Sentencia 2000-00722 de mayo 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 25-000-23-26-000-2000-00722-01 (26.790)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: José Vicente Sanabria Parrales

Demandada: Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acción: Reparación directa.

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

4.1. Competencia.

Esta corporación es la competente para conocer de la sentencia dictada por los tribunales administrativos en primera instancia, como ocurre en el presente asunto, en los términos de los artículos 129.1 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988(2).

4.2. Excepciones.

Con el fin de dilucidar la oportunidad para interponer la demanda objeto de estudio, se impone el estudio previo de la acción procedente, para lo cual es menester recordar que en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, se tiene que la acción de reparación directa procede cuando el daño alegado procede de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, por causa de trabajos públicos o, atendiendo a su naturaleza residual, por cualquiera otra causa, claro está, siempre que no se trate de asuntos contractuales o de legalidad, reservados a otro tipo de acciones.

En el sub lite, el fundamento de las pretensiones radica en los perjuicios causados al actor, en razón del error en que incurrió la Registraduría Nacional del Estado Civil al asignarle el número de identificación, circunstancia que le impuso actuar en la vida civil como si fuera otra persona.

Si bien la demandada adujo que expidió actos posteriores encaminados a la corrección de la irregularidad, la única evidencia con que se cuenta en tal sentido indica que si bien en el año de 1998 la registraduría se dirigió al actor para pronunciarse sobre el tema (fl. 14, cdno. 2), lo cierto es que ello no da cuenta de medidas dirigidas a superar la falla, con consecuencias que aún persisten. Siendo así, mal haría en exigirle al actor, como lo pretende la demandada que la acción se hubiere dirigido a invalidar actos de la administración.

En ese orden, el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa debe iniciarse desde el momento en que la demandada, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, dio respuesta oficial sobre el tema (fl. 14, cdno. 2), toda vez que sólo a partir de allí el actor conoció lo ocurrido, esto es que portaba un documento que le correspondía a otro ciudadano. Lo anterior porque si bien con antelación la Procuraduría General de la Nación habría dado un primer aviso, cuando expidió un certificado de antecedentes disciplinarios con el número de identificación que el actor creía que le correspondía, empero a nombre de otro, esta circunstancia no resultaba suficiente, pues aún no se conocía lo ocurrido.

En ese orden, el bienio no ha vencido si se tiene en cuenta que la respuesta de la demandada del 27 de marzo de 1998 (fl. 14, cdno. 2) y la presentación de la demanda del 24 de marzo de 2000 (fl. 9, cdno. ppal.). En consecuencia, se impone declarar no probada la caducidad.

4.3. Problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil como consecuencia del error en la expedición de la cédula de ciudadanía 5.707.637 de Ibagué asignada al señor José Vicente Sanabria Parrales.

4.4. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(3), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial del actor que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

Igualmente, precisa referir que los documentos allegados fueron aportados dentro de la oportunidad pertinente, razón por la cual serán valorados sin otra consideración.

4.4.1. El daño.

En el sub lite, el daño alegado se concreta en que al ciudadano José Vidente Sanabria Parrales le fue impuesto portar una cédula que no le correspondía y así mismo actuar en la vida civil como si fuera otro. Efectivamente, desde el año 1962(4), fue establecido un único documento para identificar a los colombianos mayores de edad, en todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales.

La Corte Constitucional frente a la importancia de este documento público sostiene(5):

La Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia.

Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito.

De otra parte, la cédula juega papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos del artículo 99 de la Constitución, es la “...condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción”.

La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos y éstos, a su vez, se traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P., arts. 40, 99, 103, 107, 241).

En resumen, la cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos (resaltado fuera de texto).

En esos términos, respecto del daño irrogado al actor se tiene que:

4.3.1.1. El 6 de mayo de 1960, la Registraduría Nacional del Estado Civil le expidió al señor José Vicente Sanabria Parrales la cédula de ciudadanía 5.707.637(6) (fl. 1, cdno. 2).

4.4.1.2. El 4 de agosto de 1994, la Dirección Nacional de Identificación de la demandada afirmó que el actor tenía asignada la cédula de ciudadanía con el número 5.707.637 y que la misma se encontraba vigente (fl. 12, cdno. 2)(7).

4.4.1.3. El 3 de febrero de 1998, la Procuraduría General de la Nación, con base en el anterior número de identificación, expidió el certificado de antecedentes disciplinarios, allegado en original, a nombre del señor Jorge Becerra Rondón (fl. 13, cdno. 2).

4.4.1.4. El 27 de marzo de 1998, el Director Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Oficio 217, aportado en original, en respuesta a la petición del actor en torno al estado de su documento de identificación, respondió:

(…) me permito comunicarle que una vez consultado el Archivo Nacional de Identificación, se verificó que el 6 de mayo de 1960 fue expedida a su nombre la cédula de ciudadanía 5.707.637, sin embargo por error en la serie y por solicitud suya tal como se encuentra consignado en la tarjeta decadactilar de la cual le anexo una fotocopia. (sic) el 11 de septiembre de 1975 fue corregido el documento asignándole el número 5.807.637 (fl. 14, cdno. 2).

4.4.1.5. Por su parte, mediante Oficio CJ-010504 del 21 de abril de 2003, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que en el sistema nacional de identificación se reporta que el señor José Vicente Sanabria Parrales tiene asignada la cédula de ciudadanía número 5.807.637 con fecha de expedición 6 de mayo de 1960(8) y que el número 5.707.637 corresponde al número de identificación del señor Jorge Becerra Rendón (fl. 45, cdno. 2). Con todo, el actor se sigue identificando con éste último número, toda vez que corresponde a la cédula que le fuera expedida (fl. 1, cdno. 2) y que aún no ha sido cancelada, como se verá más adelante.

En esos términos, resulta evidente que las inconsistencias anotadas son constitutivas del daño alegado, en tanto impiden la plena identificación del actor y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

4.4.2. La imputación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, desde 1948(9), dirige la oficina nacional de identificación, la que a su vez es la encargada de depurar el censo electoral y los trámites de cedulación, en los términos de la Ley 41 de 1946(10). En esa misma línea, el artículo 2º de la Ley 39 de 1961 dispuso:

Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la mayor edad y la identidad personal. Esto se hará con cualquiera de los siguientes documentos: cédula de ciudadanía antigua, libreta militar, cédula de identidad militar, pasaporte colombiano, cédula de policía, tarjeta de identidad postal, copia de la partida eclesiástica de bautismo o acta de registro civil de nacimiento o de matrimonio, declarando, para los tres últimos casos, bajo juramento ante el registrador o su delegado, que es la misma persona a la cual se refiere el documento presentado. Todo ello se hará constar en un formulario especial que llevará la impresión dactilar del interesado, su firma, si supiere hacerlo, y la del funcionario que realiza la cedulación (se resalta).

Y más adelante, el artículo 4º de la ley en cita estableció:

ART. 4º—Si a juicio del registrador municipal o su delegado hubiere duda acerca de la mayor edad o identidad de la persona que solicita la cédula, sin perjuicio de preparársela, de oficio hará la investigación correspondiente. Si de la investigación resultare que no se puede dar crédito a la mayor edad o a la identidad de la persona que solicitó la cédula, el registrador municipal dará aviso a la Registraduría Nacional para que no se expida la correspondiente cédula, expresando los motivos en que se funda. Los documentos que el registrador solicite para la investigación están exentos de todo impuesto.

Actualmente, en los términos de los artículos 62 y 63 del Código Electoral(11):

ART. 62.—Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad personal mediante la presentación ante el registrador del estado civil o su delegado, del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad, la carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados y la de inscripción en el de los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento.

ART. 63.—La expedición de copias del registro civil de las personas para tramitación de cédulas de ciudadanía, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, será gratuita; y se dejará constancia de que sólo sirve para esa finalidad.

En esos términos, es claro que el servicio público de identificación ciudadana cuestionado corresponde a la demandada.

Ahora, precisa detenerse en lo sucedido con la cedulación del actor, así:

Desde el 6 de mayo de 1960, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la cédula de ciudadanía 5.707.637 (fl. 1, cdno. 2), el señor José Vicente Sanabria Parrales se ha identificado con dicho número, como dan cuenta los diferentes actos aportados: certificados de tradición y libertad de inmuebles(12) (fls. 10 y 11, cdno. 2); acta de grado universitario de 1995 (fls. 18 y 19, cdno. 2).

Según la demandada, desde el 11 de septiembre de 1975, en el marco de una actuación que habría sido iniciada por el actor (fl. 14, cdno. 2), se le asignó un nuevo número de identificación, el 5.807.637, tal como da cuenta su tarjeta decadactilar (fl. 48, cdno. 2)(13); sin embargo, revisado este último documento se tiene que, aunque ese es el número de identificación asignado al señor Sanabria Parrales, el mismo fue expedido el 26 de abril de un año del cual se alcanzan a identificar los tres primeros números, 196 del año correspondiente, es decir que el trámite se realizó, seguramente, en la década de los sesenta, lo cual desdice la afirmación de la demandada sobre el particular, pues ésta ubica la actuación en la década siguiente; tampoco se explica la Sala cómo el 4 de agosto de 1994 la Dirección Nacional de Identificación de la demandada afirmó que el actor tenía asignada la cédula de ciudadanía con el número 5.707.637 y que la misma se encontraba vigente (fl. 12, cdno. 2)(14), en tanto, años después, el 21 de abril de 2003(15) certificó que el documento de identificación del actor correspondía al primer número citado con fecha de expedición del 6 de mayo de 1960 (fl. 45, cdno. 2), que, contradictoriamente, coincide con la expedición de la cédula de ciudadanía inicial y que actualmente posee el actor (fl. 1, cdno. 2), considerada como errada y sin perder de vista que, según la tarjeta decadactilar referida, se expidió en el mes de abril.

Siendo así no cabe sino sostener que el actor enfrenta una total incertidumbre respecto de su identificación, problemática acentuada día a día en cuanto todo indica que el señor Sanabria Parrales se sigue identificando con la cédula de ciudadanía 5.707.637, expedida a nombre de otra persona, pues así lo demuestra el documento utilizado para otorgar el poder, para ser representado judicialmente en este asunto (fl. 1, cdno. ppal.), situación reiterada, en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, cuando se afirma que “en la actualidad el señor Sanabria Parrales posee su cédula de ciudadanía 5.707.637” (fl. 102, cdno. ppal. 2).

Lo expuesto deja entrever la omisión de adelantar el trámite de cancelación. En efecto, los artículos 67(16) y 68(17) del Código Electoral disponen que la situación aquí analizada da lugar a que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancele oficiosamente el documento de identificación defectuoso, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitarlo(18), evento en el cual se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 73 ejusdem que prescribe:

La impugnación de la cédula de ciudadanía puede hacerse al tiempo de su preparación o después de expedida. En ambos casos el Registrador del Estado Civil exigirá la prueba en que se funda la impugnación, oirá, si fuere posible, al impugnado, y, junto con su concepto sobre el particular, remitirá los documentos al Registrador Nacional del Estado Civil, para que éste resuelva si niega la expedición de la cédula o se cancela la ya expedida.

En el expediente se echa de menos una prueba encaminada a verificar que ello ocurrió, bien oficiosamente o por solicitud del afectado, aunque la demandada sostiene que lo hizo por esta última vía en 1975, afirmación que está en entredicho, toda vez que, además de carecer de respaldo probatorio en el plenario, resulta contradictoria al compararla con otros documentos expedidos por la misma demandada, situación que impide considerar la conducta del actor como omisiva, toda vez que ésta resulta conteste con el comportamiento errático de la demanda.

En ese orden, es claro que el actor porta un documento que difiere de la información contenida en el sistema nacional de identificación, en el que tiene asignado el número 5.807.637 y no el 5.707.637 (fl. 45, cdno. 2), este último correspondiente al que usa para identificarse. Irregularidad que resulta atribuible a la demandada, porque no sólo omitió adelantar la actuación administrativa para la cancelación del documento defectuoso, sino que posee datos imprecisos frente a la identificación del actor. De suerte que la Sala confirmará la responsabilidad declarada por el a quo.

Por último, vale aclarar que frente la responsabilidad de los llamados en garantía habría de resolverse separadamente, toda vez que vencido el término de suspensión no fue posible su comparecencia (fls. 28 y 29, cdno. ppal.). En consecuencia, el mismo no surtió ningún efecto jurídico, lo que explica por qué el a quo no se pronunció en tal sentido.

4.3.3. La indemnización de perjuicios.

El estudio se limitará a determinar si la condena impuesta es proporcional al daño inferido, sin que sea posible extenderse a otros perjuicios ni agravar la condena impuesta, en consideración a que se trata de un apelante único(19). Vale recordar que, respecto de la tasación de los perjuicios morales, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13.232-15.646(20), su estimación debe hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro y, para ello, se tiene en cuenta la equivalencia según la cual, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, puede reconocerse una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor del peticionario, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(21), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”(22), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad.

En ese orden y en la misma vía del a quo, se considera que la situación que enfrenta el señor Sanabria Parrales le ha generado preocupación e incertidumbre; pero como se trata de una situación remediable y sin interferencia total de sus actividades, es razonable confirmar el monto de la condena impuesta.

Igualmente, se ordenará a la demandada que dé cumplimiento a sus deberes legales, en tanto, si aún no lo ha hecho, realice los trámites necesarios para regularizar la situación del actor. Por lo tanto, se modificará la sentencia de primera instancia para disponer lo pertinente en esa vía.

Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 16 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual quedará así:

“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de caducidad de la acción, formulada por la entidad demandada, por las razones expuestas en este proveído.

“SEGUNDO: Declarar extracontractualmente responsable a la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil por los perjuicios ocasionados al señor José Vicente Sanabria Parrales con ocasión del cambio de su número de cédula.

“TERCERO: Se condena a la Nación-Registraduría Nacional del Estado Civil a pagar en favor del señor José Vicente Sanabria Parrales, la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de esta providencia, por concepto de perjuicios morales.

“CUARTO: Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que realice los trámites necesarios para regularizar la situación del señor José Vicente Sanabria Parrales.

“QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

“SEXTO: Sin costas”.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

(2) La cuantía del presente asunto asciende a $ 35.806.720, mayor pretensión por perjuicios morales (en consideración a que se pidieron 2000 gramos de oro y cada uno de éstos para mar. 24/2000, cuando se presentó la demanda, equivalían a $ 17.093.36). En consecuencia, dado que los tribunales administrativos conocían en primera instancia para el 2000 de asuntos de reparación directa con un valor superior a $ 26.390.000, es clara la competencia de esta corporación.

(3) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 37.

(4) El artículo 1º de la Ley 39 de 1961 dispuso: “A partir del primero (1º) de enero de mil novecientos sesenta y dos (1962), los colombianos que hayan cumplido veintiún (21) años solo podrán identificarse con la cédula de ciudadanía laminada, en todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales”.

(5) Sentencia C-511 del 14 de julio de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Copia simple del documento obra a folio 1 del cuaderno 2. Asimismo, fue utilizada por el actor para presente el poder otorgado para adelantar esta acción (fl. 1, cdno. ppal.); la certificación de la demandada confirma que la fecha de expedición del documento es del 6 de mayo de 1960 (fl. 45, cdno. 2). En todo caso, es un documento que reposa en los archivos de la demandada, sin que ésta lo hubiera desconocido o tachado de falso, por el contrario funda su defensa en el mismo. En tal sentido ver: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de octubre de 2011, expediente 20.450, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Este documento obra en copia auténtica.

(8) Vale advertir que esta última fecha corresponde a la cédula de ciudadanía que en este proceso aporta la referida persona, pero con el número 5.707.637 (fl. 1, cdno. 2).

(9) La Ley 89 de ese año, en artículo 13 dispuso: El Registrador Nacional del Estado Civil, elegido en la forma prescrita en el artículo 6º de esta ley, disfrutara(sic), de una asignación mensual de dos mil quinientos pesos y tendrá las siguientes funciones: // a) Dirigir la oficina nacional de identificación. En tal carácter reemplaza a los funcionarios creados por el artículo 4º de la Ley 41 de 1946. b) Vigilar la cedulación y el movimiento de las oficinas de los registradores del estado civil en todo el país, ya directamente, ya por medio de sus delegados y visitadores. c) Investigar directamente o por medio de sus agentes cualquier irregularidad que se le denuncie en materia de cedulación o de confección de censos electorales, sancionarla conforme a las normas que más adelante se indican o pasar las diligencias a los delegados departamentales, cuando, de acuerdo con la presente ley, corresponda a éstos imponer la sanción”.

(10) En su artículo 9º establecía: “Cuando la oficina nacional de identificación electoral establezca técnicamente casos de doble o múltiple cedulación, sea de oficio o por informes de los inspectores nacionales de cedulación o de otras autoridades, o de cualquier ciudadano, ordenará por medio de resolución motivada las cancelaciones, dejando vigente sólo la última cédula que se haya expedido”.

(11) Decreto 2241 de 1986.

(12) Copias auténticas de las cuales se observan negociaciones de bienes inmuebles de 1985 y 1998.

(13) Documento allegado en copia simple, pero fue aportada por la demandada (fls. 45 a 48, cdno. 2).

(14) Este documento obra en copia auténtica.

(15) Documento a través del cual se respondió una solicitud de pruebas del a quo.

(16) “Son causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes: // a) Muerte del ciudadano; // b) Múltiple cedulación; // c) Expedición de la cédula a un menor de edad; // d) Expedición de la cédula a un extranjero que no tenga carta de naturaleza; // e) Pérdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país, y // f) Falsa identidad o suplantación”.

(17) “Cuando se establezca una múltiple cedulación, falsa identidad o suplantación, o se expida cédula de ciudadanía a un menor o a un extranjero, la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelará la cédula o cédulas indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Pero si se establece que la cédula se expidió a un menor de edad cuando éste ya es mayor, la cédula no será cancelada sino rectificada”.

(18) “Se podrá solicitar la cancelación de cédulas de ciudadanía en los casos del artículo 67 de este código, conforme al procedimiento determinado en el artículo siguiente”.

(19) Frente a la posibilidad de pronunciarse sobre los perjuicios cuando estos no se han cuestionado ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, expediente 28.190, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(20) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(21) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “…descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (sent. jun. 16/94, exp. 7445, M.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 14726, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.