Sentencia 2000-00608 de enero 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 25375

Rad.: 25000 2326 000 2000 00608 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Alegría Rodríguez Salazar y otro

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

II. Validez de los medios de prueba

9. Obran dentro del expediente copia simple de los informes oficiales, de la historia clínica, y de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal seguido por la justicia militar contra el patrullero de la Policía Nacional Julio César Frías Pérez por los hechos ocurridos el 26 de julio de 1998 en la ciudad de Bogotá, en los que resultó lesionada la señora Alegría Rodríguez Salazar.

10. Algunos de estos documentos fueron aportados por el juzgado 141 de primera instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá (fl. 131, cdno. 2) en cumplimiento del auto proferido el 19 de junio de 2001 por el tribunal a quo (fl. 25, cdno. 1), y los otros se anexaron al proceso por la parte actora.

11. Los primeros gozan de mérito probatorio debido a que su allegamiento al proceso en la forma antes indicada, implica el reconocimiento por parte de quien las aporta de la correspondencia de dichas copias con el original, y a que la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que “el documento expedido por funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención, se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil”(3).

12. A los otros documentos, esto es, los que fueron aportados en copia simple por la parte actora(4) también se les reconocerá mérito probatorio porque todos ellos necesariamente deben reposar en los archivos de la entidad demandada, la cual no los tachó de falsos teniendo la posibilidad de cotejarlos con los originales(5).

13. Adicionalmente, junto a estas pruebas de carácter documental, aparecen una inspección judicial y varios testimonios practicados por la justicia penal militar dentro del proceso seguido por las lesiones personales causadas a la señora Alegría Rodríguez.

14. Los testimonios serán objeto de valoración pues la Sala entiende que los mismos se han surtido con audiencia de la entidad demandada debido a que ella misma intervino en su práctica, de manera que en ningún caso podrá alegar su desconocimiento(6).

15. Se exceptúa de lo anterior la declaración rendida por la señora Alegría Rodríguez Salazar (fls. 41-45, cdno. 2), puesto la declarante es la misma demandante dentro de este proceso. Igual sucede con la diligencia de indagatoria del patrullero Frías Pérez comoquiera que es criterio reiterado de esta corporación que esta no puede asimilarse a una prueba testimonial, toda vez que no satisface los requisitos de aquélla si se tiene en cuenta que se rinde sin la formalidad del juramento, y tampoco puede someterse a ratificación(7).

16. En relación con la inspección judicial, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado que no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen(8). Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la inspección judicial trasladada del proceso penal militar sí puede ser objeto de valoración dentro del trámite contencioso pues se practicó por el Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar, lo cual permite afirmar que la prueba se surtió con audiencia de la entidad demandada.

III. Hechos probados

17. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

17.1. El domingo 26 de julio de 1998, el patrullero de la Policía Nacional Julio César Frías López,(9) orgánico de la estación metropolitana de tránsito, cumplía, junto con el agente Jhonnifer Camilo Martínez Araújo, funciones de control de tráfico vehicular en la ciclovía del sector de la calle 116 con autopista norte de la ciudad de Bogotá (copia de la providencia de nov. 15/2000, dictada por la Fiscalía 141 Penal Militar —fls. 93-103, cdno. 2—).

17.2. Aproximadamente a las 11:30 am de ese día, la señora Alegría Rodríguez Salazar se desplazaba por la calle 116 en sentido oriente-occidente abordo del vehículo particular marca Fiat de placas BCM-156 en compañía de Pablo Angulo Méndez, quien lo conducía, y su hijo menor de edad (copia del informe de fecha jul. 26/98 suscrito por el comandante área uno de tránsito de la Policía Nacional —fl. 27, cdno. 2—; testimonio de Jhonnifer Martínez Araújo —fls. 136-165, cdno. 2).

17.3. Al llegar al puente de la calle 116 con autopista norte, el conductor del vehículo hizo una maniobra de tránsito prohibida, por lo cual el agente Martínez Araújo le ordenó que se detuviera. Cuando el señor Angulo Méndez acató la orden, el patrullero Frías López le solicitó la documentación del automotor, lo cual no fue bien recibido por el particular, quien descendió del mismo y comenzó a discutir con el uniformado (copia del informe de fecha jul. 26/98, suscrito por el comandante área uno de tránsito de la Policía Nacional —fl. 27, cdno. 2—; testimonio del patrullero Jhonnifer Camilo Martínez Araújo —fls. 163-165, cdno. 2—).

17.4. Mientras esto sucedía, el agente Martínez Araújo permanecía ubicado frente al automotor. De repente, la señora Alegría Rodríguez tomó el lugar del conductor y puso el vehículo en movimiento, golpeando a este uniformado, quien como consecuencia de ello sufrió una caída que le ocasionó lesiones en las piernas y laceraciones en los codos (copia del informe de fecha jul. 26/98, suscrito por el comandante área uno de tránsito de la Policía Nacional —fl. 27, cdno. 2—; testimonio del patrullero Johnnifer Camilo Martínez —fls. 163-165, cdno. 2—).

17.5. Al percatarse de lo que había ocurrido, el patrullero Julio César Frías López hizo un disparo al aire y corrió para alcanzar el automotor, ordenándole a la conductora que descendiera del mismo, pero ante la negativa de ésta, introdujo su mano por la ventanilla con el fin de despojarla por la fuerza de las llaves del carro (testimonio de Jhonnifer Martínez Araújo —fls. 136-165, cdno. 2—; copia del informe de fecha 2 jul. 26/98, suscrito por el comandante área uno de tránsito de la Policía Nacional —fl. 27, cdno. 2—).

17.5. En este momento se inició un forcejeo que terminó cuando el patrullero, quien llevaba en la mano el arma de dotación oficial, la accionó propinándole a la ciudadana un disparo (testimonios de Verónica Plata, María Carolina Estrella y Jhonnifer Martínez Araújo —fls. 39-40, 49-50, 163-165, cdno. 2—), que le ocasionó una “fractura conminuta tercer metacarpio mano izquierda” (copia simple de la historia clínica elaborada por el hospital Militar Central —fls. 201-204, cdno. 2—).

17.6. La investigación penal de los hechos correspondió al Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar, despacho que mediante providencia del 27 de julio de 1999 profirió en contra del patrullero Frías Pérez medida de aseguramiento, consistente en caución prendaria, como presunto responsable del delito de lesiones personales, al tiempo que se abstuvo de proferirle medida de aseguramiento por los delitos de daño en bien ajeno y fraude procesal (copia simple de la providencia que resolvió la situación jurídica del sindicado —fls. 71-77, cdno. 2—).

17.7. La calificación del mérito del sumario se realizó el 15 de noviembre de 2000. La decisión adoptada por la Fiscalía Penal Militar 141 consistió en acusar al patrullero Frías Pérez por del delito de lesiones personales en contra de Alegría Rodríguez, y precluir la investigación iniciada en su contra por los punibles de daño en bien ajeno y fraude procesal (copia simple de la providencia calificatoria —fls. 256-266, cdno. 2—).

17.8. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del sindicado contra la determinación de llamar a juicio al patrullero por el delito de lesiones personales, la Fiscalía Tercera Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar resolvió confirmarla el 23 de julio de 2001 con fundamento en lo siguiente (copia simple de la providencia de jul. 23/2001 —fl. 304-319, cdno. 2—):

Conforme al artículo 29 del Código Nacional de Policía puede emplear la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario, para impedir la perturbación del orden público o para restablecerlo, y en el presente evento se trataba simplemente de una infracción de tránsito casi intrascendente. La tentativa de fuga del infractor de una norma de tránsito en modo alguno autoriza a un policía de tránsito a esgrimir su arma de dotación oficial para hacer disparos al aire y menos aún para encañonar al conductor, introducir el arma dentro de la cabina del vehículo y, contra la voluntad del conductor, pretender despojarlo de las llaves del vehículo, conducta abiertamente imprudente que fue precisamente la causa del lamentable hecho que dio origen a este proceso.

17.9. Finalmente, mediante providencia del 6 de febrero de 2002, el Juzgado 141 de Primera Instancia condenó al patrullero Frías Pérez a la pena principal de cuatro meses, veinticuatro días de prisión y multa de doce mil pesos como autor responsable del delito de lesiones personales en la modalidad culposa, pero le otorgó el beneficio de la condena de ejecución condicional. En cuanto al pago de los perjuicios morales y materiales, el juzgado se abstuvo de tasarlos “por cuanto existe demanda ante el Contencioso Administrativo de Cundinamarca” (copia simple de la sentencia penal condenatoria —fls. 347-363, cdno. 2—).

(Sic) 17.20. Para adoptar esta determinación, el juez penal militar consideró que el patrullero Frías Pérez había actuado de forma desproporcionada e imprudente al hacer uso de su arma de dotación oficial para controlar una situación que no ponía en riesgo su vida ni la de su compañero de patrulla, y al realizar una maniobra en extremo peligrosa, como fue la de introducir este elemento por la ventanilla del conductor, sosteniéndolo con una mano, mientras con la otra luchaba por despojar a la señora Alegría de las llaves del vehículo. Dice la providencia:

Frías omitió realizar un procedimiento acorde a las exigencias en el manejo y uso de las armas, motivo por el cual permitió que el arma se accionara ocasionando la lesión, pues tenía el deber jurídico de impedir el daño en el cuerpo o en la salud, no lo evitó pudiendo hacerlo, es por esto que desde un comienzo de la investigación se le ha venido endilgando el delito de lesiones personales en la modalidad culposa, aunque ese ha querido hacer ver que la lesión se produjo por la acción del gatillo por parte de la señora Alegría cuando manoteó para evitar que le sustrajeran las llaves del automotor siendo imposible aceptar esta argumentación.

(...).

La responsabilidad culposa de Frías se enmarca por la falta de precaución, negligencia, la imprudencia e inobservancia del reglamento, órdenes y disciplina, que son elementos de la culpa, fue una ligereza del inculpado que lleva al fracaso del buen procedimiento de policía resultando consecuentemente lesionada la señora Alegría.

Cuando hablo de imprudencia, hago referencia a la ausencia de cautela, moderación o discernimiento o sobrevaloración de los medios a disposición o de las capacidades personales del agente para afrontar favorablemente una eventualidad, pues haber introducido las manos dentro del automotor llevando consigo el arma en la mano derecha para quitar las llaves y evitar su desplazamiento fue lo que permitió involuntariamente que el arma se le disparara y causara la herida (...).

La negligencia se encuentra descrita al desestimar o despreciar y no hacer uso de los medios necesarios e idóneos para evitar el resultado posible, por lo tanto hay descuido y omisión; si Frías hubiera actuado de una manera menos precipitada y hubiera guardado el arma en la chapuza, no habría expuesto la integridad física de ambos, resolviendo de manera proporcional la situación, pues cuando él llega al carro la situación de riesgo para Frías ya estaba superada, y no era necesaria la intimidación para resolver el caso.

En cuanto a la inobservancia del reglamento, órdenes y disciplina, me refiero a que el inculpado, desde el momento en que ingresa a la escuela de formación y hasta que es graduado como patrullero, recibió la instrucción correspondiente para el uso y empleo de las armas que contempla el Código Nacional de Policía, el reglamento de vigilancia urbana y rural, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y el decálogo de las armas, donde hay orientaciones para actuar frente a una legítima defensa o en un estado de necesidad, las cuales no son visibles para nuestro caso (...) (copia simple de la sentencia penal condenatoria —fls. 347-363, cdno. 2—).

IV. Problema jurídico

18. Comoquiera que la señora Alegría Rodríguez Salazar es apelante única, la Sala se pronunciará exclusivamente sobre los motivos de inconformidad planteados en el recurso de alzada. De esta manera, le corresponde resolver (i) si fue acertada la decisión del a quo de no reconocerle perjuicios morales a Juan Pablo Angulo con fundamento en que el poder que acompañó la demanda no fue otorgado a nombre suyo y; (ii) si existe prueba del lucro cesante y el daño emergente padecido por la actora y, en consecuencia, si hay lugar a proferir una condena en contra de la entidad demandada por estos conceptos.

V. Análisis de la Sala

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los hechos ocurridos el 26 de julio de 1998 en la ciudad de Bogotá, cuando el patrullero Julio César Frías Pérez accionó su arma de dotación oficial en contra de la señora Alegría Rodríguez Salazar, causándole una herida en su mano izquierda que le produjo, según la historia clínica aportada al proceso penal militar, una incapacidad definitiva de cuarenta y cinco (45) días y “como secuelas una perturbación funcional del órgano de la prensión y de miembro superior izquierdo, ambas de carácter permanente” (fl. 207, cdno. 2).

20. No obstante, se abstuvo de reconocer perjuicios morales a favor de Juan Pablo Angulo Rodríguez —quien según la copia auténtica del registro civil de nacimiento aportado al proceso es hijo de la demandante (fl. 1, cdno. 2)—, con fundamento en que el poder no había sido otorgado a nombre suyo.

21. El a quo, en consecuencia, consideró, no que Juan Pablo Angulo Rodríguez no estaba materialmente legitimado en la causa para demandar reparación por los perjuicios morales derivados del hecho en el que resultó lesionada su señora madre, sino que se encontraba indebidamente representado por cuanto el apoderado carecía de poder para promover la demanda de reparación directa a nombre suyo.

22. Ya en anteriores oportunidades la Sala ha señalado que la legitimación material en la causa es un concepto distinto al de la debida representación pues, mientras que el primero hace referencia a un elemento de mérito de la litis, necesario para que el juez pueda emitir un pronunciamiento de fondo, el segundo alude a un presupuesto procesal de la acción:

La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal. En contraste, la legitimación en el proceso —legitimatio ad processum— se refiere a la capacidad jurídica procesal de las partes, esto es, atañe a la aptitud legal de los sujetos para comparecer y actuar en el proceso y a su debida representación como partes en el mismo; por ello, sí constituye un presupuesto procesal y su falta configura un vicio de nulidad que compromete el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse(10)(11).

23. Bajo este entendido, la ausencia de poder para actuar plantea un problema de validez de la actuación procesal que debe resolverse a la luz de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil., aplicable a los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción por remisión expresa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, y que establece lo siguiente:

ART. 140.—El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal solo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso.

24. La norma prevé así que, tratándose de apoderados judiciales, la indebida representación constituye una causal de nulidad pero solo a condición de que se presente una carencia total de poder, lo cual ocurre cuando la persona que figura como demandante o demandado nunca ha expresado su voluntad de actuar en el proceso a través de quien que dice ejercer su representación judicial,(12) de manera que si el poder existe pero es incompleto, insuficiente o presenta defectos formales “se tratará de una anomalía intrascendente desde el punto de la validez del proceso y que puede ser fácilmente subsanada o corregida”(13).

25. En el caso concreto, la Sala considera que no se presenta una ausencia total de poder. Por el contrario, el poder existe aunque está incompleto puesto que el mismo fue otorgado por la señora Alegría Rodríguez quien, además de ser la persona afectada por el hecho dañoso, es la madre de Juan Pablo Angulo. En consecuencia, no es acertado afirmar que el abogado no estaba facultado para formular demanda de reparación directa a nombre de este demandante porque el documento que contiene el mandato fue suscrito por quien ejerce su representación legal.

26. En suma, no se configura la causal nulidad procesal por ausencia total de poder, prevista en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil., cuando el poder que acompaña la demanda presentada a nombre de una persona que es legalmente incapaz, como es el caso de los menores de edad, ha sido suscrito por quien ejerce su representación legal.

27. Por lo demás, debe tenerse en cuenta que la mencionada irregularidad fue subsanada antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia(14) comoquiera que la señora Alegría suscribió un nuevo documento, a través del cual otorgó poder al abogado para que en nombre y representación de su hijo Juan Pablo reclamara ante la jurisdicción contencioso administrativa “los perjuicios materiales y morales, así como los demás que se probaren dentro del proceso de la referencia, que le puedan corresponder” (fl. 64, cdno. 3).

28. Con todo, aún si se tuviera por cierto que se configuró la causal de nulidad referida por ausencia total de poder, la misma debe tenerse por saneada puesto que la demandada guardó silencio sobre el punto, y Alegría Rodríguez, que es la persona legalmente legitimada para actuar en representación de su hijo menor de edad, intervino a lo largo del proceso sin alegar la nulidad correspondiente. Se reitera así el criterio expuesto por la corporación en oportunidades anteriores,(15) en aplicación de lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil., en el sentido de que la nulidad por ausencia total de poder debe tenerse por saneada cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente, y cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.

29. Así las cosas y no habiendo causal de nulidad que impida decidir el fondo del asunto, la Sala procederá a reconocer perjuicios morales a favor de Juan Pablo Angulo Rodríguez pues la demostración de la relación de parentesco existente entre él y Alegría Rodríguez Salazar, unida a las reglas de las experiencia, permite inferir el dolor moral que el hijo sufrió como consecuencia de la lesión padecida por la madre.

30. En relación con la cuantía, se considera que la indemnización que corresponda a este demandante no puede ser igual a la de la señora Rodríguez, quien padeció directamente la afectación en su integridad física. Por ello, teniendo en cuenta que el tribunal a quo le reconoció a ella una indemnización en cuantía equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes —suma que a juicio de la Sala resulta razonable en consideración al tipo de afectación causada y a que no fue objetada por la parte interesada— se fijará en diez (10) salarios mínimos legales mensuales la indemnización debida a Juan Pablo Angulo por concepto de perjuicios morales.

31. Respecto al daño emergente, la Sala encuentra que el tribunal no hizo ningún pronunciamiento al respecto pese a que en el escrito de demanda, la parte actora solicitó el pago de los perjuicios morales y “los perjuicios materiales sufridos, con motivo de las lesiones personales sufridas con incapacidad definitiva de 45 días y secuelas permanentes (...)” (fl. 2, cdno. 1).

32. Las pruebas aportadas al proceso demuestran que el vehículo en el cual la señora Alegría Rodríguez se desplazaba el día en que ocurrieron los hechos (ver supra párr. 17.2), resultó afectado a consecuencia de uno de los disparos realizados por el patrullero Julio César Pérez Frías. En efecto, en el acta de inspección judicial practicada al automotor el día 21 de octubre de 1999 por el Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar, la cual obra como prueba trasladada dentro del proceso contencioso (fl. 215-216, cdno. 2), se lee que:

Se procede a identificar el automotor a inspeccionar y se establece que se trata de un automóvil marca Fiat uno, del color blanco artículo, de placas BCM-156, modelo mil novecientos noventa y tres. Se le pregunta al perito qué daños presenta [el vehículo] a consecuencia de un disparo de arma de fuego que dice recibió y al efecto manifiesta que presenta los siguientes daños: cabrilla con impacto al parecer de bala, presenta igualmente daños en el tablero de instrumentos de mando, por la trayectoria del proyectil no se aprecian más daños.

33. No obstante lo anterior, la Sala considera que la solicitud formulada por la señora Alegría Rodríguez para que se le indemnicen los daños causados al mencionado automotor resulta improcedente pues la actora no probó ser la propietaria o la poseedora del bien y, en consecuencia, no acreditó el interés jurídico que le asiste para reclamar reparación por este concepto.

34. Es más, la misma prueba trasladada del proceso penal militar por solicitud de la demandante sugiere que el automotor pertenece a un tercero, que no actuó como parte dentro de este proceso, pues en el acta de inspección judicial ya referida se consigna que la diligencia se practicó en presencia del señor Pablo Angulo Méndez “propietario del vehículo objeto de esta inspección” (fl. 215, cdno. 2), de donde surge que es este ciudadano y no la actora quien se encuentra materialmente legitimado en la causa para demandar la reparación de los daños causados al vehículo. A lo anterior cabe agregar que, al momento de los hechos, el automotor era conducido por el señor Angulo Méndez, por lo cual tampoco puede tenerse a la actora como poseedora del bien.

35. Finalmente, en lo que tiene que ver con el lucro cesante, las pruebas aportadas al proceso, dan cuenta de que al momento de resultar lesionada por el patrullero de la Policía Nacional, la señora Alegría Rodríguez Salazar se encontraba en una edad productiva,(16) por lo que es razonable concluir que ejercía alguna actividad de la cual derivaba su sustento y el de su familia.

36. Esta circunstancia es suficiente para acceder al reconocimiento de este perjuicio pues también se encuentra acreditado, a través del dictamen practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que la lesión le ocasionó a la demandante una incapacidad definitiva de cuarenta y cinco (45) días y “como secuelas una perturbación funcional del órgano de la prensión y de miembro superior izquierdo, ambas de carácter permanente” (fl. 207, cdno. 2).

37. Pese a todo, la Sala considera que, además de la comprobada falta de precaución del agente Frías Pérez, al hecho dañoso también contribuyó el comportamiento imprudente de la víctima, el cual consistió, según ella misma lo afirma en el escrito de demanda, en poner el vehículo en movimiento sin tener la experticia necesaria para ello, pues con ello no solo afectó la integridad del agente Martínez Araújo, sino que motivó al patrullero Frías Pérez a reaccionar contra lo que él consideró un intento de la actora para evadir la imposición del comparendo, según se desprende de las decisiones adoptadas por la justicia penal militar que la misma parte actora solicitó que se tuvieran como pruebas (ver supra párr. 17.8).

38. En virtud de lo anterior, se considera que los perjuicios a que haya lugar deberán ser indemnizados por la entidad demandada en una proporción del setenta por ciento (70%) pues, de acuerdo con lo dicho previamente, el daño se causó por la concurrencia de dos conductas jurídicamente reprochables: la del patrullero Frías Pérez y la de la señora Alegría Rodríguez Salazar.

39. Ahora bien, es cierto, tal como lo señaló el tribunal a quo, que no existen dentro del expediente elementos que permitan determinar con certeza cuál es el porcentaje estimado de pérdida de capacidad laboral ni el valor de los ingresos mensualmente percibidos por la señora Rodríguez Salazar(17). Ello, si bien impide fijar el valor de la indemnización debida por concepto de lucro cesante, no es óbice para proferir una condena en abstracto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.

40. La liquidación deberá hacerse mediante el trámite incidental en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil., con base en el salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales y con fundamento en un dictamen técnico que certifique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que presenta la señora Rodríguez Salazar. Se aclara que la suma que deberá tomarse como ingreso base de liquidación es aquella que resulte luego de descontar del valor de la renta de la víctima el porcentaje estimado de pérdida de capacidad laboral. Para promover este incidente, se otorga a la parte interesada un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

41. La indemnización debida a favor de Alegría Rodríguez deberá liquidarse con fundamento en la siguiente fórmula:

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Donde:

S= valor de indemnización por el período

Ra= renta actualizada, la cual se calcula a partir del porcentaje de pérdida de capacidad laboral

i= interés técnico del 0.004867

n= número de meses a indemnizar, contados desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta el presente

1= constante

42. Para el cálculo de la indemnización futura deberá aplicarse la siguiente fórmula:

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Donde:

S = es la indemnización a obtener

Ra = es la renta actualizada, la cual se calcula a partir del porcentaje de pérdida de capacidad laboral

I = interés puro o técnico: 0.004867

N = número de meses que comprende el período indemnizable, que se cuenta desde el presente hasta el fin de la vida probable de la víctima, previa reducción del periodo indemnizado por concepto de lucro cesante consolidado

43. La suma resultante de las operaciones realizadas para determinar el valor del lucro cesante consolidado y futuro deberá reducirse en un treinta por ciento (30%), que corresponde al porcentaje en que se estima que la víctima contribuyó causalmente al hecho dañoso.

44. En consecuencia con lo expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada.

VI. Costas

45. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 28 de mayo de 2003 por la Sección Tercera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, administrativamente responsable por las lesiones causadas a la señora Alegría Rodríguez Salazar en hechos ocurridos el 26 de julio de 1998, en la ciudad de Bogotá.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a pagar los perjuicios morales causados a Alegría Rodríguez Salazar y a su hijo Juan Pablo Angulo Rodríguez, los cuales se fijan en la suma de veinte (20) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago del lucro cesante causado a favor de la señora Alegría Rodríguez Salazar, el cual deberá liquidarse mediante trámite incidental y promoverse por la interesada dentro del término de sesenta (60) días contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva del fallo.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(2) La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios materiales, fue estimada en $ 30.000.000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2000 fuera de doble instancia ($ 26.390.000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo en este punto (sic) el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2008, Expediente 2004-01402-02(AP), C.P. Myriam Guerrero de Escobar. En similar sentido, véase la sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 33.407, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Los documentos aportados en copia simple por la actora que serán objeto de valoración son los siguientes: (i) el informe de fecha 26 de julio de 1998 suscrito por el comandante área uno de tránsito de la Policía Nacional; (ii) providencia de 27 de julio de 1999, mediante la cual el Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar resolvió la situación jurídica del sindicado; y (iii) providencia de 6 de febrero de 2002, mediante la cual se condenó al patrullero Julio César Frías como responsable del delito de lesiones personales.

(5) En este punto la Sala reitera el criterio expuesto en las sentencias de 27 de octubre de 2011, Expediente 20.450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 26 de julio de 2012, Expediente 19.891, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(6) En la medida en que la justicia penal militar hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, debe entenderse que la parte demandada no puede alegar el desconocimiento ni la imposibilidad de controvertir las declaraciones rendidas ante el Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar en tanto fue la misma entidad —Nación, Ministerio de Defensa Nacional— la que intervino en la práctica y valoración de dichas pruebas. Sobre la posibilidad de valorar las pruebas trasladadas de los procesos penales o disciplinarios en los que la Nación, entendida como persona jurídica, participa en su práctica y valoración, puede consultarse la sentencia del 9 de febrero de 2011, Expediente 16.934, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 17 de marzo de 2010, Expediente 17.925, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, de 22 de junio de 2011, Expediente 20.907, C.P. Enrique Gil Botero; 14 de septiembre de 2011, Expediente 21.481, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, 14 de mayo de 2012, Expediente 22.164, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Expediente 17.138, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(9) Consta dentro del expediente que el señor Julio César Frías López fue nombrado en el cargo de patrullero mediante Resolución 2296 del 04/08/1997 (fl. 144, cdno. 2).

(10) Sobre estas nociones y diferencias Cfr. Devis, Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Dike, Duodécima Edición, 1987, páginas 263 y ss. Y a Morales, Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Undécima Edición, Editorial ABC, 1991, páginas 222 y 223, 452 y 453.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, Expediente 16.271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, véase la sentencia de 17 de julio de 2008, Expediente 16.388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(12) En este sentido, se configura la causal de nulidad por ausencia total de poder cuando, por ejemplo, la persona que actúa en el proceso como apoderado de una persona jurídica o de una persona incapaz recibe el poder de alguien que no ejerce su representación legal. Al respecto, puede consultarse el auto de 29 enero de 2004, Expediente 25.347, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(13) Henry Sanabria Santos, Nulidades en el proceso civil, Universidad Externado de Colombia, segunda edición, Bogotá, 2004, p. 331.

(14) Consta dentro del expediente que el documento fue radicado en la secretaría del tribunal el 26 de mayo de 2003 (fl. 64, cdno. 3).

(15) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias: 17 de julio de 2008, Expediente 16.388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, y 5 de febrero de 2009, Expediente 25.508, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(16) En la historia clínica aportada al proceso consta que la demandante tenía 43 años al momento de los hechos (fl. 80, cdno. 2).

(17) Se reitera que las pruebas aportadas para el efecto por la parte actora fueron rechazadas por el Consejo de Estado mediante auto del 25 de junio de 2004 (ver supra párr. 6).