Sentencia 2000-00716 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 25000-23-26-000-2000-00716-01 (26.828)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Julia Esther Moncada Bernal

Demandado: Distrito de Bogotá - Secretaría de Tránsito y Transporte

Acción: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 28 de marzo de 2000(15), y la cuantía procesal se estimó en treinta y cinco millones de pesos ($ 35.000.000) por concepto de perjuicios materiales(16), mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26.390.000(17).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(18), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se reclama se deriva de la retención de un vehículo de propiedad de la actora, como consecuencia de la inscripción de una medida cautelar de embargo y secuestro, la que, según se afirmó en el libelo, transcurrió entre el 5 de noviembre de 1998 y el 13 de mayo de 1999, por lo que al haberse radicado la demanda el 28 de marzo de 2000, resulta evidente que se acudió a la jurisdicción dentro del término previsto por la ley.

3. Los hechos probados en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, se tiene debidamente acreditado lo siguiente(19):

• Que a través de providencia de 12 de agosto de 1997(20), el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, en el marco de un proceso ejecutivo singular en donde se presentó como base de recaudo una letra de cambio por la suma de $ 15.000.000(21), instaurado por la señora Julia Esther Moncada Bernal en contra de Lucas Piedra, decretó el embargo del vehículo identificado con las placas SDB-593, para lo cual comunicó la medida a la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá mediante Oficio 2.936 de 22 de agosto de 1998(22).

• Que el embargo ordenado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá fue inscrito por la firma Servicios Especializados de Tránsito y transporte —SETT—, el 11 de septiembre de 1997(23).

• Que el 4 de marzo de 1998, los señores Lucas Piedra Sánchez y Julia Esther Moncada Bernal suscribieron un contrato de transacción, en orden a terminar el proceso ejecutivo singular que cursaba en el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá(24), acuerdo en el que se contempló, entre otras cosas, la transmisión del derecho de dominio sobre el automotor de placas SDB-599, a título de dación en pago a favor de la señora Moncada Bernal, así como la entrega real y material del rodante a partir de la fecha de suscripción y autenticación del referido documento, por lo que el citado despacho dispuso, mediante providencia de 18 de marzo del mismo año(25), la aceptación de la transacción, la terminación del proceso y el levantamiento de la medida cautelar sobre el vehículo.

• Que el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, a través del Oficio 1725 de 8 de junio de 1998(26), informó a la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá sobre el levantamiento de la medida de embargo que pesaba sobre el vehículo identificado con las placas SDB-593.

• Que el señor José Alirio Vásquez instauró demanda ejecutiva singular en contra del señor Lucas Piedra, para lo cual presentó como título ejecutivo el cheque Z7972917 del Banco de Colombia, por la suma de $ 1.500.000(27), proceso en donde el ejecutante solicitó la práctica de medidas cautelares, entre ellas, el embargo y secuestro del automotor identificado con las placas SDB-599, a lo que el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá accedió mediante providencia de 9 de septiembre de 1997(28).

• Que el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá comunicó el decreto de la medida de embargo sobre el mencionado vehículo a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, a través del Oficio 1842 de 22 de septiembre de 1997(29), la que fue inscrita en el registro automotor el 1º de octubre de 1997(30), situación que se informó por parte de dicha dependencia al despacho del conocimiento en el Oficio RAP DV97-11164 de 9 de enero de 1998(31), en donde además se precisó que el señor Lucas Piedra figuraba como propietario desde el 22 de octubre de 1993 hasta la fecha del mencionado oficio.

• Que al conocer sobre la inscripción del embargo, el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, en auto de 20 de mayo de 1998(32), decretó el secuestro del automotor de placas SDB-599, por lo que el vehículo fue inmovilizado el 5 de noviembre de 1998 y puesto a disposición en el Parqueadero La Cuarta, tal como consta en el informe suscrito por el jefe de embargos de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá(33).

• Que el formulario único nacional para efectos del traspaso del derecho de dominio sobre el automotor de placas SDB-599, fue radicado, en una primera oportunidad, el 17 de septiembre de 1998, sin embargo, el trámite fue devuelto ante la falta de documentación de soporte(34).

• Que el 2 de diciembre de 1998, por segunda ocasión, se radicó el formulario único nacional para efectos del traspaso del derecho de dominio sobre el automotor de placas SDB-599(35), el cual se hizo efectivo a partir del 3 de diciembre de la misma anualidad(36).

• Que a través de auto de 1º de marzo de 1999, proferido por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, ante la petición elevada mediante apoderado por la señora Julia Esther Moncada Bernal(37), se resolvió decretar el desembargo del automotor, con fundamento en las siguientes consideraciones(38):

“Por auto de fecha septiembre 9 de 1997, este juzgado decretó el embargo del vehículo de placas SDB-599 y con tal fin se libró el Oficio 1842 del 22-09-97.

Recibida la respuesta del Secretario de Tránsito visible a folio 7, en ella se evidencia que el embargo fue registrado y que figuraba como propietario el demandado Lucas Piedra.

Igualmente, obran en la actuación copias allegadas por la señora Julia Esther Moncada Bernal, en donde consta la inscripción del embargo decretado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito con fecha de registro 11-09-97 e igualmente se observa la inscripción del embargo decretado por ese despacho judicial con fecha de registro el 01-10-97. Es claro entonces que cuando se toma nota del embargo aquí decretado sobre el vehículo de placas SDB-599 dicho automotor ya se encontraba fuera del comercio en razón del embargo decretado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito y, por ende, no procedía la inscripción de otra cautela similar, de conformidad con lo establecido en el numeral 9º del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en lo que respecta a la titularidad del derecho de dominio del vehículo objeto de desembargo, en cabeza de la señora Julia Esther Moncada Bernal, esta se encuentra acreditada con la carta de propiedad del mismo, que en copia autenticada se adjuntó con el escrito precedente, subsanándose así lo anotado en el numeral primero de la parte resolutiva del auto de fecha enero 26 del presente año.

El artículo 681 numeral primero, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, prevé que si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, este de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del embargo.

Con fundamento en la anterior norma adjetiva y dado que el vehículo de placas SDB-599 no figura como propiedad del aquí ejecutado, pues se encuentra verificado el traspaso en cabeza de la señora Julia Esther Moncada Bernal, según la tarjeta de propiedad que ha sido aportada al expediente y de acuerdo a la (sic) transacción aprobada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, y comoquiera que según el certificado de tradición del citado automotor la medida de embargo decretada por este despacho fue registrada, la cual no procedía en virtud del embargo decretado por dicho juzgado, es por lo que este juzgado.

RESUELVE:

1. DECRETAR el desembargo del vehículo automotor de placas SDB-599 con fundamento en lo normado por el artículo 687, numeral noveno del CPC y las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Ofíciese en tal sentido a la secretaría de tránsito y transportes de esta ciudad, a la Sijin Unidad de Automotores de la Policía Nacional y al señor Administrador del parqueadero La Cuarta ubicado en la calle 3 Nº 17-42 de esta ciudad” (resaltado fuera de texto).

• Que el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, con oficio de 12 de mayo de 1999(39), comunicó al administrador del citado parqueadero sobre el levantamiento de la medida cautelar, por lo que el automotor permaneció secuestrado en el parqueadero La Cuarta de Bogotá, desde el 5 de noviembre de 1998 hasta el 13 de mayo de 1999(40).

4. La imputabilidad del daño a la demandada.

Según se desprende del texto de la demanda, pretende la actora que se declare al Distrito de Bogotá - Secretaría de Tránsito y Transporte, patrimonialmente responsable de todos los perjuicios de orden moral y material que, dijo, le fueron irrogados con ocasión de la inscripción de la medida cautelar de embargo y secuestro del vehículo de placas SDB-599, decretada por el Juzgado 20 Civil Municipal del Bogotá, pues a su juicio, la entidad incurrió en una falla en el servicio al haber registrado dicha medida sin tener en consideración que sobre el automotor ya pesaba un embargo de la misma clase, dispuesto por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá.

De igual manera, estima la demandante, que la entidad habría incurrido en falla en el servicio, al comunicarle al Juzgado 20 Civil Municipal del Bogotá sobre el registro del embargo, sin mencionar la existencia de la cautela anterior, de modo que, con una errada convicción, se ordenó el secuestro del bien, medida que meses después tuvo que ser levantada, pues se aclaró la falla de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Bogotá, no obstante se generaron los daños y perjuicios que aquí se reclaman.

De lo probado en el expediente y analizado en precedencia, es claro que la inscripción del embargo decretado por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, así como el secuestro del automotor de placas SDB-599, a órdenes del mencionado despacho judicial, está debidamente acreditada, por lo que debe analizarse ahora si la materialización de tal medida cautelar se ajustó a derecho o generó un daño antijurídico como consecuencia de la alegada falla en el servicio a cargo de la demandada y, en esta medida, si le resulta imputable la responsabilidad patrimonial deprecada.

Es pertinente dejar en claro, desde ya, que en el presente caso no se cuestionan en manera alguna las decisiones de los despachos judiciales en donde cursaron los procesos ejecutivos en contra del señor Lucas Piedra, sino exclusivamente la actuación desplegada por la entidad jurídicamente encargada del registro automotor, esto es la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Bogotá.

Ahora bien, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(41), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

La jurisprudencia de esta corporación, en casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído, en el cual se discute la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la presunta omisión de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ha considerado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio.

Es así como frente a supuestos en los cuales se analiza si es procedente declarar la responsabilidad del Estado, como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia se alega que ha sido determinante la omisión por parte de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la corporación ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro(42).

En este orden de ideas, es del caso hacer referencia a lo dispuesto en las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de los hechos, disposiciones que en relación con la discusión planteada en el sub lite señalan:

“ART. 687.—Levantamiento del embargo y secuestro. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 344 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

(…).

9. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 558. Si se levanta el secuestro y se trata de proceso de ejecución, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo precedente 686.

“ART. 558.—Prelación de embargos. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 306 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de concurrencia de embargos sobre un mismo bien, se procederá así:

1. El decretado con base en título hipotecario o prendario sujeto a registro, se registrará aunque se halle vigente otro practicado en proceso ejecutivo seguido para el pago de un crédito sin garantía real sobre el mismo bien; este se cancelará con el registro de aquél. Por consiguiente, recibida la comunicación del nuevo embargo, simultáneamente con su registro, el registrador deberá cancelar el anterior, dando inmediatamente informe escrito de ello al juez que lo decretó, quien, en caso de haberse practicado el secuestro, remitirá al juzgado donde se adelanta el ejecutivo hipotecario o prendario copia de la diligencia para que tenga efecto en éste y oficie al secuestre para darle cuenta de lo anterior.

En tratándose de bienes no sujetos a registro cuando el juez del proceso con garantía prendaria, antes de llevar a cabo el secuestro, tenga conocimiento de que en otro ejecutivo sin dicha garantía ya se practicó, librará oficio al juez de este proceso para que proceda como se dispone en el inciso anterior. Si en el proceso con garantía real se practica secuestro sobre bienes que hubieren sido secuestrados en proceso ejecutivo sin garantía real, el juez de aquél, librará oficio al de este para que cancele tal medida y comunique dicha decisión al secuestre.

2. Si para el cumplimiento de una obligación hipotecaria o prendaria se embargan tanto el bien objeto del gravamen como otros de propiedad del deudor, y a la vez en proceso ejecutivo para el cobro de una obligación de igual naturaleza se embarga el bien gravado, prevalecerá el embargo que corresponda al gravamen que primero se registró.

El demandante del proceso cuyo embargo se cancela, podrá hacer valer su derecho en el otro proceso.

En tal caso, si en el primero se persiguen más bienes, se suspenderá su trámite hasta la terminación del segundo, una vez que en aquél se presente copia de la demanda formulada por el ejecutante y del mandamiento de pago.

Si el producto de los bienes rematados en el proceso cuyo embargo prevaleció, no alcanzare a cubrir el crédito cobrado por el demandante del otro proceso, éste se reanudará a fin de que se le pague la parte insoluta.

Si en el proceso cuyo embargo se cancela intervienen otros acreedores, el trámite continuará respecto de éstos, pero al distribuir el producto del remate se reservará lo que corresponda al acreedor hipotecario o prendario que hubiere comparecido al proceso cuyo embargo prevaleció. Satisfecho a dicho acreedor total o parcialmente su crédito en el otro proceso, la suma reservada o lo que restare de ella se distribuirá entre los demás acreedores cuyos créditos no hubieren sido cancelados; si quedare remanente y no estuviere embargado, se entregará al ejecutado.

3. Cuando el embargo se cancela después de dictada sentencia de excepciones, no podrá el demandado proponerlas de nuevo en el otro proceso.

4. Si el embargo prevalente fuere el decretado en el proceso en el que se persiguen más bienes, el acreedor hipotecario o prendario que adelante el otro proceso podrá prescindir de este y hacer valer sus derechos en aquél, en la oportunidad señalada en el artículo 539.

“ART. 686.—Oposiciones al secuestro. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 343 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:

(…).

PAR. 3º—Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes inmuebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquél, embargados en proceso de ejecución, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se levantará el embargo.

En el ejecutivo con garantía real, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que levante el embargo, el ejecutante, podrá perseguir bienes distintos de los gravados con hipoteca o prenda. A partir de este momento serán admisibles tercerías de acreedores sin garantía real y se aplicará el artículo 540.

A la luz de las anteriores normas puede señalarse que el legislador consagró la prelación del embargo decretado con base en título hipotecario o prendario de bienes sujetos a registro, tal como se estipula en artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, de manera que, respecto de embargos originados en acciones personales, no existe la posibilidad de que se registren de manera concurrente, salvo la excepción consagrada en el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, relativa a los embargos decretados en procesos de nulidad y divorcio del matrimonio civil, de separación de bienes y de liquidación de sociedades conyugales(43).

A la misma conclusión arribó la Corte Constitucional, en Sentencia T-557 de 2002(44), cuando se refirió a las diferencias existentes entre las figuras de la prevalencia de embargos y la prelación de créditos. Dijo la Corte:

La prevalencia de embargos y la prelación de créditos son dos instituciones jurídicas establecidas por el legislador que aunque guardan cierta relación tienen regímenes diferentes. La prevalencia de embargos es una figura de carácter procesal a ser aplicada por el registrador, que se materializa en el registro de instrumentos públicos y atiende la finalidad propia de las medidas cautelares: garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor. En el registro el principio es el de la prevalencia de los embargos, en consideración a la jerarquía de las acciones en que se originen, y la excepción es la concurrencia de embargos, lo que se refleja en la decisión del legislador de garantizar que sólo exista un embargo en el folio único de matrícula inmobiliaria (se resalta).

Debe recordarse entonces que, tanto la acción ejecutiva singular instaurada por la señora Julia Esther Moncada Bernal, como la formulada por el señor José Alirio Vásquez Arévalo, ambas en contra del señor Lucas Piedra, lo fueron con fundamento en títulos valores —una letra de cambio y un cheque, respectivamente—, por lo que sus acciones tenían carácter personal y los embargos decretados en cada proceso carecían de prevalencia alguna entre ellos.

Sobre este particular, resulta ilustrativo lo expuesto por el Dr. Pedro Hernando Malagón Bohórquez, en el documento “Medidas cautelares en Colombia, prevalencia y concordancia en el Registro de Instrumentos Públicos”(45):

“1. Acciones personales

Son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Nacen de los derechos personales.

“Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales”. Artículo 666 del Código Civil.

Pertenecen a esta clase de acciones, entre otros, los siguientes embargos:

Embargo ejecutivo singular (CPC, art. 488)

— Embargo de alimentos (CPC, art. 448, num. 4º)

— Embargo laboral (CPL, art. 102)

— Embargos en procesos de nulidad y divorcio de matrimonio civil, de separación de bienes y de liquidación de sociedades conyugales (CPC, art. 691).

Estos embargos, originados en las acciones personales no prevalecen sobre otros embargos. Debe entenderse que en esta clase de procesos prevalece el primero que figure inscrito, excepto en los procesos a que se refiere el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil” (se resalta).

Corolario de lo anterior y de cara al asunto debatido, se tiene que un embargo ejecutivo singular no puede coexistir con otro de igual categoría, en el mismo folio de registro automotor. Así las cosas, en el presente caso, cuando la autoridad de tránsito recibió el embargo decretado por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, debió remitirse de inmediato al artículo 558 del Código de Procedimiento Civil —prelación de embargos—, en punto a determinar qué clase de embargo estaba ya registrado sobre el vehículo de placas SDB-599, esto es, con base en qué acción se inició el proceso respectivo.

Así las cosas, al encontrar que el embargo preexistente, decretado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, era personal —por haber sido decretado dentro de un proceso con acción personal para el cobro de un crédito con garantía personal—, debió abstenerse de registrarlo, por cuanto, como quedó visto, los embargos ejecutivos singulares no concurren ni prevalecen el uno sobre el otro, de manera que debía atenderse el embargo ejecutivo singular inscrito con anterioridad, como ya se dijo, ordenado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá.

En estas condiciones, se concluye que, en efecto, la demandada incurrió en una falla en el servicio al registrar indebidamente la medida cautelar decretada por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, respecto del automotor de placas SDB-599, falla que proyectó sus efectos de manera perjudicial, cuando informó de dicho registro al despacho del conocimiento, el que, con fundamento en ello, ordenó el secuestro del citado automotor, como quedó acreditado en este expediente.

Si bien es cierto que para el 5 de noviembre de 1998 —momento en que el vehículo fue secuestrado por cuenta del proceso cursante en el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá—, la medida cautelar ordenada por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá ya había sido levantada con ocasión de la transacción a la que llegaron las partes —lo cual se informó a la demandada en oficio de 8 de junio de 1998—, es claro que el embargo decretado por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá no podía ser inscrito, por lo que el secuestro, que no tiene un carácter autónomo en tratándose de bienes sujetos a registro, en tanto requiere del embargo previamente registrado, no podía llevarse a cabo.

En los términos anteriormente expuestos, habrá lugar a revocar la sentencia apelada, para declarar la responsabilidad administrativa del Distrito de Bogotá y disponer las condenas que correspondan, en atención al petitum planteado en la demanda.

5. Liquidación de perjuicios.

Como ya se expuso al inicio de esta providencia, solicitó la demandante que se condene a pagar a su favor el “cien por ciento (100%) de los perjuicios materiales y morales consolidados y futuros ocasionados por los hechos u omisiones que permitieron el embargo y secuestro del bus de servicio público de placas SDB-599 dentro del proceso ejecutivo de José Alirio Vásquez contra Lucas Piedra Sánchez cursante en el Juzgado 20 civil municipal de Santafé de Bogotá, D.C.”.

5.1. Perjuicios morales.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(46) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante en virtud del principio de arbitrio iuris. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(47).

Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse en ciertos casos —como por ejemplo en relación con lesiones y muerte de personas— con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan(48).

Por su parte, en la jurisprudencia de la Sección, el daño moral se ha entendido como el producido generalmente en el plano síquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos como consecuencia de la lesión a un bien(49), daño que tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.

Así mismo, la doctrina ha considerado que los daños morales son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(50).

No obstante, la Sala adoptó un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(51).

Así, aunque en una primera etapa, la Sala fue renuente a reconocer indemnización de perjuicios de carácter moral, derivados de la actividad contractual, por cuanto consideró que “estos sólo se configuran cuando se presenta la violación de alguno de los derechos de la personalidad del sujeto”(52), en etapas posteriores ha considerado que hay lugar a reconocer la indemnización del daño moral derivado de la imposición de una sanción contractual, cuando se tenga la convicción y la certeza de que la víctima lo padeció; certeza y convicción que debe suministrar quien los reclama, con elementos de prueba que no dejen duda de que debe accederse a una condena por ese concepto(53).

Por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como ‘onus prodandi, incumbit actori’ y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(54). Correlativo a la carga del demandante, está asimismo el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 del mismo código(55).

No obstante lo anterior, en el presente caso no aparece demostrado que los hechos que dieron origen al proceso le hubieran causado a la señora Julia Esther Moncada Bernal un grave sufrimiento, susceptible de reparación, de la naturaleza de aquel que se padece por la pérdida de un ser querido o el agravio que se infiere al cuerpo o a los sentimientos o a los derechos fundamentales de las personas con una lesión o una injuria.

La demandante no acreditó haber padecido ninguna clase de trastorno emocional significativo con los hechos que dieron lugar a la demanda. Si bien el sufrimiento moral se padece interiormente, son sus manifestaciones externas las que permiten su afirmación. Por lo tanto, no basta con asignar calificativos a los hechos; es necesario demostrar su existencia, a través de cualquier medio de prueba y en vista de que ello no ocurrió, se impone denegar la pretensión formulada sobre el particular.

5.2. Perjuicios materiales.

En punto a determinar el monto de los perjuicios materiales ocasionados con ocasión de la retención del vehículo de placas SDB-599, a petición de la parte actora se decretó la práctica de un dictamen pericial(56), el cual, a pesar de no haber generado oposición de las partes(57), merece las siguientes consideraciones frente a sus conclusiones.

En el peritazgo adelantado en este caso se cuantificaron numéricamente, bajo el rubro de daño emergente, valores relacionados con la compra de llantas; cambio de pistones y otros; parqueadero; y, pago de honorarios profesionales, cosa que hicieron los peritos con fundamento en la documentación aportada con la demanda(58) y una cotización de la que se aportó copia simple junto con el peritazgo(59).

Sobre este particular debe señalar la Sala que si bien resulta acreditado en el proceso el daño, consistente en la retención del vehículo de placas SDB-599, como consecuencia de la inscripción irregular de una medida de embargo ordenada por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, no es posible tener en cuenta, para la cuantificación de la indemnización solicitada, los valores señalados en el peritazgo por concepto de compra de llantas, cambio de pistones y otros, así como parqueadero, habida cuenta que los documentos que los soportan no acreditan que la señora Julia Esther Moncada Bernal los hubiera sufragado y que tuvieran una relación de causalidad con la medida cautelar registrada de manera equivocada. En este sentido debe señalarse que en tales documentos aparece como “cliente” el señor “Oscar Suárez Morales”, quien no es parte en el presente proceso y respecto de quien no aparece tampoco acreditado que actuara en representación de la demandante, situación que igualmente ocurre en la “cotización” aportada con el dictamen.

El artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”, mientras que el lucro cesante consiste en “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

En vista de lo anterior, es necesario recordar que para que el daño sea indemnizable, el mismo debe ser personal, directo y cierto. Que el perjuicio sea cierto implica establecer fehacientemente la relación causal entre éste y el daño(60), y como se dijo, en el presente caso no existe prueba alguna en el plenario que demuestre la existencia de una disminución patrimonial imprevista frente a la señora Julia Esther Moncada Bernal, con ocasión de los pagos a que se ha hecho referencia.

No se predica lo mismo frente a la valoración del daño emergente, realizada en la suma de $ 2.620.000 por concepto de honorarios profesionales(61), ya que, en efecto, aparece un “paz y salvo recíproco” en donde se indicó como partes contratantes a la señora Julia Esther Moncada Bernal y el abogado Jairo Arenas Mahecha, respecto de la representación judicial tendiente a solicitar el desembargo del automotor de placas SDB-599, ante el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá.

Según quedó expuesto en el acápite de lo probado en el proceso, la actuación del citado profesional del derecho se llevó a cabo y dio lugar al desembargo del bien, por lo que la tasación realizada por los peritos en este preciso aspecto se considera ajustada a la realidad probatoria y es del caso proceder a su reconocimiento, a título de daño emergente, con la correspondiente indexación.

Para actualizar dicha suma se dará aplicación a la fórmula matemática acogida por la corporación, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor de la fecha en que fue rendido el dictamen pericial (mar. 15/2002), y el último conocido a la fecha de la presente providencia.

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De otra parte, en cuanto al lucro cesante derivado del ingreso frustrado durante el período de retención del vehículo de placas SDB-599, los peritos lo cuantificaron en la suma de $ 23.430.150(62), a partir del valor del pasaje en bus urbano para los años 1998 y 1999, el número promedio de pasajeros diarios en la ruta que recorría el automotor, así como la deducción de los gastos atinentes al combustible, salario del conductor y el mantenimiento del vehículo.

Estima la Sala que las operaciones aritméticas realizadas, así como las bases adoptadas para el cálculo se ajustan a la realidad probatoria, por lo que, de igual manera, es del caso acceder al reconocimiento solicitado a título de lucro cesante, debidamente actualizado con las mismas pautas antes utilizadas respecto del daño emergente:

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6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión y, en su lugar se dispone:

2. DECLARAR al DISTRITO DE BOGOTÁ, patrimonialmente responsable por la inscripción irregular de la medida de embargo decretada por el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, respecto del automotor de placas SDB-599, que conllevó el posterior secuestro del bien entre el 5 de noviembre de 1998 y el 13 de mayo de 1999, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Como consecuencia de lo anterior, condenar al Distrito de Bogotá, a reconocer y pagar a la señora Julia Esther Moncada Bernal las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente: La suma de cuatro millones trescientos setenta y cinco mil ciento noventa y siete pesos m/cte. ($ 4.375.197).

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: La suma de treinta y nueve millones ciento veintiséis mil quinientos cuarenta pesos m/cte. ($ 39.126.540).

4. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin costas.

6. El Distrito de Bogotá, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(15) Folios 8, cuaderno principal 1.

(16) Estimación razonada de la cuantía que obra a folio 7, cuaderno principal 1.

(17) Decreto 597 de 1988.

(18) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(19) Vale anotar que la firma Servicios Especializados de Tránsito y Transporte —SETT—, mediante Oficio 456646 de 31 de julio de 2001 allegó al proceso el historial H900045726 y 171 folios correspondientes a la copia auténtica de los antecedentes del vehículo de placas SDB-599, documentos obrantes de folios 16 a 189 del cuaderno de pruebas. Por su parte, el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogotá, a través del Oficio 2456 de 29 de agosto de 2001, remitió copia auténtica del proceso ejecutivo singular promovido por José Alirio Vásquez Arévalo en contra de Lucas Piedra, documentos que reposan de folios 190 a 327 del mismo cuaderno.

(20) Según la copia auténtica obrante a folio 234 del cuaderno de pruebas.

(21) Según la copia auténtica del título valor obrante a folio 213 del cuaderno de pruebas.

(22) Según copia auténtica obrante a folio 235 del cuaderno de pruebas.

(23) Según copia auténtica de la constancia de radicación, obrante a folio 242 del cuaderno de pruebas.

(24) Según la copia auténtica obrante de folios 225 a 227 del cuaderno de pruebas, en donde aparecen las diligencias de reconocimiento de firmas ante notario.

(25) Según la copia auténtica obrante a folio 229 del cuaderno de pruebas.

(26) Según copias auténticas obrantes a folios 65, 79 y 239 del cuaderno de pruebas.

(27) Según la copia auténtica del título valor obrante a folio 294 del cuaderno de pruebas.

(28) Según se desprende de la copia auténtica de dicha providencia, obrante a folio 197 del cuaderno de pruebas.

(29) Copia auténtica obrante a folio 199 del cuaderno de pruebas.

(30) Según copia auténtica de la constancia de radicación, obrante a folio 242 del cuaderno de pruebas.

(31) Copia auténtica obrante a folios 200 y 201 del cuaderno de pruebas.

(32) Copia auténtica que reposa a folio 204 del cuaderno de pruebas.

(33) Copia auténtica que reposa a folios 206 y 207 del cuaderno de pruebas.

(34) Fecha que consta en la copia auténtica del Oficio 12487 de la división de gestión de vehículos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, mediante el cual se devolvió el trámite, que reposa a folio 118 del cuaderno de pruebas, como el oficio, también auténtico, de 20 de octubre de 1998, suscrito por la señora Julia Esther Moncada Bernal, dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, obrante a folio 119 del mismo cuaderno.

(35) Como aparece en la copia auténtica del formulario, que reposa a folio 125 vto del cuaderno de pruebas.

(36) Lo que se desprende de la información consignada en el Oficio 456646 de 31 de julio de 2001, suscrito por el coordinador de apoyo legal de servicios especializados de tránsito y transporte, obrante a folio 28 del cuaderno de pruebas y el certificado de tradición del vehículo, visible a folio 66 del mismo cuaderno.

(37) Folios 240, 241, 243 y 244, cuaderno de pruebas.

(38) Folio 258 y vto, cuaderno de pruebas.

(39) Folio 282, cuaderno de pruebas.

(40) Lo que se deduce del informe suscrito por el jefe de embargos de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, obrante a folios 206 y 207 del cuaderno de pruebas, como el recibo suscrito por el señor Jairo Gómez Martínez, en representación del Parqueadero La Cuarta, visible a folio 14 del mismo cuaderno.

(41) Expediente 21.515.

(42) Al respecto se puede consultar, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 27434, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16192, Consejera Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18375, Consejera Ponente: Dra. Gladys Agudelo Ordóñez.

(43) “ART. 691.—Medidas cautelares en procesos de nulidad y divorcio de matrimonio civil, de separación de bienes y liquidación de sociedades conyugales. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 347 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de nulidad y divorcio, de separación de cuerpos y de bienes, y de liquidación de sociedades conyugales, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Cualquiera de las partes podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales, y que estuvieren en cabeza de la otra; si se trata de bienes sujetos a registro, el secuestro se practicará una vez inscrito el embargo y allegado el certificado de propiedad, que comprenda un período de veinte años, si fuere posible.

2. El embargo y secuestro practicados en estos procesos no impedirán perfeccionar los que se decreten sobre los mismos bienes en proceso de ejecución, antes de quedar en firme la sentencia favorable al demandante que en aquéllos se dicte; con tal objeto se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 558 y el remanente no embargado en otras ejecuciones y los bienes que en éstas se desembarguen, se considerarán embargados para los fines del proceso de nulidad de matrimonio, divorcio o separación de bienes.

3. Las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sentencia; pero si a consecuencia de ésta fuere necesario liquidar la sociedad conyugal, continuarán vigentes en el proceso de liquidación.

Si dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que disuelva la sociedad conyugal, no se hubiere promovido la liquidación de ésta y hecho las notificaciones del auto admisorio de la demanda y las publicaciones respectivas, se levantarán aun de oficio las medidas cautelares, si existieren.

4. Cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que se levanten las medidas que afecten sus bienes propios, y para ello se tramitará incidente; el auto que lo decida es apelable en el efecto diferido.

5. Para la práctica del depósito de personas, cuando fuere el caso, se aplicarán en lo pertinente las disposiciones sobre secuestro de bienes”.

(44) Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

(45) Disponible en la web de la Superintendencia de Notariado y Registro, en la siguiente ruta http://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/registro/TallerRegistral2011/memorias%20medidas%20cautelares.pdf, recuperado el 16 de marzo de 2014.

(46) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(47) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

(48) Sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392).

(49) Sentencia del 10 de julio de 2003, expediente 14083. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, criterio reiterado por la Subsección B en sentencia de 30 de junio de 2011, expediente 19836, Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth.

(50) Scognamiglio Renato. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. trad. de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(51) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039.

(52) Sentencia del 25 de julio de 1985, expediente 2963.

(53) Sentencias del 13 de octubre de 1994, expediente 9.206 y 28 de noviembre de 2002, expediente 14.040.

(54) ART. 177.—“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

(55) Por remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil son aplicables en el procedimiento administrativo.

(56) Obrante de folios 1 a 24, cuaderno del dictamen pericial.

(57) El tribunal a quo corrió traslado a las partes del dictamen pericial, a través de providencia de 2 de abril de 2002, visible a folio 53, cuaderno principal 1.

(58) Obrante a folios 16, 15, 14 y 13, cuaderno de pruebas.

(59) Visible a folio 19, cuaderno del dictamen pericial.

(60) La doctrina ha señalado que “El carácter cierto del daño, permite constatar que éste sea pasado, presente o futuro, y habrá certidumbre del mismo cuando aparezca con evidencia que produjo o producirá una disminución o lesión material o inmaterial en el patrimonio de quien lo sufre, es decir, no podrá ser resarcido lo eventual, hipotético o posible”. Gil Botero Enrique. Temas de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Tercera Edición 2006. Librería Jurídica Comlibros, página 70.

(61) Folio 13, cuaderno del dictamen pericial.

(62) Folio 13, cuaderno del dictamen pericial.