Sentencia 2000-00556 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-26-000-2000-00556-02

Referencia: Apelación sentencia

Consejera Ponente:

Dra. Maria Claudia Rojas Lasso

Actor: Manuel Roberto Rubiano Pulido

Demandado: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP.

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce

EXTRACTOS: « VI. Consideraciones de la Sala

En primer lugar, cabe advertir que la empresa recurrente no formula inconformidad alguna sobre el fundamento de la sentencia de primera instancia, que consistió en la violación por parte de la entidad demandada del artículo 149 de la Ley 142 de 1994, por el hecho de no haber investigado, al elaborar las facturas de cobro por los meses de diciembre de 1999 y enero y febrero de 2000, las desviaciones significativas que presentaba el abonado telefónico del actor frente a consumos anteriores, sino que se detiene en cuestionar que el a quo no consideró las pruebas que acompañó en el curso del proceso que demostraban las actuaciones que realizó con motivo de la reclamación que presentó el demandante sobre dichas facturas, y que la anulación de ellas, declarada por el tribunal, conlleva al mismo tiempo el desconocimiento del valor de los servicios prestados durante ese lapso por otros operadores telefónicos que no fueron vinculados al proceso.

Sobre los indicados cargos, la Sala considera que no tienen vocación de prosperar, por las siguientes y breves razones:

1. Con su escrito de contestación de la demanda, la parte demandada allegó los siguientes documentos:

— Copia del memorando Nº 1619 de 15 de mayo de 2000 dirigido al “investigador de solución de reclamos” de ETB por la “dirección de investigaciones técnicas del servicio”, en relación con el “abonado Nº 4102899”, en donde da cuenta de la fallida visita al predio de la carrera 69 C Nº 41-51, apartamento 901, en atención a que “...no se tuvo acceso al strip telefónico y tampoco se encontró alguien en el apartamento que pudiera ampliar la información acerca del reclamo”, no obstante lo cual le informa lo siguiente:

“...luego de practicado el respectivo análisis de la facturación, se encontró que la línea telefónica 4102871 del mismo edificio bloque 6 apartamento 703, perteneciente a la señora Carmenza Méndez Bejarano se encontró en las mismas condiciones con un aumento injustificado de las marcaciones tanto locales como de larga distancia y con una factura de $ 5.897.660.

Ninguna de las dos líneas en mención presenta histórico de llamadas a los números que aparecen en la factura de reclamo. Tampoco presentaron reporte de daño SIMRA. La línea 4102899 solicitó un cambio de número y en su reemplazo fue asignado el 4101510, solicitud que aún se encuentra en trámite. Por su parte, la línea 4102871 solicitó local exclusivo el 17 de abril del presenta año, el cual fue cumplido el 18 del mismo mes.

En conclusión, no se pudo encontrar evidencia alguna de la indebida utilización de la línea”.

- Copia del memorando Nº 3677 de 1º de octubre de 2000, dirigido a la Vicepresidencia Jurídica por la Dirección de Control de Fraude relacionada con “Respuesta Oficio por demanda de Nulidad instaurada por el señor Manuel Roberto Rubiano Pulido. Abonado Nº 4102899”, en la cual se reitera el hallazgo de coincidencias en las líneas 4102899 y 4102871, que “...responden no solo al tipo de llamadas realizadas y a los destinos sino a las condiciones en las cuales fue encontrado el strip telefónico del edificio y las cajas de paso. Igualmente, al parecer, dichas líneas han sido utilizadas cuando los predios han estado desocupados”.

— Copia del memorando de 27 de noviembre de 2000, dirigido a la oficina jurídica por la dirección centro de gestión, en que se informa que respecto de la línea telefónica 4102899, se realizó el bloqueo de llamadas salientes y entrantes el 22 de febrero y el 24 de abril de 2000, respectivamente.

Sobre las indicadas pruebas documentales, la Sala considera que adolecen en absoluto de capacidad de enervar el fallo recurrido y, por el contrario, confirman las conclusiones a que llegó el a quo, en el sentido de que la investigación de las desviaciones significativas no se dio de manera previa a la preparación de las facturas objeto de debate, como lo ordena perentoriamente el artículo 149 de la Ley 142 de 1994(6), sino con posterioridad y a raíz de las reclamaciones presentadas por el actor, que en momento alguno era la oportunidad de realizarla.

En efecto, este artículo dispone:

“ART. 149.—De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, esas diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario”.”.

2. Sostiene la recurrente que al declararse la nulidad de los actos acusados no solo se está desconociendo el valor de los servicios prestados por la ETB sino al mismo tiempo el de los suministrados al usuario de la referida línea telefónica por otros operadores de telefonía que no fueron vinculados al proceso, con violación de su derecho a la defensa.

Al respecto, la Sala advierte que la declaratoria de nulidad de los actos acusados no constituye un desconocimiento del valor del servicio de telefonía prestado por la empresa demandada a la línea telefónica instalada en el inmueble del actor, ni el de otros que suministraron diferentes operadores del mismo servicio, pues ello no se planteó en la demanda ni fue objeto del debate judicial, sino simplemente la consecuencia de la conducta omisiva en que incurrió la parte demandada al no haber investigado previamente a la elaboración de las facturas por los meses de diciembre de 1999 y enero y febrero de 2000 la causa de las desviaciones significativas que se presentaron frente a consumos anteriores, y que debió haber dado lugar a que mientras la empresa demandada estableciera la causa, las facturas se hubieren hecho con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual, como lo determina el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, atrás referenciado.

En las anotadas circunstancias, al no prosperar los cargos formulados en contra de la sentencia recurrida, se procederá a su confirmación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 13 de septiembre de 2001, proferida por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Magistrados: María Elizabeth Garcia González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala—Marco Antonio Velilla Moreno.

(6) (sic)