Sentencia 2000-00351 de febrero 18 de 2010  

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Exp. 05001-23-31-000-2000-00351-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Alpopular Almacen General de Depósitos S.A.

Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS:«VII.Consideraciones de la Sala

El problema jurídico por resolver se centra en dilucidar si la sanción impuesta por la DIAN a Alpopular S.A., por incurrir en una infracción al régimen de aduanas de conformidad con lo establecido en el literal c) de la cláusula tercera del convenio suscrito entre la DIAN y el depósito sancionado, por el envío extemporáneo de la declaración de importación 02180040508407 de 26 de enero de 1996, se ajustó o no a las normas legales.

Para resolver se considera necesario precisar en primer lugar, cuál es la naturaleza y el marco legal de los depósitos aduaneros:

Los depósitos son recintos o lugares dentro del territorio aduanero nacional  habilitado o autorizado para el almacenamiento, manejo y custodia de mercancías extranjeras que llegan al país para ser sometidas a régimen aduanero.

El artículo 102 del Decreto 1909 de 1992 establece que la DIAN puede habilitar depósito para el almacenamiento de mercancías:

“ART. 102.—Habilitación de depósitos. La Dirección de Aduanas Nacionales podrá habilitar depósitos para el almacenamiento de mercancías por tiempo indefinido o por un tiempo determinado para las mercancías señaladas en la habilitación transitoria, cuando las circunstancias así lo requieran por razones de almacenamiento, de la naturaleza de la mercancía o de la operación económica.

La habilitación conferida a un puerto de servicio público o privado, para efectuar operaciones de arribo, cargue, descargue y manejo de mercancías de procedencia extranjera, comprenderá su habilitación como depósito para el almacenamiento de tales mercancías.

La habilitación de depósitos se sujetará al cumplimiento de los requisitos y garantías exigidos por la Dirección de Aduanas Nacionales”.

Según los artículos 103 y 104 ibidem, los depósitos son de dos clases a saber: (i) los habilitados que a su vez pueden ser públicos (habilitados para almacenar mercancías de cualquier importador) o privados (habilitados para almacenar exclusivamente mercancías de quien se indique en la habilitación) y (ii) los autorizados (para realizar actuaciones tales como recibo de las declaraciones presentadas en las entidades financieras, trascripción de las mismas, verificación de determinados documentos, del peso y número de bultos, así como la entrega de las mercancías).

A su vez, el artículo 105 ibidem establece los criterios que deben cumplir los depósitos para su habilitación y autorización:

“ART. 105.—Criterios para habilitación y autorización. La Dirección de Aduanas Nacionales, en desarrollo de su política de almacenamiento y tecnificación, podrá habilitar o autorizar depósitos para el almacenamiento de mercancías o para actuar en el proceso de importación.

Para tal efecto se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios: la infraestructura técnica y administrativa de la aduana y de la empresa, sus antecedentes en operaciones aduaneras, cambiarias, de comercio exterior y de almacenamiento, así como su patrimonio y respaldo financiero, su especialización en operaciones de almacenamiento y su volumen de participación en el comercio exterior cuando se trate de depósitos privados.

Dicha habilitación o autorización se sujetará a los requisitos específicos que con carácter general la Dirección de Aduanas señale.

Cuando las circunstancias técnicas así lo permitan sólo se mantendrán habilitados los depósitos que tengan autorización para efectuar trámites de importación”.

De igual manera, el Decreto 1909 de 1992 estableció en los artículos 106 y 107, las obligaciones y responsabilidades de los depósitos aduaneros a saber:

“ART. 106.—Obligaciones de los depósitos. Las personas a quienes se les habilitó o autorizó el depósito tendrán las siguientes obligaciones:

a) Recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les sean entregadas por el transportador;

b) Observar las medidas que la Dirección de Aduanas Nacionales señale para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras;

c) Facilitar las labores de control que determine la Dirección de Aduanas Nacionales;

d) Reportar las irregularidades que se presenten y suministrar la información que la Dirección de Aduanas Nacionales solicite;

e) Entregar, según el caso, la mercancía al declarante únicamente cuando se haya autorizado su levante por la Dirección de Aduanas Nacionales;

f) Poner a disposición o entregar a la Dirección de Aduanas Nacionales la mercancía que esta ordene; y,

g) Constituir las garantías que la Dirección de Aduanas Nacionales determine”.

“ART. 107.—Responsabilidad de los depósitos. Sin perjuicio de la responsabilidad frente a terceros de conformidad con las normas del Código de Comercio y el Código Civil, los depósitos serán responsables ante la Nación por las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas aduaneras”.

De tal manera, que los depósitos aduaneros son responsables por el incumplimiento de las obligaciones y las normas aduaneras, lo cual los hace acreedores a las sanciones previstas en la ley.

De conformidad con el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, al Presidente de la República le corresponde dictar los reglamentos en materia aduanera, con sujeción a la ley marco, dentro de los cuales se incluyen tanto los aspectos sustanciales, como los procesales del régimen aduanero. Al respecto la Sala en sentencia de 15 de junio de 2000(4) sostuvo:

“Así las cosas, cabe reiterar que donde la Constitución defiera a la ley determinada regulación, ha de entenderse que tratándose de asuntos propios del régimen aduanero y de comercio exterior y cuyas normas sean de aplicación o ejecución directa por parte de la administración, tal regulación compete al Gobierno, mediante reglamentos, de modo que si el punto es la regulación de la tarifa de que se habla, o de los hechos y conductas que en el giro de las importaciones deban ser sancionadas administrativamente, incluyendo las correspondientes sanciones, todo lo cual involucra aspectos sustanciales y procesales del régimen aduanero, ello solo procede por vía de los comentados reglamentados …”(5) (negrilla fuera de texto).

Para la Sala la sanción de un salario mínimo mensual impuesta a la actora en los actos acusados devino del convenio suscrito con la DIAN, en el cual se describen unas sanciones a imponer a los depósitos aduaneros, respecto de las cuales no se menciona su origen legal o reglamentario, como se desprende de la cláusula tercera, literal c) del Convenio 1318993 (fl. 3, cdno. 2) que dispone:

“Cláusula tercera. incumplimiento. El incumplimiento de este convenio por parte de los depósitos autorizados, dará lugar a las siguientes multas y sanciones, las cuales se aplicarán por la DIAN mediante Resolución motivada:

(...).

c) Cuando se incumpla con los términos fijados en este convenio para el envío de las declaraciones de Aduanas, los paquetes y planillas, una multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual por día de retardo.

(...)”.

Es claro que la subdirección de fiscalización de la DIAN se atribuyó funciones que no le corresponden puesto que las sanciones tienen que estar previstas en la ley. Los apartes acusados del convenio fueron adoptados entonces sin competencia suya, contraviniendo las disposiciones superiores invocadas, en especial, el artículo 189, numeral 25, de la Constitución Política.

En razón de lo anterior, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 16 de julio de 2004 del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada el 18 de febrero de 2010».

(4) Expediente: 5947. Actor: Camilo Cortés Duarte. M.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de agosto de 1996, expediente 3481, actor Cuillermo Vargas Ayala, magistrado ponente Juan Alberto Polo Figueroa.