Sentencia 2000-00621 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Proceso: 520012331000200000621 01

Interno: 30.825.

Actor: Olga Lucía Niño Parra y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana.

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia(12) por el Tribunal Administrativo de Nariño.

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

La muerte de los señores Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte ocurrió el día 23 de julio de 1999, por lo tanto la demanda se formuló dentro los dos (2) años siguientes a ese hecho, comoquiera que se presentó el 30 de mayo de 2000(13).

3. El material probatorio.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Registros civiles de defunción de los señores Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte, quienes según dichos documentos fallecieron el día 23 de julio de 1999(14).

— Oficio 14 -01001 – A, del 7 de mayo de 2001 suscrito por la Aeronáutica Civil, en el cual se consignó(15): “… que una vez revisado el Kardez de propietarios y/o explotadores de aeronaves, así como el sistema de información de esa oficina, la aeronave con matrícula N5382 W, no figura inscrita en el Libro de Registro Aeronáutico Nacional Colombiano …”.

— Protocolos de necropsia 03420-1999 y 03576-1999, practicada respecto de los cuerpos de quienes en vida se llamaban Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte y en los cuales se concluyó que la muerte de ellos se ocasionó “… por politraumatismo severo asociado a accidente aéreo”(16).

— Certificación expedida por parte de la Fuerza Aérea Colombiana el 31 de mayo de 2001, en el cual consta(17):

“… Que el señor Técnico Cuarto (r) Mesa Aponte Edilson q.e.p.d., prestó sus servicios en esta Fuerza desde el 20-jun-96 hasta el 23-Jul-99, fecha en la cual se causó su retiro del servicio activo por defunción según Resolución 22 del 28-ENE-00, así mismo una vez revisada la hoja de vida se pudo verificar que la especialidad fue defensa aérea.

“(...).

“… Que el señor Mayor (r) Alfonso Murillo Ricardo q.e.p.d., prestó sus servicios en esta Fuerza desde el 01-Feb-83 hasta el 23-JUL-99, fecha en la cual se causó su retiro del servicio activo por defunción según Resolución 0889 del 28-SEP-00, así mismo una vez revisada la hoja de vida se pudo verificar que la especialidad fue infantería de aviación” (se resalta).

— Informe administrativo por muerte elaborado por la Fuerza Aérea Colombiana el 25 de agosto de 1999, en el cual se calificó el fallecimiento del señor Edilson Mesa Aponte, como “muerte en misión del servicio”(18):

“… Se tiene que el día 23 de Julio de 1999, el señor Técnico Cuarto – MEsa Aponte Edilson (q.e.p.d.) se encontraba a bordo del avión Dash 7 Boxer 01 Matrícula N5382W, desempeñándose como enlace entre la Misión Americana y la Fuerza Aérea Colombiana. La aeronave despegó de Apiay a las 01:38 horas del 23-jul-99 y estimaba regresar cumplidas 6 horas de vuelo, al haberse perdido la comunicación con dicha aeronave, se inició el procedimiento de búsqueda con los centros de control sin obtener información alguna, estableciéndose con posterioridad que se había accidentado en cercanías al Cerro de Patascoy, límite entre los departamentos de Nariño y Putumayo.

“(...).

El suboficial Técnico Cuarto Edilson Mesa Aponte, era orgánico de esta Unidad y en el momento del accidente cumplía una actividad del servicio, motivo por el cual se califica su deceso como muerte en misión del servicio …” (se resalta).

— Informe administrativo por muerte, elaborado por la Fuerza Aérea Colombiana el 23 de julio de 1999, en el cual se calificó el deceso del señor Ricardo Alfonso Murillo como “muerte en combate” de conformidad con lo siguiente(19)

“… El día 23 de julio de 1999, entre las 04:30 y las 05:00, se accidentó la aeronave RC-7 ARL de matrícula N5382W en coordenadas 00’52.62’N77 02.76’ W, por causas que son motivos de investigación por parte de autoridades militares de los Estados Unidos. La aeronave cumplía misión de apoyo a las operaciones de restablecimiento del orden público y de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (FTCS) cubriendo los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vichada, Casanare, Guainía y Amazonas, de acuerdo con lo establecido en la Circular Transitoria 090514 del Comando General de las Fuerzas Militres del 22 de junio de 1999.

El señor mayor Ricardo Alfonso Murillo, designado por Orden Semanal. 035 de la Central de inteligencia Conjunta del 02 de julio -99 como jefe del Centro de Coordinación de las operaciones de reconocimiento, con apoyo de las plataformas ARL en Apiay, se encontraba destacado en dicha unidad desde el 10 de julio y en la fecha (23 de jul. – 99), cumplía la misión No. 009, con el propósito de efectuar reconocimientos sobre varios puntos programados en el planeamiento de dicha misión.

“(...).

El Mayor Ricardo Alfonso Murillo murió en cumplimiento de una misión de inteligencia tendiente al restablecimiento del orden público interno …” (se resalta).

— Resolución 0140 del 28 de febrero de 2000, proferida por el Ministerio de Defensa, por medio de la cual se modificó la calificación por la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo y en su lugar se consignó que la muerte de él, había ocurrido en misión del servicio(20).

— También se allegó un material periodístico encaminado a demostrar que el piloto de la aeronave no habría sido idóneo para desarrollar tal actividad y para acreditar que las cartas de navegación eran inservibles. En relación con estas pruebas, la Sala reitera que carecen de mérito probatorio porque son indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia y si bien son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen(21).

4. El caso concreto.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, se encuentra acreditado que el día 23 de julio de 1999, los señores Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte, quienes pertenecían a la Fuerza Aérea Colombiana, fallecieron como consecuencia de un accidente aéreo mientras cumplían funciones propias del servicio y se desplazaban en la aeronave RC-7 ARL de matrícula N5382W, de propiedad de las Fuerzas Militares Norteamericanas; que tales agentes del Estado tenían como especialidades la infantería de aviación y la de defensa aérea, respectivamente.

En relación con un caso similar al que aquí se analiza, la Sala consideró(22):

“… Es menester destacar que, en los casos de daños ocasionados por la materialización de los riesgos propios de la actividad peligrosa, en la que sufre un menoscabo quien no tiene la guarda material sobre una actividad, la reparación debe ser adoptada bajo el régimen de responsabilidad objetivo, cuando no está probada la falla en el servicio. Con relación a este punto se ha señalado:

“Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc, no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del Estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc, en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

“De tal manera, el servidor público de la fuerza pública que manipula un arma y se lesiona, no podrá acudir a este régimen de responsabilidad para obtener la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado; por el contrario, si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor(23).(24)

En perspectiva analógica, de lo anterior se infiere que el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional resulta aplicable al funcionario de las fuerzas militares que resulte lesionado o muerto en una actividad aérea, cuando ésta le ha sido asignada para el cumplimiento de sus funciones y el pilotaje no sea ejercido por la misma víctima, o lo que es lo mismo, cuando no tenga la guarda material de la actividad.  

En efecto, en estos supuestos la responsabilidad está fundamentada no en el desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas —tal y como ocurre en el título jurídico del daño especial— ni en el desconocimiento de la carga obligacional de la administración pública —falla del servicio— sino en la concreción o materialización de un riesgo de naturaleza excepcional que asociado al ejercicio de una actividad o instrumento peligroso tiene una alta probabilidad de irrogar daños que no se encuentran en la obligación de soportar. En ese orden de ideas, en este tipo de escenarios en los que un agente estatal no asume directa y voluntariamente la actividad peligrosa (V.gr. manejo o conducción de aeronaves), no se le puede señalar que haya sido un riesgo asumido por la víctima, de allí que sea preciso resarcir el daño causado.

En ese orden, se hace imperativo derivar responsabilidad del ente demandado, pues no obran en el proceso medios suasorios que evidencien una causal impeditiva de imputación y desde luego excluyente de responsabilidad, toda vez que las pruebas son concluyentes en señalar que el Suboficial Técnico Tercero Jhon Manzanares Gómez, en desarrollo de una actividad propia del servicio constitutiva de una actividad peligrosa, sufrió un accidente aéreo del que sobrevino su muerte, cuando no era él quien tenía la guarda material de la nave …” (Se destaca en negrillas y en subrayas).

En el presente caso, con fundamento en el pronunciamiento antes transcrito y comoquiera que no se probó la existencia de una falla en el servicio, la Sala estima que la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de los agentes Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte sí está comprometida a través de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad consistente en el riesgo excepcional.

Cabe señalar que en la demanda se atribuyó una falla en el servicio, porque las cartas de navegación de la aeronave habrían sido obsoletas, incompletas e inexactas y, además, porque el agente norteamericano no sería idóneo para pilotear la aeronave, afirmaciones estas que carecen de todo sustento probatorio, pues el único material demostrativo de los hechos aducidos que se aportó para tratar de sustentar esos señalamientos consistió en unas publicaciones periodísticas, cuya eficacia ya fue desestimada por la Sala en precedencia.

Finalmente, la Sala estima necesario advertir que aunque la aeronave en la cual fallecieron los militares colombianos no era propiedad del Estado colombiano, lo cierto es que en este caso se demandó a La Nación - Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea, con ocasión de la muerte de los militares colombianos Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte mientras desarrollaban actividades propias del servicio.

A lo anterior se adiciona que de conformidad, con el acervo probatorio obrante en el expediente se demostró fehacientemente que la aeronave de propiedad de las Fuerzas Militares Norteamericanas en la cual lamentablemente fallecieron los militares colombianos, estaba prestando un servicio a la Fuerza Aérea, dado que “cumplía misión de apoyo a las operaciones de restablecimiento del orden público y de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (FTCS) cubriendo los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vichada, Casanare, Guainía y Amazonas", razón por la cual, se concluye que la aeronave prestaba un servicio público a cargo de la entidad demandada por cuya virtud se causó el daño, tal y como lo sostuvo la Sala(25):

“… Por lo tanto, si bien el vehículo no era de propiedad del centro público educativo, lo cierto es que ello no impide que el presente caso se aplique el mencionado título jurídico de imputación objetiva, consistente en el riesgo excepcional, tal como lo ha sostenido esta corporación(26):

“Ha sido reiterada la tesis de la Sala, en el sentido de que en aquellos eventos en los que el daño es producido por las actividades peligrosas el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación está derivado de la realización directa de actividad que entraña peligro, de tal manera que en esos casos basta que el actor acredite, primero, la existencia del daño y segundo, que el mismo se ha generado como consecuencia de dicha actividad. En relación con lo anterior, resulta necesario señalar que la responsabilidad se estructura bajo el hecho cierto de que la actividad peligrosa —conducción de automotores— hubiere sido ejercida por cuenta de la entidad demandada aun cuando, como se analizará al momento de analizar el caso concreto, el vehículo utilizado no sea de su propiedad(27)”. (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Comoquiera que en este caso el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, esto es la conducción de vehículos y el transporte de personas en ellos, la Sala concluye que la responsabilidad predicable respecto de la parte demandada lo es a título del régimen objetivo (riesgo excepcional) …”.

De conformidad con lo anterior, la sentencia apelada será confirmada pero por las razones expuestas en precedencia.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios morales.

En este caso, tal como se demostró, los señores Ricardo Alfonso Murillo y Edilson Mesa Aponte murieron como en el accidente aéreo del avión RC-7 ARL de matrícula N5382W ocurrido el 23 de julio de 1999, en cumplimiento de funciones propias del servicio, todo lo cual produjo a los demandantes una afección moral que debe ser indemnizada; se reitera que resulta comprensible que los familiares de una persona que fallece se sientan moralmente afectados.

Aunque no fue objeto de apelación, la Sala se pronunciará en relación con la legitimación en la causa por activa de todos los actores, aspecto que necesariamente debe analizarse así no haya sido materia de la impugnación y, además, porque al determinar ese aspecto se resuelve parte de la apelación de la parte demandante, en cuanto pretende lograr la indemnización por este rubro para algunos de los actores a quienes les fue denegada en sede de primera instancia.

Es así como al proceso se aportó el registro civil de matrimonio contraído entre los señores Ricardo Alfonso Murillo y Olga Lucía Niño Parra(28) y los registros civiles de nacimiento(29) de los actores Ricardo Felipe Alfonso Niño (hijo de Ricardo Alfonso Murillo), María Catalina Alfonso Niño (hija de Ricardo Alfonso Murillo) y Mónica Alejandra Alfonso Niño (hija de Ricardo Alfonso Murillo).

Igualmente se aportaron los siguientes registros civiles de nacimiento(30):

— Del señor Edilson Mesa Aponte que demuestra que es hijo de los también demandantes Blanca Olinda Aponte Rivera y Gustavo Mesa Bonilla; del señor Gustavo Mesa Bonilla, el cual demuestra que es hijo de los también demandantes Enrique Mesa y Cresencia Bonilla Saavedra (abuelos del señor Edilson Mesa Aponte); de la señora Blanca Olinda Aponte Rivera, el cual demuestra que es hija de los también demandantes Fidel Aponte y Carmen Julia Rivera (abuelos del señor Edilson Mesa Aponte); de los demandantes William Mesa Aponte (hermano del señor Edilson Mesa Aponte); Ángela Viviana Mesa Aponte (hermana del señor Edilson Mesa Aponte); Luz Jannette Mesa Aponte (hermana del señor Edilson Mesa Aponte); Alexánder Mesa Aponte (hermano del señor Edilson Mesa Aponte) y Hérberth Mesa Aponte (hermano del señor Edilson Mesa Aponte).

Ahora bien, en cuanto a los señores Gregoria Parra de Niño y Horacio Niño Lara, quien según la demanda eran los suegros del señor Ricardo Alfonso Murillo, obra en el en el expediente obra el registro civil de nacimiento(31) de la también demandante Olga Lucía Niño Parra, el cual demuestra que es hija de los referenciados demandantes.

Así mismo se decretó y se practicó el testimonio del señor Vicente Velásquez Téllez, quien afirmó(32):

“… fue excelente, de mucho amor, responsabilidad tanto así que Ricardo era un ejemplo para su hermano y amistades, respondía por absolutamente todas sus obligaciones, tanto así que muchas ocasiones y casi siempre le colaboraba a sus padres y hermano gemelo Andrés y al que estaba en la policía, era teniente (…). Absolutamente, totalmente desde el mismo momento que se unieron en matrimonio con Olga Lucía su relación fue inmensamente afectuosa, ejemplar, igualmente con sus padres y hermanos, relación que mantuvo en esas condiciones hasta el día en que trágicamente falleció (…). El caso de Olga Lucía ha sido traumático tanto así que el día de hoy no se ha podido recuperar de tamaño dolor, con el agravante de que en el momento de su fallecimiento dejó 3 niños a cargo de su esposa, su familia, hermanos especialmente se han desfavorecido económicamente, porque Ricardo permanentemente les brinda apoyo …”.

De conformidad con los anterior se acreditó en el expediente que los señores Gregoria Parra de Niño y Horacio Niño Lara eran los suegros del señor Alfonso Murillo; no obstante, no se acreditó el dolor que les ocasionó la muerte de su yerno pues del anterior testimonio no se puede establecer que la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo causó dolor a sus suegros, razón por la cual en este proceso no se acreditó el sufrimiento padecido por los señores Gregoria Parra de Niño y Horacio Niño Lara, como consecuencia del fallecimiento del señor Ricardo Alfonso Murillo.

En ese sentido, la Sala se ha pronunciado:

“No ocurre lo mismo respecto de la señora Flor del Carmen Pantoja Mainguez, toda vez que no acreditó la condición de cónyuge de la víctima pues no se aportó la prueba idónea, esto es, el registro civil de matrimonio, ni se demostró la condición de compañera permanente del occiso toda vez que no obran testimonios que den cuenta de esta situación, y por el contrario, obra en el plenario la declaración del señor Luís Antonio Mainguez Mena, quien manifestó conocer a la víctima y a los demandantes por ser vecinos de la misma población, y según el cual “Francisco Javier como se casó se retiró de las relaciones que tenía con doña Flor del Carmen Pantoja, pero a la hija si la visitaba y como le dije la ayudaba” (fls. 139-140,cdno. 1).

Cabe precisar, que conforme al criterio de la Sala que ahora se reitera, en los procesos de responsabilidad por los daños sufridos en la integridad física a una persona, se indemniza a quienes como consecuencia de ese hecho han resultado afectados en sus condiciones normales de subsistencia, bien sea en su esfera patrimonial o moral(33) y en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima ese perjuicio se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho(34), en tanto que en los demás eventos deberá probarse dicho perjuicio.

En el sub lite, no se demostró la calidad de cónyuge o compañero permanente de la víctima de la señora Flor del Carmen Pantoja Mainguez —evento en el cual se inferiría el dolor moral—, como tampoco se acreditó que la muerte de Francisco Javier Tobar le hubiese ocasionado perjuicios morales”(35).

Ahora bien, para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han establecido cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas(36).

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables, hijos y padres de crianza). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

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Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

En consecuencia, se confirmará en este punto la sentencia de primera instancia en el sentido que reconoció el equivalente a 100 S.M.L.M.V., para cada uno de los siguientes actores: Olga Lucía Niño Parra, Ricardo Felipe Alfonso Niño, María Catalina Alfonso Niño, Mónica Alejandra Alfonso Niño (hijos de Ricardo Alfonso Murillo), Blanca Olinda Aponte Rivera y Gustavo Mesa Bonilla (padres de Edilson Mesa Aponte), para cada una de ellos.

Se modificará la sentencia de primera instancia para efectos de concederle a los señores del señor Enrique Mesa, Cresencia Bonilla Saavedra Fidel Aponte y Carmen Julia Rivera (abuelos del señor Edilson Mesa Aponte), William Mesa Aponte, Ángela Viviana Mesa Aponte, Luz Jannette Mesa Aponte, Alexánder Mesa Aponte y Hérberth Mesa Aponte (hermanos del señor Edilson Mesa Aponte), el equivalente a 50 S.M.L.M.V, para cada uno de ellos.

Se mantendrá la negativa respecto de los señores Gregoria Parra de Niño y Horacio Niño Lara

5.2. Perjuicios materiales.

5.2.1. Lucro cesante.

5.2.1.1. Por la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo.

El tribunal administrativo de primera instancia condenó en abstracto a la entidad pública demandada, no obstante, la Sala considera que en el expediente obran los elementos necesarios para cuantificar el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, razón por la cual se condenará en concreto y se efectuará la correspondiente liquidación.

En la demanda se solicitó este perjuicio a favor de los señores Olga Lucía Niño Parra, Ricardo Felipe Alfonso Niño, María Catalina Alfonso Niño y Mónica Alejandra Alfonso Niño, esposa e hijos, respectivamente, del señor Ricardo Alfonso Murillo.

En el presente caso, se tiene que el señor Ricardo Alfonso Murillo, para el momento de su fallecimiento, devengaba la suma de $2’232.361(37).

Indemnización debida o consolidada:

Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 2’232.361.

Expectativa de vida total de la víctima: 43.7 años (524.4 meses)(38)

Período consolidado: 524.4 meses

Índice final: enero de 2015 (último conocido): 118.91

Índice inicial: julio de 1999: 55.77

Actualización de la base:

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$ 4’759.728, más incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales ($1’189.932), lo que determina un ingreso base de liquidación de: $ 5’949.660; a dicho monto se deducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales ($1’487.415); razón por la cual el salario base de liquidación es de $ 4’462.185, monto que se dividirá de la siguiente manera: el 50% para la esposa esto es la suma de $2’231.092 y el otro 50% se dividirá entre tres que es el número de hijos que demandaron en este proceso por partes iguales, es decir la suma de $ 743.697.

La Sala considera importante resaltar que en cuanto a la determinación del tribunal administrativo de primera instancia de descontar el 50% del salario que corresponde al porcentaje que la víctima directa del daño destinaba a sus gastos personales, la misma no se ajusta a los parámetros que usualmente utiliza el Consejo de Estado, para efectuar la liquidación del lucro cesante cuando se demuestra que los beneficiarios de este rubro son más de dos personas, tal y como sucede en el presente asunto, pues es evidente que la víctima directa del daño destina un porcentaje menor de su salario para sus gastos personales(39).

Indemnización a favor de la señora Olga Lucía Niño Parra.

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo (julio de 1999) hasta la fecha de esta sentencia (febrero de 2015), esto es 188.4 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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Futuro: por el resto del período de vida probable del señor Ricardo Alfonso Murillo, esto es 524.4 meses, pero descontando el período consolidado (188.4 meses), es decir, 336 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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En donde,

S = Es la indemnización a obtener

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Total perjuicios materiales: $1.054’534.403.

No obstante lo anterior, se tiene que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora Olga Lucía Niño Parra a la suma de $ 175’576.915, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $ 342’315.969, la cual se le reconocerá a la señora Olga Lucía Niño Parra, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

• Indemnización a favor del señor Ricardo Felipe Alfonso Niño.

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo (julio de 1999) hasta la fecha de esta sentencia (feb. de 2015), esto es 188.4 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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Futuro: a partir de la presente sentencia hasta que el joven Ricardo Felipe Alfonso Niño cumpla 25 años de edad, esto es hasta el día 26 de mayo de 2016, pues él nació ese mismo día, del año 1991.

grafico7-2000.
 

En donde,

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Total perjuicios materiales: $239’338.712.oo.

Empero, la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales a favor del señor Ricardo Felipe Alfonso Niño a la suma de $ 28’904.610, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $ 56’354.274, la cual se le reconocerá a este actor, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

• Indemnización a favor de la señora María Catalina Alfonso Niño.

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo (julio de 1999), hasta la fecha de esta sentencia (febrero de 2015), esto es 188.4 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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Futuro: a partir de la presente sentencia, hasta que la joven María Catalina Alfonso Niño cumpla 25 años de edad, esto es hasta el día 10 de febrero de 2020, pues ella nació ese mismo día, del año 1995.

grafico7-2000.
 

En donde,

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Total perjuicios materiales: $267’222.099.oo.

También encuentra la Sala que la parte actora en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora María Catalina Alfonso Niño a la suma de $ 36’673.749, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $ 71’501.483, la cual se le reconocerá a esta actora, en aplicación del ya aludido principio de congruencia de la sentencia.

Indemnización a favor de la señora Mónica Alejandra Alfonso Niño.

Consolidado: Desde la fecha de la muerte del señor Ricardo Alfonso Murillo (julio de 1999), hasta la fecha de esta sentencia (feb. de 2015), esto es 188.4 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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Futuro: a partir de la presente sentencia, hasta que la joven Mónica Alejandra Alfonso Niño cumpla 25 años de edad, esto es hasta el día 8 de abril de 2024, pues ella nació ese mismo día, del año 1999.

grafico7-2000.
 

En donde,

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Total perjuicios materiales: $290’083.oo.

En línea con los demás actores, en la demanda limitó el monto de la indemnización por perjuicios materiales a favor de la señora Mónica Alejandra Alfonso Niño a la suma de $42’367.948, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de $82’603.257, la cual se le reconocerá a esta demandante, de conformidad con el principio de congruencia de la sentencia.

5.2.1.2. Por la muerte del señor Edinson Mesa Aponte.

La Sala confirmará en este punto la sentencia apelada, en el sentido de denegar la indemnización a los padres del señor Edinson Mesa Aponte, pues para el momento de su fallecimiento, aquel tenía la edad de 26 años, pues nació el 13 de noviembre de 1973.

Al respecto conviene resaltar que en relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, se ha señalado en reiteradas oportunidades que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años(40), época en que tradicionalmente el ser humano organiza un hogar y asume sus propias obligaciones; no obstante, tal presunción puede ser desvirtuada a través de los diferentes medios probatorios, pero ocurre que en el caso sub examine no se encuentra probado que el señor Edinson Mesa Aponte ayudaba constantemente a sus padres y mucho menos el monto de su ayuda.

6. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícanse los numerales segundo y tercero de la sentencia recurrida, esto es la dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 18 de febrero del 2005, los cuales quedarán así:

“Segundo. Condenase a La Nación – Mindefensa – Fuerzas Militares – Fuerza Aérea a pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES las siguientes sumas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva:

Para la señora Olga Lucía Niño Parra y para los menores, por intermedio de su representante legal, Ricardo Felipe Alfonso Niño, María Catalina Alfonso Niño y Mónica Alejandra Alfonso Niño el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes para cada uno de ellos.

Para Gustavo Mesa Bonilla y Blanca Olinda Aponte Rivera el equivalente a cien salarios (100) mínimos legales vigentes, para cada uno de ellos.

Para los señores Enrique Mesa, Cresencia Bonilla Saavedra Fidel Aponte y Carmen Julia Rivera (abuelos del señor Edilson Mesa Aponte), William Mesa Aponte, Ángela Viviana Mesa Aponte, Luz Jannette Mesa Aponte, Alexander Mesa Aponte y Herberth Mesa Aponte (hermanos del señor Edilson Mesa Aponte) el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes para cada uno de ellos.

Tercero. Cóndenase a la Nación – Mindefensa – Fuerzas Militares – Fuerza Aérea a pagar a los actores:

— Olga Lucía Niño Parra la suma de $342’315.969.

— Ricardo Felipe Alfonso Niño la suma de $56’354274.

—María Catalina Alfonso Niño la suma de $71’501.483

— Mónica Alejandra Alfonso Niño la suma de $82’603.257, por concepto de perjuicios materiales”.

2. Confírmase en los demás, el fallo apelado.

3. Sin condena en costas.

4. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005, esto es 500 S.M.L.M.V., que equivalían a $130’050.000 teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2000 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $260.100; por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se solicitó la suma de $283’523.211.

(13) Fls. 2 a 29 c 1.

(14) Fls. 41 y 53 c 1.

(15) Fl. 109 c 1.

(16) Fls. 112 a 120 c 1.

(17) Fls. 42 y 43 c 1.

(18) Fl. 173 c 1.

(19) Fls 174 y reverso c 1.

(20) Fl. 128 y reverso c 1.

(21) Al respecto se puede consultar entre muchos otros pronunciamientos la Sentencia de Unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014; exp 27.709 M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(22) Sentencia del 13 de junio de 2013, exp 25.712. M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

(23) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de septiembre de 2000. Rad. 13.184. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(24) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Rad. 17632. C.P. Ruth Stella Correa Palacios.

(25) Sentencia del 24 de marzo de 2011, exp 19.032. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) Sentencia de 26 de marzo de 2008, exp. 16.393.

(27) Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, expediente: 11.688.

(28) Fl. 33, c 1.

(29) Fl. 36 a 38 c 1.

(30) Fls. 50 a 52 y 56 a 60 c 1.

(31) Fl. 35 c 1.

(32) Fls. 169 y 170 c 1.

(33) Ver, entre otras, sentencias del 1º de noviembre de 1991, exp: 6469 y del 18 de febrero de 1999, exp: 10.517.

(34) A título de ejemplo se relacionan las sentencias del 17 de julio de 1992, exp: 6750; del 16 de julio de 1998, exp: 10.916 y del 27 de julio de 2000, exp: 12.788.

(35) Sentencia de 9 junio de 2010, exp. 17.313, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(36) Sentencia del 28 de agosto de 2014, exp 26.251. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(37) Constancia expedida por la Jefe de la Sección de Liquidación y Haberes del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana. Fl 125 c 1.

(38) De conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados, se tiene que el señor Ricardo Alfonso Murillo tenía una expectativa de vida menor que la de su cónyuge.

(39) Al respecto se pueden consultar entre muchas otras las sentencias del 6 de junio de 2012, exp 22.451; de 13 de febrero de 2013, exp. 25.173; y del 10 de julio de 2013, exp. 27.764. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(40) Sobre el particular ver por ejemplo: Sentencia de 26 de marzo de 2008, exp.16530, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia de 18 de marzo de 2010 M.P. Dra Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de quince de octubre de 2008 M.P. Dr. Enrique Gil Botero