Sentencia 2000-00537 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente 250002324000200000537-1.

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades Distritales

Demandantes: Carlos Fernando Riveros Gómez y otros.

Demandados: Distrito Capital de Bogotá - Curaduría Urbana 2, Parques del Country S.A. en liquidación; Torres de la Castellana S.A. en liquidación y Almacenes Éxito S.A.

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Los actos acusados.

El demandante pretende la nulidad de las siguientes resoluciones proferidas por la Curaduría Urbana 2 de Bogotá:

Resolución CU2-99-195 (oct. 7/9), “Por la cual se aprueba el proyecto urbanístico y arquitectónico del desarrollo comercial de cobertura metropolitano clase III A denominado Éxito Country, ubicado en el predio de la calle 134 Nº 15-41/43, calle 134 Nº 14-51 y transversal 16 Nº 133 A - 44, denominado Country Comodoro, se establecen sus normas, se concede licencia de urbanización y licencia de construcción y se fijan las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas a cargo del urbanizador y constructor responsables”.

Solicitó igualmente la nulidad de las siguientes resoluciones proferidas por la misma autoridad: Resolución CU2 - 99 - 235 de 15 de diciembre de 1999, por medio de la cual se negó el recurso de reposición interpuesto por Jorge Arturo Celis Rodríguez. b) Resolución CU2 - 99 - 240 de 23 de diciembre de 1999, por medio de la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Conjunto Residencial Portales del Country y otros y se denegó el recurso de reposición interpuesto por William González, María Matilde Rodríguez, Juan Guillermo Escobar, Fabio Vélez y otros. c) Resolución CU2 - 99 - 229 de 20 de diciembre del mismo año, por medio de la cual se negó el recurso de reposición interpuesto por Augusto Cano Mota. d) Resolución CU2 - 99 - 228 de 15 de diciembre de 1999, por la cual negó el recurso de reposición interpuesto por Humberto Silva. e) Resolución CU2 - 99 - 230 de 15 de diciembre de 1999, por la cual denegó el recurso de reposición interpuesto por Hugo Arjona.

— Se declare igualmente la nulidad de la Resolución 0093 de 8 de marzo de 2000, proferida por el subdirector jurídico del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por la cual se decidieron unos recursos de apelación interpuestos contra la Resolución CU2 - 99 - 195 de 7 de Octubre de 1999, confirmándola.

— Se ordene, a titulo de restablecimiento del derecho, preservar la zona residencial de la que son vecinos los demandantes, ordenando mantener el uso residencial del predio en que se pretende construir el proyecto Éxito Country, e impidiendo su construcción. En subsidio de esta pretensión, se ordene preservar la zona residencial señalada, ordenando que se mantenga el uso residencial del predio en que pretende construir el proyecto Éxito Country, para lo cual se deben demoler las construcciones efectuadas en su ejecución. Se ordene indemnizar el menoscabo patrimonial que la licencia acusada causó a los actores, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso.

6.2. Estudio de los motivos de inconformidad del apelante.

6.2.1. Los recurrentes manifestaron que el a quo incurrió en varios errores al decidir el sexto cargo, según el cual no se podía conceder la licencia demandada a favor de dos sociedades que, por estar en liquidación no podían adelantar el proyecto urbanístico pues su capacidad estaba restringida y no podían iniciar nuevas operaciones por mandato del artículo 222 del Código de Comercio; además, no tenían intención de adelantarlo y obraron como agentes ocultos o sin representación de Almacenes Éxito S.A.

 

En la sentencia apelada se afirmó que la actuación de una persona jurídica incapaz sólo tiene como consecuencia la eventual responsabilidad de los representantes y revisores fiscales por los daños que causen, lo cual no es cierto porque dicha circunstancia no sanea los vicios de dichos actos y tanto los socios como los terceros pueden pedir su nulidad.

El a quo consideró la licencia como un derecho real al afirmar que se otorgó al inmueble, sin importar la capacidad jurídica del peticionario; lo cual es equivocado porque permitiría que se otorgara a menores, dementes, terceros sin interés, o de oficio, sin que hubiera responsables por su incumplimiento o mal uso. Desconoció que la licencia concede un derecho a un particular y este puede ser revocado directamente y que las sociedades en liquidación pueden ser titulares de derechos porque tienen capacidad de goce, pero no de ejercicio.

Afirmó que la licencia no se otorgó a quien lo solicitó sino a un tercero en vista de la condición pactada en el contrato de compraventa, situación que no se informó a las autoridades y aseguró que si se hubiera expedido a solicitud de este (Almacenes Éxito) sería válida, pero no lo es porque las sociedades mencionadas no podían obrar en cumplimiento de un mandato sin representación dado que no era un acto propio de la liquidación, “era en realidad una forma de testaferrato”.

6.2.1.1. Para decidir este cuestionamiento conviene aclarar cuáles son las facultades que en realidad tienen las sociedades disueltas y en liquidación para desarrollar su objeto social; si las sociedades que iniciaron el procedimiento que concluyó con la expedición de los actos acusados tenían capacidad legal para ello; y si las autoridades competentes para proferir licencias de urbanismo y construcción pueden negarse a tramitar las solicitudes que les formulen sociedades disueltas y en liquidación.

a) Los efectos que la disolución de una sociedad produce sobre su capacidad jurídica están previstos en el artículo 222 y siguientes del Código de Comercio en los siguientes términos:

“ART. 222.—Efectos posteriores a la liquidación de la sociedad. Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.

El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión “en liquidación”. Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.

ART. 223.—Decisiones posteriores a la disolución de la sociedad. Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se disponga expresamente otra cosa.

ART. 224.—Abstención en caso de cesación de pagos. Cuando la sociedad se encuentre en estado de cesación en los pagos, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán de inmediato a los asociados para informarlos completa y documentadamente de dicha situación, so pena de responder solidariamente de los perjuicios que se causen a los asociados o a terceros por la infracción de este precepto.

Los asociados podrán tomar las medidas conducentes a impedir la declaratoria de quiebra o a obtener la revocatoria de la misma”(1).

Las normas transcritas limitan la capacidad jurídica de las sociedades disueltas y, como afirman los demandantes, las habilitan, en principio, únicamente para realizar los actos necesarios a la inmediata liquidación.

b) Las sociedades cuya intervención se cuestiona dentro de la actuación administrativa son: a) Parques del Country S.A., declarada disuelta y en estado de liquidación mediante escritura 3643 de 27 de noviembre de 1997 de la Notaría 50 de Santafé de Bogotá, inscrita el mismo 27 de noviembre de 1997, tal como consta en certificado de existencia y representación legal de 3 de agosto de 2000, obrante a folios 111 y 112 del cuaderno 1, y b) Torres de la Castellana S.A., declarada disuelta y en estado de liquidación mediante escritura 3229 de 18 de diciembre de 1998 de la Notaría 50 de Santafé de Bogotá, , inscrita el 22 de enero de 1999, tal como consta en certificado de existencia y representación legal de 3 de agosto de 2000, obrante a folios 113 y 114 ibídem.

La solicitud de licencia concedida por el acto acusado fue presentada por las sociedades demandantes dentro del procedimiento administrativo cuestionado el 28 de mayo de 1999, cuando el señor Fernando Jaramillo Mutis, en su condición de representante legal de las mismas, e invocando su condición de propietarias del predio ubicado en la calle 134 Nº 14-51 solicitó ante la Curaduría Urbana 2 de Bogotá licencia de urbanización y licencia de construcción para el predio resultantes del englobe denominado Country Comodoro (Éxito Country) según escritura 0006 de 5 de enero de 1999 (englobe) cuyos linderos y áreas están contenidos en los planos topográficos U280/1 y U280/1-1. Dicha solicitud se refirió a un desarrollo comercial de cobertura metropolitana clase III A.

No hay duda de que cuando se presentó la solicitud enunciada ya las sociedades solicitantes se habían declarado disueltas y en estado de liquidación, razón por la cual su capacidad jurídica estaba limitada por los artículos 222 y siguientes del Código de Comercio a realizar los actos necesarios para su inmediata liquidación.

No obstante la limitación señalada, para efectos de su liquidación las sociedades disueltas pueden realizar los actos autorizados expresamente por el artículo 238 ibídem, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 238.—Funciones de los liquidadores. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los liquidadores procederán:

1) A continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución;

2) A exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley o el contrato social;

3) A cobrar los créditos activos de la sociedad, incluyendo los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad;

4) A obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los asociados o de terceros, a medida que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir las cosas de que la sociedad no sea propietaria;

5) A vender los bienes sociales, cualesquiera que sean estos, con excepción de aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados deban ser distribuidos en especie;

6) A llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad y velar por la integridad de su patrimonio;

7) A liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios como se dispone en los artículos siguientes, y

8) A rendir cuentas o presentar estados de la liquidación, cuando lo considere conveniente o se lo exijan los asociados”.

Quienes intervinieron en el proceso como opositores a las pretensiones de la demanda adujeron que las sociedades señaladas iniciaron el trámite descrito al amparo del artículo 238-5 transcrito, puesto que previamente habían celebrado una promesa de compraventa con Almacenes Éxito S.A., en la cual establecieron la tramitación de la licencia demandada como condición para el otorgamiento de la escritura del contrato de compraventa. El trámite señalado estaba orientado a perfeccionar la venta de activos que integraban el patrimonio social y constituía un acto necesario para la liquidación de las sociedades mencionadas.

A folios 1272 a 1287 del cuaderno de pruebas IV figuran copias auténticas de los documentos en que consta dicha promesa.

Así, a folios 1282 a 1287 obra la promesa de compraventa de inmuebles urbanos ubicados en el municipio de Usaquén de fecha 20 de mayo de 1999 suscrita, por una parte, por el representante legal de las Sociedades Parques del Country S.A. en liquidación y Torres de la Castellana S.A. en liquidación (promitentes vendedoras); y por otra parte, por el representante legal de Almacenes Éxito S.A., (promitente comprador).

Los inmuebles urbanos prometidos en venta fueron los identificados con los folios de matrícula de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Santafé de Bogotá, zona norte 50N-1122924, 50N-605478, 50N-545152 y 50N-410859, cuyas medidas y linderos se especificaron. Entre las cláusulas acordadas se resalta que el precio fue de $ 20.800.000.000, pagadero de contado a la firma de la escritura pública de compraventa, y la fecha señalada para suscribir esta fue el 15 de agosto de 1999 a las diez de la mañana en la Notaría 14 del Círculo de Medellín. No obstante, se establecieron las siguientes condiciones suspensivas, que debían cumplirse para la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa:

“...A) Que la invasión y los invasores que actualmente ocupan el costado oriental del lote del distrito desocupen el inmueble antes del 15 de agosto de 1999 B) Se realizará un estudio de títulos de propiedad respecto de los cuatro inmuebles objeto de esta promesa de compraventa y el resultado final debe ser que no se presente afectación alguna y que sobre ellos no recaen gravámenes, condiciones suspensivas y resolutorias, limitaciones al dominio que puedan afectar de alguna manera el derecho real de dominio de la promitente compradora. C) Que se apruebe la licencia de construcción que garantice que en esos lotes se puede construir un establecimiento de comercio de grandes superficies. Los gastos que se generen con la expedición de esta licencia, serán sufragados por la promitente compradora”.

Posteriormente las mismas partes suscribieron los siguientes otrosí: el 16 de junio de 1999 trasladaron la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa para el 19 de agosto de 1999 (fl. 1286); el 26 de julio de 1999 la trasladaron para el 10 de septiembre de 1999 (fls. 1278 y 1279). El 3 de septiembre de 1999 la trasladaron para el 12 de octubre de 1999 (fls. 1276 y 1277); el 8 de octubre de 1999 la trasladaron para el 12 de noviembre de 1999 (fls. 1274 y 1275); el 11 de noviembre de 1999 pactaron que la fecha de otorgamiento de la escritura de compraventa sería el 15 de febrero de 2000 y que si en esa fecha no se hubiera aprobado la licencia de construcción, se trasladaría la fecha de otorgamiento de escritura para el 15 de marzo del mismo año; aumentaron la cuantía del contrato a la suma 23.750.000.000 y acordaron que si en esas fecha el promitente vendedor hubiere pagado el impuesto predial del año 2000 se lo reembolsaría el promitente comprador (fls. 1272 y 1273).

Para la Sala es claro que la promesa señalada está orientada a la venta de un inmueble, operación que el artículo 238-5 del Código de Comercio autoriza realizar a las sociedades disueltas y en liquidación, y también es evidente que la condición de obtener licencia de construcción para un almacén de grandes superficies, hace parte de dicho contrato.

Aunque la obtención de la licencia mencionada podría ser vista como una nueva operación de las sociedades disueltas independiente de la compraventa prometida, algunas cláusulas del contrato desvirtúan esa apreciación, como las que señalan que todos los costos que ocasione la licencia serán a cargo del promitente comprador y la obligación del promitente vendedor de otorgar la escritura de compraventa cuando esta se obtenga, las cuales permiten considerar plausiblemente que las sociedades disueltas en realidad no pretendía ejecutar el proyecto sino obtener la licencia para vender el inmueble en mejores condiciones; y que el interés de ejecutar dicho proyecto lo tenía el promitente comprador (Almacenes Éxito).

La consideración anotada resultó confirmada a posteriori por el hecho de que una vez se expidió la licencia se celebró el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 580 de la Notaria 14 de Medellín de 27 de abril de 2000, registrada bajo folio de matrícula inmobiliaria 50N - 20331437 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santafé de Bogotá, zona norte, y de que efectivamente fue esta sociedad quien inició la ejecución del proyecto y concurrió al proceso para defender la legalidad de la licencia que lo autorizó.

En el contexto descrito las sociedades solicitantes tenían capacidad jurídica para solicitar la expedición de la licencia demandada, pues mediante esa solicitud no iniciaron una nueva operación —la construcción de un almacén de grandes superficies que interesaba a Almacenes Éxito S.A., según lo declarado en la promesa de compraventa—.

Lo que las sociedades comentadas efectivamente hicieron fue enajenar un activo bajo una condición (la obtención de la licencia), acto comprendido dentro las facultades que legalmente tienen las sociedades disueltas para concluir su liquidación.

No sobra agregar que la actuación de las sociedades disueltas en el trámite de la solicitud y obtención de la licencia cuestionada está amparada por el Decreto 1052 de 1998, “por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas”, norma vigente en la época de expedición del acto demandado, cuyos artículos 8º y 9º establecieron lo siguiente:

“ART. 8º—Titulares de licencias. Podrán ser titulares de licencias los titulares de derechos reales principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud(2).

ART. 9º—Solicitud de licencias, El estudio, trámite y expedición de licencias, se hará sólo a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas.

La expedición de la licencia conlleva por parte de la autoridad competente para su expedición la realización de las siguientes actuaciones, entre otras: el suministro de información sobre las normas urbanísticas aplicables a los predios objeto del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas aplicables se soliciten, el visto bueno a los planos necesarios para la construcción y los reglamentos de propiedad horizontal, la citación y notificación a vecinos y la gestión ante la entidad competente para la asignación, rectificación y certificación de la nomenclatura de los predios y construcciones con sujeción a la información catastral correspondiente.

PAR. 1º—Si durante el término que transcurre entre la solicitud de una licencia y la expedición de la misma, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten el proyecto sometido a consideración del curador de la entidad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, el titular tendrá derecho a que la licencia se le conceda con base en la norma urbanística vigente al momento de la radicación de la solicitud de la licencia, siempre que la misma haya sido presentada en debida forma.

PAR. 2º—La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados(3)”.

De acuerdo con el artículo 8º transcrito la única condición exigida para poder ser titular de licencias es la de ser titular de derechos reales principales, poseedor, propietario del derecho de dominio a título de fiducia y fideicomitente de las mismas fiducias, respecto de los inmuebles objeto de la solicitud; y no cabe duda de que las sociedades disueltas y en liquidación señaladas eran titulares del derecho de dominio sobre los inmuebles objetos de la solicitud de licencia, asunto que no discute el apelante y además se acreditó en el proceso mediante copias de los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.

Como de conformidad con el inciso primero del artículo 9º ibídem, procede el estudio, trámite y expedición de licencias solicitadas por quienes puedan ser titulares de las mismas, y la solicitud fue efectuada por sociedades que podían ser titulares, entonces procedía su estudio.

Finalmente, la expresión del parágrafo 2º ibídem según la cual “las licencias recaen sobre uno o más inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados”, implica que los inmuebles respecto de los cuales recae la licencia pueden ser enajenados, como en el presente caso lo fueron, caso en el cual el beneficiario de dicha enajenación puede hacer uso de la autorización para adecuar terrenos o realizar obras que en últimas constituye la licencia (arts. 1º y 2º ib.), de conformidad con el plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas (arts. 3º y 4º ib.)(4).

Aunque el demandante censuró al a quo por haberle atribuido el alcance de derechos reales a los derivados de la licencia, esto es, derechos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona, como los de dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca a que se refiere el artículo 665 del Código Civil, lo cierto es que al quo no hizo afirmación semejante y se limitó a reiterar el sentido del parágrafo segundo del artículo 9º del Decreto, esto es, a precisar que los beneficiarios de enajenaciones de inmuebles sobre los cuales recaigan licencias de urbanismo o construcción pueden hacer uso de ella en los términos y condiciones que ellas prevean.

En conclusión, la suspicacia de los demandantes acerca de la legalidad de la solicitud de la licencia por parte de las sociedades que la formularon carece de todo fundamento, porque nuestro ordenamiento jurídico está fundado en el principio de Estado de derecho.

Dicho principio autoriza a los particulares para hacer todo aquello que el ordenamiento no les prohíba, y en el presente caso a las sociedades que solicitaron la licencia cuestionada ninguna norma jurídica le prohibía celebrar un contrato de compraventa de inmueble orientado a finiquitar el proceso de su liquidación; y tampoco les prohibía someter dicho contrato a condiciones suspensivas, como en efecto lo hicieron al condicionarlo a la obtención de una licencia de urbanismo y construcción. Tampoco les estaba vedado, una vez obtenida la licencia, concluir la venta del inmueble, para que fuera el comprador quien hiciera uso de la autorización conferida por la misma, ejecutando el proyecto sobre la cual recaía.

El mismo principio de Estado de derecho establece que las autoridades pueden hacer aquello para lo cual están expresamente autorizadas, y en este caso no hay duda de que estaban autorizadas para tramitar y decidir la solicitud formulada por las sociedades mencionadas por el Decreto 1052 de 1998, “por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas”, particularmente por su artículo 9º.

Cabe resaltar que ninguna norma jurídica habilita a las autoridades demandadas para calificar si la solicitud de licencia de una empresa disuelta constituye un acto necesario para su liquidación, para continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución, o para concluir una venta de bienes sociales, actos y operaciones autorizadas para las empresas en dicha situación a la luz de los artículos 222 y 238 del Código de Comercio; o si, por el contrario, se trata de una operación nueva desautorizada por el artículo 222 comentado. Tampoco están facultadas dichas autoridades para negarse a tramitar licencias pretextando la configuración de la última situación descrita.

No sobra agregar que las competencias de las autoridades demandadas para tramitar y decidir solicitudes de licencia de construcción y de urbanismo, así como los trámites pertinentes y los requisitos exigidos, están reglados y ninguna de las normas nacionales y distritales invocadas por el actor impiden que las sociedades disueltas y en estado de liquidación soliciten y obtengan licencias de construcción.

6.2.2. El a quo decidió el séptimo cargo de la demanda con el argumento de que el artículo 43 del Decreto Distrital 737 de 1993, “por el cual se asigna y reglamenta el tratamiento general de desarrollo en las áreas urbanas de Santa Fe de Bogotá, D.C.”, que reglamenta los usos permitidos, no exige que el lote en el cual se vaya a desarrollar el proyecto deba estar situado sobre un eje metropolitano; lo cual no es cierto pues dicha norma sólo permite el comercio metropolitano clase III sobre lotes o predios que tengan frente sobre ellos (los ejes de tratamiento), o sobre zonas de uso público inmediatamente contiguas a la vía que genere el eje (para el caso la avenida novena).

6.2.2.1. Para decidir el cuestionamiento conviene transcribir el artículo que, a juicio del apelante, fue interpretado incorrectamente por el tribunal, el cual hace parte del “Capítulo III, normas específicas, Subcapítulo I, normas para las zonas residenciales especiales. Para una mejor comprensión se transcribe igualmente el artículo 42 que encabeza el mismo subcapítulo:

“ART. 42.—Para efectos de la aplicación de las normas específicas en las zonas residenciales especiales, estas se dividen en subzonas y ejes de tratamiento, así:

1. Con densidad autorregulable o resultante:

a. Subzonas: DREA-1 y DREA-2

b. Ejes locales: DREA-1 (E-LOC).

c. Ejes zonales viales: DREA-1 (E-ZON.V).

d. Ejes zonales de actividad: DREA-1 (E-ZON.A).

e. Ejes metropolitanos viales: DREA-1 (E. MET.V ) y DREA-2 (E.MET.V).

1. Con densidad restringida:

a. Subzonas: DRER-1 y DRER-2

b. Ejes metropolitanos viales: DRER-1 (E.MET.V), DRER-1 (E.MET.A) y DRER-2 (E.MET.V).

A. Subzonas y ejes de tratamiento con densidad autorregulable o resultante

Artículo 43.—Usos:

1. Usos permitidos en las siguientes subzonas y Ejes de Tratamiento:

— Subzonas: DREA-1 y DREA-2

— Ejes locales: DREA-1 (E-LOC)

— Ejes zonales viales: DREA-1 (E.ZON.V)

Principales

a. Vivienda

— En desarrollo urbanístico residencial por sistemas de loteo o agrupación.

Complementarios

a. Comercio de cobertura local (Clase IA y IB)

Institucional de influencia local (Clase I).

— En edificaciones aisladas de hasta dos (2) pisos que formen parte de agrupación residencial sin sobrepasar 2.000 m² de construcción.

— En manzanas de cobertura local pertenecientes a urbanización residencial, según lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del presente decreto.

Adicionalmente se permiten en el eje de tratamiento local, únicamente:

— En el primer piso de edificaciones destinadas al uso de vivienda pertenecientes a desarrollos urbanísticos residenciales.

1. Usos permitidos en los siguientes ejes de tratamiento:

Ejes zonales de actividad: DREA-1 (E.ZON.A):

Principales:

Vivienda.

• En desarrollos urbanísticos residenciales por sistemas de loteo o agrupación.

• Como parte integrante de desarrollo institucional de influencia local o zonal, sin posibilidad de generar lotes independientes para el uso de vivienda.

• Vivienda del celador en desarrollos comerciales.

Complementarios:

A Comercio de cobertura local (Clases I-A y I-B) Institucional de influencia local (Clase I):

• En el primer piso de edificaciones destinadas al uso de vivienda.

• En manzanas de cobertura local pertenecientes a urbanizaciones residenciales, según lo dispuesto en los arts. 11 y 14 del presente decreto.

• En edificaciones aisladas de hasta dos (2) pisos que formen parte de agrupaciones residenciales sin sobrepasar 2000 m² de construcción.

• En desarrollos comerciales de cobertura zonal.

• En desarrollos urbanísticos institucionales de influencia local, en predios con área útil no mayor a 2000 m², en cuyo caso el comercio se permite solamente como parte integrante del uso institucional, hasta 200 m² de construcción.

• En desarrollo institucional de influencia zonal en predios con área útil mayor a 2.000 m², en cuyo caso el comercio se permite únicamente como parte integrante del institucional.

Compatibles:

a. Comercio de cobertura zonal (Clase IIA y II-B), Institucional de influencia zonal (Clase II) y oficinas.

• En desarrollos urbanísticos residenciales únicamente en manzanas o lotes de cobertura zonal, según lo dispuesto en los Arts. 11 y 14 de presente decreto.

• En desarrollo urbanístico comercial de cobertura zonal, por sistema de loteo o agrupación.

Adicionalmente se permite:

• El uso institucional, en desarrollo institucional zonal en predios con área útil mayor a 2000 m².

• El uso de oficinas, como parte de edificación, perteneciente a desarrollo urbanístico institucional de influencia zonal.

a. Industria (Clase I-A):

• En desarrollos comerciales zonales, como parte integrante de la edificación destinada a los uso comerciales.

3. Usos permitidos en los siguientes ejes de tratamiento: Ejes metropolitanos viales: DREA-1 (E.MET.V) y DREA-2 (E. MET.V).

Principales:

Vivienda:

• En desarrollo urbanístico residencial por sistema de agrupación únicamente.

• Como parte integrante de desarrollo urbanístico institucional de influencia metropolitana sin posibilidad de generar lotes para usos de vivienda. .

• Vivienda del celador en desarrollos comerciales.

Complementarios:

a. Comercio de cobertura local (Clases IA y I-B), Institucional de influencia local (Clase I):

• En el primer piso de edificaciones destinadas al uso de vivienda pertenecientes a agrupación residencial.

• En edificaciones aisladas de hasta dos (2) pisos sin sobrepasar 2.000 metros cuadrados de construcción, pertenecientes a agrupación residencial.

• En manzanas comerciales de cobertura local pertenecientes a agrupación residencial, según lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del presente decreto.

• En desarrollo institucional de influencia metropolitana, en cuyo caso el comercio se permite únicamente como parte integrante del uso institucional sin posibilidad de generar lotes independientes.

• En edificaciones o parte de edificaciones pertenecientes a desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana.

Compatibles:

Se exceptúan de la posibilidad de desarrollar usos compatibles los siguientes ejes metropolitanos viales reglamentados por la presente tipología: Avenida Circunvalar en toda su extensión y transversal de Suba cuando esta atraviesa áreas comprendidas entre las cotas 2.600-2.650. En el resto de los ejes metropolitanos viales podrán desarrollarse los siguientes usos:

a. Comercio de cobertura zonal (Clase II A y II B), Institucional de influencia zonal (Clase II), oficinas.

• Como edificación o parte de edificación perteneciente a desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana.

Adicionalmente se permiten:

• Los usos institucional y de oficinas como edificación o parte de edificación perteneciente a desarrollos urbanísticos institucionales de influencia zonal metropolitana.

a. Comercio de cobertura metropolitana (Clase III-A), Institucional de influencia metropolitana (Clase III) excluyendo los servicios metropolitanos especiales.

• En manzanas de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas pertenecientes a agrupación residencial, según lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del presente decreto.

Adicionalmente se permiten:

El comercio, en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas, por sistema de agrupación.

• El institucional en desarrollo urbanístico institucional de influencia metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas.

a. Industria (Clase I-A):

• Únicamente como parte de edificación dentro de desarrollo urbanístico comercial de cobertura zonal o metropolitana.

• De acuerdo con los textos subrayados, y en especial en el numeral 3º del artículo 43 transcrito, en las zonas residenciales especiales está autorizado un uso compatible en todos los ejes metropolitanos viales (salvo en la avenida Circunvalar en toda su extensión y transversal de Suba cuando esta atraviesa áreas comprendidas entre las cotas 2.600-2.650) correspondiente a “Comercio de cobertura metropolitana (Clase III-A).... El hecho de que el literal a) poster.

• El comercio, en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas, por sistema de agrupación.

• El institucional en desarrollo urbanístico institucional de influencia metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas.

b. Industria (Clase I-A):

• Únicamente como parte de edificación dentro de desarrollo urbanístico comercial de cobertura zonal o metropolitana.

b. Comercio de cobertura metropolitana (Clase III-A), institucional de influencia metropolitana (Clase III) excluyendo los servicios metropolitanos especiales.

• En manzanas de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas pertenecientes a agrupación residencial, según lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del presente decreto.

Adicionalmente se permiten:

• El comercio, en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas, por sistema de agrupación.

• El institucional en desarrollo urbanístico institucional de influencia metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas.

c. Industria (Clase I-A):

• Únicamente como parte de edificación dentro de desarrollo urbanístico comercial de cobertura zonal o metropolitana”.

Al examinar el artículo 43 transcrito, el a quo resaltó el aparte que señala: “3. Usos Permitidos en los siguientes ejes de tratamiento: Ejes metropolitanos viales: DREA-1 (E. MET. V) y DREA-2 (E. MET. V.); y en el acápite denominado “Adicionalmente se permiten: El comercio, en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos hectáreas por sistema de agrupación”, y agregó que de acuerdo con el texto transcrito no es correcta la conclusión de los demandantes de que por las características del predio al cual se concedió la licencia para instalación de comercio de cobertura metropolitana clase IIIA, deba estar situado sobre un eje metropolitano vial.

La interpretación que el a quo hizo del texto transcrito es equivocada, tal como lo afirmó el apelante, porque todas las referencias a la posibilidad de desarrollos urbanísticos comerciales de cobertura metropolitana están comprendidos dentro del uso compatible que corresponde a los ejes metropolitanos viales: DREA-1 (E.MET.V) y DREA-2 (E. MET.V), regulados por el numeral 3º del artículo 43 comentado; y porque de acuerdo con el artículo 7º ibídem(5), las áreas de influencia y accesibilidad en ejes de tratamiento, que es la distancia máxima hasta la cual se pueden desarrollar usos permitidos señala en el literal a) que para ejes de tratamiento metropolitano (E.MET.A y E.MET.V), como el que fue objeto de la licencia demandada, será hasta de doscientos cincuenta (250) metros a partir del eje de la vía V-O y doscientos (200) metros en las demás vías arterias, y precisa además que “Las disposiciones referidas al desarrollo sobre ejes de tratamiento se aplican a los predios o lotes que tengan frente sobre ellos o sobre zonas de uso público inmediatamente contiguas a la vía que genera el eje, sin sobrepasar el área de influencia.

De acuerdo con las normas transcritas, en las zonas residenciales especiales solamente es posible desarrollar usos permitidos frente a ejes de tratamiento metropolitano en predios que tengan frente sobre dichos ejes o sobre zonas de uso público inmediatamente contiguas a la vía que genera el eje, tal como lo afirmaron los demandantes.

No obstante la errada interpretación del a quo, el cargo en estudio no prosperará porque la licencia recayó sobre un predio que tenía frente sobre un lote que constituía espacio público a la luz de las disposiciones que rigen dicho concepto, inmediatamente contiguo a la vía, como lo exigen los artículos 7º y 23 comentados.

— El apelante pretende desvirtuar la afirmación anterior, que sirvió de fundamento a la sentencia en estudio, asegurando que: a) frente al predio objeto de la licencia existía un asentamiento denominado San Pedro Ferrocarril, que no estaba sobre espacio público porque los predios que lo conforman eran de propiedad privada como lo demuestran algunas sentencias judiciales dictados en procesos de pertenencia; b) La zona mencionada solo adquirió la connotación de espacio público después de proferida la licencia demandada cuando el Estado, ante la imposibilidad jurídica y material de evacuar por la fuerza a sus ocupantes, adquirió algunas de las posesiones; c) no es cierta la afirmación del a quo según la cual en el proceso no se probó la existencia del asentamiento mencionado, puesto que los planos y certificados de las autoridades indicaban que sí existieron; y el certificado del Departamento Administrativo de Planeación Distrital que señala que en su archivo general y en su planoteca y en el plano topográfico U280/1 no figura ningún tipo de asentamiento sobre la transversal 9ª sino únicamente una zona de protección ambiental con un ancho de 10.00 metros; desconoce que el predio mencionado sí tenía casas de particulares y todavía las tiene en la manzana que queda hacia el sur del proyecto. d) El tribunal desconoció que el plan de desarrollo, las normas de planeación y los planos, no tienen aptitud para modificar la titularidad del dominio de inmuebles, se limitan a señalar su ubicación. Los bienes particulares no desarrollados contemplados en planes de infraestructura urbana sólo se convierten en públicos cuando ingresan al patrimonio del Estado por compra o cesión.

Lo que pretende el apelante, en suma, es desvirtuar la afirmación contenida en el fallo acerca de la existencia de una zona que tiene la condición de espacio público, ubicada entre el predio objeto de la licencia demandada y la carrera 9ª, aduciendo que no podía tener ese carácter porque los predios ubicados en dicha zona eran propiedad privada, y solo se incorporaron al patrimonio público con posterioridad a la expedición de la licencia.

A juicio de la Sala esta afirmación del apelante revela una comprensión equivocada tanto del fallo como del concepto de espacio público.

En efecto, el fallo no afirma que la zona comprendida entre el costado occidental del predio objeto de la licencia demandada y la carrera 9ª sea de propiedad estatal sino que constituye parte del espacio público por las siguientes razones:

El artículo 70 del Acuerdo 6 de 1990 define dicho concepto como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los limites de los intereses privados de los habitantes. Dispone también que constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación vehicular y peatonal, para la recreación pública, para seguridad y tranquilidad ciudadana, entre otros, y los elementos naturales del entorno de la ciudad y en general todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente, y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o disfrute colectivo.

No hay duda que la expresión zona de uso público, utilizada por el artículo 7º del Decreto Distrital 737 de 1993 al regular el desarrollo de usos sobre ejes de tratamiento, no corresponde al de bien de propiedad pública, pero sí al de zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente, y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o disfrute colectivo, concepto este que hace parte de la definición de espacio público prevista en artículo 70 del Acuerdo 6 de 1990.

No sobra agregar que esta definición reproduce la noción de espacio público del artículo 5º de la Ley 9ª de 1989(6), y que una y otra desarrollan el artículo 82 superior que prescribe que “Es deber del Estado velar por la pretensión de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilizaron del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.

A partir de las nociones anteriores el a quo consideró que el espacio público está integrado tanto por inmuebles de propiedad del Estado como de propiedad privada, y estimó que la zona ubicada entre el costado occidental de la carrera 9ª y el predio objeto de la licencia de construcción tenía el carácter de espacio público porque hacían parte de terrenos privados destinados al uso público tanto por voluntad de sus propietarios como de la administración distrital.

Para demostrarlo sostuvo que el oficio 062718 de 13 de agosto 13 de 2001 del IDU y R2-2-2000-00704S de la jefe regional 2 del DAPD, obrantes a folios 2650 a 2669 del cuaderno de pruebas VIII, los cuales dan cuenta de unas escrituras de cesión de los terrenos situados a lado y lado de la zona férrea, al paso del desarrollo San Pedro, que datan de 1940, de las que se deduce la existencia de títulos antecedentes acorde con los cuales desde hace mas de 50 años tal franja fue destinada por los propietarios al uso público.

Agrega la Sala que la escritura pública 844 de 5 de marzo de 1945 de la Notaría Quinta, a que aluden los documentos descritos, fue registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50 N-605478.

La copia de dicho folio, fechada el 21 de mayo de 1999, fue aportada por los promotores del proyecto para identificar el inmueble objeto de la licencia, y figura a folio 80 del cuaderno anexo 11, contentivo de los anexos a la contestación de la demanda de la curaduría 2. En el aparte relacionado con la cabida y linderos del predio, reza textualmente:

“...Lote de terreno situado en jurisdicción del municipio de Usaquén con todas sus anexidades, usos y dependencias, el cual...se haya comprendido dentro de los siguientes linderos: por el norte, en extensión de 130,30 metros, con camino amplio de por medio, con la Hacienda de El Colegio, por el sur: en extensión de 124.50 metros, con el lote 13, del plano de granjas de la Hacienda de Contador, sector oriental, protocolizado por medio de la escritura 844 de 5 de marzo de 1945 de la Notaría Quinta de 4096, Círculo de Bogotá (sic), por el oriente: en extensión de 109.20 metros con zona de 50 metros que los otorgantes comuneros destinaron para vía pública, denominado Avenida Cundinamarca; y por el occidente: en extensión de 146.30 metros, con el lote 18 (...)”

En el folio descrito los comuneros que otorgan la escritura utilizan el verbo destinar, expresión que no expresa de manera inequívoca el efecto jurídico que le ha dado. Sin embargo, en el contexto en que está utilizada puede ser entendido como una cesión gratuita a favor del Distrito Capital, figura de uso común cuando los particulares desean transferir la propiedad de sus bienes a las autoridades para la construcción de obras públicas y que en este caso parece la más apropiada puesto que la anotación referida no expresa el interés de conservar el dominio de los 50 metros destinados para vía pública denominada Avenida Cundinamarca por parte de los otorgantes, sino permitir que sea utilizada en la construcción de dicha vía sin que se aluda a algún tipo de remuneración.

Esta interpretación tiene apoyo en el artículo 1618 del Código Civil Colombiano, de acuerdo con el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras y en el artículo 1620 ibídem que establece que “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.

Pero, aún en el evento de que la anotación descrita no pudiera interpretarse como una cesión gratuita del dominio de la franja de terreno señalado a favor del Estado, esta hace parte del espacio público de la ciudad, porque dicha condición no depende necesariamente de la existencia de dicha cesión, mecanismo sin duda idóneo para que bienes privados destinados a integrar el espacio público pasen al patrimonio del Estado(7), de la existencia de una medida administrativa de afectación, como equivocadamente afirmó el apelante, ni de la voluntad de las partes.

Una concepción semejante desconoce que conforme a los artículos 70 del Acuerdo 6 de 1990 y 5º de la Ley 9ª de 1989, aún si el particular conserva el dominio y su predio no es objeto de afectación mediante decisión administrativa, tiene la condición de espacio público si está destinado a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, si se requiere para la circulación vehicular y peatonal, o para la seguridad ciudadana, máxime cuando, como en el presente caso, existía un interés colectivo manifiesto y conveniente en dicha destinación, en vista de que se había proyectado construir la Avenida Cundinamarca o carrera 9ª, como efectivamente se construyó.

La cesión gratuita y la afectación administrativa constituyen instituciones que garantizan el ordenamiento físico y jurídico de la ciudad y los derechos colectivos de los particulares, pero su falta de aplicación respecto de bienes que constituyen el espacio público no priva a dichos bienes de esa condición.

Prueba de que sí es posible predicar la condición de espacio público respecto de terrenos que no han sido objeto de cesiones gratuitas ni de medidas de afectación administrativa la encontramos en el mismo Acuerdo 06 de 1990, cuyo artículo 71 establece que para todos los fines legales, en terrenos sin urbanizar en relación con los cuales se tramiten o se hayan obtenido licencias de urbanización, “...las áreas o zonas de terreno destinadas al uso público estarán siempre afectas a ese fin específico, con el solo señalamiento que se haga de ellas en el plano de proyecto general, aún cuando permanezcan dentro del dominio privado...”(8) y el artículo 72 ibídem, de acuerdo con el cual “se considerarán también como de uso público y como parte del espacio público, aún sin que haya mediado cesión o entrega de las mismas al Distrito Especial de Bogotá y aún sin haber sido destinadas a tales fines en planteamiento urbanístico de urbanizador responsable, las áreas destinadas a vías, las destinadas a zonas verdes de uso público, las destinadas a equipamiento comunal público y las destinadas a la ronda o área forestal protectora en ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales que figuren como tales en los planos adoptados como parte integrante de los actos administrativos de legalización de barrios, asentamientos o desarrollos ilegales o clandestinos”(9).

En lo que concierne al caso que nos ocupa, el oficio 31670 de marzo 28 de 2000 expedido por el IDU (obrante a fls. 36 y 37 del cdno. pruebas X), remitido como anexo del oficio 062718 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, da cuenta de la adopción del plan de desarrollo distrital mediante el Decreto 295 de 1995, determinante del programa de obras viales para 1996 y 1997, una de cuyas obras prioritarias fue la avenida 9ª con calle 134.

El oficio STAP 3400 de enero de 2000 del director técnico de construcciones y director técnico legal del IDU, expresa igualmente que la franja de terreno comentada es parte de la vía proyectada, por tanto constituye espacio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Acuerdo 6 de 1990.

Pero, los documentos anteriores no son los únicos que dan cuenta de uso público de la franja de terreno ubicada entre el predio objeto de la licencia demandada y la carrera 9ª.

De acuerdo con las copias de los planos topográficos U 280/1 y U280/1-1 aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la zona comentada figura como parte de la reserva vial o sobreancho de la avenida 9ª (ver cuaderno de pruebas XIII); destinación que está conforme con lo previsto en el folio de matrícula 50 N-605478 que, se insiste, se acompañó con la solicitud de licencia de urbanismo y construcción por parte de los interesados.

Conviene anotar en este punto que la inclusión en los planos señalados de las zonas de reserva vial por parte del Departamento Administrativo de Planeación corresponde a una atribución que le confirió el Decreto Distrital 323 de 1992, “Por el cual se reglamentan las zonas viales de uso público en lo referente a las áreas para el sistema vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las urbanizaciones y el equipamento vial”.

Dicho decreto definió en el artículo 2º las zonas de reserva vial como “las áreas, franjas de terreno o inmuebles, necesarios para la futura construcción o ampliación de vías públicas...”; en el artículo 3º estableció que “el plan vial general es el conjunto global de las zonas viales construidas y zonas de reserva para futuros proyectos viales, que tienen como fin específico permitir la movilización de personas y bienes en los distintos medios de transporte...” en los artículos 4º y 5º se refirió a la caracterización para el sistema vial arterial y la clasificación de ancho de vías y en el artículo 6º señaló:

“ART. 6º—El trazado y zonas de reserva para las vías anteriormente enumeradas, serán fijadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital con base a estudios sobre: uso de la vía, proyección de demanda de viajes, condiciones predominantes de tráfico, usos aledaños y en general las condiciones del sector”.

En el proceso no hay evidencia de que la inexistencia de la Urbanización San Pedro Ferrocarril en los planos mencionados y en la cartografía oficial cuando se definió la solicitud de licencia haya sido consecuencia de una omisión culposa de la administración distrital ni un afán de negar la realidad de su existencia física, como sugiere el apelante, sino la consecuencia de la negativa del Departamento Administrativo de Planeación Distrital en legalizar lo que consideraba una invasión ilegal del espacio público, circunstancia que dio lugar a procesos de restitución de dicho espacio ordenada mediante Resolución MSCH 161 de 17 de diciembre de 1998 de la Alcaldía Local de Usaquén (exp. 001 - 97), confirmada por acta 003 de 3 de febrero de 2000 del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá allegados al proceso, documentos que obran en el cuaderno anexo a la contestación de la demanda presentada por Almacenes Éxito S.A.

Esa fue la razón por la cual dicho asentamiento no se había incorporado como predio urbano en las planchas a escala 1: 2000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En conclusión, la consideración de que el terreno sobre el cual recayó la licencia cuestionada tenía frente sobre una zona destinada a la reserva vial de la carrera 9ª y por tanto sobre una vía que hacía parte de un eje vial metropolitano, adoptado por la curaduría urbana 2 tenía fundamento en los planos que sirvieron de fundamento a su decisión; en el folio de matrícula inmobiliaria 50 N-605478 examinado previamente; en el Decreto Distrital 323 de 1992, “Por el cual se reglamentan las zonas viales de uso público en lo referente a las áreas para el sistema vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las urbanizaciones y el equipamento vial” y en el plan de desarrollo adoptado mediante el Decreto 295 de 1995, que estableció el programa de obras viales para 1996 y 1997, una de cuyas obras prioritarias fue la avenida 9ª con calle 134.

Conviene anotar que cuando se otorgó viabilidad al uso compatible, y se emitió concepto favorable del proyecto arquitectónico para el desarrollo del almacén Éxito Country Comodoro, actos que se produjeron el 24 de mayo de 1999 por oficio 2-1999-07945 y el 06 de octubre del mismo año por oficio 2-1999-18644; así como cuando se profirió la Resolución CU2 99 - 195 del 7 octubre de 1999, por la cual la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá concedió a las Sociedades Parques del Country S.A. y Torres La Castellana S.A., licencia de urbanización para el predio Country Comodoro y licencia de construcción para el desarrollo comercial de cobertura metropolitana denominado Éxito Country, no había siquiera lugar a considerar la existencia de propiedad privada sobre la zona que comunica dicho predio con la carrera 9ª, puesto que las sentencias dictadas en procesos de pertenencia sobre dicha zona, a las que alude el apelante, fueron registradas los días 19 de noviembre de 1999 y 8 de febrero de 2000, como consta en las copias de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20336715, 50N-20336713, 50N-20336711 y 50N-20337956, que obran en copia auténtica a folios 352 y siguientes del cuaderno 1.

El hecho de que las resoluciones que decidieron los recursos de reposición y el de apelación contra la licencia comentada se profirieran entre el 15 de diciembre de 1999 y el 8 de marzo de 2000,(10) cuando se habían registrado algunas de las sentencias dictadas en los procesos de pertenencia, tampoco desvirtúa la condición de uso público de los predios señalados puesto que, aún considerados de propiedad privada debían soportar la destinación a reserva vial por parte de las normas urbanísticas comentadas.

Respecto de las censuras que el apelante formuló contra la decisión de la administración de adquirir los predios que fueron declarados de propiedad privada en los correspondientes procesos de pertenencia, no se pronunciará la Sala puesto que esa decisión no fue objeto de juicio de legalidad en este proceso. Tampoco le corresponde a esta Sala establecer las razones por las que la jurisdicción ordinaria declaró la prescripción adquisitiva de dominio sobre una zona que de acuerdo con lo probado en este proceso correspondía al espacio público. Será esa misma jurisdicción quien examine la legalidad de dichas decisiones al decidir los recursos extraordinarios de revisión que se interpusieron en su contra y de los cuales da cuenta el director técnico de predios del IDU mediante oficio 012036 remitido al proceso. A la Sala le basta con constatar que el terreno ubicado entre el predio objeto de la licencia y la avenida 9ª tenía el carácter de espacio público para mantener incólume la legalidad del acto demandado.

6.2.3. El apelante expresó un tercer motivo de inconformidad con la forma en la que el a quo decidió el cargo décimo, relacionado con la violación de los artículos artículo 442 del Acuerdo Distrital 6 de 1990, 20 del Decreto Distrital 734/93 y 43 del Decreto Distrital 737 de 1993.

Según esta acusación, los actos demandados concedieron un uso compatible para un desarrollo por el sistema de agrupación, sobre la consideración de que se trataba de una supermanzana única e indivisa, a pesar de que el proyecto no contemplaba un mínimo de dos inmuebles de propiedad privada obtenidos a partir de los lotes resultantes del proceso de urbanización, ni áreas de copropiedad como lo exige el artículo 442 del Acuerdo Distrital 6 de 1990.Tampoco contemplaba la división de una manzana en super lotes y un régimen de copropiedad, como lo exige el artículo 20 del Decreto Distrital 734 de 1993.

En la misma acusación se señaló que el artículo 43 del Decreto 737 de 1993, solo permite “el comercio...en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área mínima de dos hectáreas por el sistema de agrupación”, y que por lo anterior no era posible aprobar un proyecto para un solo predio de 20000 m2 argumentando que es una agrupación de locales por propiedad horizontal; de donde concluyó que dicha norma sólo permite aprobar un proyecto localizado en un solo predio si este tiene 20000 m2 y pertenece a una agrupación residencial; y si se pretende desarrollar el comercio en predios menores, éstos deben pertenecer a un desarrollo urbanístico de cobertura metropolitana, por el sistema de agrupación con área útil mínima de 20000 m2.

A juicio del apelante el a quo desestimó la acusación referida porque no comprendió que el proyecto de comercio metropolitano clase III estaba ubicado en una zona residencial y, como consecuencia de ello, sólo podía ubicarse en manzanas pertenecientes a agrupación residencial, pues así lo exige el literal b) numeral 3º del artículo 43 del Decreto Distrital 737 de 1993.

Explicó que de acuerdo con dicha norma algunos barrios tienen un centro comercial en su interior, v. gr., Metrópolis y Unicentro.

Las afirmaciones anteriores no hacen sino reiterar la acusación formulada en la demanda, razón por la que Sala procederá a su estudio.

Lo primero que debe advertirse al avocar el estudio de este cargo es que efectivamente la Resolución de la Curaduría Urbana 2 CU2 - 99 – 195, por la cual se aprueba el proyecto urbanístico y arquitectónico del desarrollo comercial de cobertura metropolitana III A, denominado Éxito Country...se concede licencia de urbanización y licencia de construcción...”, señaló en el artículo 6º de la parte resolutiva, II, numeral 1º, lo siguiente:

“... Tipo de desarrollo urbanístico: comercial de cobertura metropolitana por sistema de agrupación, para el cual se han previsto las condiciones y medidas de tipo urbanístico vigentes.

El desarrollo comercial de cobertura metropolitana se considera excluyente de cualquier otro tipo de desarrollo debiendo aparecer como desarrollo único dentro de la súper-manzana (D. 737/93, art.14 num. 5º). Por lo tanto no se permite la subdivisión predial de la misma en unidades de terreno con áreas menores”.

La concesión de licencia comentada para un tipo de desarrollo comercial metropolitano excluyente de cualquier otro tipo de desarrollo dentro de una súper-manzana se ajusta a las previsiones contenidas en el Decreto 737 de 1993, “por el cual se asigna y reglamenta el tratamiento general de desarrollo en las áreas urbanas de Santa Fe de Bogotá, D.C.”, cuyo 14 artículo justifica dicha medida en la necesidad de controlar los impactos de desarrollo de gran magnitud.

En efecto, dispone el artículo 14 comentado lo siguiente:

“ART. 14.—Control de impactos. Para controlar los impactos que unos usos puedan ocasionar en estructuras destinadas a otros, la ubicación de los diferentes tipos de desarrollo, se regula por lo siguiente:

(...) “5. Los desarrollos comerciales metropolitanos se consideran excluyentes de cualquier otro tipo de desarrollo, debiendo aparecer como desarrollo único dentro de la correspondiente manzana o supermanzana”.

El hecho de que los desarrollos comerciales metropolitanos deban aparecer como desarrollo único dentro de la correspondiente manzana o supermanzana, justifica a su vez la prohibición de subdividir el predio sobre el que recae la licencia en unidades de terreno con áreas menores, prohibición establecida igualmente en el aparte transcrito de la Resolución CU2 - 99 - 195 demandada.

En efecto, la consecuencia de dividir las manzanas o, para nuestro caso una supermanzana, sería la constitución de áreas aptas para adelantar otros procesos de desarrollo por construcción en edificaciones independientes, como lo establece el artículo 20 del Decreto 734 de 23 de noviembre de 1993, por el cual se reglamenta el proceso de desarrollo por urbanización en las áreas urbanas de Santa Fe de Bogotá, D.C., cuyo Capítulo III regula la “subdivisión dentro del proceso de desarrollo por urbanización” y señala lo siguiente:

“ART. 20.—Lotes y superlotes. La división de las manzanas y supermanzanas se hará por lotes o superlotes, así:

1. Superlote. Producto de la subdivisión predial de una manzana para albergar agrupaciones, esto es, generando áreas de copropiedad. Su área máxima es de hasta una 1) Hectárea. Siempre que se hable de sistema de agrupación se entenderá localizado en un superlote.

2. Lote: Producto final de la subdivisión predial de una manzana o superlote en áreas aptas para adelantar procesos de desarrollo por construcción en edificaciones independientes.

Los proyectos urbanísticos podrán contemplar la división del terreno en manzanas y supermanzanas, para posteriormente proceder a la división de ellas en lotes o superlotes; en su defecto, simultáneamente se pueden plantear ambos tipos de división pero en todo caso la reglamentación que se expida para la urbanización establecerá las áreas mínimas de los lotes.

PAR.—Las subdivisiones de las manzanas y supermanzanas en unidades menores no implicará la reforma de las resoluciones reglamentarias, excepto si generan nuevas vías peatonales, vehiculares u otras obras de urbanismo”.

La posibilidad de adelantar procesos de desarrollo por construcción en edificaciones independientes en los lotes que resulten de la subdivisión de las manzanas y supermanzanas es incompatible con la disposición del artículo 14-5 del Decreto 737/93 comentado, según el cual “Los desarrollos comerciales metropolitanos se consideran excluyentes de cualquier otro tipo de desarrollo, debiendo aparecer como desarrollo único dentro de la correspondiente manzana o supermanzana”.

Ahora, lo que motiva el cuestionamiento del apelante es que el tipo de desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana al que se concede licencia se describe como “por sistema de agrupación”, expresión que puede en realidad dar lugar a equívocos porque en algunos contextos de las normas urbanísticas del Distrito Capital dicha expresión significa precisamente la posibilidad de subdividir predialmente los terrenos urbanizables.

En efecto, el mismo Acuerdo 6 de 1990 citado previamente, “Por medio del cual se adopta el estatuto para el ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones”, regula en los artículos 435 y siguientes lo concerniente a la “división predial”.

El artículo 435 ibídem la define como “toda división o subdivisión de lotes de terreno, edificados o no, así como su segregación de otros globos de mayor extensión, de manera que de la segregación resulten dos o más inmuebles de dimensiones menores que las de aquel a partir del cual tuvieron origen”, para lo cual se requiere “licencia expedida por el Distrito Especial de Bogotá, a través del Departamento Administrativo de Planeación Distrital”. El artículo 442 ibídem por su parte define el concepto de sistema de agrupaciones así:

“ART. 442.—Sistema de agrupaciones. Consiste en la propuesta de producir dos o más inmuebles de propiedad privada, a partir de los lotes resultantes del proceso de desarrollo por urbanización, a los cuales, con dicho propósito, se les somete a diversas formas de propiedad común, como en el caso de los regímenes de propiedad horizontal o de copropiedad.

PAR. 1º—El sistema de agrupaciones definido en este artículo puede desarrollar unidades de construcción con diseño arquitectónico unificado o unidades de lotes para posterior construcción individual bajo normas de agrupación de lotes.

PAR. 2º—Las normas específicas señalarán las reglas para el desarrollo por el sistema de agrupaciones en los decretos de asignación de tratamiento, en los casos en que este sistema se considere el más apropiado para el cabal aprovechamiento del suelo urbano .

Por su parte, el artículo 303, que hace parte del Capítulo V del mismo Acuerdo 6 de 1990, regula los usos comerciales y actividades mercantiles de servicios, y utiliza la expresión agrupación para referirse de manera específica al comercio de cobertura metropolitana (clase III) del mismo modo que lo utilizó el acto demandado, así:

“ART. 303.—Comercio de cobertura metropolitana (clase III). Comprende los usos comerciales orientados a satisfacer demandas de bienes y servicios generados en toda la ciudad mediante la oferta concentrada de gran variedad de bienes.

Este comercio se presenta en dos modalidades:

Como agrupación de establecimientos de venta de bienes y servicios que conforman unidades arquitectónicas y urbanísticas y comparten zonas y servicios comunales (centros comerciales, empresariales, etc.).

En establecimientos únicos con oferta diversificada de bienes. (Almacenes por departamentos, centros de exposición, etc.). Estos establecimientos pueden formar o no parte de los anteriores.

Presentan las siguientes características principales:

• Se presentan en edificaciones o agrupaciones de gran magnitud especialmente diseñadas para tal fin

• Prestan servicios en horarios laborales especiales con afluencia concentrada en horas, días y temporadas determinadas.

• Constituyen centros de empleo con afluencia y permanencia muy altas de trabajadores. El acceso, tanto de éstos como de los usuarios, se efectúa en forma vehicular, ya sea mediante la utilización de transporte público o privado. Requieren por lo tanto estar ubicados sobre vías del plan vial arterial y contar con amplias zonas de estacionamiento.

• Se abastecen mediante vehículos medianos o pesados para lo cual requiere zonas especializadas de cargue y descargue.

• Debido a la permanencia de usuarios y empleados en los establecimientos, requieren servicios complementarios como parte de la edificación o conjunto comercial.

• Tienden a generar comercio clase II a su alrededor.

Por sus características físicas y funcionales se considera un tipo de comercio de alto impacto urbanístico, que requiere soluciones particulares para cada caso en el cual se proponga su desarrollo”.

Por lo expuesto, la concesión de licencia para un tipo de desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana por sistema de agrupación no entraña en absoluto la aplicación del concepto de agrupación a que se refiere el artículo 442 del Acuerdo Distrital 6 de 1990 ni la división de la supermanzana unidades prediales más pequeñas como exige el artículo 20 del Decreto Distrital 734 de 1993 sino la utilización del concepto de agrupación prevista en el artículo 303 en vista de que la licencia fue solicitada para el desarrollo de un almacén por departamentos y 25 locales comerciales, teniendo en cuenta, como lo afirmó el a quo, que el anteproyecto inicialmente presentado fue retirado y presentado de nuevo, con variaciones y ajustes durante su trámite.

Finalmente, el acto acusado tampoco violó el artículo 43 del Decreto 737 de 1993, que al reglamentar en el Capítulo III, normas específicas, Subcapítulo I, normas para las zonas residenciales especiales, reglamentó lo concerniente a los usos permitidos así:

“...3. Usos permitidos en los siguientes ejes de tratamiento: Ejes metropolitanos viales: DREA-1 (E.MET.V) y DREA-2 (E. MET.V).

Principales (...)

Complementarios (...)

Compatibles (...)

Se exceptúan de la posibilidad de desarrollar usos compatibles los siguientes ejes metropolitanos viales reglamentados por la presente tipología: Avenida Circunvalar en toda su extensión y transversal de Suba cuando esta atraviesa áreas comprendidas entre las cotas 2.600-2.650. En el resto de los ejes metropolitanos viales podrán desarrollarse los siguientes usos:

b. Comercio de cobertura zonal (Clase II A y II B), Institucional de influencia zonal (Clase II), oficinas.

— Como edificación o parte de edificación perteneciente a desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana.

Adicionalmente se permiten:

Los usos institucional y de oficinas como edificación o parte de edificación perteneciente a desarrollos urbanísticos institucionales de influencia zonal metropolitana.

b) Comercio de cobertura metropolitana (Clase III-A), Institucional de influencia metropolitana (Clase III) excluyendo los servicios metropolitanos especiales.

• En manzanas de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas pertenecientes a agrupación residencial, según lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del presente decreto.

Adicionalmente se permiten:

• El comercio, en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas, por sistema de agrupación.

• El institucional en desarrollo urbanístico institucional de influencia metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas.

(...)”.

Para insistir en su tesis de que el otorgamiento de la licencia estaba condicionada a que el solicitante cumpliera con las reglas relacionadas con la división de predios reglamentada bajo la figura de la agrupación, el apelante afirmó que el aparte del literal b) del artículo 43-3 del Decreto 737 de 1993 que se aplica a los usos de los comercios de cobertura metropolitana es el que señala que se permite el comercio de cobertura metropolitana (Clase III-A) “En manzanas de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas pertenecientes a agrupación residencial...”.

Esa afirmación es equivocada porque dicho texto se refiere a predios pertenecientes a agrupaciones residenciales, que no es el caso porque el predio sobre el cuál recae la licencia no pertenece a ninguna agrupación, esto es, no hace parte de un predio que se haya propuesto dividir o lotear, sino que constituye una supermanzana indivisible

El aparte que sí se aplica al predio objeto de la licencia es el que señala: “adicionalmente se permiten: El comercio, en desarrollo urbanístico comercial de cobertura metropolitana en predios con área útil mínima de dos (2) hectáreas, por sistema de agrupación.

Mientras el texto invocado por el apelante se refiere a desarrollos residenciales, el segundo se refiere a desarrollos comerciales, como el caso que nos ocupa, y mientras aquel utiliza el concepto de agrupación en el sentido de división de predios, este utiliza la expresión agrupación en el sentido del artículo 303 del Acuerdo 6 de 1990, esto es, como agrupación de establecimientos de venta de bienes y servicios que conforman unidades arquitectónicas y urbanísticas y comparten zonas y servicios comunales (centros comerciales, empresariales, etc.).

6.2.4. Finalmente, el apelante afirmó que el a quo incurrió en error al decidir el cargo décimo primero, de acuerdo con el cual la licencia demandada violó el artículo 410 del Acuerdo 06 de 1990(11) y el artículo 43 del Decreto Distrital 737 de 1993, que establecen que el área útil del proyecto no será inferior a 20000 m2, pues en este se calculó como área útil y por tanto propiedad privada, áreas que debían cederse gratuitamente al Distrito Capital por constituir espacio público, de tal manera que en promedio ello reduciría el área útil en 4000 m2.

El a quo estimó que el demandante no aportó prueba que acreditara la acusación descrita y por ello mantuvo incólume la legalidad de la licencia demandada; el apelante cuestionó su decisión porque los “bienes privados de uso público no existen y por eso el lote no cumplía ni cumple con la extensión de 20000 m2 requerida” por el literal b) del numeral 3º del artículo 43 del Decreto Distrital 737 de 1993, como se puede demostrarse mediante prueba pericial, y también por los argumentos de los demandados, quienes afirman que sí tiene la extensión requerida “porque existe una vía privada que es vía pública”, lo cual no es posible porque si se trata de un bien privado entonces su uso, goce y disposición corresponde a un particular, y si es público su uso corresponde a todos, nadie puede gozarlo y pierde el dominio su dueño.

El cuestionamiento reseñado no tiene vocación de prosperidad, en primer término, porque cuestiona un argumento según el cual las vías privadas son públicas, en el cual no se fundó el a quo para decidir el cargo décimo primero.

Por otra parte, pretende desvirtuar la decisión del tribunal con apoyo en un supuesto dictamen pericial que no identifica ni por sus autores, ni por su contenido.

El único dictamen pericial que se decretó y practicó en el proceso tuvo por objeto establecer si el predio objeto de la licencia colinda por el sur con la agrupación de vivienda cigarrales de Toledo, y establecer el número de edificaciones que ocupan el frente del primer predio frente a la avenida novena, el nombre de sus ocupantes y a qué título las ocupan (ver auto que abrió el proceso a pruebas, obrante a fl. 826- 829 del cdno. Ppal., en concordancia con la solicitud de pruebas de la demanda (fl. 62 ib.).

Este dictamen no guarda relación con el cargo décimo primero a que se refiere el apelante, quien probablemente califique como dictamen pericial el “estudio de aspectos urbanísticos” que habría sido elaborado por el arquitecto Humberto Silva Gil en abril de 2000 (fls. 269 a 302) y un “concepto sobre la Resolución CU2-99-195 de octubre 7 de 1999, correspondiente al proyecto Éxito Country”, que habría sido elaborado por Eduardo de Irisarri en abril de 2000, aportados en copias simples con la demanda.

Dichos estudios no constituyen dictamen pericial porque en el auto de pruebas no se decretó, ni se le tuvo como tal y no fue aducido ni practicado dentro de proceso atendiendo las reglas previstas para el efecto en los artículos 223 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Si se tuvieran dichos estudios como documentos aportados por la parte demandante, no tendrían mérito probatorio a la luz de los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, dado que carecen de autenticidad.

Conviene anotar que los actos administrativos disfrutan de presunción de legalidad y veracidad y quienes pretendan la declaración de su nulidad tienen la carga de desvirtuarla.

En el presente caso, tal como lo señaló el a quo, está establecido mediante el plano del proyecto aprobado por la curaduría, identificado como CU2-U280-/4-01, en el costado derecho, el cuadro general de áreas, el de mojones y el de áreas de reserva y el de mojones y áreas de cesión al distrito, y como área útil, se registra un total de 20.064,71 m2 que en porcentaje equivale a un 63.98% del área total. Para el señalamiento de esta medida de área útil, el cuadro registra que al área total se le ha restado el área neta urbanizable, así como las cesiones. El artículo 5º de la Resolución CU2-99-195 expresa que el área útil del proyecto, tal y como aparece en el cuadro de mojones y en el área de cesión al Distrito, según plano CU2-U280/4-02, corresponde a 20.064,71m2. Dichas medidas están conformes con la exigencia reglamentaria de que el área útil del proyecto no debe ser inferior a 20000 m2.

Los demandantes no cumplieron con la carga de desvirtuar probatoriamente los hechos que sirvieron de fundamento al acto demandado, lo cual le correspondía por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, el cargo examinado no prospera.

Por último, el Consejero de Estado, doctor Marco Antonio Velilla Moreno, mediante escrito presentado el 19 de junio de 2008 manifestó su impedimento para conocer el asunto de la referencia por encontrarse incurso en la causal contemplada en el numeral 1º del artículo 150(12) del Código de Procedimiento Civil, debido a que le asiste un interés indirecto en las resultas del proceso dado que el conjunto Portales del Country, donde reside, con la anuencia de los copropietarios, impugnó en la vía gubernativa la solicitud de licencia de construcción concedida mediante el acto administrativo objeto de la presente acción.

La Sala estima conveniente aceptar tal impedimento comoquiera que se enmarca en la causal 1º prevista en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil., aplicable por remisión del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, procede a separarlo del conocimiento del presente asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Marco Antonio Velilla Moreno y SEPÁRASE del conocimiento del negocio de la referencia.

2. RECONÓCESE personería al doctor José Yecid Córdoba Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía 79.792.274 de Bogotá, para representar los intereses de los demandantes, y a Henry Alberto Gonzáles Molina, identificado con la cédula de ciudadanía 79.450.267 para representar los intereses del Distrito Capital de Bogotá.

3. CONFÍRMASE la sentencia apelada

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Notas: El Título II del Libro Sexto del Código de Comercio, que trata del concepto de quiebra, fue derogado expresa e íntegramente por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, publicada en el Diario Oficial Nº 42.156 del 20 de diciembre de 1995. El Capítulo III del Título II, Régimen de Procesos Concursales, de la Ley 222 de 1995, introduce el ‘trámite de liquidación obligatoria’, artículos 149ª 208. El término ‘declaratoria de quiebra’ debe ser entendido como el trámite de apertura de la liquidación obligatoria.

(2) Derogado por el artículo 78, Decreto Nacional 1600 de 2005.

(3) Derogado por el artículo 78, Decreto Nacional 1600 de 2005.

(4) Artículo 1º.Definición de licencias. La licencia es el acto por el cual se autoriza a solicitud del interesado la adecuación de terrenos o la realización de obras. Artículo 2º. Clases de licencias. Las licencias podrán ser de urbanismo o de construcción. Artículo 3º. Licencia de urbanismo y sus modalidades. Se entiende por licencia de urbanismo, la autorización para ejecutar en un predio la creación de espacios abiertos públicos o privados y las obras de infraestructura que permitan la construcción de un conjunto de edificaciones acordes con el plan de ordenamiento territorial del municipio o distrito. Son modalidades de la licencia de urbanismo las autorizaciones que se concedan para la parcelación de un predio en suelo rural o de expansión urbana, para el loteo o subdivisión de predios para urbanización o parcelación y el encerramiento temporal durante la ejecución de las obras autorizadas. Las licencias de urbanismo y sus modalidades están sujetas a prórroga y modificaciones. Artículo 4º. Licencia de construcción y sus modalidades. Se entiende por licencia de construcción la autorización para desarrollar un predio con construcciones, cualquiera que ellas sean, acordes con el plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio o distrito. Son modalidades de la licencia de construcción las autorizaciones para ampliar, adecuar, modificar, cerrar y demoler construcciones. Las licencias de construcción y sus modalidades están sujetas a prórroga y modificaciones.

(5) El “Capítulo II, Normas Comunes, Subcapítulo 1, del Decreto Distrital 737 de 1993, que reguló así lo concerniente a los ejes de tratamiento. Artículo 5º clasificación de los ejes de tratamiento. Los ejes de tratamiento se clasifican de acuerdo con su cobertura y función dentro de la estructura urbana en: 1). Ejes de tratamiento metropolitanos: a) Eje metropolitano vial (E.MET.V) o corredor de circulación. b) Eje metropolitano de actividad (E.MET.A). 2). Ejes de tratamiento zonales: a) Ejes zonales viales (E.ZON.V), b) Ejes zonales de actividad (E.ZON.A) 3). Ejes de tratamiento locales (E.LOC). Artículo 6º trazado de los ejes de tratamiento locales. El trazado de los ejes de tratamiento locales proyectados y señalados en los planos a escala 1:5000 es indicativo y puede precisarse a través de los procesos de desarrollo que se efectúen en la zona; no obstante, en todo momento debe garantizarse su presencia de tal forma que las variaciones que se hagan no desvirtúen su continuidad y destino, ni su sentido predominante. Artículo 7º.- Área de influencia y accesibilidad en ejes de tratamiento. 1). Área de influencia: Es la distancia máxima hasta la cual se pueden desarrollar usos permitidos en el eje, y de acuerdo con la clase de eje y el carácter de la vía que lo estructura se determina así: a) Para ejes de tratamiento metropolitano (E.MET.A y E.MET.V) hasta doscientos cincuenta (250) metros a partir del eje de la vía V-O y doscientos (200) metros en las demás vías arterias. b) Para ejes de tratamiento zonales (E.ZON.A y E.ZON.V). Hasta cien (100) metros a partir del eje de la vía. c) Para ejes de tratamiento locales (E.LOC). Hasta cincuenta (50) metros a partir del eje de la vía. Las disposiciones referidas al desarrollo sobre ejes de tratamiento se aplican a los predios o lotes que tengan frente sobre ellos o sobre zonas de uso público inmediatamente contiguas a la vía que genera el eje, sin sobrepasar el área de influencia; si dentro del área de influencia aparece una vía o zona pública que separe una porción del predio del resto, la parte que no quede con frente sobre el eje no puede acogerse a tales disposiciones y se considerará que el área de influencia queda limitada hasta el inicio de esa vía o zona de uso público. En la parte del predio que no presente frente sobre el eje de tratamiento, debe preverse una zona de transición con la actividad residencial, donde se ubicarán equipamiento comunal, zonas de parqueo, vías de uso público o zonas de cesión tipo A. Esta zona se puede localizar inmediatamente contigua al límite del área de influencia del eje de tratamiento o estar contenida dentro de ella. Cuando se engloben predios sin urbanizar que no presenten frente sobre el eje de tratamiento con otro que sí cumpla esta característica, podrán tener manejo de predios con frente sobre el eje siempre y cuando estén dentro del área de influencia del mismo, cumplan las demás condiciones del presente artículo, así como las exigencias de área mínima que señale la correspondiente norma específica para un determinado uso. 2. Condiciones de accesibilidad (...).

(6) Ley 9ª de 1989, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” (...) Artículo 5º. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”. Adicionado un parágrafo artículo 17 Ley 388 de 1997 Sobre incorporación de áreas públicas. “Artículo 117 Incorporación de áreas públicas. Adiciónase el artículo 50 de la Ley 9ª de 1989, con el siguiente parágrafo: “Parágrafo. El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la oficina de instrumentos públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo”.

(7) El Acuerdo Distrital 6 de 1990 establece: Cesiones obligatorias gratuitas al espacio público. Artículo 148 Las cesiones obligatorias gratuitas como formas de producción del espacio público. Las cesiones obligatorias gratuitas son formas de producir espacio público a partir del desarrollo de terrenos, ya sea por urbanización, ya por construcción. Artículo 149 Cesiones obligatorias gratuitas que forman parte del patrimonio de los bienes de uso público en el distrito. Dentro de las cesiones obligatorias gratuitas, se destacan aquellas que están destinadas a ingresar al patrimonio de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de la ciudad. Serán cesiones obligatorias gratuitas con destino a incrementar el patrimonio de bienes de uso público, las siguientes: Todas aquellas sesiones al espacio público que determinan la viabilidad de un proyecto urbanístico específico, como son las vías locales, las cesiones tipo A para zonas verdes y comunales y las áreas necesarias para la infraestructura de servicios públicos del proyecto mismo, independientemente de si existen o no zonas de reserva en el predio, de las que tratan los capítulos anteriores. En los predios afectados por vías del plan vial arterial son de cesión gratuita al espacio público, además: Las zonas de protección ambiental de las vías del plan vial arterial, no incluidas como parte de la sección transversal de la vía, deducida la porción de ellas computable como zona de cesión tipo A. Una proporción del área bruta del terreno a urbanizar, para el trazado de la vía arteria. El monto de las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, por causa de las afectaciones viales, deberá disminuirse de manera que al establecerlo se tenga en cuenta la cuota de cesiones obligatorias gratuitas de que trata el presente numeral, las cuales no pueden ser fuente de obligaciones indemnizatorias a cargo del Estado. Las demás cesiones para el uso público, o para el espacio público de propiedad pública, serán objeto de negociación o expropiación entre los particulares y las entidades públicas, siguiendo los procedimientos establecidos por el capítulo 3 de la Ley 9ª de 1989.

(8) El texto completo del artículo 71 es el siguiente: Zonas de uso público por destinación que de ellas hagan propietarios o urbanizadores. Para todos los fines legales, en terrenos sin urbanizar en relación con los cuales se tramiten o se hayan obtenido licencias de urbanización, las áreas o zonas de terreno destinadas al uso público estarán siempre afectas a ese fin específico, con el solo señalamiento que se haga de ellas en el plano de proyecto general, aun cuando permanezcan dentro del dominio privado y sólo podrán ser reubicadas y redistribuidas con las consiguientes desafectaciones al uso público que ello conlleva, antes de su entrega real y material al Distrito Especial de Bogotá y mediante la modificación o sustitución del proyecto general, si a ello hubiere lugar, por otro que contemple la nueva distribución de las áreas de uso público, siempre que el nuevo planteamiento urbanístico se ciña a las normas vigentes en el momento de su presentación, ya sea que se trate de una modificación o ya la sustitución total del proyecto inicial. Los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles del dominio privado constitutivos de espacio público, podrán ser variados por los propietarios o constructores, siempre que las variaciones estén amparadas con permiso o licencia de construcción, adecuación o modificación, de acuerdo con el proyecto aprobado en el cual se hayan previsto los nuevos elementos de espacio público con arreglo a las normas vigentes.

(9)ART. 72.—Zonas de uso público en desarrollos objeto de legalización. Se considerarán también como de uso público y como parte del espacio público, aún sin que haya mediado cesión o entrega de las mismas al Distrito Especial de Bogotá y aún sin haber sido destinadas a tales fines en planteamiento urbanístico de urbanizador responsable, las áreas destinadas a vías, las destinadas a zonas verdes de uso público, las destinadas a equipamiento comunal público y las destinadas a la ronda o área forestal protectora en ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales que figuren como tales en los planos adoptados como parte integrante de los actos administrativos de legalización de barrios, asentamientos o desarrollos ilegales o clandestinos.

(10) Resolución CU2 - 99 - 235 de 15 de diciembre de 1999, por medio de la cual se negó el recurso de reposición interpuesto por Jorge Arturo Celis Rodríguez. - Resolución CU2 - 99 - 240 de 23 de diciembre de 1999, por medio de la cual se denegó el recurso de reposición interpuesto por William González, María Matilde Rodríguez, Juan Guillermo Escobar y Fabio Vélez entre otros. - Resolución CU2 - 99 - 229 de 20 de diciembre del mismo año, por medio de la cual se negó el recurso de reposición interpuesto por Augusto Cano Mota. - Resolución CU2 - 99 - 228 de 15 de diciembre de 1999, por la cual negó el recurso de reposición interpuesto por Humberto Silva. - Resolución CU2 - 99 - 230 de 15 de diciembre de 1999, por la cual denegó el recurso de reposición interpuesto por Hugo Arjona. Y Resolución. 0093 de 8 de marzo de 2000, proferida por el subdirector jurídico del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por la cual se decidieron unos recursos de apelación interpuestos contra la Resolución CU2 - 99 - 195 de 7 de Octubre de 1999.

(11) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 410 del Acuerdo Distrital 06 de 1990, se dispone a este respecto “área bruta urbanizable: Es la que corresponde al total del globo del terreno por desarrollar. - Área neta urbanizable: Es la resultante de descontar del área bruta, las áreas correspondientes a afectaciones del plan vial arterial y las zonas para servicios públicos (Canales, líneas de alta tensión, etc.).- área útil: Es la resultante de restarle al área neta urbanizable, el área de las vías locales principales y las zonas verdes y comunales de cesión”.

(12) Artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Causales de recusación. Son Causales de recusación las siguientes:

1ª. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso.