Sentencia 2000-00240 de septiembre 9 de 2013

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 73001-23-31-000-2000-00240-01 (25.773)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Pedro Germán Contreras Rubiano y Luis Fernando Botero Londoño.

Demandado: Departamento del Tolima.

Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asunto: Recurso de apelación.

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. La Ley 446 de 1998 entró en vigencia el 8 de julio de ese mismo año puesto que de acuerdo con su artículo 163 ella entraría a regir a partir de su publicación y esta se hizo en el Diario Oficial 43.335 de aquella fecha.

“Con la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998 la situación jurídica de los actos previos a la celebración del contrato y de las acciones pertinentes para su control la podemos reconducir en los siguientes términos: el artículo 87 Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 32 de la Ley 446, haciéndose claridad de que unos son los actos producidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual previa a la existencia del contrato, y otros los producidos durante la ejecución o liquidación con ocasión también de la actividad contractual. Para los primeros se indica perentoriamente que las acciones procedentes en los eventos de suscitarse algún litigio serán las de nulidad, y de nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales podrán intentarse dentro de un término especial de caducidad de 30 días hábiles para ambas acciones. Los segundos continúan dentro de la regla ordinaria desarrollada por la jurisprudencia, de que su impugnación será a través de la acción contractual”(2).

Sin embargo, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo con la modificación que le introdujo el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 aclaró que una vez celebrado el contrato “la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.”

El acto administrativo que declara desierta la licitación es de carácter precontractual pues la administración lo expide precisamente para manifestar su voluntad unilateral de truncar el proceso de selección del contratista con el que habría de celebrar el contrato estatal, razón por la cual sí le es aplicable el inciso 2º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

Por otro lado, de acuerdo con el inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo según el cual “son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”, en concordancia con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, se entiende que el acto que declara desierta una licitación es un acto definitivo porque le pone fin al proceso de selección y por consiguiente si su impugnación se hace mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el término de caducidad, bajo la vigencia de la Ley 446 de 1998, es de 30 días contados a partir de su notificación.

Como quiera que el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil señala que “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho (...)” y como el artículo 70 del Código Civil por su parte dispone que “En los plazos que se señalaren en las leyes (...) se comprenderán los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles expresándose así, pues en tal caso, y cuando el Código Judicial no disponga lo contrario, no se contarán los días feriados”, se sigue que el término de caducidad de 30 días del que habla el inciso 2º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo tan solo comprende los días hábiles, es decir aquellos que no son de vacancia judicial(3).

El Decreto 546 de 1971 establece que para todos los efectos legales los días de vacancia judicial son “a) Los días domingos y festivos, cívicos o religiosos, que determina la ley y los de la Semana Santa” y “b) Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados de la rama civil, contencioso administrativo, (...) disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales.”

2. Sobre la obligatoriedad que para los proponentes tienen las reglas fijadas en el pliego de condiciones, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente pronunciamiento señaló lo siguiente:

“El pliego de condiciones se erige en uno de los conjuntos normativos que rige las licitaciones públicas y por consiguiente las entidades estatales y los proponentes participantes quedan sometidos imperativamente a él.

El desconocimiento de sus preceptos implica la transgresión de una normatividad vinculante y por ende cualquier acto administrativo que lo viole queda maculado con el vicio de nulidad.

En efecto, como desarrollo, entre otros, del principio de transparencia se impone que la escogencia de los contratistas esté precedida de un conjunto de reglas que rijan todo el proceso de selección y adjudicación, así como todo lo atinente al contrato que se proyecta celebrar, de tal suerte que queden definidos de antemano y de manera clara y objetiva todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros del negocio jurídico cuya celebración se persigue, conjunto de reglas este que se contiene precisamente en el pliego de condiciones y por consiguiente este se constituye en una regulación que cobija imperativamente a todo el iter contractual(4).

3. En el ordenamiento colombiano la solidez jurídica de la titularidad del derecho real de dominio depende de la conjunción del título y del modo, es decir que, de un lado, se requiere de una causa que justifique la adquisición del derecho y, de otro, del acontecimiento de una forma o manera por medio de la cual ese derecho fue adquirido.

Si esa causa que justifica la adquisición es un negocio jurídico, la manera como se adquiere el derecho de dominio es la tradición que por regla general consiste en la sola entrega al adquirente de la cosa sobre la cual recae el derecho, habiendo por una y por otra parte la facultad y la intención para transferirlo y adquirirlo, a menos que se trate de transferir el dominio sobre bienes inmuebles, y en general bienes sujetos a registro, pues en este caso además de la entrega se requiere de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro.

Pero por supuesto, como ya se dijo, el tradente debe tener la facultad para transferir el dominio y por consiguiente si aquel no es dueño de la cosa que pretende traditar, el accipiens no adquirirá la propiedad de la cosa entregada por el non domino aunque será un poseedor de ella.

Ahora, si el negocio que justifica la adquisición del derecho de dominio es por ejemplo una compraventa y recae sobre una cosa mueble no sujeta a registro, ella se perfecciona desde que las partes convienen en la cosa y en el precio, esto es sin que se requiera de solemnidad constitutiva alguna, y como quiera que el derecho real no se adquiere mediante el título (en este ejemplo la compraventa) sino a través del modo (para este caso la tradición) es evidente que la venta de cosa ajena vale tal como lo pregona el artículo 1871 del Código Civil al expresar: “la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo”.

Cosa distinta acontece con la tradición puesto que si la compraventa genera para el vendedor la obligación de transferir el dominio, esto es hacer tradición de la cosa compra vendida, el pago, entendiendo por este la ejecución de la prestación debida(5), su validez está supeditada a que sea realizado por el dueño o por quien tiene el consentimiento de este para enajenar, tal como se desprende de lo preceptuado por los artículos 752 y 1633 del Código Civil al disponer respectivamente que “si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada” y que “el pago en que se debe transferir la propiedad, no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño”.

En este orden de ideas, si el tradente no tiene la facultad para disponer de la cosa que pretende transferir con la entrega, ya sea porque no es el titular del derecho de dominio o porque no tiene el consentimiento del propietario para ello, nos encontramos frente a una entrega a non domino que implica que el accipiens no adquiera el dominio sino simplemente la posesión de la cosa entregada.

3. “En el lenguaje jurídico son personas los seres con idoneidad para ser titulares de derechos o, en otras palabras, sujetos portadores de atribuciones jurídicas que son reconocidas por el ordenamiento(6).

La doctrina reconoce dos clases de personas: los individuos de la especie humana y ciertos seres, colectivos o no, a los cuales se les da corrientemente el nombre de personas morales, jurídicas, abstractas, intelectuales o ideales. Fuera de estas dos clases de sujetos del derecho no se conocen otras. Siguiendo esta orientación de la teoría general del derecho, el ordenamiento privado colombiano consagra en el artículo 73 del Código Civil que las personas son naturales o jurídicas.

(...) La personalidad jurídica o moral no es más que la atribución a entes diferentes a los seres humanos, por parte del ordenamiento jurídico, de la posibilidad de ser titulares de derechos, circunstancia esta que nos permite afirmar que las personas jurídicas son, en estricto sentido, un producto del derecho y solo existen en razón de él; sin su atribución nunca tendrían personalidad las colectividades, ni se podrían catalogar como entes con existencia real. En la práctica las personas jurídicas son un producto abstracto del derecho que permite a las comunidades jurídicamente organizadas cumplir con los objetivos trazados por sus miembros(7).

El Código Civil colombiano define a la persona jurídica haciendo referencia a uno de los atributos de las personas físicas, es decir, que son entes capaces de tener derechos, asimilando de esta manera, para efectos prácticos, la esencia jurídica de las colectividades jurídicamente organizadas a la de los seres humanos”(8).

El surgimiento de un ente organizado como una persona jurídica de derecho privado depende de que el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ser constituida como tal.

Las sociedades comerciales, que antes que personas son contratos, pueden conformar una persona jurídica si se constituyen legalmente y en este caso configuran un sujeto diferente a cada uno de los socios individualmente considerados.

“Las personas jurídicas deben tener necesariamente un órgano de representación pues mediante él es que tales entes expresan su designio y realizan todos los actos para los cuales están capacitadas y autorizadas.

Con otras palabras, por tratarse de personas sin una existencia corpórea, deben acudir a un “ser” que actúe a su nombre y ejecute todos los actos que constituyen su objeto.

Este “ser”, que necesariamente debe ser una persona física, configura el órgano de representación de la persona jurídica, le corresponde la tarea ya indicada anteriormente y al actuar compromete a la persona moral”(9).

El representante legal, gerente, director, presidente, etc., de las sociedades es precisamente un órgano que se encarga de exteriorizar la voluntad de estas personas jurídicas cuando desarrolla el objeto social mediante actos o contratos y por ende, al actuar a nombre de la sociedad, el representante pierde en esa actuación su individualidad como persona física y en consecuencia los efectos jurídicos de esos actos o contratos se radican en cabeza de la sociedad representada.

4. En este asunto se pide la nulidad de la Resolución 131 de noviembre 24 de 1999 que declaró desierto el proceso licitatorio DTSIT 001 de 1999, adelantado por la gobernación del departamento del Tolima para escoger al contratista que ejecutaría unas obras en un tramo de la vía Espinal-La Caimanera, o, lo que es lo mismo, de un acto administrativo de carácter precontractual cuyo término de caducidad para ser impugnado es el de 30 días fijado en el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del inciso 2º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

El término de caducidad de 30 días de la presente acción empezó a transcurrir desde el 25 de noviembre de 1999, por ser este el siguiente al de la notificación de la Resolución 131 de 1999, y si se excluyen los días no hábiles, tales como el 17 de diciembre de 1999 en el que se celebró el día de la Rama Judicial y el período de vacaciones de los funcionarios que va del 20 de diciembre de 1999 al 10 de enero de 2000, resulta que la caducidad operaría el 31 de enero de 2000.

Ahora, como la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 131 de 1999 fue presentada el 20 de enero de 2000, cuando aún no había transcurrido el término de caducidad de los 30 días hábiles, se concluye que esta fue presentada en tiempo y que, en consecuencia, es procedente entrar a analizar el fondo del asunto.

5. Como ya se dijo, el demandante pretende que se decrete la nulidad de la Resolución 131 de 1999 con fundamento en que él ha debido de ser el adjudicatario toda vez que la maquinaria incluida en la propuesta sí es de su propiedad, tal como lo demuestran, según la parte demandante, las pruebas allegadas durante el proceso de selección, y por consiguiente su puntaje de 83.96, teniendo ya en cuenta este factor, determinaba que se hiciera la adjudicación del contrato y no que se declarara desierta la licitación.

5.1. El numeral 3.8 del pliego de condiciones de la licitación pública DTSIT 001 de 1999 preveía que “El proponente deberá acreditar que dispone del siguiente equipo:

Cantidad
de
unidades

Equipo

Capacidad mínima
Ponderación
total del
ítem
1Terminadora de asfalto 15

(...).

1Cargador2 yda(sic) 35

(...) Los oferentes deben acreditar mediante uno o varios de los siguientes documentos, las características del equipo ofrecido solicitadas en este pliego, a saber: la propiedad, la capacidad y el año de fabricación:

(...) • Contrato de compraventa.

(...) • Manifiesto de aduana”(10).

En el acápite relativo a los criterios de evaluación y adjudicación, particularmente en el numeral 4.4.8, el pliego de condiciones señala que la calificación máxima del ítem denominado “equipo ofrecido” será de 25 puntos y que “Un equipo será considerado propio solamente cuando pertenezca en su totalidad al oferente o a uno de los miembros del consorcio o unión temporal; en caso contrario, será considerado como alquilado, y se deberá anexar la carta de compromiso, suscrita por los otros propietarios”(11).

El pliego de condiciones determinó que el criterio “equipo ofrecido” solamente sería avaluado en las propuestas que hubieran obtenido un puntaje de por lo menos 55 puntos en los demás criterios y que “Para efectos de la adjudicación, solamente se considerarán elegibles aquellas ofertas cuyo puntaje total supere los setenta y cinco puntos (75) puntos”(12).

Finalmente el punto 4.7 del pliego precisó que el departamento del Tolima podía rechazar alguna o todas las propuestas “(...) cuando no se ajusten a las condiciones establecidas en los documentos de la licitación” y “cuando no incluyan alguno de los documentos que, de acuerdo con el pliego de condiciones, se requiera adjuntar a la propuesta y dicha deficiencia impida la comparación objetiva de la misma”(13).

5.2. Del análisis del acervo probatorio se extrae que la Unión Temporal La Caimanera incluyó dentro de los equipos ofrecidos un cargador usado marca John Deere tipo 544B, motor John Diésel de 6 cilindros turbo alimentado 6-359T.105 HP, serial 000873CD, fabricado en 1992 y una pavimentadora marca Barber Greene, motor Ford 256 diésel de 4 cilindros y 70 HP Tolva 3.25 m, fabricado en 1992.

Como la unión temporal dijo disponer de los equipos por ser éstos de propiedad del miembro de la Unión Temporal La Caimanera Pedro Germán Contreras R., se pretendió acreditar la condición de dueño de esta persona presentando unos documentos que contienen sendos contratos de compraventa celebrados el 5 de agosto de 1999 y por medio de los cuales Luis Fernando Botero (el otro miembro de la Unión Temporal La Caimanera) se obligó a transferir a aquel el derecho de dominio sobre el cargador y sobre la pavimentadora por $ 30.000.000 y $ 30.000.000, respectivamente.

La celebración de esos negocios jurídicos pocos días antes de abrirse la licitación (la apertura ocurrió el 1º de septiembre de 1999) llama poderosamente la atención, máxime si se tiene en cuenta que si el vendedor Luis Fernando Botero era en verdad dueño de esa maquinaria, como dijo haberlo sido, le bastaba, en su condición de integrante de la Unión Temporal La Caimanera, acreditar su propio dominio para presentar la propuesta ya que el numeral 4.8 del pliego de condiciones señalaba que “Un equipo será considerado propio solamente cuando pertenezca en su totalidad al oferente o a uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal(14).

Sin embargo, Luis Fernando Botero dijo venderle a su consocio Pedro Germán Contreras los mencionados equipos aduciendo que los había adquirido con anterioridad de la Sociedad Convial Ltda., de quien aquel era el representante legal(15).

Esta circunstancia aunada a la observación que hicieron los otros proponentes en el sentido de que los equipos incluidos en la propuesta de la Unión Temporal La Caimanera no eran de propiedad de ninguno de los integrantes de esta, determina un análisis exhaustivo de este aspecto para definir si la oferta de esta unión temporal se ajustó a las exigencias del pliego de condiciones y si en consecuencia ha debido ser, o no, rechazada.

5.3. Lo primero que aparece en las probanzas es que los equipos materia de esta discusión fueron importados por la Sociedad Convial Ltda., tal como figura en los manifiestos de importación 604150 y 195096601317, correspondientes respectivamente a la pavimentadora Barber Greene y al cargador Jhon Deere(16).

En el proceso licitatorio algunos proponentes adujeron que los equipos que la Unión Temporal La Caimanera incluyó como propios en su oferta no le pertenecían puesto que, en lo que atañe a la pavimentadora, esta máquina fue vendida el 5 de mayo de 1998 por la Sociedad Convial Ltda. a la Sociedad Asfaltos e Ingeniería Ltda.(17).

La Sociedad Asfaltos e Ingeniería Ltda. en sendas certificaciones del 28 de octubre y 4 de noviembre de 1999 da cuenta de que “La terminadora de asfaltos Barber Green modelo 1992, con manifiesto 604150 de la ciudad de Cartagena, de fecha 25/12/96, continua siendo de propiedad de la Empresa Convial Ltda., ya que el contrato de compraventa de vehículo automotor suscrito entre las partes, con fecha 5 de mayo de 1998, no se legalizó” y que “... que la terminadora de asfaltos Barber Green modelo 1992, con manifiesto de aduana 604150 de la ciudad de Cartagena, de fecha 25-12-96, de propiedad de la Empresa Convial Ltda., se encuentra a la fecha en la vía Guacacayo-La Laguna, municipio de Pitalito-Huila”(18).

En la inspección ocular practicada el 9 de noviembre de 1999 a instancias del departamento del Tolima se constató que la pavimentadora se encontraba en el lugar que indicó la Sociedad Asfaltos e Ingeniería Ltda.(19).

Luis Fernando Botero en los documentos que contienen las compraventas que dice haber celebrado el 5 de agosto de 1999 con su consocio Pedro German Contreras afirma que él a su vez los adquirió a título de compraventa de la Sociedad Convial Ltda.(20), sociedad esta de la cual Luis Fernando Botero era su representante legal tal como lo cuenta y se ve en el documento obrante al folio 162 del cuaderno 1.

Pero además en los documentos que contienen los contratos de compraventa celebrados el 5 de agosto de 1999 entre Luis Fernando Botero como vendedor y Pedro Germán Contreras como comprador, se lee que aquel “se reserva el derecho de dominio del bien a que hace alusión este contrato en los términos establecidos en el artículo 1º de la Ley 45 de 1930, artículo 1930 del Código Civil, o artículos 952 a 967 del Código de Comercio, según el caso”(21).

5. 4. Pues bien, estos medios de convicción permiten concluir que la Sociedad Convial Ltda. adquirió en primer término el derecho de dominio sobre los tantas veces mencionados equipos que se incluyeron en la oferta de la Unión Temporal La Caimanera como de propiedad de Pedro Germán Contreras(22), pues aquel es un hecho que los mismos demandantes aceptan y es narrado por uno de los socios de Convial Ltda.(23).

Ahora, como en el proceso licitatorio se adujo que esos equipos eran de propiedad de Pedro Germán Contreras por haberlos adquirido a título de compraventa de manos de Luis Fernando Botero, resulta que no se encuentra demostrado el derecho de dominio en cabeza de aquel por la elemental pero suficiente razón que el vendedor Botero se reservó el dominio en la compraventa que celebró con Contreras y es bien sabido que en virtud de este pacto el comprador no adquiere el dominio así se le haga entrega de la cosa compra vendida, o, lo que es lo mismo, que la entrega que se haga no comporta tradición mientras no se pague la totalidad del precio convenido.

Si no hay tradición el comprador no es dueño y por ende en el proceso licitatorio de este asunto no se demostró la propiedad de los equipos en cabeza de Pedro Germán Contreras, contrariamente a lo que alegaron y quisieron sostener los demandantes en aquella oportunidad.

En resumen, si bien es cierto que Luis Fernando Botero podía vender los equipos ajenos a Pedro Germán Contreras, por así permitirlo el ordenamiento jurídico colombiano, también lo es que éste último nunca llegó a adquirirlos porque, de un lado, la ley señala que cuando el pago consiste en transferir la propiedad de un bien el tradente debe ser el titular de ese derecho, y porque, de otro lado, y aceptando en gracia de la discusión que Botero era dueño, los bienes se le entregaron a Contreras pero con reserva del dominio y por esto éste no resultó dueño de ellos.

Y si se quisiere sostener ahora que si bien no hay propiedad acreditada en cabeza de Pedro Germán Contreras sí la hay en cabeza de Luis Fernando Botero, esta argumentación debe ser rechazada, en primer lugar, porque en la licitación se adujo que la propiedad estaba en cabeza de Contreras y no de Botero, y, en segundo lugar, porque aun aceptando en aras del debate aquella afirmación, la propiedad en cabeza de Botero tampoco se encuentra demostrada.

En efecto, el derecho de dominio en cabeza de Botero es un hecho que se ha quedado en el mero dicho de este, toda vez que al afirmar que adquirió los equipos a título de compraventa de manos de Convial Ltda., la demostración de su derecho de propiedad sobre los tales equipos supone la prueba de la ocurrencia tanto del título como del modo, esto es, la demostración de que Convial Ltda. y Luis Fernando Botero celebraron un contrato de compraventa sobre esos bienes y además que al comprador se le hizo la tradición de las cosas compra vendidas mediante su entrega, empero ni aquel acto ni este hecho se encuentran acreditados en el expediente.

Y si se adujere que la celebración del contrato de compraventa entre Convial Ltda. y Luis Fernando Botero está probada con el solo dicho de este porque él era el representante legal de aquella sociedad, semejante argumento se derrumba al considerar, en primer lugar, que todas las aseveraciones que haga una parte y que le beneficien, es decir las que no constituyen confesión, deben ser probadas en el proceso pues su solo dicho no basta, y, en segundo lugar, que todo contrato consigo mismo requiere de la autorización expresa del mandante representado, tal como lo dispone el artículo 2170 del Código Civil, probanza esta que también brilla por su ausencia en el expediente.

Salta entonces a la vista que los miembros de la Unión Temporal La Caimanera pretendieron auto-habilitarse creando la prueba de la propiedad sobre el cargador y la pavimentadora, pues no se desprende conclusión diferente del hecho de que Luis Fernando Botero se obligara a trasferir la propiedad de los equipos a Pedro Germán Contreras en lugar de acreditar, como miembro de la unión temporal, su propia titularidad por los medios conducentes, pues, como ya se dijo, el pliego de condiciones consideraba que los equipos eran de la unión temporal cuando pertenecían a alguno de sus miembros.

Como quiera que el no llenar el requisito de la propiedad de los equipos incluidos en la oferta determinó una disminución de la calificación que inicialmente había recibido la Unión Temporal La Caimanera hasta el punto de no alcanzar los 75 puntos exigidos para efectos de la adjudicación y como los demás proponentes tampoco alcanzaron este mínimo puntaje, la decisión del departamento del Tolima de declarar desierta la licitación 001 de 1999 se ajustó a la ley y al pliego de condiciones.

Todo lo anterior conduce a concluir que la resolución acusada al excluir del proceso licitatorio a la Unión Temporal La Caimanera y al declarar desierta la licitación 001 de 1999, no está viciada de nulidad por falsa motivación y como así no lo vio ni lo decidió el a quo, la sentencia apelada debe ser revocada para que en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) J. O. Santofimio Gamboa. Tratado de derecho administrativo. Contencioso administrativo. t. III, Bogotá Universidad Externado de Colombia, 2004, págs. 251-252.

(3) La Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación se pronunció en idéntico sentido en la sentencia de junio 29 de 2000, Expediente 16.602; en la sentencia de octubre 7 de 2004, Expediente 26.649 y en la sentencia de enero 25 de 2007, Expediente 30.904.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de mayo 22 de 2013, Expediente 25.592.

(5) F. Hinestrosa. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 566: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe” (C.C., art. 1626). Es decir, es la ejecución cabal de la prestación debida. “Decimos que ‘paga’ el que hizo lo que prometió hacer” (Ulpiano. D. 50, 16, 176).

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales. Sentencia del 21 de agosto de 1940, G.J., vol. l, pág. 197. Resulta oportuno hacer referencia a la interesante tesis del fundador de la Escuela de Viena, Hans Kelsen (Teoría general del Estado, cit., pág. 82), para quien “La distinción de hombre y persona constituye uno de los conocimientos metódicos más importantes (...) Compruébese esto en la distinción entre personas ‘físicas’ y ‘personas jurídicas’, sosteniéndose que las personas físicas son los hombres y las personas jurídicas todos aquellos sujetos de derecho que no son hombres. Ahora bien, es indudable que para el conocimiento jurídico solo pueden existir personas jurídicas. Y si la persona ‘física’ como sujeto de derecho ha de ser objeto de conocimiento jurídico, tiene que ser persona jurídica en el mismo grado y en el mismo sentido que todas aquellas para las que es reservado hasta ahora el nombre de personas jurídicas; una y otra tienen que ser referidas al denominador común del derecho, para que puedan unirse en el común concepto de persona jurídica...”. Sobre este tema pueden consultarse las interesantes obras de Ramos Chaparro (La persona, cit., págs. 21 a 115), quien hace una relación del concepto filosófico y jurídico de persona desde el oriente antiguo hasta las más recientes corrientes contemporáneas, y Massera (Contributo, cit.), quien analiza el concepto de persona y personalidad jurídica desde la perspectiva de la doctrina alemana, francesa e italiana (esta cita corresponde al texto citado).

(7) Carrejo. Derecho civil. Cit., págs. 409 y 410. En igual sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales. Sentencia del 21 de agosto de 1940, G.J., vol. l, pág. 197; en esta providencia, al referirse a la naturaleza de la persona jurídica, se sostuvo: “Existen solo en el derecho y por el derecho. Faltando el reconocimiento no hay más que colectividades de individuos (...) El reconocimiento puede ser obra de la ley o de una actuación administrativa...” (esta cita corresponde al texto citado).

(8) J. O. Santofimio Gamboa. Administración pública y personalidad jurídica. Ponencia presentada en el segundo Congreso internacional de derecho administrativo, Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, 2013.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de junio de 1975, G.J., vol. XLI, pág. 124: “El modo de comportarse de estas dos clases de personas dentro del mundo del derecho, empero, no es idéntico, pues en tanto que el hombre, la persona física, puede actuar por sí mismo, sin el ministerio de otra que la dirija o que lleve su vocería, las personas morales, por su misma naturaleza, ya que son entes colectivos distintos de las personas naturales que las integran, no pueden realizar por sí mismas los actos jurídicos típicos de la vida del derecho; sus decisiones se toman a través de órganos suyos creados con tal fin y su voluntad jurídica se realiza o concreta por intermedio de las personas naturales en quienes se ha radicado su representación a través de los cuales obra”. Hauriou et al. Derecho constitucional, cit., pág. 165: ilustra este autor, de manera acertada, el problema del Estado y sus agentes: “En el Estado así creado y constituido, como un organismo estructurado, se produce diariamente un fenómeno curioso. Algunos individuos actúan, y los resultados de su acción afectan a la colectividad estatal entera (...) Cuando estos diversos magistrados o agentes cumplen actos propios de sus funciones, su personalidad desaparece y las consecuencias de su actividad se remiten al Estado. En el lenguaje jurídico se dice que estos individuos (...) son órganos del Estado y que el Estado es una persona jurídica...”.

(10) Folios 17 y 18 del cdno. 1.

(11) Folios 27 y 28 del cdno. 1.

(12) Folio 24 del cdno. 1.

(13) Folio 29 del cdno. 1.

(14) Folio 28 del cdno. 1.

(15) Folios 34, 36, 278, 279 y 282 del cdno. 1.

(16) Folios 103 y 119 del cdno. 1.

(17) Folios 85 a 87 y 92 a 95 del cdno. 1.

(18) Folios 99 y 111 del cdno. 1.

(19) Folios 107 a 110 del cdno. 1.

(20) Folios 34 y 36 del cdno. 1.

(21) Folios 35 y 37 del cdno. 1.

(22) Pedro Germán Contreras insiste en que adquirió el bien, es decir que es el dueño, por compra que le hizo a Luis Fernando Botero y que el documento que la contiene es el verdadero soporte que se requiere para el proceso licitatorio. Folio 179 del cdno. 1.

(23) Folios 295 a 298 y 354 a 358 del cdno. 1.