Sentencia 2000-00389 de abril 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expedientes: 73001-23-31-000-2000-00389-01

73001-23-31-000-2000-00688-01 (24.197) Acumulados

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Hernando Tabares Escobar y otros

Demandada: Nación-Rama judicial-Consejo Superior de la Judicatura y otro

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional(31) para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas en contra de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2002, por el Tribunal Administrativo del Tolima, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(32), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la supuesta ocurrencia de un error judicial y una falla en el servicio, contenidos en unas providencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado y unos decretos expedidos por el Gobernador del Tolima, a saber: el auto admisorio de 9 de julio de 1997 y la sentencia de 9 de junio de 1998, así como el Decreto 426 de 5 de mayo de 1998, mediante el cual ordenó la suspensión del señor Luis Hernando Tabares Escobar en el ejercicio de sus funciones como Alcalde Municipal de Fresno (exp. 2000 00389); el auto admisorio de 31 de julio de 1997 y la sentencia de 19 de marzo de 1998, como también el Decreto 117 de 25 de febrero de 1998, mediante el cual se ordenó la suspensión del señor Orlando Tovar Torijano en el ejercicio de sus funciones como Alcalde Municipal de Coyaima (exp. 2000 00688).

Ahora bien, vale reiterar en esta oportunidad, que en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en error judicial, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia contentiva del error queda ejecutoriada. Sobre la cual señaló la Sala:

“Cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, ésta deberá instaurarse dentro del término de dos años, caducidad prevista en el inciso cuarto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción. En otras palabras, la instauración del recurso o de la acción de revisión no impide la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa”(33) (resalta la Sala).

Según se desprende de lo expuesto en las demandas acumuladas, la responsabilidad administrativa que se demanda por error judicial y falla en el servicio, fue advertida con ocasión de las sentencias SU-640 de 5 de noviembre de 1998 y SU-168 de 17 de marzo de 1999, de manera que al haberse presentado las demandas acumuladas el 10 de febrero de 2000(34) y el 2 de marzo de 2000(35) respectivamente, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas está encaminado a que se revoque la condena impuesta en primera instancia, cuestionando en concreto dos aspectos: (i) Que el error jurisdiccional alegado por los demandantes y reconocido por el fallador de primer grado no tiene ocurrencia en el presente caso, de conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, toda vez que debe tenerse en cuenta la autonomía y libertad para interpretar los hechos que se someten al conocimiento de los jueces, como también para aplicar las normas constitucionales y legales que juzgue apropiadas, de manera que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, situación que no cumple en el presente caso; y, (ii) Que la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se suspendieron de sus cargos a los alcaldes de Fresno y Coyaima, se realizó en acatamiento de una orden judicial proferida por autoridad competente y conforme al debido proceso, por lo que dicha suspensión se dispuso en cumplimiento de las funciones que le correspondían al Gobernador del departamento del Tolima, situación que configura el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad respecto del ente territorial.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueve la parte demandada se encuentra limitado a los aspectos indicados, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad en el mismo orden en que se han planteado.

4. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(36), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

En consonancia con lo anterior, resulta necesario recordar que la acción de reparación directa se interpuso con fundamento en un presunto error judicial y una falla en el servicio en que habrían incurrido la Sección Quinta de esta corporación y el departamento del Tolima, con ocasión de la expedición de los autos de 9 de julio de 1997 y 31 de julio de 1997; las sentencias de 9 de junio y 19 de marzo de 1998; así como los decretos 426 de 5 de mayo y 117 de 25 de febrero de 1998, mediante los cuales se ordenó la suspensión de los señores Luis Hernando Tabares Escobar y Orlando Tovar Torijano, en el ejercicio de sus funciones como alcaldes municipales de Fresno y Coyaima, Tolima, respectivamente.

Como puede apreciarse, dicha situación alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996(37), disposición que se encontraba vigente al momento de expedición de las providencias que en el presente asunto se acusan como contentivas de error judicial, por lo que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido(38).

Cabe igualmente advertir que, en razón de que el sub judice tiene origen en providencias proferidas en 1997 y 1998, esto es, con posterioridad a la vigencia de la citada Ley 270 de 1996, por lo que está sometido a la consideración expuesta por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de su artículo 66, en los términos a que se hará referencia más adelante(39).

En este orden de ideas, es pertinente recordar el texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Esta norma desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(40).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a transcribir:

“…Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

Al ejercer el control previo de constitucionalidad frente al Proyecto de Ley Estatutaria que dio origen a la citada Ley 270 de 1996, la honorable Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de este artículo(41) y precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica, no obstante lo cual, tal como más adelante se precisará, la jurisprudencia de la Sección ha considerado que dicha responsabilidad resulta procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones constituya una vía de hecho.

De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico(42).

En este sentido, la Sala a través de sentencia de 11 de mayo de 2011, señaló los presupuestos que deben cumplirse para la configuración del error judicial. En efecto, en tal ocasión precisó(43):

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (…).

“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección(44), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.

“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”.

En cuanto al error que pudieran cometer las altas cortes en ejercicio de la función jurisdiccional que les es inherente, teniendo como referente la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia de la Sección consideró que dicha responsabilidad sí era procedente en los casos en los cuales la decisión de una de dichas corporaciones fuera constitutiva de una vía de hecho, esto es, cuando incurrieran en errores que pudieran ser advertidos sin que se hiciera necesario para ello realizar una labor hermenéutica dispendiosa(45).

En sentencia de 5 de diciembre de 2007(46), la Sala reiteró el criterio fijado en la sentencia proferida el 4 de diciembre de 1997 en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado por el error en el que hubieran incurrido las altas cortes y, agregó, que la declaratoria de responsabilidad patrimonial por tales errores no atenta contra la independencia de los jueces ni contra la seguridad jurídica; que dichas corporaciones también incurren en error judicial determinante de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones y porque éstas no son infalibles, y que el Consejo de Estado, que es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, no está limitado por la investidura del juez que incurra en error judicial, al momento de definir la responsabilidad patrimonial del Estado.

Se aclaró en esa providencia —además— que como el caso concreto había ocurrido antes de que entrara en vigencia la Ley 270 de 1996, la decisión de la Sala no estaba condicionada por la interpretación que la Corte Constitucional dio al artículo 66 de esa ley en la Sentencia C-037 de 1996, pero que en todo caso debía tenerse en cuenta que la misma Corte, en Sentencia C-038 de 2006, al resolver sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998, había variado su posición con respecto a la procedencia de juicios de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus altos dignatarios.

Bajo este entendimiento, para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada una de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular. Dicha posición fue sostenida por la Sección en la citada sentencia de 5 de diciembre de 2007, de la manera que sigue:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurídicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio.

Si bien la jurisprudencia nacional exigía un error cualificado ello, como se indicó, respondía a la regulación normativa que traía el referido artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, pero este elemento no resulta exigible para definir la responsabilidad del Estado, no sólo porque dicha norma fue subrogada por la Ley 270 de 1996, sino porque los límites entre la responsabilidad estatal y la personal del agente están claramente establecidos y, de ellos se infiere, que sólo esta última amerita la verificación de las cualificaciones de las conductas del agente estatal. Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial aunque no corresponda a una vía de hecho” (…) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, sólo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “Causales de procedibilidad” (resalta la Sala).

Ahora bien, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, se precisa, como lo ha observado la Sección en el pasado, que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control previo del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho(47), esta identificación es impropia toda vez que, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(48).

Esta diferencia resulta fundamental a efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de ella, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción razonada de la opción judicial por una de las posibles decisiones razonables, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso.

Al respecto se expuso:

“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”(49).

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normatividad jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional(50).

En este mismo sentido la Sección ha manifestado(51):

“…la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”.

(…).

“Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional…” (resalta la Sala).

5. La determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto.

5.1. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente acreditados los siguientes hechos:

• Que el señor Luis Hernando Tabares Escobar laboró como Alcalde del municipio de Fresno, en el período comprendido entre el 25 de octubre de 1995 y el 5 de mayo de 1998, fecha esta última para la cual devengaba mensualmente la suma de $ 3.218.260. En este sentido obra en el proceso el certificado suscrito por la tesorera general del municipio de Fresno(52).

• Que el señor Orlando Tovar Torijano, laboró en calidad de Alcalde del municipio de Coyaima en el período comprendido entre el 1º de febrero de 1996 y el 26 de febrero de 1998, fecha esta última para la cual devengaba mensualmente la suma de $ 2.038.260. Lo anterior fue certificado por la tesorera general del municipio de Coyaima(53).

• Que la Sala Pena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de los autos de 9 de julio de 1997, 31 de julio y 28 de agosto de 1997 dispusieron la admisión de las demandas formuladas en contra de las resoluciones 62 de 5 de junio de 1996 y 30 de 12 de marzo de 1997, proferidas por el Consejo Nacional Electoral, en las cuales se había señalado que el período para el ejercicio del cargo de los señores Luis Hernando Tabares Escobar y Orlando Tovar Torijano, como alcaldes de los municipios de Fresno y Coyaima correspondía a tres años. En dichas providencias se ordenó además, la suspensión provisional de los actos cuestionados(54).

• Que los señores Luis Hernando Tabares Escobar y Orlando Tovar Torijano fueron suspendidos en el ejercicio de sus cargos como alcaldes municipales de Fresno y Coyaima, Tolima, respectivamente, a través de los decretos 426 de 5 de mayo y 117 de 25 de febrero de 1998.

Este hecho se encuentra debidamente acreditado con las copias auténticas de los mencionados decretos, mediante los cuales el gobernador del departamento del Tolima “le da cumplimiento a una providencia judicial”, en el sentido de suspender en el ejercicio de sus funciones como alcaldes municipales de Fresno y Coyaima, a los mencionados demandantes(55).

• Que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló los artículos segundo y tercero de las resoluciones 30 de 12 de marzo de 1997 y 62 de 1996, expedidas por el Consejo Nacional Electoral(56). En esencia, la decisión se fundamentó en considerar que el período de los alcaldes tenía un carácter institucional, por lo que no podía la autoridad electoral ampliar dicho período para hacerlo personal, lo que viciaba de nulidad este preciso aspecto de los actos demandados, sin afectar la elección de los alcaldes, la que no sufría ninguna modificación.

• Que la Corte Constitucional, a través de las sentencias SU-640 de 5 de noviembre de 1998 y SU-168 de 17 de marzo de 1999, amparó los derechos fundamentales de los señores Luis Hernando Tabares Escobar y Orlando Tovar Torijano, providencias en las cuales declaró que tanto los autos de suspensión provisional como las sentencias dictadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de los procesos S-712, 1710, 1711, 1716, 1699 y 1698, constituían una “vía de hecho”. Por lo anterior, la Corte ordenó que los actores fueran reintegrados a sus cargos como alcaldes de los municipios de Fresno y Coyaima en el departamento del Tolima, a fin de culminar su período completo de tres años de ejercicio(57).

Dentro de sus consideraciones, la Corte Constitucional reiteró lo dispuesto en las sentencias C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-488 de 1997, en las que se estableció:

“Que el período constitucional de los gobernadores y alcaldes que son revocados o destituidos, o que renuncian, fallecen o dejan su cargo por alguna u otra razón, termina en el momento en que ello sucede; y que el periodo de los mandatarios que los sustituyen, por causa de elección popular, es de tres años, tal como lo dispone la Constitución. Esto significa, entonces, entre otras cosas, que la jurisprudencia de la Corte ha dejado en claro de manera reiterada que el período de los gobernadores y alcaldes es personal y no institucional” (se resalta).

Igualmente, se reconoció que el Consejo de Estado admitió apartarse conscientemente de la interpretación acogida por la Corte Constitucional, justificando su negativa a seguir tal interpretación, al considerar que solamente era obligatoria la parte resolutiva de la decisión, más no la doctrina que se exponía en la parte motiva de los fallos, salvo en el caso de las sentencias condicionadas.

Así las cosas, la Corte Constitucional rechazó la posición asumida por el Consejo de Estado, al estimar que, dada su calidad de interprete auténtico de la Constitución, y por ser el organismo encargado de actualizar la voluntad del constituyente, sus decisiones tenían carácter vinculante, tanto en la parte resolutiva como en la ratio decidendi del fallo, es decir las fracciones de la parte motiva que estuvieran en íntima relación con la parte resolutiva de la providencia.

De otra parte, en torno a los documentos que los actores acompañaron en copia simple junto con las demandas(58), debe señalar la Sala que no podrán ser tenidos como pruebas en la medida en que no se aportaron en debida forma, toda vez que, se repite, fueron arrimados al plenario en copia simple cuando las normas procedimentales imponen su aportación en forma auténtica(59).

En efecto, de conformidad con el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, los documentos deben ser traídos al proceso en original o en copia. Respecto de los primeros no se presenta ningún inconveniente para efectos de su valoración probatoria, pues su condición los exime del cumplimiento de cualquier formalidad adicional; por el contrario, los segundos, por determinación de la ley procesal —artículo 254 del Código de Procedimiento Civil— sólo podrán adquirir el mismo valor probatorio que los documentos originales al cumplir con la exigencia de la autenticidad, la cual se adquiere ya sea por “provenir de la autorización del funcionario ante quien reposa el original, ora por la autenticación del notario previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente, ya por la reproducción del original o de copia auténtica que se ordene en el curso de una inspección judicial”, lo que genera seguridad al juzgador frente a su autoría y producción(60)(61).

En relación con la imposibilidad jurídica de darle valor probatorio a las copias simples de documentos públicos, la jurisprudencia de la corporación ha señalado(62):

“…Sobre el valor probatorio de las copias de los documentos públicos, la Sala ha recalcado que, por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la admisibilidad, práctica y valoración de esta prueba documental, es aplicable el artículo 254 de este último, En consecuencia, dado que dichas copias no reposan auténticas en el expediente, carecen de valor probatorio, porque, en tratándose de copias de documento público, para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación. Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo prescrito en la norma procesal antes citada”.

5.2. El error judicial que se alega en el caso concreto.

Los demandantes pretenden que se declare que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrieron en un error judicial al anular las resoluciones 62 de 5 de junio de 1996 y 30 de 12 de marzo de 1997, proferidas por el Consejo Nacional Electoral, en las cuales se había dispuesto que su período, para el ejercicio del cargo como alcaldes de los municipios de Fresno y Coyaima, correspondía a tres años, bajo el entendido de que dicho período tenía un carácter personal, anulación que, a juicio de los actores, desconoció jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, según la cual el período de los gobernadores y alcaldes era personal y no institucional, como lo entendió en su momento el Consejo de Estado.

No obstante lo afirmado en las demandas acumuladas, así como lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999, considera la Sala que en el presente caso no es posible afirmar que las providencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Quinta del Consejo de Estado, frente al caso de los hoy demandantes, contengan un error jurisdiccional, en la medida en que, según se expuso en acápite anterior, los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional.

En este sentido resulta necesario recordar que, previo a la expedición de las providencias acusadas de contener un error jurisdiccional, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, había sentado su criterio en relación con el período para el cual eran elegidos los alcaldes y gobernadores. Así, en providencia del 25 de noviembre de 1997, la Sala Plena hizo énfasis en su carácter institucional, en los siguientes términos(63):

“Son períodos institucionales aquellos objetivamente establecidos entre fechas determinadas, e individuales los que se inician con la posesión del elegido o nombrado. Los períodos de alcaldes, así como los de gobernadores, son períodos institucionales, no individuales, porque la Constitución determinó la fecha de su iniciación, y precisamente porque se trata de períodos institucionales hay lugar a nombrar o elegir, por el resto del período, a quien haya de reemplazar al mandatario que falte.

La primera elección popular de gobernadores tuvo lugar el 27 de octubre de 1991 y los elegidos en esa fecha tomaron posesión de sus cargos el 2 de enero de 1992, según lo establecido en el artículo transitorio 16 constitucional; lo que quiere decir que el período que por mandato constitucional se inició el 2 de enero de 1992 terminó el 1º de enero de 1995; que el período que comenzó el 2 de enero de 1995 concluirá el 1º de enero de 1998, y así sucesivamente, como resulta obvio. Y, en lo que dice relación a los alcaldes, por el artículo transitorio 19 se dispuso que los que se eligieran en 1992 —cuyo período habría vencido el 31 de mayo de 1994, por disposición de los artículos 3º del acto legislativo 1 de 1986 y 1º de la Ley 78 del mismo año— ejercerían sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994; así, pues, el período siguiente, que se encuentra en curso, se inició el 1º de enero de 1995 y terminará el 31 de diciembre de 1997, y el que se iniciará el 1º de enero de 1998 terminará el 31 de diciembre de 2000, y así sucesivamente, como es obvio.

Lo propio ocurrió, también por disposición del artículo transitorio 19, respecto de diputados y concejales, cuyos períodos se iniciaron el 1º de enero de 1995 y son también períodos institucionales.

Pero dijo la Corte que la Constitución no había señalado una fecha para la iniciación del período de los alcaldes y gobernadores y que sólo el artículo 16 transitorio constitucional previó que los gobernadores elegidos el 27 de octubre de 1991 tomarían posesión el 2 de enero de 1992 y el artículo 19 transitorio dispuso que los alcaldes que se eligieran en 1992 ejercerían sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994, pero que en ambos casos se trataba de disposiciones transitorias, que por lo mismo perdieron vigencia una vez cumplida la eventualidad para la cual fueron dictadas.

Desde luego que los artículos 16 y 19 transitorios de la Constitución son eso, transitorios, pero surtieron el efecto de fijar hacia el futuro las fechas de iniciación de los períodos de gobernadores y alcaldes”.

En relación con lo anterior, la Sala Plena destacó que la Corte Constitucional, en el mismo sentido, en Sentencia T-001 de 3 de abril de 1992, sostuvo que el período de los contralores departamentales debía ser igual al de los gobernadores y por tanto “deben principiar y culminar al mismo tiempo”; que “de conformidad con el artículo transitorio 16 de la Constitución, la primera elección popular de gobernadores se debía celebrar, como en efecto ocurrió, el 27 de octubre de 1991 y los gobernadores elegidos tomarían posesión, como en realidad lo hicieron, el 2 de enero de 1992”, es decir que “su período de tres años se inició —y lo tenía previsto así el constituyente— el 2 de enero de 1992”, y que “tal como se deduce del artículo 19 transitorio, en armonía con el 314 de la Constitución Política, a partir de 1995 el período de los alcaldes se iniciará el 1º de enero cada tres años”(64).

En relación con los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, la Sala Plena se refirió a la competencia de la corporación constitucional y del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Mediante el artículo 241 de la Constitución de 1991 se atribuyó a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, pero, se advirtió, “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, y para tal fin le fueron otorgadas determinadas funciones, entre otras las de decidir sobre determinadas demandas de inconstitucionalidad que presentaran los ciudadanos contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10, y 341 de la Constitución; sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215, y sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias. El control jurisdiccional de constitucionalidad de todos los decretos del gobierno, distintos de los referidos, corresponde al Consejo de Estado, como fue dispuesto en el artículo 237, numeral 2º, de la Constitución”.

Por lo anterior, la Sala consideró que la misma Constitución le concedió la facultad de aplicarla e interpretarla en forma directa, adicionalmente, por cuanto la jurisprudencia sólo es criterio auxiliar de interpretación judicial(65):

“Entonces, de la Corte Constitucional obligan las decisiones adoptadas mediante sus providencias, como obligan las decisiones de todos los jueces, pero no obliga, para la generalidad de los casos, la doctrina expresada en esas providencias, esto es, que las razones con base en las cuales decida la Corte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y proyectos, no condiciona el entendimiento que de las normas constitucionales hagan los jueces, cualesquiera jueces, cuando se trate de aplicarlas”.

Sobre este aspecto, al resolver un caso similar al presente(66), la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de los corrientes, expuso:

“En este sentido, debe observarse que el sistema jurídico colombiano acude a la totalidad de las autoridades del Estado para asignarles responsabilidades directas de respeto, cumplimiento y control constitucional, lo que ha llevado a algunos sectores doctrinales a definir el modelo de control de constitucionalidad como mixto, que combina el sistema de control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional con la posibilidad de que las autoridades administrativas, las corporaciones judiciales y prácticamente todos los jueces de la República, en especial por la jurisdicción contencioso administrativa, se pronuncien en materia constitucional, teniendo como punto de referencia directa en todos los casos la Carta Fundamental de la República, de manera que el diseño de Estado colombiano no concentró la totalidad del control de constitucionalidad en la Corte Constitucional.

No implica lo anterior, que la Sala desconozca que la Corte Constitucional fue instituida para ejercer la guarda de la integridad y supremacía constitucional, como máximo órgano de interpretación de la Constitución, cuyo papel es protagónico y determinador en la orientación e interpretación de la Carta, pero, sin embargo, debe tenerse en cuenta que ello no conlleva jerarquía orgánica o funcional con relación al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior de la Judicatura, aunque, se reitera, la Sala reconoce la autoridad de la Corte Constitucional y en consecuencia ratifica que los asociados y las autoridades deben respetar y obedecer sus decisiones” (se resalta).

En este orden de ideas, estima la Sala que si bien la Corte Constitucional, en las sentencias SU-640 de 1998 y SU-189 de 1999, calificó como constitutivas de una “vía de hecho” las decisiones adoptadas por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Quinta de esta corporación, relativas a la legalidad de las resoluciones 30 de 12 de marzo de 1997 y 62 de 1996, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, no se evidencia que dicho daño sea consecuencia de un error jurisdiccional, pues la contradicción entre las providencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional obedeció a una antinomia jurisprudencial, derivada de un vacío jurídico constitucional, que posteriormente fue resuelto con la modificación introducida al artículo 314 constitucional, mediante Acto Legislativo 2 de 6 de agosto de 2002, en donde se dispuso:

“ART. 3º—El artículo 314 de la Constitución Política quedará así:

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución” (se resalta).

En relación con esta modificación, es del caso retener los argumentos expuestos en apoyo del artículo 3º del proyecto que se convertiría en el Acto Legislativo 2 de 6 de agosto de 2002, ponencia en la cual se manifestó:

“Nos parece que no requiere mayor argumentación respaldar la necesidad de señalar constitucionalmente que los períodos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, deben ser institucionales y no personales. Razones de orden económico y graves controversias jurídicas en la jurisprudencia de las Altas Cortes exigen un pronunciamiento del Congreso al respecto. No parece lógico que una administración nacional que requiere actuar conforme a los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia en los órdenes nacional, departamental y municipal, no se estructure con el criterio de que todos los funcionarios de esos niveles deben tener períodos que coincidan al menos en la época, sino en el día exacto, en su iniciación y terminación para poder armonizar las políticas, los programas y la actividad al servicio de la comunidad.

(…).

Todos los períodos fijos de los cargos previstos en el presente acto legislativo respecto a diputados, gobernadores, alcaldes y concejales serán institucionales. Por lo tanto las faltas absolutas de sus titulares serán provistas solo para terminar el respectivo período.

(…).

El establecer períodos institucionales de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles con el fin de poner en orden el manejo del aparato estatal. De no ser así, no estará lejos el día en que el país tenga elecciones diariamente para elegir los 1.170 alcaldes de igual número de municipios, lo cual desarticula el sistema electoral como viene sucediendo”(67).

Como bien puede apreciarse, la enmienda constitucional acogió la postura jurisprudencial expuesta por el Consejo de Estado al determinar la elección de los alcaldes para periodos institucionales de 4 años, la cual obedecía al querer del constituyente de 1991 y zanjó la discusión suscitada sobre el particular entre las altas corporaciones, de manera que las decisiones adoptadas en su momento por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la Sección Quinta, en armonía con el precedente de esta corporación, fueron suficientemente razonadas, justificadas y ajustadas al ordenamiento constitucional.

Según se desprende de todo lo expuesto, resulta claro para la Sala que en la época de los hechos la Carta Magna y las decisiones judiciales que en torno al periodo de los alcaldes existían, no ofrecían certeza sobre la naturaleza del período de los alcaldes, de modo tal que las decisiones adoptadas en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces, por ser razonadas, coherentes y provistas de solidez argumentativa, no pueden considerarse constitutivas de un error jurisdiccional para los efectos de la responsabilidad que se endilgó en las demandas acumuladas.

De esta manera se concluye, que al no concurrir los presupuestos constituyentes del error judicial en el caso concreto, resulta forzoso para la Sala revocar la providencia del a quo y, en consecuencia, denegar las pretensiones incoadas, situación que releva el estudio de los motivos de inconformidad expuestos en el recurso formulado por el departamento del Tolima.

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2002, por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia de lo anterior, SE NIEGAN las pretensiones de las demandas acumuladas.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(31) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(32) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(33) Sentencia del 14 de agosto de 1997, expediente 13.258. C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

(34) Folio 129 vto., cuaderno principal 1.

(35) Folio 93 vto., cuaderno principal 2.

(36) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(37) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.

(38) Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, expediente 18913, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(39) En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, Consejero Ponente. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(40) Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(41) En la Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional razonó en los siguientes términos: “Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (C.P., art. 241), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 234), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (C.P., art. 237) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público.

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica. (…)”.

(42) Sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16.2741, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

(43) Expediente 22.322, C.P. Dra. Ruth Stella Correa.

(44) Sentencia de 27 de abril de 2006, expediente 14.837.

(45) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Se dijo en la sentencia: “La exequibilidad condicionada de la Corte Constitucional debe entenderse, entonces, desde la misma perspectiva que ha manejado esa corporación respecto de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad pública investida de la potestad de administrar justicia ha incurrido en vía de hecho; es decir, que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”.

(46) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(47) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(48) En este sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 28 de enero de 1999, expediente: 14399; C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.576, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

(49) Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15776, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(50) En la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, se precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”.

(51) Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15.576.

(52) Folios 7 y 8 del cuaderno principal 1, expediente 2000 00348.

(53) Folio 37 del cuaderno principal 2, expediente 2000 00688.

(54) En este sentido obran los siguientes documentos: Copia auténtica del Oficio 98-011 de 16 de enero de 1998, dirigido al Gobernador del departamento del Tolima por parte del Secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se remitió copia auténtica de la providencia de 28 de agosto de 1997, por medio de la cual se decretó la suspensión provisional de la Resolución 30 de 12 de marzo de 1997, expedida por el Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta al período para el cual fue elegido como Alcalde del municipio de Coyaima, el señor Orlando Tovar Torijano. —Folios 16 y 102, cuaderno 3—; copia auténtica del Oficio 1259 de 22 de abril de 1998, mediante el cual la secretaría general del Consejo de Estado le comunica al Gobernador del departamento del Tolima sobre la providencia de 9 de julio de 1997, proferida en el expediente S-712, en donde se decretó la suspensión provisional de la Resolución 62 de 1996. —Folio 93, cuaderno 3—. Las providencias reposan de folios 1 a 11 y 94 a 99 del cuaderno 3.

(55) Folios 90 a 92, cuaderno 3.

(56) Sobre el particular obra en el proceso la copia auténtica de la sentencia de 30 de abril de 1998, proferida en el expediente 1710, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 30 de 12 de marzo de 1997, expedida por el Consejo Nacional Electoral. —Folios 17 a 37, cuaderno 3—. Igualmente, la copia auténtica de la sentencia de 19 de marzo de 1999, proferida en el expediente 1669, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución 30 de 12 de marzo de 1997, expedida por el Consejo Nacional Electoral. —Folios 54 a 84, cuaderno 3—.

(57) En este sentido obran en el expediente copias auténticas de las sentencias SU-640 de 1998 y SU-198 de 1999, proferidas por la Corte Constitucional, mediante las cuales se concedieron las acciones de tutela instauradas por los señores Luis Hernando Tabares Escobar y Orlando Tovar Torijano. —Folios 128 a 181, cuaderno 3—.

(58) Copia simple de un documento que dice contener el acta de posesión del señor Luis Hernando Tabares Escobar, como Alcalde del municipio de Fresno, Tolima. —Folio 9, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener la Resolución 62 de 1996, por la cual el Consejo Nacional Electoral ordena una revocatoria directa y la expedición de una credencial. —Folios 10 a 12, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener una providencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el expediente S-712, fechada el 9 de julio de 1997. —Folios 13 a 25, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de unos documentos que dicen contener las aclaraciones y salvamentos de voto presentados frente a una providencia de 9 de julio de 1997, en el expediente S-712. —Folios 26 a 40, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener el Decreto 426 de 5 de mayo de 1998, expedido por el Gobernador del departamento del Tolima. —Folio 41 y 42, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener un oficio dirigido a la Secretaría General del Consejo de Estado, con fecha 5 de mayo de 1998. —Folio 43, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener una sentencia dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de junio de 1998, en el expediente S-712. —Folios 44 a 74, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener las aclaraciones y salvamentos de voto presentados frente a una providencia de 9 de junio de 1998, en el expediente S-712. —Folios 75 a 81, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener la Sentencia SU-640 de 1998, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional. —Folios 82 a 111, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener el Oficio 1259 de 22 de abril de 1998, dirigido al Gobernador del Tolima por la Secretaria General del Consejo de Estado. —Folio 182, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348—; Copia simple de un documento que dice contener un oficio de fecha 27 de enero de 1998, dirigido a la Sección Quinta del Consejo de Estado por parte del Gobernador del Tolima. —Folios 183 y 184, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348 y 145 y 146, cuaderno principal 2, expediente 2000 00688—; Copia simple de unos documentos que dicen contener un oficio de 17 de febrero de 1998 y una copia informal de una providencia dictada dentro del proceso electoral 1710, de 16 febrero de 1998. —Folios 185 a 189, cuaderno principal 1, expediente 2000 00348 y 147 a 151, cuaderno principal 2, expediente 2000 00688—; Copia simple de unos documentos que dicen contener un oficio de 16 de enero de 1998 y una providencia de 28 de agosto de 1997, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el expediente 1710. —Folios 129 a 140, cuaderno principal 2, expediente 2000 00688—; Copia simple de unos documentos que dicen contener las aclaraciones y salvamentos de voto presentados frente a una providencia de 28 de agosto de 1997, en el expediente 1710. —Folios 141 a 144, cuaderno principal 2, expediente 2000 00688—.

(59) Al respecto puede consultarse la Sentencia T-1117 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(60) En este sentido puede consultarse la sentencia de 11 de julio de 2012, expediente 66001-23-31-000-2000-00327-01 (22.818), Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.

(61) Sobre el particular el Código de Procedimiento Civil dispone:

“ART. 251.—Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son públicos o privados.

Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.

(…).

ART. 254.—Valor probatorio de las copias. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa” (se resalta).

(62) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 28448.

(63) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación S746 IJ, C.P. Dr. Mario Alario Méndez.

(64) Gaceta Constitucional, 1992, t. 1, págs. 177 y 178.

(65) Mediante el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991, se dispuso que la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional era criterio auxiliar obligatorio para las autoridades. La Corte, mediante Sentencia C-131 de 1º de abril de 1993, declaró que era inconstitucional la expresión obligatorio contenida en ese artículo (G. de la C. Const., 1993, t. 4, pág. 37).

(66) Expediente 24.841, C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En dicho caso el eje central del debate judicial giraba en torno a los argumentos expuestos por la Sección Quinta del Consejo de Estado para declarar nula la Resolución 46 de 8 de mayo de 1996 del Consejo Nacional Electoral, contraviniendo jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, según la cual el periodo de los gobernadores y alcaldes era personal y no institucional. La Sala resolvió revocar el fallo condenatorio proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

(67) Gaceta 460/2001 presentado en el Senado. Primer debate Senado - 632/2001; primer debate Cámara - 511/2001; texto de aprobación en plenaria - 67/2002; segunda vuelta: primer debate Senado - 201/2002; primer debate Cámara - 126/2002; segundo debate Senado - 232/2002; aprobación en plenaria - 245/2002.