Sentencia 2000-00262 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso número: 18001233100020000026201 (29090)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Asunto: Reparación directa

Actores: Luis Ángel Martínez Delgado y otros.

Demandado Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Bogotá, D.C., treinta (31)(sic) de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(1), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(2).

2. Problema jurídico.

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico en el caso sub lite, se contrae a determinar si se encuentran demostrados en el plenario los elementos de la responsabilidad del Estado y especialmente, si las pruebas aportadas dan lugar a imputar responsabilidad por el daño derivado de la muerte del señor Helio Martínez Zambrano, a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

3. Juicio de responsabilidad.

Del material probatorio aportado, la Sala no encuentra acreditada la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, por cuenta de la muerte del señor Helio Martínez Zambrano, como se pasa a ver:

3.1. En lo relativo a la legitimación en la causa por activa, obra en el expediente, el registro de defunción del occiso Helio Martínez Zambrano (fl. 22, cdno. ppal.), así como reposan los registros civiles que dan cuenta de su parentesco y relación civil con Luis Ángel Martínez Delgado (padre), María Josefa Zambrano (madre) (fl. 41, cdno. ibíd.); Escilda Sánchez Endo (cónyuge) (fl. 14, cdno. ppal.); Gloria Milena, Liliana, Helio, Maryuri, Leydi Johanna, Yeyner, Yerly Paola, Dulfeni y Nohelli Martínez Sánchez (hijos) (fl. 15 a 23, cdno. ibíd.) y Benilda, Eloy, Tobías, Hilda, Rosa Delia, María del Carmen, María de los Ángeles, Mercedes y María Luisa Martínez Zambrano (fl. 10 a 13 y 43 a 46, cdno. ibíd.) (hermanos).

Si bien, con la demanda algunos de los registros civiles señalados fueron aportados en copia simple —y en esta instancia se solicitó el recaudo oficioso de aquellos aportados en copia auténtica con el recurso de alzada—, tales documentos pueden ser valorados, tal como lo estableció esta Sección en sentencia de 28 de agosto de 2013(3), a partir del contenido normativo de la Constitución Política y en virtud de la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior(4).

3.2. Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por pasiva, la jurisprudencia ha indicado que ésta constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo.

En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda. De allí que la legitimación en la causa por pasiva supone la verificación de que quien es demandado tenga la titularidad para defender el interés jurídico que se debate en el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones elevadas —lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz del derecho sustancial—, sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del trámite judicial.

En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso.

En este caso, considera la Sala acreditada formalmente la legitimación en la causa de la entidad demandada, en tanto es la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la entidad llamada a contestar la demanda, al ser señalada en el libelo la participación de agentes adscritos a la entidad en los hechos en que falleció el señor Helio Martínez Zambrano.

Sin embargo, en relación con la legitimación material en la causa, se pronunciará la Sala en el análisis de fondo de la controversia.

3.3. En relación con los hechos que motivaron la demanda, se acreditó en el proceso:

3.3.1. El señor Helio Martínez Zambrano, murió en forma violenta, el día 21 de mayo de 1998 en jurisdicción del municipio de El Doncello (Caquetá), hecho que consta en su registro civil de defunción (fl. 41, cdno. ppal.). Según el protocolo de necropsia 066 de 27 de mayo de 1998 “la muerte de quien en vida respondió al nombre de Elio (sic) Martínez Zambrano, fue consecuencia natural y directa de heridas por proyectil de arma de fuego que causara heridas de grandes vasos causando un shock hipovolémico” (fl. 29, cdno. 2)(5).

3.3.2. Frente a las circunstancias que rodearon la muerte del señor Martínez Zambrano, obran los siguientes medios probatorios:

3.3.2.1. Acta de levantamiento de cadáver, en la que se indica que el homicidio del señor Martínez Zambrano, acaeció en el interior del establecimiento de comercio denominado “Ralladora de Yuca La Primavera” y que el cuerpo del occiso fue hallado en el costado de un tanque para agua, en donde fueron encontradas dos vainillas de las marcas Águila e Indumil 9 m.m. (fl. 31 a 33, cdno. 2).

3.3.2.2. Copia del libro de minuta de guardia del día 21 de mayo de 1998, con anotación a las 11:15 p.m. en la que se lee (fl. 60, cdno. ibíd.):

“A la hora, regresa el personal que se encontraba en la planta de gas y a la vez realizando levantamiento a la salida de Puerto Rico (…) regreso sin novedad especial”.

3.3.2.3. Certificación proferida por el Departamento de Policía de Caquetá en el que se certifica que en la oficina de asuntos disciplinarios no se adelantó ni se adelanta ningún proceso disciplinario por la muerte del señor Helio Martínez Zambrano, así como que para el día 21 de mayo de 1998, no se realizó ningún retén en el municipio de El Doncello (Caquetá) (fl. 52, cdno. 2).

3.3.2.4. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Fiscalía de Puerto Rico, —con sede en Florencia—, Caquetá, puso en conocimiento de la Sala que la investigación por la muerte del señor Helio Martínez Zambrano fue suspendida y que el proceso fue archivado en el municipio de Puerto Rico, a donde no era posible la realización del desplazamiento para dar continuación a la investigación (fl. 93, cdno. 2).

3.3.2.4. Así mismo, obran las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, en los siguientes términos:

— Declaración de Gloria Alicia Álvarez González (fl. 79 a 80, cdno. 2):

“Preguntado. Sírvase decirnos todo lo que le conste sobre los hechos sucedidos el 21 de mayo de 1998, en esta población de El Doncello y en los cuales resultó muerto el señor Helio Martínez Zambrano? Contestó: yo me encontraba en mi casa ubicada en el barrio primero de octubre, eran las nueve y cuarenta y cinco de la mañana de ese día 21 de mayo de 1998, cuando el señor entró y mató a don Helio, ahí en la casa de él, es que la casa mía y la de don Helio son pegadas y la mía no tiene paredes, nos vemos las caras desde la mañana, en los solares no hay ventanas, está cercado con alambres, cuando oímos los disparos y nos fuimos a mirar y ya estaba muerto don Helio ahí boca abajo, dentro (sic) la policía al instante y no buscaron al que mató a don Helio sino que dijeron que “ese perro ya no está aquí” y lo que dijo la policía era que ese señor, refiriéndose a don Helio, lo buscaban porque se identificaba con dos nombres y pues no sé más. Preguntado: Sírvase decirnos si usted supo el nombre o el apodo de la persona que mató a don Helio. Contestó: No, yo no supe su nombre ni apodo, era un señor moreno, no muy alto, yo lo había visto con la policía en un retén ahí en frente de la casa, después de los hechos no volvieron a hacer retén” —se resalta—.

—Declaración de Parmenio Fajardo (fl. 80 a 82, cdno. 2):

“Preguntado. Sírvase decirnos todo lo que conste sobre los hechos sucedidos el 21 de mayo de 1998, en esta población de El Doncello y en los cuales resultó muerto el señor Helio Martínez Zambrano? Contestó: Ese día nosotros nos encontrábamos ahí en el ranchito de la casa mía, porque nosotros somos vecinos de Helio, eran las nueve y cuarenta y cinco de la mañana, sé que era esa hora porque escuché decir después. Yo estaba en mi casa cuando miré la policía que bajaba por la carretera abajo, o sea por la carretera de Doncello a Puerto Rico, iba a pie, varios, a lado y lado de la carretera, en esos iba uno de civil, que ese fue el que se abrió hacia la casa de Helio, después de que él pasó hacia la ralladora se oyeron los disparos, entonces los vecinos corrimos a ver qué había pasado, lo primero que miramos fue el cadáver y se cree que fue él (…). Preguntado: Sírvase decirnos si la persona que usted vio en la rayadora venía o permanecía con la policía o era una persona particular que en ese momento transitaba por ahí. Contestó: Pues la Policía hacía retenes en frente de la ralladora, venía o permanecía, nosotros lo mirábamos y desde ese día no volvieron a hacer retenes ahí (…) Preguntado: Sírvase decirnos si usted vio el momento preciso en que la persona que usted describe, disparaba contra el señor Helio Martínez. Contestó: No lo miré, pero fue el único que entró para la ralladora en ese momento (…)” —se resalta—(6).

4. El daño y su imputabilidad a la entidad demandada.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(7)”.

En el caso concreto, el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte del señor Helio Martínez Zambrano, fue probado mediante su registro civil de defunción (fl. 22, cdno. ppal.), el acta de levantamiento de cadáver (fl. 31 a 33, cdno. 2) y protocolo de necropsia 066 de 27 de mayo de 1998 (fl. 29, cdno. 2) en los que se acredita, además, que la causa de su muerte fue shock hipovolémico derivado de la perforación de varios de sus órganos vitales por proyectiles de arma de fuego.

Empero, no es dable establecer la antijuridicidad del mismo ni su imputabilidad a la entidad demandada, puesto que del material probatorio aportado al plenario no se establecen con claridad i) las circunstancias de modo en que ocurrieron los hechos ni ii) se acreditó la efectiva participación de efectivos policiales en la comisión del homicidio del señor Martínez Zambrano.

En efecto, de las pruebas documentales aportadas sólo se colige que la agresión sufrida por el señor Martínez Zambrano se realizó mediante el uso de arma de fuego, sin embargo, se desconoce la identidad del agresor y si el arma pertenecía a la institución pues como certificó la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Fiscalías de Puerto Rico (Caquetá), la investigación preliminar por estos hechos fue archivada (fl. 93, cdno. 2) y conforme con lo informado por la Policía Nacional (fl. 52, cdno. 2) no existe proceso disciplinario alguno en curso por los hechos sub lite, ni registros relativos a la realización de un retén en el área para dicha fecha. Tampoco se acreditó si las vainillas halladas en el lugar de los hechos fueron objeto de estudio de balística que indique el tipo de arma usada y si aquella coincide con las asignadas a la Policía Nacional en dicha jurisdicción.

De otra parte, de las declaraciones de los señores Gloria Alicia Álvarez González y Parmenio Fajardo, no se colige la efectiva participación de la entidad convocada en la causación del daño en el caso sub lite, pues si bien aducen los testigos que el posible agresor había sido visto con los uniformados de dicha localidad en un retén, también es cierto que ambos testigos afirmaron no tener certeza de la identidad del agresor, ni de su calidad de agente de la fuerza pública, elemento que debía ser probado durante el proceso para que las pretensiones tuvieran vocación de prosperidad.

Así las cosas, no queda más que concluir que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, pues del material probatorio aportado no se colige que el daño cuya indemnización se persigue, sea antijurídico e imputable a la acción o la omisión de la entidad pública accionada, conforme lo exigido por el artículo 90 superior.

En consecuencia, no le asiste razón el recurrente al señalar que los elementos de la responsabilidad del Estado se encuentran acreditados en el plenario. Por consiguiente, la Sala modificará la decisión de primera instancia para negar las pretensiones incoadas.

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de 12 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual quedará así:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) El 23 de mayo de 2000, cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26’390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada en $ 33.333.333 —300’000.000 a favor de la esposa y los nueve hijos del señor Helio Martínez Zambrano—, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para los actores.

(2) Asimismo, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción. Para el caso concreto, la muerte del señor Helio Martínez Zambrano se produjo el día 21 de mayo de 1998 y la demanda fue presentada el 22 de mayo de 1998 (fl. 33, cdno. ppal.), esto es, dos años después del día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso.

(3) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, C.P. Enrique Gil Botero, 28 de agosto de 2013, expediente 25022.

(4) Las copias simples que presenten las partes con fines probatorios deben ser valoradas, sin perjuicio de que su originalidad pueda ser corroborada a través del cotejo (CPC, arts. 257 y 291), el reconocimiento (art. 273), la exhibición (arts. 283 y ss.) y la tacha de falsedad (art. 291), por lo cual, dado que en este caso, las copias simples aportadas no fueron controvertidas por las entidades demandadas, cuentan con pleno valor probatorio.

(5) Documento aportado por el Hospital El Buen Samaritano de El Doncello (Caquetá), mediante oficio DDH-100 de 4 de abril de 2001.

(6) Obra en el expediente la declaración de la señora Gloria Milena Martínez (fl. 82 a 83, cdno. 2), la cual no podrá ser tenida en cuenta por la Sala por ser demandante en el proceso y no haberse surtido su versión con las formalidades del interrogatorio de parte ni con fines de confesión, conforme lo reglado en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil que consagra la declaración de parte con tal fin.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.