Sentencia 2000-00428 de septiembre 20 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Ref.: C-1100131030112000-00428-01

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil diez.

Se deciden los recursos de casación que interpusieron las partes contra la sentencia de 2 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de la Caja de Compensación Familiar, Cafam, frente a Seguros del Estado S.A.

EXTRACTOS: «Los recursos de casación

Los tres cargos formulados por la entidad demandante serán estudiados delanteramente en el mismo orden propuesto, aunque acumulados el segundo y tercero, por las razones que en su momento se dirán. Esto mismo se aplicará a los dos cargos propuestos por la otra parte, porque ambos tienen en común el mismo contrato de construcción y de seguro.

No obstante, debe precisarse, a propósito de cada una de las réplicas, en cuanto a las normas sustanciales violadas, que el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, no exige, para la idoneidad de la demanda, señalar el concepto de la violación, y que el requisito de integrar la proposición jurídica completa, fue atenuado en el artículo 51 del Decreto 2651 del 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. En todo caso, considera la Corte, que si en algún defecto formal al respecto se incurrió, el punto ha debido reclamarse al momento de haberse admitido los respectivos libelos.

Demanda de Cafam

Cargo primero

1. Denuncia la violación indirecta de los artículos 1081, incisos 1º y 2º, 1053, numeral 1º, 1080 y 1131 del Código de Comercio, y 4º de la Ley 389 de 1997.

2. En su desarrollo se afirma que el Tribunal incurrió en errores de hecho al valorar las siguientes pruebas:

2.1. El contrato de obra CO-9797 de 31 de enero de 1997 y el acta de liquidación de 29 de mayo de 1998, donde se establece el saldo a cargo de A.V. Ingenieros Limitada.

2.2. El dictamen rendido por Patricia Pava Pardo y César Rodríguez Rojas, así como el testimonio de Álvaro Augusto Valdés Peñalosa, representante de la constructora, acerca del pago oportuno de los aportes.

2.3. La declaración de Luis Alberto Salgar Vargas, funcionario de la entidad demandante, sobre que para la fecha de terminación del contrato, el 30 de abril de 1998, no se habían invertido los dineros del anticipo.

2.4. Los oficios de 29 de abril, 5 de mayo y 6 de mayo de 1998, cruzados, indistintamente, entre las partes del proceso y la contratista, relativas al retraso de las obras.

2.5. La póliza de seguro 973353476, vigente hasta el 31 de julio de 1998; el contenido de la reclamación formal, con todos sus anexos, a la aseguradora, una vez acaecido el siniestro; la confesión de ésta al respecto en la contestación de la demanda y las objeciones que igualmente en su oportunidad formuló.

2.6. Los medios relacionados con la interrupción natural de la prescripción, como es la existencia de un proceso ejecutivo por la misma causa, en el cual la aseguradora se notificó del mandamiento de pago proferido en su contra, la sentencia allí proferida, la confesión al respecto de la compañía de seguros al formular una de las excepciones de mérito y la declaración en el mismo sentido de Jaime Yesid Peña Cortés.

3. Según la recurrente, las anteriores pruebas ponen de presente que si bien llegó a ser cierto que la constructora no podía cumplir el proyecto de obra el 30 de abril de 1998, fecha de vencimiento del contrato, para determinar el alcance de las sumas a su cargo, se imponía la suscripción del acta final de liquidación.

Agrega que como ese hecho ocurrió el 29 de mayo de 1998, la excepción de prescripción de las acciones derivadas de la póliza de que se trata, no podía prosperar, por cuanto la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes, esto es, el 9 de mayo de 2000, día en que se interrumpió, pues la notificación de la sociedad demandada se obtuvo en los términos previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Señala, además, que si el contrato de seguro vencía el 31 de julio de 1998, “el término de prescripción derivadas del mismo vencía tan solo el día 31 de julio de 2000”.

4. Solicita la recurrente, en consecuencia, que la sentencia impugnada sea infirmada en ese preciso punto.

Consideraciones

1. En el cargo, como se observa, no se pone en entredicho que, tratándose de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas de la póliza de seguro de cumplimiento 973353476, vigente hasta el 31 de julio de 1998, relacionada con el contrato de construcción CO-9797 de 31 de enero de 1997, o de las disposiciones que la rigen, excepción que precisamente el tribunal declaró fundada, que no la prescripción extraordinaria, el término extintivo empieza a correr desde el momento en que el interesado ha conocido o debido conocer el siniestro.

La discrepancia, desde luego, se predica de la época en que ese hecho se materializó, pues mientras que para el sentenciador, ello ocurrió el 30 de abril de 1998, dado que hasta ese día la sociedad constructora “estaba en término de cumplir” y no lo hizo, la entidad demandante sostiene, en general, que en virtud de lo estipulado en la cláusula novena del contrato de obra, el real conocimiento del siniestro se vino a tener el 29 de mayo del mismo año, fecha de suscripción del acta final de liquidación, dado que antes de esa data era imposible determinar el valor de la pérdida causada por el incumplimiento.

2. Lo anterior significa, para ser coherentes con la posición que asume la recurrente en casación, respecto de la prescripción ordinaria, en cuanto el detonante de la misma obedecía a ese aspecto subjetivo, resulta claro que para nada importaba que la póliza en cuestión extendiera su vigencia hasta el 31 de julio de 1998. El juzgador, por lo tanto, sin más, no pudo incurrir en error de hecho manifiesto al pasar por alto esa circunstancia, porque, se repite, la excepción extintiva, que encontró fundada, no estaba atada, en lo referente al cómputo de la misma, objetivamente, al vencimiento del contrato de seguro.

3. Sin mayores disquisiciones, lo mismo debe decirse de los demás yerros fácticos denunciados, específicamente en lo atañedero a la fecha en que el acreedor de la prestación amparada, conoció o debió conocer el siniestro, en el caso, el incumplimiento del contrato de construcción, porque una cosa es la realización de ese riesgo, y otra, diferente, el valor de la obligación correlativa de la compañía de seguros.

La distinción es del propio legislador, cuando impone al asegurado o beneficiario del seguro, la carga de acreditar uno y otro requisito, al momento de la reclamación judicial o extrajudicial, es decir, la “ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (C. Co., art. 1077). Esto, por supuesto, tiene su razón de ser, puesto que no sería posible hablar del monto de la deuda de la aseguradora demandada, sin que previamente se haya establecido el hecho que la ocasiona.

Por esto, el acta final de liquidación del contrato de construcción, suscrita el 29 de mayo de 1998, únicamente permitía establecer la cuantía del siniestro, que no el conocimiento real o presunto del hecho que lo originó, es decir, el incumplimiento. En consonancia con la recurrente, indistintamente, “cuantificar” el proceso de ventas de las unidades de vivienda, “controlar y cuantificar la devolución del aporte”, determinar el “valor final” de las sumas a su cargo, en fin.

En esa medida, el tribunal no pudo incurrir en ningún error de hecho probatorio, con las características de evidente, al computar el término de la prescripción ordinaria, respecto de las acciones que se derivaban de la póliza 973353476, a partir del vencimiento del contrato de construcción al que se refería, hecho que efectivamente ocurrió el 30 de abril de 1998, porque si hasta ese día la sociedad afianzada tenía la posibilidad de cumplir lo estipulado, resultaba diáfano que si el acreedor de la respectiva prestación no la recibió en esa fecha, necesariamente se entiende que ahí mismo tuvo que conocer el incumplimiento.

Con mayor razón, cuando ninguna liquidación final había que efectuarse, pues desde la misma demanda, con relación al contrato que se entroncaba con dicho seguro (CO-9797), se afirmó que la sociedad constructora, “no realizó ni entregó” las soluciones de vivienda de interés social. Por esto, el Tribunal, fincado en los medios que relacionó, concluyó que dicha sociedad “no construyó ninguno de los apartamentos a que se refiere el objeto del contrato, por lo que no se vendió ninguna unidad y por contera no se colectó cuota inicial alguna que debía ser destinada a la restitución del anticipo que se entregó por parte de Cafam en cuantía de $845’232.570”.

Obsérvese, de otra parte, que esa cantidad fue la que se pactó expresamente en la cláusula séptima del contrato de obra que se relaciona con el seguro en comento, como “aporte reembolsable para la financiación del proyecto”, y es la misma que se consignó a favor de la entidad demandante en el documento de liquidación final de 29 de mayo de 1988. Por lo mismo, en la pretensión correlativa se solicitó que se condenara a la demandada a pagar igual suma de dinero.

Frente a lo anterior, claramente se nota que la cláusula novena del contrato no fue convenida para establecer el conocimiento real o presunto del siniestro, sino para determinar la cuantía del mismo, de ahí que conforme a su tenor literal, la liquidación allí estipulada tenía aplicación solamente en el evento de “venta total” o “venta parcial” de las “unidades”. En el caso, desde luego, a ese estadio de ejecución de lo pactado no se arribó, porque como quedó dicho, en palabras del tribunal, la contratista “no construyó ninguno de los apartamentos” comprometidos.

4. En otro aparte del cargo, la recurrente demandante alega interrupción natural de la prescripción ordinaria derivada de la póliza de que se trata o de las disposiciones que la regulan, fundada en la existencia de una ejecución por la misma causa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, todo desde el momento, dice, en que la aseguradora se notificó personalmente del mandamiento de pago, al “haber actuado en dicho proceso proponiendo excepciones y defensas”.

Aceptando, en gracia de discusión, la existencia de esa actuación, debe precisar la Corte que no es cierto que el proceso compulsivo en comento se haya promovido contra la sociedad Seguros del Estado S.A., porque de acuerdo con los medios que en el punto se singularizaron, la ahora recurrente en casación, Cafam, entabló la ejecución fue contra la constructora A.V. Ingenieros Limitada, valiéndose para el efecto de un título valor, pagaré, inicialmente firmado en blanco.

Así las cosas, el tribunal tampoco pudo incurrir en error probatorio alguno al respecto, puesto que el reconocimiento tácito o expreso de la obligación ahora demandada no existe, de una parte, por cuanto así la aseguradora se hubiere referido a dicha ejecución, la misma no tiene como base el seguro de cumplimiento en comento, y de otra, porque allí dicha sociedad no fue sujeto pasivo. Luego, no puede afirmarse que la interrupción natural de la prescripción, con relación al contrato de seguro, en ese preciso proceso tuvo ocurrencia.

Por lo demás, el testigo Jaime Yesid Peña Cortés, gerente de Seguros del Estado S.A., sucursal Calle 100, únicamente manifestó que fue informado de la existencia del proceso ejecutivo, nada más, lo cual es distinto a que de su parte se haya referido a la obligación asegurada. Esto también se predica de la excepción de “falta de causa de la obligación pretendida”, pues fuera de que su nominación excluye la aceptación de la deuda del seguro, porque la desconoce, al fundamentarse se afirma que esa misma prestación se estaba cobrando en otro proceso, pero al establecerse que tiene como base un titulo valor y es contra persona distinta de la aseguradora, no puede seguirse que ello implicaba reconocer una deuda propia.

5. En suma, la excepción de prescripción ordinaria que declaró fundada el tribunal, no es consecuencia de ningún error probatorio calificado, porque el conocimiento real o presunto del siniestro por parte de la entidad demandante, efectivamente ocurrió el 30 de abril de 1998. Por lo tanto, si la demanda fue presentada el 9 de mayo de 2000, es decir, después de haber transcurrido el término extintivo de dos años, sin que en el interregno se hubiere operado interrupción de ninguna clase, la decisión, desde la perspectiva material de las pruebas y de las actuaciones surtidas, no es equivocada.

6. El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

Cargo segundo

1. Acusa la violación de las mismas disposiciones citadas en el cargo anterior, pero esta vez por la vía directa.

2. Según la recurrente, lo anterior ocurrió al aplicar el tribunal las reglas generales de prescripción contenidas en el artículo 1083 del Código de Comercio, cuando han debido tenerse en cuenta las especiales previstas en los artículos 1131 del mismo ordenamiento y 4º de la Ley 389 de 1997, según las cuales la cobertura de responsabilidad del damnificado o de la víctima, bien frente al asegurado, ya en ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora, se circunscribe a las reclamaciones que se hagan durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando se efectúen dentro del término estipulado en el contrato, que no podrá ser inferior a dos años.

No debe olvidarse, dice, que tanto la responsabilidad extracontractual como la contractual son susceptibles de ser aseguradas y que tratándose de esta última el “asegurado o beneficiario del contrato de seguro tiene el verdadero carácter de damnificado o víctima (...), toda vez que su interés asegurable consiste en el cumplimiento de las obligaciones afianzadas por parte del tomador del seguro”.

3. Agrega que el juzgador igualmente incurrió en error de juzgamiento al computar el término extintivo, a partir del vencimiento del plazo señalado para ejecutar la construcción, siendo que el artículo 1081 del Código de Comercio, regula únicamente la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo regulan y no las derivadas de otro tipo de relación, como el de obra.

Señala que en el seguro de responsabilidad civil, los artículos 1081 y 1131, citados, deben interpretarse en el sentido de que cualquier prescripción corre a partir de cuando la víctima demande judicial o extrajudicialmente la indemnización, pues en ese caso el “factor objetivo... se torna en irrefutable”, pues el legislador previó que el término comenzará a contarse a partir del momento en que ocurra el hecho externo imputable al asegurado.

4. En suma, concluye la recurrente, trátese de la prescripción ordinaria o de la extraordinaria, la violación ocurrió al dejarse de aplicar las normas que gobernaban el seguro de responsabilidad civil contractual, como el del caso.

Cargo tercero

Denuncia la violación directa del artículo 1081 del Código de Comercio, porque aceptando que esa norma era aplicable, se interpretó erróneamente, al contabilizar el término de prescripción ordinaria a partir del 30 de abril de 1998, fecha de terminación del contrato de obra y no la de vencimiento de la póliza de seguro, el 31 de julio de 1998, además sin tener en cuenta que la entidad demandante, en su condición de asegurada beneficiaria, podía reclamar válidamente hasta dos años después de vigencia del mentado contrato de seguro.

Consideraciones

1. Sea lo primero aclarar, en relación con la excepción de prescripción ordinaria de las acciones derivadas de la póliza de seguro de cumplimiento 973353476, que cuando el tribunal tuvo en cuenta el contrato de construcción CO-9797, fue únicamente para establecer la época en que el beneficiario de la respectiva indemnización asegurada pudo tener conocimiento, real o presunto, de la ocurrencia del siniestro.

El sentenciador, por lo tanto, sin más, no pudo incurrir en ninguno de los errores juris in judicando que en ambos cargos se denuncian, según la recurrente, al aplicar al contrato de obra en cuestión, las normas que disciplinaban la prescripción de las relaciones aseguraticias, cuestión que por sí amerita su estudio conjunto, porque acorde con lo anterior, en ese preciso aspecto, la excepción correlativa que declaró fundada en la parte resolutiva del fallo recurrido en casación, fue respecto de la “acción incoada con base en la póliza 973353476”, que no de las emanadas de otro contrato, como el de construcción, y porque como se indicó al estudiarse el cargo primero, con ese propósito para nada interesaba la fecha de vencimiento del contrato de seguro.

2. En lo demás, es cierto que los artículos 1127 a 1133 del Código de Comercio, con las reformas introducidas por la Ley 45 de 1990, regulan el seguro de responsabilidad civil, según el cual en el asegurador se encuentra radicada la obligación de resarcir a la víctima, quien por tal motivo se convierte en el beneficiario de la indemnización, los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de un comportamiento suyo reprochable conforme a la ley, bien en el marco de un contrato, ya por fuera del mismo, todo, claro está, sin perjuicio de las prestaciones que a éste le puedan corresponder.

La ratio legis de la reforma, en palabras de la Corte, “reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el hecho dañoso del asegurado”, de ahí que como complemento “a la función primitivamente asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea que se radicó en el damnificado el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto en el contrato”(1).

En el campo de la prescripción de las acciones derivadas de un seguro de la estirpe señalada, que es lo que concita la atención de la corporación en esta oportunidad, cumple señalar que si bien el artículo 1131 del citado ordenamiento, al regular la materia, no señaló término extintivo alguno, se entiende que esa temática, es decir, los plazos prescriptivos, se gobiernan por las normas generales, como así tiene suficientemente explicado la Corte(2).

Lo que sí debe quedar claro es que al considerar el legislador como ocurrido el siniestro en el “momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado”, es indudable que consagró una específica prescripción, esto es, la extraordinaria, porque para establecer la circunstancia dañosa, basta simplemente que ocurra, con independencia de que sea conocida, real o presuntamente, por el interesado.

En el precedente inmediatamente citado, la Sala, en efecto, consideró que al sujetarse la “prescripción de la acción de la víctima contra el asegurador a la ocurrencia del hecho provocante del daño irrogado, y no al enteramiento por parte de aquella del acaecimiento del mismo, previó que el fenecimiento de dicha acción sólo podía producirse por aplicación de la mencionada prescripción extraordinaria, contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio. La elocuencia del artículo 1131 no deja espacio para la duda o hesitación, tanto que, expressis verbis, aludió a la expresión ‘fecha a partir’, lo que denota un comienzo, o sea el inicio del decurso prescriptivo, para nada ligado a consideraciones subjetivas, el cual es exclusivo para gobernar la prescripción de las acciones de la víctima, queriendo significar con ello que no es conducente adicionarle otro, esto es el asignado para el régimen ordinario”.

En ese orden de ideas, surge diáfano que a la acción directa del damnificado contra el asegurador, autorizada por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990, es aplicable únicamente la prescripción extraordinaria contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio, cuyo término extintivo es de cinco años, contados desde la ocurrencia misma del siniestro, o sea, desde la fecha en que acaeció el hecho externo imputable al asegurado.

3. Lo dicho, desde luego, es pertinente, frente a un seguro de responsabilidad civil, razón por la cual, la viabilidad de los cargos que se aúnan para su estudio, exige, ante todo, que dicho riesgo, ciertamente, sea el amparado en la póliza 973353476, respecto del contrato de construcción CO-9797, y que pese a dejar sentado el tribunal la existencia de esa especie de seguro, declaró fundada la excepción extintiva de las acciones derivadas del mismo, bajo la égida de las reglas previstas para la prescripción ordinaria, porque como bien es sabido, eso es lo natural cuando de la violación directa de la ley sustancial se trata.

En el caso, el sentenciador, como se recuerda, sobre el particular señaló que la sociedad, A.V. Ingenieros Limitada, se obligó a constituir en favor de la demandante “una garantía en la que se asegure la devolución de la suma que en cada caso se vaya a entregar, si el constructor no cumple con la venta y entrega de los bienes dentro del término pactado o si no reembolsa los saldos en las oportunidades previstas durante la ejecución de este contrato o en su liquidación, debiendo constituir esta garantía ‘por el valor total del aporte de Cafam, y tendrá una vigencia igual a la del contrato y 3 meses más’”.

En concordancia, igualmente indicó que estaba “probado, de otro lado, que entre Seguros del Estado S.A. y la sociedad A.V. Ingenieros Limitada, se celebró un contrato de seguro que corresponde a la póliza 973353476, cuyo objeto es garantizar el buen manejo de los aportes entregados por Cafam y su devolución, según contrato CO-9797, relacionado con la construcción y venta de 91 apartamentos”.

4. Frente a lo anterior, claramente se advierte que el tribunal no pudo incurrir en ninguno de los errores iuris in judicando que en ese sentido se denuncian, porque el seguro que dejó establecido no fue el de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Luego, si en algún yerro incurrió, estaría en haber concluido equivocadamente, en el campo de los hechos y de las pruebas, que el seguro ajustado había sido el de cumplimiento, cuando no lo era.

4.1. Con todo, interpretando con amplitud que ese tema se encuentra involucrado en la acusación, al decirse que se trataba de una cobertura de responsabilidad civil contractual, el sentenciador tampoco pudo incurrir en ningún yerro probatorio al respecto, porque como objetivamente lo constató, en el contenido de la Póliza 973353476 se observa que el seguro que se ajustó fue el de “Cumplimiento”, cuyo objeto consistía en “Garantizar el buen manejo de los aportes y su devolución, según contrato CO-9797”, donde la demandante, Caja de Compensación Familiar, Cafam, aparece como “asegurado” o “beneficiario”, y la constructora A.V. Ingenieros Ltda., en calidad de “tomador” o “afianzado”.

4.2. Distinto es que bajo la tesis de considerar, en el seguro de cumplimiento, al asegurado beneficiario como víctima o damnificado del hecho dañino, según el cargo segundo, se concluya que se trata de un amparo de responsabilidad civil contractual, cuando, entendiendo también que lo alegado en el punto se entronca con la tergiversación de la póliza, lo cierto es que esas relaciones aseguraticias son totalmente distintas, empezando por las normas que los regulan, aquél, en general, por el Decreto 225 de 1938 y el artículo 203 del Decreto 663 de 1993 o estatuto orgánico del sistema financiero, y este, como se dijo, por los artículos 1127 a 1133 del Código de Comercio, con las reformas que le introdujo la Ley 45 de 1990.

Además, porque el objeto jurídico de uno y otro seguro no puede ser el mismo, pues el primero, en palabras de la Corte, tiene como mira “garantizar el cumplimiento de la obligación, en forma tal que en el evento de la ocurrencia del riesgo, que consiste en el no cumplimiento —o en ‘la eventualidad del incumplimiento del deudor’—, el asegurador toma a su cargo ‘hasta por el monto de la suma asegurada, los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada’”(3), en tanto que el segundo, según sentencia de 10 de febrero de 2005, supra citada, “además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad”.

Por lo mismo, en el seguro de cumplimiento de un contrato, el beneficiario de la indemnización es el acreedor de la obligación incumplida por el contratista afianzado, mientras que en el de responsabilidad civil contractual, no puede ser, en línea de principio, el mismo asegurado, pues se trata del causante de los perjuicios patrimoniales irrogados, sin perjuicio, claro está, se reitera, de las prestaciones que a él le puedan corresponder. De ahí que la víctima o damnificado es quien se convierte, en ejercicio de la acción directa, en el beneficiario del seguro, al instituirlo como tal el artículo 1127 del Código de Comercio, con la modificación que le introdujo el artículo 87 de la Ley 45 de 1990.

5. En definitiva, como el seguro contenido en la póliza 973353476, relacionado con el contrato de construcción CO-9797, no es de responsabilidad civil, bajo cuya óptica se reclama la aplicación de las normas sustanciales citadas en los cargos segundo y tercero, sino de cumplimiento, es claro que el tribunal no pudo incurrir en ninguno de los errores enrostrados.

5. Los cargos, en consecuencia, no se abren paso.

Demanda de Seguros del Estado S.A.

Cargo primero

1. Denuncia la violación indirecta de los artículos 822 y 1045 del Código de Comercio, 1501 y 1602 del Código Civil.

2. Manifiesta la recurrente que el tribunal, para dar por acreditado el siniestro, incurrió en error de hecho al apreciar el contrato de obra CO-941434 de 30 de junio de 1995, vigente hasta el 15 de marzo de 1997, y su prórroga de 25 de marzo de 1998; los oficios provenientes de la demandante de 4 y 18 de diciembre de 1996 y de agosto 27 de 1998, donde da cuenta del incumplimiento de dicho contrato; y la póliza de seguro 98339006 Documento 2049, entre otras iniciales correlacionadas.

Sostiene que si el sentenciador no hubiere incurrido en los errores enrostrados, habría advertido que se prorrogó un contrato incumplido, hecho que perduraba para esa fecha y la de vigencia de las pólizas anteriores, cuyos términos no fueron modificados, y que el nuevo seguro y su anexo, entre otras cosas lesivo, pues no se constituyó por el 10% del valor del contrato, según se había pactado, fue otorgado simplemente para garantizar el cumplimiento del “otro sí”(sic) en comento.

En suma, dice, el seguro que se pretendió instrumentar mediante la póliza 98339006 Documento 2049, no produjo efecto alguno, puesto que al momento de su expedición, el contrato de construcción ya se había incumplido, razón por la cual no existía “riesgo” ni “interés” “asegurable”.

3. Concluye la recurrente que al asegurarse un hecho cierto, el preexistente incumplimiento dicho, y no una obligación condicional, el Tribunal quebrantó las disposiciones citadas, al encontrar configurado el riesgo y no dar paso a la excepción de “inexistencia de la obligación por inexistencia del contrato de seguro” propuesta oportunamente.

Cargo segundo

1. Acusa la violación indirecta de los artículos 822, 1081, incisos 1º y 2º, del Código de Comercio, 1602, 1625-10, 2512 y 2535 del Código Civil.

2. La recurrente, en síntesis, se duele de haber fijado el Tribunal como fecha del incumplimiento del contrato CO-941434 de 30 de junio de 1995, el 31 de julio de 1998, cuando la sociedad constructora estaba incursa en ese hecho desde el 4 de diciembre de 1996.

Así, dice, se observa en el cuerpo del mismo, cuya vigencia se extendía hasta el 15 de marzo de 1997, y en las pólizas iniciales otorgadas; en la prórroga u “otro sí”(sic) de 25 de marzo de 1998, entre otras cosas lesiva, pues excedía el 10% de su valor, y en la póliza de cumplimiento 98333906 Documento 2049; en las comunicaciones de 4 y 18 de diciembre de 1996, 15 de julio y 27 de agosto de 1998, todas provenientes de la entidad beneficiaria demandante, reclamando al respecto; en el acta parcial de conciliación financiera de 29 de mayo de 1998; y en el fallo de tutela de 21 de abril del mismo año, frente a la falta de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Resalta la recurrente que si el tribunal hubiese apreciado las anteriores pruebas, habría encontrado que el incumplimiento del contrato de construcción de que se trata, pese a que se había originado antes, se consumó el 15 de marzo de 1997, fecha de su vencimiento, y que al presentarse la demanda el 9 de mayo de 2000, el término extintivo de dos años suficientemente había transcurrido.

3. Concluye, por lo tanto, que la excepción de prescripción extintiva al respecto formulada debió tener recibo favorable.

Consideraciones

1. Con independencia de la facultad que tienen los juzgadores de instancia para declarar de oficio las excepciones de mérito que encuentren probadas, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa (CPC, art. 306), en el cargo primero se emplaza al Tribunal por no haber acogido la excepción perentoria que, con relación a la póliza 98339006 Documento 2049, “propuso en su debida oportunidad la sociedad demandada” y que nominó “inexistencia de la obligación por inexistencia del contrato de seguro”.

Sin embargo, conviene precisar, ante todo, que los fundamentos del citado medio de defensa en instancia son totalmente distintos a los esbozados en casación. En efecto, mientras que en otrora oportunidad se alegó que el contrato de construcción CO-941434, es decir, al que se refería la póliza, “estaba terminado y cumplido a cabalidad”, ahora se sostiene que el seguro es inexistente, por cuanto fuera de ser lesivo, garantizó un incumplimiento cierto y no una obligación condicional.

El tribunal, desde luego, apoyado en el testimonio del representante de la sociedad asegurada, en un recorte de prensa y en una sentencia de tutela, entre otros medios, contestó lo que efectivamente se le había propuesto, al decir que la excepción en comento no prosperaba, porque en el proceso se acreditó que la constructora incumplió la “obligación de “entregar las viviendas con sus servicios definitivos”.

Así que, desde la perspectiva del recurso de casación, de suyo estricto y dispositivo, en ningún error probatorio pudo incurrir el sentenciador, respecto de los nuevos argumentos que se exponen, porque como es apenas natural entenderlo, no podía anticipar una respuesta a una pregunta que no se había formulado. Planteos de última hora, por supuesto, no sólo ponen en entredicho los principios mínimos de defensa y contradicción, sino que al cambiarse los extremos del debate, resultan, por ser extraños al litigio, sorprendiendo a la jurisdicción.

La Corte tiene explicado que “no viene permisible a la parte tratar de cambiar esa plana inicial, pues, al punto salta irrecusable, en desarrollo de los más elementales principios que informan el derecho de defensa, el proceso debe desenvolverse dentro de los confines fijados en el escrito introductorio del mismo. En torno a ellos es, justamente, que las partes fijan su posición y organizan el debate, sin que le esté permitido al juzgador, y por supuesto tampoco a los litigantes, desbordar ese marco inicial y cambiar de rumbo al ritmo de los acontecimientos o del suceso de las pruebas; lamentable suceso constituiría el que, llamada una persona a juicio por unos hechos, resultara condenada por otros”(4).

2. Ahora, si se interpreta con amplitud que los errores denunciados se entroncan de alguna manera con el debate planteado, observa la Corte que si el tribunal tuvo por acreditado el riesgo asegurado, es decir, el incumplimiento de la sociedad constructora, aspecto al cual, en términos generales, igualmente alude o reclama la recurrente en ambos cargos, salta de bulto que el juzgador tampoco pudo incurrir en los yerros que sobre esa misma temática fueron enrostrados, porque en lo relativo a la desatención contractual existe total coincidencia.

Por lo tanto, al margen de lo dicho en el número anterior, el estudio conjunto de esas acusaciones se justifica, en consideración a que la polémica entre el juzgador y la recurrente se reduce a establecer no el incumplimiento del contrato, sino la fecha en que ocurrió, bien para verificar si efectivamente se aseguró un hecho cierto, como se alega en el cargo primero, ya para computar el término extintivo en la hipótesis de haberse supeditado el riesgo asegurado a un hecho futuro e incierto, según la tesis del cargo segundo. Con mayor razón, cuando el análisis de esto último pende de la definición de aquello, puesto que si no hay contrato de seguro, nada habría que extinguir.

3. Con ese propósito, pertinente resulta precisar las dos circunstancias temporales que se predican del contrato de construcción CO-941434 de 30 de junio de 1995, así como los seguros que se relacionan con cada uno de esos períodos.

3.1. La primera, comprende un término de dieciocho meses, señalado para ejecutar el proyecto y entregar las unidades de vivienda familiar, contado a partir de la entrega del anticipo que se estipuló. Ahora, como ese pago se verificó el 15 de septiembre de 1995, significa que el plazo para cumplir las obligaciones se extendió hasta el 15 de marzo de 1997, como así lo aceptaron las partes, inclusive en los cargos y en su réplica.

Ligado a lo anterior, la existencia de las pólizas de garantía de reintegro de la inversión y de cumplimiento 1034937 y 1034935, respectivamente, ambas con vencimiento el 11 de junio de 1997, sin que, según se indica en la censura, hayan sido “modificadas mediante los correspondientes anexos”.

3.2. La segunda, surgida con ocasión del “otro sí”(sic) de 25 de marzo de 1998, en donde las partes acordaron ampliar el “término del contrato hasta el 31 de julio de 1998, fecha para la cual la constructora habrá cumplido la totalidad de las obligaciones”, a cuyo efecto se prorrogarían las “pólizas…del contrato inicial hasta el 31 de julio de 1998 y dos meses más”.

En concordancia, el otorgamiento de una nueva póliza, la número 98333906 de 25 de marzo de 1998, y no la prórroga de las inicialmente constituidas, así como el anexo de modificación 2940 de 24 de abril del mismo año, en virtud de la cual la sociedad aseguradora garantizó el cumplimiento del contrato de obra, en cuantía de $807’474.252, desde el citado 25 de marzo de 1998, hasta el 30 de septiembre del mismo año.

4. Sentado lo anterior, conocido es que el seguro de que se trata, como se dijo, es una variante de los seguros de daños, cuyo objeto consiste en garantizar al acreedor el pago de las obligaciones contractuales o legales a cargo del deudor, de donde el riesgo lo constituye el eventual incumplimiento de este.

4.1. Pues bien, aclarado en el caso la existencia del siniestro, esto es, la desatención contractual, cuestión en la que, se repite, no hay ninguna controversia, el tribunal fijó como época de ocurrencia de ese suceso, el 31 de julio de 1998, porque hasta esa fecha la constructora tenía la posibilidad de cumplir.

Es cierto que el riesgo se había generado en el término inicial de duración del contrato, puesto que desde el comienzo se avizoró el retraso de las obras. Empero, como la constructora podía honrar sus obligaciones hasta el 15 de marzo de 1997, fecha de vencimiento, por esto, seguramente, en uno de los cargos, se sostiene que la infracción se consumó en esa data.

La recurrente, sin embargo, pasa por alto que el tribunal para nada tuvo en cuenta lo acaecido durante la primera vigencia del contrato CO-941434, porque las pólizas 1034937 y 1034936, inicialmente constituidas, vencidas al momento de suscribirse el “otro sí”(sic), citado, no fueron involucradas en la pretensión correlacionada, sino que simplemente se mencionaron como hechos antecedentes en la demanda.

Obsérvese, en efecto, cómo lo solicitado al respecto se circunscribió a que se declarara que la sociedad demandada había incumplido el contrato de seguro “contenido en la póliza 98333906, Documento 2049”, y no el recogido en las pólizas primigenias, y que como consecuencia se condenará a pagar el valor asegurado de $807’474.252, con los intereses respectivos.

En congruencia, el tribunal a eso limitó la decisión, cuando concluyó, fundado en el referido “otro sí”(sic) y en el nuevo seguro, que al “31 de julio de 1998”, fecha límite que se señaló para que la constructora cumpliera la “totalidad de las obligaciones emanadas del contrato”, la sociedad demandante evidentemente tuvo oportunidad de conocer que la “relación contractual que la unía con el constructor no se cumplió porque no satisfizo, ante sí, la prestación esperada”.

4.2. Frente a ese panorama, si la póliza de que se trata, empezó a regir el 25 de marzo de 1998, simultáneamente con la prórroga del “contrato” y del “acta de acuerdo”, cuyo soporte es el “memorando 1742 de 19 de enero de 1998, proveniente del jefe del departamento de vivienda de Cafam”, según allí mismo se expresa, es claro que al estipularse que para el 31 de julio de 1998, “la constructora habrá cumplido la totalidad de las obligaciones”, ningún hecho cierto pudo afianzarse. Por el contrario, con independencia de que algunos compromisos se hubieren dejado de cumplir con anterioridad a los precitados “otro sí”(sic) del contrato y “acta de acuerdo”, la expectativa o suceso incierto futuro se circunscribía a que las obligaciones pendientes se pudieran pagar en ese otro plazo.

De manera que si la constructora se sustrajo, en esa otra nueva fecha, a “entregar las viviendas con sus servicios definitivos”, el riesgo asegurado se realizó. Por esto, el tribunal no pudo incurrir en ningún error de hecho colosal, rutilante, con incidencia en las normas legales citadas, al fijar como fecha del incumplimiento de las obras contratadas, para todos los efectos legales, respecto de las obligaciones que surgieron al suscribirse la prórroga del contrato y el “acta de acuerdo”, el 31 de de julio de 1998, porque eso es lo que objetivamente emerge del conjunto de las pruebas relacionadas en ambos cargos.

Como tiene dicho la Sala, el error de hecho para que se configure tiene que ser “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento”(5), o el que surge de “ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico”(6).

5. En suma, si los errores fácticos denunciados carecen de las connotaciones dichas, el tribunal no se equivocó al declarar infundadas las excepciones de “inexistencia de la obligación por inexistencia del contrato de seguro” y de “prescripción”, de una parte, porque el seguro efectivamente versaba sobre un hecho incierto y futuro, contrario a lo alegado en el cargo primero, y de otra, por cuanto el riesgo asegurado no podía fijarse realizado con anterioridad a la fecha de vencimiento de la prórroga del contrato y de la ahí mismo mentada acta de acuerdo, según se sostiene en el cargo segundo.

6. En ambas acusaciones igualmente se plantea que el seguro contratado resultó lesivo para los intereses de la sociedad aseguradora, puesto que inicialmente se había exigido y otorgado por la suma de $192’672,264, equivalente al 10% del valor del contrato, pero extrañamente, en la póliza expedida a raíz de la prórroga del mismo, se constituyó por $807’474.252.

Aunque, efectivamente, en la cláusula séptima del contrato de construcción se estipuló que el amparo de que se trata debía otorgarse por el porcentaje señalado, no debe perderse de vista que así se hubiese impuesto también, como consecuencia del nuevo plazo fijado para ejecutar las obras, la obligación de extender el término de vigencia de las pólizas iniciales, esto en realidad no ocurrió, porque como ha quedado explicado, la propia recurrente, con anuencia de la otra parte, otorgó una nueva garantía.

En los cargos, desde luego, no se alega, para restarle eficacia a la póliza o para ajustar el valor del seguro, una sobreestimación dolosa del interés asegurable o simplemente una mala estimación, sino que el carácter lesivo se deduce únicamente de confrontar las pólizas extinguidas, por vencimiento del término de su vigencia, con la nueva adquirida. El tribunal, por lo tanto, no pudo incurrir en ningún error probatorio al condenar el pago de la suma total asegurada, porque así aparece expresamente estipulada, y porque la recurrente nada en contrario expuso ni demostró.

En todo caso, observa la Corte que según el dictamen pericial, el costo total de las obras de infraestructura y de instalación definitiva de los servicios públicos domiciliarios, es decir, la obligación incumplida, ascendió a $839’059.505. Por esto, no se puede inferir que se trata de una sobreestimación dolosa o una mala estimación del valor del seguro, porque la suma asegurada resultó ser inferior a esa cantidad.

7. Los cargos, en consecuencia no se abren paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de la Caja de Compensación Familiar, Cafam, frente a Seguros del Estado S.A.

Las costas en casación se entienden compensadas al no prosperar ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia 30 de 10 de febrero de 2005, expediente 7614.

(2) Cfr. Sentencia 72 de 29 de junio de 2007, expediente 04690.

(3) Sentencia de 81 de 15 de agosto de 2008, expediente 3216, reiterando doctrina anterior.

(4) Sentencia 42 de 11 de mayo de 2004, expediente 7661; conforme, sentencia 131 de 13 de noviembre de 2007, expediente 8277.

(5) Sentencia 6 de 12 de febrero de 1998, expediente 4730, reiterando doctrina anterior.

(6) Sentencia 73 de 20 de abril de 2001, expediente 6014, citando casación civil de 22 de octubre de 1998.