Sentencia 2000-00512 de marzo 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 76001-23-31-000-2000-00512-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Gustavo Eduardo Moreno Angulo

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca de 13 de diciembre de 2005, que negó las pretensiones de la demanda.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Entra la Sala al estudio de los aspectos fundamentales contenidos en el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del Tribunal del Valle del Cauca y que son los siguientes:

Primer cargo. Revocatoria o modificación de los actos administrativos mediante los cuales, la CVC había concedido una licencia ambiental a EPSA S.A. ESP para el tendido de las líneas de transmisión de energía eléctrica a 115 KV San Marcos-Guachal y San Marcos-Codazzi.

Para el actor los actos acusados violan los artículos 69, 70 y 73 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que las resoluciones DG 193 de agosto 28 de 1997, DG 040 de febrero 4 de 1998, DG 948 de febrero 10 de 1999 y DG 161 de mayo 21 de 1999, por medio de las cuales la CVC había concedido una licencia ambiental a EPSA S.A. ESP para el tendido de las líneas de transmisión a 115 KV San Marcos-Guachal y San Marcos-Codazzi, se encontraban en firme y no podían modificarse o revocarse.

Los artículos 69, 70 y 73 del Código Contencioso Administrativo establecen:

Código Contencioso Administrativo

“ART. 69.—Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

ART. 70.—Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.

ART. 73.—Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión”.

En el caso presente, la CVC mediante Resolución DG 184 de 4 de junio de 1999 modificó a solicitud de EPSA S.A. ESP la licencia ambiental de los proyectos de las líneas de distribución a 115 KV - San Marcos Guachal y San Marcos Codazzi.

El artículo 2º del Decreto 1753 de 1994 “por el cual se reglamentan parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, define la licencia ambiental como “la autorización que otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada”.

A su turno, el artículo 33 ibídem prevé que la licencia ambiental podrá ser suspendida o revocada mediante resolución motivada sustentada, por la misma autoridad ambiental que la otorgó o por el Ministerio del Medio Ambiente, cuando el beneficiario de la licencia ambiental haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del Decreto 1753 de 1994, la licencia ambiental podrá ser modificada total o parcialmente en los siguientes casos:

DECRETO 1753 DE 1994 

“ART. 53.—La licencia ambiental podrá ser modificada total o parcialmente en los siguientes casos

1. A solicitud del beneficiario de la licencia ambiental, en consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgar la licencia ambiental.

2. Por iniciativa de la autoridad ambiental competente o del Ministerio del Medio Ambiente, cuando hayan variado de manera sustancial las circunstancias existentes al momento de otorgarla”.

El procedimiento que se debe darse a la solicitud de modificación, se encuentra establecido en el artículo 36 ibídem así:

“La autoridad ambiental competente dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud de modificación o renovación de la licencia ambiental, para pronunciarse sobre los requisitos y condiciones que deba cumplir el beneficiario de la licencia ambiental. Una vez allegada la información y cumplidos los requisitos y condiciones, la autoridad ambiental dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días para decidir sobre la renovación o modificación de la licencia ambiental correspondiente”.

Del texto de las normas transcritas se deduce que una licencia ambiental puede suspenderse o revocarse, cuando el beneficiario de la misma incumpla cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella establecidos en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento y también son susceptibles de modificación a solicitud del beneficiario de la misma o a iniciativa de la autoridad ambiental, cuando varíen las condiciones existentes al momento de otorgar la licencia, y frente a dicha solicitud la autoridad ambiental debe adoptar una decisión, en el sentido de autorizarla o no.

En el caso presente, EPSA S.A. ESP solicitó la modificación en el trazado de las líneas de transmisión de energía que se le había concedido en la licencia ambiental inicial, porque consideró que la franja de servidumbre de 80 metros para la línea a 115 KV era desproporcionada con relación a los 64 metros para líneas de a 500 KV y 32 metros para líneas a 220 KV señalados en la Resolución 25 de 1995.

Para la Sala se configuraron los supuestos o elementos para que la CVC estudiara la solicitud de modificación de la licencia ambiental inicialmente otorgada, pues el argumento expuesto por EPSA S.A. ESP consistente en la desproporción de la medida del ancho de la servidumbre concedida en la licencia ambiental inicial, significaba que las condiciones existentes en ese momento había variado y por lo tanto, era procedente que la CVC estudiara su modificación.

Como quedó establecido, la CVC podía modificar la licencia ambiental que había otorgado a EPSA S.A. ESP, tal como lo prevé el artículo 35 del Decreto 1753 de 1994. Por lo anterior, el cargo no prospera.

Segundo cargo. Aplicación de los principios de precaución y rigor subsidiario establecidos en los artículos 1º y 63 de la Ley 99 de 1993, ante la inexistencia de normas que regularan el ancho de las franjas de las servidumbres para las líneas de distribución eléctrica a 115 KV.

El acto acusado, esto es, la Resolución D.G. 184 de 4 de junio de 1999 modificó parcialmente las resoluciones D.G. 193 de 28 de agosto de 1997, 40 de 4 de febrero de 1998, 48 de 10 de febrero de 1999 y 161 de 21 de mayo de 1999, en el sentido de aceptar como franja de servidumbre para las líneas de distribución eléctrica 115 KV San Marcos-Guachal y San Marcos-Codazzi, una franja de 20 metros de ancho.

Para el actor, la CVC violó los principios de precaución y rigor subsidiario establecidos en los artículos 1º y 63 de la Ley 99 de 1993, pues ante la inexistencia de normas que regulen el ancho de las franjas de servidumbre para las líneas de trasmisión de energía a 115 KV, dicha entidad debió tener en cuenta los conceptos técnicos emitidos por ISA y el grupo de licencias ambientales de la CVC, los cuales recomendaron conservar las dimensiones de la franja de ancho de servidumbre de 80 m que se habían concedido en la licencia ambiental inicialmente.

Para resolver, la Sala considera pertinente hacer referencia a las siguientes disposiciones legales:

El artículo 365 de la Constitución Política determina que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y en esa medida debe asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio colombiano.

A su vez, la anterior disposición prevé que la prestación de los servicios públicos puede ser por el Estado de forma directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares. Sin embargo, la regulación, control y vigilancias de tales servicios siempre se mantiene a cargo del Estado.

En concordancia con lo anterior, el artículo 367 de la Constitución Política dispone que “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación”.

A su turno, el servicio público domiciliario de energía eléctrica bajo la óptica del artículo 14 numeral 25 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, se entiende como el transporte de energía eléctrica que va desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida la conexión y medición respectiva.

De otra parte, el régimen de los servicios públicos domiciliarios permite la expropiación de inmuebles o la imposición de servidumbres para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.

En ese orden de ideas, la expropiación de inmuebles es viable cuando se requiera bien sea para la ejecución de obras que tengan como finalidad la prestación de servicios públicos y/o para proteger las instalaciones respectivas (art. 56) y en relación con la constitución de servidumbres. El artículo 57 de la Ley 142 de 1994 dispone que cuando sea necesario para la prestación de los servicios públicos las empresas pueden pasar por predios ajenos, bien sea por vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias y ocupar temporalmente las zonas que se requieran. El propietario del predio afectado tendrá derecho a una indemnización.

Ahora bien, el artículo anteriormente citado, a su vez determina que las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica pueden atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. Para ello la empresa interesada tiene que solicitar un permiso a la entidad pública correspondiente y si la ley expresamente no determina la autoridad correspondiente, se entiende entonces que es el municipio respectivo.

El Ministerio de Minas y Energía profirió la Resolución 25 de 13 de julio de 1995 “por la cual se establece el código de redes, como parte del reglamento de operación del sistema interconectado nacional” y en el anexo CC1 establece los requisitos técnicos mínimos que debe reunir cualquier línea de transmisión a tensiones iguales o superiores a 200 KV para su conexión al sistema de transmisión nacional (STN), dentro de los cuales se establece que “se debe disponer de un ancho mínimo de servidumbre de 64 metros para líneas a 500 KV y 32 metros para líneas a 220 KV. Sin embargo, estas dimensiones pueden ser ajustadas con base en el tipo de suelo, vegetación, tipo de predio (rural o urbano)”.

Durante los años de 1998 y 1999, el Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, las corporaciones autónomas regionales, las unidades ambientales, las empresas del sector minero y energético y entidades de apoyo, diseñaron la “Guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica”(1), cuyo objetivo primordial es el siguiente:

“1.2. Objetivos (DIST- 01- 020).

La guía ambiental para proyectos de distribución es el resultado de un trabajo conjunto entre las empresas del sector, las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio del Medio Ambiente y de la Unidad de Planeación Minero Energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

El objetivo primordial de la guía es brindar a los usuarios, propietarios de proyectos, contratistas de construcción, interventores, consultores, proveedores y autoridades ambientales una herramienta efectiva de consulta y orientación conceptual, jurídica, metodológica y procedimental que facilite y optimice el proceso de gestión ambiental a través de las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto de distribución eléctrica.”

Dentro de sus objetivos específicos, se tienen los siguientes:

“— Unificar criterios y fortalecer la gestión ambiental.

— Realizar una planificación ambiental efectiva.

— Unificar criterios de evaluación ambiental y mejorar la comunicación entre las partes interesadas.

— Presentar en forma analítica y coherente una serie de medidas típicas de manejo, control y seguimiento ambiental que parte del análisis de los efectos de un proyecto de distribución sobre su entorno, y que pueden ser aplicadas en forma eficaz por los usuarios de la guía.

— Dar cumplimiento y aplicabilidad a la legislación ambiental vigente”.

El ámbito de aplicación de la guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica es amplio y bien definido. Las entidades del sector eléctrico colombiano, particularmente las empresas distribuidoras de energía eléctrica, pueden encontrar en este documento un derrotero práctico para iniciar, mejorar, corregir o complementar su gestión ambiental en cada una de las fases de un proyecto de distribución, desde su planeamiento y diseño hasta su desmantelamiento y cierre, incluyendo la remodelación y/o ampliación de sistemas existentes (num. 1.3. ibíd.)

A su vez, la guía ambiental mencionada establece que las autoridades ambientales pueden hacer uso efectivo de esta guía dentro de su proceso de control y seguimiento de proyectos, ya que ésta recoge lo esencial de un proyecto de distribución eléctrica en términos de afectación al entorno natural y socioeconómico, y presenta soluciones típicas y viables para su prevención, corrección, mitigación y/o compensación.

En cuanto a la actividad denominada “despeje de servidumbre”, la guía ambiental establece los rangos de ancho de servidumbre según el nivel de tensión de la siguiente manera:

“Actividad: Despeje de servidumbre

Impactos tipo: Afectación de la cobertura vegetal, bosques riparios y calidad del paisaje

Apertura de trocha permitida según el nivel de tensión tipo de líneaRangos de ancho de servidumbreApertura de trocha máxima
Alta tensión (Tensiones entre 110 kV y 220 kV) Entre 8 y 16 m a lado y lado del eje de la línea Zona plana entre 8 y 16 m. Zona pendiente: 3 m - 6 m
Alta tensión (Tensiones entre 44 kV y 110 kV)Entre 6 y 8 m a lado y lado del eje de la líneaZona plana entre 6 y 8 m. Zona pendiente: 2 m
Baja tensión (Tensiones entre 2.4 kV y 44 kV)Entre 2 y 6 m a lado y lado del eje de la líneaZona plana entre 2 y 6 m. Zona pendiente: 1 m

 

(…)”.

Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía profirió la Resolución 180398 de 7 de abril de 2004 “por la cual se expide el reglamento técnico de las instalaciones eléctricas, Retie” en cuyo artículo 22 del anexo determinó como zona de servidumbre para las torres de transmisión con tensión de 110/115 KV, un ancho mínimo de 20 metros. La norma es del siguiente tenor:

RESOLUCIÓN 180398 DE 7 DE ABRIL DE 2004

“ART. 22.—Zonas de servidumbre

Para efectos del presente reglamento, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

a) Toda línea de transmisión con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe tener una zona de servidumbre, también conocida como zona de seguridad o derecho de vía.

(…).

f) Para efectos del presente reglamento y de acuerdo con las tensiones normalizadas en el país, en la tabla 38 se fijan los valores mínimos requeridos en el ancho de la zona de servidumbre, cuyo centro es el eje de la línea. (…)

Tipo de estructura Tensión Ancho mínimo

Torres 110/115 (2 cto) 20 metros

Torres 110/115 (1cto) 20 metros”

Pese a que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 180466 de 2 de abril de 2007, modificó el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, Retie, el artículo 22 transcrito en el acápite anterior mantuvo su tenor literal.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala entrará a analizar las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de cuestionamiento, esto es el 4 de junio de 1999, fecha en que el director de la CVC modificó las resoluciones D.G. 193 de 28 de agosto de 1997, 40 de 4 de febrero de 1998, 48 de 10 de febrero de 1999 y 161 de 21 de mayo de 1999 y aceptó como franja de servidumbre para las líneas de distribución eléctrica a 115 KV San Marcos-Guachal y San Marcos-Codazzi, una franja de 20 metros de ancho.

El artículo 86 del Decreto 1409 de 27 de septiembre de 1985 “por el cual se expide el estatuto de los usos no agrícolas del suelo en el departamento del Valle” establece que “todo proyecto de construcción deberá conservar los siguientes aislamientos con respecto a las líneas de alta tensión: (…) b) Para líneas de 115 y 220 KV, 6 y 10 metros al lado y lado del eje respectivamente”.

Por su parte, el viceministro de energía mediante oficio 73948 de 26 de junio de 1998 (fl. 2, cdno. anexo) manifestó que “1. En relación con las distancias mínimas que deben guardar los elementos sometidos a tensión eléctrica respecto de los lugares accesibles a personas o animales domésticos, está definido en lo que se conoce en la literatura técnica como distancias de seguridad, existiendo estándares que se han plasmado en normas técnicas internacionales que han sido adoptadas por las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el país. No obstante, en lo relacionado con el ancho de servidumbres que es el objeto de su solicitud, no encontramos normas técnicas especificas”. Agregó lo siguiente:

“2. El Instituto Colombiano de Energía Eléctrica —ICEL—, por medio del Decreto 3175 de 1968 fue revestido de la facultad de dictar normas técnicas y de seguridad para el suministro de energía eléctrica y para las instalaciones eléctricas de toda naturaleza en el territorio nacional, y sus empresas adscritas aplicaban dichas normas. A comienzos de la década de los setenta ICEL expidió algunas normas de diseño y construcción de sistemas de distribución, entre los cuales estaba la de diseño mecánico de conductores en la cual el anexo cuatro contempló lo referente a distancias de conductores a tierra y edificaciones y el volumen IV denominado “Normas para construcción” incluía un tema sobre trabajos preliminares en la construcción de líneas, donde el ítem C “Despeje de zonas”, señala los valores mínimos de la franja al lado y lado del eje de la línea que debe someterse a limpieza y que en algunos casos se ha considerado como franja de servidumbre. Dichos valores son:

115 KV Circuito sencillo 10.0 m

44KV y 34.5 KV Doble circuito 7.5 m

44 KV y 34.5 KV Circuito sencillo 5.0 m

13.2 KV Circuito sencillo 5.0 m

(…).

4. En virtud de la facultad que otorgó a las empresas el artículo 4º de la Resolución 2360 de 1979 expedida por este Ministerio, conocida como reglamento para el suministro de energía eléctrica, las empresas establecieron sus normas y sus especificaciones para el diseño y construcción de sus redes y fue así como una buena parte de ellas adoptó parcial y totalmente el proyecto de norma que elaboró ICEL. Otras empresas con mayor solvencia económica y técnica como fue el caso de EPM, CVC, EEB y Corelca, contrataron la elaboración de sus propias normas de diseño y construcción, las cuales fueron de obligatorio cumplimiento en el área de la jurisdicción de cada empresa.

5. Con las facultades otorgadas por las leyes eléctricas y de servicios públicos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante Resolución 25 de 13 de abril de 1995 por la cual se adoptó el código de redes, en el numeral 3.4 (Servidumbres) del anexo CC.1 se establecieron los anchos mínimos de las franjas de servidumbre fijándolas en 32 metros para líneas a 220 KV y 64 metros para líneas de 500 KV. Para tensiones menores no se ha regulado y el código de distribución, permite a las empresas continuar aplicando sus reglamentos técnicos, siempre que estén basados en normas técnicas nacionales o en su defecto internacionales” (resaltado fuera de texto)

En consecuencia, el artículo 86 del Decreto 1409 de 1985, la Resolución 25 de 1995 y la guía ambiental eran las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos.

Pese a que la Resolución 25 de 1995 se refiere únicamente a las líneas de tensión eléctrica a 220 y 500 KV, el artículo 86 del Decreto 1409 de 1985 y la guía ambiental del Ministerio del Medio Ambiente si hacen alusión a la línea de tensión eléctrica a 115 KV señalando el primero un rango de ancho de servidumbre entre 6 y 10 metros de lado a lado del eje de la línea, y la segunda 8 y 16 metros a lado y lado del eje de la línea.

Por consiguiente, las disposiciones aludidas permitían que la CVC modificara la licencia ambiental y disminuyera la franja de servidumbre para la línea de tensión a 115 KV fijándola en 20 metros de ancho.

Asimismo cabe anotar, que el hecho de que la CVC no hubiera tenido en cuenta los conceptos técnicos de ISA y del grupo de licencias ambientales de la misma entidad al momento de decidir la modificación de la licencia ambiental inicialmente otorgada a EPSA S.A. ESP, no significa haber vulnerado el principio de precaución previsto en el artículo 1º numeral 6º de la Ley 99 de 1993, el cual establece que “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”, toda vez que estos conceptos no demuestran que la disminución de la franja del ancho de servidumbre para el tendido de la transmisión de energía a 115 KV, pudiera afectar la salud humana y el medio ambiente.

En cuanto al principio de rigor subsidiario descrito en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, según el cual “las normas nacionales de policía ambiental, que limitan libertades para preservar o restaurar el medio ambiente, o que por tales razones exijan licencias o permisos para determinadas actividades, pueden hacerse más rigurosas, pero no más flexibles”, no es aplicable al caso presente pues como quedó establecido, para la época de ocurrencia de los hechos, no existían normas que establecieran un mayor rango de ancho de servidumbre para líneas de tensión a 115 KV, de las cuales se pudiera inferir la violación del citado principio.

Por todo lo anterior, el cargo no prospera.

Tercer cargo. Incompetencia de la CVC para proferir el acto acusado por encontrarse inhabilitada para decidir la modificación de la licencia ambiental.

Para el actor, la CVC viola los principios de moralidad, igualdad, imparcialidad, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley 489 de 1998, toda vez que al ser accionista de EPSA S.A. ESP se encontraba impedida para decidir la solicitud de modificación de la licencia ambiental que le había concedido a dicha empresa, lo cual hace evidente la parcialidad con la que fue tomada la decisión contenida en el acto acusado.

El artículo 102 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, establece que las inhabilidades e incompatibilidades se predican de los representantes legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. El tenor de la norma es el siguiente:

“ART. 102.—Inhabilidades e incompatibilidades. Los representantes legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o adicionen” (aparte resaltado declarado exequible por la C. Const. mediante Sent. C-736-07, sep. 19/2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.)

La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación mediante Concepto 1366 de 18 de octubre de 2001, sostuvo que a los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales se les aplican las inhabilidades previstas en el régimen general y las correspondientes a cada uno de sus miembros en razón de su cargo en cuanto servidores públicos y, las propias de los particulares que cumplen funciones públicas. En esa oportunidad dijo la Sala de Consulta y Servicio Civil lo siguiente:

“Como consecuencia de la inaplicación del artículo 19 del Decreto 1768 de 1994 a los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, se les aplican las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el régimen general y las correspondientes a cada uno de sus miembros en razón de su cargo en cuanto servidores públicos y, las propias de los particulares que cumplen funciones públicas. Un miembro de un consejo directivo de una corporación autónoma regional elegido como diputado o concejal, no puede hacer parte de un consejo directivo de una corporación autónoma regional, por expresa prohibición del artículo 44 numeral 1º literal a) de la Ley 200 de 1995 y 45 de la Ley 136 de 1994. No es viable elegir como miembro de un consejo directivo de una corporación autónoma regional, a un diputado, o concejal, por expresa incompatibilidad legal prevista en los artículos 44 y 45 mencionados de las leyes 200 de 1995 y 136 de 1994, respectivamente. Un miembro del consejo directivo de una corporación autónoma regional, puede ser nombrado como empleado público de libre nombramiento y remoción de la misma corporación, una vez finalizado su período institucional como consejero o una vez presentada la renuncia a este cargo. Como consecuencia de la inaplicación del artículo 19 del Decreto 1768 de 1994 a los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, no les resulta aplicable el artículo 10 del Decreto-Ley 128 de 1976. En materia contractual a los miembros del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, se les aplica las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993. La excepción en materia de inhabilidades e incompatibilidades prevista en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993, no es aplicable a las entidades privadas sin ánimo de lucro. No es posible que la organización no gubernamental del sector ambiental pueda celebrar contratos con la respectiva corporación autónoma regional en la cual el representante de aquella sea miembro del consejo directivo. El cónyuge o compañero permanente o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del representante legal de la organización no gubernamental de carácter ambiental o de otro miembro de la organización que forma parte del consejo directivo de una corporación autónoma regional, no puede participar en licitaciones, concursos públicos, contrataciones directas y celebrar contratos con la corporación”.

De lo anterior se deduce que las inhabilidades se predican de las personas naturales o mejor, en este caso, de los representantes legales y miembros de los consejos y juntas directivas de las corporaciones autónomas regionales y no como lo pretende demostrar el actor, respecto de personas jurídicas o de la entidad pública como tal, pues la responsabilidad de las conductas que configuran una inhabilidad se predica de la persona o del servidor público y no de la institución.

Por lo expuesto, este cargo tampoco prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. CONFÍRMASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de del Valle del Cauca de 13 de diciembre de 2005.

Segundo. Se reconoce a la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo como apoderada judicial de la CVC, conforme el poder visible a folio 52 del cuaderno 2 del expediente.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(1) “www.minambiente.gov.co/.../guia_ambiental_proyectos_distribucion”.