Sentencia 2000-00324 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Exp. 250002326000 2000 00324 01 (27.140)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Colombian Collection Ltda.

Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso con vocación de doble instancia, puesto que la demanda se presentó el 8 de febrero de 2000 y la pretensión mayor se estimó en treinta millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochenta y un pesos ($30.463.081), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, mientras que el monto exigido para el año 2000 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $26.390.000(16).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Decreto 1 de 1986(17), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por la sociedad demandante con ocasión de la retención y posterior devolución de una mercancía el 23 de mayo de 1999, lo que significa que tenía hasta el día 24 de mayo de 2001 para presentarla y, como ello se hizo el 8 de febrero 2000, resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto por la ley.

3. El caso concreto.

De conformidad con la copia auténtica del expediente administrativo AO989802116, adelantado contra Colombian Collection, remitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN(18) y el restante material probatorio allegado en debida forma al proceso, se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos que interesan al presente asunto(19):

Que el Incomex, mediante comunicación DSEIE-02063 del 3 de septiembre de 1993, autorizó a la sociedad demandante el programa de sistemas especiales de importación y exportación, Plan Vallejo MP-860, otorgándole un cupo de importación de US$ 200.000, para “la adquisición de materias primas e insumos destinados exclusivamente y en su totalidad a la producción de artículos de exportación que correspondan al sector de confecciones y textiles”(20).

Que mediante Acta 4553 del 10 de marzo de 1998 la Administración Especial de Servicios Aduaneros del Aeropuerto El Dorado de esta ciudad, dejó constancia de la aprehensión de 14 bultos de mercancía —textiles—, por la causal “mercancía no amparada en la guía”(21).

Que según la guía aérea 72906734626, la Compañía Colombian Collection Ltda., ingresaba al país 14 piezas, cuya denominación se designó como “Linings” - forros(22).

Que mediante comunicación del 10 de marzo de 1998, el gerente de la ahora demandante le solicitó a la DIAN reconsiderar la decisión de aprehensión de mercancía, oportunidad en la que le puso de presente que esa era la primera importación que hacían a través del Plan Vallejo MP-860, y que eran materias primas necesarias para el desarrollo del objeto social que desarrollaba la empresa importadora; acompañó la comunicación con el manifiesto de carga y la factura de compra, dejando claro que la mercancía aprehendida correspondía a forros de tela, aunque en los documentos se hizo la denominación en forma genérica “forros”, tal como era permitido(23).

Que de acuerdo con el formato de conocimiento y avalúo elaborado por la DIAN el 30 de junio de 1998, la mercancía aprehendida corresponde a:

“1. Rollos de tela marca Acker y Jablow Style FTF-530, colores blanco y gris. De acuerdo al análisis del laboratorio de la DIAN, oficio 0298, se trata de entretela, sin tejer; 100% poliéster fibra; ancho: 1,56 m, sin orillos; gramaje: 42 gr/m2. Según el mismo informe de laboratorio los rollos de color blanco corresponden a un acabado con fibra de distintos colores, recubierto por una cara con poliolefina. En total de este tipo de tela son 24 rollos.

2. Rollos de tela marca Acker y Jablow Style 905 pretty - regency GFD; black, 930 AJ Red; 954 purple; 914 camel; 949 claret; 983 cadet blue. De acuerdo al análisis del laboratorio de la DIAN Oficio 0298, se trata de forro de colores rojo, azul, negro, beige, púrpura, fucsia; tejido plano; 100% acetato filamento; construcción tafetán; acabado teñido, ancho: 1,53-1.55 m, gramaje: 58gr/m2, 56,5 gr/m2. En total de este tipo de tela son 36 rollos.

3. Rollos de tela marca Acker y Jablow Steple 901 optical. De acuerdo al análisis del laboratorio de la DIAN, Oficio 0298, se trata de forro blanco; tejido plano; 100% acetato filamento; construcción tafetán; acabado blanqueado; ancho 1.53 m; gramaje: 59 gr/m2. En total son 6 rollos”(24).

Que el 17 de junio de 1998 el laboratorio de la DIAN presentó informe, en el que plasmó el resultado del análisis de las 6 muestras que le habían sido enviadas determinando que:

“Muestra 1 (Entretela color blanco)

Tipo de tejido ... Sin tejer

Composición ... 100% poliéster fibra

Tipo de Acabado ... Blanqueado - recubierto por una cara con poliolefina

Ancho del tejido ... 1.56 - sin orillos

Peso/metro lineal ... Por no traer orillos, no es posible determinar

Peso/metro cuadrado ... 42 grs

Muestra 2 (Entretela color gris)

Tipo de tejido ... Sin tejer

Composición ... 100% poliéster fibra

Tipo de acabado ... Fibras distintos colores - recubierto por una cara con poliolefina

Ancho del tejido ... 1.56 - sin orillos

Peso/metro lineal ... Por no traer orillos, no es posible determinar

Peso/metro cuadrado ... 42 grs

Muestra 3 (Forro color blanco liso)

Tipo de tejido ... Plano

Composición ... 100% acetato filamento

Construcción ... Tafetán

Tipo de acabado ... Blanqueado

Ancho del tejido ... 1.53 grs (sic)

Peso/metro lineal ... 90 grs

Peso/metro cuadrado ... 59 grs

Muestra 4 (Forro color rojo liso)

Tipo de tejido ... Plano

Composición ... 100% poliéster filamento

Construcción ... Tafetán

Tipo de acabado ... Teñido

Ancho del tejido ... 1.53 grs

Peso/metro lineal ... 90 grs

Peso/metro cuadrado ... 59 grs

Muestra 5 (Forro color azul liso)

Tipo de tejido ... Plano

Composición ... 100% poliéster filamento

Construcción ... Tafetán

Tipo de acabado ... Teñido

Ancho del tejido ... 1.53 grs

Peso/metro lineal ... 89 grs

Peso/metro cuadrado ... 58 grs

Muestra 6 (Forro color negro liso)

Tipo de tejido ... Plano

Composición ... 100% poliéster filamento

Construcción ... Tafetán

Tipo de acabado ... Teñido

Ancho del tejido ... 1.55 grs

Peso/metro lineal ... 87,5 grs

Peso/metro cuadrado ... 56,5 grs”(25).

Que a pesar de los anteriores antecedentes el 1º de septiembre de 1998 la DIAN formuló pliego de cargos en contra de la sociedad demandante por haber incurrido “presuntamente en la falta administrativa al régimen de aduanas establecida en el inciso 2º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992”. Para llegar a esta decisión, manifestó:

“Analizados los documentos obrantes en el expediente se infiere que el interesado no ha aportado documento alguno que desvirtúe el fundamento de la aprehensión, toda vez que no se ha realizado legalización ni actuación aduanera alguna, que permita deducir su legal permanencia y acredite el cumplimiento previo de los trámites correspondientes a su presentación, declaración o despacho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2274 de 1989, lo cual nos induce a concluir que la mercancía no se encuentra legalmente en el territorio aduanero colombiano y por lo tanto se infiere que la misma no fue presentada o declarada ante las autoridades aduaneras, conforme a lo que dispone el inciso segundo del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, que a continuación se transcribe:

“ART. 72.—Mercancía no declarada o no presentada:

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción no se realizó por un lugar no habilitado del territorio nacional o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana”.

Con base en lo anterior nos induce (sic) a concluir que la mercancía no se encuentra legalmente en el territorio aduanero colombiano, porque la misma no fue declarada ante las autoridades aduaneras como lo disponen los artículos (sic) 1º del Decreto 2274 de 1989 y el inciso 1º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, por tal razón habrá de formularse pliego de cargos a la sociedad Colombian Collection Ltda., en calidad de importador, con el fin de definir la situación jurídica de la mercancía, por haber infringido presuntamente las normas atrás citadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1800 de 1994”(26).

Que según Informe 9400001L-0069 de 10 de febrero de 1999, rendido por la división de laboratorio de la DIAN, las muestras que le fueron enviadas y que correspondían a la mercancía aprehendida, coincidían con lo descrito en la guía aérea. Así se dictaminó en esa oportunidad:

“La guía aérea NCY 03 001 trae descrito Linings. Según el diccionario inglés - español, de M. Martínez Amador, Editorial Ramón Sopena, Barcelona 1964, Lining es “forro; camisa; revestimiento; guarnimiento; tela para forros ...”. Lo cual hace coincidir las telas descritas en el análisis con lo descrito en la guía aérea”(27).

Que mediante Resolución 2854 de 23 de marzo de 1999 la DIAN ordenó continuar con el trámite de importación de la mercancía, decisión que sustentó en los siguientes términos:

“La causa o fundamento de la aprehensión realizada mediante Acta 4553 del 10 de marzo de 1998, consiste en que la mercancía no se encontraba amparada en la guía aérea, en aparente violación al inciso 2º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 el cual consagra: “Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana”.

Obran dentro del expediente la guía aérea 729-06734626 consignada a Zona Aduanera Almadorado para Colombian Collection que dice contener Linings, donde se hace una descripción genérica de la mercancía que se introdujo en el territorio nacional el día 19 de marzo de 1998.

Corrobora lo anterior la factura comercial 912991 del 23 de febrero de 1998 donde el exportador hace una relación pormenorizada de la mercancía que se introdujo al territorio nacional y que posteriormente fue aprehendida, al igual que el registro de importación 8513 del 29 de diciembre de 1997, documentos que al ser cotejados con la diligencia de reconocimiento y avalúo se observa que se trata de la misma mercancía.

Así mismo, el manifiesto de carga del 3 de octubre de 1998 relaciona la guía antes mencionada su contenido, naturaleza de la mercancía así como su peso, exportador, consignatario etc.

En la diligencia de inventario y avalúo realizada por funcionarios de esa administración se observa que la mercancía está comprendida en el arancel de aduanas en los capítulos 54 Tejidos de hilados de filamentos artificiales y de tejidos de hilados de filamentos sintéticos.

...

De lo anterior se colige que la sociedad Colombian Collection Ltda., describió de manera genérica la mercancía que introdujo en el país, observando que en la guía aérea se encuentra descrita Forros, así mismo en la facturas comerciales y en el registro de importación, la mercancía aprehendida fue clasificada en el arancel de aduanas en las subpartidas del capítulo 54 las cuales tratan de tejidos de hilados de filamentos artificiales y de tejidos de hilados de filamentos sintéticos, aunado a lo anterior tenemos que el objeto social del importador según el certificado de constitución es diseñar, manufacturar, modelar, comprar y vender, importar y exportar productos textiles; accesorios y manufacturas prendas de vestir; promover, enseñar y construir prendas de todo tipo y para diferentes usuarios.

Así mismo, la jefe (A) de la división de laboratorio de la DIAN conceptúa con el oficio radicado con el 10972 del 12 de febrero de 1999 que: “2. La guía aérea NCY030001 trae descrito Linings. Según el diccionario inglés - español, de M. Martínez Amador, Editorial Ramón Sopena, Barcelona 1964, Lining es “forro, camisa, revestimiento, guarnimiento: tela para forros ...”. Lo cual hace coincidir las telas descritas en el análisis con lo descrito en la guía aérea.

Por lo expuesto anteriormente, este despacho, aceptando los argumentos del apoderado y, en consideración al principio de la buena fe del importador, el memorando 36 del 3 de enero de 1998 vigente al momento de la aprehensión, que se encuentran desvirtuaos los presupuestos de la aprehensión, y con base en los principios de eficacia y justicia, procederá a ordenar la continuación del proceso de nacionalización de las mercancías encartadas dentro de estas diligencias que se encuentran en Almagrario antes relacionadas con un valor aduanero de $25.260.645, aprehendidas mediante Acta 4553 del 10 de marzo de 1998 por funcionarios de la Administración Especial de Servicios Aduaneros del Aeropuerto El Dorado, cuyo importador es Colombian Collection Ltda.”(28).

Que dicha resolución fue notificada a la sociedad demandante el 31 de marzo de 1999(29).

Que una vez verificada la declaración de importación de la mercancía que había sido aprehendida, la DIAN mediante Resolución 14741 del 22 de mayo de 2001 ordenó el archivo del expediente(30).

Con fundamento en los hechos que vienen de señalarse se encuentra probado que, el 10 de marzo de 1998, la DIAN, por intermedio de la Administración Especial de Servicios Aduaneros del Aeropuerto el Dorado de esta ciudad, aprehendió una mercancía de propiedad de la sociedad demandante por no encontrarse amparada en la guía, conforme lo dispone el inciso 2º del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992(31), sometiendo a la hoy demandante a un proceso administrativo, por un poco más de un año, que culminó con la Resolución 2854 de 23 de marzo de 1999 por medio de la cual se ordenó continuar con el trámite de nacionalización de la mercancía aprehendida.

Se tiene que entre las funciones que le competen a la DIAN se encuentra la dirección y administración de la gestión aduanera, entendiendo como tal el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición(32).

A pesar de lo anterior, aunque la entidad demandada en ejercicio de sus funciones legales realizó la aprehensión de la mercancía que estaba importando la sociedad demandante por la causal contenida en el inciso segundo del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, esto es, porque no se encontraba relacionada en el manifiesto de carga, se observa que no tuvo en cuenta en ese momento el memorando 36 de 5 de enero de 1998 suscrito por el subdirector de fiscalización aduanera, con el propósito de unificar los criterios en relación con la descripción de la mercancía en el documento de transporte o guía aérea, que se encontraba vigente para la época de los hechos y sirvió de fundamento para la resolución que ordenó continuar con el trámite de legalización de la mercancía.

En dicho documento se dijo:

“Tal como se indicó en el Memorando No. 1398 de 1996, el documento de transporte en su calidad de documento soporte de la Declaración de Importación, “debe contener una descripción genérica de las mercancías que permita establecer su naturaleza, peso, cantidad y estado”.

De lo anterior se infiere que la descripción genérica de la mercancía en el documento de transporte (bien sea carta de porte, guía aérea o conocimiento de embarque) debe permitir su naturaleza o clase sin que ello signifique la exigencia de una descripción detallada en el mismo, como por ejemplo inclusión de seriales, modelos, colores, etc.

En ese orden de ideas, no es válido aceptar como descripción en el documento de transporte cuando en el mismo se señale “mercancías varias”, “mercancías según factura”, “mercancías misceláneas”, “mercancías en general”, “mercancías según registro”, “carga consolidada”, “carga seca”, pues ello le impide a la autoridad aduanera establecer cuál es el tipo de mercancía que se está introduciendo y por lo tanto se entiende que la mercancía no fue presentada. En estos casos, el funcionario deberá proceder a su aprehensión inmediata comoquiera que dichas descripciones genéricas no indican la naturaleza de la mercancía.

En cambio, un ejemplo de descripción genérica que permite identificar la mercancía puede ser electrodomésticos, repuestos, textiles, confecciones, las cuales por ser tan generales no serán objeto de aprehensión pero si de seguimiento”.

Tal como se dijo, las directrices contenidas en el anterior memorando se encontraban vigentes para la época en que se realizó la aprehensión y sirvieron de fundamento para la resolución que ordenó continuar con el trámite de legalización de la mercancía, pues en dicho acto la entidad demandada, después de transcribir el memorando referido, concluyó que “la sociedad Colombian Collection Ltda., describió de manera genérica la mercancía que introdujo al país” y que, por lo tanto, no existía mérito para su aprehensión , ordenando así la continuación de la legalización correspondiente(33).

Otra situación que llama la atención de la Sala consiste en que el laboratorio de la entidad demandada, para el 17 de junio de 1998, ya había realizado análisis químicos de las muestras de las telas aprehendidas y —ya para esa época— se le había dado la denominación de entretela y forro, pero, al parecer, dicha prueba no fue suficiente para la división de control aduanero, represión y penalización del contrabando de la DIAN, la que el 1º de septiembre de 1998 formuló pliego de cargos y ordenó continuar con el trámite administrativo.

Las anteriores situaciones denotan que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio desde el mismo momento en que ordenó la aprehensión de la mercancía, pues, en acatamiento de la directriz interna, debió proceder de una forma diferente, esto es, a realizar el seguimiento que ordenaba el memorando 36 o, a más tardar en septiembre de 1998, teniendo en cuenta la respuesta del laboratorio de la entidad debió ordenar la continuación del trámite para legalización y no someter a la ahora demandante a un trámite administrativo que duró poco más de un año y que llegó a una conclusión que era evidente desde el primer momento, como es que “la sociedad Colombian Collection Ltda., describió de manera genérica la mercancía que introdujo al país”(34), conclusión que fue reforzada, como ya se dijo, por los informes técnicos realizados por los expertos de la misma entidad demandada, quienes concluyeron que las telas descritas en el análisis coincidían con lo consignado en la guía aérea: “tela para forros”(35).

La falla del servicio que de tal manera vino a configurarse en este caso, afectó injustamente a la sociedad ahora demandante por lo que forzoso resulta concluir de todo lo anterior, que la sentencia apelada habrá de ser revocada y, en su lugar, condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— al pago de los perjuicios que le ocasionó a la sociedad demandante por la aprehensión de la mercancía, según ya se ha examinado.

5. La indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En relación con este tipo de perjuicio la demanda simplemente acota que “la definición de la situación jurídica de las mercancías, que concluyo cuando se habían superado los doce (12) meses dio pie a los grandes y graves perjuicios económicos y morales causados a la compañía que represento”, sin embargo, no consignó explicación alguna con el propósito de sustentar su solicitud y tampoco obra dentro del plenario prueba que permita deducir que dicho perjuicio fue ciertamente causado.

El reconocimiento de perjuicios morales a favor de las personas jurídicas ha sido aspecto que la jurisprudencia de esta corporación ha tenido ocasión de abordar en diversas ocasiones. Así, en providencia proferida por la Sección Tercera en 1992, la Sala contempló la posibilidad de que fuera reconocida indemnización por la causación de perjuicios morales a favor de personas jurídicas. Se dijo entonces:

“No se pueden compartir los términos absolutos de la afirmación del tribunal que declara a las personas jurídicas como no “susceptibles” de sufrir perjuicios morales; es cierto que dichas personas, no pueden ser víctimas (llamado “daño moral subjetivo”), por cuanto su propia naturaleza las coloca al margen del dolor o de los padecimientos físicos o psicológicos que constituyen.

Pero si se considera el daño moral en la extensión que le es propia, es decir, como el menoscabo de derechos o de bienes extrapatrimoniales jurídicamente protegidos, es indudable que las personas jurídicas pueden constituirse en sus víctimas; así su reparación no consista, de modo necesario, en una indemnización pecuniaria. Se robustece esta afirmación al amparo del precepto de la nueva Constitución Política que reconoce a “todas las personas” el derecho “a su buen nombre” y atribuye al estado el deber de “respetarlos y hacerlos respetar” (art. 15), entre otros que podrían citarse como ejemplo.

Asunto diverso es que en el caso que examina la Sala esta daño no se haya probado y que, por lo tanto, deba denegarse”(36).

Luego en providencia proferida el 20 de agosto de 1993, la Sala afirmó:

“En principio, estima la Sala que en el caso presente, la Compañía de Jesús como persona jurídica que es no tiene derecho a reclamar indemnización por el dolor o afección sufrida por la pérdida de su compañero de comunidad y labores’, según lo expresa en las peticiones de la demanda. Se precisa lo anterior por cuanto no es unánime ni preciso el criterio doctrinario y jurisprudencial en torno de si las personas jurídicas son susceptibles de sufrir o no daño moral. De ahí la necesidad de que el juzgador al conocer esta clase de controversias relacionadas con los perjuicios morales de las personas jurídicas deba analizar cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado.

Para una parte de la doctrina las personas jurídicas sí pueden sufrir perjuicios morales en cuanto estos se refieran al campo del honor, el buen nombre, las consideraciones sociales, tomando tales conceptos con un criterio generalizador. Entre quienes respaldan esta posición de la doctrina se encuentra el profesor Adriano de Cupis, quien en su obra “El Daño”, hace sobre el particular las siguientes observaciones:

‘Verdaderamente al distinguir el daño privado en patrimonial y no patrimonial, su esfera de actuación se divide en dos zonas que cubren, en su conjunto, el íntegro ámbito del daño privado; y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, no abrazan todos los daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del prestigio y de la reputación pública, constituye un daño no patrimonial independientemente del dolor o amargura del sujeto que la sufre. Por consiguiente, si se quiere dar de los daños no patrimoniales una noción lógica y completa no puede limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales,, sin concebirlos de forma que puedan integrarse todos los daños que no se comprenden en el otro grupo, en el de los daños, patrimoniales, con otras palabras, que su noción no puede ser en el momento actual más que meramente negativa.

En consecuencia, sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser también la persona jurídica. Esto se produce cuando se compromete el beneficio que ella —independientemente por supuesto de un sentimiento de bienestar— puede experimentar en alguno de aquellos bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad. Así, una sociedad mercantil, una institución dé beneficencia, etcétera, pueden alcanzar un daño no patrimonial, valga decir a título de ejemplo, con una campaña difamatoria, por la violación del secreto de correspondencia, etc. El argumento de que la persona jurídica es incapaz de sufrimientos físicos o morales no es decisivo, dada la posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto del dolor. La persona jurídica, ciertamente, no puede percibir el sentimiento de la propia dignidad y de aquí que no sufra por la lesión de su honor - pero sufre, comúnmente, el daño que incide en su reputación en la cual se refleja su mismo honor. De análoga forma no puede tener el sentimiento celoso de la propia reserva y, por tanto, no puede experimentar la congruente lesión; pero no menos sufre el daño derivado de la divulgación de aquello comprendido en la esfera de lo íntimo, por la violación de sus secretos’.

En similar sentido los profesores Henry y León Mazeaud y André Tunc, en su Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, en lo pertinente, sostienen al referirse al perjuicio moral de las personas colectivas.

’No obstante, se impone una observación de orden general. El perjuicio material no es el único que está en juego. Una agrupación, al igual que una persona física, posee un patrimonio extrapecuniario, que puede ser, lesionado. Es capaz de sufrir un perjuicio moral, con exclusión tan solo de una ofensa a los sentimientos efectivos. Si una persona moral no tiene corazón, posee un honor y una consideración, si estos reciben un ultraje, la agrupación sufre un perjuicio moral’.

Posición encontrada respecto de las anteriores concepciones es la asumida por el profesor Renato Scognamiglio en su ensayo sobre El daño moral, traducido, por el doctor Fernando Hinestrosa Forero y publicado por el Externado de Colombia, donde al cuestionar la posibilidad de que la persona jurídica sea susceptible de sufrir perjuicios morales, afirma:

‘Parece que la doctrina se preocupa sobre todo por otorgar a las personas jurídicas una protección adecuada que llevaría a compensarles el perjuicio recibido en su honor, en su prestigio y atributos similares. Pero aquí vuelve a aflorar la habitual confusión entre el daño infligido a los bienes de la personalidad y el daño moral; que viene a superarse si se considera que la ofensa al honor, etc., es resarcible de suyo. Si además de esta consideración se tiene firme la noción técnica y más segura del daño moral, como sensación aflictiva con ciertos agravios, ya desde el vistazo se muestra imposible la concepción de un moral a la persona jurídica, que careciendo de personalidad sicofísica, ciertamente no podría sufrir dolor por cualquier ofensa a su reputación’.

Frente a las concepciones doctrinarias anteriormente transcritas, más se acerca la Sala a las dos iniciales en el sentido de considerar que si bien por regla general la indemnización por perjuicios morales va acorde con la aflicción, la pena, el abatimiento y amargura sufridos por la persona como consecuencia del daño recibido, tal gama de sentimientos angustiosos es inherente al ser humano sensitivamente capaz de recibirlos, de tal forma que la persona jurídica incapacitada e inhabilitado por su propia naturaleza para experimentar tales sensaciones, queda exenta de pretender indemnizaciones de índole moral cuando la causa del daño como en el presente caso, es el fallecimiento de uno de los miembros adscritos de esa persona moral. Se ha considerado que la base del perjuicio moral subjetivo estriba en la aflicción, tristeza o angustia nacidas del amor, el afecto, la amistad que sienten los demandantes por la víctima, sentimientos que unidos al parentesco, en la mayoría de los casos, permiten presumir el dolor que la desaparición les causa y cuya compensación en dinero se procura.

Obviamente los sentimientos de aflicción por la muerte de un ser querido no pueden predicarse de una persona jurídica, así esta se encuentre en las especiales condiciones de integración y solidaridad que testimonialmente se quieren mostrar respecto de la comunidad demandante en el proceso. La realidad continúa siendo la misma: de esa persona jurídica no puede predicarse el daño moral por cuanto carece de la capacidad afectiva y sentimental sobre la cual recaiga el perjuicio moral, sin que en estos casos haya lugar a identificar la situación de la persona jurídica con la de sus integrantes, pues para todos los efectos son diferentes. Estos, bien pudieron ser víctimas, individualmente considerados, del perjuicio moral narrado, pero así no se demandó.

No significa lo anterior, según se advirtió, que las personas jurídicas se encuentren totalmente impedidas para acceder judicialmente a reclamar indemnización por perjuicios de orden moral. De ninguna manera. Las consideraciones antecedentes son aplicables para casos como el presente donde el perjuicio moral va indiscutiblemente ligado con los sentimientos propios del afecto y amor de un ser humano. Otra cosa puede ser, cuando el daño moral no presente esa directa y exclusiva comunicación sentimental, en cuyo caso, bien puede eventualmente pensarse en indemnizar por tal concepto a las personas jurídicas”(37).

Esta sección mediante sentencia de 2008, afirmó:

“De modo que, la jurisprudencia, tras negar rotundamente el reconocimiento de perjuicios morales a las personas jurídicas, ha abierto esa posibilidad, haciendo recaer en el juzgador esa decisión con base en el conocimiento de la controversia en cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado y si está ligado o no a aspectos sentimentales y afectivos propios de la condición del ser humano y representados en una aflicción, tristeza o congoja que solo son propios de éste, y que no se concibe que pueda padecer una persona jurídica.

Es decir, resulta claro que las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos (pretium doloris), porque no pueden experimentar dolor o sufrimiento y menos aún por agresiones a bienes jurídicos extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del individuo físico (la vida, la integridad corporal, o la honestidad, entre otros); sin embargo, a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos propios de la personalidad y, por ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, el buen nombre, la probidad), los cuales si en alguna manera se les menoscaba, corresponde indemnizar, en cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso.

En efecto, cuando se atenta, por ejemplo, contra la reputación o prestigio de la persona jurídica, en menoscabo de la credibilidad de su nombre y de la imagen sobre su modo de ser como sujeto en el tráfico jurídico, sería viable de indemnizar como un perjuicio moral, porque aunque esos valores están al servicio de su objeto y fines económicos, ciertamente trascienden la esfera meramente patrimonial. Igualmente, repárese que el “buen nombre” es un derecho fundamental de la personalidad sin importar si se trata de una persona natural o de una persona jurídica, cuya protección, por tanto, se encuentra garantizada en el orden constitucional; en efecto, el artículo 15 de la Constitución Política garantiza a todas las personas, sin distingo, el derecho a su buen nombre, el cual el Estado se encuentra en el deber de respetar y hacerlo respetar”(38).

En conclusión, de manera general los daños al buen nombre o good will deben incluirse en el concepto de perjuicios materiales, por cuanto dichos derechos, aunque pertenezcan a la órbita de lo intangible, constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica, de ahí que si el daño producido por la entidad demandada generó un detrimento en aquellos bienes inmateriales que constituyen la noción de establecimiento de comercio, la condena deberá resarcir tanto el daño emergente, cuya tasación depende de los gastos en los que haya incurrido la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good will, como el lucro cesante, enmarcado en lo que la persona jurídica afectada por la actuación de la entidad demandada haya dejado de percibir por el hecho dañino; sin embargo, lo anterior no obsta para que el Juez reconozca la existencia de perjuicios morales a favor de personas jurídicas, siempre y cuando, dichos perjuicios se encuentren debidamente probados en el acervo probatorio obrante en el proceso.

La Sala no accederá a esta pretensión propuesta por la sociedad Colombian Collection Ltda., pues en el expediente no existen pruebas que permitan acreditar la ocurrencia del referido perjuicio, es decir, no se encuentran elementos probatorios que permitan inferir alguna afectación del buen nombre comercial que a la postre le hubiere generado una pérdida de su clientela o una desventaja en el mercado, perjuicios que, se reitera, son de carácter material y no moral.

5.2. Perjuicios materiales.

En relación con este tipo de perjuicios la sociedad demandante manifiesta que los perjuicios causados durante el tiempo que la mercancía estuvo aprehendida, son del siguiente orden:

“Lucro cesante$16.538.471
Gastos de legalización$586.000
Fletes pagados$3.083.190
Póliza de cumplimiento$759.752
Honorarios profesionales$5.052.129
Crédito bancario$21.000.000
Total$47.001.552”

 

Con el fin de probar el perjuicio sufrido en la demanda se solicitó decretar entre otras pruebas un dictamen pericial, que fue debidamente ordenado por el tribunal de primera instancia mediante providencia del 28 de septiembre de 2000(39), presentado por los peritos nombrados y debidamente posesionados, el 25 de enero de 2001(40) y objetado por error grave, dentro del término legal, para ello por la parte demandada.

Objeción que fue estudiada en la sentencia de primera instancia y decidida en forma favorable, tema que no fue motivo de apelación, por lo que se concluye que se encuentra en firme.

Así las cosas la Sala procederá a verificar las demás pruebas que permitan determinar el perjuicio material sufrido por la demandante.

5.2.1. Daño emergente.

Para probar el ítem relacionado con los gastos de nacionalización se aportaron los siguientes documentos:

— Comprobante de egreso 3754 del 12 de abril de 1999, en el que consta que se pagó a Luisa Fernanda Navarrete la suma de $568.000, como anticipo para la nacionalización de forros y entretelas(41).

— Comunicación remitida por Luisa Fernanda Navarrete en representación de la S.I.A. Coexnort, mediante la cual le remite cuenta de cobro por la suma de $568.000, correspondiente al anticipo para nacionalizar forros(42).

— Consignación al Banco Santander realizada por la sociedad demandante a nombre de Luisa Fernanda Navarrete por la suma de $568.000(43).

Con el fin de probar el rubro correspondiente a fletes se allegó al proceso los siguientes documentos:

— Copia del comprobante de egreso 1835 del 12 de marzo de 1998, en el que consta que le fueron pagados a la empresa J.H. Bachmann de Colombia Ltda., la suma de $3.083.190, correspondientes a gastos de fletes(44).

— Copia de la consignación al Banco de Colombia realizada por la sociedad demandante a favor de J.H. Bachmann de Colombia Ltda., por un valor de $3.083.190.

— Copias de facturas de cobro correspondientes a gastos de fletes remitidas por la empresa J.H. Bachmann de Colombia Ltda., a Colombian Collection, por un valor de $3.083.190(45).

De acuerdo con las pruebas aportadas es claro que la sociedad Colombian Collection Ltda., pagó las sumas de $568.000 por concepto de anticipo para nacionalizar la mercancía aprehendida mediante el Acta 4553 y $3.083.190 por fletes, pero no puede dejarse de lado el hecho de que la aprehensión fue levantada y que se ordenó continuar con el trámite de importación, esto es, que la mercancía fue entregada a su propietario y que estos eran costos que debía asumir el importador para traer la mercancía al país y realizar su correspondiente nacionalización, por lo que se negará el reconocimiento y pago de estas dos erogaciones, pues, tal como quedó establecido, eran rubros que debían ser asumidos por los propietarios de la mercancía, quienes finalmente completaron el trámite de importación de los forros y los destinaron al uso para el cual fueron adquiridos.

También solicita la demanda el reembolso de la póliza de seguro que debió constituir a favor de la DIAN en cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 79 del Decreto 1909 de 1992(46). Como prueba de haber efectuado tal erogación se allegó al proceso copia de la póliza de seguros 025 982105463 cuya fecha de expedición fue el 20 de abril de 1998.

Como la póliza de seguro fue constituía con ocasión de la aprehensión de la mercancía y, tal y como quedó explicado, la DIAN, en cumplimiento de lo indicado en el memorando 0036 de 5 de enero de 1998 no debió realizarla, le será reconocido el valor de dicha póliza —$759.762(47)—, suma que será actualizada desde el momento en que se hizo el pago hasta la fecha de esta sentencia.

Ra = R IF

II

Ra = 759.762 113.16

49,64(48)

Ra= $1.731.963

 

También se solicita en la demanda el pago correspondiente a los honorarios profesionales que debió asumir la demandante con ocasión del proceso administrativo por la aprehensión de la mercancía. Con el fin de probar este rubro se trajo al proceso el contrato de prestación de servicios profesionales(49) en el que consta que:

“El contratante cancelará por concepto de honorarios al apoderado, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las mercancías importadas que fueron aprehendidas es decir sobre $25.250.645, lo que significa que los honorarios pactados serán de $5.052.129 moneda legal hasta la terminación total del proceso, tanto en la instancia gubernativa como en la judicial. Que se pagarán como sigue: 1) A título de anticipo para iniciar la correspondiente contestación del pliego de cargos 334-0109, se pagan a la firma del presente contrato un millón ($1.000.000) de pesos que ya fueron cancelados, y 2) Los restantes $4.052.129 se pagarán como sigue: A) un millón quinientos veintiséis mil pesos ($1.526.000) al resolverse la situación jurídica de la mercancía, bien con el decomisio a favor de la Nación, o bien con la devolución de la misma para la continuación del trámite de nacionalización, evento en el cual pagada esta suma los honorarios cancelados, incluida esta suma quedarán como definitivos. Es decir que si procede la entrega de la mercancía, los honorarios definitivamente quedan señalados en $2.526.000”.

Con dicho documento se prueba lo siguiente: a) que la suma total de honorarios correspondía a $5.052.129, para que se atendiera tanto el proceso administrativo como el judicial; b) que a la fecha en que se suscribió el contrato el abogado recibió la suma de $1.000.000; c) que si el proceso administrativo culminaba con resolución que ordenara continuar con el trámite de nacionalización de la mercancía, el pago total de honorarios sería de $2.526.000.

Como evidentemente el proceso administrativo culminó con la Resolución 2854 de 23 de marzo de 1999, que ordenó continuar con el trámite de nacionalización de la mercancía aprehendida, los honorarios pactados y que debieron ser cancelados ascendían a la suma de $2.526.000.

Se trajo igualmente como prueba el proceso administrativo que se realizó en la DIAN, en el que consta que el abogado que suscribió el contrato de honorarios representó a la sociedad demandante durante todo el trámite; además se verifica en el proceso que el mismo abogado que representó a la sociedad demandante en el trámite administrativo presentó la demanda de reparación directa ante esta jurisdicción.

En relación el tema la Sala ha manifestado que en casos en que el apoderado judicial que representa a la parte demandante en el proceso contencioso administrativo sea el mismo que realizó la defensa en el trámite administrativo, procede el reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de daño emergente, con fundamento en el principio de economía procesal, pues incluso la sola manifestación del apoderado de la parte actora en el sentido de haber recibido una determinada suma de dinero como pago de sus honorarios profesionales, que se entenderá prestada con la presentación personal de la demanda, permite tener por acreditado el monto del perjuicio y, por consiguiente, la Sala considera que la condena de este perjuicio se debe realizar en concreto con el fin de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia(50).

De conformidad con lo anterior se reconocerá la indemnización deprecada por tal concepto —$2.525.000—, debidamente actualizada desde la fecha de presentación de la demanda(51) hasta la fecha de esta sentencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S2000-00324CE(1).JPG
 

 

Donde:

Vp: Valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: febrero de 2000.

S2000-00324CE(2).JPG
 

 

Así mismo solicitó la demanda se reconozca a favor de la demandante y a cargo de la demandada el valor del crédito que la primera debió contraer con el Banco de Bogotá por la suma de $21.000.000, con el fin de cancelar la importación de las mercancías aprehendidas y luego entregadas.

El pedimento en tal sentido elevado habrá de negarse pues, como se encuentra establecido en el proceso, dicha suma fue utilizada para el pago de las mercancías importadas, las cuales le fueron devueltas a la demandante por la DIAN para continuar con el trámite de nacionalización; además, lo intereses que se causaron con el préstamo de esa suma de dinero correspondían a un compromiso comercial adquirido entre la ahora demandante y la entidad bancaria, pago que debía asumir la acreedora por el uso del capital durante un período determinado.

5.2.2. Lucro cesante.

Solicita se reconozca $16.538.471, correspondiente a las ganancias dejadas de percibir durante el término en que duró la retención de la mercancía, como prueba de lo anterior trae al proceso un cuadro elaborado por la misma demandante en el que se hizo una proyección de la producción de la empresa durante el término de retención de la mercancía y la ganancia dejada de percibir.

No obra dentro del proceso los soportes relacionados con el documento antes enunciado, ni ninguna otra prueba que permita deducir la ganancia dejada de percibir, puesto que como ya se dijo, la objeción por error grave presentada en contra del dictamen pericial elaborado en el proceso prospero y se encuentra ejecutoriada.

A pesar de lo anterior considera la Sala que hay lugar a reconocer un interés del 6% anual, sobre el valor de la mercancía por el tiempo que duró la aprehensión, suma que una vez calculada será actualizada desde esa fecha hasta la fecha de esta providencia.

Habrá lugar a realizar el reconocimiento de intereses porque la aprehensión de la mercancía produjo en la sociedad actora el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias que este dinero le habría podido reportar si no se hubiese decretado, lo anterior teniendo en cuenta que los intereses busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hacen parte de la indemnización integral y son compatibles con la indexación(52).

S2000-00324CE(3).JPG
 

 

De donde I: corresponde al interés liquidado; C es el capital, esto es, el valor que pagó por la defensa, fijado conforme a las pautas anteriores; R: es la rata mensual (0.5%) y T: es el tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha de la fecha de aprehensión —10 de marzo de 1998— hasta la fecha de la resolución que ordenó continuar con el trámite de nacionalización de la mercancía —2854 de 19 de marzo de 1999—.

S2000-00324CE(4).JPG
 

 

Se procederá a la actualización de la suma correspondiente a los intereses desde la fecha de la Resolución 2854 —19 de marzo de 1999—, hasta la fecha de esta sentencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S2000-00324CE(5).JPG
 

 

Donde:

Vp: Valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia

Índice inicial: marzo de 1999.

S2000-00324CE(6).JPG
 

 

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984(53), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 24 de diciembre de 2003, por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Tercera—, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN por los perjuicios ocasionados a la sociedad Colombian Collection Ltda.

2. Condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a título de perjuicios materiales a pagar a la sociedad Colombian Collection Ltda., la suma de nueve millones ochocientos diez mil quinientos ochenta y seis pesos M/cte. ($9.810.586).

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. Expedir copias con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995 y serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

6. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(16) Decreto 597 de 1988.

(17) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(18) Prueba que fue solicitada en la demanda, folio 10 del cuaderno 1, decretada en primera instancia mediante providencia del 28 de septiembre de 2000 y remitida con Oficio 03-064-190-458 de 27 de noviembre de 2001, folio 109 del cuaderno 2.

(19) Prueba decretada a petición de la parte actora, remitida en copia auténtica al tribunal a quo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, visible a folios 109 a 112 del cuaderno 2.

(20) Folios 150 a 152 del cuaderno 2.

(21) Folio 112 del cuaderno 2.

(22) Folio 113 del cuaderno 2.

(23) Folios 116 a 122 del cuaderno 2.

(24) Folios 125 y 126 del cuaderno 2.

(25) Folios 127 y 128 del cuaderno 2.

(26) Folios 129 a 133 del cuaderno 2.

(27) Folios 177 y 178 del cuaderno 2.

(28) Folios 179 a 195 del cuaderno 2.

(29) Folio 196 del cuaderno 2.

(30) Folios 210 a 212 del cuaderno 2.

(31) ART. 72.—Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana.

En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del artículo 3º del citado Decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate.

(32) El artículo 5º del Decreto 1271 de 1999 dispone: Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones: La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición.

....

La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición”.

(33) Folio 191 del cuaderno 2.

(34) Folio 191 del cuaderno 2.

(35) Folio 191 del cuaderno 2.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 1992, Exp. 6221, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de agosto de 1993, Exp. 7881, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(39) Folios 46 y 47 del cuaderno 1.

(40) Cuaderno 5.

(41) Folio 77 del cuaderno 2.

(42) Folio 78 del cuaderno 2.

(43) Folio 79 del cuaderno 2.

(44) Folio 80 del cuaderno 2.

(45) Folios 82 y 83 del cuaderno 2.

(46) ART. 79.—Garantía en reemplazo de la aprehensión. En reemplazo de la mercancía aprehendida, podrán otorgarse garantías equivalentes al valor aduanero de la misma, en los términos y condiciones que para el efecto establezca la Dirección de Aduanas Nacionales.

(47) Folio 85 del cuaderno 2.

(48) Según lo que se dejó plasmado en la póliza de seguros el pago se hizo el 20 de abril de 1998, folio 85 del cuaderno 2.

(49) Folios 88 a 90 del cuaderno 2.

(50) En relación con el tema ver sentencias 25569 del 13 de marzo de 2013 y 24296 del 13 de febrero de 2013.

(51) Código de Procedimiento Civil, ART. 280.—“La fecha de documento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia” (se resalta).

(52) En sentencia del 7 de marzo de 1990, Exp. 5322, dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.

(53) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.