Sentencia 2000-00368 de abril 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 0500131030112000-00368-01

SC4809-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil catorce.

Aprobada en sala de veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013).

EXTRACTOS: «III. Las demandas de casación

Dos escritos de sustentación se presentaron, con cinco cargos cada uno de ellos, a saber:

a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX propone dos ataques por la vía directa y los tres restantes por la indirecta, acusando una indebida interpretación del libelo, así como yerros de derecho y de facto en la valoración de las pruebas.

b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX invocan la nulidad del fallo por falta de jurisdicción, la incongruencia de la decisión, dos deficiencias por senda recta y el último por errores probatorios de hecho y de derecho.

Se despacharán en primer lugar las censuras de los opositores que acusan defectos in procedendo, en el orden propuesto, esto es, primero el de nulidad y luego el de incongruencia.

Los cuatro ataques por violación frontal de normas sustanciales, dos por cada parte impugnante, se conjuntarán por estar relacionados, en cuanto se refieren a la legitimación en la causa por activa para promover la acción.

Los restantes, apoyados en la vía indirecta, serán abordados en la forma como lo plantean los recurrentes, empezando por el segundo de la accionante y uniendo para su estudio el cuarto y el quinto de esta misma, para concluir con el último de los contradictores.

Escrito de los demandados

Primer cargo

Enuncia la causal quinta al estar la sentencia “afectada por las causales de nulidad procesal que establece el artículo 140 ordinales 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil”, por cuanto el juzgador en las declaraciones y condenas 4 y 5 de la parte resolutiva, “adoptó decisiones de fondo para las cuales no tenía competencia, por corresponder a distinta jurisdicción”.

Lo hace consistir en que:

1. La demandante acumuló a todas las pretensiones, con base en el artículo 1824 del Código Civil, la condena a “perder toda porción de los bienes que ingresaren de nuevo a la sociedad conyugal y a pagar el doble de su valor”.

2. El Tribunal declara el ocultamiento de activos “a la sociedad conyugal que había formado [XXXXXXXXXXXX XXXXX] con la actora” y ordena la restitución de las sumas de dinero invertidas en los mismos, debidamente actualizadas; así como “a la XXXXXXXXXXXXXXXXX (sic) Ltda., a restituir los inmuebles a XXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia”.

3. El sentenciador carecía de competencia, por falta de jurisdicción, de conformidad con los artículos 1º, 3º y 5º del Decreto 2272 de 1989, “para dictar las resoluciones señaladas, por cuanto ella radicaba en la jurisdicción de familia (jueces de familia y sala de decisión de familia), dado que se trataba de resolver, en cuanto a esta parte se refiere, un asunto contencioso atinente al ‘régimen económico del matrimonio’ celebrado entre XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX XXXXX”.

4. El artículo 1824 del Código Civil tutela “el régimen económico del matrimonio, en cuanto la norma en sí misma se instituye como una salvaguarda del régimen de sociedad conyugal”, que debió ser sometida al estudio de un juez de familia en primera instancia y en segunda a la Sala de Familia del Tribunal de Medellín, por lo que “mal podían ser acumuladas a las pretensiones inicialmente propuestas, porque no se cumplía con uno de los requisitos que para tal efecto consagra el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil”, al no poder el a quo pronunciarse sobre todas.

5. Esa indebida acumulación de pretensiones imponía “la nulidad del proceso (...) que ahora se reclama de conformidad con el artículo 368 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se trata de una causal insaneable, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 144 inciso final del mismo código de procedimiento, pues se refiere a una nulidad proveniente de la falta de jurisdicción, que por contera involucra un problema de competencia funcional (art. 140, nums. 1º y 2º)”.

6. La posición de la Sala Civil de la Corte sobre el particular quedó consignada en sentencia de 10 de agosto de 2010, “donde con claridad se expone la doctrina de la corporación concerniente al ocultamiento o disposición fraudulenta de bienes sociales”.

7. El interés para alegar la afectación “surge no solo del orden público comprometido con las causales de nulidad insaneables”, sino que en el numeral quinto de la parte decisoria se ordenó la restitución de los predios por la sociedad a XXXXX XXXXXXX.

Consideraciones

1. La promotora solicitó la declaratoria de mandato oculto en la constitución y reforma de varias sociedades, en las que aparecen con participación los demandados, por cuanto el único aportante es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con el propósito de que los activos vinculados a las mismas ingresen a la sociedad conyugal que conformó con este. Adicionalmente, pidió aplicar las consecuencias adversas que se derivan del ocultamiento de bienes, según el artículo 1824 del Código Civil.

2. El ad quem revocó el fallo desestimatorio de primer grado, en lo que se refiere a XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, al declarar que los aportantes y la sociedad actuaron como mandatarios ocultos de XXXXXXXXXXXXXX XXXX, con el fin de adquirir cuatro inmuebles. Así mismo tuvo como ocultos tales bienes a la sociedad conyugal liquidada, del mandante con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que ordenó la entrega a esta de dichos lotes, no reconoció derechos al exesposo sobre ellos y lo condenó a responder, en adición, por su valor actualizado.

3. Los recurrentes señalan que está viciado de nulidad el trámite, por cuanto la Sala Civil del Tribunal carecía de competencia para definir los reclamos derivados del artículo 1824 del Código Civil, correspondiente a la ocultación o distracción de bienes sociales, por ser un aspecto que correspondía a los jueces de familia.

4. La ley procesal habilita en el numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, como motivo de censura por esta vía extraordinaria, la incursión en una de las causales de nulidad a que se refiere el artículo 140 ibídem, siempre y cuando quien la alegue cuente con legitimación y el vicio aducido no haya sido saneado.

Su formulación está condicionada por los principios de taxatividad, convalidación y trascendencia, en la medida que no cualquier irregularidad es susceptible de alterar la actuación. Solo aquella anormalidad que genera un grave traumatismo para el pleito, por su relevancia, expresa consagración legal y falta de regularización, justifica que se reconsidere lo que ya se encuentra finiquitado.

La Sala, en sentencia de 5 de diciembre de 2008, Expediente 1999-02197-01, reiterada el 20 de agosto de 2013, Expediente 2003-0071601, recordó que “la procedencia de la causal 5ª de casación, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, supone las siguientes condiciones: ‘a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que además de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades estén contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido artículo 140; y por último, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de la persona legitimada para hacerlas valer’ (sent., abr. 22/93, n.p. que sintetizó lo dicho en las publicadas en G.J. Tomos XLI bis pág. 132, CXXXVI, pág. 143 y CLII, pág. 219)”.

5. Se destaca que, conforme al inciso final del artículo 144 ídem, son insaneables la falta de jurisdicción o de competencia, pero en este último caso únicamente cuando se trata de la funcional.

Consiste la jurisdicción en la potestad de administrar justicia, de ahí que puede afirmarse que todos los jueces la tienen; no obstante, para su ejercicio racional, la Constitución Política en sus artículos 234 a 248 la divide en ordinaria, donde se adelantan los procesos de índole civil, comercial, penal, laboral, agraria y de familia; la contencioso administrativa; la constitucional; y las especiales, que se refieren a las autoridades de los pueblos indígenas y los jueces de paz. Esta estructuración justifica que la intromisión de una en cualquiera de las otras hubiese sido elevada a la categoría de nulidad.

Así lo precisó esta corporación, en fallo de 4 de abril de 2001, Expediente 5667, al sostener que “para efectos del racional ejercicio de la administración de justicia, ella, la jurisdicción, se reparte entre diversas ‘jurisdicciones’. Planteamiento que la Corte presenta de esta manera para denotar, de entrada, que el término ‘jurisdicción’ es empleado acá en dos sentidos ya que comprende no solo la función de impartir justicia mediante la aplicación del derecho a un caso concreto (decir el derecho), lo que implica que la jurisdicción sea, en este sentido, una, sino también en ese otro sentido a que atiende la causal 1ª de nulidad, y por el que suele decirse, por ejemplo, que la jurisdicción que más materias abarca es la común u ordinaria, que se ocupa de las controversias civiles, comerciales, familiares, laborales, penales y agrarias, al paso que las demás (contencioso administrativa, constitucional, indígena, etc.) forman cada una compartimientos estancos y distintos entre sí. Esta clasificación de jurisdicción ordinaria o común y demás jurisdicciones (que antes solían denominarse jurisdicciones especiales) es además la que adoptó la Constitución Política dado que en su artículo 234 (capítulo 2 del título VIII), establece que es la Corte Suprema de Justicia ‘el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’ al paso que en capítulos subsiguientes de ese título, consagra otras jurisdicciones como la contencioso administrativa, la constitucional y otras más, distintas de las anteriores, que cobija bajo el epígrafe de ‘especiales’ (sent., Cas. Civ., abr. 4/2001, Exp. 5667)”.

Quiere decir que si por alguna razón un funcionario de naturaleza civil, al desatar un asunto de su incumbencia se inmiscuye en aspectos propios del derecho de familia, de ninguna manera se podría hablar de ausencia de jurisdicción, por cuanto ambas materias forman parte de una misma rama, como es la ordinaria. En este caso se daría una falta de competencia, que de ser ajena a la funcional, es susceptible de ser regularizada por la inactividad de las partes.

Sobre esta última, en sentencia de 26 de julio de 2013, Expediente 2004-00263, recordó la Sala que “en punto del tema referido a la ‘competencia’, ha precisado: ‘La necesidad de repartir la labor judicial -bien por razones de interés público o privado, por economía funcional, por presunciones de mayor o menor idoneidad profesional de los dispensadores de justicia, por facilidad probatoria, etc. —determina la competencia, que viene a constituir la aptitud que la ley reconoce en un juez o tribunal para ejercer la jurisdicción con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante determinada etapa del proceso—. De ahí que se diga que la competencia es la ‘medida’ de la jurisdicción (...) Es sabido que la competencia se clasifica sobre la base de cinco factores fundamentales: el objetivo, el subjetivo, el territorial, el funcional y el de conexión. En virtud del factor funcional en estricto sentido, que es el que aquí interesa, el legislador toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habrá jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe además que el Código de Procedimiento Civil Colombiano aplica el factor funcional según la clase de función que el juez desempeña en un proceso, distinta del grado, y así por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casación o de revisión’ (fallo de jun. 26/2003, Exp. 7050)”.

6. Inciden en la decisión que se está tomando los siguientes hechos:

a) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXX XXXXXXXXXXXXXX contrajeron matrimonio el 20 de septiembre de 1986 (fl. 1, cdno. 1).

b) Que por medio de la escritura pública 7026 de 17 de noviembre de 1994, de la Notaría Quince de Medellín, los esposos disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal (fls. 2 al 6, cdno. 1).

c) Que el 17 de agosto de 2000, XXXXXXXX XXXXXXXX, demandó a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, con el propósito de declarar que XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX actuaron como mandatarios de XXXXXXXXXXX al constituir la sociedad, la que a su vez hizo lo propio en la adquisición de cuatro inmuebles, los cuales debían ser restituidos a la sociedad conyugal que tuvo la accionante con el verdadero propietario. Lo que acumuló a solicitudes similares respecto de otras personas jurídicas (fls. 31 al 57, cdno. 1).

d) Que el a quo la admitió el 4 de octubre de 2000 (fls. 60 y 61, cdno. 1).

e) Que una vez notificados los contradictores, la promotora reformó el libelo para incluir como pretensión “que se condene a (...) XXXXXXXXXXXXX a perder toda porción de los bienes que entren de nuevo a la sociedad conyugal y se le condene, igualmente, a pagar el doble de su valor” (fl. 207, cdno. 1).

f) Que únicamente se formuló como excepción previa la de “pleitos pendientes”, guardando silencio los opositores sobre una posible “falta de competencia” o “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones” (fls. 8 al 14, cdno. 7).

g) Que el fallador de primer grado negó todos los pedimentos de la gestora (fls. 594 a 611, cdno. 1).

h) Que el ad quem revocó esa resolución en lo relacionado con los aportes a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX y la compra de los inmuebles que ingresaron al patrimonio de esta, por cuanto en realidad le pertenecían a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Consecuentemente, accedió a las sanciones por el ocultamiento de bienes a la sociedad conyugal (fls. 20 al 44, cdno. 10).

7. No prospera el ataque propuesto por los motivos que a continuación se exponen:

a) Ningún interés asiste a los recurrentes en su formulación, toda vez que si la inconformidad reside en la condena contra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a “perder toda porción de los bienes que ingresaren de nuevo a la sociedad conyugal y a pagar el doble de su valor”, era este el único legitimado para invocarlo.

Independientemente del nexo litisconsorcial que pudieran tener todos los demandados respecto de los reclamos que se referían al mandato oculto en el acto de constitución de la sociedad e incluso de la compra de los predios por esta, lo cierto es que las solicitudes complementarias y penalidades vinculadas a la sociedad conyugal, únicamente tenían efectos respecto de quienes estuvieron unidos en matrimonio.

Como el directamente lesionado es precisamente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien no solo ve reducido su patrimonio por la pérdida de derechos sobre los activos referidos, sino que se ve obligado a responder por unas sumas adicionales, es claro que al guardar silencio, aceptó tácitamente las decisiones del sentenciador.

Ninguna relevancia tiene para esta censura, que se ordenara la entrega a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de las propiedades que estaban a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, por cuanto tal instrucción deviene de la prosperidad de las expectativas principales, sobre las cuales no existe reparo, y ella solo entra a ocupar el puesto del receptor por nexos alternos sin incidencia de los impugnantes.

b) De todas maneras, si algún provecho obtuvieran los opugnantes por este camino, lo cierto es que la irregularidad planteada estaría subsanada, en vista de su quietud desde los albores del litigio, lo que les imposibilitaba alegarla.

Lo anterior si se tiene en cuenta que, como lo preceptúa el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, “no podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido la oportunidad para hacerlo”.

El pronunciamiento que hizo el Tribunal en respuesta a la pretensión generalizada del escrito de reforma al libelo, relacionada con los efectos negativos del ocultamiento para XXX XXXXXXXXXXX, fue en cumplimiento del deber establecido en el artículo 357 ibídem, según el cual “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

De tal manera que, superado el tamiz de la admisión del escrito introductor y su reforma, si el fallo de primer grado fue completamente adverso a la gestora, era menester del superior, al verificar la procedencia parcial de sus reclamos, evacuar todas las peticiones accesorias propuestas y que surtieron la contradicción de sus oponentes.

Cualquier falencia al examinar la suficiencia de esos memoriales, era susceptible de corrección por las vías apropiadas, esto es, con las excepciones previas contempladas en el artículo 97 ídem, con mayor razón si los ahora descontentos tuvieron la posibilidad de invocarlas en tiempo y guardaron silencio.

c) Al margen del interés de los recurrentes o la ausencia de la causal de nulidad propuesta, lo cierto es que no se observa ninguna anomalía en el hecho de que se admitiera la acumulación, en un mismo proceso, de las diversas pretensiones formuladas. Esto por cuanto los pleitos en que se invoca la ocultación o distracción de bienes sociales, así como la imposición de las consecuencias adversas que en tal caso contempla el artículo 1824 del Código Civil, es de exclusiva competencia del ramo civil.

Si bien el Decreto 2272 de 1989, por el cual se organizó la “jurisdicción de familia”, contempla en su artículo 5º, parágrafo 1º, numeral 12, que los jueces de familia conocen en primera instancia de “los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales”, enunciado que al entrar en vigencia generó discrepancias sobre sus alcances, lo cierto es que las mismas quedaron zanjadas con la expedición de la Ley 446 de 1998, que precisó a qué asuntos en concreto se refería dicho precepto.

Es así como en el artículo 26 consagra que “[p]ara los efectos del numeral 12 del parágrafo 1º del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989, se entiende que la competencia de los jueces de familia señalada en ese precepto solamente comprende: (...) b) Los tipos de procesos declarativos sobre el régimen económico del matrimonio, cuando versen exclusivamente sobre los siguientes aspectos: (...) 1. Rescisión de la partición por lesión y nulidad de la misma. (...) 2. Acciones relativas que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales. (...) 3. Revocación de la donación por causa del matrimonio. (...) 4. El litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se discuta si estos son propios de uno de los cónyuges o si pertenecen a la sociedad conyugal. (...) 5. Controversia sobre la subrogación de bienes o las compensaciones respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de esta o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal”.

La norma restrictiva ninguna alusión hizo respecto a la “ocultación o distracción de bienes sociales”, ni mucho menos a las implicaciones de su ocurrencia, a la luz del artículo 1824 del Código Civil, por lo que mal puede dársele una interpretación extensiva por estar referido al régimen de la sociedad conyugal, cuando se advierte que los conflictos de “los jueces de familia” sobre la materia “solamente comprenden” los taxativamente enunciados. De tal manera que los debates sobre ese aspecto concreto, al no ser del resorte de esa especialidad, quedan circunscritos a los del área civil bajo las reglas fijadas por las normas adjetivas pertinentes.

La Corte en sentencia de 27 de enero de 2000, Expediente 6177 precisó que “debe de una vez indicarse que el legislador fue concluyente al interpretar de forma auténtica el sentido del numeral 12 del artículo 5º del decreto 2272 de 1989, de modo que ningún otro alcance cabe hoy darle ante esa directriz del propio legislador, que ha de aplicarse a todos los asuntos en los que no se haya proferido sentencia ejecutoriada, pues de conformidad con el artículo 14 del Código Civil ‘las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorparadas en estas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio’, precepto que obliga excluir el caso que contempla el artículo 1824 del Código Civil como del resorte de la especialidad jurisdiccional de familia, que es el aspecto alegado en el presente proceso, en que como aún no se ha dictado sentencia ejecutoriada, debe serle aplicada el transcrito artículo 26 de la Ley 446 de 1998. Esta disposición, entonces, debe entenderse una sola con la que interpreta (D. 2282/89, art. 5º, num. 12), por lo cual es aplicable incluso a los hechos anteriores a su promulgación pero posteriores a la ley interpretada, excepto aquellos ya sentenciados en los que la autoridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella implica se verían comprometidos y así revivirían infinidad de procesos ya concluidos (...) Debe entonces recalcarse que la aplicación que se hace en este proceso, así como debe hacerse en cualquier otro similar y no culminado con sentencia ejecutoriada, de la Ley 446 de 1998, elimina las disquisiciones que otrora eran necesarias para esclarecer el sentido del numeral 12 artículo 5º del Decreto 2272 de 1989, siendo por tanto superfluo elucubrar acerca de si, para este caso por ejemplo, la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil debe ser deducida e impuesta por un juez de familia o no, porque la clara y taxativa directriz que impuso la prenombrada ley interpretativa no la incluye dentro de los asuntos que le asignó a esa especialidad jurisdiccional y su aplicación es inmediata ‘en la medida en que la voluntad del legislador, tal como la da a conocer la ley interpretativa, hay que tenerla como existente desde entonces’ (sent., Cas. Civ., jul. 14/47)”.

8. Se desestima, por ende, el ataque.

Segundo cargo

Invocan la incongruencia del fallo “en tanto la parte resolutiva reconoce una pretensión que en manera alguna se planteó”.

Como soporte de la misma exponen:

1. Se pidió declarar que XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX obró como mandataria de XXXXXXXXX XXXXXXXXXX en la compra de varios inmuebles, por haberlos adquirido para este mediante mandato oculto sin representación; “que los mencionados inmuebles pertenecen a la sociedad conyugal que conformaron la demandante y XXXXXXX XXXXXX” (resaltado en el texto); y que, en consecuencia, se ordenara la inscripción de la sentencia en los folios de matrícula inmobiliaria y la restitución de los predios a la ejecutoria de la sentencia.

2. El ad quem dispuso, entre otras cosas, que “se ordena a la sociedad XXXXXXXXX (sic) Ltda., a restituir los inmuebles a XXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia”.

3. De la comparación del petitum con lo resuelto se advierte “la incongruencia que vicia la sentencia, porque impetrando la demandante declaraciones y condenas para la sociedad conyugal que otrora tuvo constituida con el señor XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pretensión 3), la sentencia se desentiende de este límite para motu proprio, en una verdadera actividad creativa, ordenar que los inmuebles comprados por la sociedad comercial varias veces mencionada, debían restituirse a la demandante ‘XXXXXXXXXXXXXXXXX (num. 5º de la resolución), y no a la sociedad conyugal disuelta y liquidada que había conformado con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, sin que en la parte motiva se justifique tal proceder, “ya que allí solamente se anticipa cuando el juzgador se limita a decir ¿Qué además de la entrega material de dichos inmuebles a la actora, se harán las anotaciones notariales y registrales pertinentes’”.

4. Cuando la sentencia excede los límites fijados por los litigantes en la demanda y su contestación, “profiere una decisión extraña al marco de conocimiento planteado por las partes, bien porque reconoce ‘cosa distinta’ de la pedida (extra petita), ora porque concede más de lo pedido (ultra petita)”. En este último caso, que aquí se configura, “se reconocen pretensiones no propuestas en la demanda o en las otras oportunidades autorizadas por la ley”, ya sea por crearlas, idearlas, alterarlas o sustituirlas, “para dar origen a una pretensión nueva, obviamente no propuesta, y por ende extraña al tema de decisión”, rompiendo con el principio dispositivo que rige en esta materia.

5. Si bien se afirmó en el escrito introductor que la gestora “concurría en su condición de cónyuge pretendiendo para la sociedad conyugal que conformó con el señor XXXXXXXXX XXXXXXXXX” el juzgador sustituyó esa voluntad cuando “ordena a XXXXXXXXXXX ‘restituir los inmuebles a XXXXXXXXXXX XXXX, cuando para respetar el principio de congruencia esa restitución, de ser procedente, debía ordenarse a favor de la sociedad conyugal disuelta y liquidada (...), para una vez ingresados en ella hacer la distribución que en derecho corresponde”.

Consideraciones

1. Como aspiración principal de la contienda, entre otras de igual categoría, se pidió declarar que XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX obraron como mandatarios de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en la constitución de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y que dicha sociedad actuó en la misma forma al comprar varios inmuebles; esto con el propósito de que fueran incorporados a la sociedad conyugal que conformaron XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX. Se buscó complementariamente aplicar los efectos de la ocultación o distracción de bienes sociales de que trata el artículo 1824 del Código Civil.

2. El sentenciador de segundo grado, encontró que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fue mandante oculto de sus hermanos en la constitución de Inversiones XXXXXXXXXX XXXXXXXXX y también lo fue del ente societario al transar las propiedades objeto de litis; accedió a la pérdida de derechos al cónyuge que las sustrajo del patrimonio social y ordenó la entrega de los predios a XXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. Los impugnantes señalan que si bien se pidió la devolución de los bienes a la sociedad conyugal de XXXXXX XXXX y XXXXXXXXX, no se indicó que la entrega fuera para esta última a título personal, como sucedió.

4. Un ataque por la segunda causal de casación, como producto de incongruencia en el fallo, requiere verificar el cumplimiento del deber que le asigna al juzgador el artículo 305 del estatuto procesal, en virtud del cual “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (...) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente de la invocada en esta”.

Quiere decir que validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su admisión, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de estas, al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver puntos que no han sido puestos a consideración, salvo cuando procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas conferidas por la ley.

La corporación tiene dicho al respecto que “[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que este, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso (...) Sobre el particular, la Sala ha sido insistente en que ‘(...) son las partes quienes están en posesión de los elementos de juicio necesarios para estimar la dimensión del agravio que padecen, con el fin de que sobre esa premisa restringente intervenga el órgano jurisdiccional, a quien le está vedado por tanto, sustituir a la víctima en la definición de los contornos a los que ha de circunscribirse el reclamo y por tanto ceñirse la sentencia, salvo que la ley expresamente abra un espacio a la oficiosidad (...) Al fin y al cabo, la tarea judicial es reglada y, por contera, limitada, no solo por obra de la ley, sino también con arreglo al pedimento de las partes’ (Cas. Civ., sent., ene. 22/2007, Exp. 11001-3103-017-1998-04851-01) (...) En este escenario, el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil impide el desbordamiento de la competencia del juez para resolver la contienda más allá de lo pedido por las partes (ultra petita), o por asuntos ajenos a lo solicitado (extra petita) o con olvido de lo que ellas han planteado (citra petita) (...) En caso de presentarse tal descarrío, su ocurrencia puede denunciarse en casación a través de la causal segunda prevista en el artículo 368 ibídem, pues, valga decirlo, una sentencia judicial de esos contornos agravia súbitamente a la parte que actuó confiada en los límites trazados durante el litigio, toda vez que al ser soslayados por el juez al momento de definirlo, le impiden ejercer a plenitud su derecho a la defensa”. Sentencia del 9 de diciembre de 2011, Expediente 1992-05900.

5. Tiene importancia para desatar este reproche lo siguiente:

a) Que el matrimonio conformado por XXXXX XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disolvió y liquidó su sociedad conyugal, según escritura pública 7026 de 17 de noviembre de 1994 de la Notaría Quince de Medellín (fls. 1 al 6, cdno. 1).

b) Que XXXXXXXXXXXXXXXXX, con el fin de recomponer el patrimonio social con activos no incluidos en dicho instrumento, presentó libelo en el que reclamó primordialmente, en relación con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

(i) “Que se declare que los demandados XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, obraron como mandatarios de XXXXXXXXXXXX en los aportes que aparecen a nombre de ellos en la constitución de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según escritura pública 221 del 26 de enero de 1993 de la Notaría 1ª del Círculo Notarial de Medellín (...) Que se declare que las 6000 cuotas que figuran a nombre de Beatriz Helena, 6000 a nombre de XXXXXXXXXX, 6000 a nombre de XXXXXX y 6000 a nombre de XXXXXXX XXXXXXXX, pertenecen al patrimonio de XXXXXXXXXXXXXXX ya que fueron adquiridas para XXXXXXXXXXXXX mediante mandato oculto y sin representación (...) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se disponga que tales derechos pertenecen a la sociedad conyugal disuelta y liquidada formada en el matrimonio que contrajo la demandante con XXXXXXXX XXXXX (...) Que se ordene al Notario 1º del Círculo de Medellín la respectiva anotación en la escritura 221 del 26 de marzo de 1993, así como a la Cámara de Comercio del Aburrá Sur en la matrícula de dicha sociedad (...) Que se condene a los demandados XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX a restituir al demandado XXXXXXXXXXXXXXXX todas las utilidades y provechos recibidos desde la fecha en que dichos demandados aparecen registrados como socios junto con la indexación e intereses que corran hasta la cancelación, ya que pertenecen a la sociedad conyugal que la demandante conformó con él”.

(ii) “Que se declare que la demandada XXXXX XXXXXXXXXXXXXX obró como mandataria de XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX en la compra de los inmuebles vendidos: a) por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según escritura pública 5117 del 27 de septiembre de 1993 otorgada en la Notaría Cuarta de Medellín; b) por XXXXXXXXXXXXXX, según escritura pública 258 del 7 de marzo de 1994, otorgada en la Notaría Única de Caldas); c) por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según escritura pública 1440 del 2 de septiembre de 1994 de la Notaría Única de Caldas; y d) por XXXXXXXXXXXX, según escritura pública 51 del 19 de enero de 1995, otorgada en la Notaría Única de Caldas (...) Que se declare que los inmuebles objeto de dichos contratos fueron adquiridos para XXXXXXXXXXX mediante mandato oculto y sin representación. (...) Que se declare que los mencionados inmuebles pertenecen a la sociedad conyugal que conformaron la demandante y XXXXXXXXXXXXXX (...) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la inscripción de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, folios de matrícula inmobiliarias 001-618216, 001-633862, 001-18195 y 001-656535, cancelándose la inscripción a nombre de XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (...) Que se ordene a la demandada restituir los inmuebles objeto de los diferentes contratos a la ejecutoria de la sentencia”.

c) Que al reformar el libelo la accionante, en lo que respecta a dichos pedimentos, manifestó (fls. 206 y 207, cdno. 1):

(i) Aclarar “[q]ue se condene a los demandados XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX XXXX a restituirle al demandado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX todas las utilidades y provechos que han recibido desde la fecha en que dichos demandados aparecen registrados como socios junto con la indexación e intereses que corran hasta la cancelación, ya que pertenecen a la sociedad conyugal que la demandante conformó con él. O en subsidio, a la sociedad conyugal conformada por la demandante y XXXXXXXXXXX”.

(ii) Adicionar en todas “las secciones de las pretensiones (...) una nueva contra XXXXXXXXXXXXX”, para “[q]ue se condene al demandado XXXXXXXXXXXXX a perder toda porción de los bienes que entren de nuevo a la sociedad conyugal y se le condene, igualmente, a pagar el doble de su valor”.

d) Que en relación con esas aspiraciones el ad quem revocó la decisión desestimatoria del inferior y, en su defecto, resolvió (fls. 42 y 43, cdno. 10):

(i) “Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX actuaron como mandatarios ocultos de XXXXXXXXXXXXXXXXX al momento de constituir dicha sociedad”.

(ii) “Por lo expuesto en la parte motiva, no hay lugar a disponer que los mandatarios ocultos deban efectuar restitución de haberes al mandante XXXXXXXXXXXXXXXXXX o a la sociedad conyugal disuelta y liquidada que formó con la actora XXXXXXXXXXXXXXX”.

(iii) “Se declara que la sociedad XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuó como mandataria oculta de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en los actos jurídicos contenidos en los instrumentos públicos 5117 de septiembre 27 de 1993, corrido en la Notaría Cuarta de Medellín, 258 de 7 de marzo de 1994; 1440 del 2 de septiembre de 1994 y 51 del 19 de enero de 1995 otorgadas las tres últimas en la Notaría Única de Caldas”.

(iv) “Se declara que XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ocultó los inmuebles de que dan cuenta los títulos anteriores a la sociedad conyugal que había formado con la actora y en consecuencia no le corresponderá ningún derecho sobre los mismos. Igualmente restituirá a la actora las sumas de dinero indicadas en la parte motiva debidamente actualizada desde las fechas que señalan a continuación: $ 130.000.000,00 desde el 27 de septiembre de 1993; $ 3.500.000,00 desde el 7 de marzo de 1994, $ 14.000.000,00 desde el 2 de septiembre de 1994 y $ 2.000.000,00 desde el 19 de enero de 1995”.

(v) “Se ordena a la sociedad XXXXXXXX (sic) Ltda., a restituir los inmuebles a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria”.

(vi) “Ofíciese a las Notarías Única de Caldas y Cuarta de Medellín y a la Oficina de Instrumentos Públicos, para que efectúen las anotaciones correspondientes”.

6. Revisados en conjunto los ordenamientos del sentenciador, no se advierte la incongruencia pregonada por los censores, puesto que la entrega de los cuatro lotes, cuya titularidad en el dominio se fracturó para hacer prevalecer los derechos del mandante de su adquisición, en su secuencia lógica, no podía ser diferente a como quedó consignado.

Así acontece porque, si bien se dijo que todos los aportes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y los predios que figuraban como de propiedad de dicha sociedad, en realidad eran de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo que hubiera concluido con la entrega a este para su posterior relación y distribución adicional en la liquidación de la sociedad conyugal que tuvo con la accionante, lo cierto es que complementariamente se dispuso la pérdida de sus derechos en esos activos, en beneficio de su exesposa.

Si se observa de manera rigurosa lo solicitado en relación con la aprehensión física final de los bienes involucrados en el conflicto, quedó delineado en estos términos: que como fueron adquiridos para XXXXXXXXXXXXXXXX mediante mandato oculto y sin representación, se declare que pertenecen a la sociedad conyugal que conformó con la demandante y, en consecuencia, debe cancelarse la inscripción a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y ordenar su restitución por la sociedad; además, que XXXXXXXXXXXXX al distraerlos del patrimonio común que conformó con su exesposa pierde toda porción en ellos.

En ese entendido, así no se hubiera señalado en forma expresa en el libelo y su reforma que las restituciones a que hubiere lugar se hicieran directamente a la gestora, como tampoco se dijo concretamente a quién debía serlo, ninguna objeción merece el que tal beneficio recaiga en quien se constituye en últimas en la única interesada en su cumplimiento.

Otra cosa es que la titularidad de los bienes quede en cabeza de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y para su mutación sea imprescindible acudir a la liquidación adicional de la sociedad conyugal, en los términos del numeral 8º artículo 3º del Decreto 902 de 1988 o en su defecto por el artículo 620 del Código de Procedimiento Civil.

7. Diferente hubiera sido si los efectos del fallo no involucraran los bienes, por haber salido del patrimonio social, en cuyo caso la sanción aplicada sería eminentemente pecuniaria, consistente únicamente en el reconocimiento a cargo del cónyuge que oculta, en favor del afectado, del doble del importe de las cosas pedidas.

Sin embargo, este no es el evento, puesto que básicamente se ciñó el petitum a develar un statu quo de los inmuebles, revelando la verdadera esencia del nexo que unía a XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a quien le pertenecen los activos de la sociedad relacionados, porque quien figura como dueña inscrita en realidad obró como su mandataria.

8. Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera un exceso en el ad quem al impartir una instrucción que, aunque pedida no fue precisada en sus alcances, esto es, acceder a la solicitud de entrega de los bienes a quien estimó más acertado hacerlo, tal situación corresponde más a una interpretación de la demanda, que no se aleja de las restricciones impuestas por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y está acorde con los lineamientos del 304 ídem, por lo que ni siquiera se podría advertir una vía de hecho en tal proceder.

Además, no puede pasarse por alto que en el debate estuvieron involucrados ambos cónyuges y que el demandado ni siquiera presentó oposición a que prosperaran las pretensiones principales, razón por la cual no es descabellado ni arbitrario que se hubiera procedido como lo hizo, para este caso en particular, en aplicación de principios de economía procesal.

9. No quiere decir lo anterior que se desconozca que, como de antaño tiene dicho la Corte, “la acción de que dispone el mandante para que el mandatario le ceda las acciones habidas contra terceras personas, o le entregue los productos del mandato, conocida en el derecho romano como la actio mandati directa, es de naturaleza personal y no real, por cuanto aunque se reconozca al mandante como dueño, la obligación del mandatario, que surge del mandato, es de hacer, consistente en celebrar un negocio jurídico por cuenta del primero. Por eso mismo, en el supuesto de la compraventa de un bien para el mandante que no quiere transferirle el mandatario, la acción de aquel solo tiene por finalidad que este cumpla la obligación derivada del contrato de mandato, que es la transferencia del bien adquirido en virtud del negocio sustitutivo” (sent., feb. 16/96, Exp. 4575).

Simplemente, como el punto de discusión al formular el cargo por incongruencia se centró en la orden de entrega de los bienes, que como se dejó expuesto fue acorde a lo pedido, no puede la corporación analizar puntos ajenos a la acusación, relacionados con los alcances del artículo 2177 del Código Civil, que de haberse propuesto serían más propios de la vía directa.

10. Se desecha, entonces, la acusación.

Escrito de XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Primer cargo

Ciñéndose a las expectativas creadas respecto de La Valeria y Cía. Ltda., aduce la violación directa de los artículos 655, 666, 667, 1494, 1495, 1524, 1627, 1774, 1781, 1820, 1821, 1826, 2142, 2157, 2177 y 2302 del Código Civil.

La fundamenta en:

1. Se desestimaron los reclamos sobre XXXXXXX XXXXXXX por la falta de interés de la gestora en el negocio jurídico, que se llevó a cabo “veintiún meses antes del matrimonio”, lo que hacía imposible que con el mismo se buscara defraudar la sociedad conyugal.

Están fuera de discusión aspectos probatorios y se acepta “que el negocio jurídico se hizo antes de contraer matrimonio la demandante con el demandado XXXXXXXXX XXXX y que la causa alegada en la demanda no se demostró”.

2. Olvidó el Tribunal “que el mandante (XXXX XXXXXXXXXXXXXX) tiene un crédito contra los mandatarios (XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) que han ejercido el encargo”, como se desprende de los artículos 666, 1494, 1627, 2142, 2157, 2177 y 2302 ibídem, así, “cuando el mandante contrae matrimonio, pertenecen a la sociedad conyugal los créditos muebles que estén radicados en su patrimonio como claramente lo establece el artículo 1781 del Código Civil, en concordancia con el 1774. Si el mandatario adquirió derechos sociales de una sociedad o los aportó por cuenta de otro, su naturaleza es la de muebles conforme a los artículos 655 y 667 del mismo código”, por lo que deben ser tenidos en cuenta en la liquidación del patrimonio común en los términos de los artículos 1820 numeral 5º, 1821 y 1826 ídem.

3. La ley en ninguna parte “exige probar la causa del mandato sino su existencia”, por lo que “el error en cuanto al motivo por el cual XXXXXXXXXXXXX celebró el mandato oculto, ni va, ni viene, porque si el mandato oculto existe, es suficiente para así aceptarlo (...) Expresar la causa en la demanda no es más que un intento de probar la existencia del mandato, una justificación; pero nunca puede decirse que la prueba del mandato va ligada indisolublemente a la prueba de la causa”.

Sobre el particular tiene relevancia lo que “expuso el apoderado de XXXXXXXXXXXXX en el proceso arbitral que promovió contra los demandados”, sobre la falta de exigencia de probar la causa simulandi, lo que “es cabalmente aplicable al mandato oculto”.

Tercer cargo

Se plantea por la misma senda, con iguales preceptos denunciados y plena coincidencia de argumentos a los del primer ataque, pero concretado al rechazo de las aspiraciones en XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Escrito de los demandados

Tercer cargo

Por vía recta se denuncian como violados, “por indebida aplicación, las normas de derecho sustancial que consagran los artículos 2177, 2181, 2182 y 2183 del Código Civil, así como de las que refieren los artículos 180, modificado por el artículo 13 del Decreto 2828 de 1974, 181, modificado por el artículo 5º de igual decreto; 1774, 1820 y 1821 del mismo estatuto civil, las tres primeras por interpretación errónea y las últimas por falta de aplicación, amén de la indebida aplicación del artículo 1824 del Código Civil y la interpretación errada del artículo 1º de la Ley 28 de 1932”.

En sustento argumenta que:

1. El tribunal estimó que la promotora estaba legitimada y contaba con interés para reclamar “a los pretensos mandatarios formulando para la sociedad conyugal que otrora tuvo constituida con el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, las pretensiones que el último de los citados tenía contra los supuestos mandatarios para hacer valer sus derechos”, con lo que “allanó el camino para entrar a decidir el mérito de las múltiples pretensiones que examinó y positivamente resolvió”.

Incurrió así en el yerro in judicando que le atribuye “cuando asumió la tarea de interpretar, así sea implícitamente, las normas regulatorias del fenómeno de la sociedad conyugal, para predicar que en todo caso los cónyuges están legitimados y tienen interés para ‘atacar actos celebrados’ por el otro cónyuge, con excepción de los ocurridos ‘antes del nacimiento de la sociedad conyugal’”.

2. Esa interpretación absoluta se aleja de la doctrina construida por la Corte, que “a propósito del conocimiento de acciones de simulación contractual, en argumentación perfectamente válida para este caso, (...) ha sostenido que la mera condición de cónyuge no es suficiente para atribuir la legitimación y el interés por el que se averigua”.

Según pronunciamientos de 4 de octubre de 1982 y 5 de septiembre de 2001, se “ha ligado el interés al hecho de la disolución de la sociedad conyugal, y excepcionalmente, aún antes, siempre y cuando se esté frente a ‘un proceso donde la parte demandante haya formulado una pretensión con el objeto de obtener la disolución y ulterior liquidación de la susodicha sociedad’ siempre y cuando el demandado haya sido vinculado al mismo”.

3. Establecido lo anterior, “procede entrar a definir hasta cuándo se mantiene ese interés”, que de conformidad con el fallo “no tendría límite temporal”, pues, según la interpretación que le da a los artículos 180, 181, 1774, 1820 y 1821 del Código Civil, así como el 1º de la Ley 28 de 1932, que reglamentan la sociedad conyugal, “los cónyuges tienen legitimación e interés permanente y siempre actual para impugnar los actos del otro cónyuge, celebrados en desmedro de la sociedad conyugal”.

Ese raciocinio atenta contra la lógica jurídica y la estabilidad de instituciones jurídicas aledañas, como el caso de las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, al quedar sometida “a los riesgos de eventuales demandas de los otrora cónyuges, a pesar de la disposición legal, que al exigir la disolución y liquidación de la anterior sociedad por lo menos con el año de antelación, lo que procura es la estabilidad y seguridad de la nueva comunidad de bienes”.

4. Tal planteamiento desdice lo declarado por el artículo 1º de la Ley 28 de 1932 y la jurisprudencia “de la Sala de Casación Civil, en tanto entienden que la sociedad conyugal ‘existe en estado latente o virtual desde cuando se celebra el matrimonio hasta cuando se da su disolución, que es el momento a partir del cual se concretizan los derechos para efectos de su liquidación y pago de gananciales”.

5. Por lo tanto, como acertadamente lo dedujo el fallador, quedaban por fuera de discusión los negocios “ajustados antes del matrimonio, pero también los celebrados cualquier tiempo después de la liquidación de la sociedad conyugal, porque ya para entonces ha dejado de existir la razón de la protección (la sociedad conyugal) y para el cónyuge ha revivido plenamente, libre de la atadura de la sociedad conyugal, la capacidad dispositiva”, esto es, “dado el factor de disolución o la disolución misma, surge el interés impugnaticio, el cual se mantiene mientras penda la liquidación, pues ocurrida esta se extingue en consideración a que se concretan los derechos sobre los gananciales, y ya sobre bienes propios cobra vigencia la plenitud dispositiva”.

6. Es clara, entonces, “la falta de legitimación e interés de la parte demandante, porque la acción se materializó después de liquidada la sociedad conyugal”, el 17 de noviembre de 1994, mientras que los actos objeto de impugnación “se ajustaron el 26 de enero de 1993 por escritura 221 (constitución de sociedad), el 27 de septiembre de 1993 por escritura 5117 (compra de lote), el 7 de marzo de 1994 por escritura 258 (compraventa de lote), el 2 de septiembre de 1994, por escritura 1.440 (compraventa de lote), y el 19 de enero de 1995, según escritura 51 de la Notaría Única de Caldas, mediante la cual se compró otro lote, estando ya liquidada la sociedad conyugal, frente al que con mayor razón aflora la falta de legitimación e interés, pues ya ni siquiera existía sociedad conyugal alguna para proteger”.

Cuarto cargo

Nuevamente por la senda directa señala como infringidos los artículos 2177, 2181, 2182, así como el 1824 del Código Civil, por indebida aplicación; 180 y 1774 ibídem y el 1º de la Ley 28 de 1932, por interpretación errónea; y por falta de aplicación el 1820 y el 1821 de la codificación inicial.

Expone para cimentarla estos argumentos:

1. El fallador reconoció a XXXXXXXXXXXXX XXXXX una legitimación extraordinaria, como cónyuge que fue de XXXXXXXXXXXXXXXXX, “para formular para ‘la sociedad conyugal que formó con aquel’, las pretensiones destinadas a incorporar al patrimonio social los bienes que él ocultó, mediante la celebración de los contratos de sociedad y compraventas que el propio Tribunal identifica, donde el cónyuge codemandado, según se dice, fungió como mandante oculto”, equivocándose al interpretar los artículos que establecen el régimen de la sociedad conyugal.

2. De acuerdo con ese razonamiento, “los cónyuges con excepción de los contratos celebrados antes del matrimonio (en la sentencia se excluyeron estos), están legitimados para impugnar los actos o contratos celebrados por el otro cónyuge en cualquier tiempo, siempre que tengan como fin defraudar los intereses de la sociedad de bienes”, con lo que se lesiona la teleología del artículo 1º de la Ley 28 de 1932, sobre la libre administración de los bienes hasta que se disuelva la sociedad conyugal.

3. La Corte “ha predicado que mientras que la sociedad conyugal no se disuelve, la ley no le confiere a los cónyuges ‘un derecho concreto sobre los bienes que tengan el carácter de gananciales’, porque aunque la sociedad conyugal exista en estado latente o virtual, estos derechos solo se ‘concretizan’ con ocasión de la disolución y para los fines de la liquidación y pago de gananciales”.

4. Para este proceso “se hace palpable la ausencia de legitimación e interés de la cónyuge”, si los contratos se celebraron con anterioridad a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, “y para cuando no existía ningún factor concreto determinante de la disolución”, por lo que “las pretensiones propuestas no podían ser enarboladas por la demandante, porque si todas ellas, sin excepción, me refiero a las que prosperaron, parten del supuesto del ocultamiento de bienes (mandato oculto en la constitución de la sociedad y mandato oculto en las compraventas, todo con dicha finalidad), lo cierto es que tal supuesto solo resultaría predicable de bienes que tuvieran vocación a la universalidad jurídica, es decir, adquiridos después de disuelta la sociedad conyugal o estando en presencia de un factor de disolución (...) porque tratándose de bienes adquiridos en el trance, esto es, cuando la sociedad conyugal se encuentra en estado latente o en potencia, dado que cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de los bienes que adquiera, (...) no es posible hablar de actuaciones ocultas o de negocios o contratos destinados al ocultamiento de bienes, y consecuentemente de legitimación e interés de los cónyuges para controvertir o impugnar dichos actos”.

5. Resumiendo, únicamente se puede “predicar la celebración de negocios ocultos (simulación por interpuesta persona o mandato oculto)”, que afecte el haber común, si la sociedad conyugal está “en estado de disolución, y en vía de liquidación, o de acuerdo con la hermenéutica jurisprudencial, que objetivamente aparezca un factor determinante de su disolución, como lo es una demanda de separación de cuerpos, de bienes o de divorcio, notificada al cónyuge de cuya denuncia se trata”, y ninguna de estas circunstancias se presenta en esta oportunidad.

Consideraciones

1. Aduciendo la calidad de interesada, por haber sido esposa de XXXXXXXXXXXXXXXX y afectada en la liquidación de la sociedad conyugal que llevaron a cabo, la demandante en acumulación de pretensiones buscó la declaratoria de que este fue mandante oculto de XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX en la constitución y reformas introducidas a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, así como en las negociaciones en que la última sociedad figura como compradora de cuatro inmuebles.

2. El fallador de segundo grado confirmó la decisión adversa del a quo, en lo que se refiere a XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por cuanto los instrumentos en que constan los aportes de capital fueron otorgados con anterioridad a la celebración del matrimonio entre XXXXXXXX y XXXXXXXXX, lo que quiere decir que aquella no está legitimada para promover la acción pertinente.

En cuanto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, encontró establecido que, en vigencia de la sociedad conyugal de la reclamante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXX XXXXXXXXXXXXX, fueron mandatarios ocultos de XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX al conformar dicha persona jurídica, la que a su vez fue utilizada para hacer figurar a su nombre los inmuebles perseguidos, cuando el verdadero adquirente era el mismo XXX XXXXXX.

3. La promotora y los opositores XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXX XXXXXXXXXXXXX, acusan la violación directa de la ley sustancial en la forma como el tribunal concluyó la presencia o no de legitimación en la causa por activa, para cada una de las peticiones, lo que justifica el despacho conjunto de los cuatro cargos, pero con estas precisiones:

La gestora aduce que cuenta con autorización legal para reclamar la existencia de mandato oculto, en relación con los entes comerciales constituidos con antelación a la celebración del vínculo solemne, toda vez que los derechos que XXXXXXXXX XXXXXXXXX tiene en esos casos se constituye en un crédito susceptible de incrementar el patrimonio común, al tenor de las normas que rigen la sociedad conyugal.

Por su parte los contradictores afirman que XXXX XXXXXXXXX no está facultada para discutir lo concerniente a la creación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ni mucho menos las operaciones con que esta se hizo a cuatro propiedades raíces, por cuanto la acción se promovió con posterioridad a la liquidación de la sociedad conyugal, cuando ya no tiene nada que reclamar. Adicionalmente, que las operaciones mercantiles discutidas se hicieron cuando los cónyuges contaban con la libre administración de sus haberes, por lo que no puede hablarse de ocultamiento de bienes y que incluso una de las transacciones se llevó a cabo cuando ya estaba disuelta y liquidada la comunidad patrimonial en que se ampara.

4. La violación directa ocurre cuando el fallador no tiene en cuenta los preceptos esenciales que gobiernan el caso concreto, aplica los que son completamente ajenos a la controversia o, a pesar de acertar y atinar en su selección o escogencia, les da un alcance o efecto que no acompasa ni se ajusta a la situación examinada.

Como el quebranto radica en la interpretación dada a las normas sustanciales, ningún reparo se admite en esta clase de embate a los aspectos fácticos y probatorios consignados en el fallo, que corresponden a la senda indirecta.

La Corte ha sostenido que en esta causal se “requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor solo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea. (...) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador” (sent., nov. 15/2012, Exp. 2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, Exp. 2004-00457-01).

5. Si bien el artículo 229 de la Constitución Política garantiza el acceso de toda persona a la administración de justicia, no se trata de un derecho absoluto, puesto que tiene como cortapisa el que se tenga un interés legítimo para poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del estado. En caso contrario, se asumen las consecuencias adversas de la perturbación que un proceder arbitrario o sin fundamento les genere a los que injustificadamente sean convocados a los estrados.

La relevancia de tal comportamiento, lejos de constituir un desfase procesal susceptible de ser regularizado, conlleva la imposibilidad de finiquitar plenamente la contienda, pues, su connotación sustancial obliga a la denegación de los pedimentos, sin que haya lugar a estudiar el fondo de los puntos en discusión.

Esta corporación en sentencia de 24 de julio de 2012, Expediente 1998-21524-01, reiteró que “[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado En efecto, esta ha sostenido que ‘el interés legítimo, serio y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia ‘de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de derecho procesal civil, I, 185)’ (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla ‘con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’ (cas. civ. sentencia de 1º de julio de 2008 [SC-061-2008], Exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este’ (sent., Cas. Civ., ago. 14/95, Exp. 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. 6050)”.

6. El encargo para la gestión de los negocios por interpuesta persona constituye la esencia del contrato de mandato, que frente a los terceros que participan en los acuerdos puede ser con o sin representación, al tenor de los artículos 2177 del Código Civil y 1262 del Código de Comercio. En ambos casos puede, a su vez, darse un ocultamiento en cuanto a la verdadera esencia de la labor encomendada al mandatario, ya sea como producto de las instrucciones del agenciado o la aplicación del criterio propio del autorizado.

Al omitirse esa información se generan unos efectos respecto de los terceros que terminan siendo ajenos a tal disfraz, pero quedando eso sí obligado el intercesor frente al mandante en los términos secretamente convenidos.

De tal manera que, como lo preceptúa el artículo 2183 del Código Civil, “[e]l mandatario es responsable tanto de lo que ha recibido de terceros, en razón del mandato (aun cuando no se deba al mandante), como lo que ha dejado de recibir por su culpa”, pudiendo acudir a las acciones pertinentes para su cumplimiento.

La Corte en ese sentido tiene esclarecido que “el mandato puede llevar o no la representación del mandante, según se previene en los artículos 1262 del Código de Comercio y 2177 del Código Civil. Sin embargo, cuando se trata del encargo no representativo, se entiende que aunque el procurador, en ejercicio de sus funciones, actúa en nombre propio, en el fondo lo hace por cuenta ajena (...) En ese caso, los efectos jurídicos del negocio de que se trate se radican en el mandatario, pero esto no quiere decir que el comitente se mantenga al margen de sus consecuencias, puesto que así aquel externamente obre en nombre propio, sigue actuando, en palabras de la Corte, ‘por cuenta ajena, la del mandante, y a riesgo de este, cual lo define el reseñado artículo 1262 del Código de Comercio, de modo que sobre su patrimonio habrán de recaer, en últimas, los resultados del acto’ (...) Esto significa, en el evento del mandato oculto, que aunque el mandatario se hace titular de los derechos, lo cierto es que, en cumplimiento de sus obligaciones, posteriormente se encuentra compelido a transferirlos a quien el comitente haya señalado, que puede ser él o un tercero” (sentencia de 28 de septiembre de 2010, Exp. 2004-00353-01).

7. Existiendo la vía para que el mandante oculto dilucide los alcances de la encomienda y obtenga el ingreso a sus caudales de lo que, a pesar de ser suyo, está a nombre de otro, nada impide que el cónyuge que resulta afectado por esa misma situación pueda acudir a su ejercicio para componer la verdadera masa susceptible de distribución.

Eso sí, como la recuperación de las partidas ameritan el camino litigioso, es importante tener en cuenta sobre el particular lo que preceptúan los artículos 1792 y 1793 del Código Civil. En virtud al primero “[l]a especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella”, citando a continuación de manera expresa que no ingresan a la misma “los bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica”.

Por su parte el siguiente, de forma contundente, añade que “[s]e reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse tenido noticia de ellos o por haberse embarazado injustamente su adquisición o goce”.

Ambos preceptos delimitan temporalmente cuáles componentes económicos, cuya titularidad en cabeza de alguno de los esposos está en duda, ameritan de las instancias procesales para su definición, con el fin de entrar a conformar el haber común.

De tal manera que si existe contienda pendiente o latente al momento de celebrarse el matrimonio, es claro que ninguna incidencia tiene en la sociedad conyugal que inicia con este. En sentido contrario, si los hechos que dan lugar al incremento patrimonial de uno de los esposos suceden con posterioridad al acto de unión solemne, nada obsta para que una vez disuelta e incluso liquidada la sociedad conyugal, se reclame la participación correspondiente si se materializan con posterioridad o, incluso, si se adelantan los trámites pertinentes para su obtención con resultados favorables.

Cosa muy distinta es que, como lo consagra el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, durante la vigencia de la sociedad, cada esposo pueda administrar y disponer libremente “tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera”, sin que su compañero de vida tenga margen de discusión en las decisiones que tome al respecto. Sin embargo, la misma norma complementa que “a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación”.

Bajo ese orden de ideas, el matrimonio no legitima para atacar las transacciones previas a su celebración que estén o sean susceptibles de pendencia, pero, respecto de los actos posteriores, finiquitada la sociedad de bienes con la disolución, sí se habilita el camino para obtener una conformación apropiada de los inventarios y su distribución equitativa.

No en vano la Corte ha insistido, como consta en sentencia de 17 de enero de 2006, Expediente 02850, pronunciamiento que a pesar de referirse a una simulación se hace extensivo al caso por referirse a la legitimación para recomponer el haber común, que en “una polémica sobre el haber de la sociedad conyugal, imperativo resultaba para el ad quem estudiar el asunto con vista en la regulación especial que la gobierna, donde se hallan fijadas unas pautas para establecer cuándo un bien tiene el carácter social y cuándo debe excluirse (...) Acaso es esta la razón por la que la Corte lo haya sostenido de ese modo (G.J. t. LXXIX, pág. 124) y que autorizados expositores afirmen, en ese mismo sentido, que ‘así como los bienes adquiridos durante la sociedad, por una causa o título anterior a ella, pertenecen al cónyuge adquirente, los que se adquieran después de su disolución, por una causa o título oneroso generado durante la vigencia, pertenecen a la sociedad. Para determinar el carácter de un bien no se atiende a la época de la adquisición del dominio sino a aquella en que se genera la causa o título que la produce (...) De ahí que los inmuebles adquiridos en virtud de un título oneroso generado durante la sociedad (...) pertenecen a ella, aunque la adquisición efectiva haya sido el motivo que la retardó: por no haberse tenido noticia de los bienes, por habérsela embarazado injustamente, por olvido, descuido o negligencia, falta de tiempo, caso fortuito, etc. (...) Se ha fallado, por eso, que es de la sociedad conyugal el inmueble comprado por el marido, durante su vigencia, aunque se inscriba después de la solución de la sociedad producida por el fallecimiento de la mujer’ (Alessandri Rodríguez, Arturo, Tratado práctico de las capitulaciones matrimoniales, de la sociedad conyugal y de los bienes reservados de la mujer casada, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1935, pág. 220)”.

Lo que enfáticamente refuerza la corporación en asunto similar al anterior, al hacer “la precisión doctrinaria en cuanto al aserto del juzgador relativo a que es necesario para que un cónyuge tenga legitimación en la causa por activa para incoar la simulación absoluta de una compraventa efectuada por el otro, que antes de verificarse el negocio se haya iniciado el ‘proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal’ (...) La legitimación para demandar la simulación de tal linaje surge, en este evento, desde el mismo momento en que se produjo por mutuo acuerdo la disolución y liquidación de la sociedad de bienes entre los esposos y, precisamente sobre las transacciones realizadas por uno de los consortes en vigencia de la sociedad conyugal, esto es antes de su disolución, tendiente a reintegrar el patrimonio social, cuando uno de ellos de manera ficticia o fraudulenta ha celebrado un contrato para sacar un bien que hace parte del haber social. El condicionamiento de que no le asiste a la cónyuge legitimación por activa para demandar la simulación absoluta ‘porque en el momento en que se hizo la venta, no se había iniciado proceso de disolución y liquidación de sociedad conyugal’ es inaceptable y equivocado” (sent., oct. 30/2007, Exp. 2001-00200-01).

8. Tiene importancia para los fines de este cuestionamiento lo que a continuación se destaca:

a) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se constituyó por medio de la escritura 2446 del 30 de abril de 1965, de la Notaría Tercera de Medellín (fls. 7 al 11, cdno. 1).

b) Que en instrumento 4359 de 13 de noviembre de 1984 de la Notaría Doce de Medellín, XXXXXXXXXX y XXXX XXXXXXXXXXXXX adquirieron a título de cesión cuotas de interés en la referida sociedad e hicieron un aporte de capital adicional (fls. 35 al 41, cdno. 2).

c) Que la misma se transformó en XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según escritura 70 del 24 de enero de 1985, de la Notaría Primera de Medellín (fl. 8, cdno. 1).

d) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXX y sus hijos XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, en escritura 4955 de 17 de diciembre de 1984, de la Notaría Doce de Medellín, constituyeron XXXXXXXXXXXXXXX, con aportes iguales de seis mil pesos (6.000) cada uno (fls. 30 al 324, cdno. 2).

e) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXX XXXXXXXXXXXXX contrajeron matrimonio el 20 de septiembre de 1986 (fl. 1, cdno. 1).

f) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX otorgaron la escritura 221 de 26 de enero de 1993, de la Notaría Primera de Medellín, constituyendo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “XXXXXXXXX”, con unos aportes de seis mil pesos ($ 6.000) los cuatro primeros y un mil pesos ($ 1.000) el último (fls. 6 al 10, cdno. 2).

g) Que XXXXXXXXXXX adquirió varios inmuebles, por medio de las escrituras que se relacionan, otorgadas en la Notaría Cuarta de Medellín el primero y los tres restantes en la Única de Caldas (fls. 58 al 67, cdno. 2):

(i) 5117 de 27 de septiembre de 1993, transfiriendo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(ii) 258 de 7 de marzo de 1994, actuando XXXXX XXXXXXXX como vendedor de un lote a segregar de una mayor extensión, por cuatrocientos mil pesos ($ 400.000).

(ii) 1440 de 2 de septiembre de 1994, donde enajena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX un predio por dos millones quinientos mil pesos ($ 2’500.000).

(iv) 51 de 19 de enero de 1995, trasfiriendo XXX XXXXXXX una menor extensión por cuatrocientos mil pesos ($ 400.000).

h) Que por medio de la escritura pública 7026 de 17 de noviembre de 1994, de la Notaría Quince de Medellín, los esposos XXXXXXXXX disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal (fls. 2 al 6, cdno. 1).

i) Que la demanda se presentó el 17 de agosto de 2000 (fls. 31 al 57, cdno. 1).

9. Tomando en cuenta los apartes introductorios, no se advierte la vulneración directa de las normas denunciadas por todos los recurrentes, en cuanto a la legitimación en la causa de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para acudir ante la administración de justicia, por estos motivos:

a) Vigente como estuvo la sociedad conyugal del matrimonio entre XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, del 20 de septiembre de 1986 al 17 de noviembre de 1994, quedó delimitada la posibilidad de desenmascarar las transacciones mercantiles realizadas dentro de ese marco temporal y que al momento de su disolución tuvieran vigencia, por seguir cubiertas con el velo del mandato oculto.

Esto por cuanto, de salir avante las expectativas creadas por la accionante, quedaría esclarecido que no se produjo la salida de los bienes indicados del patrimonio de Herrera Hoyos, sino su radicación en los hombros de mandatarios autorizados con tal fin.

b) Lo que determina la ausencia de interés para discutir en la promotora es que las operaciones mercantiles que constan en los actos escriturales otorgados antes del 20 de septiembre de 1986, que se refieren a XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, preceden al nacimiento de la sociedad conyugal.

Por tal razón, las reclamaciones que en cualquier caso pudiera elevar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sobre el particular ninguna incidencia ni relevancia tendrían para incrementar el acervo líquido susceptible de distribución de los cónyuges, lo que imposibilita que su exesposa asuma un rol activo en ese sentido, por expresa limitación de la ley.

c) Lo contrario acontece con la constitución de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y los contratos de compra de inmuebles celebrados entre el 27 de septiembre de 1993 y el 19 de julio de 1994, que son anteriores a la suscripción de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

Como todos ellos fueron celebrados en vigencia de esta, además de que se afirma, sin que fuera desvirtuado, que los derechos y lotes sobre los cuales recaen las pretensiones siguen en cabeza de los que se señalan como mandatarios, quiere decir que la cónyuge contaba con la facultad de agotar todos los mecanismos necesarios para que fueran tenidos en cuenta en la distribución de las gananciales, en caso de demostrar la existencia del mandato oculto.

Además, ningún perjuicio para terceros ajenos al vínculo conyugal puede predicarse de este actuar, puesto que los hitos que permiten dilucidar qué partidas ingresan, bien a una sociedad conyugal o a una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes posterior a aquella, cuando no hay impedimento para ello, son precisamente la celebración del contrato solemne y la disolución del vínculo.

d) Ya en relación con la escritura 51 de 19 de enero de 1995 de la Notaría Única de Caldas, por medio de la cual XXXXXXXXXXX enajena a XXXXXXXXXXXXX un predio en menor extensión, a pesar de que tal instrumento está fechado con posterioridad a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, la misma no podía ser vista de manera autónoma.

Eso sucede porque, como se declaró el mandato oculto de XXXXXXXXXXXXXXXXXX a sus hermanos XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX en la formalización de los aportes que conforman el patrimonio de XXXXXXXXXXX, quiere decir que estos son sus representantes en la sociedad, la que detentó igual connotación al adquirir los predios, quedando obligada por ello a transferirlos a su legítimo dueño, sin que con ello se lesione el debido proceso ni mucho menos los intereses de ente mercantil que simplemente obró como mandatario.

10. Las censuras analizadas, por tanto, fracasan.

Escrito de XXXXXXXXXXXXXXXXX

Segundo cargo

Centrándose en los aportes a XXXXXXXXXXXXX, pero en relación con la primera pretensión subsidiaria, recrimina la violación de los artículos 666, 667, 1494, 1746, 1760, 1774, 1781, 1820, 1821, 1826 y 2302 del Código Civil; 98 y 898 del de Comercio, “como consecuencia de error manifiesto en la apreciación de la demanda”.

Sustenta su inconformidad así:

1. El ad quem “acepta que las primeras pretensiones subsidiarias salieron incólumes de la decisión sobre la excepción previa de pleito pendiente”, que “en resumidas cuentas, buscaban que se declarara que XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX no hicieron aportes a la sociedad XXX XXXXXXXXXXXXX, que el único dueño de los bienes es XXX XXXXXXXX, a quien le deben restituir todas las utilidades y provechos y que deben entrar a la sociedad conyugal conformada con la demandante”, lo que fue distorsionado en el fallo al dirigirse “exclusivamente a analizar el mandato oculto, que nunca se planteó en las pretensiones subsidiarias”.

2. La cita que se hace al pronunciamiento de esta Corte de 3 de marzo de 1978 es desacertada, porque “ese fallo es sobre el mandato oculto, no sobre la inexistencia de aportes”, falencia que se “ahonda cuando la sentencia entiende que se pretende que la sociedad y los demás socios reciban a XXX XXXXXXXX con el carácter de socio”, sin que eso fuera lo buscado.

3. Se inaplicaron así los artículos 98 y 898 del Código de Comercio, pues, si “el acto jurídico de los demandados es inexistente y el único aportante fue XXXXXXXXXXXXX es patente que este tiene un crédito personal contra quienes aparecen como socios para que le restituyan todo lo que está a nombre de la sociedad” y que, por ende, forma parte del haber común de los cónyuges, de conformidad con los artículos 655, 667, 1774 y 1781 del Código Civil.

Consideraciones

1. En subsidio de la declaratoria de mandato oculto en la constitución de XXXXXXXXXX se solicitó declarar la inexistencia de los aportes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, por lo que XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX es dueño único de los bienes y derechos adquiridos a nombre de la persona jurídica, los cuales deben formar parte de la sociedad conyugal disuelta y liquidada de este último.

2. Se denegaron esas pretensiones supletorias, además de la falta de interés de la exesposa respecto de los actos celebrados antes de contraer nupcias, porque con las mismas se buscaba una reforma social a la cual no se podían obligar a los demás socios.

3. Cuestiona la demandante que se le dio una equivocada lectura al libelo, porque a pesar de que se habló de inexistencia de aportes, nada se dijo al respecto, pues solo se estudió el mandato oculto y se hizo referencia a una reforma social que no era la razón de ser del pleito.

4. Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, consiste en la transgresión de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de hecho al apreciar indebidamente la demanda, su contestación o determinada prueba.

Estos desaciertos deben ser de tal magnitud que incidan adversamente en la forma como se desató el litigio, produciéndose un resultado contrario a la realidad procesal, lo que deja por fuera los replanteamientos del debate o las fórmulas alternas de solución del conflicto, que no alcanzan a derrumbar lo resuelto por el fallador y que llega amparado del principio de acierto.

Cuando la configuración del ataque se centra en una alteración de lo que narra el escrito con el que el accionante da inicio al litigio, o la respuesta que del mismo da el oponente, se requiere demostrar el desfase en el trabajo intelectivo del juzgador que lo lleva a desfigurar el asunto.

En ese sentido tiene dicho la Sala que “[l]a apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (...) En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda ‘...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido’ (G.J. t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa petendi hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada” (sent., oct. 19794, Exp. 3972).

5. Son relevantes para resolver los hechos que a continuación se enuncian:

a) Que en lo que se refiere a “los intereses de algunos de los demandados en la sociedad XXXXXXXXXXX XXXX” se inquirió de manera principal develar el mandato oculto que ejercieron XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX, por encargo de XXXXXXXXXXXXXXX, en su formación.

Como primera aspiración subsidiaria se solicitó declarar que “no existieron ni existen” esos aportes y “XXXX XXXXXXXXXXXXX es el único dueño de todos los bienes y derechos adquiridos a nombre de la sociedad XXXXXXXXXXX XXX”, debiendo entrar a la sociedad conyugal disuelta y liquidada de XXXXXXXXX y XXXXXXXX (fl. 33, cdno. 1).

b) Que para habilitar el estudio de cada una de las reclamaciones, tuvo en cuenta el sentenciador que la accionante “acumuló la pretensión que surge del artículo 1824 del Código Civil”, tomando como premisa general de procedibilidad que “siendo ese el interés de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, resulta palmario que mal puede atacar actos celebrados por XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX antes del nacimiento de la sociedad conyugal que surgió entre ellos por el matrimonio celebrado el día 20 de septiembre de 1986” (fl. 31, cdno. 10).

Con base en esa aclaración procedió a analizar lo referente al mandato oculto, advirtiendo de entrada que “por tratarse de negocio jurídico realizado 21 meses antes de la celebración del matrimonio, no está legitimada ni tiene interés la cónyuge para controvertir dicha negociación, no solo por lo afirmado anteriormente sino porque de manera reiterada en la demanda sostuvo que los actos jurídicos demandados tenían por finalidad defraudar la sociedad conyugal”.

c) Que las anteriores precisiones se hacían extensivas a todos los actos atacados, independientemente de que se tratara de pretensiones principales o subsidiarias.

d) Que complementariamente se destacó “con respecto de las pretensiones subsidiarias reclamadas en relación con la sociedad XXXXXXXXXXXXXX, como lo dijo el a quo en el fallo recurrido, que la Corte en sentencia de marzo 3 de 1978 había indicado que no puede pretenderse, como lo quiere la actora, que la sociedad XXXXXXXXXX o los demás socios reciban a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con ese carácter en la misma sociedad” (fl. 32, cdno. 10)

6) En la forma como quedó propuesta la censura, surge incompleta de acuerdo con los sustentos de la providencia atacada, en lo que se refiere a las peticiones subsidiarias de inexistencia de aportes sociales en XXXXXXXXXXXXX.

Ello acontece porque fueron dos las razones esgrimidas en el fallo para desatender los reclamos supletorios de la accionante, a saber:

a) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no tiene interés para discutir el contenido del instrumento otorgado el 17 de diciembre de 1984, toda vez que contrajo matrimonio con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX el 20 de septiembre de 1986, fecha en que inició la sociedad conyugal que liquidaron el 17 de noviembre de 1994.

b) Que no es factible obligar el ingreso de XXXX XXXXXXXXXXXXX a la Sociedad XXXXXXXXXXX.

Independientemente del acierto o no de este último supuesto, lo cierto es que nada se dice en el cargo sobre la falta de legitimación de la demandante, que por sí solo era suficiente para negar lo solicitado y que obligaba a la opugnadora, por lo tanto, a derrumbar semejante impedimento y así dar paso a un análisis más profundo sobre el punto.

La naturaleza dispositiva de este recurso extraordinario, impide desatender las cargas propias de los impugnantes, quienes tienen la obligación de derrumbar todos los pilares que sirven de soporte a la decisión, ya que de quedar uno solo en pie, se conserva la presunción de acierto con que llega el fallo a la Corte.

7. Como dijo la Sala, en sentencia de 9 de diciembre de 2011, Expediente 2007-00892, “los ataques en casación deben guardar total simetría con los fundamentos en los que el sentenciador de instancia respaldó las decisiones que adoptó en frente del litigio, puesto que, como aquí acontece, cuando el recurrente no es fiel a las razones que sirvieron de fundamento a la sentencia cuyo quiebre persigue, deja de atacar las que verdaderamente le prestaron pie de apoyo, que al no ser removidas, impiden, per se, que el respectivo pronunciamiento se derrumbe. (...) En el punto, la Corte ha sido insistente al sostener que ‘el recurso debe orientarse a desvirtuar con sentido objetivo de integralidad la base jurídica del fallo; de no hacerlo, de no hacerse cargo en forma circunstanciada de todas las apreciaciones de fondo que conforman esa base o lo que a ello equivale en últimas, si desatiende la estructura del juicio jurisdiccional discutido y se aparta de la línea argumental que inspira la solución que en derecho se le imprime a la controversia por virtud de dicho juicio, el mencionado recurso es improcedente, improcedencia (...) que responde a necesidades conceptuales que sin duda se identifican con la naturaleza misma que en nuestro medio el ordenamiento le reconoce al recurso de casación...’ (Cas. Civ., sent., mar. 27/92, reiterada en el fallo del 25 de marzo de 1999, Exp. 5089)”.

8. Fracasa, en consecuencia, el ataque.

Cuarto cargo

Precisando la censura a las pretensiones en XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, imputa la violación indirecta “por falta de aplicación de los artículos 655, 666, 667, 1494, 1495, 1524, 1627, 1774, 1781, 1820, 1821, 1826, 2142, 2157, 2177 y 2302 del Código Civil”, por error de derecho al infringir los artículos 185 y 187 del Código de Procedimiento Civil “en el análisis del conjunto probatorio”.

Desarrolla la recriminación de esta manera:

1. El fallador estimó que no aparece prueba de que en las reformas sociales realizadas a XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, durante la vigencia de la sociedad conyugal, ni en la creación de XXXXX, los hermanos de XXXXXXXXX XXXXXX hayan actuado como sus mandatarios; que las pretensiones segunda y tercera principales, así como la tercera subsidiaria, son improcedentes por “cuanto lo pretendido en las súplicas implicaría una reforma social”; y que del dicho de XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX “no se erige la prueba del mandato oculto, ya que XXXXXXXX, hijo, actuaba como gerente o como suplente del gerente, además de que los hermanos no desconocen que por ser el gerente era consultado para la realización de los negocios jurídicos relacionados con la actividad transportadora”.

2. Con ello se vulnera ostensiblemente el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil “que manda que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto”, en vista de que “[e]l tribunal, de manera general, sin analizar el acervo probatorio, por sí y ante sí, señaló que la prueba muestra que los demandados en desarrollo del objeto social decidieron en múltiples asambleas generales el aumento de capital. No dice a cuáles pruebas se refiere”, tampoco precisa a quiénes se refiere cuando dice que “las declaraciones de los testigos de la parte demandante son genéricas (...) Limitándose a mirar exclusivamente por encima el testimonio de XXXXXXXXX, para concluir que de su dicho no se erige la prueba del mandato oculto”.

3. Dejó de analizar documentos, testimonios, confesiones e indicios, muchos de ellos recaudados “en otros procesos que se siguieron entre las mismas partes, prueba enteramente válida y que debió ser analizada conforme a las directrices del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil”, que arrojan “una conclusión clara: XXXXXXXXXXXXXX fue y es el único titular de todos los negocios que se crearon y desarrollaron en la actividad transportadora que implica a las sociedades XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (...) todos los demandados, al unísono, prestaron sus nombres para la creación de las sociedades y sus respectivas reformas”.

4. El yerro de jure consistió en:

a) Dejar “de apreciar la prueba trasladada que se recaudó en el proceso arbitral llevado entre las mismas partes”, que muestra la verdad de los hechos y contiene:

(i) Las declaraciones de parte de XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, en las que narran inconsistencias y se contradicen, lo que corrobora que nunca pagaron sus aportes en las sociedades y el único dueño siempre ha sido XXXXXXXX XXXXX.

(ii) La escritura pública 2869 de 13 de agosto de 1984 de la Notaría Doce de Medellín, en la que XXXXXXXX XXXXXXXX, confiere poder general a XXXXXXXXXX, para ejecutar en nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actos y contratos, lo que corrobora que este fue el único comprador de la empresa.

(iii) Órdenes dadas por XXXXXXXXXXX, con las respuestas, explicaciones y aceptación de su hermana XXXX, fechadas entre 1995 y 1997, obrantes a folios 111 a 147, que son “prueba inequívoca de que solo XXXXXXXXXXXXX, nadie más, ha ejercido el dominio en las sociedades”.

(iv) Los testimonios de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, que son coincidentes en que XXXXXXXXX XXXXX “era el único que tomaba las decisiones y (...) los demás miembros de la familia nada tenían que ver”.

b) No valorar “la prueba trasladada correspondiente a distintas sentencias proferidas en procesos instaurados por XXXXXXXXXXXXXXX contra algunos de los demandados”, a saber:

(i) Rendición de cuentas contra XXXXXXXXX XXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, en la que “el Tribunal encuentra que el demandado XXXXXXXXXXXXXX hace declaraciones que riñen abiertamente con la verdad”.

(ii) El pronunciamiento del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín que declaró la simulación de la venta del vehículo de placas BWU 006, advirtiendo que XXXXXXXXX XXXXXXXXXX no obró con la verdad, y luego revocó el superior, “pero no por su análisis probatorio, sino por considerar que no existía simulación en la medida en que el vendedor no participó en el acuerdo simulatorio”.

5. Si el fallador “no se hubiese quedado en la línea fácil de expresar que las afirmaciones de los testigos eran genéricas” ni limitarse al testimonio de XXXXXXXXXXX, para apreciar el material probatorio en su conjunto, otra hubiera sido la conclusión, frente a la multiplicidad de indicios y medios de convicción con los que “habría encontrado que los demandados son mandatarios de XXXXXXXXXXXXXXX, que este como mandante tiene un crédito contra los mandatarios (su padre y sus hermanos que aparecen en las sociedades XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX) que han ejercido el encargo”.

Quinto cargo

Frente a los pedimentos que se contraen a XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, endilga “la falta de aplicación de los artículos 655, 666, 667, 1494, 1495, 1524, 1627, 1774, 1781, 1820, 1821, 1826, 2142, 2157, 2177 y 2302 del Código Civil; todo como consecuencia de los errores manifiestos de hecho al no apreciar múltiples pruebas que obran en el proceso, así como violación medio del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil”, concretamente en lo relativo a las actuaciones en proceso arbitral entre las mismas partes y fallos proferidos en otros asuntos en que se han visto involucrados los litigantes.

Para sustentarlo reitera, en esencia, los razonamientos de la anterior acusación.

Consideraciones

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX procura la declaración de que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX actuaron como mandatarios ocultos de XXXXXXXXXXXXXXXXXX en la adquisición de acciones en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y que lo mismo acontece respecto de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX en la XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. En subsidio pido tener por simuladas tales operaciones.

2. En el fallo de segundo grado se resalta la ausencia de pruebas de que los incrementos en el capital social de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX obedeciera a un mandato oculto, siendo producto del acuerdo de los asociados; además, que es improcedente disponer que las acciones corresponden a una persona diferente, por tratarse de una reforma social. En lo que toca a XXXXXXXXX, tampoco se evidenció el encargo para constituirla por cuenta de XXXXXX XXXXXXXXXXXX.

3. La impugnante reprocha una deficiente valoración de los medios de convicción, primordialmente en lo que se extrae de las pruebas trasladadas del proceso arbitral que se llevó a cabo entre los mismas partes y dos sentencias judiciales en otros trámites relacionados con ellas.

4. Si bien se proponen en dos cargos, uno por la incursión en errores de hecho y el otro de derecho, pero con referencia a los mismos elementos demostrativos, lo que en principio los haría incompatibles, se resolverán a la par de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 numeral 4º del Decreto 2651 de 1991, en virtud del cual “[n]o son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultare relevante”.

5. Los ataques por la vía indirecta, cuando se dirigen a la comisión de un error de facto manifiesto en la apreciación de las pruebas, requiere de una labor argumentativa encaminada a develar la relevancia de la equivocación, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar lo planteado por las partes en litigio.

La Corte sobre esta causal tiene dicho que “al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto” (sent., ago. 9/2010, Exp. 2004-00524).

Por su parte, cuando se achaca un yerro de jure por la infracción del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, como tiene dicho la Sala, “en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en este la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho” (sents. Cas. 067, mar. 4/91, 047, abr. 28 y 055, jun. 6/95; jun. 5/2009, exps. 4102, 4174 y 00205-01; reiterada en sent., mayo 25/2010, Exp. 7300131100042004-00556-01).

6. Tiene trascendencia, en el despacho de las críticas, lo que a continuación se destaca:

a) Que en relación con XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, se otorgaron en las Notarías de Medellín las siguientes escrituras públicas:

(i) En la Tercera la 2446 de 30 de abril de 1965, con la cual se constituyó como XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (fl. 8, cdno. 1).

(ii) En la Doce la 4359 de 13 de noviembre de 1984, permitiendo el ingreso como socios de XXXXXXX y XXXXXXX XXXXXXXX (fls. 35 al 44, cdno. 2).

(iii) En la Primera la 70 de enero 24 de 1985, transformándola en comandita por acciones y quedando como gestora XXXXXXXXXXX (fl. 8, cdno. 1).

(iv) Allí mismo la 2623 de 3 de octubre de 1990, aumentando el capital social con aportes de XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, que para ese momento figuraban como socias minoritarias (fls. 24 al 28, cdno. 2).

(v) La 3524 de 30 de noviembre de 1992, también de la primera, introduciendo entre otras reformas, la de emitir acciones que en su mayoría aparecen suscritas y pagadas por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 18 al 23, cdno. 2).

(vi) En igual dependencia la 752 de 29 de marzo de 1994, que entre varias modificaciones anuncia el incremento del capital con aportes en mayor proporción de XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, así como de terceros ajenos al proceso (fls. 11 al 17, cdno. 2).

b) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, constituyeron la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, por medio de la escritura 4139 de 9 de octubre de 1991 de la Notaría Cuarta de Medellín (fls. 46 al 56, cdno. 2).

c) Que el capital de ambas sociedades está representado en acciones nominativas (fls. 8 y 48, cdnos. 1 y 2, respectivamente).

d) Que en auto de 14 de junio de 2001 se decretó la inscripción de la demanda en este asunto “respecto de las cuotas o acciones que cada uno de los socios tenga” en las sociedades involucradas en la litis (fls. 196 y 197, cdno. 1).

e) Que en sendas comunicaciones aportadas el 25 de enero de 2001, los representantes legales de XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, manifestaron el cumplimiento a lo ordenado (fls. 245 y 247, cdno. 1).

7. Como lo contemplan los artículos 375, 403 y 405 del Código de Comercio, “el capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títulos”, estos que por regla general son libremente negociables, salvo las restricciones legales. La enajenación de las nominativas se perfecciona por el simple acuerdo entre las partes, pero para que produzca efectos frente a la sociedad y los terceros se requiere de la inscripción en el libro de accionistas que se lleva. Igual acontece con las sociedades en comandita por acciones por expresa remisión del artículo 347 ibídem.

La importancia de esta precisión no es desdeñable, para los efectos de las inconformidades propuestas, porque, independientemente de la naturaleza de las pretensiones formuladas, cuando menos era necesario obtener la certeza de que los demandados contaban con acciones en la sociedad anónima y en comandita involucradas, el número de estas y la forma en que fueron adquiridas, esto es, si por emisión directa de la sociedad al recibir sus aportes o como resultado de una transferencia.

8. No saldrá adelante ninguno de los reproches estudiados, por las razones que pasan a exponerse:

a) En lo que respecta a las acciones de XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX en XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, se pidió verificar la existencia de mandato oculto “en la adquisición” de estas.

Sin embargo, llama la atención el que el tribunal señalara que “[f]rente a las pretensiones relacionadas con la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (...) no aparece prueba alguna que permita deducir que los actos jurídicos de reforma a la sociedad, esto es, los celebrados ya durante la vigencia de la sociedad conyugal los hermanos XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, hayan actuado como mandatarios de XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX” y que “con relación a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX (...) se trató entonces de una sociedad creada por quienes estaban vinculados tiempo ha a la actividad transportadora, sin que se evidencie la existencia de encargo por parte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a su padre y hermanos, para que como sus mandatarios lo representasen en dicho acto jurídico. Por lo menos la actora no alcanza a demostrar dicha situación”.

Aunque esa manifestación es equívoca como si la discusión correspondiera a cuotas involucradas en una sociedad limitada y representadas en instrumentos públicos, cuando en realidad corresponden a títulos privados nominativos de libre circulación, lo cierto es que esos pedimentos fueron desechados, en esencia, por falta de elementos de convicción sobre los hechos que los sustentaban. Además nada dijo al respecto la censora y, de haberlo advertido, la vía indicada era la directa por constituir un eminente error jurídico.

Es así como ninguna prueba idónea aparece en el expediente sobre la existencia de las acciones, su titularidad, cantidad, origen y no podría decirse que las estipulaciones de las escrituras públicas de constitución o reformas de la sociedad cumplieran tal cometido, pues, el único modo era verificando su inscripción en el libro de que habla el artículo 195 del Código de Comercio, “debidamente registrado para inscribir las acciones; en él [que se] anotarán también los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio, si fueren nominativas”.

Es más, la respuesta que dieron los representantes legales de ambos entes, donde informan sobre el cumplimiento de la inscripción de la demanda, si mucho señala cuáles de los demandados era accionista para ese momento y nada más.

El hecho de que ni siquiera existiera certeza sobre el objeto de las aspiraciones, es suficiente para sostener la afirmación absoluta del juzgador de carencia demostrativa de los supuestos fácticos, sin que ninguno de los cargos tuviera en cuenta tal aspecto en su exposición.

b) Ya en relación con el yerro de jure, es de advertir que las manifestaciones del fallo en el sentido de que “no aparece prueba alguna que permita deducir que los actos jurídicos” fueron el producto de un mandato o “sin que de las manifestaciones genéricas de los testigos allegados por la parte actora, pueda deducirse” este, ni mucho menos el que “se evidencie la existencia de encargo por parte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a su padre y hermanos”, en grado alguno constituyen una infracción al principio de valoración de las pruebas en conjunto que contempla el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

Precisamente al hacer esas observaciones se deja por sentado que se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los medios de convicción aportados, sin que ninguno mereciera el crédito necesario para verificar la certeza de lo que argumentaba la accionante, lo que hacía más compleja su labor para que se configurara la falencia pregonada.

De esa manera, para la prosperidad del cargo, no era suficiente con que se citaran algunas piezas del material trasladado “que se recaudó en el proceso arbitral llevado entre las mismas partes” sino que se debió realizar una contraposición con las demás pruebas obrantes y resaltar de forma global cómo se produjo el desfase, lo que no ocurre en este caso.

Como bien lo reiteró la Sala en sentencia de 16 de diciembre de 2004, Expediente 7459, “[s]obre la apreciación de las pruebas en conjunto y la exposición razonada que se le debe dar a cada una de ellas, exigencias impuestas al sentenciador por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, ha expuesto la Corte que como de ‘conformidad con la presunción legal de acierto en la estimativa probatoria de un fallo que llega en casación, se entiende que el fallador da cumplimiento al deber de apreciar en conjunto o globalmente (integración mediante la relación o causación de similitud, disimilitud, oposición, convergencia, etc.) todas las pruebas que se dan por existentes en el proceso sometiéndose en ello a las reglas de la sana crítica y sus limitaciones (las solemnidades esenciales y de validez de los actos), dando la razón del mérito de cada prueba (CPC, art. 187), es menester concluir que su impugnación en casación por error de derecho no queda ajustada del todo a la técnica por la indicación abstracta de la violación de la citada preceptiva, sino que además, es indispensable, entre otros, que el defecto sea en la apreciación normativa de la prueba y no se sustente en deficiencia fáctica, como la preterición de la prueba, porque el yerro que debe endilgarse debió ser el de hecho y no el de derecho. Además, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicación de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciación global, debe ir acompañada de la determinación o singularización (como lo exigen los artículos 368, num. 1º, y 374, num. 3º, Código de Procedimiento Civil) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciación conjunta; indicación esta que, por lo demás, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciación en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompañada de su comprobación con la indicación de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integración y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunción de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo”(sentencia 103, mayo 6/91, no publicada aún oficialmente)”.

En cuanto al artículo 185 del estatuto procesal civil, según el cual “[l]as pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”, es claro que para poderlo entender vulnerado se requiere del fallador la aceptación de las que no cumplan los requisitos o el que le reste expresamente mérito a las que si los tienen.

Como en este caso nada se dijo sobre el incumplimiento de los supuestos o la limitación de los alcances a las copias anexadas, las quejas sobre su desatención obedecen más a una vía de hecho que al producto de la infracción al precepto transcrito.

c) Tampoco se configuran los yerros de facto planteados por irregularidades en su formulación y debilidad en los argumentos, como pasa a verse:

(i) Al resaltar la mendacidad de las declaraciones de parte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, dentro de las pruebas trasladadas, se está haciendo una apreciación particular por la recurrente, cuando lo relevante de las mismas sería la confesión que se hubiera obtenido de ellas en los términos de los artículos 194 al 196 del Código de Procedimiento Civil.

Además, si bien en las transcripciones de los interrogatorios aparecen alusiones a “XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX”, no se concretan a las acciones emitidas por la sociedad, que son fuente de reclamo, ni la forma de adquisición por los titulares, que se repite ni siquiera aparece verificada, sino a los aportes iniciales que quedaron al margen de esta discusión. Las anotaciones que la impugnante hace sobre ese punto no están respaldadas por el dicho concreto de los opositores en ese sentido.

(ii) El poder general de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX, según escritura 2869 de 13 de agosto de 1984, para que actuara en nombre de XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, nada tiene que ver con las adquisiciones de acciones que se dieron con posterioridad a su reforma.

(iii) Las comunicaciones cruzadas entre XXXX XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX solo demuestran el grado de injerencia de XXXXXXXXXXXXX en las sociedades y sus desacuerdos en la forma como se están administrando.

(iv) Las deposiciones de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXX XXXXXXXXXX aparecen resumidas, armando con ellas un hilo conductor para hacerlas coincidir con los postulados de la promotora, como si se tratara de un alegato de instancia.

(v) Las sentencias del tribunal en proceso de rendición de cuentas de XXXXXXXXXXXXXXXX contra XXXX XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXX, así como la del Juzgado 9º Civil del Circuito de Medellín, de modo alguno corresponden a prueba trasladada en los términos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, sino que son decisiones judiciales con efecto de cosa juzgada sobre los puntos allí decididos.

La valoración probatoria consignada en los fallos en ningún momento compromete la misma labor que debe desempeñar un funcionario diferente, para resolver un asunto que se someta a su discusión, así exista conexidad entre los temas.

Por ende, ningún sentido tienen las advertencias de que en el primer fallo “el Tribunal encuentra que el demandado XXXXXXXXXXXXXXXX hace declaraciones que riñen abiertamente con la verdad” o que en la otra se estimó “que no existía simulación en la medida en que el vendedor no participó en el acuerdo simulatorio. En esa sentencia, la juez le atribuye a la demandada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no obrar con la verdad”, pues, se constituyen en juicios de valor dentro de un caso específico que no pueden comprometer la visión del encargado de desatar el nuevo debate.

Lo que sí encuentra respaldo es que, de existir coincidencia entre las partes en ambos pleitos, las pruebas recaudadas en uno puedan ser traídas al otro para su contemplación, en conjunto con los demás medios demostrativos recaudados.

9. Los ataques, en consecuencia, no prosperan.

Escrito de los demandados

Quinto cargo

Reprocha la transgresión indirecta de los artículos 1824, 2177, 2181, 2182 y 2183 del Código Civil, como consecuencia de errores probatorios de hecho y de derecho al apreciar las pruebas.

Para demostrar la censura expone:

1. Concluyó el sentenciador que estaba demostrado el “mandato oculto” en la constitución de XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y la adquisición de cuatro inmuebles, así como la intención de dejarlos al margen de la liquidación de la sociedad conyugal del mandante y su exesposa.

2. Para llegar a ello incurrió en los siguientes yerros de facto:

a) Deducir que el mandato oculto se configura desde la constitución de la sociedad, a partir de “un indicio supuesto”, esto es, que la “sociedad se constituyera con un objeto social similar al de la actividad comercial de los socios constituyentes”, de lo que no se puede inferir tal suposición, que es fruto del capricho y la arbitrariedad.

Ninguna regla de la experiencia conduce a advertir el mandato oculto “de la similitud de actividades comerciales de los hermanos XXXXX y el objeto social del ente creado (hecho indicador)”, presentándose un error en la inferencia, que sucede cuando “del hecho indicador y la regla adoptada, no se sigue el hecho indicado”, como lo señaló la Corte en sentencia de 24 de noviembre de 2010, Expediente 15076.

b) Igual defecto acontece al hallar “otro indicio en pro de la demostración del mandato oculto en la constitución de la sociedad, en el hecho de la equivocación en que incurrió XXX XXXXXXXXXXXX”, respecto de la razón social de la empresa como “XXX... XXXXX”, siendo que es “XXXXXXXX”, cuando incluso el juzgador en la parte resolutiva la denominó “XXXXXXXXXXX”.

c) Bajo el mismo parámetro, es equivocada la trascendencia dada a que “XXXXXXXXXXXXXXXXXX no recordara el nombre de XXXXXXXXXX, hijo de XXXXXXXX XXXXX, vendedor de uno de los lotes (fls. 80-2), así el primero haya intervenido en los tratos negociales, o que la sociedad no se hubiere obligado directamente por la deuda adquirida por la compra de otro de los lotes que entraban a su patrimonio o que una de las vendedoras haya dicho en su testimonio que el lote matriculado con el 0001-18195, se negoció ‘con XXXX XXXXXX el viejo para una sociedad que tenía con los hijos’, porque según dice el tribunal esta ‘versión no es creíble en tanto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no es socio de Inparvaleria (fls. 77, cdno. 2)’”.

Ninguno de esos aspectos conduce a tener por cierto que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX encomendó subrepticiamente a sus hermanos, que junto con él constituyeran la sociedad, “porque el contraste de esos hechos con las reglas de la experiencia que jugaran algún rol en este caso, no conduce a la deducción mencionada, pues no existe nexo causal adecuado entre uno y otro hecho (...) De manera que la ‘curiosidad’ y la ‘incredulidad’ que el tribunal manifestó para apartarse de deducciones razonables y optar por las que dan pábulo a los indicios que fincan su resolución, no son más que muestras del capricho y la arbitrariedad que determinaron su razonamiento”.

Además lo dicho por XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX sobre la persona con que adelantó la negociación de uno de los lotes, era acorde con lo que narró XXXXXXXXXX XXXXXXX.

d) Pretermitió el indicio que se colige del instrumento con que se constituyó XXXXXXXXXXXXXX, que también impugnó la accionante, sin éxito, porque, además de corresponder a un acto celebrado antes de que está contrajera matrimonio con uno de los demandados, “el ánimo societatis (hecho indicado), de los hermanos XXXXXXXXX y su padre; no correspondía a una manifestación coyuntural de voluntad ligada a los conflictos conyugales de XXXXXXXXXXXXXXXXX, con la intención de defraudar los intereses de la consorte, sino a una expresión real y seria de querer constituir una o varias sociedades familiares con el fin de explotar los negocios de transporte a los cuales de antaño se dedicaban”.

e) Desafuero del mismo orden se dio respecto del “indicio que emerge de la escritura pública 4359 de 13 de noviembre de 1984, de la Notaría Doce de Medellín, por medio de la cual se reformaron los estatutos de XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX”, que tampoco pudo ser invalidada, por lo que “ella permite inferir (...) que la intención de asociación de la familia XXXXXXXXXX no era el fruto de pactos secretos destinados a atentar contra los intereses de la demandante, sino expresión real, leal y seria de sus actividades comerciales, manifestada por varias veces en tiempo anterior a la celebración del matrimonio con la demandante, y claro está al surgimiento de las controversias matrimoniales”.

f) Veladamente “se deduce otro indicio en pro de las pretensiones de la parte demandante, del hecho de que XXX XXXXXXXXXXXXX desconozca ‘como se pagaron los otros lotes’”, lo que justificaba “el hecho demostrado pero omitido por el Juzgador (error de hecho), que los otros lotes fueron negociados por su señor padre, como él lo manifiesta (fls. 78-2) y lo ratifican los vendedores de dos de ellos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX”, la primera a la que le restó fuerza y el otro que dejó de apreciar, siendo que les debió dar plena credibilidad.

g) El hilo conductor en la construcción probatoria que llevó a las declaraciones y condenas relacionadas con Inparvaleria y los lotes adquiridos por esta para destinarlos a parqueadero, es la “intervención de XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX en distintos momentos de los actos”, esto es, la adquisición del crédito con XXXX, así como las autorizaciones para girar cheques de su cuenta y pagar las cuotas, lo que “lleva al tribunal a concluir que quedaba ‘claro que la obligación no fue ni adquirida ni pagada por Inparvaleria sino por XXXXXXXXX hijo’”; también las consignaciones que la secretaria del parqueadero hacía en la cuenta de XXXXXXXX, las misivas que está le enviaba a él “tildándolo de ‘propietario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” y un cheque entregado por este mismo a la hija del vendedor de uno de los lotes.

Esas “constancias probatorias nada significan en pro de la demostración del mandato oculto en la constitución de la sociedad, y aún en los actos de compraventa porque de nada soterrado dan cuenta”, alterando su contenido material al pasar por alto que el pagaré fue suscrito por todos los socios “como obligados solidarios en su condición de avalistas” y que como “el crédito se hizo a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como deudor principal, puesto que el resto de socios de Inparvaleria eran avalistas, era él quien primariamente debía pagarlo”.

En cuanto al pago hecho a XXXXXXXXXXXXXXXX, hija de XXXXXXXXXX, “de ese hecho cierto en modo alguno se puede inferir el ocultamiento investigado, pues si el señor XXXX XXXXXXXXXXXXX era uno de los socios de XXXXXXXXXXX (...), nada permite suponer, como lo inventa el tribunal que el pago se hacía para solucionar una deuda propia y completamente ajena a la sociedad de la cual hacía parte de manera importante, como claramente lo expone el otrora contador XXXXXXXXX XXXXXXXXXX”.

Las comunicaciones en que XXXXXXXXX “se refiere a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como ‘propietario de XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX’ (...) con independencia de que la sociedad es la que figura como propietaria de los lotes, los documentos aducidos nada declaran sobre el pretenso mandato oculto”.

h) Además incurrió el juzgador en el “raciocinio equívoco que le produce la no apreciación completa de los medios de prueba, puesto que también cometió sendos errores de hecho, por no ponderar en toda su extensión lo dicho por los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, lo mismo que por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, otro de los vendedores”.

Ellos refieren que “tanto XXXXXXXXXXXXXXXXX como XXXXXXXXXXXXXXXX, gerentes de XXXXXXXXX, manejaban dineros de la empresa en cuentas personales” y que este último pagó “el lote de las ‘hermanas XXXXX (...) con cheques ‘girados de la chequera personal de la cuenta mía [de XXXXXXX] 16900404-1 del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Suc. de Caldas’”, apartes que “si el tribunal no hubiera omitido apreciar (...) habría encontrado la razón y la justificación de por qué uno y otro de los socios pagaba con cheques de sus cuentas personales obligaciones de la sociedad”, sin que lo dicho por XXXXXXXXX sea “una ínsula probatoria, porque además de la confirmación que encuentra en lo expuesto por el contador XXX XXXXXXXXXXX, también lo corroboran los recibos de consignación que aparecen a folio 81 del cuaderno 2”.

3. En cuanto a los yerro de jure, se tiene:

a) Al incumplir la evaluación en conjunto de “las referidas pruebas”, el ad quem “violó el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo así en un error probatorio de derecho”, quedando descartados “los indicios que de esas conductas derivó (...) y descubiertos así los errores de hecho cometidos”.

b) Remata con la infracción de los artículos 94-7 y 174 ibídem, al otorgar “eficacia y consecuentemente fuerza probatoria al allanamiento del codemandado XXXXXXXXX XXXXXXXXX, cuando este era un litisconsorte necesario en relación con las pretensiones dirigidas a obtener las declaraciones de mandato oculto en la constitución de la sociedad, de la cual él es socio constituyente en conjunto con los otros hermanos codemandados”, como al parecer lo hizo “cuando en la página 22 de la sentencia lo invoca para apuntar un hito más en la construcción dialéctica ‘de la demostración del mandato oculto’”.

4. Todos los errores denunciados son trascendentes y “refulgen de modo manifiesto” porque de no haber caído en esa falta la decisión hubiera sido “negatoria de las pretensiones propuestas por la parte demandante, precisamente por no haberse demostrado los ocultamientos que las fincaban”.

Consideraciones

1. La gestora, en acción ordinaria en la que formuló varios reclamos acumulados, buscó la declaración de mandato al realizar los aportes de capital en XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX y que esta, a su vez, actuó en nombre de XXXX XXXXXXXXXXXXXX al comprar cuatro inmuebles. Ello, en vista de que por el ocultamiento quedaron por fuera de la liquidación de sociedad conyugal que conformaron desde su matrimonio hasta que convinieron disolverla.

2. Tales aspiraciones encontraron respaldo en el fallo del ad quem, que tuvo a XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXX XXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX como mandatarios de su hermano al constituir la sociedad y, adicionalmente, precisó que las compras de predios a nombre de la persona jurídica en realidad se hacían para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. En complemento dispuso que como los bienes fueron sustraídos subrepticiamente de la sociedad conyugal que aquel sostuvo con XXXXXXXXXXXXXXX, debían ser devueltos a esta de conformidad con las instrucciones del artículo 1824 del Código Civil.

3. Los opositores cuestionan la tasación que hizo el tribunal del conjunto probatorio, pregonando respecto de unos mismos medios de convencimiento equivocaciones de facto y de jure.

4. Respecto de las peticiones que encontraron éxito en el desenlace de la segunda instancia, es de importancia precisar:

a) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por medio de la escritura 221 de 26 de enero de 1993, de la Notaría Primera de Medellín, constituyeron XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “XXXXXXXXX”, con unos aportes de seis mil pesos ($ 6.000) los cuatro primeros y un mil pesos ($ 1.000) el último (fls. 6 al 10, cdno. 2).

b) Que la sociedad adquirió cuatro inmuebles, según escrituras públicas otorgadas en la Notaría Cuarta de Medellín, una de ellas, y las otras tres en la Única de Caldas, como se pasa a relacionar:

(i) 5117 de 27 de septiembre de 1993, transfiriendo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por nueve millones quinientos mil pesos ($ 9’500.000) pero cuyo valor real fue de ciento treinta millones de pesos ($ 130’000.000), un lote en menor extensión al que se asignó el folio de matrícula inmobiliaria 001-618216 (fls. 179 al 185, cdno. 10).

(ii) 258 de 7 de marzo de 1994, en el que XXXX XXXXXXX enajenó por cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), pero efectivamente se hizo por tres millones quinientos mil pesos ($ 3’500.000), un terreno a segregar de una mayor extensión, al que correspondió el folio de matrícula 001-633862 (fls. 61 y 62, cdno. 2).

(iii) 1440 de 2 de septiembre de 1994, donde vendió XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por dos millones quinientos mil pesos ($ 2’500.000) denunciados pero realmente en catorce millones de pesos ($ 14’000.000), el bien con folio de matrícula 001-18195 (fls. 183 y 184, cdno. 10).

(iv) 51 de 19 de enero de 1995, de desenglobe que hizo XXXXXXXXXXXXX del bien con folio matriz 001-0065042 que traspasó por cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), que en verdad fue de dos millones de pesos ($ 2’000.000), a la persona jurídica (fls. 58 y 59, cdno. 2).

c) Que XXXXXXX concedió a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, en febrero de 1993, un crédito por cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000), figurando como avalistas XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, destinado al cumplimiento en el pago de la primera negociación (fl. 150, cdno. 2).

d) Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aportó comprobantes de consignación de tres cheques de la cuenta 16900404-1, en favor de XXXXXXXXXX y XXXXXXXX XXXXXXXXX en el banco XXXXXX, banco XXXXX y XXXX, respectivamente, por treinta y cuatro millones de pesos ($ 34’000.000) para la primera y treinta y tres millones de pesos ($ 33’000.000) por cada una de las restantes (fls. 23 al 25, cdno. 4).

e) Que el fallo del tribunal, en la parte que se discute, se sustenta en las siguientes conclusiones (fls. 36 al 40, cdno. 10):

(i) Está claro que XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX “fue constituida con la finalidad de adquirir unos inmuebles que serían destinados a parqueadero”, objeto que se llevó a cabo por medio de los instrumentos señalados.

(ii) La prueba trasladada demuestra que “quien efectuó todos y cada uno de los negocios jurídicos fue XXXXX XXXXXXXXXX”, por lo que la sociedad fue de papel y sus hermanos se prestaron para ayudarlo.

(iii) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es representante de la sociedad, relató que el pago se hizo con recursos de su cuenta personal, pero tuvo varias contradicciones en su versión de los hechos e incluso en otras instancias “pone de presente que no pagó con dineros suyos sino recolectados con la venta de cupos y el préstamo de XXXXXXX”.

(iv) El que la compra a XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX se hizo, en parte, con el préstamo de cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000) que desembolsó XXXXXXX, lo respaldó el dicho de XXXXXXXXXXXXXXXX; el pagaré en mención, que aparece suscrito por personas naturales; los testimonios de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXX XXXXXXXXX; y el que las misivas de XXXXXXXXX a “XXX XXXXXX, en marzo, abril y mayo de 1995 se refieren a XXXX XXXXXXXXXXXXXXX como ‘propietario de XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX”, así como la de 17 de julio de 1998 que “dirige directamente a XXXXXXXXXXXXXXX”.

(v) No tenía credibilidad la narración de XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX respecto de que la negociación del predio con folio 001-18195 la hizo con “XXXXXXX el viejo para una sociedad que tenía con los hijos”, pues, este “no es socio de XXXXXXXX (sic)”.

(vi) XXXXXXXXXXXXXXXX, hija del vendedor del lote con matrícula inmobiliaria 001-633862, dijo que recibió de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por autorización de su padre, parte del precio acordado “y que la sociedad XXXXXXX (sic) funciona en los parqueaderos”.

(vii) Se debía revocar la decisión del a quo en el sentido de disponer que “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, actuaron como mandatarios ocultos sin representación de XXXXXXXXXXX”.

(viii) No se condenó al pago de utilidades o provechos porque “no aparece prueba de que los accionados [las] hubiesen recibido (...), por el contrario como se anotó antes el producido era entregado al mismo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o a su tío XXXXXXXXX”.

(ix) También se declarará “que la XXXXXX XXXXXXXXXX (sic) actuó como mandataria oculta de XXXXX XXXXXXXXXXXX, en la adquisición de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias 001-618216, 001-633862, 001-18195 y 001-656535 y por tanto, deben serle restituidos al mandante”, con las consecuentes anotaciones registrales.

5. La estrictez que rige en la interposición de este recurso extraordinario impide que en un mismo ataque se invoquen dos causales que sean completamente opuestas en su esencia, lo que ocurre cuando se anuncian simultáneamente errores de hecho y de derecho por la valoración dada a las mismos medios de convicción, si enunciada una se desarrolla como si fuera la otra o cuando se conjuntan en su planteamiento.

Es así como dejó previsto la corporación, en sentencia de 5 de diciembre de 2008, Expediente 2004-0032-01, al referirse a esta indebida confusión, que “[t]al formulación ciertamente desconoce la diferencia entre el yerro de derecho —o de valoración— y el de hecho —o de facto— por cuyas características y distinciones, resulta impropio acusar una sentencia de infracción de la ley sustancial por yerro de derecho y al mismo tiempo desarrollar la argumentación por error de hecho (...) En efecto, la denuncia del reproche fáctico busca establecer la suposición de una prueba que no obra en los autos o la omisión de la que está en ellos, comprendiendo la desfiguración del medio probatorio, bien por adición de su contenido (suposición), ya por cercenamiento del mismo (preterición), yerro que por lo demás debe ser manifiesto, es decir, protuberante, que salte a primera vista y contra la evidencia establecida en el proceso, al paso que el error de derecho se refiere a la interpretación o inaplicación de las normas legales que gobiernan el medio probatorio, configurándose este cuando a pesar de la correcta apreciación de la prueba en cuanto a su presencia objetiva, el fallador infringe las normas que regulan su producción, o equivoca la tarea de fijar su eficacia demostrativa, bien atribuyéndole un mérito que la ley no le concede o negándole el asignado, o también cuando no la aprecia en conjunto, como lo manda el artículo 187 ibídem, en cuyo caso es imperativo, además de individualizar los medios de prueba no estimados, indicar los apartes de cada una de ellas que evidencien y muestren la falta de integración, debiendo los recurrentes singularizar las pruebas e interrelacionarlas de modo que de su conjunto aflore el sentido ignorado y que era trascendental en el fallo, sin descuidar que el ataque no derive hacia el aspecto de la objetividad de la prueba, esto es, achacándole al tribunal falta de apreciación, suposición o tergiversación de su evidente sentido, como ocurre en el presente caso, al conjuntar los errores de hecho y derecho, restándole con ello aptitud formal al cargo (...) Acerca de la violación de una norma sustancial como consecuencia de error de hecho o derecho, enseña la Corte que ‘la labor del juez en la valoración del acervo probatorio se cumple en dos etapas distintas aunque complementarias: en la primera realiza la contemplación objetiva o material de la prueba, tendiente a establecer su existencia en el proceso y el contenido mismo del medio probatorio, en tanto que en la segunda etapa y agotada la primera, el juzgador realiza el examen de esa prueba confrontándola con las normas que la regulan, para asignarle el mérito de convicción que corresponda, lo que equivale a la contemplación jurídica de la prueba. De allí se desprende que la equivocación del juez puede acontecer en la primera o en la segunda etapa, lo que da lugar a la comisión de errores de hecho o derecho, que lo llevan indirectamente a la violación de la ley sustancial, errores estos que son diferentes e inconfundibles entre sí’ (Cas. Civ., mayo 2 /2000, Exp. 6291)”.

6. La anterior situación se presenta en este caso en el que los impugnantes anuncian la ocurrencia de varios yerros de facto en la apreciación de las pruebas en que se sustenta lo resuelto, pero acto seguido señalan que “cuando el tribunal colige de las pruebas atrás vistas que hubo mandato oculto en la constitución de la sociedad y luego en las compraventas de los lotes, porque ‘quien efectuó todos y cada uno de los negocios jurídicos fue XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (...) lo hace guiado por el raciocinio equívoco que le produce la no apreciación completa de los medios de prueba, puesto que también cometió sendos errores de hecho, por no ponderar en toda su extensión lo dicho por los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXX XXXXXXXXXXXXXXXX, lo mismo que por XXXXXXXXXXXXX XXXXX, otro de los vencedores”.

Más adelante acotan los contradictores que “[e]valuadas en conjunto las referidas pruebas [sin precisar cuáles, pero en presunta alusión a varios apartes en las deposiciones de XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX], tarea que tampoco cumplió el tribunal, razón por la que violó el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo así en un error probatorio de derecho, descartados quedan los indicios que de esas conductas derivó el tribunal, y descubiertos así los errores de hecho cometidos, en tanto aparece la suposición del hecho indicado”.

Consolidan así los opugnadores en uno solo las dos clases de yerros, esto es, de jure y de facto, como si el inicial fuera el detonante para la comisión del último, lo que repugna a las reglas que dan vía para su estudio.

7. No obstante lo anterior, si se tomara en cuenta el ataque por la senda del error de hecho en la apreciación de los indicios deducidos por el juzgador y la desatención de otros elementos que los rebatían, tampoco encontrarían éxito los planteamientos de los censores, a saber:

a) No son descabelladas ni aisladas las reflexiones del ad quem al deducir, cohesionando los supuestos que se dejaron referidos, que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX es mandante oculto en todas las operaciones relacionadas con la adquisición de los inmuebles donde funciona el parqueadero de los vehículos afiliados a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX.

Para llegar a tal deducción tuvo en cuenta que solo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se beneficiaba del producido del parqueadero y existía un alto grado de certeza de que fue el único que aportó el capital necesario para cubrir el precio de los inmuebles.

Así mismo, frente a las manifestaciones de su hermano XXXXXXX en el sentido de que él también contribuyó con parte del precio, quedaron derruidas en vista de las múltiples contradicciones incurridas en varias diligencias.

Estas dos apreciaciones que se constituyen en la parte más fuerte del sustento de la providencia, no son atacadas de manera frontal, sino que se disgregan como si correspondieran a hechos aislados, conservando en su coherencia los efectos develadores de la realidad procesal y manteniendo la presunción de acierto con que viene amparada.

b) La suposición del mandato oculto en la constitución de la sociedad no deriva solo de su objeto social, sino de que cumplido su cometido, ningún beneficio reporta la persona jurídica de los ingresos que generan los lotes. Así lo deja expuesto el fallo cuando no se dispone la devolución de “utilidades o provechos, [porque] por el contrario como se anotó antes el producido era entregado al mismo XXXXXXXXXX XXXXXXX, o a su tío XXXXXXXX”, quien a su vez le rendía informes de ello al beneficiario.

c) Las equivocaciones e inexactitudes de XXX XXXXXXXXX, que son evidentes y saltan a la vista, no son de poca monta si se tiene en cuenta que detenta la calidad de gerente de XXXXXXXXXX., designado en la escritura de constitución, y por ende administrador con las facultades legales y estatutarias para “celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad”, al tenor del artículo 196 del Código de Comercio y como aparece en el certificado de existencia y representación (fls. 17 a 20, cdno. 1).

Riñe con la lógica que la persona en quien se ha encomendado el desarrollo de los negocios sociales, se evada de ellos, salvo que, como lo concluyó el sentenciador, “la sociedad de verdad no fue más que una sociedad de papel, en la que los hermanos Herrera Hoyos actuaban para ayudar a XXXXXXXX XXXXXXXXX”.

Por la misma razón no encuentra respaldo en las diferentes versiones dadas por XXXXXXXX, el testimonio de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que es con lo único que se pide darle peso.

Eso sin perder de vista que XXXXXXXXX es demandado en el pleito y que su dicho debe ser valorado bajo el talante de las declaraciones de parte, por lo que tendría efectividad en lo que le perjucidara (sic), pero en lo que le beneficia debe encontrar soporte en los demás medios de convicción y no a la inversa, como lo sugiere el embate.

Como lo recordó la Corte en sentencia de 25 de marzo de 2009, Expediente 2002-00079-01, “no puede confundirse la confesión con la declaración de parte, habida cuenta que ‘la confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo menos resultan favorables a la contraparte. La última es la versión, rendida a petición de la contraparte o por mandato judicial oficioso, por medio del cual se intenta provocar la confesión judicial... En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario o, lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba’ (sents., sep. 13/94, jul. 27/99 y oct. 31/2002, entre otras)”.

d) Los resultados que arrojó el estudio del juzgador sobre las demás sociedades involucradas, no alcanzan a afectar la especificidad de la inversión en la compra de los terrenos y la necesidad de hacerlo por medio de una “sociedad de papel”, puesto que los razonamientos que condujeron a la negativa de unas pretensiones y la procedencia de otras difieren.

e) La velada influencia de la posición asumida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no es más que una suposición de los recurrentes, puesto que tal hecho ni siquiera aparece resaltado. Además, lo que se tuvo por probado está soportado en diferentes medios demostrativos, independientemente de que pueda existir coincidencia con sus escritos.

f) Lo atestiguado por XXXXXXXXXXXXXXXXXX y el contenido de la correspondencia cruzada con XXXXXXXX, es un refuerzo a la verdadera naturaleza de XXXXXXXXXXXXX XXXX como adquirente, por interpuesta persona, de los inmuebles que hacía figurar a nombre de XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Estos elementos contribuyen a dicha revelación, si de conformidad con los mismos se conoce a XXXXXXXXXXXXXXXX como “propietario de XXXXX XXXXXXXXXXXXXX” o del parqueadero, indistintamente.

8. Tampoco se configurarían los errores de derecho que de manera complementaria promueve porque:

a) Ninguna infracción puede esperarse de los artículos 94-7 y 174 del Código de Procedimiento Civil, pues, como quedó visto no se le brindó “eficacia y consecuentemente fuerza probatoria al allanamiento del codemandado XXXXXX XXXXXXXXXXX”. Por tal razón los efectos adversos que les produce la decisión a los litisconsortes por pasiva no son producto de la actitud sumisa asumida por uno de ellos.

b) Mucho menos se comprobó el quebrantamiento de las normas sustanciales que rigen el caso por desconocimiento del artículo 187 ibídem, si como se dejó verificado los impugnantes se encargaron de desfigurar de manera aislada las pruebas que mayor grado de convicción le generaron al tribunal, sin abordar el trabajo de derrumbar lo que de ellas extrajo en su conjunto.

9. La labor desplegada por los opositores inconformes, además de las debilidades de técnica, no lograron derruir el laborío del fallador, puesto que los cuestionamientos a los indicios que condujeron a la resolución parcialmente adversa corresponden más a una reinterpretación de algunos medios de prueba, sin evidenciar en sus exposiciones la equivocación grave y manifiesta que se requiere de la senda indirecta.

En el mismo pronunciamiento de 5 de diciembre de 2008, Expediente 2004-0032-01, recalcó la Corte que “viene bien recordar lo que insistentemente ha dicho la jurisprudencia al referir que ‘la casación no está, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, ‘para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a esta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista’’ (casación civil 22 de octubre de 1998, citada en sentencia de 20 de abril de 2001, Exp. 6014) ... Por demás, en materia probatoria, tiene advertido esta corporación, el juzgador, ‘goza de autonomía para evaluar y ponderar los diversos medios de prueba que integran el acopio demostrativo del expediente. Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrarán así impermeables al ataque en casación (sentencia de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992)’ (casación de 24 de octubre de 2006, Exp. 00058-01), pues, ‘(...) en la prueba por indicios se trata fundamentalmente de que el juzgador, por el hecho conocido, pase a descubrir el hecho que se controvierte, ‘(...) no existe duda alguna acerca de que por regla general el debate sobre su mérito queda cerrado definitivamente en las instancias, y que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que atañe a la gravedad, precisión, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador está llamado por la ley a formar su íntima convicción, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contraría los dictados del sentido común o desconoce el cumplimiento de elementales leyes de la naturaleza” (LXXXVIII, 176; CXLIII, 72); y ‘(...) aún en el evento de que surgieran dudas a través del nuevo examen de los indicios, es bien claro que el recurso extraordinario no podría fundarse en base tan deleznable como el estado dubitativo para decretar el quiebre de la sentencia objeto de acusación’ (LXXXVIII, 176 y 177) (casación de 16 de febrero de 1996, CCXL, p. 194, reiterada en Sent. S-029, mar. 15/2000, Exp. 5400, casación de jul. 16/2001, Exp. 6362, casación de oct. 2472006, Exp. 00058-01)”.

10. Consecuentemente, los cargos no prosperan.

11. Teniendo en cuenta que la decisión es desfavorable a los recurrentes, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas.

Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que ambos libelos fueron replicados (fls. 202 al 217 y 224 al 243).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de mayo de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario de XXXXXXXXXXXXXXXX contra XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Costas a cargo de todos los recurrentes que serán liquidadas por la secretaría, e incluirá en estas la suma de seis millones de pesos ($ 6’000.000) por concepto de agencias en derecho para cada parte, así:

A cargo de XXXXXXXXXXXXXXXXX y en favor de XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Por cuenta de XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXX XXXXX y XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX y en beneficio de XXXXXXXXXXXXXXX.

Notifíquese y devuélvase».