Sentencia 2000-00289 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 18001-23-31-000-2000-00289-01 (29.978)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Alhey Pérez y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer del proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación y por la naturaleza del asunto, toda vez que en auto del 9 de septiembre de 2008, Radicado 11001-03-26-000-2008-00009-00(IJ), la Sala Plena del Consejo de Estado se pronunció sobre el tema, en el sentido de que de los conflictos originados en los hechos de la administración de justicia, conocen en primera instancia los tribunales administrativos, y en segunda instancia el Consejo de Estado.

2. Antes de abordar el fondo del asunto, es necesario precisar lo siguiente:

La demanda se dirigió contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, solo se notificó a la primera de ellas, por lo que solo esta contestó. Finalmente, en la sentencia de primera instancia, se condenó a ambas entidades de manera solidaria, por lo que la fiscalía solicitó se declarara la nulidad del proceso, petición que fue negada por el tribunal en auto del 11 de noviembre de 2004 (fls. 174-175, cdno. ppal.).

Al respecto cabe advertir, que esta Sección ya se ha pronunciado sobre el tema en varias oportunidades para sostener que eventos como el descrito, no constituyen una falta de legitimación, sino una indebida representación, comoquiera que la Nación es el centro genérico de imputación, por lo que el ente demandado, goza de legitimación. La línea jurisprudencial en este sentido fue reiterada recientemente, en providencia de unificación del 28 de septiembre de 2013, en la que luego de hacer un recuento de la posición que se he venido forjando en la Sección, se señaló que cuando se demanda a la Rama Judicial por una actuación desplegada por la fiscalía, no se evidencia un asunto de falta de legitimación en la causa por pasiva, sino de indebida representación, que no debe representar un obstáculo para el acceso a la administración de justicia. Véase:

“En consecuencia, apelando a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, adoptada por esta corporación, y en aras de respetar el derecho al acceso a la administración de justicia y la seguridad jurídica, se unificará la jurisprudencia en lo que se refiere a los procesos iniciados después de la Ley 446 de 1998, en los que la Nación-Fiscalía General haya sido representada por el director ejecutivo de la administración judicial, para que se les apliquen las razones expuestas en esta providencia, de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad por indebida representación de la demandada.

“El rango de aplicación de esta orden serán los procesos de estas características, que en este momento se encuentren en curso, siendo imperativo que en aquellos iniciados a partir de la ejecutoria de esta providencia, sea el Fiscal General de la Nación quien la represente, cuando el daño imputado sea atribuible a un funcionario de esa institución, lo cual supondrá la aplicación irrestricta al postulado de los artículos 149 del Código Contencioso Administrativo y 159 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— que en esta materia reproduce lo contenido por la modificación introducida por la Ley 446 de 1998 al Código Contencioso Administrativo, es decir, que el Fiscal General de la Nación es la autoridad encargada de representar a la Nación en los procesos que se adelanten contra ella por actuaciones imputables a la Fiscalía General”(1).

En atención a lo expuesto, se mantiene, consolida y reitera la postura jurisprudencial según la cual aun cuando la actuación de la que se pretende derivar la responsabilidad, haya sido desplegada por la fiscalía y se demande a la Rama Judicial, o demandándose ambas, se omita notificar a la fiscalía, ello no acarrea la nulidad del proceso ni mucho menos la denegatoria de las pretensiones, toda vez que el centro jurídico de imputación en ambos eventos es el mismo: la Nación, de allí que al tratarse de una sola persona jurídica, no se genera una violación al debido proceso como tal. Se hace claridad en que la línea jurisprudencial se aplica para los procesos de reparación directa que se encuentren en curso, pues aquellos que se inicien bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, deben ceñirse a las reglas de representación, así, será en esos casos, el fiscal quien represente a la Nación, cuando el daño se pretenda atribuir a esa entidad.

Ahora bien, desde ya se advierte que en atención a que en el caso sub judice, tanta la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación fueron demandadas y ambas impugnaron la sentencia, se modificará la misma en el sentido de condenar únicamente a la fiscalía, pues como se verá a continuación, de las pruebas se desprende fue esta entidad la que dio lugar a la privación injusta de la libertad que padeció el señor Alhey Pérez.

3. Conforme a las pruebas que fueron practicadas y recaudadas durante el proceso, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. Mediante oficio 343-DSCTI-CQTA del 25 de mayo de 1993, la dirección seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de Caquetá, solicitó a la fiscal segunda regional de esa ciudad, ordenar y practicar diligencia de allanamiento y registro en 13 predios de la vereda Palestina del municipio de Valparaíso (Caq.), en atención a que se había obtenido información según la cual, en los mismos, al parecer se cultivaban, procesaban y traficaban sustancias estupefacientes y existían armas de fuego (fls. 1-2, cdno. pbas. 3).

Conforme al acta de registro y allanamiento, el 27 de mayo del mismo año se llevó a cabo la diligencia en el predio de propiedad del señor Víctor Gómez Escarpeta, en el que se encontraba entre otros, el demandante Alhey Pérez. En la casa de habitación se encontró un revólver calibre 38 largo, de propiedad de Luis Carlos Gómez Silva, con su respectivo salvoconducto y un equipo de campaña de Alhey Pérez (fls. 6 y 7, cdno. pbas. 3). A su vez, en el anexo del acta se señaló:

“(...) Nos dirigimos a recorrer los predios de Víctor Gómez Escarpeta, el Dr. Germán Calderón Horta, personal del ejército y la suscrita, advirtiéndole al personal del ejército que quedaba con las personas allí encontradas que no las podían dejar ir mientras regresábamos y que Víctor Gómez Escarpeta (propietario de la finca allanada y dueño de los cultivos y del laboratorio), estaba en calidad de capturado. Cuando regresamos de recorrer el terreno y de registrar la casa colindante no se encontraba Víctor Gómez Escarpeta ni Alhey Pérez, personaje este que también quedaba retenido, se habían evadido. Se procedió a preguntarles a los soldados qué había pasado y nos dijeron que Víctor Gómez les había dicho que el Cabo le había dado permiso para irse a trabajar, al hablar con el cabo Recalde, nos manifestó que él no había dado ningún permiso, por lo tanto el señor se evadió al igual que Alhey Pérez. Se procedió a la búsqueda, pero no se encontraron. Cabe aclarar que la huida de estas dos personas, fue mientras nosotros mirábamos un cambucho existente a unos 500 mts de la casa principal, y como se dijo antes, fueron dejadas estas personas bajo la custodia de personal del ejército que nos acompañó (...)” (fls. 9 y 10, cdno. pbas. 3).

3.2. El 12 de enero de 1994, la fiscalía decretó como prueba, la práctica de los testimonios de los militares Nieto José David y Sánchez Ospina o Sánchez Bedoya, con el propósito de esclarecer la situación del señor Ahley Pérez, es decir las razones por las que figuraba como morador del predio allanado, si era trabajador o visitante y al servicio de quien se encontraba (fl. 129, cdno. pbas. 4).

3.3. El 30 de agosto de 1994, la dirección regional de fiscalías-seccional Bogotá, libró orden de captura contra el demandante (fl. 27, cdno. pbas. 1). En atención a que no fue posible su comparecencia al proceso, en resolución del 10 de diciembre de 1994, la unidad de narcotráfico de la fiscalía-delegada regional Bogotá, dispuso entre otros, emplazar por medio de edicto a los señores Alhey Pérez y Víctor Gómez Escarpeta (fls. 206 y ss., cdno. pbas. 4). Sin embargo, debido a que no fue posible darle captura, por resolución del 21 de febrero de 1995, se le otorgó la condición de sumariado, en calidad de persona ausente (fl. 263).

3.4. En proveído del 21 de marzo de 1995, la fiscalía resolvió la situación jurídica del accionante, imponiendo medida de aseguramiento en su contra, exponiendo las siguientes razones:

“Respecto de los declarados persona ausente Arley Pérez y capturado Víctor Gómez Escarpeta, baste mencionar en el predio de El Vergel fue donde el personal del CTI y el ejército de Florencia el día 27 de mayo de 1993, halló el cultivo de coca, en cantidad de 3.500 matas de coca, 110 galones de gasolina, una prensa, revólver y munición debidamente amparados con salvoconducto y equipo de campaña.

(...).

“Predio que como se ha establecido es de propiedad y explotado por Víctor Gómez Escarpeta junto con Arley Pérez.

“Aunado lo anterior a su no comparecencia al proceso (caso de Pérez dado que Gómez fue recientemente capturado), habida cuenta tanto Gómez como Escarpeta huyeron del sitio el día del operativo una vez hallado el cultivo.

“Tenemos que el personal del CTI y del ejército que acudió al predio El Vergel en comisión por la orden de registro y allanamiento dada por la fiscalía regional delegada en Florencia y que hasta el momento ha declarado dentro del investigativo son concordantes al manifestar el cultivo de coca, gasolina y prensa fueron hallados dentro del predio El Vergel el cual tiene una extensión total de 97 hectáreas y de propiedad de Víctor Gómez Escarpeta, el cual aceptó ser el propietario del cultivo. Mismo que se encontraba cerca a la casa de habitación donde este residía con su familia, es decir, dentro de las 97 hectáreas y allí mismo fue hallado Arley Pérez quien también trabajaba dicho predio junto con Víctor.

“Existiendo indicios graves en su contra, tales como motivación y oportunidad para delinquir, su no comparecencia al proceso (hasta la captura de Víctor), el hallazgo del cultivo de coca, prueba pericial y testimonios creíbles que comprometen la responsabilidad de los declarados persona ausente Arley Pérez y Víctor Gómez Escarpeta (capturado)” (fls. 301-302, cdno. pbas. 4).

3.5. El señor Alhey Pérez fue capturado el 4 de mayo de 1999, conforme a lo señalado en el escrito del 24 de ese mes y año, de la fiscalía trece delegada ante los jueces regionales (fls. 21 y 22, cdno. pbas. 9), por lo que ese mismo día se libró la respectiva boleta de encarcelación (fl. 22, cdno. pbas. 9).

3.6. Mediante memorial del 28 de mayo de 1999, el demandante solicitó a la fiscalía, abstenerse de proferir medida de aseguramiento en su contra y precluir la investigación a su favor. La solicitud fue negada por resolución del 3 de agosto del mismo año, en la que además se dispuso sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 44-46, cdno. pbas. 9). La denegatoria se sustentó en las siguientes razones:

“(...) las pruebas arrimadas al paginario, demuestran fehacientemente la presunta responsabilidad y porque no decirle participación que tenía en los hechos objeto del presente averiguatorio, el incriminado Ahley Pérez. Pues si este nada tenía que ver con los cultivos ilícitos que se encontraron en predios del señor Víctor Gómez Escarpeta, cuál la razón entonces? (sic) para que se diera a la huida del teatro de los acontecimientos, en momentos que allí hicieron presencia unidades militares y del CTI de la fiscalía” (fl. 45, cdno. pbas. 9).

3.7. Finalmente, el 19 de octubre de 1999, la fiscalía calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación a favor del accionante, con los siguientes argumentos:

“Ahora bien en lo atinente al implicado Ahley Pérez se puede decir que dentro del expediente no existe prueba clara, precisa y contundente que nos lleve a señalarlo como una persona que estaba dedicado a la conservación, cuido [cuidado], mantenimiento, raspado y procesamiento de la hoja de coca de los cultivos que fueron encontrados en la finca del señor Víctor Gómez Escarpeta y que a este le pertenecía (resaltados de la Sala).

“Situación diferente es que para la época en que en dicho predio se realizó el registro y allanamiento, efectivamente el señor Alhey Pérez allí se encontraba, pero como él lo manifestó dedicado a cortar madera como lo sostiene igualmente el también procesado y sentenciado por estos mismos hechos señor Víctor Gómez Escarpeta y si se ausentó o huyó del sitio lo fue porque se le dio autorización de ir a trabajar y al observar que le disparaban a su patrón optó por esconderse; lo cual no quiere decir que por esa actitud asumida fuera trabajador de los cultivos ilícitos que allí existían y más aún por tener cierta familiaridad con el señor Gómez Escarpeta, ya que su residencia cuando llegaba al predio era en la casa que ocupaba su abuela, es decir, la señora madre de Víctor Gómez, se aclara, de la esposa de Víctor Gómez Escarpeta.

“Si tenemos en cuenta que el día del registro y allanamiento al inmueble, habían otras personas que bien pueden catalogarse como trabajadores del mismo, nos preguntamos entonces, porque no fueron igualmente aprehendidos si en el predio existían cultivos ilícitos de matas de coca.

“Por ende, al estar demostrado en el infolio la materialidad del delito que nos ocupa (infracción L. 30/86, art. 32), con los cultivos que allí se encontraron y de los cuales se tomaron muestras para el análisis del caso, igualmente existía una construcción rústica donde se venía procesando la hoja de coca recolectada; se puede también decir, que respecto a la autoría o presunta responsabilidad que así pudiese tener el aquí procesado Ahley Pérez ello no está plenamente establecido, ya que no hay prueba contundente como sería declaraciones o indicios efectivamente serios que nos muestren que este venía dedicado única y exclusivamente al trabajo de las matas de coca pertenecientes al señor Víctor Gómez Escarpeta, pues se supuso por los miembros militares y del CTI que participaron en el operativo que Ahley Pérez era trabajador de dichos cultivos y más aún por la evasión que hizo de ese sitio. Entonces hay que darle credibilidad a lo manifestado por el mismo sindicado Ahley Pérez en lo atinente a su ajenidad frente a los trabajos del cultivo de coca o cultivos que en la finca del señor Víctor Gómez Escarpeta fueron encontrados (resaltados de la Sala).

“Al no existir en el paginario, medios probatorios que comprometan seriamente la responsabilidad del imputado Ahley Pérez en el agotamiento de los hechos por los cuales se le vinculó al infolio, en acatamiento a lo establecido en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, en armonía con el artículo 36 ibídem, se deberá precluir la presente investigación en su favor ya que la misma no se puede proseguir (...)” (fls. 76 y 77, cdno. pbas. 9).

En vista de lo anterior, el señor Pérez recobró su libertad, el 21 de octubre de 1999, fecha en la que se levantaron las medidas de vigilancia que pesaba en su contra, conforme se infiere del oficio 3098 de esa fecha, expedido por la fiscalía 14 (fl. 84, cdno. pbas. 9).

4. Conforme al recaudo probatorio, está demostrado el daño antijurídico, que consistió en la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Ahley Pérez, entre el 4 de mayo de 1999, fecha en la que fue aprehendido en la ciudad de Florencia por efectivos de la Unidad Especial de Narcotráfico, y el 21 de octubre del mismo año, para un total de 5 meses y 22 días, cuando se hizo efectiva la resolución que precluyó la investigación a su favor, por presunta infracción al artículo 32 de la Ley 30 de 1986.

Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute ocurrió, cuando había entrado a regir la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1996, y en cuyo artículo 68 establece: “Quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. En la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional, en lo que concierne a esa norma, expresó lo siguiente:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aun de mala fe, que su detención es injusta, precedería en forma subjetiva, aun de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

“Bajo estas condiciones, el artículo se declarará asequible”.

Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(2), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414(3) del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo(4). Lo enunciado, con fundamento en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución política; la sentencia del 2 de mayo de 2007, señaló:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(5).

Precisamente, los parámetros del artículo 90 de la Constitución Política, fueron los que guiaron la interpretación del citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, para derivar de él, de manera automática responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a través del título objetivo. Así lo ha destacado la Sala en sentencia reciente:

“Acerca del contenido y alcance de esta norma, la jurisprudencia de esta Sala, con relevante sindéresis, ha precisado:

“(...) 6. La responsabilidad en estos casos, como lo señaló también la Sala es “fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, solo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas” y “es objetiva, motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o Magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa” (ver sentencias de jun. 30/94, Exp. 9734, actor Neiro José Martínez, M.P. Daniel Suárez Hernández y de sep. 15/94, Exp. 9391, actor Alberto Uribe Oñate, M.P. Julio César Uribe Acosta).

“7. Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no recurre la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduciría en la demostración de que la providencia estuvo ajustada a la ley”(6).

“Las hipótesis establecidas en el señalado precepto, contrario a lo precisado por el a quo, no requieren de la constatación de un error judicial, sino, simplemente, del acaecimiento de cualquiera de las mismas sin referencia alguna al contenido de la providencia judicial que impuso la medida de aseguramiento. Se trata por lo tanto, en estos eventos, de la obligación objetiva establecida en la ley, de reparar el perjuicio causado cuando frente a la persona que, en determinado momento fue privada de la libertad a través o con fundamento en una providencia legal y, en principio, ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, se precluye la investigación, cesa el procedimiento, o se absuelve en la sentencia(7).

“La norma así analizada, no hace nada distinto a preestablecer la responsabilidad patrimonial del Estado en específicos supuestos, principalmente a causa del perjuicio que representa el estar privado de la libertad, como medida cautelar del proceso penal, para luego concluir por parte del sistema judicial que el ciudadano no cometió la conducta punible, no era típica, o nunca existió”(8).

En efecto, la privación de la libertad, en estos casos, puede y debe darse con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero, a la postre, si se dicta una providencia absolutoria, por cualquiera de los supuestos ya citados o por duda, se trataría de una decisión legal que pone en evidencia que la medida inicial fue equivocada. El fundamento de la indemnización, entonces, no sería la ilegalidad de la conducta, por lo que debe preguntarse si el hecho de la privación de la libertad, en esas circunstancias, da lugar o no a un perjuicio indemnizable, es decir, si se ha configurado un daño antijurídico. Esto, bajo el entendimiento que “los ciudadanos están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las funciones administrativas, y solo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un perjuicio anormal, puede concluirse que han sido gravados de manera excepcional”(9). En la sentencia del 4 de diciembre de 2006, la Sala contestó de manera categórica el interrogante:

“Esta corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación.

(...).

Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En este orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad.

No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad —como en el presente caso— durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de administración de justicia del Estado”(10).

De acuerdo con los principios tutelares del Estado social y democrático de derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, toda vez que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna:

“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos... los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y la justicia son innegociables”(11).

Lo anterior, comoquiera, que si bien, en un Estado social y democrático de derecho, todos los asociados deben contribuir en mayor o menor medida a la materialización de los objetivos trazados en la búsqueda de los fines comunes —entre ellos la paz y la convivencia pacífica— y, en muchos casos, para ello es necesario que someter a los ciudadanos a ciertas restricciones de derechos y garantías, incluida la libertad(12), existen precisos eventos en los cuales el propio ordenamiento jurídico consagra la obligación objetiva de reparar los daños derivados de la privación injusta de la libertad a la que somete a los ciudadanos.

En otros términos, es posible constatar eventos de privación de la libertad, en las cuales la detención del asociado encuentra fundamento constitucional y legal en un determinado momento, pero este desaparece cuando el ciudadano es dejado en libertad bajo las condiciones precisadas en la ley o, bien, porque se demuestra una clara falla del servicio al momento de librar la medida coercitiva.

En efecto, la restricción a la libertad del señor Pérez, pudo tener justificación a partir de los elementos de juicio que obraban en el proceso en desarrollo de la investigación penal, pero lo cierto es que con la absolución se torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica a dicho supuesto, el de la privación de la libertad, toda vez que fue el legislador, quien inspirado en principios tutelares de una visión política de Estado, tales como la justicia, la libertad, la locomoción, etc., dispuso en desarrollo de la soberanía legislativa, que frente a la materialización de cualquiera de esas hipótesis normativas, se habría de calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta. Es por ello, que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, de aquel entonces, consagraba una responsabilidad objetiva, puesto que así lo dispuso el legislador.

De la lectura de la resolución que precluyó la investigación, se concluye que Alhey Pérez, fue absuelto en razón a que no tuvo ninguna participación en los hechos delictivos por los que fue capturado y detenido. Así se desprende de la providencia mencionada cuando señaló que “no existe prueba clara, precisa y contundente que nos lleve a señalarlo como una persona que estaba dedicado a la conservación, cuido (cuidado), mantenimiento, raspado y procesamiento de la hoja de coca de los cultivos que fueron encontrados en la finca”, lo cual quiere decir que el demandante no tomó parte en los hechos delictivos por los cuales fue investigado y privado de la libertad, sino que como se desprende también de la misma resolución, se encontraba en la finca allanada de manera circunstancial, en atención a que estaba visitando a su abuela y se ausentó del lugar únicamente porque los efectivos del ejército que asistieron a la diligencia le dieron permiso para trabajar.

En efecto, con la prueba de las providencias traídas a colación, quedó plenamente establecida la imputación del daño antijurídico al Estado, ya que en los términos del artículo 414 ibídem y la jurisprudencia de la Sala, basta la comprobación de que la absolución o su equivalente fue decretada: i) bien, porque la persona no cometió el ilícito, ii) el hecho no constituía conducta punible —es decir era atípico—, o iii) porque el hecho delictivo investigado no existió, para que se derive de manera automática responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a través del título objetivo contenido en esta disposición, siempre y cuando no exista una causa extraña comprobada que imposibilite la imputación, situación esta que no se evidencia en el asunto materia de análisis.

4.3. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, en cuanto declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Alhey Pérez, toda vez que como ya se había advertido, según las pruebas fue esta quien con su conducta ocasionó el daño antijurídico, pero se revocará en cuanto declaró patrimonialmente responsable a la Rama Judicial, pues esta entidad no tuvo ninguna incidencia en la producción del hecho.

5. De los perjuicios.

5.1. La Rama Judicial adujo también como motivo de impugnación, el hecho de que en la sentencia de primer grado se haya tenido como ingreso base de liquidación para calcular los perjuicios materiales por lucro cesante, la suma de $ 236.460, cuando según la demanda el señor Ahley Pérez percibía un salario mensual de $ 200.000, razón por la que considera que existió un detrimento patrimonial al reconocer por una cantidad mayor a la solicitada.

Sin embargo, de una lectura desprevenida del fallo, se infiere sin muchas dificultades que el a quo en ningún momento profirió una fallo ultra petita, sino que ante la falta de prueba sobre los ingresos del demandante, tuvo en cuenta el salario mínimo fijado por el gobierno para la fecha de los hechos, es decir 1999, pauta que ha sido aceptada y avalada por la jurisprudencia de la Sección Tercera(13), razón por la cual no se accederá a la solicitud de la impugnante, en el sentido de disminuir el monto de los perjuicios.

En consecuencia, solo se actualizará la condena impuesta en primera instancia, con fundamento en la siguiente fórmula:

S2000-00289F1
 

Donde:

Ra: Renta actualizada

Rh: Renta a fecha de la liquidación

Índice inicial (octubre de 2004):

Índice final (abril de 2014)

Entonces:

S2000-00289F2
 

En consecuencia, el monto a reconocer a favor de Ahley Pérez, por concepto de lucro cesante, asciende tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con treinta y un centavos ($ 3.454.754,031).

5.2. Es pertinente aclarar que en la sentencia de primera instancia, se reconoció por concepto de perjuicios morales, el equivalente de 30 SMLMV para el señor Alhey Pérez, de 20 SMLMV para María Bernardita Pérez en calidad de madre y de 15 SMLMV para Leivy Rocío Domínguez Pérez. Cabe señalar que en sentencia de unificación del 28 de junio de 2013(14), la Sala señaló lo siguiente:

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

De acuerdo con lo anterior, en atención a que el demandante estuvo privado de la libertad durante 5 meses y 17 días, con base en la nueva jurisprudencia, debió reconocerse a favor suyo y de su madre, el monto de 50 SMLMV, y de su hermana, 25 SMLMV por concepto de perjuicios morales. Sin embargo, ello no será objeto de modificación, toda vez que la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia y el proceder contrario entrañaría una vulneración al principio de la no reformatio in pejus, en detrimento de los derechos de la Fiscalía General de la Nación.

A su vez, se observa que en la sentencia recurrida se negó el reconocimiento de perjuicios morales a los demás hermanos de la víctima, con el argumento de que en el caso de éstos, por ser mayores, no se presumía el dolor y por lo tanto debían acreditar plenamente el vínculo afectivo que los unía al señor Ahley Pérez. Al respecto, debe aclararse que esta posición fue superada, como se expuso en sentencia del 15 de octubre de 2008:

“En esta oportunidad, considera la Sala que no hay lugar a realizar tal distinción, comoquiera que la diferenciación entre lesiones graves y leves está relacionada con el grado de intensidad con el que se sufre el daño, esto es, la gravedad de las lesiones corporales que eventualmente le resultarían imputables al Estado, pero no está relacionada con la presunción de los perjuicios morales sufridos por las víctimas indirectas del daño, en consideración a que se presume que en los eventos de lesión o muerte los perjudicados indirectos tienen derecho a que se les indemnice por los perjuicios morales que se les haya causado de manera antijurídica”(15).

Esta posición fue reiterada en sentencia del 29 de marzo de 2012(16):

“Conviene precisar que en los años más recientes la Sala ha considerado que resulta viable reconocer la configuración del perjuicio moral en relación con los hermanos del lesionado, con independencia de si los mismos son mayores de edad o no, con la sola demostración de dicho vínculo de parentesco, toda vez que del mismo y de la aplicación de las reglas de la experiencia, se puede inferir el padecimiento que a ellos causan las lesiones padecidas por su familiar(17).

“De conformidad con lo anterior, la tesis jurisprudencial vigente y con fundamento en la cual la Sala ha definido los asuntos que se someten a su conocimiento, consiste en admitir que el daño moral se infiere del parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, esto es en relación con los hermanos, con independencia de si estos son mayores o no, razón por la cual, por este aspecto, no podía negarse la indemnización de perjuicios por este concepto en favor de las demandantes”.

En atención a lo anterior, no es de recibo el argumento esgrimido por el a quo, sin embargo tampoco será modificado, en tanto no fue recurrido por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia del 7 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la cual quedará así:

Declárase patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Ahley Pérez entre el 4 de mayo y el 21 de octubre de 1999.

Absuélvase de responsabilidad patrimonial a la Nación-Rama Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Condénase a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a indemnizar los siguientes perjuicios a los demandantes:

Morales:

A Alhey Pérez el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de esta sentencia.

A la señora María Bernardita Pérez la suma de veinte (20) salarios mensuales mínimos legales mensuales vigentes.

A Leivi Rocío Domínguez Pérez, el equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales vigentes al momento de este fallo.

Materiales:

Como lucro cesante la suma de tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos con treinta y un centavos ($ 3.454.754,031), a favor de Alhey Pérez.

2. Dese cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

4. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Expediente 20.420, 25 de septiembre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, Bogotá, D.C., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (resaltado del original, subrayado adicional).

(4) Sobre el particular consultar la sentencia de cuatro de diciembre de 2006, Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, Expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

(7) “Sin embargo, es posible que el juez haya actuado con absoluta imparcialidad y objetividad al valorar las pruebas y los indicios y dicte un auto de detención a una persona que después resulta absuelta o es condenada a una pena privativa de la libertad inferior a la efectivamente padecida.

“Sin lugar a dudas en este caso y a pesar de que el servicio de justicia funcionó adecuada y normalmente, al haberse causado un perjuicio a una persona que no tiene obligación de soportarlo, el daño es antijurídico y por lo tanto exige una adecuada reparación..”. Hoyos Duque, Ricardo “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, Revista Vasca de Administración Pública, Nº 49, 1997, págs. 140 y 141.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Expediente 15.498, C.P. Enrique Gil Botero.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601, actor: Ana Ethel Moncayo de Rojas y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(10) Consejo de Estado, sentencia del cuatro de diciembre de 2006, Expediente 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(11) John Rawls, “A Theory of Justice”, Cambridge: Harvard University Press, 1971, págs. 3-4, citado por Mejía Quintana, Oscar “Carácter y proyección de la filosofía del derecho en el pensamiento contemporáneo”, Ed. Universidad Nacional de Colombia, pág. 22.

(12) “La prisión provisional constituye una grave intromisión en el derecho fundamental a la libertad de toda persona, por lo que su regulación, tanto doctrinal como legal y jurisprudencial, es objeto de la máxima atención, no solo en el plano interno de cada Estado sino también en el plano internacional, lo que evidencia su trascendencia real... La prisión provisional indebida, como expresión de la violación de los derechos humanos, por lo que el ordenamiento jurídico dispensa a la víctima una garantía específica de reparación...”. García Pons, Enrique “Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales”, Ed. J.M. Bosch, págs. 232 y 239.

(13) Así se señaló en la sentencia del 24 de febrero de 2005, con ponencia del Alier Eduardo Hernández:

“Ahora bien, en relación con la cuantía del perjuicio aludido, como se ha observado, no obra en el proceso constancia del salario devengado por la demandante en la época de los hechos. Se dará, entonces, aplicación a la tesis ya sostenida por esta Corporación en otras oportunidades, presumiendo, con fundamento en el hecho probado de que la víctima se dedicaba a una labor productiva, que obtenía de su trabajo una suma equivalente al valor del salario mínimo” (Exp. 14.140).

Al respecto también pueden consultarse entre otros, los procesos 14.786, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 14.178, M.P. Germán Rodríguez Villamizar; 18.586, M.P. Enrique Gil Botero.

(14) Sentencia del 28 de agosto de 2013. Nº interno 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

(15) Expediente 17.486, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(16) Expediente 21.978, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(17) Sobre este aspecto, consultar entre otras las sentencias las proferidas el 15 de octubre de 2008, Expediente 17.486, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; el 18 de marzo de 2010, Expediente 18.569, M.P. Enrique Gil Botero; el 10 de febrero de 2011, Expediente 19.717 y el 28 de julio de 2011, Expediente 20.664, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.