, aquel Tribunal, con inobjetable claridad y, en lapidaria conclusión, asentó:

“No resulta lícito expedir una póliza andina eximiendo la cobertura en el territorio del país emisor de la póliza, en lo que se relaciona al amparo a pasajeros, sus equipajes, terceros no transportados, ya que solo se eximía dicha cobertura territorial a la tripulación por expresa definición del numeral 4º del anexo de cobertura a tripulantes de la Decisión 290” (fl. 136 cdno. del recurso extraordinario).

En el panorama así descrito, se hace notorio que la interpretación que dispensó la sociedad demandada con relación a la condición general en estudio, para nada acompasa y, contrariamente, repele los altos cometidos atrás anunciados, en verdad indispensables para consolidar el propósito integracionista que inspiró el Acuerdo de Cartagena, lo que, de suyo, deviene suficiente para desatender los argumentos de la demandada.

Infíerese, por lo dicho, que la excepción analizada no puede brindársele acogida alguna.

7.2. En lo que hace a la inexistencia de sentencia judicial ejecutoriada que declare al asegurado civilmente responsable, medio defensivo esgrimido por la demandada con fundamento en el acápite de amparos básicos de las condiciones generales de la póliza expedida por el ente demandado (c. 1, fl. 9), que ciertamente corresponde al anunciado en la contestación de la demanda, sea suficiente para desestimarla, con rotunda contundencia, que a la fecha de este proveído, obrantes en el expediente (fls. 15 a 32 cdno. 4 y 167 a 176 cdno. de la Corte), aparecen sentencias de primera y segunda instancia que aluden a la responsabilidad de la asegurada.

Empero, no sobra recordar el pronunciamiento, todavía reciente, en que esta Sala de Casación precisó que en consonancia con los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio,

“… aún antes de la modificación que a este último le introdujo el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, el asegurado o beneficiario podía —y puede—, según el caso, acreditar la ocurrencia del siniestro y, por ende, demostrar la pervivencia de su derecho, en forma judicial o extrajudicial. Ninguna de tales disposiciones, acorde con los postulados tuitivos que inspiran la moderna legislación atinente a la relación aseguradora, establece —ni establecía— una restricción probatoria, la que no era —ni es— posible fijar ex contractu, comoquiera que por mandato del artículo 1162 de la codificación mercantil patria, reflejo de la inequívoca tendencia internacional de morigerar el radio de acción de la autonomía privada, mediante el expediente de considerar imperativas a un apreciable número de preceptos que gobiernan la aludida relación negocial —por lo menos de cara a una determinada tipología de riesgos: de masa—, el contenido del referido artículo 1080 solo puede modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario, como ya se preveía antes de la reforma aludida, concretamente desde la expedición del Código de Comercio en el año 1971 (D. 410)” (sent. del 2 de febrero de 2001, exp. 5670).

Alrededor del mismo tema del que se trata, en la precitada oportunidad anotó la Corte, que

“no era necesaria una sentencia que declarara el incumplimiento, toda vez que este tipo de cláusulas restrictivas (...) —calificadas como abusivas por la doctrina y la legislación comparadas—, eran nulas absolutamente por mandato del numeral 1º del artículo 899 del Código de Comercio, hoy ineficaces según el literal a) del numeral 2º del artículo 184 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), en concordancia con el inciso 2º del numeral 4º del artículo 98 y el numeral 3º del artículo 100 de la misma normatividad, en cuanto violan disposiciones que, como los artículos 1077 y 1080 del estatuto mercantil, son imperativas, la primera “por su naturaleza”, y la segunda porque expresamente así lo establece el artículo 1162 aludido, por lo menos frente al tomador, al asegurado y al beneficiario, al prohibir que se haga más gravosa la situación de dichos sujetos, la que forzosamente se consolida o materializa en punto tocante con la precitada estipulación negocial, habida cuenta que los obliga —y de suyo limita— a acudir a un proceso judicial a probar un derecho que, ex lege, puede ser acreditado extrajudicialmente”.

Complementando el anterior discurso, agrega la Sala ahora que tratándose de la modalidad del contrato de seguro celebrado por las partes en contienda, como ya se anotó, la misma ley se ha encargado de establecer el momento en que ha de entenderse ocurrido el siniestro, previendo que por tal se tendrá aquel “en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado”, cual lo consagra el artículo 1131 del Código de Comercio, precepto que por expresa prescripción legal las partes no pueden modificar (art. 1162, ib.). En el caso sub lite, no llama a duda que ese “hecho externo imputable al asegurado”, y del cual pudiera comprometer su responsabilidad, no puede ser otro que el accidente de tránsito tantas veces referenciado; por manera que en esa situación resulta en un todo inadmisible la exigencia de aportación de una sentencia judicial que declare dicha responsabilidad civil y patrimonial.

7.3. Ya en cuanto interesa a la excepción planteada por la aseguradora so pretexto de que el asegurado dio lugar a una causal de exoneración de responsabilidad de la demandada por haber admitido su culpabilidad en la ocurrencia de los hechos que motivaron la reclamación, la Corte se limita a remitir a lo que sobre ese punto se consignó al proferir la sentencia de fecha 31 de mayo de 2007, mediante la cual casó el fallo recurrido, en cuanto dedujo que el fallador incurrió en error manifiesto de hecho al dar por probado ese medio exceptivo. En otras palabras, con lo expuesto en el aparte indicado es suficiente para establecer el fracaso de la señalada excepción.

7.4. Como se indicó en los antecedentes de esta sentencia sustitutiva, sin explicitar el sustrato fáctico correspondiente, la aseguradora dijo “excepcionar” en razón del “incumplimiento de las obligaciones de la asegurada” y “prescripción”, siendo importante resaltar que no ilustró en qué habría podido consistir el aludido incumplimiento, ni las razones por las cuáles habría de darse por acreditada la anunciada prescripción. Ante las reseñadas omisiones, no está llamada la Sala a suplirlas, aun como juez de instancia, pues es de la incumbencia exclusiva del demandado fijar el contenido concreto de sus distintas excepciones, señalando las específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar a ellas atinentes, con miras a que —supeditado a que se tenga como acreditado su sustrato fáctico—, el fallador las estudie y pueda acogerlas, si es que el ordenamiento jurídico así se lo impone.

Con todo, en lo que interesa al alegado incumplimiento de las obligaciones de la demandante, en su condición de asegurada, resalta la Corte la ausencia de prueba de alguna circunstancia susceptible de ser concebida como clara desatención de las prestaciones contractuales asumidas por ella, con ocasión del citado contrato aseguraticio.

Y en cuanto toca con la “prescripción” alegada por la aseguradora y sustentada en la simple invocación del término de dos años, contemplado en el inciso segundo del artículo 1081 del Código de Comercio, nótese que si dicho término ni siquiera se consolidó entre la ocurrencia del accidente de tránsito (21 de noviembre de 1998) y la formulación de la demanda incoativa de este proceso ordinario (10 de noviembre de 2000), menos podría predicarse su transcurso “desde cuando la víctima le formula (al asegurado) la petición judicial o extrajudicial”, esto si se optara por tomar como punto de partida para contar el término de prescripción en comentario, el que establece el artículo 1131 del estatuto mercantil en cita concerniente con la acción que tiene el asegurado contra la compañía aseguradora, en el caso específico de los seguros de responsabilidad, naturaleza que se aviene al celebrado entre las partes en contienda.

7.5. Tampoco se requiere mayor argumentación para desestimar la “excepción” de “ilegitimidad de la personería del demandante”, fundada en las posibles deficiencias del poder otorgado al mandatario judicial de la sociedad asegurada para que instaurara la demanda de la referencia, alegación que, por concernir con asuntos procesales que solamente esta podría aducir, carece por completo de carácter perentorio, lo que hace improcedente fallarla como de fondo.

7.6. Finalmente, precisa la Corte que no encuentra acreditada ninguna excepción que amerite su reconocimiento oficioso, circunstancia que aunada con las antes descritas impone revocar el fallo apelado, y acceder a las pretensiones, aunque en la forma que adelante se explicitará.

8. La condena, su cuantía y los beneficiarios de ella.

8.1. Surge libre de todo cuestionamiento, cual se delineó en párrafos precedentes, que la póliza en cuestión involucra dos propósitos bien definidos: de un lado, procura precaver la responsabilidad del asegurado, derivada de las indemnizaciones que a favor de terceros estuviese llamado a efectuar con ocasión de su comportamiento activo u omisivo, y de acuerdo con lo estipulado sobre el particular por los contratantes; en otras palabras, patentiza su objetivo de mantener indemne el patrimonio de la asegurada; de otro y erigiéndose en su principal papel, adopta la función de salvar los intereses de los perjudicados. No otra lectura deviene del siguiente texto legal:

“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado…”.

En esa precisa dirección, hay que reparar, en el asunto sub lite, que por parte de los herederos de las personas fallecidas en la comentada colisión vehicular, hubo expresa reclamación a la sociedad transportadora, que, como se verá después, excedió en mucho la cobertura por la que se obligó la aseguradora. Se refiere la Corte a que, tal y como se historió en la sentencia proferida en primera instancia, dictada dentro del proceso penal seguido contra el conductor del autobús afiliado a la sociedad asegurada, hubo condena (decisión que fue revisada por vía de apelación, habiendo obtenido plena confirmación - fls. 183 a 194 cdno. de la Corte), en contra de esta, como tercero responsable, a pagar cuantiosa suma de dinero. Concretamente, el fallo penal de primera instancia, resolvió:

“(…) Segundo: CONDENAR de manera solidaria al pago de indemnización de perjuicios al señor Vicente Neftalí Bustamante Manzano y al tercero civilmente responsable en cabeza del representante legal de la Compañía Transportes Rutas de América Cía. Ltda. C.A., así:

Perjuicios materiales: por la muerte de Darlin Fernando Balanta González, deberán reconocer a su hija Michel Fernanda Balanta Galvis, esposa Danila Galvis Paz y padre Jafet Balanta la suma de $ 144.674.427.

Por el deceso de Flor Alba Ul Zapata deberán sufragar a favor de su hijo Sebastián Ul Zapata y de sus progenitores Sixto Ul Medina y Flor Alba Zapata la cantidad de $ 90.996.997.

Por el fallecimiento de Julieta Edith Daza Medina deberán cancelar a su señora madre Guillermina Medina Pino $ 58.552.430.

A Édgar Hernán Bedoya Henao le reconocerán $ 34.916.427.

Y a Marta Isabel Solarte la indemnizarán con $ 15.255.205. Para un gran total de $ 344.395.454 por perjuicios materiales, los cuales pagarán debidamente indexados al momento efectivo de hacerse el pago.

Perjuicios morales: por la muerte de Darlin Fernando González se le reconocerá a su esposa Danila Galvis Paz una suma equivalente, en moneda nacional, de treinta salarios mínimos legales mensuales, smlm, a su hija Michel Fernanda Balanta Galvis veinticinco smlm y a su padre Jafet Balanta veinte smlm.

Por la muerte de Flor Alba Ul Zapata deberán reconocer a cada uno de sus sobrevivientes reconocidos como parte civil, hijo Sebastián Ul Zapata veinticinco salarios mínimos legales mensuales, smlm, y a sus padres Sixto Ul Medina y Flor Alba Zapata veinte smlm para cada uno.

Por el deceso de Julieta Edith Daza Medina le reconocerán a su madre Guillermina Medina Pino una suma equivalente, en moneda nacional, de veinte salarios mínimos legales mensuales.

A Marta Isabel Solarte y Édgar Hernán Bedoya se les reconocerán quince y cinco salarios mínimos legales mensuales, de manera respectiva.

Para el pago total de los perjuicios materiales y morales a favor de las personas aquí reseñadas se les concederá a los condenados de manera solidaria un plazo de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente fallo” (fls. 30 y 31 cdno. Nº 4).

Por supuesto que al sobrevenir condena en contra del transportador - asegurado, configurándose así la causa determinante de la indemnización, se libera el compromiso de la aseguradora, pues, muy seguro, habrá de efectuar los correspondientes desembolsos, ya a favor de las víctimas beneficiadas con el pertinente fallo, desarrollo de la posibilidad de accionar directamente en su contra o, en las condiciones que adelante se fijarán, a favor de la asegurada. En todo caso, la obligación de cancelar las coberturas es incuestionable.

Sin embargo, surge una preocupación, inevitable por cierto, sobre cuál debe ser el destino final de las sumas que deba erogar la aseguradora, cuando, en hipótesis concretas como las de este asunto, no son los damnificados los que directamente accionan sino es la asegurada, entidad que, en todo caso, no acreditó pago alguno a favor de aquellos; con mayor razón cuando ésta demanda el pago de la indemnización propiamente dicha, sabedores que aquellos son los beneficiarios de la misma.

Precisamente, preocupada por la consecución o concreción de esa finalidad, doctrina especializada ha sostenido que “para que el seguro de responsabilidad civil cumpla realmente la función indemnizatoria es necesario que, antes o después, la indemnización sea efectivamente destinada al tercero”, que “es el especial vínculo de inherencia económica entre el débito del asegurado frente al dañado y su crédito contra el asegurador, lo que imprime al crédito del asegurado su destino específico: pero para obtener este resultado es necesaria la adecuada instrumentación jurídica” (DONATI, Antígono. Los Seguros Privados, Librería Bosch, Barcelona, 1960, pág. 415).

Dicho de otra manera: redunda todo lo anterior en que la prosperidad de la acción intentada por el asegurado sobre el que recae sentencia que lo responsabiliza, para hacer efectiva la obligación de la aseguradora, en el tipo de pólizas de que se viene tratando y cuando no son las víctimas los que efectuaron el reclamo judicial, debe estar condicionada, en adición a las demás exigencias contempladas en el Código de Comercio, en especial, en sus artículos 1077 y 1080, a que se cuente con mecanismos que garanticen que ellos, los afectados, serán resarcidos con los dineros o reconocimientos de esa forma obtenidos. Bajo esa perspectiva, oportuno resulta aplicar el inciso segundo del artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto que “la condena total o parcial que se haya subordinado a una condición, solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta”.

Deviene, por ello, que materializar aquel propósito, esto es, indemnizar a las víctimas, será posible bajo una cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que la asegurada, atendiendo la condena impuesta en la investigación penal, cancele con dineros propios a los perjudicados y luego, acreditado dicho pago, haga valer su derecho ante la aseguradora; y, b) que conjuntamente o coadyuvada por los afectados, concurra a efectuar el pertinente cobro a la demandada. Nada impediría, en todo caso, que los afectados, directamente, acudan ante la aseguradora para que esta verifique el pago de la condena a imponer en esta providencia.

La solución señalada, en verdad, ofrece gran utilidad en la situación litigiosa que se estudia, pues, sin discusión alguna, conduce a garantizar el logro de los anunciados y caros cometidos de esta modalidad de aseguramiento.

8.2. Ahora, establecida la ocurrencia del siniestro y visto que la aseguradora está llamada a responder, bajo cualquiera de los caminos señalados, se impone dilucidar lo atinente a los términos de la condena a dictar en su contra, concretamente, la cuantía de la misma, labor que implica tener muy presente que hasta la fecha no se ha demostrado que en razón de los hechos de incidencia en este proceso, no obstante las condenas ya impuestas, la sociedad transportadora y aun la misma aseguradora, hubieren efectuado algún desembolso de dinero a favor de los herederos de las personas fallecidas en la colisión de tránsito, o del propietario del vehículo con el que colisionó el autobús a aquella afiliado.

8.2.1. Por tal virtud, en lo referente al monto de la indemnización, la condena a la aseguradora estará determinada por los conceptos y sumas de dinero reclamados en el libelo incoativo, con algunas salvedades que adelante se precisarán, dado que los límites cuantitativos previstos en la póliza en mención resultan muy inferiores a las cuantías que mediante sentencia judicial fue condenada la sociedad transportadora.

Así las cosas, la aseguradora será condenada al pago reclamado, en pesos, desde luego, sin que supere el tope de US$ 30.000, para el día en que se haga efectiva tal prestación, conforme a lo pedido expresamente por la parte actora en su escrito de demanda, con fundamento en lo pactado en la póliza referida (num. 6º pago de los siniestros - fl. 6 cdno. ppal.), y teniendo en cuenta que fueron tres las personas fallecidas y dos las lesionadas, en los luctuosos hechos narrados en el libelo. Huelga insistir en que el contrato de seguro vigente para el momento de los acontecimientos es el incorporado en la póliza Nº 311 obrante a folio 3, que estableció una cobertura de US$ 10.000 por persona fallecida.

Dicha condena no se hará extensiva a los daños causados al automotor de placas VKJ 722, con el cual colisionó el vehículo afiliado a la sociedad asegurada, principalmente, porque no se estableció que esta haya cubierto la indemnización pertinente ya judicial ora extrajudicialmente, es más, ni siquiera hay constancia sobre una eventual reclamación por ese concepto, menos que se haya acreditado tanto el daño como la cuantía del mismo; luciendo extraño tal pedimento a los resarcimientos peticionados por la parte civil constituida en el multicitado proceso penal. En otras palabras, en cuanto interesa a esos daños, el asegurado no acreditó su derecho, cual lo disponen los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio.

8.2.2. Sobre los valores atrás deducidos y en armonía con el artículo 1080 del Código de Comercio (modificado por la L. 510/99), se entenderán causados intereses moratorios, a una tasa igual a la certificada por la Superintendencia Financiera, aumentada en la mitad. Tal reconocimiento operará a partir del día 22 de enero de 2001, vale decir, desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda (CPC, art. 90) y su tasación tendrá lugar sobre la suma que arroje la conversión a moneda nacional dispuesta. Dichos intereses y la fecha de su prestación, tienen los siguientes fundamentos.

8.2.2.1. En lo que a su imposición corresponde, no puede olvidarse que la litis derivó, en esencia, de la negativa rotunda de la aseguradora en reconocer con estrictez sus obligaciones derivadas del contrato celebrado, no obstante que, una vez presentada la demanda, tuvo suficientes elementos para acometer la valoración y establecimiento de sus compromisos. Es incuestionable que en contratos de este linaje, la autonomía de la voluntad privada descansa como ninguno, en conceptos de confianza, de ubérrima bona fidei, premisas que imponen a las partes proceder con lealtad y colaboración en ejecución de sus compromisos. Nótese que antes de la iniciación de la presente demanda la aseguradora fue enterada cabalmente del accidente y sus consecuencias, amén de encontrarse en posibilidades de honrar la palabra prendada a su asegurada, entre otros medios a los accedió pueden reseñarse los siguientes: a) la carta remitida por el representante legal de la transportadora; misiva que solo valió para la objeción aducida (fls. 42, 43 y 44 cdno. 1º); b) inicio de la investigación penal, aspecto que se deriva de la comunicación remitida por la abogada de la transportadora (fl. 109 del mismo cdno.); unos y otros documentos hacen parte del expediente. Además, al momento de incoarse esta demanda, la parte actora allegó copia de la constitución de parte civil, pieza procesal a la que, indudablemente, tuvo acceso la demandada, empero, mantuvo su resistencia a la reclamación formulada.

8.2.2.2. Y en cuanto a la fecha de su exigibilidad, considera la Sala que debe viabilizarse esa sanción económica, por renuencia al pago, cual se enunció en precedencia, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, o sea, a partir del 22 de enero de 2001, pues, antes de ella, si bien se dio noticia y se formuló reclamación a la aseguradora, no provino la misma de los beneficiarios, esto es, de los damnificados; ellos no reclamaron de manera directa a la demandada la respectiva indemnización, luego, no existe en los estrictos términos de los artículos 1080 y 1077 del Código de Comercio, la referida exigencia de pago, por ende, solo a partir de aquella fecha puede considerarse formalmente ajustada a la legalidad esa petición.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de instancia, revoca el fallo apelado, disponiendo en su lugar:

1. Declarar que no fue fundada la objeción presentada por la sociedad demandada a la reclamación efectuada por la asegurada.

2. Declarar no prósperas las excepciones perentorias propuestas por la parte demandada.

3. Declarar que la Aseguradora Colseguros S.A., está obligada a pagar a favor de la Sociedad Transportes Rutas de América Cía. Ltda. C.A., siempre y cuando esta cumpla la condición establecida en el numeral siguiente, la suma, en pesos, equivalente a US$ 30.000, por concepto de los perjuicios materiales, a la tasa vigente al día en que se haga efectiva tal prestación; realizada la conversión pertinente, sobre dicho valor, se reconocerán intereses de mora tasados en la forma como lo prevé el artículo 1080 del Código de Comercio, causados a partir del 22 de enero de 2001, hasta el día en que se verifique el pago de la suma principal atrás referida.

4. Disponer que las sumas objeto de la condena a que alude el numeral anterior, sean erogadas por la sociedad demandada en cuanto que la demandante (el asegurado) acredite, a la aseguradora, que ya satisfizo la deuda de responsabilidad con los damnificados referidos en el numeral 8.1, de la parte motiva de este fallo, o que los mismos, dado el caso, coadyuven la reclamación.

5. Abstenerse de condenar a la aseguradora demandada al pago de los daños, supuestamente, causados al propietario del vehículo VKJ 722.

6. Ordenar que por la Secretaría se remita copia de esta providencia, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se librará el oficio que sea del caso.

7. Costas de ambas instancias a cargo de la parte vencida. Las correspondientes a la Corte tásense.

Notifíquese y cúmplase.

William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla. 

_____________________________________