Sentencia 2000-00463 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 25793

Rad.: 25000 2326 000 2000 00463 01

Actor: Luis Miguel Parra Alvarado y otros

Demandado: Gobernación de Cundinamarca

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

10. El material probatorio está integrado por (i) los documentos aportados en original y copia auténtica por las partes y (ii)las pruebas decretadas por el tribunal a quo, que consisten en el testimonio del agente de la Policía Nacional Segundo Elmer García Casas y el acta de la diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado 1 Civil Municipal de Ubaté en cumplimiento del despacho comisorio impartido por aquél.

11. Cabe señalar que dentro los documentos aportados por la parte actora figuran varios que hacen parte del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación contra el señor Luis Miguel Parra Alvarado Reyes por el delito de homicidio culposo. Todos ellos serán valorados por la Sala, incluyendo las decisiones adoptadas dentro del proceso penal, pues se entiende que estas pruebas estuvieron a disposición de las partes, las cuales tuvieron, entonces, la oportunidad de objetarlas y controvertirlas.

12. En contraste, se no dará ningún valor a los testimonios que integran ese proceso ya que ellos fueron rendidos por dos de las personas —Bárbara Priscila Parra y Eddgy Ramón Contreras— que integran la parte actora(2). Se advierte que, aunque en reciente sentencia el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado(3) indicó que no existen restricciones para la valoración de los testimonios que se trasladan de un proceso distinto —incluso cuando no han sido ratificados—, lo hizo bajo el entendido de que éstos hayan sido practicados por la misma persona jurídica que fue vinculada al trámite contencioso en calidad de demandada y que no exista identidad entre el testigo y quien figura como demandante, pues en tal caso su declaración debe someterse a las formalidades propias del interrogatorio de parte.

13. Finalmente, en lo que respecta a la indagatoria, la cual también fue aportada al proceso por los demandantes, se reitera lo dicho por la Sala en anteriores oportunidades, en el sentido de que carece de valor probatorio por cuanto dichas versiones se obtienen sin el apremio del juramento, de manera que no constituyen prueba testimonial(4). Además, en este caso, el sindicado es el mismo demandante.

III. Hechos probados

14. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

14.1. El 21 de noviembre de 1997, el departamento de Cundinamarca y la sociedad Cortázar y Gutiérrez Ltda. celebraron un contrato de obra pública para la pavimentación de la vía Ubaté-Lenguazaque, “sector K0+000 al K6+850 y del K8+000 K8+350” Ubaté, Cundinamarca, iniciando en el municipio de Ubaté (K0+000)”, por el término de cinco meses contados a partir del 31 de diciembre de 1997, que corresponde a la fecha de iniciación de las obras (copia auténtica del contrato de obra pública OJ-0092 —fl. 52-59 cdno. 1—; copia auténtica del Acta 9 de mayor y menor cantidad de obra —fl. 65-69 cdno. 1—).

14.2. El plazo de ejecución de las obras fue modificado mediante dos contratos adicionales: el primero de ellos suscrito el 12 de enero de 1999, mediante el cual las partes acordaron adicionarlo en 120 días calendario, contados a partir del vencimiento inicial del contrato; y el segundo, suscrito el 24 de septiembre siguiente, mediante el cual las partes convinieron adicionar el plazo en un mes y veinte días, “respecto del plazo de ejecución contemplado en la cláusula quinta del contrato principal” (copia auténtica de los respectivos contratos de adición —fl. 62-65 cdno. 1—).

14.3. Durante el término de ejecución del contrato, la zona donde se desarrollaban las obras fue afectada por un fuerte invierno, lo que obligó al departamento de Cundinamarca y a la sociedad Cortázar y Gutiérrez Ltda. a suspender temporalmente su ejecución en repetidas oportunidades, así: (i) del 9 al 26 de diciembre de 1998; (ii) del 7 de mayo al 15 de junio de 1999; (iii) del 18 de junio de 1999 al 28 de febrero de 2000 (copia auténtica de las actas de suspensión y reiniciación de las obras, así como de las actas que prorrogaron la suspensión acordada el 18 de junio de 1999 —fl. 71-89 cdno. 1—).

14.4. El día 21 de febrero de 1999, en el sitio conocido como “La primera vuelta”, ubicado a aproximadamente a 4 kilómetros de distancia del municipio de Ubaté, por la vía que conduce a Lenguazaque en el departamento de Cundinamarca (acta de la diligencia de inspección judicial practicada el 7 de febrero de 2001 por el Juzgado 1 Civil Municipal de Ubaté —fl. 192-195 cdno. pbas.—), se produjo el volcamiento del vehículo marca chevrolet sprint de placas BCJ-977 (copia auténtica del informe del accidente de tránsito, trasladado del proceso penal —fl. 13-14 cdno. pbas.—) de propiedad del señor Luis Miguel Parra Alvarado (copia auténtica de la tarjeta de propiedad trasladada del proceso penal —fl. 68 cdno. pbas.—).

14.5. Abordo del automotor viajaban el señor Luis Miguel Parra Alvarado, quien lo conducía, María Epifanía Ortiz, Blanca Nelly Ortiz, Eddgy Ramón Contreras Gómez y Andrés Camilo Contreras Parra. Todos ellos fueron rescatados con vida y trasladados al hospital El Salvador de Ubaté (copia auténtica del informe del accidente de tránsito, trasladado del proceso penal —fl. 13-14 cdno. pbas.—).

14.6. No obstante, por la gravedad de las heridas que presentaba, la señora María Epifanía Ortiz fue remitida al hospital universitario de La Samaritana en Bogotá donde falleció a las 12:05 p.m. del 22 de febrero de 1999 tras sufrir un paro cardio-respiratorio (copia auténtica de la nota de egreso expedida por el hospital La Samaritana, trasladada del proceso penal —fl. 10 cdno. pbas.—; copia auténtica del registro civil de defunción, trasladado del proceso penal —fl. 60 cdno. pbas.—).

14.7. El protocolo de necropsia concluyó que el deceso se produjo por “hipertensión endocraneana secundaria a trauma craneoencefálico severo por palitraumatismo contundente por accidente de tránsito (pasajero). Presentaba también trauma cerrado de tórax y abdomen y fractura de fémur derecho” (copia auténtica del protocolo de necropsia, trasladado del proceso penal —fl. 41-42 cdno. pbas.—).

14.8. Los demás ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de distinta consideración, así: el señor Luis Miguel Parra Alvarado sufrió una herida en la región frontal de aproximadamente 13 centímetros, así como politraumatismo, fractura costal, trauma cerrado de tórax y trauma craneoencefálico leve, lo cual motivó su hospitalización hasta el 23 de febrero de 1999, cuando fue dado de alta. Por su parte, la señora Blanca Ortiz sufrió una fractura proximal de fémur derecho, en tanto que al señor Eddgy Contreras se le diagnosticó politraumatismo y trauma cerrado de tórax (copia auténtica de las respectivas historias clínicas, trasladadas del proceso penal —fl. 96, 99, 102 cdno. pbas.—).

14.9. El 10 de agosto de 1999 vehículo accidentado fue sometido a un experticio técnico por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes determinaron que presentaba los siguientes daños externos (copia auténtica del informe 388 SC. CTI Cundinamarca, trasladado del proceso penal —fl. 109-111 cdno. pbas.—):

(...) destrucción total del capó, persiana, bomper anterior, placa anterior, cocuyos y direccionales anteriores, unidades, puentes anteriores superior e inferior, radiador, batería, tarro de agua para radiador, ventaviola, protector de la ventaviola, punteras del chasis ambos costados, guardafangos anteriores derecho e izquierdo, amortiguador anterior izquierdo, rueda anterior izquierda estallada, puertas anterior y posterior del costado izquierdo, panorámico anterior, tablero de control y mandos pastas de soportes y protectores del sistema eléctrico, sistema eléctrico destruido parcialmente, puerta anterior derecha descuadrada, capota o nave abollada en toda su extensión, abolladura en guardafango posterior derecho parte postero-inferior, abolladura puerta bodega parte derecha en toda su longitud, aros unidades destruidos, espejo retrovisor externo izquierdo destruido, presenta desplazamiento hacia atrás por acción del impacto, punto de impacto parte anterior. Los órganos de control y seguridad no se verificaron por el estado de destrucción que presentaba el rodante en el momento de la inspección.

14.10. Por la muerte de la señora María Epifanía Ortiz la Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal contra el señor Luis Miguel Parra Alvarado el 23 de marzo de 1999 (copia auténtica de la resolución de apertura de instrucción —fl. 19-20 cdno. pbas.—), la cual fue precluida mediante resolución de 16 de noviembre del mismo año por considerar que la conducta del procesado se encontraba inmersa dentro de los postulados del numeral 1º del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que establece como causal de inculpabilidad el caso fortuito. El siguiente es el fundamento fáctico de la decisión (copia auténtica de la resolución de preclusión —fl. 118-123 cdno. pbas.—):

No existe en el proceso prueba alguna que permita a esta delegada creer que el procesado no tuvo las precauciones necesarias que se exigen en la labor de conducción, es decir, que haya sido negligente, imprudente o que haya incurrido en alguno de los elementos generadores de culpa.

La realidad procesal permite establecer que el factor determinante en los hechos motivo de estudio fue la falta de señalización o de avisos preventivos que alertaran la situación de peligro que generaba el estado de la vía al presentar precisamente después de una curva cambio en las condiciones de la calzada.

14.11. El señor Luis Miguel Parra Alvarado contrajo matrimonio con la señora Epifanía de Jesús Ortiz el 6 de noviembre de 1950 (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 124 cdno. pbas.—). De esa unión son hijos los señores Julia Stela, Luis Hernán, Bárbara Priscila, Héctor Miguel, Blanca Mery, Lucy Yaneth y Wilson Ricardo Parra Ortiz (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 126, 130A, 133, 137, 141, 145, 148 cdno. pbas.—).

14.12. Julia Stela Parra Ortiz está casada con Gerardo Ortiz y es madre de Sonia del Pilar y Johanna Milena Ortiz Parra (copia auténtica del registro civil de matrimonio y de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 127-129 cdno. pbas.—). Por su parte, Luis Hernán Parra Ortiz está casado con Gladys Rodríguez Carrillo y es padre de Mari Luz y Diana Patricia Parra Rodríguez (copia auténtica del registro civil de matrimonio y de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 130-132 cdno. pbas.—).

14.13. Bárbara Priscila Parra Ortiz está casada con Alfredo Manzo Manzo y es madre de Christian Alfredo y Miguel Hernán Manzo Parra (copia auténtica de los respectivos registros civiles de matrimonio y de nacimiento —fl. 134-136 cdno. pbas.—). A su turno, Wilson Ricardo Parra Ortiz es padre de Katherin Alejandra y Wilson Ricardo Parra Angulo (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 150-151 cdno. pbas.—).

14.15. Héctor Miguel Parra Ortiz está casado con Flor Denice Medina Sandoval y es padre de John Alexander y Miguel Leonardo Parra Medina (copia auténtica del registro civil de matrimonio y de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 138-140 cdno. pbas.—). Por su parte, Blanca Mery Parra Ortiz está casada con José Ramiro Castellanos y es madre de Lerly Maritza y Yeny Carolina Castellanos Parra (copia auténtica del registro civil de matrimonio y de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 142-144 cdno. pbas.—).

14.16. Finalmente, Lucy Yaneth Parra Ortiz está casada con Eddgy Ramón Contreras Gómez y es madre de Andrés Camilo Contreras Parra (copia auténtica de los registros civiles de matrimonio y de nacimiento —fl. 146-147 cdno. pbas.—).

IV. Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si los demandantes ostentan interés jurídico para solicitar reparación por las lesiones causadas a la señora Blanca Ortiz. Luego, deberá establecer si el departamento de Cundinamarca se encuentra materialmente legitimado en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el accidente que cobró la vida de la señora María Epifanía de Jesús Ortiz y causó heridas a Luis Miguel Parra Alvarado, Blanca Ortiz y Eddgy Contreras, se produjo en momentos en que la vía Ubaté-Lenguazaque estaba siendo sometida a trabajos de pavimentación por parte de la sociedad Cortázar y Gutiérrez Ltda. En tercer lugar, tendrá que analizar si, como lo afirma la parte actora en su escrito de apelación, existe prueba del daño presuntamente sufrido por el demandante Andrés Camilo Contreras Parra, quien también viajaba a bordo del vehículo automotor. Por último, deberá examinar si la muerte de la señora María Epifanía de Jesús Ortiz y las lesiones causadas a los otros miembros de su núcleo familiar son imputables al departamento de Cundinamarca, para lo cual será necesario establecer si el accidente se produjo por falta de señalización o por una causa extraña a la entidad demandada.

V. Análisis de la Sala

V.1. La legitimación en la causa por activa y por pasiva.

16. Aunque, en términos generales, la legitimación en la causa se refiere a “la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial (...)(5)”, esta corporación ha señalado que es posible diferenciar entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(6).

17. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, “de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”.

18. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la Sala haya indicado que la falta de legitimación material en la causa por activa o por pasiva no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

(...) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada(7).

19. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza(8), pues bien puede suceder que una persona, natural o jurídica, esté legitimada en la causa de hecho por ser parte dentro del proceso, pero carezca de legitimación en la causa material debido a que no es titular de los derechos cuya vulneración alega o a que ninguna actuación o conducta suya guarda relación o conexión con los hechos que motivan el litigio. En estos eventos, no hay lugar a proferir fallo inhibitorio, sino que deben denegarse las pretensiones formuladas puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido, o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(9).

20. En el caso concreto, los actores pretenden que se les indemnicen los presuntos perjuicios que padecieron como consecuencia de las lesiones sufridas por la señora Blanca Nelly Ortiz, quien no es parte dentro del este proceso (véase el numeral 4 de las pretensiones de la demanda). Sin embargo, no acreditaron el interés jurídico que les asiste debido a que ellos no son los titulares de los derechos cuya vulneración alegan ni probaron haber sufrido un daño moral o material como consecuencia de los hechos que afectaron la salud de la mencionada señora. Por lo tanto, se concluye que todos ellos carecen de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, que las pretensiones indemnizatorias que formularon con fundamento en lo anterior no están llamadas a prosperar.

21. Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva que se predica del departamento de Cundinamarca y que se propuso como excepción en el escrito de contestación de la demanda, lo procedente es señalar que carece de fundamento. Ello en consideración a que la copia del contrato de obra pública OJ-0092 de 1997, de los contratos adicionales que modificaron el plazo de ejecución inicialmente pactado y de las actas de suspensión y reanudación de obra suscritas durante su vigencia, demuestran que el accidente que cobró la vida de la señora María Epifanía de Jesús Ortiz y causó heridas a Luis Miguel Parra Alvarado, Blanca Ortiz y Eddgy Contreras, ocurrió en momentos en que la vía que conduce de Ubaté a Lenguazaque —la cual es de carácter departamental(10)— estaba siendo sometida a trabajos de pavimentación (ver supra párr. 14.1 a 14.3). En efecto, los referidos documentos dan cuenta de que el 21 de febrero de 1999, que es la fecha en la cual ocurrieron los hechos, el mencionado contrato de obra pública todavía se encontraba en ejecución.

22. Sobre el particular, cabe señalar que, de tiempo atrás, la jurisprudencia de la corporación ha acogido el criterio conforme al cual las entidades estatales son responsables de los daños causados por acciones u omisiones atribuibles a sus contratistas, porque se considera que cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra, o para la prestación de un servicio público, es como si la misma entidad la ejecutara o prestara directamente:

Fueron unánimes tanto la doctrina extranjera como la nacional, así como la jurisprudencia, en sostener que el trabajo no dejaba de ser público por el hecho de que lo ejecutara un contratista particular a nombre de la entidad pública. En sentencia de 20 de marzo de 1956, esta corporación destacó entre los elementos tipificantes de esos trabajos públicos que éstos fueran efectuados por cuenta del Estado, “ya directa o indirectamente” y que el trabajo tuviera una finalidad de interés público o social.

No tendría sentido alguno la afirmación de que cuando esa indemnización se refiera a daños en la propiedad inmueble o a su ocupación transitoria, la persona responsable pueda ser la entidad pública así haya ejecutado directamente el trabajo o a través de un contratista suyo, pero cuando la lesión recaiga en otros derechos de mayor significación (la vida o la integridad personal, por ejemplo) solo responde por lo que haga directamente. Lo planteado carecería de significación ética. Además, donde existe la misma razón debe existir similar disposición, según enseña una regla de interpretación racional.

Cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente. Es ella la dueña de la obra; su pago afecta siempre el patrimonio estatal y su realización obedece siempre a razones de servicio y de interés general. El hecho de que no la ejecute con personal vinculado a su servicio obedece, la más de las veces, a insuficiencia o incapacidad técnica de su propio personal o a falta de equipo adecuado. Por tal razón la administración, sin que por eso pierda la actividad el carácter de público, debe acudir a la colaboración de los particulares para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración en el caso de obra pública no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público al trabajo así ejecutado. Esa colaboración por participación cuando es voluntaria, caso del co contratante de la administración cuya actividad tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular partícipe ocasional de la función pública no en calidad de agente o funcionario sino como un órgano más de la gestión estatal.

En otros términos: El contratista de una obra pública no se vuelve agente de la administración ni funcionario suyo; es ella misma la que actúa. Hay aquí una ficción de orden legal. Ni siquiera puede hablarse que la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. No puede olvidarse que no obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta, a pesar de que el perjuicio se haya producido por la actuación de una persona vinculada a la administración, la que no es propiamente un mandatario o representante del Estado, sino órgano suyo, integrante en esta calidad de la estructura misma del ente estatal. Por tal motivo la conducta o actuación de dicha persona es la conducta o actuación del Estado mismo. De allí que sostenga la doctrina que sería un contrasentido hablar de responsabilidad indirecta, pues los servidores públicos no son terceros respecto del Estado, sino partes del mismo, ejecutores de la actividad estatal, la que no se concibe sino a través de las acciones u omisiones de las personas vinculadas a su servicio.

Es frecuente observar que en los contratos de obra pública se pacte que el contratista será el responsable de los daños a terceros; pero esto no quiere decir que la administración no responda frente a estos(11).

23. Así las cosas, hay lugar a concluir que el departamento de Cundinamarca puede ser declarado administrativamente responsable de los daños aducidos en la demanda, con independencia de que la obra pública presuntamente causante del accidente que cobró la vida de la señora María Epifanía Ortiz y afectó la integridad personal de algunos de sus familiares, estuviera siendo ejecutada por un tercero ajeno al proceso. Ahora, si bien es cierto que conforme a lo previsto en la cláusula séptima del contrato de obra pública suscrito entre la entidad y la sociedad Cortázar Gutiérrez Ltda., la obligación de instalar en la vía vallas informativas recaía en el contratista, quien en consecuencia debía responder por los daños causados a terceros por falta de señalización o por deficiencia en ella (fl. 58 cdno. 1), también lo es que esta circunstancia no exime de responsabilidad a la administración porque, se reitera, ella era la dueña de la obra pública y, en consecuencia, tenía a su cargo la guarda de su ejecución.

V.2. El daño aducido por los demandantes

24. La Sala encuentra acreditado el fallecimiento de la señora María Epifanía Ortiz y las lesiones sufridas por los demandantes Luis Miguel Parra Alvarado y Eddgy Ramón Contreras Gómez cuando el vehículo en el que se transportaban se accidentó el 21 de febrero de 1999 en la vía que del municipio de Ubaté conduce al de Lenguazaque, en el departamento de Cundinamarca.

25. En contraste, no encuentra ninguna prueba del supuesto daño sufrido por el niño Andrés Camilo Contreras Parra. Si bien está demostrado que este demandante también viajaba a bordo del automotor accidentado (ver supra párr. 14.5), no existe evidencia de que hubiera resultado lesionado en los hechos. La historia clínica que fue trasladada del proceso penal sólo informa —en lo que resulta legible— que el niño ingresó al servicio de urgencias de un centro asistencial, sin que se conozca cuál, el 23 de febrero de 1999, esto es, dos días después del accidente, con un cuadro de varios días de “diarrea líquida abundante (...), episodios de tipo alimentario, fiebre no especificada (...)”, que según los médicos correspondía al de la enfermedad diarreica aguda, la cual se define como una infección del tracto digestivo (fl. 39-40 cdno. pbas.).

26. Se tiene así demostrado que, aunque el niño Camilo Andrés Contreras sufrió una afectación de su estado de salud que motivó su ingreso a un centro asistencial, la misma no es consecuencia directa ni indirecta del accidente —no está acreditado lo contrario—. Por tal razón, dicha afectación no puede tenerse como fundamento fáctico de las pretensiones enunciadas en el punto 6 del texto de la demanda, tal como lo pretende la parte actora.

27. La anterior circunstancia no obsta para que se reconozca que, en virtud del parentesco que lo une con los señores Luis Miguel Parra Alvarado, Eddgy Ramón Contreras Gómez y María Epifanía Ortiz, este demandante se encuentra materialmente legitimado para solicitar que se le indemnice el daño moral originado en la muerte de su abuela y en las lesiones sufridas por su padre y su abuelo. Se reitera en este punto que la legitimación en la causa en los asuntos en los que se pretende la reparación de los daños causados por la muerte o a la afectación a la integridad física de una persona, no se deriva del parentesco con ella, sino de la demostración de haber resultado damnificado con el hecho; sólo que demostrada la relación de parentesco en los grados más próximos, se infiere el dolor moral padecido por quienes reclaman la indemnización de perjuicios.

28. Las mismas consideraciones resultan aplicables a aquellos demandantes que probaron su parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad con dos de las víctimas directas del accidente. Ellos son los hijos y nietos de los señores Luis Miguel Parra Alvarado y María Epifanía Ortiz: Julia Stela Parra Ortiz (hija), Luis Hernán Parra Ortiz (hija), Bárbara Priscila Parra Ortiz (hija), Héctor Miguel Parra Ortiz (hijo), Blanca Mery Parra Ortiz (hija), Lucy Yaneth Parra Ortiz (hija), Wilson Ricardo Parra Ortiz (hijo), Sonia del Pilar y Johanna Milena Ortiz Parra (nietas), Mari Luz y Diana Patricia Parra Rodríguez (nietas), Christian Alfredo y Miguel Hernán Manzo Parra (nietos), Katherin Alejandra y Wilson Ricardo Parra Angulo (nietos), John Alexander y Miguel Leonardo Parra Medina (nietos), Lerly Maritza y Yeny Carolina Castellanos Parra (nietas).

29. Cabe señalar que los demandantes Luis Miguel Parra Alvarado y Lucy Yaneth Parra Ortiz, acreditaron ser los cónyuges de María Epifanía Ortiz y Eddgy Ramón Contreras, respectivamente, por lo que es razonable concluir que también sufrieron un daño moral por la muerte de aquella y las lesiones de aquel.

30. Se destaca que aunque la entidad demandada pretendió controvertir la existencia del daño moral aducido por los hijos y nietos de los señores María Epifanía Ortiz y Luis Miguel Parra (ver supra párr. 6.2), no aportó ningún medio de prueba admisible, conducente y pertinente para tales efectos, pues se reitera que la indagatoria carece de valor probatorio dentro de este proceso. Con todo, debe señalarse que aun en el evento de que no existiera ninguna restricción para su valoración y de que fuera cierto que el señor Luis Miguel Parra manifestó que cancela a una de sus hijas una renta mensual “por la pieza en la que vive”, no podría concluirse que los miembros de esta familia no están unidos por lazos de solidaridad y afecto, y que por tanto, no experimentaron sentimientos de tristeza y dolor a raíz de lo acontecido, ya que no existe ninguna relación lógica entre una cosa y otra. Al contrario, las reglas de la experiencia enseñan que es normal que los miembros de una misma familia contribuyan, en la medida de sus posibilidades, con los gastos que genera el sostenimiento del hogar.

31. En relación con los señores Gerardo Ortiz, Alfredo Manzo, José Ramiro Castellanos, Eddgy Ramón Contreras, Flor Denice Medina y Gladys Rodríguez Carrillo la Sala encuentra demostrada su condición de yernos y nueras de Luis Miguel Parra y María Epifanía Ortiz (ver supra párr. 14.12 a 14.16). No sucede lo mismo con la señora Jacqueline Angulo ya que el documento que aportó —la partida eclesiástica de matrimonio— no es idónea para acreditar que se encuentra casada con uno de los hijos de la pareja(12). Pero, incluso si lo fuera, tal circunstancia no la legitimaría —como no lo hace con quienes sí probaron su condición de yernos y nueras— para solicitar indemnización por los presuntos daños morales que padecieron como consecuencia de la muerte de su suegra y las lesiones de su suegro pues tratándose de los parientes por afinidad —como es el caso de estos demandantes— el dolor moral no se presume, sino que hay que probarlo, lo cual no ocurrió en este caso.

32. Finalmente, en la demanda también aparece como actor el señor Hender Gerardo Ortiz Parra, quien adujo ser nieto de los señores Luis Miguel Parra y María Epifanía Ortiz. Sin embargo, ninguna de las pruebas aportadas al expediente acreditan que realmente lo sea, ni que haya sufrido pena, aflicción o dolor como consecuencia de la muerte de ésta y las lesiones de aquél, por lo que tampoco podrá tenérselo como damnificado por el hecho dañoso.

V.3. El juicio de responsabilidad

33. Acreditado el daño aducido por los señores Luis Miguel Parra Alvarado, Eddgy Ramón Contreras, Julia Stela Parra Ortiz, Luis Hernán Parra Ortiz, Bárbara Priscila Parra Ortiz, Héctor Miguel Parra Ortiz, Blanca Mery Parra Ortiz, Lucy Yaneth Parra Ortiz, Wilson Ricardo Parra Ortiz, Sonia del Pilar y Johanna Milena Ortiz Parra, Mari Luz y Diana Patricia Parra Rodríguez, Christian Alfredo y Miguel Hernán Manzo Parra, Katherin Alejandra y Wilson Ricardo Parra Angulo, John Alexander y Miguel Leonardo Parra Medina, Lerly Maritza, Yeny Carolina Castellanos Parra y Andrés Camilo Contreras, corresponde a la Sala analizar si el mismo resulta imputable al departamento de Cundinamarca. Para el efecto, tendrá que establecer si el accidente que causó la muerte de la señora María Epifanía Ortiz y heridas a su esposo y su yerno ocurrió por falta de señalización en la vía, tal como lo afirma la parte actora, o por exceso de velocidad del conductor del automotor, según lo plantea la entidad demandada.

34. En el croquis que acompaña el informe del accidente, elaborado por el agente de policía Elmer García Casas, consta que éste se produjo cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas se salió de una curva y cayó a un vallado ubicado al costado izquierdo de la carretera. En cuanto a las condiciones de la vía, el mismo documento informa que esta presentaba una huella de frenado de 27,40 metros, que no estaba demarcada ni señalizada, y que tenía una parte destapada que comenzaba justo donde iniciaba la curva (fl. 15-16 cdno. pbas.). Esta información fue ratificada por el mencionado funcionario en testimonio rendido ante el Juez Primero Civil Municipal de Zipaquirá en los siguientes términos (fl. 237-240 cdno. pbas.):

PREGUNTADO. Se enteró usted de cuál fue el motivo del accidente? CONTESTÓ. Se salió de la vía en una curva, donde dio varios botes o vueltas y cayó a un vallado. PREGUNTADO. Supo usted el motivo por el cual el vehículo en mención se salió de la vía? CONTESTÓ. Pienso de que (sic) en la vía se estaban adelantando trabajos, el conductor, al observar el cambio de pavimento al destapado, esto ha podido ocasionar el accidente al frenar (...). PREGUNTADO. Recuerda usted si en el sitio del accidente y debido a las obras que usted anotó con anterioridad, existía señalización de alguna naturaleza? CONTESTÓ. Ningún tipo de señal (...). PREGUNTADO. Cuando usted se desplazó hacia el sitio del accidente, pudo observar si se observaba si se notaba si la vía estaba en buenas condiciones? CONTESTÓ. Si se notaba que el pavimento estaba en buenas condiciones y la vía había estado en construcción porque no había maquinaria (...). PREGUNTADO. Existía en la carretera líneas divisorias sobre ésta, aclaro la parte pavimentada. CONTESTÓ. No había demarcaciones en la vía. PREGUNTADO. Existía algún tipo de señalización de peligro de vía en construcción? CONTESTÓ. No, no existía ningún tipo de señalización.

35. De esta forma, se encuentra acreditada la falla aducida en la demanda, pues tanto el informe del accidente de tránsito como el testimonio del agente que lo suscribió, señalan con claridad que la vía en la cual ocurrió el accidente no estaba demarcada ni tenía ningún tipo de señalización, pese a que allí se adelantaban trabajos de pavimentación. Esta omisión contraviene lo dispuesto en el manual sobre dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, mediante Resolución 5246 del 2 de julio de 1985(13), que establece el deber de adoptar señales preventivas en las calles y carreteras en construcción o sometidas a procesos de conservación con el objeto de reducir el riesgo de accidentes que involucren tanto a los usuarios de la vía como al personal que trabaja en ella.

36. A juicio de la Sala, esta ausencia de señalización operó como causa del daño porque impidió que el conductor del vehículo advirtiera con suficiente antelación los cambios que presentaba la calzada. En efecto, el hecho de que el automotor se hubiera salido de la vía en plena curva y que hubiera dejado en el pavimento una huella de frenado de 27,40 metros, indica que el conductor intentó detener su marcha de forma abrupta cuando advirtió que lo que era hasta ese momento una vía pavimentada se convertía sorpresivamente en una carretera destapada. El nexo causal es claro pues, sin duda alguna, la existencia de señales informativas hubiera permitido al señor Luis Miguel Parra Alvarado conocer las condiciones en las que se encontraba la vía y tomar las precauciones necesarias para evitar o, al menos, minimizar los riesgos que suponía transitar por ella en momentos en que era sometida a trabajos de pavimentación.

37. La misma conclusión acerca del origen causal del accidente fue expuesta por la Fiscalía General de la Nación en la resolución de 16 de noviembre de 1999, que dispuso la preclusión de la investigación penal (fl. 118-123 cdno. pbas.):

De acuerdo a los datos suministrados en el informe de accidentes y las manifestaciones expresas bajo la gravedad de juramento de las personas que presenciaron los hechos, el despacho establece que el procesado se encontraba anímicamente bien, poseía bastante experiencia en la conducción de vehículos, se desplazaba a una velocidad de 50 o 60 k/h y su viaje transcurría normalmente hasta cuando se encontró en la vía un cambio brusco de pavimento que lo obligó a accionar los frenos perdiendo el control del vehículo, ocasionando que éste saliera de la vía y se volcara, con las consecuencias que hoy conocemos.

(...).

La realidad procesal permite establecer que el factor determinante en los hechos motivo de estudio, fue la falta de señalización o de avisos preventivos que alertaran la situación de peligro que generaba el estado de las vías al presentar precisamente después de una curva cambio en las condiciones de la calzada.

38. Ahora, es cierto que la vía era amplia y que al momento del accidente había tiempo seco y buena visibilidad, pues así consta en el informe administrativo elaborado por el agente García Casas (fl. 15-16 cdno. pbas.). Sin embargo, a juicio de la Sala ello no demuestra, tal como lo afirma la entidad demandada, que el señor Luis Miguel Alvarado actuó de forma imperita por no haber advertido con suficiente antelación los cambios que presentaba la calzada. Para sustentar tal afirmación basta con señalar que el pavimento terminaba justo donde empezaba la curva, de manera que era imposible para cualquier conductor, por más experimentado que fuera, imaginar siquiera que la vía por la que transitaba cambiaba abruptamente de pavimentada a destapada. En similares términos se expresó la Fiscalía General de la Nación (fl. 118-123 cdno. pbas.):

No existe en el proceso prueba alguna que permita a esta delegada creer que el procesado no tuvo las precauciones necesarias que se exigen en la labor de conducción, es decir, que haya sido negligente, imprudente o que haya incurrido en alguno de los elementos generadores de culpa.

(...).

La situación de peligro que existía en la vía no le era previsible al procesado, en la medida en que todo conductor transita confiado en la información preventiva obligatoria que debe existir en las vías públicas frente a posibles riesgos, y si el procesado accionó los frenos cuando observó el cambio de las condiciones de la calzada, fue una reacción obligatoria ante las circunstancias.

39. El hecho de la víctima como factor causal del accidente también queda descartado cuando se verifica que el señor Luis Miguel Parra no había ingerido bebidas alcohólicas —así consta en los resultados del examen médico-legal de embriaguez que se le practicó (fl. 17 cdno. pbas.)—, y que su vehículo se encontraba en óptimas condiciones técnico-mecánicas ya que pocos días antes del accidente había sido sometido a una revisión, “habiendo sido encontrados los frenos y la dirección en perfecto estado”, tal como se lee en el certificado expedido por la división de mantenimiento general del Taller Autounión (fl. 88 cdno. pbas.).

40. En cuanto a lo dicho por la entidad demandada, en el sentido de que el vehículo transitaba con exceso de velocidad, cabe señalar que las pruebas aportadas al expediente, en particular el croquis del accidente y el testimonio del agente García Casas, no permiten establecer con certeza cuál era la velocidad de desplazamiento, pues aunque inicialmente el testigo manifestó, con fundamento en la huella de frenado, que el vehículo se desplazaba a 60 o 65 kilómetros por hora, aproximadamente, luego manifestó que la velocidad podía haber sido inferior (fl. 238-239 cdno. pbas.):

PREGUNTADO. De acuerdo con sus conocimientos, usted dedujo que se violó el código 116, cuál es la razón para llegar a esa conclusión? CONTESTÓ. Al llegar al sitio del accidente y observar una huella de frenado que comienza en pavimento, coge terreno afirmado, el vehículo aproximadamente iba a una velocidad de sesenta y cinco (65) kilómetros por hora, por eso determiné que podría ser la causa del accidente, más la falta de señalización que no regula o más bien que regula la velocidad del desplazamiento de los vehículos (...). PREGUNTADO. Dada su experiencia y conocimiento, por favor manifieste al despacho a qué velocidad aproximadamente se desplazaba el vehículo accidentado? CONTESTÓ. Aproximadamente entre sesenta y sesenta y cinco kilómetros (60 a 65 kilómetros por hora). PREGUNTADO. Dada su anterior respuesta y según el Código Nacional de Tránsito se puede tachar eso como exceso de velocidad? CONTESTÓ. Pues no existe señalización de velocidad, pero podría ir a un poco menos, el Código Nacional de Tránsito autoriza la velocidad de acuerdo a las vías.

41. En cualquier caso, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente al momento de los hechos (D. 1344/70) la velocidad máxima permitida en carretera era de 60 kilómetros por hora, “salvo cuando el Ministerio de Obras Públicas por medio de señales adecuadas, indiquen un límite superior o inferior”, de manera que incluso en el evento de que estuviera demostrado que esa era la velocidad que llevaba el automotor al momento del accidente, no podría afirmarse que la misma excedía los máximos legalmente permitidos y, mucho menos, que fue tal circunstancia la que ocasionó que aquél se deslizara por el pavimento hasta salirse de la vía.

42. Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la responsabilidad administrativa del departamento de Cundinamarca por el accidente de tránsito ocurrido el 21 de febrero de 1999 en la carretera que de Ubaté conduce a Lenguazaque, que causó la muerte de la señora María Epifanía Ortiz y produjo heridas a los señores Luis Miguel Parra Alvarado y Eddgy Ramón Contreras Gómez.

VI. Perjuicios

43. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales, de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del proceso.

1. Perjuicios morales.

44. Los demandantes solicitaron que las condenas por este concepto se acumulen, teniendo en cuenta que todos ellos sufrieron un doble y hasta un triple perjuicio como consecuencia de la muerte de la señora María Epifanía Ortiz y las lesiones sufridas por los señores Luis Miguel Parra y Eddgy Ramón Contreras.

45. Tal solicitud resulta procedente como quiera que la jurisprudencia de la Sala ha señalado que “no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona (...)”(15). Sin embargo, conviene precisar que el incremento en el monto de las indemnizaciones “no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”(16), como bien lo entendió el tribunal a quo.

46. Como en este caso se acreditó que el señor Luis Miguel Parra Alvarado estaba casado con la señora María Epifanía Ortiz, quien resultó muerta en el accidente, procede incrementar el monto de la indemnización que normalmente se le reconocería, teniendo en cuenta que este demandante también resultó lesionado en los hechos y que las lesiones que padeció, si bien motivaron su hospitalización por espacio de dos días, no le generaron una pérdida de capacidad permanente —no está acreditado lo contrario—.

47. Las mismas consideraciones son aplicables a los señores Julia Stela, Luis Hernán, Bárbara Priscila, Héctor Miguel, Blanca Mery, Lucy Yaneth y Wilson Ricardo Parra Ortiz, quienes probaron su condición de hijos de dos de las víctimas directas del accidente, los señores Luis Miguel Parra y María Epifanía Ortiz. En relación con la señora Lucy Yaneth Parra se tendrá en cuenta, además, que demostró ser la esposa de otro de los lesionados, el señor Eddgy Ramón Contreras.

48. Los demás demandantes, esto es, Sonia del Pilar y Johanna Milena Ortiz Parra, Mari Luz y Diana Patricia Parra Rodríguez, Christian Alfredo y Miguel Hernán Manzo Parra, Katherin Alejandra y Wilson Ricardo Parra Angulo, John Alexander y Miguel Leonardo Parra Medina, Lerly Maritza y Yeny Carolina Castellanos Parra, y Andrés Camilo Contreras Parra probaron su condición de nietos de dos de las víctimas directas, por lo cual también es procedente incrementar el valor de las indemnizaciones a las que normalmente tendrían derecho. Se aclara que el niño Andrés Camilo Contreras recibirá un incremento adicional, por haber demostrado su parentesco con el señor Eddgy Ramón Contreras, otro de los lesionados.

49. Finalmente, al señor Eddgy Ramón Contreras también se le reconocerá una indemnización por el daño moral que se presume padeció como consecuencia del politraumatismo y del trauma cerrado de tórax que se le diagnosticó luego del accidente.

50. Para fijar el valor de las condenas, conviene tener en cuenta, de una parte, que en los eventos en los cuales el daño se deriva de la muerte de familiares ubicados en el primer grado de consanguinidad (padres e hijos), el Consejo de Estado ha reconocido indemnizaciones por valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. Y de otra, que el valor de la indemnización se ha fijado en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales cuando el demandante se ubica en el segundo grado de consanguinidad respecto del fallecido (abuelos, hermanos y nietos)(17).

51. Así mismo, es importante anotar que el monto de las indemnizaciones derivadas de lesiones personales, se fijan en consideración a las condiciones en las que se produjo la lesión, su mayor o menor gravedad(18), pero procurando dar aplicación del principio de igualdad, “lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquella y éstas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización”(19).

52. En el caso concreto, se tomará como marco de referencia lo decidido por esta subsección en la sentencia de 24 de noviembre de 2011(20), en la cual se reconoció al demandante, afectado por una pérdida de capacidad laboral del 9.5% como consecuencia de un accidente de tránsito atribuible también a falta de señalización en la vía, una indemnización equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

53. Así las cosas, como el demandante Eddgy Ramón Contrerasno perdió parte de su capacidad laboral, se entenderá que sus heridas revistieron una menor gravedad que las del caso en comento, por lo cual recibirá una indemnización equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales. En lo que respecta al señor Luis Miguel Parra, la indemnización a la que tiene derecho por la muerte de su esposa, se incrementará en cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el criterio ya expuesto (ver supra párr. 45 y 46), para compensar en algo el daño derivado de las lesiones físicas que padeció.

54. La tabla que se presenta a continuación resume el valor de las indemnizaciones que corresponde a cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales:

DemandantesIndemnización
Luis Miguel Parra Alvarado (lesionado y esposo de la señora María Epifanía Ortiz)105 smlmv
Julia Stela, Luis Hernán, Bárbara Priscila, Héctor Miguel, Blanca Mery y Wilson Ricardo Parra Ortiz (hijos del lesionado Luis Miguel Parra Ortiz y de la señora María Epifanía Ortiz)102 smlmv
Lucy Yaneth Parra Ortiz (hija de Luis Miguel Parra Ortiz y de la señora María Epifanía Ortiz, y esposa del lesionado Eddgy Ramón Contreras)105 smlmv
Sonia del Pilar y Johanna Milena Ortiz Parra, Mari Luz y Diana Patricia Parra Rodríguez, Christian Alfredo y Miguel Hernán Manzo Parra, Katherin Alejandra y Wilson Ricardo Parra Angulo, John Alexander y Miguel Leonardo Parra Medina, Lerly Maritza y Yeny Carolina Castellanos Parra (nietos de Luis Miguel Parra y de María Epifanía Ortiz)52 smlmv
Andrés Camilo Contreras Parra (nieto de Luis Miguel Parra y de María Epifanía Ortiz, e hijo de Eddgy Ramón Contreras)55 smlmv
Eddgy Ramón Contreras (lesionado)
8 smlmv

2. Perjuicios materiales.

55. La demanda únicamente solicitó indemnización por el daño emergente derivado de la afectación al vehículo automotor de propiedad del señor Luis Miguel Parra Alvarado, la cual quedó acreditada con el acta del experticio practicado por los funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación (ver supra párr. 14.9).

56. El monto del perjuicio fue fijado por el tribunal en $11.447.240,13, que es el valor que resulta de actualizar la cifra estimada por el establecimiento Motrix Car Ltda. ($8.413.422), por la reposición de las distintas partes del vehículo que resultaron destruidas en el accidente (fl. 105-106 cdno. pbas.).

57. A juicio de la Sala, es necesario realizar una nueva liquidación ya que el a-quo tomó como índice inicial el equivalente al IPC del mes en que ocurrieron los hechos (febrero de 1999), pese a que el daño emergente se estimó con base en los precios de agosto de 1999. Para el efecto, se aplicará la siguiente fórmula:

 

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58. Se tiene así que el valor de la indemnización debida al señor Luis Miguel Parra Alvarado por concepto de daño emergente es de diecisiete millones ciento un mil quinientos treinta y siete pesos ($17.101.537).

VII. Costas

59. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 15 de mayo de 2003 por la Sección Tercera —Subsección A— Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2. DECLARAR la responsabilidad patrimonial y administrativa del departamento de Cundinamarca por el accidente de tránsito ocurrido el 21 de febrero de 1999 en la carretera que de Ubaté conduce a Lenguazaque, que causó la muerte de la señora María Epifanía Ortiz y produjo heridas a los señores Luis Miguel Parra Alvarado y Eddgy Ramón Contreras Gómez.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al departamento de Cundinamarca a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

A favor de los señores Luis Miguel Parra Alvarado y Lucy Yaneth Parra Ortiz, lo equivalente a 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

A favor de los señores Julia Stela Parra Ortiz, Luis Hernán Parra Ortiz, Bárbara Priscila Parra Ortiz, Héctor Miguel Parra Ortiz, Blanca Mery Parra Ortiz y Wilson Ricardo Parra Ortiz, lo equivalente a 102 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

A favor de Sonia del Pilar Ortiz Parra, Johanna Milena Ortiz Parra, Mari Luz Parra Rodríguez, Diana Patricia Parra Rodríguez, Christian Alfredo Manzo Parra, Miguel Hernán Manzo Parra, Katherin Alejandra Parra Angulo, Wilson Ricardo Parra Angulo, John Alexander Parra Medina, Miguel Leonardo Parra Medina, Lerly Maritza Castellanos Parra y Yeny Carolina Castellanos Parra, lo equivalente a 52 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

A favor de Andrés Camilo Contreras Parra, lo equivalente a 55 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A favor de Eddgy Ramón Contreras Gómez lo equivalente a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. CONDENAR al departamento de Cundinamarca a pagar al señor Luis Miguel Parra Alvarado la suma de diecisiete millones ciento un mil quinientos treinta y siete pesos ($17.101.537), por concepto de daño emergente.

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda, presentada el 24 de febrero de 2000, la pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales, fue estimada en dos mil gramos de oro, equivalentes a $37.491.600. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $26 390 000.

(2) Se reitera en este punto lo decidido por la Sala en la sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 27.613, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) “(...) en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria “... cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior...”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, exp. 20.601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 2012, exp. 21.377, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase las sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, y del 22 de julio de 2011, exp. 17646, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 22 de noviembre de 2001, exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 28 de abril de 2005, exp. 14178, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 23 de abril de 2009, exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; entre otras.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 13.764, C.P. Alier E. Hernández Enríquez. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 4 de febrero de 2010, exp. 17.720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 29 de octubre de 2012, exp. 22.458, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, exp. 16.837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10.973, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En similar sentido, véanse las sentencias de 4 de febrero de 2010, exp. 17720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 29 de octubre de 2012, exp. 22.548, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(10) Así consta en la certificación expedida por el director de infraestructura de transporte de la secretaría de obras públicas de la gobernación de Cundinamarca, visible a folio 154 del cdno. de pruebas.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de 9 de octubre de 1985, exp. 4556, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Reiterada, entre muchas otras, en sentencias de la misma Sección de 13 de febrero de 2003, exp. 12.654, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 7 de junio de 2007, exp. 16.089, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de junio de 2012, exp. 24592, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 24 de mayo de 2012, exp. 21516, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(12) Decreto 1260 de 1970, artículo 106: “Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

(13) Aadicionada y modificada mediante resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989 y 8171 del 9 de septiembre de 1987.

(14) En el croquis del accidente consta que la vía tenía un ancho de 6.90 metros (fl. 16 cdno. pbas.), mientras que en el acta de la diligencia de inspección judicial practicada por el juzgado 1 Civil Municipal de Ubaté se registró que ésta tenía una amplitud de 6.5 metros (fl. 192 cdno. pbas.).

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, exp. 12.788, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 31 de octubre de 1997, exp. 10.696, C.P. Ricardo Hoyos Duque, de 26 de febrero de 1996, exp. 10.438, C.P. Daniel Suárez Hernández y de 14 de junio de 2012, exp. 24.157, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(16) Ibíd.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 26 de marzo de 2008, exp. 16.085, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, de 28 de febrero de 2011, exp. 18.515, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, de 23 de agosto de 2012, exp. 24.392, C.P. Hernán Andrade Rincón, de 13 de febrero de 2013, exp. 25.496, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido, véase las sentencias de 19 de septiembre de 2011, exp. 20.078, y de 14 de junio de 2012, exp. 24.157, ambas con ponencia del suscrito magistrado.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15.459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) Exp. 22.385, C.P. Danilo Rojas Betancourth.