Sentencia 2000-00404 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 500012331000200000404 01

Expediente: 31490

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Compañía de Aviones del Cesar Ltda.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 24 de mayo de 2005 proferida por la Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada.

Extractos «Consideraciones

III. Competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde al daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto.(1)

IV. Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen los siguientes hechos relevantes:

10.1. La Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, se constituyó mediante Escritura Pública 1109 del 25 de abril de 1994, de la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, e inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 26 de abril de 1994 bajo el número 8.428 del libro respectivo, cuyo objeto social es “la explotación del transporte aéreo de pasajeros, equipajes, carga y correo, en la modalidad de transporte aéreo”(original del certificado de existencia y representación legal; fls. 44-46, cdno. 1).

10.2. La señora Clemencia Lucía Mancera Ospina es propietaria de la aeronave HK-2314 modelo Cessna R172K, número de serie CR1723018, arrendada a Aviones del Cesar-Aviocesar Ltda. (copia del certificado de matrícula de la aeronave expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de fecha octubre 2 de 1997; fl. 47, cdno. 1; y certificado de libertad y tradición de la aeronave expedida por la Aeronáutica Civil, de fecha 6 de noviembre de 2002; fls. 218-219, cdno. 1).

10.3. La compañía Aviones del Cesar-Aviocesar Ltda. y Cristal Bohemia Ltda. son propietarias de la aeronave HK-1244 modelo Britten Norman BN-2A-7, número de serie 248, arrendada a Aviones del Cesar-Aviocesar Ltda. (Copia del certificado de matrícula de la aeronave expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de fecha 23 de agosto de 1995; fl. 47, cdno. 1; y certificado de libertad y tradición de la aeronave expedida por la Aeronáutica Civil, de fecha 6 de noviembre de 2002; fls. 218-219, cdno. 1).

10.4. El señor Rafael Ospina Caicedo, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 3.297.085 de Villavicencio, como administrador de la Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, en sus oficinas de Mitú, resultó damnificado “en el marco del conflicto armado interno”, en la toma guerrillera a Mitú por las Farc, el 1º de noviembre de 1998 (certificado del Comité de Prevención y Atención de Desastres, suscrito por Mauricio Alvarez, Coordinador del Comité Departamental de Atención y Prevención de Desastres, de fecha 10 de noviembre de 1998; fl. 49, cdno. 1).

10.5. El señor Ospina Caicedo, de calidades anteriormente referidas, denunció los daños y saqueos sufridos con la toma insurgente del 1 al 3 de noviembre de 1998 en la oficina y almacén de repuestos de la Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, ubicados en la avenida del aeropuerto, a pocos metros del Comando de Policía del municipio de Mitú, estimando los perjuicios ocasionados a las aeronaves HK-1244 y HK-2314 y a las instalaciones, equipos y otros enseres de la empresa, en treinta y cinco millones de pesos (denuncia presentada por el señor Rafael Ospina Caicedo, administrador de la empresa, ante la Inspección de Policía y Tránsito Municipal, el 13 de octubre de 1998; y reclamación de ayuda de Aviocesar al Comité de Emergencia-Red de Solidaridad Vaupés, por la toma a Mitú, de fecha 11 de noviembre de 1998; fl. 51, cdno. 1).

10.6. La Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, para la fecha de los hechos, se encontraba en funcionamiento en el aeropuerto de Mitú, contando para sus operaciones con una oficina en esa localidad (Oficio 1201175 de fecha 7 de noviembre de 2002 suscrito por Juan Carlos Salazar Gómez, Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil donde consta pasajeros desde y hacia Mitú entre enero y agosto de 1998; y copia de Certificación del Administrador del Aeropuerto de Mitú, Carlos Guillermo Penagos Portella, de fecha 12 de noviembre de 2002; fls. 142-147. cdno. 1).

10.7. Entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998, el Comando de Policía de Mitú fue atacado por guerrilleros de las Farc, para lo cual la Policía contó con el apoyo del Ejército Nacional mediante aviones OV 10 y fantasma (informativo 105/CIDIS-DIMIT, de fecha 18 de noviembre de 2002, suscrito por Jhon Jairo Acevedo Díaz, Comandante de la Estación de Policía de Mitú; fls. 221-222, cdno. 1).

10.8. Durante la toma de Mitú, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 1998, la pista de aterrizaje donde parqueaban las aeronaves se encontraba cerca del Comando de Policía destruido, así como las oficinas de Aviocesar, la Caja Agraria, la Registraduría y un colegio de la localidad que resultaron impactadas por las explosiones (testimonios de James Antonio Saravia Lozano, de profesión comerciante, y Rafael Ospina Caicedo, rendidos ante el Tribunal Administrativo del Meta, el 5 de diciembre de 2002; fls. 265-273, cdno. 1).

10.9. Los dictámenes experticios realizados a las aeronaves arrojaron como resultado, que los daños ocasionados y el estado de abandono en que quedaron las mismas desde el día de los hechos, hacen que sea más costoso repararlas que comprarlas nuevas. Las conclusiones de los peritos son las siguientes:

Danilo Garrido Palmezano, identificado con la cédula de ciudadanía 12.718.256 de Valledupar, perito en el asunto de la referencia, respetuosamente a usted, con el fin de presentarle por medio del presente escrito el dictamen encomendado, el cual hacemos de la siguiente manera (...) Características de un Avión // Se trata de un avión con matrícula HK2314 de color azul con el objetivo de avaluar los daños. // Costos Reparación Aeronave HK-2314 // Trabajo a realizar motor Reparación total. Cambio de partes afectada por inactividad según el taller Aeroreparaciones autorizado con Lic. T-062 $30.000.000 hélice servicio total por inactividad, igual al gobernador $1.900.000 // Estructuras Reparación para/ principal, reparación e inspección total del tabaco, planos, alerones, estabilizadores, flaps, cambio de láminas y costillas afectadas por acción del tiempo, tratamiento por corrosión, cambio de tornillería, tuercas, flanches, remaches, broches, bordes de ataque, etc. $9.800.000 // Sistema de combustible Cambio de tapas de los tanques, flanches, collarines, sellamiento de los mismos, cambio de flotadores y transmisores $3.800.000 // Sistema hidráulico Servicio general, cambio de mangueras, conjunto de frenos, rines, campanas, tacos, remaches, servicio tren de nariz, magnaflux de los mismos $3.500.000 // Servicio de radios Reparación general de todos los equipos de comunicación, hechura e instalación de los mismos $5.000.000 // Servicio de instrumentos Reparación de brújulas, instrumento de combustible, horómetro, velocímetro, horizonte, etc. $3.500.000 // Pintura general $3.800.000 // Tapicería general, cabina, sillas, pisos, laterales $3.700.000 // kit de repuestos $30.000.000 // Reglaje $2.800.000 c Valor Total $101.800.000// El valor total es de ciento un (Sic) millón ochocientos mil pesos mcte (Prueba anticipada de inspección judicial ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, el 19 octubre de 1999; fls. 461-463, cdno. 1).

1º Objeteo(sic) del avalúo. Se trata de establecer el monto del perjuicio ocasionado a los demandantes con ocasión de la toma por parle de las fuerzas al margen de la ley en el municipio de Mitú // 2º Estado del Avión 1244. Inspeccionado minuciosamente este aerodino encontramos que por razón de los daños causados por los impactos de armas de fuego y el tiempo trascurrido sin que lo hubieran podido reparar, la pérdida es total y debe ser remplazado por otra aeronave. (...)

6º Valúo. Perjuicios Materiales para Aviocesar Ltda.: a. Daño Emergente: Valor de reposición del avión HK 1244, pues en su estado actual resulta irreparable, consultando el mercado de este tipo de aeronave se constató que su precio en el lugar de origen es de USD 450.000 // Total daño emergente 1.453.271.000 // b. Lucro cesante: 1º Utilidades dejadas de percibir Avión HK 1244

AñoMeses InmovilizadosUtilidades MesTotal AñoGran Total
1198233.600.00067.200.000 
19991237.632.000451.584.000 
20001242.147.840505.774.080 
20011247.205.581566.466.970 
20021252.870.250634.443.006 
2003359.214.681177.644.042 

2º Rendimientos Financieros

Total lucro cesante 2.403.112.0972.403.112.097
432.560.177
2.835.672.274
Sumas así: total daño emergente:1.453.271.000
Utilidades dejadas de percibir2.403.112.177
Rendimientos financieros432.560.177
Total del avalúo4.288.943.274

7º. Respuesta al cuestionario:

Punto 1, Avalúo del Avión: USD 450.000 cuatrocientos cincuenta mil dólares Americanos // Punto 2, Estado Actual, completamente inservible. // Puntos 3, 4, y 5. Como se dictamina la pérdida total, este deberá ser sustituido por uno nuevo.

Así mismo, se aclara que el avión HK-2314 marca Cessna, Modelo R172K, Serie CR1723018 que aparece registrado en la Aeronáutica a nombre de la señora Clemencia Lucía Mancera Ospina, por averiguaciones hechas, se estableció que la aeronave en comento se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Alfonso López, de la ciudad de Valledupar, donde el Juzgado Segundo Civil Municipal, conforme aparece en el documento cuya fotocopia se adjunta para que obre en esta diligencia. El avión HK-1244 se encuentra localizado en un costado del Aeropuerto de Mitú Vaupés (dictamen pericial rendido por los señores Gabriel Francisco Ruíz Andrade y Rubén Darío Torres Rodríguez, designados por el Juzgado Promiscuo de Mitú, por despacho comisorio 0065 del Tribunal Administrativo del Meta, el 26 de febrero de 2003; fls. 395-396, cdno. 1).

V. Problema jurídico

10.10. Compete a la Sala determinar si los daños producidos a las oficinas de Aviones del Cesar-Aviocesar en Mitú, y a las aeronaves HK-2314 modelo Cessna R172K, número de serie CR1723018, y HK-1244 modelo Britten Norman BN-2A-7, número de serie 248, con ocasión de los combates ocurridos entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998, durante la toma guerrillera de las Farc al municipio de Mitú-Vaupés, son imputables tácticamente y jurídicamente a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

VI. El régimen de responsabilidad aplicable por daños derivados de ataques armados perpetrados por grupos guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado. Balance jurisprudencial

11. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra bienes o instalaciones del Estado, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido causalmente en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(2).

12. De esta forma, la Corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o provisión del Estado facilita la actuación de los guerrilleros(3), (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y éstas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(4); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(5); y (iv) al administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente cerrada por ella(6)

13. Sin embargo, en ausencia de falla probada del servicio, la Sala consideró que el régimen de daño especial era aplicable a los casos en los cuales el ataque tenía como objetivo un establecimiento militar o policivo pues los daños derivados de este tipo de actos conllevaban la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas(7). De acuerdo con la jurisprudencia, la obligación de reparar se sustentaba en los principios de equidad y solidaridad, en la medida en que los damnificados ajenos al conflicto no tenían por qué soportar los daños generados por las acciones de la subversión contra el orden institucional(8)

14. Luego, el Consejo de Estado estimó que los daños causados a particulares, derivados de ataques perpetrados por la subversión contra bienes representativos del Estado en el marco del conflicto armado interno, eran imputables a la administración a título de riesgo excepcional, no de daño especial(9). En estos casos, la atribución de responsabilidad no se sustentó en la existencia de una acción u omisión reprochable del Estado, sino en la producción de un daño que, “sí bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(10)

15. Con base en este título jurídico de imputación, la jurisprudencia declaró la responsabilidad patrimonial de la administración por los daños derivados de ataques perpetrados por grupos armados al margen de la ley contra (i) cuarteles militares o estaciones de policía, sea que la fuerza pública reaccione o no violentamente con el fin de repeler la agresión(11) y; (ii) redes de transporte de combustible.

16. En estos casos, se consideró que, dada la situación de conflicto armado, la simple presencia o ubicación de bienes o instalaciones que los grupos armados ilegales escogen como objetivo de sus ataques, generaba un riesgo para la comunidad que, de concretarse, comprometía la responsabilidad estatal.(12) No importaba, para el efecto, que no existiera ilicitud en la actividad de la administración e incluso que ésta respondiera al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surgía de la creación deliberada de un riesgo que se consideraba excepcional, en la medida en que suponía la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos(13). De cualquier forma, era necesario que el ataque estuviera dirigido contra un típico objetivo militar de la subversión, pues si no existía certeza sobre sus móviles y propósitos, o si éste tenía un carácter indiscriminado y se dirigía únicamente a generar pánico o zozobra entre la población civil, no cabía declarar la responsabilidad del Estado con base en el concepto del riesgo excepcional.(14)

17. No obstante lo anterior, es importante aclarar que en el punto de la atribución de responsabilidad administrativa por ataques guerrilleros contra bienes del Estado cuando no existía falla del servicio, la jurisprudencia del Consejo de Estado no mostró una evolución coherente. Si bien inicialmente el fundamento de la obligación de reparar se estableció con base en el régimen de daño especial, en los últimos años el título de imputación empleado fue el de riesgo excepcional. Con todo, esto no significó un abandono completo y definitivo del régimen de daño especial, por lo cual puede afirmarse que la jurisprudencia en este punto continuó siendo vacilante(15). Prueba de lo anterior es que casos que por sus similitudes debieron haber sido resueltos con base en el mismo régimen de responsabilidad, recibieron un tratamiento disímil por parte del Consejo de Estado, sin que se explicitaran las razones que justificaron apartarse de la decisión anterior en cada caso.(16)

18. Esta situación motivó que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno abordara el debate sobre la responsabilidad estatal en casos como el que hoy se estudia, señalando que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, así tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a los eventos en los cuales los particulares resulten afectados por ataques perpetrados por grupos guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias fácticas acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(17).

19. Así las cosas, se precisa que aunque el título de imputación utilizado por la Sección Tercera en la sentencia transcrita haya sido el de daño especial(18), ello no implica que todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de ataques o tomas guerrilleras tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

20. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención se ven acentuadas y revestidas de una importancia cardinal, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, tal como lo ha señalado la Corte interamericana de Derechos Humanos. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(19).

VI. El riesgo excepcional puede servir como criterio de atribución de responsabilidad por los daños derivados de ataques perpetrados por grupos subversivos contra bienes o instalaciones del Estado

21. Históricamente, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas de responsabilidad por riesgo: el riesgo-peligro(20); el riesgo­beneficio(21) y el riesgo-álea(22). Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores, y que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.

22. Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades(23)

23. De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos —como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)—, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genere para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

24. La Sala no desconoce que desde un enfoque de teoría administrativa resulta extraña, por decir lo menos, la afirmación según la cual la simple presencia institucional constituye un factor generador de riesgo, máxime cuando muchas veces es esa presencia —lograda, por ejemplo, mediante el acantonamiento de la fuerza pública— la que permite al Estado conjurar o repeler las amenazas que para la vida y los bienes de la población civil implican las acciones de la delincuencia. Sin embargo, considera que de cara a la realidad del país, resulta imposible negar que existen zonas afectadas por fenómenos graves de violencia política en las que la cercanía a ciertos bienes e instalaciones del Estado, genera un riesgo cierto para las personas que viven o desarrollan sus actividades cotidianas en sus proximidades ya que éstos son blanco de continuos ataques de la guerrilla.

25. En el caso de las estaciones de policía, el riesgo adquiere un carácter tan cierto, grave y evidente que la Corte Constitucional, mediante sentencias de tutela, ha señalado que, en ciertas condiciones, procede ordenar su traslado y reubicación con el fin de amparar los derechos fundamentales de las personas civiles y de evitar que con ocasión de la prestación del servicio de seguridad, protección y vigilancia, los ciudadanos se vean expuestos a cargas desproporcionadas que afecten su vida, su integridad o su patrimonio(24).

26. Es verdad que desde un enfoque normativo, no todos los objetos “claramente identificables como Estado” pueden ser considerados como factores generadores de riesgo, sino solamente aquellos que, según las normas del derecho internacional humanitario, revisten carácter militar(25), pues ellos no están protegidos por la prohibición general de convertirlos en blancos de ataques o represalias, como sí lo están los bienes de carácter civil. No obstante, desde un punto de vista fáctico muchos bienes e instalaciones del Estado están ubicados en una “zona gris” entre lo civil y lo militar, por lo cual igual puede considerárselos como factores generadores de riesgo. Tal es el caso de las estaciones de policía(26), las cuales de hecho son objeto de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que comprometen la seguridad de la población civil.

27. De lo dicho hasta el momento podría inferirse que la proximidad a cualquier objeto claramente identificable como Estado genera para la ciudadanía, independientemente de cualquier otra consideración, un riesgo de carácter excepcional. Sin embargo, es necesario precisar que, en tanto este riesgo se deriva de la existencia del conflicto armado interno, su naturaleza es contextual, porque no en todos los municipios del país es factible que se produzca una incursión armada de la guerrilla o un atentado grave contra la infraestructura del Estado. Y este hecho es, justamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional. En efecto, es un hecho notorio que estas acciones tienden a concentrarse en pequeñas poblaciones, ubicadas en zonas del territorio nacional que ofrecen una ventaja estratégica desde el punto de vista militar, y en donde los actores armados ejercen una fuerte presencia y están en capacidad de perpetrar un ataque armado de gran impacto.

28. Así las cosas, para que pueda imputarse responsabilidad a la administración a título de riesgo excepcional por los daños derivados de ataques guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medios de prueba, que den cuenta de la situación de orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños, de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque.

29. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en la medida en que el Estado participa consciente y deliberadamente en la creación del riesgo, debe adoptar todas las medidas de precaución, contención y defensa a su alcance para minimizarlo y para evitar que se materialice, pues si no lo hace y facilita la actuación de los grupos armados ilegales, se configura una ostensible falla del servicio que da lugar a un juicio de responsabilidad de naturaleza distinta, fundado en el incumplimiento del deber positivo de protección que le es exigible, no sólo respecto de los bienes y personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades y de los bienes de carácter militar.

30. En suma, los daños derivados de acciones violentas cometidas por grupos guerrilleros pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional. No obstante advierte que ello sólo procede cuando el ataque es perpetrado en el marco del conflicto armado interno contra un bien claramente identificable como Estado (i), y del cual se deriva un riesgo cierto para la población civil en consideración a las características de seguridad de la zona en la que se ejecuta el ataque (ii). Si bien es evidente que la guerrilla puede causar daños a la población civil a través de distintas acciones (p.e. a través del sembrado de minas antipersonales o de combates con las fuerzas de seguridad del Estado), se aclara que lo dicho previamente respecto a la imputación por riesgo excepcional se explica a partir de los supuestos de hecho analizados en esta sentencia.

VIl. El caso concreto

31. La Sala encuentra demostrado el daño alegado por la Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, consistente en la destrucción de las aeronaves HK-2314 modelo Cessna R172K, número de serie CR1723018, y HK-1244 modelo Britten Norman BN-2A-7, número de serie 248(27), con ocasión de los combates ocurridos entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998, durante la toma guerrillera de las Farc al municipio de Mitú-Vaupés.

32. Este daño tiene el carácter de antijurídico pues es evidente que la compañía actora no tenía el deber de soportar las consecuencias derivadas de la destrucción de las aeronaves referidas, ubicadas en el aeropuerto de Mitú-Vaupés, pues aunque el Estado obró legítimamente en su deber de defensa de la integridad del territorio y la población civil, los daños antijurídicos que surjan como consecuencia de la generación de los riesgos en el marco del conflicto interno armado, como son la proximidad de personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario a estaciones de Policía u otros elementos que puedan ser considerados objetivo militar, deberán ser indemnizados por el Estado en observancia de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política.

33. La motivación en estos casos podría estar sustentada en el daño especial o la falla del servicio, según se presenten o no problemas de carácter procedimental, reglamentarios o humano en el desarrollo de la función preventiva y defensiva - de la Policía Nacional, pero siempre que no exista una situación de conflicto armado que cuestione el carácter civil de la compañía de aviones afectada. En estos casos, la razón que fundamenta la imputación de responsabilidad al Estado podría ser, además de la falla del servicio, el riesgo excepcional, habida cuenta de que estos bienes (estaciones de Policía o Ejército) son factores generadores de riesgo puesto que son declarados objetivo militar.

34. En el asunto bajo examen, la parte demandante alega que los daños causados son imputables al Estado a título de falla del servicio como quiera que los daños ocasionados en las aeronaves de la empresa en Mitú, se causaron como consecuencia de:

[E]l único fin y propósito de atacar las instalaciones de la Policía Nacional acantonada en Mitú; y cuando los miembros de dicha institución repelieron el ataque, causaron destrucción en varios locales y establecimientos de comercio, caos y destrucción que se vio agravado por la presencia de la fuerza militar con sus aviones de guerra y tropa del Ejército, que sin guardar la proporción del peligro por el uso de armas de alto calibre, ni respetando la población civil, ni siendo prudentes en el ataque o bombardeo causan injustamente la muerte de varios civiles como la destrucción de buena parte de locales, establecimientos de comercio, y de los aviones que se encontraban en la pista del aeropuerto, simplemente por tratar sin control, prevención e irresponsablemente de repeler la toma guerrillera en el municipio (...) Séptimo.—Lo anterior permite decir que los entes demandados se encuentran bajo la Falla de la Administración, bien sea evidente, presunta, especial o probada, ya que los daños causados a la oficina, almacén y aviones de los actores ya citados, tienen como consecuencia un riesgo de naturaleza especial, porque el Estado se encuentra hace más de dos décadas enfrentado a grupos al margen de la Ley (…) capítulo quinto fundamento de derecho de las pretensiones como de la responsabilidad esta tal (...) [L]a Fuerza Pública debe ser imparcial y neutral con los civiles en la guerra que está librando con la subversión (...) Para cumplir lo anterior, debe prever lo previsible es decir que ante la remota o inminente posibilidad de una incursión guerrillera, debe programar y preparar la táctica militar en las tropas como en su armamento para repeleré los grupos insurgentes, siendo de tal manera tan armónica que no causare peligro o perjuicio a la población civil o en el peor de los casos que sea menor escala, pero no como sucedió en el Municipio de Mitú (Vaupés), que sin medir consecuencias, en forma arbitraria y desproporcionada resuelven con aeronaves, tropa y armas oficiales bombardear el municipio, omitiendo injusta e inhumanamente la presencia de ciudadanos indefensos, desprotegidos y ajenos a dicha guerra (...) (fls. 11, 14, 16-1, cdno. 1).

35. Al respecto, observa la Sala que no existe prueba dentro del expediente que permita concluir que la labor de defensa de la Policía y el Ejército Nacional frente al ataque subversivo constituya, en sí mismo, una falla del servicio. Ni los testimonios, ni los dictámenes periciales practicados por el a-quo, permiten sostener si los daños civiles causados por la confrontación armada son consecuencia de los bombardeos efectuados por el Ejército o la Fuerza Aérea(28), la defensa de la Estación de Policía de Mitú o los cilindros lanzados por la guerrilla(29).

36. Tampoco hay lugar a concluir que hubo omisiones en el deber preventivo de la Policía de anticipar la agresión armada del 1º al 3 de noviembre de 1998. De hecho, si algo es característico de estos ataques guerrilleros es su asalto por sorpresa, aprovechando las condiciones propias de la geografía boscosa o selvática Colombiana, que les permite obrar con cierta ventaja militar, como ya ha sucedido en otras tomas insurgentes a bases o estaciones militares(30).

37. Por lo demás, está probado que no existía, ni antes ni ahora, ningún sistema de seguridad capaz de anticipar un ataque subversivo ni, mucho menos, de impedir que las materialidades de la guerra causadas por explosiones, armas de fuego y bombardeos no afecten a bienes y personas civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario en contextos como el Colombiano, donde estaciones de Policía, cuarteles del Ejército y otros objetivos militares se encuentran cerca o en medio de la población.

38. De otra parte, no puede considerarse que la intervención del Ejército hubiera sido tardía o inoportuna por el hecho de que los combates duraron tres días. Téngase en cuenta, que a pesar de tratarse de un municipio capital de departamento, el Vaupés es un territorio bastante grande y apartado(31), con una población pequeña, de ambiente selvático, amazónico y limítrofe con Brasil, por lo que a juicio de la Sala era imposible para las fuerzas armadas prever con exactitud dónde, cuándo y de qué forma se haría efectivo el ataque guerrillero.

39. Con base en las consideraciones precedentes, la Sala encuentra que no hubo falla del servicio a cargo de la Policía Nacional pues se considera que cumplieron adecuadamente, dentro del marco de sus posibilidades, con los deberes a su cargo. Ahora bien, lo que entrará a estudiar la Sala es, si en virtud del daño causado a los bienes de Aviocesar, ocurridos en el marco del conflicto armado interno, son imputables a la administración, en cuyo caso es necesario analizar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en la teoría del riesgo excepcional.

40. Según ya se señaló, para que pueda atribuirse responsabilidad al Estado bajo este título de imputación por los daños derivados de acciones violentas cometidas por terceros, es necesario que el acto no tenga un carácter indiscriminado y que haya sido perpetrado por grupos armados al margen de la ley en el marco del conflicto armado interno, contra un bien claramente identificable como Estado o un personaje representativo de la cúpula estatal, y del cual se derive un riesgo cierto para la población civil en consideración a las características de seguridad de la zona en que se ejecuta el ataque.

41. En el caso bajo examen está probado que el atentando fue cometida por fuerzas insurgentes, bajo un mando organizado, cuyo ataque no tenía un carácter indiscriminado, sino que estaba dirigido específicamente contra un bien claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno. En efecto, como se expuso en el capítulo de hechos probados, el atentado fue perpetrado por la guerrilla de las Farc contra la infraestructura de la Estación de Policía de Mitú-Vaupés (que es un objetivo militar perteneciente al Estado) en su intento, de desestabilizar y debilitar las instituciones, y de conquistar, por la vía armada, el poder político.

42. Esto no se desvirtúa por el hecho de que los ataques contra la Estación de Policía de Mitú hayan tenido un efecto devastador sobre los bienes y personas civiles que se encontraban en los alrededores del sitio del atentado como son las oficinas y aeronaves de Aviocesar. Para la Sala es claro que de no existir un conflicto interno armado, no habría sido atacada la estación de Policía de ese municipio donde se encontraban a su lado las oficinas de Aviocesar y la pista de aterrizaje donde estaban las dos aeronaves destruidas.

43. Adicionalmente, está probado que el daño surgió de la materialización de un riesgo excepcional. En efecto, dada la situación de conflicto armado, la cercanía a las instalaciones e infraestructura de Policía generaba riesgos para la seguridad de las personas y sus bienes.

44. En el caso de los habitantes del municipio de Mitú-Vaupés, el riesgo revestía un carácter cierto, pero su ocurrencia sorpresiva era indeterminable, pues, de acuerdo con el oficio expedido por el comandante de la Estación de Policía de Mitú, para la época de los hechos este municipio estaba siendo atacado por varias cuadrillas y frentes integrantes de las Farc, pertenecientes al Bloque Oriental(32) (fls. 221-222, cdno. 2).

45. La posibilidad de sufrir un atentado por parte de la guerrilla era tan alta en esta región que, según lo especifica el referido informe policial documentado en el Expediente (fls. 221-222, cdno. 2), el municipio de Mitú ya había sido atacado en ese mismo año en el mes de mayo de 1998; y entre el 20 de noviembre de 1999 y el 18 de octubre de 2002, esta localidad fue objeto de 27 ataques de la insurgencia, razones que confirman su contexto de conflicto armado (informe policial del Comandante de la Estación de Mitú; fls. 225-226, cdno. 2). No obstante, el área selvática imposibilita saber, exactamente el día y la hora en que los ataques ocurrirían, ingrediente particular de la geografía y el conflicto colombiano.

46. En estas condiciones, se concluye que la cercanía de la Estación de Policía de Mitú, expuso a los habitantes de esa localidad, en general, y a la Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar Ltda., en particular, a una situación de riesgo excepcional. Si bien no se desconoce que la presencia de las estaciones de Policía constituye una actividad legítima propia de las funciones de la entidad demandada, dadas las condiciones de seguridad imperantes en la zona, la cercanía de la Estación de Policía de Mitú a las aeronaves de la compañía actora, se generó un riesgo de naturaleza excepcional que, al materializarse y ocasionar a ésta un daño antijurídico, debe ser indemnizado.

47. Así, a pesar de que no se configura en este caso una falla del servicio, corresponde a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional la reparación de los daños sufridos por la Compañía de Aviones del Cesar Ltda. con ocasión de la incursión armada de las Farc contra la Estación de Policía de Mitú-Vaupés, entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998. Ello en razón a que el daño reviste el carácter de antijurídico y es imputable jurídicamente a la administración porque estuvo dirigido contra un objetivo claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno y supuso la materialización de un riesgo de naturaleza excepcional.

48. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala revocará la sentencia de primera instancia dictada por la el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar, declarará probada la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a consecuencia de la incursión armada de las Farc contra la Estación de Policía de Mitú entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998.

VIl. Perjuicios

Perjuicios morales

49. En la demanda se persigue la indemnización por los perjuicios morales sufridos por la señora Clemencia Lucía Mancera Ospina, quien es propietaria de la aeronave afectada HK-2314, modelo Cessna R172K con número de serie de aeronave CR1723018 (certificado de matrícula de la aeronave; fl. 47, cdno. 2). Igualmente se solicitó indemnizar los perjuicios morales causados a cada uno de los socios de la compañía demandante a través del poder conferido a su representante legal para actuar en nombre de la empresa, en la siguiente forma (ver, lnfra, párr. 1):

(...) Clemencia Lucía Mancera Ospina (actor), 1.000 gramos de oro fino, como perjuicio moral por la alteración sico-afectiva sufrida por la destrucción total del bien relacionado. El pago de la anterior cantidad de gramos oro fino para el actor se hará en moneda nacional con el precio más alto que el referido metal tenga a la fecha de la ejecutoría de la sentencia o conciliación favorable que se profiera, según certificación que expida el Banco de la República o la entidad que haga sus veces. // Para los socios de Aviones del Cesar Limitada Aviocesar Martha Elena Orjuela Rodríguez, Ana Lucía Ospina de Mancera, Javier Enrique Mancera Ospina, Ana Paola Mancera Ospina, Maria Alejandra Mancera Ospina, quienes actúan en el presente bajo la representación de Javier Enrique Mancera Ospina, 1.000 gramos de oro fino, a cada uno para un total de 6.000. gr, como perjuicio moral por la alteración sico-afectiva sufrida por la destrucción de los bienes relacionados.

50. Al respecto. la Sala reconocerá el perjuicio moral únicamente a favor de la señora Clemencia Lucía Mancera Ospina, en tanto como propietaria de una de las aeronaves impactadas, para los efectos de este concepto, otorgó poder individualmente, no así, en cuanto los socios de la empresa quienes demandaron en calidad de miembros de la persona jurídica Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar Ltda. a través de su representante legal; (ver. poderes; fls. 1-4, cdno. 2). En relación a la indemnización de perjuicios morales en favor de personas jurídicas, la Sala no reconocerá este concepto, en razón del tratamiento que al respecto ha dado esta Corporación, como se sigue(33):

En relación con los perjuicios morales solicitados a favor de la sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda., no procede su reconocimiento como quiera que los mismos no fueron demostrados dentro del proceso. En este punto, conviene señalar que la Sección Tercera, en jurisprudencia que ahora se reitera, ha indicado que las personas jurídicas, en cuanto titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, buen nombre, entre otros), pueden sufrir daños susceptibles de ser indemnizados, a condición de que tal circunstancia se encuentre acreditada en el respectivo proceso:

De modo que, la jurisprudencia, tras negar rotundamente el reconocimiento de perjuicios morales a las personas jurídicas, ha abierto esa posibilidad, haciendo recaer en el juzgador esa decisión con base en el conocimiento de la controversia en cada caso en particular, especialmente en lo relacionado con la esencia y naturaleza del daño no patrimonial alegado y si está ligado o no a aspectos sentimentales y afectivos propios de la condición del ser humano y representados en una aflicción, tristeza o congoja que sólo son propios de éste, y que no se concibe que pueda padecer una persona jurídica.

Es decir, resulta claro que /as personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos (pretium doloris), porque no pueden experimentar dolor o sufrimiento y menos aún por agresiones a bienes jurídicos extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del individuo físico (la vida, la integridad corporal, o la honestidad, entre otros); sin embargo, a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos propios de la personalidad y, por ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, el buen nombre, la probidad), los cuales si en alguna manera se les menoscaba, corresponde indemnizar, en cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso.

En efecto, cuando se atenta, por ejemplo, contra la reputación o prestigio de la persona jurídica, en menoscabo de la credibilidad de su nombre y de la imagen sobre su modo de ser como sujeto en el tráfico jurídico, sería viable de indemnizar como un perjuicio moral, porque aunque esos valores están al servicio de su objeto y fines económicos, ciertamente trascienden la esfera meramente patrimonial. Igualmente, repárese que el “buen nombre” es un derecho fundamental de la personalidad sin importar si se trata de una persona natural o de una persona jurídica, cuya protección, por tanto, se encuentra garantizada en el orden constitucional; en efecto, el artículo 15 de la Constitución Política garantiza a todas las personas, sin distingo, el derecho a su buen nombre, el cual el Estado se encuentra en el deber de respetar y hacerlo respetar(34).

51. A pesar de que la señora Clemencia Lucía Mancera Ospina no estuvo presente el día de la toma insurgente en la que se causaron tos daños a las aeronaves, ello no es óbice para la Sala reconocer, que si luego de tos eventos del 1º al 3 de noviembre de 1998, las aeronaves de la compañía tuvieron que terminar operaciones, a título personal, como propietaria de una de las aeronaves destruidas de la empresa, se hubiese alterado “psico-afectivamente”, como lo refiere en la demanda, ya que el hecho de que su negocio tuviere que cerrar por razón del conflicto armado, situación que en condiciones normales, afecta a cualquier persona que deja de percibir ingresos por sus actividades líticas, aunado al hecho de que para el efecto hubiere presentado poder como persona natural, hace que sea procedente reconocer este perjuicio, en cuantía equivalente a 40 smtmv, teniendo en cuenta que la Sala no cuenta con otros elementos de convicción que conduzcan a inferir que la afectación moral sufrida por la actora por la pérdida de su aeronave de negocios, fuere de igual o mayor intensidad, aquel el sufrimiento causado por la muerte o lesiones de un familiar o ser querido.

Perjuicios materiales

52. Sería del caso entrar a liquidar los perjuicios materiales causados a la compañía actora, sin embargo ello no será posible en tanto los dictámenes rendidos por los expertos en el curso del trámite de primera instancia no fundamentaron en forma completa y técnica los daños causados, los dineros dejados de percibir y los montos estimados en sus informes, razón por la cual, la Sala condenará en abstracto como se indica a continuación.

53. En la sentencia de primera instancia, al negar las pretensiones de la demanda, el tribunal no valoró el dictamen pericial sino que se refirió a la inimputabilidad del Estado por los hechos. Por tanto, le corresponde a la Sala establecer el valor probatorio de dicho dictamen con el fin de fijar el monto de los daños ocasionados a las aeronaves y oficinas de Aviocesar durante el ataque.

54. Para determinar la eficacia probatoria del dictamen pericial la Sala ha determinado que se requiere que:

(í) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto .de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(35)(36).

55. Al examinar el dictamen pericial a la luz de estos parámetros, la Sala advierte que, respecto del daño emergente, la valoración de los daños realizada mediante la prueba anticipada de inspección judicial ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, el 19 octubre de 1999 (fls. 460-463. cdno. 1); y el experticio rendido por los señores Gabriel Francisco Ruíz Andrade y Rubén Darío Torres Rodríguez, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Mitú, (despacho comisario Nº 0065 del Tribunal Administrativo del Meta, el 26 de febrero de 2003; fls. 395-396, cdno. 1), no se encuentran razonablemente fundados, por las razones que a continuación se advierten:

55.1. La inspección judicial anticipada, se realizó el 19 de octubre de 1999 en Valledupar, lugar donde se encuentra la avioneta HK-2314. Si bien describen los daños ocasionados a la aeronave, los costos que se relacionan a partir de estos se fijan sin un detalle pormenorizado de los mismos, tan solo refiere a una lista de elementos y partes del avión a remplazar o reparar, cuya suma asciende a ($101.800.000) y menciona el taller “Aeroreparaciones”, pero sin indicación de la idoneidad, ubicación o existencia legal del mencionado establecimiento consultado.

55.2. No se encuentra relacionado en el informe pericial, un anexo de las cotizaciones de las partes a reparar o remplazar de la aeronave a que se hizo referencia, de tal forma que se pueda verificar su valor aproximado y real, a partir de consultas en establecimientos acreditados; con una descripción escueta como está en el dictamen, sin ningún soporte de los valores allí consignados.

55.3. No se relacionaron los libros contables de la empresa, debidamente registrados, certificados por profesional idóneo en l8 materia, detallados en tiempo y costos.

55.4. No se relacionaron las tarifas de vuelo comerciales de pasajeros, desde y hacia Mitú en las rutas que cubría la empresa demandante para establecer de esta manera el monto del lucro cesante por operaciones aéreas dejadas de percibir por las aeronaves inmovilizadas.

56. El 26 de febrero de 2003, se realizó el dictamen pericial realizado a la aeronave HK-1244 por los señores Gabriel Francisco Ruíz Andrade y Rubén Darío Torres (dictamen pericial; fl. 396, cdno. 2). En el informe, refieren que la pérdida ocasionada a la avioneta es total y debe remplazarse. Por concepto de daño emergente a causa de la reposición de la máquina, se estimó su valor en ($1.453.271.000), y por concepto de utilidades dejadas de percibir por operaciones aéreas comerciales, entre noviembre de 1998 y marzo de 2003, la suma de ($2.835.672.274). Sin embargo, al igual que el experticio realizado en 1999 para la aeronave HK-2314, este dictamen carece de los soportes contables, anexos de cotización del establecimiento acreditado consultado y las demás pruebas que permitan otorgarle credibilidad a las sumas de dinero relacionadas en el informe, razón por la cual no serán tenidas en cuenta.

57. Finalmente, si bien se realizó adición y complementación del dictamen a petición de la parte demandada, no se hicieron los correctivos necesarios. Tan solo se agregaron unas fotografías de las aeronaves arruinadas, y dos páginas en inglés que dan cuenta de cómo se realiza mantenimiento a ciertas partes de un avión tipo “lslander”. Sin embargo, esta información no es suficiente para dar cuenta del costo de las reparaciones a que se alude en el informe, si se trata de arreglos del tipo de aeronaves estropeadas; mucho menos, para certificar costos de operación de vuelo comercial de la aeronave en comento como para establecer el lucro cesante, pues esto se demuestra como se indicó, mediante soportes de costos promedio de tarifas de vuelo comercial de pasajeros en la región, libros y certificaciones contables registradas por esa empresa. Sobre la valoración del dictamen pericial la jurisprudencia ha establecido:

(...) de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de la partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(37) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (numeral 2º del artículo 237 del C. de P. Civil.).

Para su eficacia probatoria debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen(38). El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (numeral 6º del artículo 237 ejusdem).

A su tumo, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “...aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían talladores(...)”(39)

En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma(40).

58. Por lo anterior, la Sala dará aplicación a lo previsto en el artículo 172 del CCA, y condenará en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago de los perjuicios causados con la destrucción de las aeronaves HK 1244 y HK-2314, debido a que no existen elementos probatorios que indiquen su valor comercial, ni la cuantía de su destrucción con ocasión del ataque guerrillero.

59. La liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del CPC. Para tal efecto, la parte demandante debe allegar al proceso una cotización pormenorizada de los daños ocasionados a las aeronaves HK 1244 y HK-2314, expedida por un taller, fabricante, o establecimiento que no genere dudas sobre su idoneidad, experiencia en el tema de reparaciones o suministro de partes para aeronaves del modelo y especificaciones que nos ocupa. Si por razón del paso del tiempo y el deterioro causado por el clima, dicha prueba no pueda ser posible obtenerla, se podrán aportar otros medios probatorios que permitan establecer el valor de las aeronaves descritas a partir de una cotización del fabricante o vendedor autorizado. Para establecer el lucro cesante deberán aportarse copia de los libros contables de la empresa, certificados por profesional en la materia, así como certificación expedida por autoridad competente sobre tarifas de vuelo comercial de pasajeros, desde y hacia Mitú, en las rutas que operaba la empresa actora para la fecha de los hechos y durante el tiempo que han estado inmovilizadas y su monto estará limitado a 6 meses como lo ha dispuesto en otras ocasiones esta Corporación(41). En cualquier caso, las pruebas aportadas deben, de manera fundada y técnica, brindar certeza sobre el valor de las aeronaves así como sus tarifas de vuelo para la época de los hechos. Para promover el incidente de liquidación, se otorga a la parte interesada un término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

60. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que los dictámenes periciales carecen de idoneidad para probar el monto del daño emergente y el lucro cesante por los daños causados a las aeronaves y las oficinas de operaciones de vuelo comercial de pasajeros dejados de percibir por la Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, debido a que se practicaron sin que los peritos demostraran que los valores referidos en sus informes correspondieran a una labor investigativa, conocedora y objetiva de costos de reparación o remplazo de las avionetas, sino que se consignaron unos montos cuya fundamentación parece poco consistente y deja varias dudas al respecto.

61. En relación a las oficinas y almacén de repuestos de la compañía actora, se acreditó que se encontraban en operaciones en el aeropuerto de Mítú, al momento de los hechos (Oficio 1201175 de fecha 7 de noviembre de 2002 suscrito el Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil; y copia de Certificación del Administrador del Aeropuerto de Mitú, de fecha 12 de noviembre de 2002; fls. 142-147, cdno. 1). No obstante, en la medida en que no se indicó en la demanda o mediante los dictámenes periciales, la cantidad y precio estimado, de los daños causados a sus bienes muebles y oficinas, estos no serán reconocidos.

62. En conclusión, la decisión del a-quo deberá revocarse, aunque la condena deberá hacerse por el tribunal de origen, tomando en cuenta la necesidad de allegar al proceso los dictámenes y demás elementos de prueba que permitan establecer el monto real y aproximado de las reparaciones o remplazo a las aeronaves referidas, así como las certificaciones tarifarías promedio de vuelo comercial de pasajeros desde y hacia Mitú de la empresa afectada, tomando como base, el 1º de noviembre de 1998 al 1º de mayo de 1999. Igualmente, se tendrá como criterio orientador de la liquidación a imponerse, las copias de los libros contables de la Compañía de Aviones del Cesar, debidamente certificados por profesional de la materia.

VIII. Costas

63. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Revocar la sentencia dictada el 24 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Declarar administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable la Nación-Ministerio de Defensa Nacional ­ Policía Nacional daños materiales causados a las aeronaves pertenecientes a la Compañía de Aviones del cesar-Aviocesar Ltda., en hechos ocurridos entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998, en el municipio de Mitú - Vaupés.

3. Condenar en abstracto a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante causados por la pérdida parcial o total de las aeronaves HK-2314 modelo Cessna R172K con número de serie de aeronave CR1723018 y HK-1244 modelo Britten Norman Islander BN-2 A-7, número de serie 248, la primera en calidad de arrendataria explotadora, y la segunda, propiedad de la Compañía de Aviones del Cesar-Aviocesar, con ocasión del ataque de las Farc a la Estación de Policía de Mitú, entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998. Este perjuicio deberá liquidarse mediante el trámite incidental regulado en el artículo 137 del CPC, el cual deberá promoverse por los interesados dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.

4. Condenar en abstracto a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante causados por la pérdida parcial o total de la aeronave HK-2314 modelo Cessna R172K con número de serie de aeronave GR1723018, propiedad de la señora Lucia Mancera Ospina, con ocasión del ataque de las Farc a la Estación de Policía de Mitú, entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998. Este perjuicio deberá liquidarse mediante el trámite incidental regulado en el artículo 137 del CPC, el cual deberá promoverse por la interesada dentro del término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva de esta sentencia.

5. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, al pago de los perjuicios morales causados por la pérdida parcial o total de la aeronave HK-2314 modelo Cessna R172K con número de serie de aeronave C R1723018, propiedad de la señora Clemencia Lucía Mancera Ospina, en cuantía equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, con ocasión del ataque de las Farc a la Estación de Policía de Mitú, entre el 1º y el 3 de noviembre de 1998.

6. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

7. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del(sic) los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del CCA.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor, correspondiente al lucro cesante, fue estimada en suma mayor a $1.100.800.000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2000 fuera de doble instancia ($26.390.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(2) En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.

(3) En este sentido, véase la Sentencia el11 de julio de 1996, Expediente 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.

(4) Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Expediente 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Expediente 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Expediente 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Expediente 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.

(5) La providencia del 12 de noviembre de 1993, Expediente 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza, del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.

(6) Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, expedientes 15838, 18075, 25212 (acumulados). C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (...) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevó a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la Base Militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.

(7) Mediante la sentencia del 30 de julio de 1992, Expediente 6828, C.P. Julio César Uribe, la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños materiales causados a un habitante de Bucaramanga por la explosión de un carro cargado con explosivos que iba dirigido contra el Comando de la Segunda División del Ejército con sede en esa ciudad. Similar decisión adoptó el 5 de julio de 1991, Expediente 1082, C.P. Daniel Suárez Hernández, al resolver la acción de reparación directa presentada por los afectados por el ataque armado perpetrado por guerrilleros del M-19 contra la estación de policía del municipio de Herrera (Tolima).

(8) No obstante, cabe señalar que, en estas primeras decisiones, el Consejo de Estado no fue muy coherente al determinar el régimen de responsabilidad aplicable, pues invocó simultáneamente el daño especial y el riesgo excepcional. Por ejemplo, en la citada Sentencia de 30 de julio de 1992, sostuvo lo siguiente: “Valorada la anterior realidad fáctica, el ad quem encuentra que la administración tiene el deber jurídico de indemnizar los perjuicios causados por el movimiento subversivo que llevó a cabo el atentado, con apoyo en la teoría del daño especial. Con esto se quiere significar que el comportamiento de la fuerza pública fue, desde todo punto de vista, lícito, pero el daño resulta anormal y excepcional, en relación con los que deben soportar los demás integrantes de la comunidad. El demandante es pues un damnificado más de los muchos que hay hoy en Colombia, que de la noche a la mañana ve disminuido su patrimonio como consecuencia del enfrentamiento que las fuerza del orden realizan para combatir a las del desorden, resultando equitativo que ese desequilibrio económico sea soportado por todos los colombianos y no por uno solo de ellos. En el caso sub-exámine no interesa determinar quién atacó primero a quién. El atentado iba dirigido contra el Ejército como ya se destacó en otro aparte de esta providencia, y todo indica que fue reivindicado por el Ejército de Liberación Nacional (...). La teoría del daño especial se torna más de recibo, para manejar el caso en comento, habida consideración de que el Ejército Nacional hacia el año de 1983 decidió organizar sus instalaciones en un sector residencial de la ciudad colocando así a los habitantes del mismo, en especiales circunstancias de riesgo pues nadie osaría negar que, dada la situación de orden público que hoy registra el país, las instalaciones militares son centros apetecidos por la guerrilla para hacer sus confrontaciones de guerra” (negrillas no originales).

(9) Sin embargo, es importante señalar que la jurisprudencia en este punto ha sido vacilante, como se expondrá más adelante. Ver infra párr. 21 y ss.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de agosto de 2000, Expediente 11.585, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(11) En las sentencias de 6 de octubre de 2005, Expediente AG-00948, C.P. Ruth Stella Correa; de 4 de diciembre de 2006, Expediente 15.571, C.P. Mauricio Fajardo; y de 5 de diciembre de 2006, Expediente 28.459, C.P. Ruth Stella Correa, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados a los habitantes de distintos municipios del país durante enfrentamientos armados entre la guerrilla y las fuerzas armadas, suscitados en respuesta al ataque de los insurgentes contra cuarteles militares o estaciones de policía. De otra parte, en la Sentencia de 28 de junio de 2006, Expediente 16.630, C.P. Ruth Stella Correa, el Estado fue condenado a reparar los daños causados por la explosión de un artefacto dirigido contra el Comando de Policía de Bello (Antioquia), sin que se hubiera generado un enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y los responsables del ataque. Idéntica decisión se adoptó por el Consejo de Estado mediante la Sentencia del 19 de abril de 2001, Expediente 12.17.8, C.P. María Helena Giraldo, al resolver la acción de reparación directa por las víctimas de una bomba activada por la guerrilla de las Farc en una estación de gasolina en momentos en que los vehículos de la policía realizaban el tanqueo diario.

(12) No obstante, cabe señalar que esta postura no ha sido asumida de forma unánime por la Corporación. En efecto, en el salvamento de voto a la sentencia de 28 de junio de 2006, Expediente de 16.630, el Consejero de Estado Mauricio Fajardo Gómez señaló que es equivocado afirmar que la simple presencia de una estación de policía en medio de la comunidad genera un riesgo de naturaleza excepcional pues, es justamente, dicha presencia “la que surte el efecto disuasivo en la delincuencia y se traduce en mejores condiciones de seguridad”. Lo contrario conduce a una enorme paradoja pues “no se ve entonces cómo podría la institución modificar su conducta para no ser condenada, pues si no hace presencia y deja de cumplir sus funciones incurre en omisión, pero si las cumple y para ello se hace presente de modo permanente, entonces es responsable por haber creado un riesgo de naturaleza excepcional por el sólo hecho de acantonarse”. Posteriormente, el Consejero de Estado Ramiro Saavedra, en el salvamento de voto a la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 15.571, manifestó que no puede afirmarse que “la sola existencia de una instalación militar o de policía o, el ejercicio del deber de defensa de la comunidad, se convierta por sí mismo en un riesgo para la población en general, pues de aceptarse un razonamiento tal, se tendría que llegar a la paradoja de que la Fuerza Pública es al mismo tiempo un elemento de auxilio y de peligro de la ciudadanía, lo que generaría inestabilidad jurídica que atentaría contra los fines esenciales del Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución Política, pues en ella la connotación que se le dio a la Fuerza Pública no fue otra que la de autoridad de protección”.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 10 de agosto de 2000, Expediente 11.585, C.P. Alíer Eduardo Hernández

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de junio de 2007, Expediente 16.640, C.P. Ruth Stella Correa; Sentencia del 21 de junio de 2007, Expediente 25,627, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(15) Esta situación ha sido puesta de presente por la doctrina. Véase al respecto Enrique Gil Botero, Responsabilidad extracontractual del Estado, editorial Temis. 5ª edición, Bogotá, 2011, pp. 279-311; también Alier Eduardo Hernández. Responsabilidad extracontractual del Estado, ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2007, pp. 549-583.

(16) Por ejemplo, en las sentencias 6 de octubre de 2005. Expediente AG-00948. C.P. Ruth Stella Correa, y de 4 de diciembre de 2006, Expediente 15.571, C.P. Mauricio Fajardo, la Sección Tercera del Consejo de Estado aplicó el régimen de riesgo excepcional para imputar responsabilidad al Estado por los daños causados a particulares a consecuencia de ataques perpetrados por grupos guerrilleros contra las estaciones de policía de los municipios de Algeciras (Huila) y Santa Rosa del Sur (Bolívar), respectivamente. Con posterioridad, sin embargo, mediante Sentencia de 2 de octubre de 2008, Expediente AG-00605, C.P. Myriam Guerrero, la Sala dio aplicación al régimen de daño especial para imputar responsabilidad al Estado por los daños causados a varios habitantes del municipio de La Cruz (Nariño) a consecuencia de un ataque armado de las mismas características.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la Sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23.219, C.P. Hernán Andrade Rincón. Ambas sentencias declararon la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los daños causados a inmuebles de propiedad de particulares durante el ataque perpetrado por la guerrilla de las Farc a la estación de policía del municipio de Silvia (Cauca) el 19 de mayo de 1999.

(18) La decisión de atribuir responsabilidad al Estado con fundamento en el título de daño especial, motivó que el suscrito magistrado presentara aclaración de voto a las sentencias de 19 de abril y de 23 de agosto de 2012 con fundamento en argumentos similares a los que se recogen en la presente providencia.

(19) Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párrs. 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de ltuango vs. Colombia, párr. 126 a 138. En similar sentido, el Consejo de Estado ha considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la inobservancia del deber positivo de protección que le es exigible con mayor rigor en situaciones de conflicto armado, y que demanda la aplicación de medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención para proteger y preservar los derechos fundamentales no sólo de las personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades.

(20) La imputación por riesgo-peligro procede en aquellos casos en los que la Administración interviene en la ocurrencia del daño, pero no por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, sino por haber creado consciente y lícitamente un riesgo a partir de la utilización de un objeto (p.e. armas, vehículos), una sustancia (p.e. combustibles, químicos) o una instalación (p.e. redes de energía eléctrica) que resulta en sí misma peligrosa, pero que es útil o necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado o para satisfacer demandas colectivas de bienes y servicios.

(21) Se incluye dentro de la categoría de riesgo-beneficio aquella actividad que, aunque no entrañe verdadera peligrosidad, “conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia”. En este caso, el fundamento de la responsabilidad recae, no ya en el peligro creado por el Estado, sino en el provecho que éste o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Es el riesgo que descansa en la probabilidad estadística de la ocurrencia de un daño, derivado de la ejecución de ciertas actividades o el desarrollo de algunos procedimientos, “quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles (...). En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la Administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado “riesgo estadístico”. lbíd.

(23) Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18.536, C.P. Ruth Stella Correa.

(24) Sentencia T-1206 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. De acuerdo con la Corte, para la prosperidad de la acción de tutela en estos casos es necesario que (i) el peligro o amenaza efectivamente se configuren, esto es, que exista una alta probabilidad de que ocurra un ataque armado de la guerrilla contra la estación de policía; (ii) exista un riesgo subjetivo excepcional contra la vida o la integridad física de un grupo de personas determinadas o determinables; y (iii) el retiro de la estación de policía no constituya una desmejora significativa y comprobada en la eficacia y eficiencia del servicio, o que su establecimiento en otro lugar no comporte un riesgo para la vida o la integridad de otro grupo humano en situación de igual o mayor indefensión. Con base en similares consideraciones, relativas a la observancia de los principios humanitarios de distinción, precaución y necesidad militar, pero con fundamento además en las normas del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Corte Constitucional, mediante auto de 23 de julio de 2012, C.P. Luis Ernesto Vargas Silva, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional el retiro de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina del territorio colectivo perteneciente al resguardo del pueblo indígena Jiw.

(25) Según lo dispuesto en el artículo 52 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, los ataques se limitarán exclusivamente a los objetivos militares, los cuales comprenden “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”.

(26) Si bien el artículo 218 de la Constitución Política define a la Policía Nacional como “un cuerpo permanente de naturaleza civil”, en Colombia se trata de un cuerpo armado que materialmente cumple funciones de contrainsurgencia y ello lo ubica dentro de la categoría de población combatiente. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, aunque desde una perspectiva conceptual puede afirmarse la conveniencia y necesidad de mantener la naturaleza civil de la policía, en la práctica esta división conceptual encuentra limitaciones derivadas del aumento de la violencia social, entre otros factores perturbadores del desarrollo institucional. En efecto. “[e]stas circunstancias han determinado la existencia de una especie de 'zona gris' o 'fronteriza' en la cual se superponen los criterios de seguridad y defensa. Una parte de la doctrina sostiene que la ambigüedad propia de esta zona límite, es el resultado de la realidad social impuesta por los grupos armados que operan contra el Estado. El fenómeno de la militarización de la policía —esto es, la adopción de armas y actitudes propias de la táctica bélica—, según este punto de vista, corresponde a la adaptación que dicho cuerpo debe sufrir para cumplir sus objetivos en condiciones de perturbación del orden público. Es la gravedad de los delitos y de las amenazas lo que determina el papel defensivo y no meramente preventivo de la policía”. Corte Constitucional. Sentencia C-453 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(27) Sobre los daños a las aeronaves descritas, se tiene la prueba anticipada de inspección judicial ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, el 19 octubre de 1999; fls. 461-463, cdno. 1; y dictamen pericial rendido por los señores Gabriel Francisco Ruiz Andrade y Rubén Darío Torres Rodríguez, designados por el Juzgado Promiscuo de Mitú, por despacho comisario Nº 0065 del Tribunal Administrativo del Meta, el 26 de febrero de 2003; fls. 395-396, cdno. 1.

(28) Si bien el informe Nº 015 de 18 de noviembre de 2002, suscrito por Jhon Jairon Acevedo Díaz, Comandante de la Estación de Policía de Mitú, reconoce que durante los combates del 1º al 3 de noviembre de 1998, hubo apoyo de “los aviones OV 10 y fantasma al igual que tropas del Ejército Nacional; fl. 222, cdno. 1, no es posible establecer de qué actor armado provinieron las afectaciones a las oficinas y aeronaves de Aviocesar.

(29) Al respecto, ver el testimonio de James Antonio Saravia Lozano, quien sostuvo que si bien las avionetas destruidas de Aviocesar parqueaban muy cerca de donde limitaban con el comando de Policía de Mitú, “[L]as avionetas fueron impactadas no sé si por cilindros o tiros lo mismo que las oficinas por efecto de los cilindros”; fl. 266, cdno. 1.

(30) Al respecto ver el caso de la toma a la base de Las Delicias, en Puerto Leguízamo ­ Putumayo. Sentencia de 25 de mayo de 2011, reiteradas en la Sentencia de 29 de agosto de 2012. Expedientes 15838, 18075, 25212 (acumulados), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Expedientes 18.747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 17.823, 21984, 21976, 21965 y 32010 (acumulados), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(31) El informe Nº 015 de 18 de noviembre de 2002, suscrito por Jhon Jairon Acevedo Días, Comandante de la Estación de Policía de Mitú, dice: “Me permito certificar que el medio de transporte interno que utilizan los ciudadanos en Mitú es la moto, y para salir fuera de la localidad o hacia las comunidades apartadas, los desplazamientos se efectúan por (Sic) Rio en lanchas con motor y/o aviones o avionetas según el caso”; fl. 222, cdno. 1

(32) La operación de la toma a Mitú se denominó “Operación Marquetalia” a cargo de alias “Mono Jojoy”, ver informe policial; fls. 221-222, cdno. 2.

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera­ Subsección “B”, Sentencia de 28 de febrero de 2013, Expediente 17526. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 2008, Expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En similar sentido, véanse las sentencias de 27 de agosto de 1992, Expediente 6221, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 20 de agosto de 1993, Expediente 7881, C.P. Daniel Suárez Hernández; y de 16 de agosto de 2012, Expediente 24.991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(35) [19] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de febrero de 2013, Expediente 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth: Sentencia de 21 de marzo de 2012, Expediente 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(36) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 30 de octubre de 2013. Expediente 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(37) [66] Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

(38) [67] Devis Echandía, Hernando, Ob. Cit. págs. 346 a 350 y ss.

(39) [68] Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de abril de 2007, Radicado 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(41) Al respecto esta Corporación dijo: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que 'la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse. ...Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento Indebido' (Juan Carlos Henao Perez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 12 de septiembre de 2002, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 13395. También, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de diciembre de 2013, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Radicación 27966.