Sentencia 2000-00633 de agosto 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 35.803

Radicación: 73001-23-31-000-2000-00633-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Isabel Cristina Pedraza Camargo y otros

Demandado: Departamento del Tolima

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en un proceso que, por su cuantía (fl. 4, cdno. 1)(3), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

9. Junto con la demanda, y también en diferentes momentos del litigio, fueron allegados varios documentos en copia simple. Los mismos podrán ser apreciados de acuerdo con el criterio recientemente establecido por la Sala Plena de Sección Tercera según el cual, cuando las reproducciones no autenticadas han obrado en el plenario a lo largo del proceso, y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que éstas las tacharan de falsas, pueden ser apreciadas y son idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(4).

III. Hechos probados

10. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por evidenciados los sucesos que pasan a mencionarse.

10.1. El señor Carlos Yesid Sánchez Rondón —fallecido— nacido el 3 de abril de 1953, era cónyuge de la señora Isabel Cristina Pedraza Camargo nacida el 23 de abril de 1958, con quien procreó tres hijos: Adriana Marcela Sánchez Pedraza nacida el 29 de octubre de 1981, Carlos Andrés Sánchez Pedraza nacido el 7 de junio de 1983, y Jorge Mario Sánchez Pedraza nacido el 22 de agosto de 1991. Del mismo modo, era hermano de los señores Olga Estefanía Sánchez Rondón, Leila Ruth Sánchez Rondón, Jaime Orlando Sánchez Rondón, Bernardo Humberto Sánchez Rondón y Guillermo Sánchez Rondón (registros civiles visibles a fls. 25 a 39, cdno. 1).

10.2. El señor Daniel Augusto Rojas Díaz —fallecido—, por su parte, era compañero permanente de la señora María Liliana Jiménez Pirazán, nacida el 7 de septiembre de 1973 (declaración extraprocesal rendida por los señores Martha Yaneth Ramírez Olmos y Wilson Alberto Camargo Rodríguez ante el Notario Segundo (E) del Círculo de Ibagué, fl. 41, cdno. 1, reiterada por la declaración del mismo tipo rendida por José Miguel Triana Aguilar, visible a fl. 42 ibíd.)(5). De dicha unión libre nació Lina María Rojas Jiménez el 30 de noviembre de 1992 (registro civil visible a fl. 43 ibíd.). El difunto también era hijo de los señores Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, así como hermano de los señores Norma Constanza Rojas Díaz, Carlos Yovany Rojas Díaz, Erickzon Rojas Díaz, María del Pilar Rojas Díaz, Magda Yazmín Rojas Díaz y Myriam Rocío Rojas Díaz (registros civiles, fls. 44 y ss. cdno. 1).

10.3. La gobernación del Departamento del Tolima contrató con la empresa Comercializadora Aero Sur —de propiedad del señor Álvaro Enrique Cárdenas Menco(6)— la prestación del servicio de transporte en aeronave, que debía llevarse a cabo en las primeras horas del día 20 de marzo de 1999 (fl. 14, cdno. 1). Este suceso se acreditó con las siguientes pruebas:

10.3.1. Por medio de oficio del 19 de marzo de 1999, el Secretario Administrativo de la Gobernación del Tolima hizo la siguiente solicitud:

De manera atenta le solicito los servicios de una Aeronave con capacidad para cinco pasajeros con destino a la gobernación del Tolima, con el fin de realizar un vuelo en la ruta Ibagué —Planadas— Ibagué el próximo sábado 20 de marzo del presente año (fl. 43, cdno. pbas. 2).

10.3.2. El 12 de mayo de 1999, el Secretario Administrativo de la gobernación del Tolima certificó que “… el Departamento del Tolima mediante oficio 0590 del 19 de marzo de 1999, solicitó a la empresa COMERCIALIZADORA AEROSUR los servicios de una aeronave con capacidad para cinco pasajeros para realizar un vuelo en la ruta Ibagué-Planadas-Ibagué, para el día 20 de marzo de 1999…” (fl. 62, cdno. pbas. 2)(7).

10.4. El día 20 de marzo de 1999, seis personas —entre ellos los señores Carlos Yesid Sánchez Rondón y Daniel Augusto Rojas Díaz— abordaron el avión monomotor tipo Piper PA-32 identificado con la matrícula HK-1603-P propiedad del señor Álvaro Enrique Cárdenas Menco, que volaría en formación con otro aeroplano perteneciente a la gobernación del Departamento del Tolima, con destino al municipio de Planadas en el sur del mencionado departamento, con el propósito de llevar a cabo funciones propias del programa del gobierno nacional relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos. Una vez que decolaron los dos aviones del aeropuerto “Perales” de la ciudad de Ibagué, y transcurrida más de la mitad del trayecto hacia el municipio de Planadas, las tripulaciones de las aeronaves se percataron de un empeoramiento de las condiciones climáticas y meteorológicas, razón por la cual el aerodino de la gobernación del Tolima decidió modificar la ruta y, después de un trayecto más largo que el inicialmente estipulado, aterrizó sin problemas en la pista ubicada en la cabecera municipal de Planadas, como era su destino. En contraste, el avión HK-1603-P en el que viajaban los señores Carlos Yesid Sánchez Rendón y Daniel Augusto Rojas Díaz, por decisión del piloto al mando, continuó la ruta trazada desde el momento del despegue, y desapareció en medio del mal tiempo reportado en la misma. Una vez que transcurrieron casi tres días de búsqueda del aparato y sus ocupantes, el mismo fue hallado en la ladera de un cerro conocido como “El Copete”, en inmediaciones del cañón de “Las Señoritas”, con el comandante y cinco de sus pasajeros muertos —entre ellos los familiares de los demandantes dentro del sub lite—, y un solo sobreviviente que había padecido graves lesiones. La anterior reseña fáctica se extrae de las siguientes pruebas, cuyo contenido es pertinente reseñar así:

10.4.1. De conformidad con el formulario del plan de vuelo del avión con matrícula HK-1603-P, el trayecto del 20 de marzo de 1999 se llevaría a cabo con reglas visuales VFR, estaría comandado por el piloto Marcelino Lizardo Moreno, seguiría la ruta denominada “Ortega-HA-Santiago” y, además, llevaría seis personas a bordo sumadas al mencionado aeronauta (fl. 248, cdno. pbas. 2).

10.4.2. El vuelo entre Ibagué y el municipio de Planadas —Tolima— se llevaría a cabo en formación por el avión de matrícula HK-1603-P y acompañado de otro avión comandado por un piloto adscrito a la Gobernación del Tolima, quien mediante oficio del 26 de marzo de 1999 dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, rindió el siguiente informe acerca de los hechos:

1. A las 12:24 horas zulú despegué del aeropuerto Perales detrás de la aeronave Piper Cheroky Six HK-1603-P quien también tenía plan de vuelo para efectuar la ruta Ibagué-Planadas. Como es de costumbre esta ruta se debe efectuar en condiciones totalmente visuales. Después del despegue ascendí a 4.500 pies con un rumbo de 210º y el capitán Marcelino Moreno (HK-1603-P) ascendió a 4.000 pies volando a mi izquierda aproximadamente a ¼ de milla, ambos en condiciones visuales.

2. Antes de llegar a la posición Ortega como era nuestra costumbre le informamos a Ibagué el cambio a control Santiago Vila (Girardot) y lateral al Occidente de Ortega le reportamos nuestra posición (cada uno independientemente) así proseguimos nuestro itinerario.

3. Aproximadamente cinco minutos después de cruzar el occidente de Ortega y próximos a un pueblo llamado Olaya Herrera el capitán Moreno me reportó que él se quedaba volando a 3.500 pies puesto que tenía a esta altura mejor visual con el terreno y proseguía la ruta hacia el municipio de Ataco, como yo llevaba 4.500 pies y estaba entrando en estratos, ascendí a 5.500 pies quedando por encima de un colchón de nubes teniendo como referencia visual los cerros de Calarma que se encuentran al norte de Chaparral, cambié mi rumbo a 230º y seguí volando aproximadamente de 6 a 8 minutos con este rumbo y viendo que el colchón estaba muy extenso resolví devolverme a buscar visual lo cual hice con un contra tumbo de 60º interceptando el VOR de Girardot, de esto le comenté al capitán Moreno (HK-1603-P) y él me dijo que proseguía visual a 3.500 y que se encontraba próximo a la población de Ataco.

4. Al regresarme encontré visual por Olaya Herrera que era mi antiguo rumbo (210º) puesto que yo también me pensaba ir por el municipio de Ataco, después de 3 minutos aproximadamente y viendo que al frente se encontraba muy oscuro y lloviendo preferí dirigirme hacia Chaparral que tenía más visual.

5. Al cruzar al sur de Chaparral llamé nuevamente al capitán Moreno el cual me contestó que se encontraba al sur de Ataco pero en medio de fuerte lluvia, yo le dije que me encontraba en Chaparral y que por el occidente de la población del Limón estaba mejor el tiempo, que se regresara y nos encontrábamos por este lado.

6. Proseguí el vuelo hacia el occidente de Chaparral y al cruzar sobre la comunicación (esta llamada fue aproximadamente entre las 13:10 y 13:15 horas zulú). En vista de que no me respondió pensé que era por la altura en la cual nos encontrábamos volando en ese momento. Seguí mi vuelo y aterricé en Planadas a las 13:34… (fls. 232 y 233, cdno. pbas. 2)(8).

10.4.3. La empresa Comercializadora Aero Sur rindió un informe en el que constan las incidencias fácticas del vuelo. Allí se dice que el tiempo estimado del trayecto hasta el destino era de 45 minutos, y que el mismo se llevaría a cabo en formación con el avión de la Gobernación del Departamento del Tolima. Textualmente se dijo en el informe suscrito por el señor Álvaro Cárdenas:

El piloto encargado para efectuar el vuelo fue el capitán Marcelino Moreno, quien era un piloto de reconocida experiencia y tenía un amplio conocimiento de la ruta Ibagué - Planadas, ya que en diversas ocasiones había realizado la ruta en el mismo avión HK-1603-P y el HK-2629 (Saratoga).

El avión salió desde el aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, con destino a la población de Planadas, a las 12:23, con un tiempo estimado de vuelo de 45 minutos. Esta información ha sido tomada del plan de vuelo y por la información suministrada por la torre de control.

(…).

Verificada la operatividad de la aeronave y su condición de aeronavegabilidad, la aeronave se abasteció de combustible, y de acuerdo con informaciones del personal de la torre de control, el Capitán Moreno abordó a seis (6) personas, y procedió a decolar a las 12:23 hora zulú del aeropuerto Perales con destino a la población de Planadas.

Este vuelo se realizó en conjunto con el avión de la Gobernación del Tolima, al mando del Capitán Restrepo, quien estuvo en permanente contacto con el Capitán Moreno durante el vuelo, razón por la cual me remito al informe que el capitán Restrepo ha presentado sobre el particular. En todo caso se puede deducir del mencionado informe que el avión presentó un comportamiento normal, todos los instrumentos marcaban las condiciones normales de operación de la aeronave. En ningún momento presentó evidencia de cualquier falla o comportamiento extraño del avión.

(…).

Al momento de partir del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué el tiempo imperante se encontraba en buenas condiciones. Es decir, no existía ninguna limitante que impidiera realizar el vuelo en condiciones de seguridad.

(…)

La aeronave había sido cargada de acuerdo al comprobante de entrega 000079 expedido por Aerocombustibles de Colombia AECA LTDA. con 29 galones de combustible, gasolina etílica 100/130, en el aeropuerto Perales, con lo cual la aeronave quedó abastecida full, es decir, 50 galones, 25 galones por cada tanque, con lo cual podía cumplir ampliamente el plan de vuelo propuesto… (fls. 249 a 251, cdno. pbas. 2).

10.4.4. En el expediente se observa el “Informe operación búsqueda y rescate” elaborado por funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en el que se consigna lo siguiente:

El día 20 de marzo de 1999 el piloto Capitán Marcelino Moreno al mando de la aeronave HK-1603-P a solicitud del capitán Restrepo piloto del HK1529-G de la Gobernación del Tolima presentó plan de vuelo a las 11:05 utc para realizar vuelo VIP del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué a la pista Planadas de la misma población del Tolima, despegando a las 12:10 utc con un nivel de vuelo entre 3.500 y 4.000 pies. La última comunicación entre las dos aeronaves fue a las 12:58 UTC en la cual informa el HK-1603-P que estoy dejando la población de Ataco con mal tiempo y fuertes lluvias, HK-1529-G aterriza en Planadas y espera al 1603-P por un espacio de 20 minutos al no hacer arribo el capitán Restrepo del HK-1529-G regresa y realiza una operación SAR por espacio de unos 40 minutos y aterriza en Ibagué donde solicitan apoyo a la Fuerza Aérea y al Ejército Nacional e inician operación de Búsqueda con resultados negativos; por un espacio aproximadamente de 10 horas.

Una vez terminada la autonomía de la aeronave y realizada la búsqueda por el excum, fue declarada en Alerta Detresfa mediante mensaje número 201526 SKEDZQZX con copia para los posibles aeropuertos de BOG, IBG, GIR, NVA.

(…).

Hughes 500 FAC 4252 aproximadamente 16:00 UTC informa por frecuencia 123.4 mhz avistó la aeronave accidentada a 16 millas al sur de Ataco coordenadas 03º34’36’’ N 075º28’14’’ W cerro Copete vereda del mismo nombre finca Buenos Aires.

16:35 UTC se activa grupo de rescate de la Fuerza Aérea Comandada por el mayor de la Fuerza Aérea René Guzmán, en el Helicóptero Bell 212 equipado para rescate FAC 4002.

16:45 UTC despega al sitio el Black Hawk con personal de Aerocivil, 5 voluntarios Cruz Roja y 4 voluntarios Defensa Civil para apoyar el rescate de las víctimas de las cuales el señor Víctor Manuel Tafur ocupante sobrevivió al impacto de la aeronave y se alejó del sitio por la cañada aproximadamente unos 800 metros donde fue localizado en estado de deshidratación e iniciando estado de hipotermia con algunas lesiones corporales el cual fue evacuado con el helicóptero de rescate por medio de grúa y trasladado al hospital de Ibagué. Posteriormente los restos de los 6 ocupantes a (sic) la población de Ibagué por orden del señor Gobernador del Tolima… (fls. 266 y ss., cdno. pbas. 2).

10.4.5. El deceso de 6 de los 7 ocupantes del avión, incluidos los fallecidos familiares de los demandantes —Carlos Yesid Sánchez Rondón y Daniel Augusto Rojas Díaz—, se acreditó con los protocolos de necropsia, inspección de cadáveres y registros de defunción visibles en el expediente (fls. 198 y ss., 438 y ss., y 464 y ss., cdno. pbas. 2).

10.5. Con posterioridad al accidente, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil llevó a cabo una investigación para conocer las causas del mismo, en el marco de la cual se elaboró un informe preliminar y otro definitivo, en los que se señaló el mal clima, y también la posible impericia del piloto al mando, como causa de la precipitación de la aeronave, la cual fue volada en condiciones meteorológicas demasiado adversas para el desarrollo de una travesía que, de conformidad con el plan de vuelo reportado antes del despegue, debía llevarse a cabo bajo reglas visuales de vuelo —VFR—. Pertinente es reseñar los elementos materiales de prueba que sobre este hecho son visibles en el expediente:

10.5.1. Se observa en el plenario el documento denominado “Informe Preliminar de Accidente — Información General”, elaborado por inspectores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en donde el suceso del 20 de marzo de 1999 se describe en los siguientes términos:

21. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SUCESO: El día 20 de marzo de 1999, la aeronave HK-1603-P despegó del aeropuerto de Ibagué a las 07:00 HL con destino Planadas llevando a bordo un tripulante y seis pasajeros, a las 7:42 HL hace su reporte sobre Ortega, a las 07:58 HL en contacto con la aeronave HK-1529-G le informa que se encuentra con mal tiempo en ruta sobre Ataco; a partir de ese momento se pierde toda comunicación con la aeronave. Con mensaje 201528 SKEDZQZXA es declarada en Alerta/Detresfa. De Inmediato se inicia su búsqueda con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, Ejército, Ministerio de Transporte y aeronaves de la Patrulla Aérea; siendo localizada accidentada el día 22 de marzo de 1999, a las 10:00 HL en la vereda Mancipe a una altura de 4.100 pies.

El accidente se configuró a las 08:00 HL con luz de día, condiciones meteorológicas adversas, lluvia y neblina en ruta, en las coordenadas 03º34’36’’ N y 075º28’14’’ W. No se presentó incendio (fl. 452, cdno. pbas. 2).

10.5.2. Recaudados todos los elementos relacionados con el siniestro, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil elaboró el dictamen titulado “Informe de Accidente de Aviación - Álvaro Enrique Cárdenas Menco - Matrícula HK-1603-P Piper PA-32-300 - Cerro Capote - Municipio de Chaparral - Departamento del Tolima - 20 de marzo de 1999”. En las conclusiones de este estudio, las autoridades aeronáuticas mencionan el mal clima y la imprudencia del piloto como causas probables de la destrucción de la aeronave y los daños padecidos por sus ocupantes. Del mismo modo, se resalta el hecho de que la aeronave registrada con la matrícula HK-1603-P no estaba autorizada para el transporte comercial de pasajeros, y también se relieva que el piloto Marcelino Lizardo Moreno no fue adecuadamente certificado para la operación de la avioneta monomotor tipo Piper PA-32-300. Se citan en su extensión los apartes que se consideran de importancia para la solución del sub lite:

1.1. RESEÑA DEL VUELO

El día 20 de marzo de 1999, a las 12:23 UTC, la aeronave HK-1603-P de propiedad del señor Álvaro Cárdenas Menco, despegó del aeropuerto de Perales de la ciudad de Ibagué con destino al aeródromo de Planadas, llevando a bordo 1 tripulante y 6 pasajeros, con el fin de transportar funcionarios de la oficina del programa “Plante” a solicitud de la gobernación del Tolima. De acuerdo al plan de vuelo presentado, este se desarrollaba en condiciones visuales VFR, en la ruta Ortega-Santiago-Pérez-Planadas con una duración de 00:40 minutos y una autonomía de vuelo de 05:00 horas, incluyendo un total de seis personas a bordo.

A las 12:42 UTC el piloto notifica a la torre de control de Santiago Vila de Girardot que se encontraba al oeste de Ortega a una altura de 6.500 pies en condiciones de vuelo visual y estimando Planadas para las 13:05 UTC.

A las 12:58 UTC el piloto de la aeronave HK-1603-P en frecuencia 118.4 efectuó contacto con la aeronave HK1529-G quien realizaba la misma ruta y le informa que las condiciones meteorológicas no eran buenas y que tenía una altitud de 3.500 pies e iniciaba regreso, a partir de ese momento se pierde todo contacto con la aeronave.

A las 13:15 UTC el controlador de la torre de control de Santiago Vila por intermedio del controlador del aeropuerto de Perales e información de la tripulación HK-1592-G confirma que el HK-1603-P no había arribado al aeródromo de planadas.

Con mensaje 201526 SKEDZQZX es declarada en Alerta/Detresfa, iniciándose las labores de búsqueda con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, Ejército, Policía Nacional, Ministerio del Transporte y aviones de la Patrulla Aérea, labor que fue suspendida por mal tiempo en la zona a las 20:00 UTC el día 21. El día 22 a las 12:00 UTC se inician nuevamente las labores de rescate y a las 15:10 UTC, la aeronave fue localizada en el Cerro Copete, a una altura de 4100 pies en las coordenadas 03º34’36’’ N y 75º28’14’’W.

Al efectuar la operación de rescate, se encontraron sin vida el piloto y cinco pasajeros, una persona sobreviviente con lesiones graves, fue trasladada vía aérea a un centro hospitalario de Ibagué.

El accidente se configuró a las 13:00 UTC aproximadamente, con luz del día y condiciones atmosféricas adversas por visibilidad reducida por nubes y lluvia sobre el área. No se presentó incendio.

(…).

1.5. Información sobre la tripulación:

(…).

Revisada la Hoja de Vida, las horas registradas 5.799:10 las voló en los equipos Cessna 150, Cesna 152 y Cessna 172, en razón de que se desempeñó como instructor en la Escuela de Aviación IVIETA.

Así mismo, le figura un incidente el día 15 de febrero de 1992 en la aeronave HK-1843-I.

Su último chequeo de vuelo registrado en la Aeronáutica Civil lo realizó el día 03 de marzo de 1998 en el equipo PA-28.

Con relación al equipo accidentado PA-32 no le aparece registro de horas de vuelo y el último chequeo en el equipo fue realizado el día 12 de febrero de 1998, por un piloto sin licencia IVA.

1.6. INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE:

(…).

El mantenimiento de la aeronave era efectuado por los talleres de Hangar Uno de Colombia, con personal técnico licenciado y autorizado para efectuar labores de mantenimiento, contrato de mantenimiento del 2 de marzo de 1998 por período de un año.

El 2 de marzo de 1999 el propietario de la aeronave elaboró contrato de mantenimiento por el término de un año con talleres aeronáuticos Aviopartes Ltda.

Realizado el cómputo de peso y balance para el día del accidente, se encontró dentro de los límites autorizados por el certificado de aeronavegabilidad.

El último peso y balance efectuado a la aeronave fue el 7 de octubre de 1998.

1.7. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA:

El aeródromo de Planadas no cuenta con estación meteorológica ni oficina de información aeronáutica.

De acuerdo a información suministrada por un testigo en el lugar del accidente, se pudo confrontar que para la hora del accidente en el sitio se presentaba mal tiempo con visibilidad reducida por niebla y lluvia, lo cual impedía ver el terreno y así efectuar una operación de vuelo en condiciones visuales.

(…).

1.12. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO.

El piloto al encontrar un cerro en la trayectoria, inicia un viraje hacia la izquierda para evitar colisionar de frente. La aeronave impactó en una actitud de banqueo de 60º a la derecha, a una altura de 4.100 pies deslizándose en actitud de cabeceo de 30º sobre una colina recorriendo aproximadamente 200 metros, terminado su recorrido en una cañada…

(…).

1.16. ENSAYOS E INVESTIGACIONES.

Durante la inspección de campo practicada, se pudo constatar que los flaps se encontraban en posición arriba, de igual manera no se evidenciaron huellas de desprendimiento de superficies de vuelo antes del impacto contra el terreno.

Las palas de las hélices se encontraron dobladas hacia adelante, lo cual indica que el motor al momento del impacto se encontraba con potencia…

(…).

1.18. INFORMACIÓN ADICIONAL.

La gobernación del Tolima solicitó los servicios a la Comercializadora Aero Sur con el fin de efectuar un vuelo en el trayecto Ibagué - Planadas - Ibagué para el día 20 de marzo de 1999 para transportar seis (6) pasajeros del programa Plante.

La Comercializadora Aero Sur dispuso para ese vuelo la aeronave PA-32 HK-1603-P, aeronave que no puede transportar pasajeros pagos, de acuerdo a su registro aeronáutico.

(…).

2.0. ANÁLISIS.

El piloto al mando de la aeronave tenía el chequeo en el equipo PA-28 vencido desde el 3 de marzo de 1998, y el chequeo en el equipo accidentado PA-32, se llevó a cabo el día 12 de febrero de 1999 por un piloto con licencia PC, con una intensidad de una (1) hora.

El piloto al mando tenía experiencia como instructor de vuelo, cargo que desempeñó durante largo tiempo en la escuela IVIETA. El certificado médico se encontraba vigente sin ningún tipo de limitaciones.

La aeronave se encontraba en perfectas condiciones de aeronavegabilidad y no se conocieron reportes técnicos que afectaran el vuelo en mención.

Las condiciones meteorológicas en el área de Chaparral y Ataco eran desfavorables por la presencia de lluvias y nubes bajas para la continuación del vuelo VFR, el piloto decidió descender del nivel de vuelo proyectado para tener referencia visual con el terreno y a las 12:58 UTC en comunicación con la aeronave HK-1259-G le comenta que las condiciones meteorológicas no eran buenas y que se encontraba a una altura de 3500 pies; en ese instante decide iniciar un viraje escarpado hacia la izquierda, para evitar la colisión de frente, presentándose la pérdida de sustentación y altura impactando contra el terreno recorriendo 200 metros aproximadamente hasta detenerse finalmente en una cañada.

3.0. CONCLUSIONES.

El piloto tenía vigente su licencia médica y no se encontró (sic) impedimentos psicofísicos que le impidieran desarrollar actividades de vuelo.

El piloto tenía vencido el chequeo de vuelo en el equipo Piper PA-28 desde el 3 de marzo de 1999 y el chequeo en el equipo accidentado PA-32 fue realizado por un piloto que no tenía licencia de instructor de acuerdo a los documentos enviados por el propietario de la aeronave.

El peso y balance estaba dentro de los límites operacionales requeridos por el fabricante.

El mantenimiento de la aeronave cumplía con los requisitos exigidos por el fabricante y la autoridad aeronáutica.

Las condiciones meteorológicas fueron factor contribuyente en este accidente.

CAUSA PROBABLE

La causa probable de este accidente, fue el (sic) continuar una operación de vuelo con reglas de vuelo visual (VFP) por parte del piloto al mando, en condiciones de instrumentos (IMC), con la presencia de lluvia y visibilidad reducida por la niebla.

4.0 RECOMENDACIONES

Recordar a los propietarios de aeronaves privadas, la prohibición de transportar pasajeros pagos en aeronaves cuya utilización es de turismo.

Recordar a pilotos de aviación general a través de una circular, los procedimientos establecidos en el M.R.A. sobre el cumplimiento estricto de los vuelos VFR y (sic) IFR.

A los pilotos de la aviación general, se mantengan entrenados y calificados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el M.R.A. (fls. 19-30, cdno. pbas. 2).

10.6. El avión identificado con la matrícula HK-1603-P tenía al día todas las pruebas técnico mecánicas, las cuales habían sido realizadas en talleres certificados, razón por la cual el aparato ostentaba certificado de aeronavegabilidad vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (fls. 156, 158, 160 y 196, cdno. pbas. 2).

10.7. El piloto al mando de la aeronave siniestrada era el señor Marcelino Lizardo Moreno, quien tenía vigentes todos los permisos de vuelo exigidos por las autoridades aeronáuticas (fls. 142, 144 y 146, cdno. pbas. 2), pero el registro de chequeos de vuelo indica que el último examen de vuelo se efectuó en un avión monomotor Piper PA-28, con fecha de realización el 7 de febrero de 1998 y vigencia hasta el 7 de febrero de 1999 (fl. 146, ibíd.).

10.8. Por medio del Decreto 79 del 22 de febrero de 1999, el Gobernador del Departamento del Tolima nombró al señor Carlos Yesid Sánchez Rondón en el cargo de “… Secretario de Despacho, Secretaría de Apoyo a la Gestión, Nivel Directivo, Código 020, Grado de Asignación D03…” (fl. 206, cdno. pbas. 1).

10.9. Con ocasión de la muerte del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, la División de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales, por medio de la Resolución 109 del 6 de abril de 2000, concedió pensión de sobrevivientes a favor de la señora Isabel Cristina Pedraza Camargo en su calidad de cónyuge supérstite de un afiliado fallecido, así como en favor Adriana Marcela Sánchez Pedraza como hija estudiante del causante y, bajo los mismos presupuestos de dependencia económica, también en beneficio de los hijos menores Jorge Mario y Carlos Andrés Sánchez Pedraza (fl. 31, cdno. pbas. 1). Según hoja de prueba de liquidación de aportes elaborada por la Vicepresidencia de Pensiones —Gerencia nómina de pensionados del Instituto de Seguros Sociales—, el ingreso base de liquidación para la pensión de sobrevivientes reconocida, fue la suma de $ 4.213.313 (fl. 115, cdno. pbas. 1).

10.10. En el proceso se acreditó que antes del deceso, el señor Daniel Augusto Rojas Díaz ayudaba con su labor al desarrollo de las actividades económicas a las que se dedicaban sus padres. Del mismo modo, el mencionado fallecido ejercía las labores de camarógrafo de manera ocasional. Al respecto, en el testimonio rendido dentro del presente proceso por el señor Octavio Patiño Olaya, se dijo lo siguiente:

… Prácticamente convivía con Liliana, y vivía en el barrio Gaitán, él frecuentaba mucho a la mamá, al papá y a los hermanos, en esa época el señor DANIEL ROJAS MELO, padre del finado, y la señora MIRYAM, administraban el Club Creditario, queda en El Salado, yo conocí a DANIEL AUGUSTO, porque se encontraba allá con el papá y le iba a colaborar al papá en la atención del club, una semana antes de él morir estuvo en la finca del papá, la finca “Limones”, vereda Gulupo, jurisdicción de Rovira, allá estuvo, colaborándole en la finca. PREGUNTADO: Sírvase decir, si le consta, quiénes dependían económicamente del señor DANIEL AUGUSTO ROJAS DÍAZ. CONTESTÓ: Dependía de la señora LILIANA y su hija, porque trabajaba como camarógrafo del Padre Arango, lo destinaba para la manutención, para él, su hija, esposa y para los padres, porque les colaboraba mucho, no tengo más conocimiento de eso… PREGUNTADO: Sírvase decir, si le consta, cuánto devengaba el señor DANIEL AUGUSTO ROJAS DÍAZ. CONTESTÓ: No, no supe cuánto ganaba… (fls. 167 y 168, cdno. 1)(9).

IV. Problema jurídico

11. Al revisar el fondo de las pretensiones formuladas por la parte actora, es necesario que la Sala estudie la existencia de los elementos que conforman la responsabilidad, como son el daño, un hecho —por acción u omisión— de la administración y el nexo de causalidad entre ambos. En el análisis de la imputación del daño y la determinación de las indemnizaciones a que hay lugar, la Sala se concentrará en dar respuesta a las siguientes preguntas:

11.1. ¿Es posible predicar responsabilidad a cargo del Departamento del Tolima por un hecho ocurrido cuando se desarrollaba la prestación de un servicio por parte de un particular, como en el caso concreto ocurrió con la precipitación a tierra del avión con matrícula HK-1603-P de propiedad del señor Álvaro Enrique Cárdenas Menco?

11.2. En la medida en que se dirá que los actos de los contratistas de la administración sí pueden comprometer la responsabilidad de esta última, entonces corresponde a la Sala establecer, acto seguido, si en el caso concreto se demostró que la ocurrencia del siniestro se debió a alguna conducta culposa por parte del piloto de la aeronave identificada con la matrícula HK-1603-P y, en caso de ser ello cierto, si la responsabilidad estaría eximida por la existencia de la causal de fuerza mayor alegada por la entidad demandada, quien consideró que la precipitación a tierra del aerodino ocurrió por causa del mal clima presente en la ruta aérea planificada entre el aeropuerto de Ibagué y el aeródromo de Planadas, ambos en el departamento del Tolima.

11.3. Acto seguido se estudiará, desde un punto de vista sustancial, la procedencia del llamamiento en garantía formulado por el Departamento del Tolima en contra del Instituto de Seguros Sociales, y aceptado por el a quo en el trámite de la primera instancia.

11.4. Finalmente, al determinar la indemnización de perjuicios a que hay lugar, la Sala establecerá si la misma se ve afectada por el hecho de que se reconoció pensión de sobrevivientes a favor de varios de los demandantes, como beneficiarios que son del occiso Carlos Yesid Sánchez Rondón.

V. Análisis de la Sala

12. La Sala tiene por demostrado el daño alegado por la parte actora, representado en los perjuicios materiales e inmateriales padecidos por los familiares de los señores Carlos Yesid Sánchez Rondón y Daniel Augusto Rojas Ríos, con ocasión del deceso de estos últimos en el accidente de aviación en que se vio involucrada la aeronave Piper PA-32-300 con matrícula HK-1603-P, fletada por el Departamento del Tolima para la realización de un vuelo entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Planadas. Dicho detrimento debe ser analizado en forma separada para los grupos familiares de las personas fallecidas, quienes no tenían relación alguna de parentesco entre ellas.

12.1. Así, frente a los allegados del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, el análisis puede efectuarse así:

12.1.1. Por un lado se encuentran demostrados los perjuicios materiales padecidos por los demandantes Isabel Cristina Pedraza Camargo, Adriana Marcela Sánchez Pedraza, Carlos Andrés Sánchez Pedraza y Jorge Mario Sánchez Pedraza, quienes acreditaron respectivamente sus calidades de cónyuge e hijos del fallecido Carlos Yesid Sánchez Rondón. Del mismo modo, se evidenció que los demandantes dependían económicamente de quien en vida desempeñaba las labores de secretario privado del gobernador del Departamento del Tolima, quien tenía a su cargo una obligación alimentaria respecto de los peticionarios. En este punto, frente a la demandante Adriana Marcela Sánchez Pedraza, quien para la época de los hechos contaba con más de 18 años de edad, la dependencia económica respecto del difunto está indiciada por el hecho de que en favor de aquélla fue reconocido por el Instituto de Seguros Sociales el derecho de suceder al occiso mediante pensión de sobrevivientes, según fue decidido en la Resolución 109 del 6 de abril de 2000 —párr. 10.9—, decisión en cuyo estudio se valoraron los certificados expedidos por la correspondiente institución educativa, en los que constaba que la aludida demandante cursaba estudios de educación superior.

12.1.1.1. En este punto, para la Sala no es inadvertido que la mencionada prestación pensional tiene como fuente el mismo hecho que dio lugar al presente juicio de responsabilidad extracontractual, por lo que podría argumentarse que el daño ya habría sido solventado con el emolumento de sobrevida reconocido en su momento por el Instituto de Seguros Sociales, lo que implicaría la inexistencia del menoscabo de cara al sub lite. No obstante, la Sección Tercera ha precisado que no es posible igualar el origen causal de las prestaciones económicas reconocidas por virtud de la vinculación laboral, y aquellas que eventualmente puedan surgir del juicio de reparación, pues el origen de unas y otras es disímil. Como ejemplo de ello se cita la sentencia de la Subsección “C” de la Sección Tercera, calendada el 13 de junio de 2013, en la cual se dijo lo siguiente:

Finalmente, se advierte que contrario a lo expresado por el Ministerio Público en los alegatos de conclusión en la primera instancia, en los eventos en que un funcionario sufre un daño como consecuencia de esta clase de actividades, la entidad estatal a la cual se encuentra vinculado el servidor, ve comprometida su responsabilidad patrimonial, más allá de las obligaciones derivadas de esa relación laboral, las cuales se cubren con la indemnización a fort fait a que tiene derecho en virtud de esa vinculación(10).

12.1.1.2. Criterio que fue reiterado en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de sección Tercera en la sentencia de unificación del 22 de abril de 2015, con ponencia de la Consejera de Estado Stella Conto Díaz del Castillo, en la cual se dijo lo siguiente:

En este orden de ideas, la excepción basada en que los accionantes tenían que acudir al juez del trabajo no puede prosperar, porque el servidor público perjudicado en el ámbito de la relación laboral bien puede acudir ante el juez de la reparación a fin de que se resuelva sobre la responsabilidad del Estado, más allá de las prestaciones directamente derivadas de la relación laboral. Sin que ello dé lugar a acumulación, en razón de que se trata de igual obligación derivada de la misma fuente.

Siendo así, la acción de reparación directa procede, cuando los servidores públicos, en calidad de víctimas, demandan la reparación integral de los daños causados en el desempeño de sus funciones, tal como ocurre, en el caso cuyo estudio ocupa a la Sala(11).

12.1.1.3. De lo cual se deduce que el carácter actual y cierto del daño material —lucro cesante— padecido por las personas que dependían económicamente del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, no se pierde por el hecho de la pensión de sobrevivientes reconocida en favor de ellos por el Instituto de Seguros Sociales.

12.1.2. Por la misma vía, en el trámite se evidenciaron los perjuicios morales aducidos por los mismos demandantes —cónyuge e hijos del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón—, sumados a los señores Olga Estefanía Sánchez Rondón, Leila Ruth Sánchez Rondón, Jaime Orlando Sánchez Rondón, Bernardo Humberto Sánchez Rondón y Guillermo Sánchez Rondón, demandantes éstos que acreditaron su condición de hermanos de la víctima directa. Al respecto, la jurisprudencia tiene establecido que la existencia del nexo de parentesco, sumada a las reglas de la experiencia, permiten establecer que la muerte de un familiar cercano implica para los sobrevivientes una situación de congoja y dolor que implica un daño inmaterial de carácter moral(12).

12.1.3. En el orden de ideas anteriormente expuesto, estima la Sala que en el caso concreto se acreditaron los daños alegados por el grupo de los demandantes que adujeron ser parientes del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón.

12.2. Otro tanto puede decirse en relación con el grupo familiar afecto al finado Daniel Augusto Rojas Díaz, cuyos menoscabos resultaron plenamente demostrados, así:

12.2.1. En lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, está acreditado en el plenario que la demandante María Liliana Jiménez Pirazán era compañera permanente del mencionado occiso, con quien procreó a la menor Lina María Rojas Jiménez. De otra parte, se acreditó que el difunto era hijo de los señores Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, así como hermano de los señores Norma Constanza Rojas Díaz, Carlos Yovany Rojas Díaz, Erickzon Rojas Díaz, María del Pilar Rojas Díaz, Magda Yazmín Rojas Díaz y Myriam Rocío Rojas Díaz —párr. 10.2—. A partir del testimonio el señor Octavio Patiño Olaya —párr. 10.10— se deduce que el fallecido Daniel Augusto Rojas Díaz ejercía una actividad económica y que el producto de la misma lo destinaba al sostenimiento de sus padres, compañera permanente e hijos. De ello se deduce que la muerte de aquél implicó para estos el surgimiento de un lucro cesante, cuyo monto será determinado en el acápite correspondiente a la liquidación de perjuicios.

12.2.2. Al revisar los perjuicios morales, se aprecia que los mismos fueron padecidos por el grupo de demandantes bajo referencia, lo que ocurrió con ocasión de la muerte del señor Daniel Augusto Rojas Díaz, y con aplicación de la misma regla de presunción aludida párrafos más arriba cuando se refirió el caso de los familiares del otro occiso.

12.3. En el orden de ideas anteriormente expuesto, observa la Sala que en el caso concreto se acreditaron los daños alegados por la parte actora, circunscritos en el libelo introductorio a los conceptos de daño material y detrimento inmaterial de carácter moral, constatación que hace procedente el estudio de los demás elementos de la responsabilidad.

13. En lo que tiene que ver con la imputación del daño a la entidad demandada, principiará la Sala por establecer si, de conformidad con la jurisprudencia que ha sido manejada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, es posible imputar al Departamento del Tolima los daños surgidos como consecuencia de la prestación del servicio de transporte aéreo contratado por dicho ente territorial con una empresa de carácter particular. En la medida en que será afirmativa la respuesta a dicha cuestión, entonces se procederá seguidamente a analizar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable para el análisis del caso concreto —en el que los daños fueron causados en el marco de una actividad riesgosa—, así como también si puede considerarse acreditada la falla del servicio que, según dicen los demandantes, ocurrió en relación con los siguientes dos aspectos: i. la indebida escogencia de un contratista para la prestación del servicio; y ii. la impericia del piloto para el comando del avión siniestrado. Fijado el aludido estudio se concentrará la Sala, por último, en el análisis de la causal eximente de responsabilidad alegada por el Departamento del Tolima, quien considera que, por virtud de la existencia de una fuerza mayor representada en las condiciones climáticas de ocurrencia del suceso, es imposible el surgimiento del débito resarcitorio a su cargo.

13.1. Al analizar la responsabilidad administrativa por el hecho del contratista, es pertinente recordar que la Sección Tercera, en pronunciamientos incluso anteriores a la existencia de sus actuales subsecciones, ha entendido que la responsabilidad estatal por el desarrollo de las actividades de la administración, no queda excluida en razón de que estas últimas sean desplegadas por particulares en virtud de contratos con ellos celebrados. Al respecto se dijo en la sentencia del 20 se septiembre de 2007, a propósito de los daños causados a particulares por el hecho de un contratista de la administración en el desarrollo de una obra pública, lo siguiente:

Ciertamente, como de manera uniforme lo ha indicado esta Sala, no son infrecuentes los casos en que un daño antijurídico resulta del proceder —por acción u omisión— de un tercero contratista del Estado. En estos eventos, vale decir, cuando la administración contrata a un tercero para la ejecución de una obra pública, la jurisprudencia tiene determinado —desde 1985— que los eventos relacionados con daños a terceros con ocasión de la ejecución de obras públicas con el concurso de contratistas, comprometen la responsabilidad de la Administración Pública, porque: i) es tanto como si la misma Administración la ejecutara directamente, ii) la Administración es siempre la dueña o titular de la obra pública, iii) la realización de las obras siempre obedece a razones de servicio y de interés general, iv) No son oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, esto es, exonerarse de responsabilidad extracontractual frente a esos terceros, en tanto la Administración debe responder si el servicio no funcionó, funcionó mal…

En estos eventos se configura la responsabilidad del Estado por la actuación de su contratista bajo el título de imputación de falta o falla del servicio y por lo mismo debe asumir la responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a infligirse con ocasión de los referidos trabajos, puesto que se entiende como si la administración hubiese dado lugar al daño antijurídico…(13).

13.1.1. Dicho criterio ha sido mantenido por esta Subsección “B”, por ejemplo, en los casos de responsabilidad médica, en donde se ha considerado que la entidad estatal prestadora de salud no se desliga de su responsabilidad por la mala prestación del servicio, aun cuando este último sea desplegado por particulares contratados para tal fin. En este sentido se manifestó en la sentencia del 28 de mayo de 2015:

13.1.4. A juicio de la Sala, no habría sido posible que se suscitara la irregular prestación del servicio de salud por parte de SERPROF Ltda. a Érika Ramírez López, si no fuera porque el Servicio Seccional de Salud, en contra de la normatividad pertinente, propició la escogencia de dicho organismo privado para finalidades que no le eran autorizadas, lo que se hizo a la sazón de la celebración de contratos con una cooperativa que no tenía un objeto o una razón social relacionados con la promoción o prestación de la salud. Dicha situación ilegal se extendió también a las entidades adscritas, como lo era en aquella época el Hospital Mental de Risaralda, quien también suscribió un contrato con la cooperativa varias veces mencionada[(14)](15).

13.1.2. Y el criterio ha sido manejado también por las otras subsecciones que integran la Sección Tercera, en donde se ha considerado que el hecho del contratista es susceptible de comprometer la responsabilidad de la entidad contratante, en los casos en los que la actividad del particular está involucrada con el servicio misional del aparato estatal, pues de esa manera la labor de la administración se ve materializada y personificada en la conducta del colaborador del servicio. Sobre este punto, en la sentencia del 14 de marzo de 2012, precisó la Subsección “C” de la Sección Tercera lo siguiente:

Adicionalmente debe analizarse que el conductor del vehículo no era funcionario de la entidad demandada, pero en anteriores oportunidades la Sala ha reiterado que es posible imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, de manera que aunque el señor Pedro Nel Acosta no estuviera unido a la entidad a través de un vínculo legal o reglamentario, no puede considerarse un tercero en esta relación, dado que al tratarse de un vehículo oficial al servicio de la entidad demandada, su guarda se encontraba en cabeza de ella y, por consiguiente, el contratista que conducía quedó igualmente integrado a la actividad pública desarrollada, concluyéndose entonces que la causal de exclusión propuesta por la parte demanda no está llamada a prosperar y que por el contrario, procede la atribución de responsabilidad patrimonial al ente demandado por el daño causado a los demandantes, a causa de la negligencia del mencionado conductor en permitir el acceso de la víctima al vehículo oficial.

Así lo ha dicho la Sala:

“La posibilidad de imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho de sus contratistas, en el entendido de que la actividad realizada por éstos en ejecución de convenio celebrado con una entidad pública, debe ser analizada como si hubiere sido desplegada directamente por ésta a efectos de establecer si debe deducirse responsabilidad extracontractual al Estado. En consecuencia, en nada se modifica el régimen de responsabilidad aplicable en el sub lite por la circunstancia de que la obra pública en cuestión estuviere siendo realizada por contratistas —y subcontratistas— del municipio de Cali y no por servidores públicos ligados con éste a través de un vínculo legal y reglamentario o contractual laboral”(16).

Ahora bien, tal como se dejó sentado, el accidente tuvo lugar cuando el vehículo de la entidad había sido asignado al transporte de funcionarios que estaban cumpliendo con el servicio de mantenimiento y revisión de estaciones Hidrometeorológicas, razón por la cual no puede aceptarse el argumento según el cual la actuación no tenía relación directa con la prestación del servicio por parte de la entidad ya que ella no se dedica al transporte de pasajeros, puesto que se trata de un bien afecto al cumplimiento de labores necesarias para la prestación del servicio misional de la entidad(17).

13.1.3. En referencia al punto concreto de la prestación del servicio de transporte aéreo por parte de terceras personas ajenas a la administración, las posturas anotadas párrafos más arriba han sido reiteradas por esta Subsección “B”, en cuyos pronunciamientos se ha dicho que cuando el Estado se beneficia o pretende beneficiarse por la actividad llevada a cabo por el transportador privado, existe un nexo instrumental que permite establecer responsabilidad a cargo de la entidad que contrata los servicios de dicho transportador. Sobre este punto se dijo en la sentencia del 27 de septiembre de 2013:

4.3.2. Lo anterior, permite establecer que (i) a diferencia de lo manifestado por el a quo, la víctima no estaba desarrollando una actividad propia de la función militar, pues, no adelantaba una misión relacionada directamente con la preservación o el mantenimiento de la seguridad nacional, como ocurre, cuando se vigila el territorio o se repelen agresiones de grupos al margen de la ley y se protegen los bienes ciudadanos etc., sino que estaba siendo transportado, de un municipio del departamento de Antioquia a otro, por razones del servicio y (ii) se conoce que el Ejército Nacional utilizó para tal menester, transporte aéreo, es decir, asumió un riesgo al que sometió al soldado Pérez Foronda y a los demás uniformados que abordaron la avioneta.

4.3.2.1. Sobre este último aspecto, se debe señalar que no interesa determinar si la aeronave era de propiedad del Ejército, alquilada o suministrada por particulares, pues lo trascendente para establecer la responsabilidad tiene que ver con el beneficiario de la actividad, sin lugar a dudas la demandada. Claro está, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario de la avioneta, asunto este ajeno a la litis, ya que es una controversia entre la Nación y el particular que según el Ejército suministró la aeronave(18).

13.1.4. Aplicados al caso concreto los criterios jurisprudenciales antes citados, observa la Sala que el accidente de la avioneta identificada con la matrícula HK-1603-P, que era una aeronave bajo el dominio de un agente privado, ocurrió cuando los servicios de este último habían sido contratados por el Departamento del Tolima para el transporte de una comitiva desde Ibagué al municipio de Planadas —párr. 10.3 y 10.6—, razón por la cual sería posible la atribución de responsabilidad al ente territorial por los daños demostrados, en caso de que se estableciera que los mismos surgieron por el hecho de su contratista. Ello implica que es procedente proseguir con el estudio de la imputación del daño previa determinación, por un lado, del régimen de responsabilidad aplicable y, de otra parte, de la posible negligencia atribuible a la entidad demandada bajo la óptica de la falla del servicio. También deberá estudiarse el nexo causal existente entre la actividad del departamento demandado —en virtud del servicio por él contratado–párr. 10.3 y 10.6— y los detrimentos cuyo resarcimiento persiguen los demandantes en el sub lite.

13.2. Al revisar el régimen de responsabilidad aplicable al caso de la referencia, es necesario distinguir la responsabilidad que pueda imputársele a la autoridad aeronáutica de lo que pueda atribuirse al explotador de la aeronave, que en el caso concreto lo fue el Departamento del Tolima a través del contratista propietario del avión identificado con la matrícula HK-1603-P. Frente al beneficiario del servicio de la aeronave es necesario dar aplicación a un régimen de responsabilidad objetiva, pues el vuelo en ese tipo de aparatos es una actividad intrínsecamente riesgosa, según ha sido establecido dicho criterio por la jurisprudencia(19) de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

Estima la Sala conveniente realizar las siguientes precisiones acerca de la responsabilidad derivada del servicio aeronáutico, especialmente frente al mandato del artículo 90 de la Constitución Política que condiciona el derecho a la reparación en principio a la prueba de la existencia de un daño antijurídico imputable a una autoridad estatal.

En lo que tiene que ver con los daños derivados de muerte o lesiones a pasajeros abordo (sic) de las aeronaves, a partir de la expedición del código de comercio y para los efectos que interesan al presente caso, pueden distinguirse dos tipos de responsabilidad derivadas de la actividad aeronáutica y que corresponden, de una parte, al explotador de la aeronave; y, de otra, a la autoridad aeronáutica; que serán analizados en forma conjunta con el fin de determinar claramente las características de cada tipo de responsabilidad.

(…).

1. En cuanto a la responsabilidad que incumbe al explotador de la aeronave (con quien la víctima ha suscrito un contrato de transporte), su régimen, que no hace distinciones respecto de la naturaleza contractual o extracontractual de los perjuicios que se reclamen, está determinado por el artículo 1880 del Código de Comercio. Disposición que consagra, en contra del explotador de la aeronave, una presunción de responsabilidad más que de culpa, sólo desvirtuable mediante la prueba de cualquiera de las causales señaladas en el artículo 1003 del mismo código, con exclusión de la fuerza mayor (num. 2º); imponiéndose, además, en todos los casos, la obligación del explotador de demostrar que “tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas”…

(…).

La responsabilidad de la autoridad aeronáutica: 

1. Este tipo de responsabilidad, al contrario de la anterior, ha sido fundamentado siempre en la falla del servicio. Acerca de su alcance tienen plena vigencia, especialmente para el evento que hoy ocupa la atención de la sala, las siguientes consideraciones, hechas en la sentencia del 27 de febrero de 1975 (exp. 1389, actor Soc. Aerocarga Ltda., ponente Dr. Carlos Portocarrero Mutis), en la cual, luego de analizarse la normatividad que rige al Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, como organismo estatal sobre el cual pesa la obligación contenida en el artículo 16 de la constitución (hoy art. 2º), del cual se deduce que “la primera y más importante de las obligaciones estatales es la de proteger la vida honra y bienes de los asociados, protección que constituye el fundamento de la mayoría de las actividades realizadas por el Estado”, se expresa…

(…).

2. Al igual que en el caso de la responsabilidad del explotador de la aeronave, esta responsabilidad ha sido estructurada sobre una norma del Código de Comercio, el artículo 1861, que define de manera general las funciones de la autoridad aeronáutica. Al respecto, en la sentencia del 19 de agosto de 1982 antes citada, la sala dijo…

(…).

5. Y la circunstancia de que la ley haya atribuido a la autoridad aeronáutica la función de investigar todos los accidentes de aviación con el objeto de determinar sus causas probables (C. Co., art. 1847), emitiendo luego de dichos accidentes el correspondiente informe (que tiene la condición de documento público), impone que cuando se trate de comprometer la responsabilidad de la propia autoridad aeronáutica y el informe la haya descartado, la carga de probar la falla del servicio del demandante sea aun más exigente, en la medida en que a él le corresponderá desvirtuar las conclusiones que el mencionado informe contenga.

(…).

1. Precisadas las diferencias entre los dos tipos de responsabilidad, debe ahora señalarse que un accidente aéreo puede imputarse tanto a la empresa transportadora como a la autoridad aeronáutica, evento en el cual su responsabilidad será solidaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 2344 del Código Civil; y tal como se señala en la citada sentencia del 6 de mayo de 1992.

(…).

3. Se agrega aquí marginalmente que en virtud del fuero de atracción es perfectamente viable que en los eventos en que exista concurrencia de responsabilidad entre una entidad pública, sometida a la jurisdicción contenciosa, y una privada, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso se adelante ante aquella jurisdicción, la cual tendrá competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos entidades o de una sola de ellas, sin tener en cuenta su jurisdicción propia.

(…).

4. Analizados los dos regímenes de responsabilidad se concluye entonces que en el evento de que el accidente aéreo sea producido por fuerza mayor, la obligación de reparación pesa sobre el explotador de la aeronave. Dicho en otros términos, si el accidente no puede ser imputado a culpa del explotador ni a culpa de la autoridad aeronáutica, el primero deberá de todos modos responder, salvo que se encuentre en uno de los casos señalados en el artículo 1880 del Código de Comercio…

En virtud de lo anterior, la obligación de reparación en cabeza de la autoridad aeronáutica dependerá siempre de que aparezca acreditado que esta incurrió en falla del servicio al cumplir sus funciones, y que dicha falla fué (sic) la causa eficiente del accidente.

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, sólo cuando aparezca demostrado que la acción u omisión de la autoridad aeronáutica constituyó la causa eficiente del accidente, puede imponérsele la obligación de reparar los daños causados, por cuanto la propia ley ha dispuesto que es el explotador de la aeronave quien debe responder en los casos en que no pueda determinarse cuál fué (sic) la causa del accidente, al no permitir que este se exonere de su responsabilidad demostrando la existencia de fuerza mayor.

5. Puntualizado lo anterior, la Sala precisa que la entidad aeronáutica podrá también exonerarse de responsabilidad demostrando la ausencia de falla en su comportamiento, lo que se traduce en probar que cumplió adecuadamente y en forma razonable con sus funciones(20) (resaltado y subrayas del texto citado).

13.2.1. De manera que en el caso concreto, en donde se predica responsabilidad del Departamento del Tolima en su calidad de beneficiario del servicio de la aeronave monomotor tipo Piper PA-32-300 con matrícula HK-1603-P, por el accidente ocurrido el 20 de marzo de 1999, estima la Sala que debe aplicarse el régimen de responsabilidad objetiva(21), el cual en modo alguno excluye la posibilidad de advertir una eventual falla del servicio en caso de resultar plenamente demostrada, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(22). Esta conclusión se refuerza cuando se aprecia que los señores Carlos Yesid Sánchez Rondón y Daniel Augusto Rojas Díaz no estaban ejerciendo la guarda sobre la actividad aeronáutica en el marco de la cual perecieron(23).

13.2.2. Por tal razón, procede la Sala a revisar primero si son ciertos los señalamientos de negligencia que hizo la parte actora frente a la actividad desplegada por el Departamento del Tolima y, posteriormente, revisará si está acreditada la causal eximente de responsabilidad alegada por la parte accionada, quien dice que el accidente aéreo del 20 de marzo de 1999 tuvo ocurrencia por una causa impredecible e irresistible, como lo fue el mal clima experimentado en la ruta aérea entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Planadas.

13.3. En lo tocante con la falla del servicio alegada por la parte demandante respecto de la conducta desplegada por el Departamento del Tolima en los hechos materia de juzgamiento, es pertinente recordar que dicha falencia se predica en dos aspectos, a saber: i. la indebida escogencia de un contratista para la prestación del servicio; y ii. la impericia del piloto para el comando del avión siniestrado, cuyo destino y el de sus ocupantes fue signado, según dice la parte actora, por la falta de adiestramiento del aeronauta en el comando de la aeronave tipo Piper PA-32-300, siniestrada el día 20 de marzo de 1999. La Sala considera que dentro del sub lite se acreditaron dichas falencias en la prestación del servicio, con base en las siguientes razones:

13.3.1. Frente a (i) la escogencia que hizo el Departamento del Tolima de la empresa Aero Sur para el transporte de la comitiva que debía desplazarse hacia el municipio de Planadas, observa la Sala que dicha falencia está acreditada porque, según lo estableció la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en su informe, la mencionada empresa no estaba regularmente autorizada para el transporte comercial de pasajeros. Al respecto, en el dictamen final del accidente —párr. 10.5.2— se dijo que “… la comercializadora Aero Sur dispuso para ese vuelo la aeronave PA-32 HK-1603-P, aeronave que no puede transportar pasajeros pagos, de acuerdo a su registro aeronáutico…”. Del mismo modo la Aerocivil consideró pertinente, con ocasión del accidente materia de litigio, hacer una recomendación consistente en “… recordar a los propietarios de las aeronaves privadas, la prohibición de transportar pasajeros pagos en aeronaves cuya utilización es de turismo…”; aseveraciones a partir de las cuales es dable aseverar que, en el momento en que se precipitó a tierra, la operación del aerodino se estaba llevando a cabo en circunstancias irregulares, las cuales podrían haber sido advertidas por la entidad demandada en el momento de contratar el servicio de transporte.

13.3.2. Del mismo modo, considera la Sala que también se acreditó un comportamiento culpable por parte del piloto al mando del avión monomotor de matrícula HK-1603-P, en la medida en que de forma deliberada optó por ingresar a unas circunstancias de mal clima y no aptas para un vuelo que se estaba efectuando con reglas visuales de navegación, lo que a la postre derivó en la colisión del aparato contra el cerro denominado “El Copete”, en zona rural de los municipios de Chaparral y Ataco en el sur del departamento del Tolima. Esta conclusión también estuvo consignada en el ya referido informe final del accidente, en donde quedó claro que el sitio y momento del accidente estaban cubiertos por una situación de mal clima, y que la ocurrencia del accidente estuvo causalmente determinada por la decisión del piloto de “… continuar una operación de vuelo con reglas de vuelo visual (VFP)… en condiciones de instrumentos (IMC), con la presencia de lluvia y visibilidad reducida por la niebla…”, lo que a su vez dio lugar a la formulación de una recomendación dirigida a los pilotos, relacionada con el estricto cumplimiento de las reglas visuales de aeronavegación, según el correspondiente plan de vuelo. Del mismo modo, debe ponerse de presente que la autoridad aeronáutica se percató de la falta de un entrenamiento y chequeo adecuados por parte del aeronauta Marcelino Lizardo Moreno, quien tenía vencido el control correspondiente al tipo de avión accidentado, cuyo último chequeo fue efectuado el 12 de febrero de 1998, información que se verificó con la información existente en la hoja de vida del aludido comandante —párr. 10.7—. Tales falencias también merecieron reproche por parte de la Aerocivil, quien recomendó “… a los pilotos de la aviación general, se mantengan entrenados y calificados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el M.R.A…”.

13.3.3. Por manera que en el proceso se evidenció la falla del servicio cometida directamente por el Departamento del Tolima por haber contratado para transporte aéreo, a un contratista que no se encontraba autorizado para dicho fin, falencia que también se materializó por los actos del contratista, cuyo piloto encargado del vuelo entre Ibagué y Planadas inobservó las reglas de operación aeronáutica en las condiciones visuales de navegación en que el trayecto debía llevarse a cabo.

13.4. Ahora bien, al revisarse la causal eximente de responsabilidad alegada por el Departamento del Tolima, consistente en las características de imprevisibilidad e imposibilidad de resistir que supuestamente son predicables de la situación de mal clima que al momento del accidente estaba presente en la ruta aérea entre Ibagué y Planadas; en relación con ese argumento de defensa expresado por la accionada, estima la Sala que no le asiste razón al ente territorial, en la medida en que la previsibilidad de la circunstancia adversa de aeronavegabilidad está demostrada por el hecho de que el piloto de la otra aeronave adscrita a la Gobernación del Tolima —párr. 10.4.2—, tomó la decisión de desviarse, lo que a la postre implicó que los ocupantes de esta última aterrizaran sanos y salvos en el municipio de Planadas, en claro contraste con el funesto destino que soportaron los parientes de quienes hoy demandan el resarcimiento. Al respecto la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con apoyo en la doctrina sobre el tema, ha dicho que son rasgos imprescindibles de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad, el que las circunstancias constitutivas de la misma sean irresistibles e imprevisibles. Textualmente se dijo en la sentencia del 26 de febrero de 2004:

De manera que corresponde a la Sala determinar si efectivamente se configura la eximente de responsabilidad alegada. Para tal fin es necesario en primer término recordar que si bien el artículo 69 del Código Civil asimila el concepto de fuerza mayor al de caso fortuito (concepción unitaria), definiéndolos como el imprevisto que no es posible resistir, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, acogiendo la concepción dualista ha diferenciado el caso fortuito de la fuerza mayor, admitiendo solamente esta última como exonerante.

Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina(24) se entiende que la fuerza mayor debe ser:

1) Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aún indirectamente por la actividad del ofensor”.

2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho.

3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo(25)(26) (resaltado del texto citado).

13.4.1. En el caso concreto, al comandante de la aeronave siniestrada le era exigible la conducta que sí llevó a cabo el piloto con el que volaba en formación, consistente en corregir el rumbo para evitar las adversas condiciones climáticas que contribuyeron a la colisión del aerodino contra el terreno, en la medida en que podía preverse que, si se continuaba el vuelo en las adversidades meteorológicas comprobadas dentro del expediente, entonces podían sufrirse consecuencias dañosas como las que a la postre ocurrieron y que hoy se lamentan. Ello quiere decir que el mal clima reinante en la zona, además de ser una circunstancia previsible, era también perfectamente resistible.

14. Finalmente, considera la Sala que no era procedente el llamamiento en garantía formulado por la parte demandada respecto del Instituto de Seguros Sociales, aceptado por el Tribunal a quo mediante auto del 8 de agosto de 2000, pues el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 57, establece que para que sea procedente el mencionado mecanismo de intervención de terceros, es necesario que previamente exista una estipulación legal o contractual en ese sentido, cosa que no ocurre en el caso de la referencia. El texto del artículo 57 es el siguiente:

ART. 57.—Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación…

14.1. En el caso concreto, en el expediente no se aprecia estipulación convencional que obligue al Instituto de Seguros Sociales a respaldar la condena que eventualmente se imponga al Departamento del Tolima, ni en el ordenamiento jurídico existe mandamiento normativo en ese sentido, que serían los únicos presupuestos que, de conformidad con la norma citada, permitirían vincular al mencionado instituto con el ente territorial, a efectos de que aquél tenga que garantizar cualquier obligación que contraiga el segundo por surgimiento a su cargo del débito resarcitorio. Por ello resulta improcedente la figura procesal de intervención de terceros referida en el presente acápite, por lo cual será denegada en el aparte resolutivo de la presente providencia.

15. De lo anteriormente razonado, observa la Sala que están dadas las condiciones para imputar responsabilidad al Departamento del Tolima por la muerte de los señores Carlos Yesid Sánchez Rondón y Víctor Manuel Tafur Domínguez, pues el deceso de éstos ocurrió en un accidente aéreo, sucedido en el marco de una actividad riesgosa cuyas circunstancias de natural peligro no fueron adecuadamente gestionadas por la entidad accionada, y cuyas condiciones de mal clima no eran imprevisibles para el piloto que se encontraba al mando de la aeronave. Por ello se condenará a la entidad demandada al resarcimiento de los daños, conforme a los montos que pasan a calcularse en los acápites subsiguientes.

VI. Liquidación de perjuicios

16. Tal como se mencionó en apartes anteriores de esta providencia, en el presente caso están acreditados los daños morales y materiales por lucro cesante para algunos demandantes, y únicamente morales para todos los demás, previa aclaración acerca de que esos fueron los únicos rubros cuya reparación se pretendió en el escrito de la acción de reparación directa que motiva el sub lite. Para efectos de la liquidación de perjuicios por los aludidos detrimentos, la Sala realizará la liquidación de manera separada para cada uno de los grupos familiares de los occisos Carlos Yesid Sánchez Rondón y Daniel Augusto Rojas Díaz.

16.1. Frente a los familiares del fallecido Carlos Yesid Sánchez Rondón, es procedente el análisis de la condena, según se trate de perjuicios morales o materiales, tal como pasa a explicarse:

16.1.1. En lo que tiene que ver con los perjuicios morales cuya indemnización es procedente a favor de los allegados del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, la Sala fijará en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios(27), con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(28), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”(29), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(30). Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que recientemente la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia(31) frente a la indemnización por el daño moral surgido de la muerte de un familiar y estableció que, por regla general, los cónyuges o compañeros permanentes, y también los parientes en el primer grado de consanguinidad —padres e hijos—, tienen derecho a una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la firmeza de la sentencia, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral padecido por el deceso del allegado. Los parientes en el segundo grado de consanguinidad —como es el caso de los hermanos—, por su parte, tienen derecho a una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de ejecutoria del fallo. En ese orden de ideas, a favor de cada uno de los demandantes Isabel Cristina Pedraza Camargo —cónyuge—, Adriana Marcela Sánchez Pedraza —hija—, Carlos Andrés Sánchez Pedraza —hijo— y Jorge Mario Sánchez Pedraza —hijo—, se reconocerá la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al instante de firmeza de esta sentencia, a título de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón. Y bajo el mismo título, para cada uno de los hermanos de la víctima directa, es decir los accionantes Olga Estefanía Sánchez Rondón, Leila Ruth Sánchez Rondón, Jaime Orlando Sánchez Rondón, Bernardo Humberto Sánchez Rondón y Guillermo Sánchez Rondón, se reconocerá la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

16.1.2. Frente al daño material por lucro cesante, en el proceso se demostró que el fallecido Carlos Yesid Sánchez Rondón le prestaba ayuda económica sólo a los demandantes Isabel Cristina Pedraza Camargo —cónyuge— nacida el 23 de abril de 1958, Adriana Marcela Sánchez Pedraza —hija— nacida el 29 de octubre de 1981, Carlos Andrés Sánchez Pedraza —hijo— nacido el 7 de junio de 1983 y Jorge Mario Sánchez Pedraza —hijo— nacido el 22 de agosto de 1991. Para la liquidación de este monto indemnizatorio se tendrán en cuenta los criterios fijados en la reciente sentencia de unificación proferida el 22 de abril de 2015 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se dijo que “… a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la ocurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar…”(32), lo que implicó una variación de las reglas que venía utilizando la jurisprudencia para la liquidación del tipo de daño al que se alude en el presente acápite. La indemnización comprende, en todo caso, un periodo relacionado con el lucro cesante debido o consolidado, y otro atinente al lucro cesante futuro.

16.1.2.1. Al liquidarse el lucro cesante debido o consolidado debe tenerse en cuenta que para el 20 de marzo de 1999, fecha del accidente aéreo en el que perdió la vida el señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, dicha persona tenía 45,8 años. De ello se deduce que al antes nombrado le quedaban 31,25 años de vida probable, y que a su cónyuge Isabel Cristina Pedraza Camargo, nacida el 23 de abril de 1958, le quedaban 37,36 años de expectativa de vida, de conformidad con la Resolución 497 expedida por la Superintendencia Bancaria el 20 de mayo de 1997 para definir las tablas de mortalidad.

16.1.2.1.1. Asimismo, al tiempo del fallecimiento del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, su hija Adriana Marcela Sánchez Pedraza, nacida el 29 de octubre de 1981, tenía 17,4 años, y estaba a 7,6 años —91,2 meses— de cumplir 25 años. Al hijo Carlos Andrés Sánchez Pedraza, nacido el 7 de junio de 1983, quien tenía 15, le faltaban 9,6 años —115,2 meses— para cumplir la misma edad. Y a Jorge Mario Sánchez Pedraza, nacido el 22 de agosto de 1991, que contaba con 7,6 años, estaba a 16,5 años —209 meses— para alcanzar los 25 años.

16.1.2.1.2. Siendo así, la cónyuge supérstite habría recibido ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que el periodo faltante para que todos los hijos no discapacitados cumplan la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 31,25 años, o sea, 375 meses de vida probable del fallecido Carlos Yesid Sánchez Rondón pues, habida cuenta de que desde un punto de vista estadístico habría vivido menos que su cónyuge, es dable pensar que a partir del hipotético deceso de aquél esta última no recibiría su apoyo, aun cuando lo sobreviviera. De los 31,25 años ya se han consolidado (Tcons) 17 años —204 meses— contados desde el 20 de marzo de 1999 hasta la época de expedición del presente fallo en marzo de 2016. Con ello quedan como futuros (Tfut) 171 meses.

16.1.2.1.3. Entonces, durante los primeros 91,2 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), mientras Adriana Marcela Sánchez Pedraza cumplió los 25 años de edad, se asignará a la cónyuge la mitad de la renta consolidada dejada de percibir por el fallecido en ese periodo, y la otra mitad a los tres hijos. Durante los siguientes 24 meses (Pd2), mientras Carlos Andrés Sánchez Pedraza cumplió los 25 años de edad, se asignará a la cónyuge la mitad de la renta dejada de percibir más la tercera parte de la porción que dejó de corresponderle a Adriana Marcela Sánchez Pedraza, y a cada uno de los hijos Carlos Andrés Sánchez Pedraza y Jorge Mario Sánchez Pedraza, una tercera parte de la otra mitad más una tercera parte de la porción del acrecimiento. En los siguientes 93,8 meses, de los cuales 91 meses corresponden al daño consolidado (Pd 3) y 2,8 meses al daño futuro (Pd4), mientras Jorge Mario Sánchez Pedraza cumple 25 años, se asignará a la madre el 50% de la renta dejada de percibir en ese periodo, más el 50% de la porción que le habría correspondido a Carlos Andrés Sánchez Pedraza, y a Jorge Mario Sánchez Pedraza, una cuarta parte del valor a distribuir en este periodo más la otra mitad de la porción del acrecimiento. Y en los restantes 166 meses (Pd5), el valor de la renta a distribuir se asignará a la señora María Antonia Gómez Cáceres, descontando los mayores gastos personales que habría tenido el fallecido, correspondientes al 25% de la renta bruta.

16.1.2.1.4. En el momento de su muerte, el señor Carlos Yesid Sánchez Rondón devengaba un salario de $ 4.213.313 —párr. 10.9—, suma que se incrementará en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir, producto al que se le reducirá un 25% que, según se presume, destinaba al sostenimiento propio, operación de la cual se obtiene la renta líquida de $ 3.844.648. Dicha suma será actualizada con base en el índice de precios al consumidor, de conformidad con la fórmula que para esos efectos ha sido utilizada por la Sala según la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor]. El cálculo arroja el siguiente resultado:

Ra= $ 3.844.648 * (132,58412÷54,75222) = $ 9.309.929

16.1.2.1.4. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado así:

Rc = Ra * [(1+i)n-1] ÷ i

Donde i = al interés mensual legal (0,004867); n = Tcons = 204 meses

Rc = 9.309.929 * [(1 + 0,004867)204-1] ÷ 0,004867 = $ 3.237.475.355

16.1.2.1.5. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (204 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 3.237.475.355, destinado al apoyo que el cónyuge y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar.

16.1.2.1.6. Y, asimismo, se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:

Rf = Ra * [(1 + i)n - 1] ÷ [i * (1 + i)n]

Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut) = 171 meses.

Rf = 9 087 228 * [(1 + 0,004867)171 - 1] ÷ [0.004867 * (1 + 0,004867)171]

Rf = $ 1.078.962.027

16.1.2.1.7. O sea que durante el tiempo futuro (171 meses), los parientes dejaron de percibir una renta total de $ 1.078.962.027, que el fallecido, si viviese, habría destinado al grupo familiar.

16.1.2.1.8. Y se procede al cálculo del lucro cesante con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada en los periodos de acrecimiento, tal como pasa a explicarse.

16.1.2.1.9. En los primeros 91,2 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), mientras Adriana Marcela Sánchez Pedraza cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo. Al efecto se calcula el valor mensual de la renta consolidada (Rc/Tcons) y el valor resultante se multiplica por el número de meses del periodo a asignar. O sea:

Vd = (Rc ÷ Tcons) * Pd1

Vd = [3.237.475.355 ÷ 204] * 91,2

Vd = 1.447.341.923

16.1.2.1.10. Así, el valor de la renta consolidada a distribuir en el primer periodo, de 91,2 meses, es de $ 1.447.341.923. De los cuales se asigna el 50% a la cónyuge, señora Isabel Cristina Pedraza Camargo, esto es la suma de $ 723.670.962, y la otra mitad por partes iguales, o sea la suma de $ 241.223.654, a cada uno de los hijos Adriana Marcela Sánchez Pedraza, Carlos Andrés Sánchez Pedraza y Jorge Mario Sánchez Pedraza.

16.1.2.1.10. En los siguientes 24 meses de lucro cesante consolidado (Pd2), mientras Carlos Andrés Sánchez Pedraza cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta a distribuir (Vd) en ese periodo. Esto es:

Vd = (Rc ÷ Tcons) * Pd2

Vd = (3.237.475.355 ÷ 204) * 24

Vd = 380.879.454

16.1.2.1.11. Y la porción que le hubiere correspondido al primer hijo (la mitad del valor de Vd, o sea $ 290.439.727, dividido entre tres —hijos–), esto es $ 98.571.433, acrece por partes iguales ($ 63.479.909) las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a la señora Isabel Cristina Pedraza Camargo le corresponde la suma de $ 393.575.435; y a cada uno de los hijos Carlos Andrés Sánchez y Jorge Mario Sánchez Pedraza, la suma de $ 152.351.781.

16.1.2.1.12. En los últimos 91 meses de lucro cesante consolidado (Pd3), se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo, calculado como ya se indicó:

Vd = (Rc ÷ Tcons) * Pd3

Vd = (3.237.475.355 ÷ 204) * 91

Vd = 1.444.167.928

16.1.2.1.13. Y la porción que le hubiere correspondido al segundo hijo (la mitad del valor de Vd, o sea $ 722.083.964, dividido entre dos —hijos–), esto es, $ 361.041.982, acrece por partes iguales las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a la señora Isabel Cristina Pedraza Camargo le corresponde la suma de $ 1.177.312.575; y al hijo Jorge Mario Sánchez Pedraza, $ 934.375.041.

16.1.2.1.14. En resumen, la liquidación del lucro cesante consolidado es la siguiente:

a) Consolidado, primeros 91,2 meses (pd1):

Isabel Cristina Pedraza Camargo: $ 723.670.962

Adriana Marcela Sánchez Pedraza: $ 241.223.654

Carlos Andrés Sánchez Pedraza: $ 241.223.654

Jorge Mario Sánchez Pedraza: $ 241.223.654

b) Consolidado siguientes 68,07 meses (pd2):

Isabel Cristina Pedraza Camargo: $ 393.575.435

Carlos Andrés Sánchez Pedraza: $ 152.351.781

Jorge Mario Sanchez Pedraza: $ 152.351.781

c) Consolidados últimos 91 meses (pd 3):

Isabel Cristina Pedraza Camargo: $ 722.085.964

Jorge Mario Sánchez Pedraza: $ 934.375.041

d) Totales:

Isabel Cristina Pedraza Camargo: $ 1.777.312.575

Adriana Marcela Sánchez Pedraza: $ 241.223.654

Carlos Andrés Sánchez Pedraza: $ 393.575.435

Jorge Mario Sánchez Pedraza: $ 1.327.945.477

16.1.2.2. En lo tocante con la indemnización del lucro cesante futuro o anticipado, en los primeros 2,8 meses (pd4), mientras Jorge Mario Sánchez Pedraza cumple 25 años, se asigna el calor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo. Como sigue:

Vd= (Rf ÷ Tfut) * Pd4

Vd= (1.078.962.027 ÷ 171) * 2,8

Vd= $ 17.667.214

16.1.2.2.1. Entonces, en esta renta futura a cada uno de los demandantes Isabel Cristina Pedraza Camargo y Jorge Mario Sánchez Pedraza, les corresponde la suma de $ 8.833.607.

16.1.2.2.2. Y en los últimos 166 meses de lucro cesante futuro (Pd5), o sea el restante de la expectativa de vida probable del fallecido, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo, a la cónyuge supérstite. Así:

Vd = (Rf ÷ 171) * 166

Vd = (1.078.962.027 ÷ 171) * 166

Vd = 1.047.413.430

16.1.2.2.3. Teniendo en cuenta que esto $ 1.047.413.430 corresponden al 75% de los ingresos que hubiera percibido el fallecido luego de que sus hijos alcanzaran 25 años (pues al inicio se dedujo de la base el 25% de gastos propios del causante), de esta base se le reconocerá a la cónyuge supérstite el 50% de los ingresos remanentes, esto es la suma de $ 523.706.715, pues en esas circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades, quedando con esta distribución, el 50% de los ingresos restantes para cada consorte.

16.1.2.2.3. En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:

a) Para Isabel Cristina Pedraza Camargo, la suma de $ 532.540.322

b) Para Jorge Mario Sánchez Pedraza, la suma de $ 8.833.607

16.1.2.3. Siendo esta la liquidación final de la indemnización por el lucro cesante a cada uno de los actores:

a) Para Isabel Cristina Pedraza Camargo, la suma de $ 2.309.852.897

b) Para Adriana Marcela Sánchez Pedraza, la suma de $ 241.223.654

c) Carlos Andrés Sánchez Pedraza, la suma de $ 393.575.435

d) Para Jorge Mario Sánchez Pedraza $ 1.336.779.084

16.1.3. Ahora bien, en aras de la congruencia que debe tener el fallo con las pretensiones solicitadas en la demanda, las sumas antes mencionadas sólo podrán ser reconocidas en la medida en que no superen los montos solicitados en el libelo introductorio, en el que sólo se hizo alusión a los perjuicios por lucro cesante futuro. Dichos montos deben ser actualizados a valor presente con aplicación de la fórmula utilizada por el Consejo de Estado, según la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor], con la particularidad de que para los efectos aquí aludidos se tendrá en cuenta el lucro cesante vigente al momento de presentación de la demanda. Veamos:

a) Para Isabel Cristina Pedraza Camargo, se solicitó la suma de $ 281.783.321 a título de indemnización de lucro cesante futuro, sumada a un valor de $ 28.161.259 por concepto de lucro cesante consolidado; todo lo cual suma monto de $ 309.944.580. Dicha suma actualizada, arroja el siguiente valor:

Ra = 309.944.580 * (132,58412 ÷ 59,06643)

Ra= $ 309.944.580 (suma que es inferior al resultado del cálculo del lucro cesante hecho en precedencia).

b) En el caso de Adriana Marcela Sánchez Pedraza, se dijo lo siguiente: “… cumplió los 18 años el 29 de octubre de 1999, lo que quiere decir que no tiene derecho a perjuicios futuros, por cuanto que los perjuicios históricos están liquidados al 9 de febrero de 2000…” (fl. 65, cdno. 1). En cuanto a lo que se denominó “… perjuicios materiales históricos o consolidados…” en relación con esta demandante se solicitó una indemnización equivalente a $ 28.161.259 (fl. 64, cdno. 1). Actualizada dicha suma, se tiene lo siguiente:

Ra = 28.161.259 (132,58412 ÷ 59,06643)

Ra = $ 63.212.484 (suma que es inferior al cálculo del lucro cesante, según fue hecho antes).

c) Para el hijo Carlos Andrés Sánchez Pedraza, además de la suma por lucro cesante consolidado que se tasó en $ 28.161.259 (fl. 64, cdno. 1), se pidió una indemnización de $ 14.875.580 como lucro cesante futuro (fl. 65, cdno. 1), cifras que sumadas arrojan un valor de $ 43.036.839. Actualizada dicha suma, se tiene lo siguiente:

Ra = 43.036.839 (132,58412 ÷ 59,06643)

Ra = 96.603.120 (suma que es inferior al cálculo del lucro cesante, tal como se hizo en precedencia)

d) Para el hijo Jorge Mario Sánchez Pedraza, además de la suma por lucro cesante consolidado que se tasó en $ 28.161.259 (fl. 64, cdno. 1), se pidió una indemnización de $ 77.036.721 por concepto de lucro cesante futuro (fl. 65, cdno. 1). Sumas que computadas juntas arrojan el guarismo en pesos de $ 105.197.980. Actualizada dicha suma, se tiene lo siguiente:

Ra = 105.197.980 (132,58412 ÷ 59,06643)

Ra = $ 236.133.817 (suma que es inferior al cálculo del lucro cesante, según se hizo párrafos más arriba).

16.1.4. En el orden de ideas, comparados los anteriores valores con las sumas liquidadas obtenidas del cálculo de acrecimiento realizado en los párrafos precedentes, concluye la Sala que, habida cuenta de que es necesario preservar el principio de congruencia que debe irrogar la sentencia, entonces a favor de los familiares del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón es procedente el reconocimiento de las sumas de dinero pedidas en la demanda, con las actualizaciones recién realizadas.

16.2. En relación con el grupo familiar que demanda la indemnización de perjuicios por la muerte del señor Daniel Augusto Rojas Díaz, la determinación por los correspondientes montos resarcitorios debe hacerse en forma separada respecto de los perjuicios morales, por un lado, y por el lucro cesante, por el otro.

16.2.1. En lo que tiene que ver con los perjuicios morales cuya indemnización es procedente a favor de los allegados del señor Daniel Augusto Rojas Díaz, lo procedente es que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios con aplicación de los mismos criterios que se tuvieron en cuenta para el anterior grupo familiar. En ese orden de ideas, a favor de cada uno de los demandantes María Liliana Jiménez Pirazán —compañera permanente—, Lina María Rojas Jiménez —hija—, Daniel Rojas Melo —padre— y Myriam Esther Diaz —madre—, se reconocerá la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al instante de firmeza de esta sentencia, a título de indemnización de perjuicios morales por la muerte del señor Daniel Augusto Rojas Díaz. Y bajo el mismo título, para los hermanos de la víctima directa, es decir los accionantes Norma Constanza Rojas Díaz, Carlos Yovany Rojas Díaz, Erickzon Rojas Díaz, María del Pilar Rojas Díaz, Magda Yazmín Rojas Díaz y Myriam Rocío Rojas Díaz, se reconocerá la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo.

16.2.2. Frente al daño material por lucro cesante, en el proceso sólo se demostró que el fallecido Daniel Augusto Rojas Díaz le prestaba ayuda económica a los demandantes María Liliana Jiménez Pirazán —compañera permanente— nacida el 7 de septiembre de 1973, Lina María Rojas Jiménez —hija— nacida el 30 de noviembre de 1992, Daniel Rojas Melo —padre— y Myriam Esther Díaz Castañeda —madre—, estos últimos cuya fecha de nacimiento se desconoce. Para la liquidación de este monto indemnizatorio se tendrán en cuenta los criterios fijados en la reciente sentencia de unificación proferida el 22 de abril de 2015 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ya referida, en la que se estableció el reconocimiento del acrecimiento dentro de las indemnizaciones por perjuicios materiales en los procesos de responsabilidad extracontractual(33). Tal como ya se explicó la indemnización comprende, en todo caso, un periodo relacionado con el lucro cesante debido o consolidado, y otro atinente al lucro cesante futuro.

16.2.2.1. No obstante, en la medida en que la Sala desconoce las fechas de nacimiento de dos de los demandantes beneficiarios de la condena a la que se viene aludiendo —Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda—, entonces resulta imposible realizar una condena en concreto sobre este aspecto, razón por la cual se condenará en abstracto, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor:

ART. 172.— … Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez Rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.

16.2.2.2. En ese orden de ideas, la condena deberá tasarse teniendo en cuenta los criterios fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera en la varias veces citada sentencia de unificación del 22 de abril de 2015, con reconocimiento de los parámetros de acrecimiento en dicha providencia establecidos, según fueron aplicados párrafos más arriba respecto del otro grupo familiar demandante en el sub examine. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta el salario cuyo devengo por parte del señor Daniel Augusto Rojas Díaz fue acreditado dentro del proceso —párr. 10.10, hechos probados, nota al pie 9—, monto que, para ser utilizado como base de la liquidación, debe ser actualizado con base en la fórmula que ha sido usada por el Consejo de Estado para esos efectos, según la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor]; en donde el índice inicial es el certificado por el Banco de la República a la época de ocurrencia de los hechos, y en donde el índice final es el certificado de la misma forma en el momento en que quede ejecutoriado el incidente de liquidación de perjuicios. Para efectos de esta liquidación, la parte demandante deberá aportar junto con el incidente de liquidación de perjuicios, los documentos que sean idóneos para acreditar la fecha de nacimiento de los demandantes Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, en la medida en que dicho dato es indispensable para efectuar debidamente el cálculo de la indemnización por lucro cesante que le corresponde al grupo de demandantes beneficiario de dicho resarcimiento. Además, en el incidente deberá cuidarse que las indemnizaciones decretadas no superen los montos solicitados en la demanda, para cuya comparación deberá aplicarse la misma fórmula de actualización referida más arriba, en cuyo índice inicial de precios al consumidor debe tenerse en cuenta el que se encontrara vigente al momento de interposición de la demanda. Como índice final de precios al consumidor debe tenerse en cuenta el vigente al momento de realizar la liquidación por vía incidental.

16.2.3. Como corolario de lo anterior, a favor de los demandantes que integran el grupo de dolientes del occiso Daniel Augusto Rojas Díaz, se decretarán las siguientes condenas:

16.2.3.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales, para cada uno de los demandantes María Liliana Jiménez Pirazán, Lina María Rojas Jiménez, Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo. Y para cada uno de los peticionarios Norma Constanza Rojas Díaz, Carlos Yovany Rojas Díaz, Erickzon Rojas Díaz, María del Pilar Rojas Díaz, Magda Yazmín Rojas Díaz y Myriam Rocío Rojas Díaz, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de firmeza de esta sentencia.

16.2.3.2. A título de resarcimiento de perjuicios materiales —daño emergente— a favor de cada uno de los demandantes María Liliana Jiménez Pirazán, Lina María Rojas Jiménez, Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, la suma que incidentalmente se establezca con base en los criterios fijados por esta Sala párrafos más arriba.

VII. Cuestión final

17. Finalmente, advierte la Sala que por los mismos hechos del sub lite se tramita ante el Consejo de Estado el proceso 73001-23-31-000-2001-01985-01 (Nº interno 36557), demandante: Víctor Manuel Tafur Domínguez, que se encuentra en la Sección Tercera —Subsección “C”— de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el despacho del Consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Por tal razón, en el aparte resolutivo se ordenará que, por secretaría de la Sección Tercera, se informe al aludido despacho acerca de la expedición de la presente sentencia.

VIII. Conclusión

18. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, dado que en el presente caso está demostrada la falla del servicio cometida por el Departamento del Tolima que condujo a la causación del accidente en el que perecieron los señores Carlos Yesid Sánchez Rondón y Víctor Manuel Tafur Domínguez, entonces procede la revocatoria de la sentencia recurrida en apelación para, en su lugar, proferir un fallo parcialmente favorable a las pretensiones de la demanda, con las condenas que recién fueron determinadas en el acápite de liquidación de perjuicios. No obstante, de conformidad con las consideraciones expuestas en el acápite pertinente, será negado el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada contra el Instituto de Seguros Sociales, al no observarse la existencia de un fundamento jurídico que dé lugar a la participación de la mencionada entidad como tercero interviniente.

VII. Costas

19. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

20. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 13 de junio de 2008 por el Tribunal Administrativo del Tolima. En su lugar se dispone:

PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, DECLÁRASE administrativamente responsable al Departamento del Tolima de los daños surgidos por la muerte de los señores Carlos Yesid Sánchez Rondón y Daniel Augusto Rojas Díaz en el accidente aéreo ocurrido el día 20 de marzo de 1999.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, a título de indemnización de perjuicios CONDÉNASE al Departamento del Tolima a pagar a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

A) Como indemnización de perjuicios por daño moral a favor de cada uno de los demandantes Isabel Cristina Pedraza Camargo, Adriana Marcela Sánchez Pedraza, Carlos Andrés Sánchez Pedraza y Jorge Mario Sánchez Pedraza, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria del presente fallo. Y, por el mismo concepto, para cada uno de los demandantes Olga Estefanía Sanchez Rondón, Leila Ruth Sánchez Rondón, Jaime Orlando Sánchez Rondón, Bernardo Humberto Sánchez Rondón y Guillermo Sánchez Rondón, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la firmeza de la presente sentencia.

B) Como indemnización de perjuicios por daño material —lucro cesante— a favor de la señora Isabel Cristina Pedraza Camargo la suma de $ 695.720.554; a favor de la demandante Adriana Marcela Sánchez Pedraza la suma de $ 63.212.484; a favor del demandante Carlos Andrés Sánchez Pedraza la suma de $ 96.603.120; y a favor del demandante Jorge Mario Sánchez Pedraza la suma de $ 236.133.817.

C) A título de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los demandantes María Liliana Jiménez Pirazán, Lina María Rojas Jiménez, Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo. Y, por el mismo concepto, para cada uno de los demandantes Norma Constanza Rojas Díaz, Carlos Yovany Rojas Díaz, Erickzon Rojas Díaz, María del Pilar Rojas Díaz, Magda Yazmín Rojas Díaz y Myriam Rocío Rojas Díaz, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de ejecutoria de la presente sentencia.

D) Como indemnización de perjuicios por daño material —lucro cesante— a favor de los demandantes María Liliana Jiménez Pirazán, Lina María Rojas Jiménez, Daniel Rojas Melo y Myriam Esther Díaz Castañeda, las sumas que incidentalmente se determinen de conformidad con los criterios establecidos en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: De conformidad con las consideraciones, DECLÁRASE IMPRÓSPERO el llamamiento en garantía formulado por el Departamento del Tolima en contra del Instituto de Seguros Sociales.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: En firme este proveído, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

SEXTO: Por secretaría de la Sección, con destino al proceso con radicación 73001-23-31-000-2001-01985 y número interno 36557, en donde obra como demandante el señor Víctor Manuel Tafur Domínguez, tramitado con ponencia del Consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa en la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, INFÓRMESE acerca de la expedición de la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.»

3 A folio 66 del cuaderno 1, donde se hace la estimación razonada de los perjuicios materiales que se reclaman a favor de la cónyuge del señor Carlos Yesid Sánchez Rondón, se estima el monto de esa pretensión resarcitoria en la suma de doscientos ochenta y un millones setecientos ochenta y tres mil trecientos veintiún mil pesos m/cte. ($ 281.783.321). Como el recurso de apelación fue interpuesto el 8 de junio de 2008, después de que entraran en operación los juzgados administrativos, entonces se aplica en este punto el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo tal como quedó después de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso sea de doble instancia —y conocido en segundo grado por el Consejo de Estado—, debe ser superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para la época de interposición de la demanda —23 de febrero de 2000—, el salario mínimo legal mensual vigente tenía un valor de $ 260.100, lo que implica que la cuantía mínima para que el proceso fuera conocido en primera instancia por un Tribunal Administrativo, era de $ 130.050.000. Las anteriores circunstancias implican que el sub lite puede ser conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros.

5 Las versiones de las declaraciones extraproceso fueron confirmadas por los testigos que vertieron su versión dentro del presente trámite (fls. 152 y ss., cdno. 1).

6 Al proceso se allegó certificado de existencia y representación legal en donde consta que la actividad comercial es la comercialización de vuelos (fl. 21, cdno. 1).

7 Otro tanto se consignó en el oficio del 28 de junio de 1999 suscrito por el director del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos, dirigido a la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAE de Aeronáutica Civil (fl. 66, cdno. pbas. 2).

8 La narración del piloto de la gobernación del Tolima fue confirmada en el informe rendido por la torre de control del aeropuerto de Ibagué, según fue consignado en el oficio del 8 de abril de 1999 (fl. 229, cdno. pbas. 2). Otro tanto se consignó en la versión rendida por la Directora Nacional del plan gubernamental denominado “Plante” a cargo de la Presidencia de la República, quien manifestó que “… salieron en dos aviones con destino a Planadas, a una reunión con el alcalde y los campesinos, que el piloto del avión donde ella viajaba le comunicaba al otro piloto que había mal tiempo, ellos llegaron a planadas y el otro avión no llegó…” (fl. 357, cdno. pbas. 2). El piloto Eduardo Restrepo Barón rindió testimonio dentro del trámite de la referencia, donde confirmó lo dicho en el informe reseñado en el texto de la presente providencia (fls. 148 y ss.).

9 Según certificaciones expedidas por la empresa “Gentes Hoy”, relacionadas con el pago de cesantías y demás prestaciones sociales, documentos en los cuales se aprecia la firma de recibido por parte del señor Daniel Augusto Rojas, el 31 de diciembre de 1998 el fallecido devengaba por su labor de camarógrafo la suma de $ 288.000 mensuales (fls. 54 y ss., cdno. 1).

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 13 de junio de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 07001-23-31-000-2001-01356-01 (25712), actor: Hermógenes Manzanares, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 22 de abril de 2015, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146), actor: María Antonia Gómez de Carrillo y otros, demandado: Departamento de Santander.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, radicación 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), actor: Jorge Enrique Rengifo Lozano y otros, demandado: Departamento del Valle del Cauca. Se dijo en esa sentencia: “… la jurisprudencia en la actualidad, en lo que atañe particularmente con el daño moral, tiene en cuenta dicha base legal sobre la regulación probatoria de los hechos procesales y por ello lo que concierne con el daño moral de los parientes (padres, hijos, hermanos y abuelos) lo ve indicado mediante prueba lógica indirecta, cuando se demuestra plenamente el hecho del parentesco, pues la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre estos parientes existe afecto…” (resaltado del texto citado).

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 08001-23-31-000-1991-06256-01 (21322), actor: Martha Judith Quiroz y otros, demandado: Nación-Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

14 [25] En otros casos esta Sala ya ha estimado que los contratistas del Estado para la prestación del servicio de salud, actúan como agentes de la administración frente a los particulares. Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 13 de noviembre de 2014, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, radicación 05001-23-31-000-1999-03218-01 (31182), actor: Carlos Andrés Rojas Londoño y otros, demandado: Instituto de Seguros Sociales y otro.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 66001-23-31-000-1998-00217-01 (31307), actor: Érika Ramírez López y otros, demandado: Servicio Seccional de Salud de Risaralda y otros.

16 [4] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 7 de 2007, radicación 16089, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “C”, sentencia del 14 de marzo de 2012, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, radicación 25000-23-26-000-1997-03611-01 (22298), actor: Rudesindo Mayorga y otros, demandado: IDEAM.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 27 de septiembre de 2013, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 05001-23-31-000-1999-02915-01 (29259), actor: Heiber Dubán Pérez Foronda y otros, demandado: Ministerio de Defensa — Ejército Nacional.

19 Jurisprudencia que ha sido materia de reiteración en recientes pronunciamientos. Al respecto véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “C”—, sentencia del 7 de noviembre de 2012, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 05001-23-31-000-1995-00389-01(25179), actor: Leonel Antonio García Patiño y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; de los mismos Sala y ponente la sentencia del 21 de noviembre de 2013, radicación 05001-23-31-000-1995-00676-01(27046), actor: María Eugenia Naranjo de Ruiz y otros, demandado: Nación-Ministerio de Transporte, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; de la Subsección “B” la sentencia del 3 de mayo de 2013, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 05001-23-31-000-1995-00791-01(25774), actor: Elda Mary Luán y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1997, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, radicación 11224, actor: Manuel Vicente López Palmarini y otros, demandado: Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. En aquella oportunidad el Consejo de Estado juzgó el caso relacionado con el accidente sufrido en el año 1988 por un avión Boeing 727 de Avianca cuando, con 136 pasajeros abordo y una tripulación de 7 personas, decolaba del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. En dicha ocasión, aunque en el expediente se demostró que el siniestro ocurrió por errores imputables a la tripulación de la aeronave, el Consejo de Estado concluyó que la responsabilidad era atribuible al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil como co-causante del daño, en la medida en que los controladores aéreos autorizaron el despegue del avión con reglas visuales de navegación (VFR) en condiciones meteorológicas adversas, actuación que se consideró violatoria de las normas sobre seguridad aeronáutica.

21 Así lo ha aceptado esta Subsección “B”. Al respecto, en la sentencia del 26 de julio de 2012, Consejera Ponente Stella Conto Díaz del Castillo, se dijo lo siguiente: “Así, queda claro que, el daño causado como consecuencia de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de cualquier medio de transporte, es imputable al Estado, salvo cuando se trata del conductor o de la tripulación… porque el riesgo creado por tales actividades es una carga que excede las que de ordinario deben asumir las personas ajenas al servicio. Así, bastará con demostrar (i) la existencia del daño, (ii) la ejecución de la actividad por el Estado y (iii) la relación de causalidad entre el daño y la actividad, para declarar la responsabilidad del Estado y, por tanto, acceder a las pretensiones de reparación. A su turno, para exonerarse de responsabilidad, la administración deberá acreditar la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor”. La referencia jurisprudencial completa es la siguiente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, sentencia del 26 de julio de 2012, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 13001-23-31-000-1997-02248-01 (21205), actor: Álvaro Javier Medina Rengifo y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

22 Lo anterior sin perjuicio de lo dicho por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubalá Aranda, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Se dijo en dicha providencia: “… En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación”.// “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado…”.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “C”—, sentencia del 13 de junio de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 07001-23-31-000-2001-01356-01 (25712), actor: Hermógenes Manzanares, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana. Se dijo en esta providencia: “… Es menester destacar que, en los casos de daños ocasionados por la materialización de los riesgos propios de la actividad peligrosa, en la que sufre un menoscabo quien no tiene la guarda material sobre una actividad, la reparación debe ser adoptada bajo el régimen de responsabilidad objetivo, cuando no está probada la falla en el servicio…”.

24 [1] PEIRANO FACIO. Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981, págs. 451 a 459.

25 [2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de noviembre de 1962.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación 52001-23-31-000-1996-07506-01 (13833), actor: Rosa Elvira Benavides de Muñoz y otros, demandado: Municipio de Ancuya.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), Belén González y otros - William Alberto González y otra, demandado: Nación - Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías —INVÍAS—.

28 Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (sent. jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, radicación 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13232.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número interno 26251, actor: Ana Rita Alarcón vda. de Gutiérrez y otros.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 22 de abril de 2015, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146), actor: María Antonia Gómez de Carrillo y otros, demandado: Departamento de Santander.

33 Para claridad de este apartado se hace nuevamente la referencia jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 22 de abril de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, radicación 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19146), actor: María Antonia Gómez de Carrillo y otros, demandado: Departamento de Santander.