Sentencia 2000-00332 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp. 13001-23-31-000-2000-00332-02(39307)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Daniel Morales del Toro y otros

Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Ref.: acción de reparación directa (consulta de sentencia)

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

1. Competencia.

Como se expuso inicialmente, le corresponde a la Sala decidir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 14 de abril de 2008, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad pública demandada y se la condenó al pago de las cantidades transcritas al inicio de esta sentencia.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(21), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte del señor Eduardo Morales Henríquez, en hechos ocurridos el 24 de septiembre de 1998 y, comoquiera que la demanda se interpuso el 14 de septiembre de 2000(22), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado lo siguiente:

(i) En cuanto hace referencia a las pruebas relacionadas con la legitimidad de los demandantes para incoar las pretensiones de la demanda obra:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Eliana Esther Aycardi Aycardi(23), según la cual habría nacido el 29 de marzo de 1971, siendo hija de Gladys Aycardi y Juan Aycardi.

— A solicitud del a quo, el Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, remitió copia auténtica de la sentencia adiada el 8 de mayo de 2005 donde se declaró que “el menor Eduardo José Morales Aycardy, nacido el día nueve (9) de febrero de 1999, es hijo extramatrimonial del señor Eduardo Morales Hernández (qepd) y la señora Liliana Esther Aycardi Aycardi”, providencia en la cual dispuso comunicarle a la notaría cuarta de Cartagena “para hacer las anotaciones respectivas en el registro civil de nacimiento identificado con el folio 28628691”(24). La citada determinación fue confirmada por la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena(25) en providencia del 23 de mayo de 2005 que desató el grado jurisdiccional de consulta.

La referida decisión se anotó en el registro civil del menor Eduardo José Morales Aycardi(26), por lo que el serial 37386661 reemplazó al 28628691, quedando aquel con validez permanente a efecto de acreditar el parentesco y, por ello, se le concede plena valor en el presente caso.

— Copia auténtica de la partida de bautizo del señor Daniel Morales del Toro(27), según la cual habría nacido el 21 de diciembre de 1935.

(ii) En relación con la muerte del señor Eduardo Morales Hernández, se allegó copia auténtica del registro de defunción fechado el 2 de octubre de 1998 en la notaría sexta del círculo de Cartagena(28).

(iii) El tribunal de instancia recibió las siguientes declaraciones relacionadas con la forma como habrían ocurrido los hechos:

— El señor Alfredo Malo Beltrán(29), quien figura como testigo de los hechos en los cuales perdió la vida Eduardo Morales Hernández, precisó que alrededor de las once y media o doce de la noche del día 24 de septiembre de 1998 varios vecinos tocaron la puerta de su residencia y cuando salió a la calle se percató que un policía se había accidentado en una alcantarilla y

“... fuimos a ayudarlo porque el cayó dentro de uno de los huecos que había allí, cayó de cabeza, cuando lo sacamos lo llevamos entre varios vecinos al Club de Leones, lo dejamos en el Club de Leones y al rato supimos que había muerto. El iba en una moto, la moto quedó enganchada en la primera alcantarilla y el cayó en la segunda. Eso es todo”.

Agregó que en el sitio donde está ubicada la alcantarilla “no había señalización” y, además, que la calle carecía de iluminación, “es decir el poste ese no tenía lámpara”.

— El señor Alfonso Franco Alvarado(30) declaró ser residente del sitio donde ocurrieron los hechos y que ese día se encontraba en su sitio de habitación ubicado a cuatro casas del lugar del deceso, puntualizando que eran las once y media de la noche cuando sintió una “bulla” (sic) y se desplazó

“... al sitio donde estaba el accidente que hubo, cuando llegué vi que estaban sacando al señor estaba metido en la poza, ya el tipo estaba mal, se lo llevó la patrulla, y en el momento habíamos muchas personas comentando lo que sucedió en el accidente”.

Manifestó que el sitio carecía de señalización y adujo que de existir “el tipo no se hubiera matado, porque habían (sic) era dos tapas encima del hoyo, no había señalización”.

(iii) En cuanto hace referencia a la existencia de vínculos afectivos familiares, se recibieron las siguientes declaraciones:

— El señor José Salas Álvarez(31) manifestó conocer al occiso Morales Hernández y a su padre, de quien aseguró tenía dependencia económica de su hijo difunto, conocimiento que dijo poseer porque en reiteradas oportunidades el occiso le entregó dinero o alimentos para que se los entregara al señor Daniel Morales del Toro.

— Declaró el señor Armando Cabrera Altamira(32), compañero de trabajo de la víctima, quien manifestó saber que el difunto convivía con la “señora Liliana” (sic) y que al momento de morir se hallaba embarazada. Así lo expresó:

“... en la casa donde vivía una hermana mía, y que cuando sucedió el caso de la muerte de él, ella estaba embarazada de él, y supe que él se mató en una moto, que se había caído en una alcantarilla”.

Agregó que cuando iba a visitar a su hermana los encontraba como pareja y que la señora Liliana Aycardi dependía económicamente del difunto para todos sus gastos, tales como el pago del alquiler de su sitio de residencia y la alimentación.

— Declaró la señora María del Socorro Ballestero Berrio(33), quien expuso conocer a la “señora Liliana” ya que había vivido con ella cuando le trabajó como “empleada del servicio” en el sitio de habitación que ocupaba con el occiso, y que por esa razón sabe y le consta que de esa unión nació un niño, y que la señora Liliana dependía económicamente de su compañero permanente ahora muerto.

— Por su parte el señor Guillermo Castillo Cárdenas(34), puntualizó que conoció al difunto por un lapso de veinte años, y que por ello le consta que tenía vínculos de unión muy fuertes con su papá y que el occiso le dejaba encargos económicos para que se los entregara, lo cual, a su juicio, lo tornaba dependiente económicamente de la asistencia que le prestaba, pues el señor Daniel Morales no tenía ingresos alguno por él conocido.

(iv) También obran otros medios de prueba entre los que se encuentran:

— Inspección judicial llevada a cabo el 23 de julio de 2002(35) en el sitio conocido como “Calle Nueva del barrio El Espinal” y, en el curso de tal diligencia se registró lo siguiente:

“... la calle está pavimentada y tiene más o menos cinco (5) metros de ancho, se encontraron en medio de la calle 4 tapas de hierro y cada una de ellas tiene una leyenda que dice Acueducto, Roberto de Lima V. B/quilla. Entre la primera y la cuarta tapa hay cuatro metros aproximadamente y entre cada una de ellas hay entre un metro y medio y dos metros”.

— Copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver del señor Eduardo Morales Hernández(36), donde se reporta como posible causa accidental de la muerte la “sumersión” en agua y se reportan las siguientes heridas:

“Herida abierta en región montoniana de 2.5 cm de longitud, en la mano derecha, ob el dedo Nº 3 y 4 presenta escoriación en primera y segunda falange; en dorso de mano izquierda presenta escoriación en dedo Nº 3, 4, y 5 en primera y segunda falange respectivamente. Labio inferior de cara interna presenta herida abierta de [la copia se encuentra incompleta] de longitud. Presenta signosis de arrastramiento en región frontal y dorso de la nariz”.

— Copia auténtica de la hoja de servicios correspondiente al agente Eduardo Morales Hernández de la cual se obtienen los siguientes datos: (i) Fecha de ingreso a la institución: 27 de junio de 1980; (ii) Fecha de retiro: 25 de septiembre de 1998; (iii) Salario devengado al momento de su retiro: $ 771.234,71; (iv) Tiempo total de servicio a la institución: 18 años, 6 meses y 1 día(37).

4. La imputabilidad del daño a la demandada.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(38), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia.

De cara a lo anterior, con fundamento en lo probado en el proceso, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de falla del servicio, comoquiera que la muerte del señor Eduardo Morales Hernández se produjo como consecuencia de haber caído, cuando conducía la moto de su propiedad, en una alcantarilla y sufrió un ahogamiento por sumersión.

Un primer punto sobre el cual la Sala considera oportuno realizar una precisión de orden probatorio, tiene que ver con la legitimación por activa del señor Daniel Morales del Toro, padre de la víctima, quien para concurrir al plenario aportó copia auténtica de la partida de bautismo fechada a 21 de febrero de 1937 donde se registró que el citado demandante nació el 21 de diciembre de 1935, siendo por tanto indispensable analizar su validez, bajo el entendido que a partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1970 el estado civil y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado.

Como consecuencia de esto, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil solo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones).

Para entender correctamente esta primera orientación del nuevo sistema, conviene tener en cuenta que las antiguas pruebas supletorias de la Ley 92 de 1938 conservan todo su valor. En tal caso el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado(39), por ello respecto a las partidas eclesiásticas levantadas en forma directa por el cura párroco, una vez celebrado el bautismo, la copia de tales actas tiene valor ante los funcionarios del registro civil para levantar el acta civil, pero las personas nacidas con anterioridad a la Ley 92 de 1938, no están obligadas a registrar la partida de bautismo, pues este solo documento constituye plena prueba de su estado civil, razón por la cual en el presente caso Daniel Morales del Toro debe ser considerado como padre del occiso ya que demostró en debida forma tal calidad conforme a las disposiciones jurídicas que para tal momento regulaban la materia.

Ahora bien descendiendo a las situaciones fácticas y jurídicas que caracterizan el presente caso, se encuentra acreditado, de conformidad con el dictamen médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que el señor Eduardo Morales Hernández murió como consecuencia de la “sumersión” en agua que sufrió una vez cayó en la alcantarilla ubicada en la “vía pública calle El Espinal”(40), luego esto significa que, frente a tal evidencia, resulta forzoso aceptar la existencia del daño, no obstante lo cual dicho criterio no es suficiente para declarar la responsabilidad de la administración ya que se torna necesario analizar si el mismo le resulta imputable.

En efecto, en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los que perdió la vida el señor Eduardo Morales Hernández, los declarantes Alfredo Malo Beltrán y Alfonso Franco Alvarado, son coincidentes en sostener que el occiso cayó en una alcantarilla que se encontraba destapada en la vía pública ubicada en la denominada calle “El Espinal” y que, producto de ello, perdió la vida. Igualmente afirman los testigos que el sitio carecía de señalización.

Se reitera que para la Sala las referidas declaraciones merecen toda credibilidad, como que no fueron desvirtuadas por la parte demandada y no se hallan en contradicción o divergencia con otros elementos de prueba, por el contrario, su contenido se refuerza al cotejarse con lo anotado en el acta de levantamiento del cadáver donde se da cuenta que el siniestro ocurrió en la vía pública y conforme a las declaraciones recogidas en aquella oportunidad, en concreto con la información suministrada por la señora Martha Cecilia Monterosa de Morales, quien dejó registrado que el occiso iba en una moto hacía su sitio de trabajo,

“... a coger turno eran como las 11:50 de la noche del día de ayer [24 de septiembre de 1998] y no vio el hueco (...) y como iba desplazándose por la Calle Nueva del Espinal, en esa calle se encontraba o se encuentra unos registros de alcantarillado en construcción sin ningún aviso de señalización de los trabajos que se están realizando y se fue, o mejor y la moto en que él iba movilizando se fue a uno de los registros y el salió expulsado con el impacto y cayó en otro de los registros el cual se encontraba lleno de agua y debido a esto y a la profundidad del registro, al parecer murió ahogado en ese registro o asfixiado a consecuencia de los golpes recibidos o del agua que tragó”(41).

Al respecto, se concluye que los testigos anotados, si bien no presenciaron el momento en que la víctima sufrió el accidente, no puede dejarse de ver que dan cuenta de haberse enterado de lo ocurrido porque residían en el mismo barrio donde se encuentra ubicada la alcantarilla y porque, una vez ocurrido el suceso, se desplazaron personalmente al sitio de los hechos, por lo que no puede perderse de vista que los declarantes coinciden en aspectos tales como el lugar donde se encontraba ubicado el hueco, la hora aproximada del accidente, que como consecuencia de la caída ocurrió la muerte del señor Morales Hernández, amén de la ausencia de señales y medidas de precaución en el lugar de los hechos, entre otros temas, a lo cual se suma lo anotado en el acta de levantamiento del cadáver, todo lo cual permite a la Sala otorgarle pleno valor a lo dicho por los mencionados testigos.

Teniendo claro lo anterior, queda por establecer si tal hecho resulta imputable a la entidad demandada, la cual, a juicio de la parte actora, habría omitido tales medidas de seguridad y, por consiguiente, estaría obligada a resarcir los daños y perjuicios causados.

Como primer punto, la Sala encuentra ajustados a derecho los razonamientos expuestos por el a quo en lo que tiene que ver con la responsabilidad del distrito demandado frente a la titularidad de las obras relacionadas con el mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad, pues, conforme reza el artículo 311 de la Constitución Política, al municipio “como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley”(se resalta) y el artículo 365 superior prescribe que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y que es su deber “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, postulados todos ellos que fueron desarrollados por la Ley 142 de 1994 que establece en relación con los municipios:

“ART. 5º—Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

Del conjunto de normas trascritas se infiere que corresponde al distrito la prestación eficiente del servicio de acueducto y alcantarillado y, además, para el presente caso, pese a haberse suscrito el 21 de junio de 1995(42) el “Contrato para la gestión integral de los servicios de acueducto y alcantarillado” entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Sociedad Aguas de Cartagena S.A. ESP, ello no exime a la entidad territorial demandada de responsabilidad, toda vez que el artículo 20 del citado contrato establece:

“Cláusula 20.—Diseño y ejecución de obras de inversión. El distrito asume el deber de planear y construir todas las obras que sean necesarias para la expansión y mejoría del servicio de acueducto y alcantarillado, sin que Acuacar tenga responsabilidad alguna de ello. Forman parte de estas obras el actual plan de acueducto y alcantarillado, y cuya documentación se incluye en los anexos V y VI (se resalta).

No obstante, Acuacar deberá proponer al distrito la ejecución de estudios, diseños y construcción de las obras que resulten necesarias para garantizar la permanencia de los servicios en el ámbito distrital, pudiendo ser ejecutados tales trabajos por Acuacar cuanto el distrito así lo determine”(43).

De la cláusula transcrita se desprende con total claridad que la responsabilidad, tanto por la planeación y la ejecución de obras, compromete única y exclusivamente la del distrito demandado y no a Acuacar y es por ello que dicha entidad territorial debe responder por los daños antijurídicos que en el desarrollo de obras se causen a los administrados, tal como ocurrió en el sub lite, pues está visto que se permitió se adelantara una obra pública en una vía de la ciudad, sin utilizar señalización alguna, y que en el marco de esa circunstancia se produjo el fatal accidente que produjo la muerte del señor Eduardo Morales Hernández.

De otra parte, además que el distrito demandado presentó extemporáneamente la contestación de la demanda, ha de resaltarse que tampoco probó, ni siquiera alegó, la existencia de alguna circunstancia extraña que lo eximiera de responsabilidad, por lo que resulta ineludible concluir que los perjuicios sufridos por los demandantes han sido ocasionados por el actuar negligente de la administración distrital en el desarrollo de una obra pública, pues existe una relación de causalidad entre el daño y la omisión de la administración.

Se impone concluir, como consecuencia de todo lo anterior, que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del demandado por los daños sufridos por los actores como consecuencia de la muerte del señor Eduardo Morales Hernández, bajo el título jurídico de imputación de la falla del servicio, sin que la entidad demandada hubiere acreditado la existencia de una causa extraña que pudiere eximirla de responsabilidad por ese hecho, razones que sirven de apoyo para confirmar la sentencia consultada.

5. La indemnización de perjuicios.

En este punto, la Sala debe precisar que en razón a que el grado jurisdiccional de consulta se surte en favor de la entidad pública condenada, no hay lugar a incrementar las indemnizaciones otorgadas por el a quo, razón por la cual no tiene cabida lo alegado por la parte actora en el trámite de la segunda instancia respecto de la negativa al reconocimiento indemnizatorio a los “hermanos medios” del difunto Morales Hernández, toda vez dicho reproche debió plantearlo con el recurso de apelación que interpuso oportunamente y del cual desistió con posterioridad, lo cual torna extemporáneo de su parte cualquier debate en contra de la sentencia de primer grado.

5.1. Perjuicios morales reconocidos a los demandantes.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por la muerte del señor Eduardo Morales Hernández, en las circunstancias descritas en la parte considerativa de este proveído, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que obra dentro del expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento del difunto Morales Hernández, en donde consta que Daniel Morales del Toro es su padre(44). Así mismo, aparece el registro civil de nacimiento de Eduardo José Morales Aycardi(45), donde se acredita que ostenta la condición de hijo del occiso y de la señora Liliana Esther Aycardi Aycardi(46), de quien se comprobó que para la fecha de la muerte del Morales Hernández era su compañera permanente, por lo que de estos dos actores se probó, en debida forma, la legitimidad para incoar la demanda, pues, se reitera, frente al citado menor el a quo le concedió pleno valor probatorio a las sentencias judiciales dictadas dentro del proceso de filiación natural donde se acreditó el parentesco con el señor Morales Hernández y los testimonios recibidos al interior del plenario son convergentes en sostener que la señora Liliana Aycardi Aycardi era la compañera permanente del occiso cuando ocurrió el fatal suceso de su muerte, por lo que no se puede cuestionar su titularidad para incoar los reclamos elevados en la presente causa.

Con los documentos señalados se prueba debidamente el vínculo familiar entre los demandantes y la víctima, parentesco que, unido a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquellos sufrieron con la muerte de aquel.

La jurisprudencia frente a la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, ha considerado que, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección(47), en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Así las cosas, demostrada como está la condición de víctima del señor Eduardo Morales Hernández y el vínculo de parentesco que lo une con los demandantes, habrá lugar a confirmar la decisión adoptada en la sentencia consultada respecto del reconocimiento, a título de daño moral y vida de relación, en los montos establecidos para cada uno de los actores, por encontrar que dichas cuantías respetan los lineamientos legales y jurisprudenciales establecidos por la Sala para casos análogos al aquí decidido.

5.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro.

Teniendo en cuenta que en el proceso se demostró debidamente que el señor Eduardo Morales Hernández devengaba al momento de los hechos una suma mensual de $ 771.234,71, tal como lo certificó la Policía Nacional(48), encuentra la Sala que la liquidación realizada por el a quo se ajusta a los criterios fijados en la jurisprudencia de esta corporación en relación con el lucro cesante reconocido a favor de la compañera permanente y el hijo del fallecido.

De otra parte, si bien la Sala encuentra conforme a derecho este aspecto de la sentencia de primera instancia, habrá de modificarlo a efecto de reliquidar los perjuicios materiales reconocidos en dicho fallo, en cuanto se refiere a la actualización monetaria a valor presente, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes(49), sin que esto suponga, en modo alguno, desconocer que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación para actualizar la renta.

Así pues, comoquiera que el a quo ordenó en el fallo de primera instancia el pago de indemnizaciones por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pasado y futuro, para la compañera permanente e hijo de la víctima, la Sala actualizará dichos montos hasta la actualidad.

Para tal efecto la fórmula aplicable es la siguiente:

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En donde:

Ra: renta actualizada a establecer;

Rh: renta histórica que se va a actualizar;

Ipc (f): es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el correspondiente a la fecha en que se realiza la actualización (113.48);

Ipc (i): es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el que correspondió a la fecha de la sentencia de primera instancia, desde la cual se va a realizar la actualización (abr. 14/2008, 96,72).

— Actualización de la indemnización reconocida por el a quo a favor de Liliana Esther Aycardi Aycardi.

 

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— Actualización de la indemnización reconocida por el a quo a favor de Eduardo José Morales Aycardi.

 

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6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia consultada, esto es, la proferida el 14 de abril de 2008, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual en su parte resolutiva quedará así:

“1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Distrito de Cartagena de Indias por concepto de daños patrimoniales, morales y a la vida en relación causado a la parte demandante, con ocasión de la muerte del señor Eduardo Morales Hernández.

2. Como consecuencia de lo anterior, condenase al Distrito de Cartagena de Indias al pago de las siguientes sumas de dinero, concepto de daños morales:

— Perjuicio moral para el padre (Daniel Morales del Toro) de la víctima la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— Perjuicio moral para la compañera permanente (Liliana Esther Aycardi Aycardi) de la víctima la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes.

— Perjuicios morales al hijo (Eduardo José Morales Aycardi) de la víctima la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. Condénase al Distrito de Cartagena de Indias a pagar a Liliana Esther Aycardi Aycardi, la suma de doscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa mil ciento sesenta y siete pesos ($ 245.490.167) por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

4. Condénase al Distrito de Cartagena de Indias a pagar al hijo Eduardo José Morales Aycardi la suma de doscientos once millones ochocientos treinta y seis mil doscientos setenta y siete pesos ($ 211.836.277).

5. Condénase al Distrito de Cartagena a pagar por concepto de daño a la vida en relación las siguientes sumas:

— A la compañera permanente Liliana Esther Aycardi Aycardi, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

— Al hijo Eduardo José Morales Aycardi, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

6. Esta sentencia se cumplirá conforme a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Ejecutoriada esta providencia expídase por secretaria la primera copia con constancia que presta mérito ejecutivo.

8. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda”.

2. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(21) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(22) Folio 33.

(23) Folio 14.

(24) Folio 160.

(25) Folio 161.

(26) Folio 193.

(27) Folio 28.

(28) Folio 25.

(29) Folio 125.

(30) Folio 127.

(31) Folio 132.

(32) Folio 146.

(33) Folio 147.

(34) Folio 148.

(35) Folio 133.

(36) Folio 139.

(37) Folio 171.

(38) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(39) Corte Constitucional, Sentencia T-584/92.

(40) Folio 139.

(41) Folio 139, vto.

(42) Folio 53.

(43) Folio 71.

(44) Folio 17.

(45) Folio 193.

(46) Folio 14.

(47) Sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(48) Folios 171.

(49) Para la actualización de la condena se tendrá en cuenta el IPC certificado por el DANE, generado con la metodología base 2.008, por ser la aplicable a la fecha y contener el ajuste de los índices hacia el pasado, cobijando la época en que se impuso la condena de primera instancia, criterio expuesto por la Subsección, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia del 7 de julio de 2011, Exp. 20724; sentencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 23361; sentencia del 3 de abril de 2013, Exp. 25671; sentencia del 17 de abril de 2013, Exp. 36566; sentencia del 27 de junio de 2013, Exp. 24.559.