Sentencia 2000-00554 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

Rad.: 47001-23-31-000-2000-00554-01 (35.138)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Empresa Internacional de Servicios de Containers de Santa Marta Ltda.

Demandado: Ministerio de Comercio Exterior.

Proceso: acción contractual

Asunto: recurso de apelación

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V Consideraciones

1. En todo contrato, y en general en todo negocio jurídico, se distinguen “las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales” y son de la esencia aquellas “sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente” (C.C., art. 1501).

En consecuencia, si la presencia de esos elementos esenciales son los que le dan el ser al respectivo negocio, obvio es concluir que su identificación como esquema negocial depende, más que del nomen iuris, del hallazgo y constatación de ellos.

Así que la demostración de que un determinado negocio jurídico se ha celebrado, depende de que se acredite con el pertinente medio probatorio que la expresión del designio negocial ha recaído sobre los correspondientes elementos esenciales.

2. Como es bien sabido, el contrato de arrendamiento es aquel que consiste en que una parte concede el uso y goce de una cosa a cambio de una retribución, precio o renta que la otra ha de pagar por ello (C.C., art. 1973).

Luego, fluye de lo anterior que una de las obligaciones principales del arrendador es entregar la cosa al arrendatario para que, por supuesto, este pueda usarla y gozarla.

Otra obligación principal del arrendador es “librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada” (C.C., art. 1982, num. 3º).

Si por razones diferentes a la mutación o reparación de la cosa arrendada, evento este que cuenta con otra regulación específica (C.C., art. 1986), el arrendatario es perturbado por el arrendador en el use y goce de la cosa arrendada, aquel tiene derecho a la indemnización de los perjuicios causados con la turbación (C.C., art. 1987).

Ahora, como “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe” (C.C., art. 1626) y este debe hacerse “bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación”, se sigue que si el arrendador no entrega la cosa arrendada o perturba al arrendatario en el goce de ella, estará incumpliendo el contrato y este comportamiento implicará el deber de indemnizar perjuicios si con él se ha causado un daño.

3. El depósito es un contrato en el que se entrega una cosa corporal a otra que asume las obligaciones de custodiarla y restituirla en especie (C.C., art. 2236).

El depósito requiere para su perfeccionamiento la expresión del querer dispositivo sobre sus elementos esenciales, que en este caso son la indicación de la cosa y el deber de custodia que de ella asume el depositario y de la consecuencial restitución, pero además, por ser de la estirpe de los reales, necesita para ese efecto la entrega de la cosa que es materia de él.

Este negocio toma la caracterización de necesario cuando la elección del depositario no depende de la voluntad del depositante, tal como acontece cuando la entrega se hace en razón de un incendio, saqueo, etc.(2)

El depósito puede ser civil o mercantil dependiendo de si la actividad constituye un acto de comercio.

Las empresas de “custodia” de “toda clase de bienes” son mercantiles (C. Co., art. 20, num. 17) y por ende esa actividad económicamente organizada (C.Co., art. 5º) determina que los contratos de custodia que celebre en el giro ordinario de su quehacer, sean contratos de depósito mercantiles.

A diferencia del depósito civil, el mercantil es naturalmente oneroso, es decir, que sin ser de la esencia se entiende que el depositario tiene derecho a una retribución por la custodia que hace, y en consecuencia en este caso la diferencia con el arrendamiento se centrará en la posibilidad de usar y gozar la cosa pues esto solo podrá hacerlo el depositario mercantil si la costumbre o el depositante lo autoriza, o por la necesidad de conservar la cosa (C. Co., art. 1172).

Con otras palabras, la posibilidad de que el depositario use la cosa, es un elemento accidental en el depósito, mientras que en el arrendamiento la facultad del arrendatario de usar la cosa, es un elemento esencial.

De otro lado, el arrendamiento es un contrato consensual mientras que el depósito es un contrato real, esto es, que aquel se perfecciona al convenirse sobre el uso de la precisa cosa y la retribución o renta, al paso que, como ya se dijo, este se perfecciona por la entrega de la cosa depositada, amén de convenirse sobre la indicación de la cosa y el deber de custodia que de ella asume el depositario y de la consecuencial restitución.

4. “Los negocios jurídicos son instrumentos que permiten que las personas regulen o dispongan de los intereses radicados en su cabeza, exceptuados por supuesto aquellos respecto de los cuales el ordenamiento jurídico prohíba su regulación o disposición, y dentro de ellos se distinguen los contratos que no son otra cosa que negocios jurídicos que se caracterizan por requerir de la presencia de dos o más partes para hacer la regulación o disposición y que lo regulado o dispuesto tiene un contenido económico.

Ahora, los contratos persiguen crear, regular o extinguir relaciones jurídicas económicas, tal como se lee en el artículo 864 del Código de Comercio, y por ende específicamente se puede afirmar que el contrato puede ser fuente de obligaciones, las que pueden surgir a cargo de una de las partes o de todas ellas, caso este último en que el contrato se califica como sinalagmático o de obligaciones recíprocas.

Por su parte la obligación, como suficientemente se sabe, consiste en un vínculo jurídico en que una parte asume el deber de satisfacer una prestación en favor de la otra.

Con otras palabras, de la relación obligatoria surge un derecho personal para el acreedor que tiene por objeto una conducta o prestación del deudor, conducta que solo puede ser exigida de este.

El derecho personal del acreedor se denomina crédito y puede ser transferido a terceros mediante el negocio jurídico que la ley y la doctrina comúnmente llaman cesión del crédito y cuya regulación se encuentra en los artículos 1959 del Código Civil.

La “adpromissión” y la “expromissión” son formas de asunción de la deuda y en esencia persiguen, en el primer caso, que un tercero asuma la posición del deudor junto con este o, en el segundo, que simplemente lo sustituya en ella.

Luego, como puede advertirse tanto en la cesión del crédito como en la asunción de deuda se trata de ocupar el lugar del acreedor o del deudor inicial pero considerando aislada o individualmente el crédito o la deuda.

Por su parte un tercero puede ocupar la posición de uno de los contratantes iniciales mediante la denominada “cesión de la posición contractual”, o más escuetamente “cesión de contrato,” que consiste fundamentalmente en que se trasladan al tercero el conjunto de derechos y obligaciones que estaban a favor y a cargo de la parte contractual que es sustituida.

Por consiguiente la cesión de la posición contractual es un fenómeno propio de los contratos sinalagmáticos o de prestaciones correlativas ya que si se trata de un contrato unilateral bien puede encausarse el asunto por la vía de la cesión del crédito o de la asunción de la deuda, según sea el caso.

En este sentido la doctrina precisa que “en cambio, cuando lo que se cede (o asume) es un contrato, el punto de partida es la presencia de uno o varios créditos y otras tantas obligaciones, entrelazadas en términos de correlatividad y consideradas, tratadas y dispuestas como una unidad, o sea: el objeto de la operación es el traspaso simultáneo de unos créditos y de las obligaciones recíprocas, surgidos a una de un mismo contrato, por parte de uno de los contratantes a un tercero, esto es, en últimas, la transferencia de una posición o relación contractual, cuyo resultado es la sustitución de una de las partes (acreedora-deudora)”(3) (4).

5. “La legitimación en la causa consiste, de un lado, en ser el titular de la relación jurídica, del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen, y, de otro lado, en ser el sujeto frente a quien deben aducirse y controvertirse esas concretas pretensiones.

Por consiguiente, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición necesaria para obtener una sentencia favorable a las pretensiones.

En efecto, si quien carece de legitimación en la causa son los demandantes, o alguno de ellos, no se puede acceder a las pretensiones que aducen toda vez que no ostentan la titularidad de la relación jurídica, del derecho o del interés sustancial que les sirve de soporte a sus pedimentos; y si quienes no están legitimados en la causa son los demandados, o alguno de ellos, ninguna pretensión puede ser concedida en su contra puesto que lo pretendido ha debido controvertirse con otro u otros sujetos.

Luego, la falta de legitimación en la causa jamás conduce a una sentencia inhibitoria sino a una decisión de fondo que desestima las pretensiones de la demanda en relación o frente a quienes no están legitimados, según sea el caso”(5).

6. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación aparece demostrado que el 6 de noviembre de 1992, la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, como arrendadora, y la Sociedad Internacional de Servicios de Containers de Santa Marta Ltda., como arrendataria, celebraron por el término de 10 años, contados a partir de la entrega, un contrato de arrendamiento, distinguido con el número 11, sobre un lote de terreno ubicado en predios de la Zona Franca de Santa Marta, el cual debía ser destinado para el almacenamiento de mercancías nacionales y extranjeras.(6)

El lote objeto del arrendamiento fue entregado por el arrendador al arrendatario el 4 de diciembre de 1992, tal como consta en la correspondiente acta de entrega.(7)

Mediante el Decreto 2111 del 29 de diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial 40704 del 31 de Diciembre de 1992, se ordenó la liquidación, entre otras, de la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta.

Este establecimiento público finalmente fue liquidado el 30 de junio de 1994, tal como se ve en el acta de liquidación que obra en el expediente.(8)

En el acto de liquidación se dispuso que los contratos de arrendamiento celebrados por el ente que se liquidaba, y entre ellos el 11 que se viene mencionando, se entregaban a la Nación-Ministerio de Comercio Exterior, para que este a su vez hiciera entrega de ellos al usuario operador privado de la Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta que resultara seleccionado.(9)

Mientras se escogía al operador privado que habría de operar esa zona franca, y con fundamento en el artículo 1º del Decreto 1321 del 24 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial 41415 del 30 de junio de 1994, los bienes del ente liquidado se entregaron transitoriamente a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.-Fiducóldex- Fideicomiso “Zona Franca de Santa Marta-Fiducóldex”.

En el acta que se suscribió el 30 de junio de 1994, a propósito de la entrega de los bienes fideicomitidos, aparece que los contratos de arrendamiento del extinto establecimiento público Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta que habían sido entregados anteriormente al Ministerio de Comercio Exterior, eran ahora cedidos y entregados por este Ministerio a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.-Fiducóldex-Fideicomiso “Zona Franca de Santa Marta-Fiducóldex”(10).

Por consiguiente, de lo hasta aquí reseñado se desprende que, en virtud de la liquidación y de las cesiones antes mencionadas, quien a estas alturas ocupaba la posición contractual de arrendador en el contrato 11 de 1992, era la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.-Fiducóldex-Fideicomiso “Zona Franca de Santa Marta-Fiducóldex y no el Ministerio de Comercio Exterior.

Posteriormente, mediante la Resolución 1327 del 4 de agosto de 1994, se escogió como usuario operador privado de la Zona Franca de Santa Marta a la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta S.A.-Sofrasa S.A.(11)

El correspondiente contrato entre el Ministerio de Comercio Exterior y Sofrasa S.A. se celebró el 4 de agosto de 1994(12) y en su cláusula décimo novena se pactó que el “(…) Usuario-Operador, continuará a título de cesionario con la ejecución de los contratos vigentes celebrados por el establecimiento público que operaba la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, en los términos previstos en tales contratos (…)”(13).

Finalmente, para dar cumplimiento Fiducóldex al fideicomiso y Sofrasa S.A. a lo pactado con el Ministerio de Comercio Exterior, la Sociedad Fiduciaria Fiducóldex-Fideicomiso Zona Franca de Santa Marta, el 30 de agosto de 1994, le cedió a la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta S.A.-Sofrasa S.A., el contrato 11 de 1992,(14) esto es el que celebraron el 6 de noviembre de 1992, la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, como arrendadora, y la Sociedad Internacional de Servicios de Containers de Santa Marta Ltda., como arrendataria.

Así que entonces, a partir del 30 de agosto de 1994, las partes de ese contrato fueron la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta S.A.-Sofrasa S.A., como arrendadora cesionaria, y la sociedad Internacional de Servicios de Containers de Santa Marta Ltda., como arrendataria cedida.

Luego, cualquier incumplimiento del contrato así como los eventuales perjuicios derivados de ese incumplimiento, solo pueden ser decididos entre esas dos personas o, lo que es lo mismo, cualquiera otra no está legitimada para decidir frente a ella tal asunto.

6.1. La parte demandante pide que se declare que entre ella y el Ministerio del Interior (sic) se celebró un contrato de depósito, petición esta que la cimenta en que en lote arrendado habían 42 vehículos y 2 tractores de propiedad del demandado.

Empero lo que no aparece demostrado por parte alguna es que entre el demandante y el demandado Ministerio del Interior (sic) se haya convenido que este le entregaba a aquella las antes mencionadas cosas para su custodia y ulterior restitución.

Tampoco hay prueba de que además la actora le hizo entrega al demandado de esos vehículos y por consiguiente la ausencia de medios probatorios que acrediten esto y aquello, impiden que se acceda a semejante pretensión.

En cambio, de lo que sí hay prueba es de que los citados vehículos y tractores se encontraban en el lote arrendado desde antes de celebrarse el contrato 11 de 1992.

En efecto, los testimonios arrimados dan cuenta de ese hecho en los siguientes términos:

“Sí, al momento de hacerle entrega al usuario comercial Intercontainers Ltda. estas mercancías se encontraban en el área dada en arrendamiento. Se puede precisar que dicha área fue entregada en 1992”(15).

“Yo ingresé a la compañía en el año 1993 y ya se encontraban en los patios de Intercontainers”(16).

Luego, en estas circunstancias lo que en verdad ocurrió no fue la celebración y consecuencial existencia de un contrato de depósito, sino un contrato de arrendamiento en el que el arrendador de aquel entonces, el establecimiento público Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, no le permitió al arrendatario el uso y goce de la totalidad del lote arrendado porque una parte de él se encontraba ocupada con los ya mencionados vehículos y tractores.

Esto significa que las consecuencias de ese hecho deben ventilarse a la luz del contrato de arrendamiento, concretamente dentro del marco de una de las obligaciones del arrendador como es la de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, y no bajo el supuesto de la existencia de un contrato de depósito cuya celebración no se encuentra demostrada por la acreditación de sus elementos esenciales, es decir, la indicación de la cosa y el deber de custodia que de ella asume el depositario y de la consecuencial restitución, pero además, por ser de la estirpe de los reales, la efectiva entrega de la cosa que es materia de él.

Y es en aquel contexto en el que debe ser entendida y solucionada la cuestión, es decir en el de librar al arrendatario de toda turbación y embarazo en el goce de la cosa arrendada, y no en el de la (sic) del deber de entrega que tiene el arrendador, toda vez que la cosa arrendada fue un lote de terreno y que las probanzas recaudadas muestran la entrega de la cosa arrendada por parte del arrendador al arrendatario.

Pero como si fuera poco, el mismo demandante entendía que la cuestión litigiosa consistía en que el arrendador no le había permitido usar y gozar la totalidad de la cosa arrendada puesto que en varias comunicaciones que así lo increpa:

“Es un hecho incontestable que dentro de la gama de negocios jurídicos que nos enlaza, el de arrendamiento del terreno ubicado en Zona Franca Comercial de Santa Marta, no ha sido legalmente cumplido por ustedes, esto que no “usa y goza” la cosa arrendada de manera eficaz y plena por parte del locatario (arts.1986 y 1985 y concordantes del C.C.).

Recuérdese que el arrendador al cumplir su prestación no puede hacer menos de lo convenido ni sustraerse a lo que dimane de la naturaleza de la referida obligación (art. 1603, ejusdem (sic).

Ahora, como es sabido, el precio supraseñalado no ha sido legalmente usado por Intercontainers Ltda., habido (sic) consideración que buena parte del mismo se encuentra desaguisadamente perturbado por ustedes o terceros con la ocupación de maquinaria (en cualquier caso según el art. 1989 del C.C. y pertinentes, corresponde al arrendador sanear el vicio)”(17).

“Es pertinente que se entere que Sofrasa S.A. ha incumplido el aludido contrato toda vez que no ha puesto para el uso y goce la totalidad del predio para el disfrute de Intercontainers Ltda., sino parte de él”(18).

“Con todo, lo inmediatamente expuesto no ha sido posible cumplirlo de parte del Ministerio plenamente, habida consideración que el fundo se encuentra parcialmente ocupado (en una buena franja) desde el mes de noviembre de 1992 hasta las calendas que corren, de parte del Ministerio, por las mercancías supra indicadas. Es decir, el lote nunca se entregó totalmente desocupado”(19).

En conclusión, conjugando todo lo que se ha expuesto, se concluye:

1. Que no está demostrado que entre el demandante y el Ministerio de Comercio Exterior hubiera existido un contrato de depósito;

2. Que lo que en verdad sucedió fue que entre el extinto establecimiento público Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, como arrendador, y, la sociedad la Internacional de Servicios de Containers de Santa Marta Ltda. como arrendataria, se celebró un contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno, el que desde el comienzo no pudo ser usado totalmente por el arrendatario porque se encontraba ocupado parcialmente por 42 vehículos y 2 tractores;

3. Que en virtud de la disolución y liquidación del inicial arrendador y de las sucesivas cesiones que se hicieron del contrato de arrendamiento 11 de 1992, finalmente las partes de este negocio jurídico son la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta S.A.-Sofrasa S.A., como arrendadora cesionaria, y la sociedad la Internacional de Servicios de Containers de Santa Marta Ltda., como arrendataria cedida;

4. Que la cuestión se reduce a las consecuencias que se derivan del hecho de que el arrendador no haya librado al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada;

5. Que por consiguiente, tal cuestión solo puede ser decidida entre las partes del contrato de arrendamiento y por ende el La Nación-Ministerio de Comercio Exterior no está legitimado pasivamente para ello;

6. Luego, se impone una sentencia que deniegue las pretensiones de la demanda.

Como así no lo vio y decidió el tribunal, la sentencia apelada será revocada para en su lugar declarar la falta de legitimación del demandado y negar la totalidad de las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

2. (sic) REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar DECLARAR la falta de legitimación por pasiva del demandado y en consecuencia, NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Artículo 2260 del C.C.

3 F. Hinestrosa. Tratado de las obligaciones. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 526.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, expediente 22831.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de mayo de 2013, expediente 24510.

6 Folios 3 y 13-15 del cuaderno 1.

7 Folio 16 del cuaderno 1.

8 Folios 18-23 del cuaderno 1.

9 Folio 19 del cuaderno 1.

10 Folio 29 del cuaderno 1.

11 Folios 72 a 76 del cuaderno 1.

12 Folios 64 a 71 del cuaderno 1.

13 Folio 69 cuaderno 1.

14 Folio 17 del cuaderno 1.

15 Testimonio de Nolberto Avila Daza, folio 120 cuaderno 1.

16 Testimonio de Ausberto Acosta Guillén, folio 122 cuaderno 1.

17 Carta del 28 de junio de 1996 dirigida por Intercontainers Ltda. a Sofrasa S.A., folios 36-37 cuaderno 1.

18 Carta del 13 de marzo de 1998 dirigida por Intercontainers Ltda. a Sofrasa S.A., folio 40 cuaderno 1.

19 Carta del 2 de agosto de 1995, dirigida por el apoderado de Intercontainers Ltda. al Ministerio de Comercio Exterior, folio 44 cuaderno 1.