Sentencia 2000-00417 de febrero 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-2000-00417-01(31248)

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Demandante: Segunda Jurado Calpa y otros

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Asunto: Apelación sentencia acción de reparación directa

Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, proferida el día 1º de abril de 2005.

1. La competencia de la Sala y la caducidad de la acción.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 1º de abril de 2005, por el Tribunal Administrativo de Nariño, comoquiera que la demanda se presentó el 13 de abril de 2000 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $72’547.576 por concepto de perjuicios materiales, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación para aquella época, esto es $26’390.000.

Teniendo en cuenta que los hechos que la parte actora considera como causantes del daño antijurídico alegado cesaron el 21 de julio de 1999 y que la demanda fue presentada el 13 de abril de 2000, se impone concluir que esta fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de reparación directa, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2. Los hechos probados.

En el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos:

a. Mediante memorial del 26 de junio de 1998, la señora Eva Arteaga Fuertes interpuso demanda ejecutiva en contra del señor José Ener Ortega(14), con base en dos letras de cambio suscritas la primera por el sujeto pasivo del proceso ejecutivo —por un valor de $4’378.000(15)— y la otra por él y por la señora Segunda Jurado —por un valor de $11’710.000(16)—; demanda que por reparto le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales (Nariño)(17).

b. En escrito separado, el 25 de junio de 1998, la ejecutante solicitó la práctica de medidas cautelares en el proceso ejecutivo en cuestión(18), consistentes en el embargo y secuestro del derecho de posesión sin título que tendría el demandado en dicho proceso respecto del vehículo automotor de placas PIB-014; adicionalmente, mediante póliza de seguro judicial Nº 410555 prestó caución para garantizar los perjuicios que se llegaren a causar con ocasión de las medidas cautelares que se decretaren y practicaren(19).

c. Mediante auto del 1º de julio de 1998, el Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales decretó el embargo y secuestro “del derecho de posesión sin título que el demandado José Enero Ortega tiene sobre el siguiente vehículo automotor: marca Dodge 600, clase Camión, color amarillo, modelo 1979, servicio particular, de placas PIB-014”(20); medida cautelar que se hizo efectiva en diligencia de embargo y secuestro del 23 de julio de 1998(21).

d. En providencia del 29 de septiembre de 1998, el Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales condenó al señor José Ener Ortega al pago de las sumas de dinero contenidas en las letras de cambio que le sirvieron de soporte a la demanda ejecutiva, decidió continuar con la ejecución y decretó el avalúo del vehículo embargado en el proceso(22).

e. Mediante memorial del 18 de noviembre de 1998, la apoderada judicial del señor Ortega Estrada (demandado en el proceso ejecutivo) solicitó el levantamiento de las medidas cautelares, por cuanto el embargo del referido vehículo automotor no se realizó mediante la inscripción de la medida en el correspondiente folio de registro y que no se anexó certificación alguna en la que constara que el ejecutado no era el propietario del bien(23); solicitud que fue despachada desfavorablemente, en providencia del 14 de diciembre de 1998(24), por el Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales con base en los siguientes argumentos:

“Habiéndose aportado la póliza respectiva, el Juzgado por considerarla procedente decretó la medida cautelar así solicitada. Valga anotar que para decretar el embargo de los derechos derivados de la posesión sin título, no se hace necesario aportar la certificación respectiva, ya que efectivamente puede no ser el titular , y con la sola manifestación de ser el poseedor procedía el decreto de lo solicitado, ya que por ser un hecho, la posesión mal podría demostrarse con el certificado de registro automotor; además, el inciso final del artículo 515 claramente dice que el certificado correspondiente no se exigirá cuando se embargue[n] los derechos derivados de la posesión.

[…]

“Ahora bien, la peticionaria acude a lo contemplado en el artículo 687 del Código de Procedimiento Cvili, a fin de que se levante la medida cautelar que obra en el sub lite. Evidentemente dicha norma establece casos taxativos en que procede el levantamiento del embargo y secuestro, y ninguno de ellos hace referencia a la situación planteada por la apoderada judicial de la parte ejecutada.

“Es cierto y el Juzgado comparte la tesis de que los vehículos están sujetos a registro, pero también es cierto y el H. Tribunal Superior de Pasto, en distintas providencias tiene establecido que procede el embargo de los derechos derivados de la posesión de vehículos, toda vez que son actividades económicas susceptibles de ser valoradas pues de esa posesión se puede[n] derivar utilidades o ventajas económicas que forman parte del patrimonio del deudor.

“La situación particular en el caso sub judice consiste en que posteriormente al decreto de embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesión del vehículo en mención, el señor apoderado judicial de la parte ejecutante, manifiesta que según informe de su poderdante el demandado es titular del derecho de dominio del vehículo vinculado al proceso y solicita se decrete el embargo y secuestro del derecho de propiedad.

“En primer lugar y como hemos dicho, las causales de levantamiento de embargo y secuestro al tenor del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, son taxativas y ninguna de ellas contempla la situación planteada por la peticionaria de levantamiento de medidas cautelares. Es evidente además que no se ha vinculado al proceso con medida cautelar ningún bien que no perteneciera al ejecutado; por el contrario, como la misma apoderada del demandado expone, el bien es de su propiedad y siendo la posesión una derivación propia del derecho de titularidad, va unida a él y mal podría entonces ordenarse el levantamiento de la medida cautelar que sobre ella pesa. Por el contrario, se considera procedente decretar el embargo y secuestro del derecho real de propiedad que de él ostenta el demandado José Ener Ortega, a fin de que la medida cautelar siga los lineamientos del artículo (sic) 53 de 1989 y se registre en el folio correspondiente”.

f. En memorial del 1º de febrero de 1999, la apoderada judicial del señor Ortega Estrada solicitó la modificación de las medidas cautelares de embargo y secuestro que pesaban sobre el vehículo automotor del placas PIB-014, en el sentido de que se redujera al 50% del valor del bien y que se tuviera en cuenta que se trataba de un vehículo de servicio público; como soporte documental de su solicitud aportó un certificado de afiliación del bien a una empresa de transporte, el certificado de tradición emitido por la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Putumayo en el que aparece que el bien presta un servicio público y dos declaraciones ante notario público(25); sin embargo, en auto del 8 de febrero de esa anualidad, el Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales denegó dicha solicitud por considerar que “no es con el certificado de tradición, ni con declaraciones extraproceso, como se prueba la destinación del vehículo” y agregó: “si el vehículo está afiliado a una empresa de transporte terrestre, debe estar autorizado para desarrollar dicha labor, cosa que se prueba con la tarjeta de operación del vehículo”.

g. Mediante memorial del 3 de marzo, la apoderada judicial del demandado en el proceso ejecutivo solicitó nuevamente la modificación de la medida cautelar y aportó, para tal efecto, la tarjeta de afiliación del vehículo a Transoriente Ltda., en la cual reza “ante supresión de tarjeta de operación según Decreto 988 de abril 7 de 1997, certificamos que el vehículo descrito al respaldo se encuentra afiliado a esta empresa”(26); en auto del 17 de marzo de 1999, el Juzgado Segundo Civil del Circuito denegó nuevamente la solicitud de modificación de las medidas cautelares y recordó que para acceder a ella se requiere la tarjeta de operación del vehículo automotor(27).

h. En memorial del 16 de abril de 1999, el señor Ortega Estrada solicitó nuevamente la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el vehículo automotor de placas PIB-014, pero esta vez adjuntó una copia del Decreto 988 de 1997, copia de la licencia de tránsito Nº 005554 y el correspondiente certificado de tradición del referido camión(28); en auto del 10 de mayo de 1999, el Juzgado Segundo Civil del Circuito decidió modificar la medida cautelar, decretar el secuestro del 50% del bien y ordenar al secuestre el otorgamiento de una caución por la suma de $1’000.000(29), medida que se realizó el día 21 de julio de 1999(30).

3. La aludida responsabilidad de la Administración de Justicia.

En un principio la jurisprudencia y luego la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en que se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del Aparato Judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizadas como consecuencia de una providencia judicial.

Así pues se precisó que la responsabilidad patrimonial del Estado se vería, entonces, comprometida cuandoquiera que por la falta de vigilancia en los despachos judiciales o por la negligencia de los funcionarios de la Rama Judicial se perdieran documentos vitales para las resultas del proceso, como títulos ejecutivos o pruebas, todo ello en el marco de la falla del servicio, sin embargo, se consideraba que existía una carga pública que debían soportar los ciudadanos por razón del ejercicio de la función de Administrar Justicia, cuyo fundamento lo constituía principalmente el efecto de la cosa juzgada y el principio de la estabilidad de las decisiones judiciales, soportado a su vez en el de la seguridad jurídica.

La situación descrita en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre estas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales.

En 1996, con la Ley 270, Estatutaria de la Administración, el asunto se consolidó en torno a las hipótesis en las cuales se puede enmarcar la responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del Aparato Judicial, las cuales quedaron, junto con la noción de falla del servicio judicial, definidas en los artículos 65 a 69 de la norma en comento, a cuyo tenor:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

A la luz de las normas legales transcritas queda claro que el legislador estableció tres (3) hipótesis en alguna de las cuales se deben enmarcar los hechos objeto de la demanda con el fin de que se declare una eventual responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Corporación, en reciente sentencia, analizó los elementos constitutivos del error jurisdiccional o judicial y al respecto identificó algunos límites estrictos en los que se debe enmarcar el juez de lo Contencioso Administrativo para su determinación:

“13. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

[…]

“14. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los ‘recursos de ley’ pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; ‘en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado’(31). Y de otra parte, que los ‘recursos de ley’ deben entenderse como ‘los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda’(32).

“15. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

“16. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(33), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(34). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(35).

“17. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

“18. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

[…]

“El hecho de que uno o varios magistrados puedan discrepar razonablemente de la decisión adoptada mayoritariamente por la sala o corporación judicial a la cual pertenecen, no es razón suficiente para afirmar que aquella es contraria a derecho. Tal entendimiento es abiertamente incompatible con el principio de autonomía judicial y desconoce el sentido que tiene la expresión de opiniones disidentes en el ejercicio de la magistratura, el cual no es el de deslegitimar o descalificar la decisión adoptada por la mayoría, sino el de formular una crítica útil a la sentencia o la de expresar un punto de vista jurídico distinto, que se considera más apropiado.

“24. Por ello, para que se configure el error jurisdiccional, el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento” (negritas fuera del texto)(36).

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que en el presente asunto se cuestiona la responsabilidad extracontractual del Estado por el supuesto error judicial en el que habría incurrido el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales (Nariño), al no modificar en debido tiempo la medida cautelar de embargo y secuestro que se decretó respecto del vehículo automotor de placas PIB-014, según solicitud del apoderado judicial del demandado en el proceso ejecutivo singular contra el señor Ortega Estrada, en particular el hecho de que se trataba de un bien de servicio público, razón por la cual se incumplieron las reglas propias del embargo y secuestro de este tipo de bienes.

En este sentido y atendiendo los parámetros jurisprudenciales reseñados, según los cuales al juez de la acción de reparación directa no le es dable abrir un proceso judicial que por virtud de la ley se entiende fenecido o revivir el objeto de la litis que dio lugar a las providencias respecto de las cuales se alega la existencia del error judicial, la Sala encuentra que se configuró la responsabilidad de la Rama Judicial —representada en este proceso por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial—, por cuanto el Juez de la causa, a pesar que desde el 1º de febrero de 1999 se le puso en conocimiento de la calidad y destinación al servicio público del vehículo objeto de las medidas cautelares mediante la presentación del certificado de tradición respectivo(37), continuó solicitando una prueba tarifada —la tarjeta de operación del vehículo emitida por el Ministerio de Transporte— que, para ese momento, ya había sido derogada y no fue sino hasta que la parte demandada en el proceso ejecutivo le allegó copia del acto administrativo mediante el cual el Gobierno Nacional derogó —en abril de 1997, es decir dos años antes de los hechos objeto de la demanda— dicho requisito como prueba del carácter de servicio público de un vehículo automotor, que el operador judicial modificó las medidas cautelares que pesaban sobre el bien, en mayo de 1999, y en auto del 17 de junio de 1999 ordenó que una vez surtido el trámite del secuestro del 50% de la propiedad del bien “y mientras se llega a la etapa procesal del remate y previa constitución de la caución ordenada en el auto de 10 de mayo se procederá conforme lo solicitado respecto de la explotación del vehículo”(38).

Así, en criterio de la Sala la negativa a modificar la medida de secuestro del bien por parte del Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales constituyó un error judicial cuyos efectos iniciaron desde el momento en que se le allegó un documento idóneo para acreditar la destinación al servicio público del bien —el 1º de febrero de 1999— hasta el momento en que se modificaron, tal y como lo solicitó la parte demandada en el proceso ejecutivo, dichas medidas cautelares para ajustarlas definitivamente a la ley, el 17 de junio de 1999.

En cuanto al daño alegado y, en este sentido, a la legitimación en la causa por activa, en criterio de la Sala resulta claro que, tal y como lo señala la parte actora, el vehículo automotor de propiedad de los demandantes debió, por tratarse de un vehículo destinado a la prestación del servicio público de transporte, haberse puesto en funcionamiento durante el tiempo en que se mantuvieron vigentes las medidas cautelares, aun cuando sea cierto que dicha situación solo puede predicarse desde el momento en que el juez pudo tener conocimiento de las características del vehículo, es decir, desde el 1º de febrero de 1999; no es menos cierto, sin embargo, que desde ese momento debió dar aplicación a las normas atinentes al secuestro de vehículos de servicio público, es decir —según lo dispuesto en la frase final del inciso primero del numeral 4º del artículo 682 del Código de Procedimiento Civil(39)— a lo establecido en el numeral segundo del artículo 684 ejusdem, esto es que “[c]uando el servicio lo presten los particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzcan, y el secuestro se practicará como el de empresas industriales”, norma que, a su vez, remite implícitamente a lo establecido en el precitado artículo 682 pero en su numeral 8º, por cuya virtud: “Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el secuestre asumirá la dirección y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta de aquel, el propietario podrá ejercer las funciones que se indican en la parte final del inciso primero del numeral 6”.

Así las cosas, en criterio de la Sala los perjuicios irrogados a los demandantes, señores Ortega Estrada y Segunda Jurado Calpa, propietarios del vehículo automotor en cuestión en la época de ocurrencia de los hechos se extendieron desde el 1º de febrero de 1999 hasta el 17 de junio de 1999; por otra parte, para la Sala la señora Nancy Rocío López Jurado no se encuentra legitimada para actuar en la causa, por cuanto, de los documentos aportados al proceso, durante el tiempo en que se mantuvieron vigentes las medidas de embargo y secuestro del vehículo automotor indebidamente adoptadas ella no figuraba como su propietaria, derecho real que se encontraba radicado exclusivamente en cabeza de los señores Ortega Estrada y Jurado Calpa.

La Sala encuentra pertinente resaltar que no son de recibo los argumentos que le sirvieron al Tribunal a quo para denegar las pretensiones de la demanda en la medida en que: i) la caución de compañía de seguros a la que hace referencia el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, tiene como finalidad amparar los perjuicios que se puedan causar con ocasión de las medidas cautelares pero no tiene como finalidad cubrir los riesgos derivados de la eventual ocurrencia de un error jurisdiccional; y, ii) si bien es cierto que existía la posibilidad para los hoy demandantes de promover un trámite incidental de levantamiento de embargo y secuestro —en los términos del artículo 687.8 del Código de Procedimiento Civil—, no lo es menos que la posibilidad de acudir a ese trámite se restringe a terceros poseedores con la condición de que se preste caución y que, a diferencia de esa hipótesis, en el sub lite lo que se buscaba era que se practicara el secuestro en la forma establecida para bienes vehículos de servicio público.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por los hechos objeto de la demanda.

4. Los perjuicios y su liquidación.

Frente a los perjuicios morales, cuyo reconocimiento solicitó la parte actora, supuestamente generados por la falla en el servicio de la entidad pública demandada, resulta importante resaltar que esta Corporación ha encontrado posible derivar la configuración de perjuicios morales por situaciones diferentes a la pérdida de seres queridos o por lesiones personales(40), por ejemplo, por la pérdida de bienes, por el incumplimiento de obligaciones o por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, entre otros eventos, siempre y cuando en el expediente obre prueba que los acredite fehacientemente en tanto no se presumen; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(41).

De igual forma se reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(42):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(43)(44).

Sin embargo ocurre que en el expediente que se examina no obra prueba alguna de la relación existente entre el error jurisdiccional y la situación personal en la que afirmaron los declarantes se encontraban los hoy demandantes, razón por la cual la Sala no decretará su indemnización.

Frente al daño emergente alegado, consistente en una demanda ejecutiva en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ipiales, una deuda con la “Casa Burlago”, los intereses moratorios causados a favor del Banco Caja Social como consecuencia de los saldos impagados de un crédito hipotecario y el arriendo de una casa de habitación por un periodo de 8 meses, para la Sala no se acreditó que dichos perjuicios se encontraran directamente ligados o fueran una consecuencia directa del daño irrogado, razón por la cual denegará su reconocimiento.

En punto al lucro cesante, la Sala encuentra que si bien en el proceso se recepcionaron las declaraciones de los señores Justo Antonio López Zambrano(45), Alba Esperanza Jurado de López(46), María Mireya Andrade Estrada(47), Luz Amparo Córdoba de Quiñones(48), Silvio Quiñones(49), Orlando Quiñones(50), de ellas solo se puede inferir que existían relaciones comerciales entre los declarantes y los propietarios del camión, así como que el vehículo en cuestión venía siendo explotado económicamente por parte de los hoy demandantes, es decir que sufrieron un daño emergente, sin embargo no constituyen prueba idónea de la cuantificación del perjuicio alegado, en la medida en que allí se da cuenta del valor que los declarantes pagaban por la mercancía, pero no del monto que, por concepto de utilidades, les dejaba dicha actividad económica, más aún la prueba pericial cuya finalidad era justamente la de acreditar el monto de estos perjuicios no se practicó, por cuanto la parte demandada no aportó el costo de la notificación de los peritos.

En este orden de ideas, la Sala encuentra necesario condenar en abstracto para que, siguiendo los lineamientos que se indicarán a continuación, se determine, mediante el correspondiente incidente, el monto total de los perjuicios, lo cual implica, en consecuencia, que se revocará el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal a quo.

El artículo 172 del Código Contencioso Administrativo —en armonía con el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, dispone:

“ART. 172.—Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil”.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación” (las negritas son de la Sala).

En el incidente de liquidación de los perjuicios materiales a título de lucro cesante se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

i) Se determinarán, con base en los soportes que aporten los demandantes, las utilidades mensuales que producía la explotación económica del vehículo automotor de placas PIB-014 en su actividad de transporte de carga, en particular banano, plátano y yuca;

ii) El monto de la condena debe cubrir exclusivamente las utilidades, descontando los gastos directos y/o indirectos —compra de la mercancía, gasolina, peajes, mantenimiento del automotor, conductor, etc.— que se pudieren producir con ocasión de la explotación de una actividad comercial con el referido vehículo;

iii) Los perjuicios se deberán tasar teniendo en cuenta el período comprendido entre el 1º de febrero y el 17 de junio de 1999;

iv) Las sumas que resulten probadas se deberán actualizar a valor presente, mediante el uso de la siguiente fórmula:

S2000-00417-RA
 

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1: Revócase la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Nariño, el día 1º de abril de 2005 y, en su lugar, dispónese:

“1. Declárase la responsabilidad administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los daños causados a los señores Ener José María Ortega Estrada y Segunda Jurado Calpa como consecuencia del error judicial cometido por el Juez Segundo Civil del Circuito de Ipiales (Nariño).

“2. En consecuencia, condénase a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a los señores Ener José María Ortega Estrada y Segunda Jurado Calpa, a título de perjuicios materiales, las sumas que resulten liquidadas como consecuencia del respectivo incidente, con fundamento en las bases expuestas en la parte considerativa de este proveído.

“3. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

“4. Sin condena en costas”.

2: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

3: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Folios 3 a 5 cdno. 2.

15 Folio 1 cdno. 2.

16 Folio 2 cdno. 2.

17 Folio 6 cdno. 2.

18 Folio 2 cdno. 3.

19 Folio 1 cdno. 3.

20 Folios 3 a 4 cdno. 3.

21 Folios 11 a 12 cdno. 3.

22 Folios 11 a 15 cdno. 2.

23 Folios 15 a 36 cdno. 3.

24 Folios 38 a 42 cdno. 3.

25 Folios 43 a 48 cdno. 3.

26 Folios 51 a 52 cdno. 3.

27 Folios 53 a 54 cdno. 3.

28 Folios 55 a 61 cdno. 3.

29 Folios 63 a 64 cdno. 3. En memorial del 19 de mayo de 1999, la apoderada judicial del demandado en el proceso ejecutivo interpuso recurso de reposición en contra de dicho auto, solicitando que el secuestro se limitara al 50% del vehículo automotor (fls. 65 a 66 cdno. 3), solicitud que fue despachada desfavorablemente por el Juez Segundo Civil del Circuito, en auto del 17 de junio de 1999, por cuanto el secuestro que se decretó lo fue, justamente, en esa proporción (fls. 69 a 70 cdno. 3).

30 Folios 77 a 78 cdno. 3.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16594. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

32 Ibíd.

33 Cita textual del fallo: “No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, Exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

34 Cita textual del fallo: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, Exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

35 Cita textual del fallo: “De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que ‘el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico […]’. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo”.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, Exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

37 Folio 44 cdno. 3.

38 Folio 69 cdno. 3.

39 A cuyo tenor:
“ART. 682.—Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:
[…]
“4. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 10, el secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de esta en un almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al juez al día siguiente, y deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio público, se estará a lo estatuido en el numeral 2. del artículo 684.
“No obstante, los muebles estrictamente necesarios para la sala de recibo y el comedor de la casa de habitación, a juicio del juez, serán dejados en depósito provisional, en poder de la persona contra quien se decretó el embargo, o en su defecto de uno de sus parientes o del cónyuge, y serán retirados por el secuestre una vez decretado su remate, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública” (negritas por fuera del texto).

40 Se reiteran los planteamientos esgrimidos al respecto en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 2009, Exp. 17119.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 5 de 1989, Exp. 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

42 Expediente AG- 001. C.P. Alier Hernández Enríquez. Criterio reiterado en sentencia junio 5 de 2008, Exp. 14526.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de octubre 5 de 1989, Exp. 5320; de noviembre 9 de 1994, Exp. 9367, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y de noviembre 11 de 1999, Exp. 12652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 13 de 2000, Exp. 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

45 Rendida ante el Tribunal a quo, el 3 de mayo de 2001, folio 114 cdno. 1.

46 Rendida ante el Tribunal a quo, el 3 de mayo de 2001, folios 115 a 116 cdno. 1.

47 Rendida ante el Tribunal a quo, el 3 de mayo de 2001, folio 117 cdno. 1.

48 Rendida ante el Tribunal a quo, el 3 de mayo de 2001, folio 118 cdno. 1.

49 Rendida ante el Tribunal a quo, el 3 de mayo de 2001, folio 119 cdno. 1.

50 Rendida ante el Tribunal a quo, el 4 de mayo de 2001, folio 123 cdno. 1.