Sentencia 2000-00726 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 25000232600020000072601 (27226)

Ref.: Reparación directa

Consejera Ponente:

Dr. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Edgardo Ruiz Castro

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Alcaldía de Bogotá - Secretaría de Tránsito y Transporte

Bogotá, D.C., junio trece de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de marzo de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración.

2.3. Caso concreto.

El día 24 de marzo de 1998, señor Edgardo Ruiz Castro, estacionó el vehículo en el que se transportaba en una bahía ubicada sobre la carrera 4 entre calles 24 y 25, donde el estacionamiento no está expresamente prohibido, ya que se usa como zona de parqueo para visitantes de las torres blancas, razón por la cual un agente de tránsito le expidió orden de comparendo por la infracción 077 que se describe como “Estacionar sin las debidas precauciones y/o sin colocar las señales de peligro reglamentarias”. Como consecuencia de la orden de comparendo, el vehículo fue retenido y trasladado por una grúa al patio 4, en concesión de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Adelantado el procedimiento administrativo correspondiente el demandante fue exonerado del pago del comparendo impuesto y se dio orden de retiro del vehículo, pero este sufrió serios deterioros durante el lapso en que permaneció retenido en los patios.

Se pretende entonces el pago del daño causado con motivo de la expedición irregular de la orden de comparendo y la consecuente detención del automóvil del señor Ruiz Castro.

2.4. Las pruebas.

Al plenario se arrimaron las siguientes pruebas:

1. Cartilla de tarifas de alquiler de vehículos pertenecientes a las empresas American y Hertz (fls.1y 2, cdno. de pruebas).

2. Copia al carbón del comparendo nacional 2856216, donde se lee “carrera 4 X 23” y “Torres blanca derecho de petición”, el código de la infracción es 077 (fl. 3, cdno. de pruebas).

3. Inventario del vehículo con placas CHB 225, realizado en el Patio 4 , de propiedad de Jaime Hernando Lafaurie Vega, concesión patios S.T.T. 2025 , el día 24 de marzo de 1998, se anota el código de la infracción 077 (fl. 4).

4. Solicitud presentada ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, por el señor Edgardo Ruiz Castro , el 27 de marzo de 1998, para que se dé el trámite contemplado en el Código Nacional de Tránsito y se absuelva del comparendo 2856216 (fl. 5 , cdno. pruebas) .

5. Derecho de petición presentado el 26 de marzo de 1998, mediante el cual el demandante solicita la entrega del vehículo sin cobro de valor alguno, teniendo en cuenta que el comparendo impuesto fue irregular ya que en el sitio donde se encontraba estacionado el vehículo no existe señal de prohibido parquear (fl. 6, cdno. pruebas)

6. Respuesta del administrador del Conjunto Habitacional Torres Blancas a derecho de petición del señor Ruiz Castro , en el cual se hace constar que no conoce ningún derecho de petición o tutela que reglamente o prohíba el estacionamiento de vehículos de visitantes sobre la bahía de la entrada principal de dicho conjunto, ubicada en la carrera 4 25-59, que no existe señal que prohíba el estacionamiento en ese sitio y que el conjunto ha promovido con las autoridades locales el uso de esa área como parqueadero de visitantes (fls. 7, cdno. pruebas).

7. Declaración extraproceso rendida por el señor Ruiz Castro el 1º de junio de 1999, ante el Notario Primero de Bogotá, donde afirma que es tenedor y poseedor de buena fe desde diciembre de 1996 del automóvil marca Renault tipo R-21RS , modelo 1990 color blanco perla, Sedan, identificado con placas CHB 225 de Chía (fl. 8, cdno. de pruebas).

8. Comunicación dirigida por el señor Ruiz Castro el 15 de junio de 1999 a la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte, en la cual solicita ser exonerado de los gastos de parqueadero , teniendo en cuenta que mediante Resolución 990601-01 de junio 1º de 1999, proferida por la Inspección Primera de Tránsito, fue exonerado de la orden de comparendo 2856216 (fl. 10, cdno. de pruebas).

9. Registros fotográficos de la vía en la cual se estacionó el vehículo cuando se le impuso la orden de comparendo y las zonas aledañas (fls. 11-13, cdno. de pruebas).

1O. Copia del derecho de petición presentado por el demandante al secretario de tránsito distrital, el 13 de abril de 1999, en el cual solicita se entregue sin costo alguno el vehículo que fue retenido injustamente con un comparendo irregular (fl 16, cdno. de pruebas).

11. Copia simple del duplicado de la licencia de tránsito Nº 92-1672924, correspondiente al vehículo Renault R-21RS, de placas CHB 225 a nombre de Ruca Ltda., y copia de la póliza de seguros de daños corporales causados a terceros Nº 251-7464737, expedida a nombre de Ruca Ltda. (fl. 18, cdno. de pruebas).

12. Copia de la audiencia pública celebrada el 31 de mayo de 1999 por la Inspección Primera de Bogotá, respecto del comparendo 2856216 (fl. 19 y 19(sic) vto., cdno. de pruebas).

13. Copia de la Resolución 990601-01 proferida por la Inspección Primera de Tránsito de Bogotá, por medio de la cual se decidió la impugnación presentada contra el comparendo 2856216 y se resolvió exonerar al señor Ruiz Castro por la imputación efectuada de violación a las normas de tránsito teniendo en cuenta que según las pruebas el vehículo estaba parqueado dentro de la bahía frente al conjunto Torres Blancas donde no existe señalización de prohibición de parqueo y no interrumpe el tránsito vehicular, además de que la dirección anotada en la orden de comparendo no coincide con la del conjunto y menos donde se ubica la bahía de parqueo (fls. 2 y 29, cdno. de pruebas).

14. Dictamen pericial practicado en el proceso en el cual se determinó el estado actual de vehículo y el valor actual del vehículo concluyendo que “si el vehículo se encontrar(sic) en condiciones normales su valor comercial a hoy sería de cinco millones ochocientos pesos m/cte”. (Anexo).

2.5. La legitimación en la causa por activa.

Sea lo primero advertir que este es uno de los argumentos planteados por la Policía Nacional en su recurso de apelación, ya que se considera que al no ser propietario del vehículo, el señor Ruiz Castro no estaba legitimado para solicitar la indemnización por los daños ocasionados al vehículo.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y sobre ella se ha dicho que “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(3).

Sobre la legitimación en la causa, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

Así lo ha dicho la Sala:

“En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que esta, en los procesos ordinarios y según lo ha señalado la Sala, no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado.

Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”(4).

En tratándose de la legitimación en la causa por pasiva debe señalarse que ella se refiere a “la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante...”(5).

Acerca de la legitimación en la causa por activa, el tribunal en el fallo objeto de apelación estimó que el demandante estaba legitimado para solicitar el pago de los daños causados al vehículo, porque a pesar de no demostrarse la propiedad, en las diferentes reclamaciones dirigidas a la administración lo hizo como propietario y se le reconoció dicha calidad y porque en el momento de la inmovilización era él quien se encontraba en posesión del bien y se le consideró entonces poseedor de buena fe.

Al respecto hay que precisar que al proceso se allegó copia simple de la licencia de tránsito, en donde figura como propietario del vehículo la sociedad Ruca Ltda., pero en la demanda el señor Edgardo Ruiz Castro invoca la calidad de propietario del vehículo para solicitar la indemnización por los daños causados al mismo.

Ahora bien, aunque se presentó al proceso la declaración extraproceso efectuada por el señor Edgardo Ruiz Castro sobre su calidad de poseedor del vehículo, pero esta declaración no fue ratificada por el declarante, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, de manera que no pueden valorarse en el presente proceso por cuanto carecen de eficacia probatoria(6).

Por otra parte, en cuanto a lo consignado en el fallo de primera instancia acerca del reconocimiento de la administración de la calidad de propietario, debe señalarse que de acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario , el señor Ruiz Castro, acudió al proceso administrativo señalado en el Código de Tránsito para estos eventos y allí se le reconoció la calidad de conductor del vehículo al momento de la expedición de la orden de comparendo, circunstancia que posteriormente lo habilitó para presentar las peticiones ante las diferentes autoridades en procura de obtener de ellas una respuesta sobre la entrega del vehículo, pero estas pruebas no son suficientes para acreditar la propiedad del bien, ya que en materia de automotores se exige prueba ad substanciam actus, consistente en la inscripción en el registro automotor .

Así lo ha dicho la Sala en providencia que se cita in extenso(7):

“Sin embargo, las disposiciones que de manera más clara, dentro del cuerpo normativo en cuestión —Decreto-Ley 1250 de 1970— explicitan cuáles son los alcances, desde el punto de vista probatorio y de eficacia de los negocios jurídicos que afecten la propiedad o cualquier derecho real sobre vehículos automotores —en general, las disposiciones que se transcribirán resultan aplicables a los bienes sujetos a registro, que son los relacionados en el artículo 2º que se acaba de citar—, de la inscripción o registro correspondiente, son los artículos 43 y 44 ibídem, los cuales, partiendo de que los artículos 2º y 3º ejusdem someten a registro en la oficina en la cual se lleve a cabo la matrícula del vehículo, todos los actos y/o negocios jurídicos que afecten algún derecho real en relación con el mismo, establecen de manera rotunda:

‘ART. 43.—Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

ART. 44.—Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel”.

“Precisamente con el propósito de garantizar la operatividad de los anteriores preceptos y su utilidad en el tráfico jurídico cotidiano, el artículo 54 del mismo Decreto-Ley 1250 de 1970 preceptúa:

‘ART. 54.—Las oficinas de registro expedirán certificados sobre las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas.

La certificación podrá consistir en la transcripción total de los folios de matrícula, o en su reproducción por cualquier sistema que garantice nitidez y durabilidad.

En todo caso las certificaciones llevarán firma autorizada e indicación de la fecha en que se expidan’”.

“Como si los argumentos apoyados en el derecho comparado, históricos y normativos que se acaba de exponer no fuesen suficientes —que evidentemente lo son— para ilustrar el carácter constitutivo —y no meramente declarativo— que fue normativamente atribuido al registro público de automotores, así como para evidenciar la falta de idoneidad de que adolecen los documentos diversos de aquellos expedidos por las autoridades de tránsito competentes para acreditar la propiedad o cualquier otra situación afectante de derechos reales sobre vehículos automotores, con posterioridad a la entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto-Ley 1250 de 1970 fueron expedidas varias disposiciones que insisten en la obligatoriedad del registro o inscripción tanto de los referidos bienes muebles, como de los actos y/o negocios jurídicos que constituyen, modifican, trasmiten o extinguen la propiedad u otros derechos reales respecto de los mismos, preceptos todos que vienen a integrarse en un sistema cuyo propósito no es otro, según se ha explicado, que garantizar la confianza de los terceros y la seguridad del tráfico jurídico a través del establecimiento de una tarifa legal —desde el año 1970— para la prueba de la propiedad automotor y de unas exigencias rituales de cuyo acatamiento se hace pender la eficacia de los negocios jurídicos respectivos ante las autoridades y ante terceros, lo cual no puede entenderse de manera distinta a que, en claro paralelismo con el régimen de la propiedad inmueble, el mecanismo del título y el modo, que desde los albores del procedimiento de formación de la Ley 8a de 1969 se quiso expresamente insertar en el derecho registral colombiano, impera en el ordenamiento nacional también tratándose de las operaciones negociales llevadas a cabo en relación con automotores.

“Entre las múltiples disposiciones orientadas en la dirección descrita, bien pueden referirse, en primer término, aquellas incluidas en el primigenio Código Nacional de Tránsito, esto es las contenidas en el Decreto 1344 de 1970, en el cual se supeditó la asignación del número de matrícula del vehículo a la inscripción del mismo en el registro automotor, así:

“ART. 87.—La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos.

La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará el vehículo y se expresarán su destinación, el nombre del propietario inscrito y el número de la placa.

ART. 88—Todo vehículo, para poder transitar, requiere una placa, que será suministrada por las autoridades de tránsito, con caracteres de permanencia, intransmisibilidad y validez en toda la nación, y que identificará al vehículo externa y privativamente.

Al tiempo de la inscripción se asignará a cada vehículo un número de placa.

Las dimensiones, color, nomenclatura y calidad de la placa serán determinados por las autoridades de tránsito”.

“A su turno, el Decreto 2157 de 9 de noviembre de 1970 reiteró la obligación de efectuar la inscripción en el registro público correspondiente tanto de todo vehículo automotor, cuanto de todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real respecto del mismo, a saber:

‘ART. 2º—Los actuales propietarios o poseedores regulares de vehículos automotores terrestres, dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de este decreto, presentarán al Instituto Nacional de Transportes, directamente o por conducto de las oficinas de tránsito correspondientes, una solicitud acompañada de copia auténtica de la matrícula o licencia de tránsito, a fin de que sean incluidos en el Inventario Nacional Automotor.

ART. 3º—A partir de la vigencia de este decreto, todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio, sobre vehículos automotores terrestres, para que surta efectos ante las autoridades de tránsito, deberá presentarse por los interesados a la respectiva Dirección de Tránsito Departamental, Intendencial, Comisarial o del Distrito Especial de Bogotá, la cual hará la correspondiente anotación, dejará constancia de ella en el acto o contrato y dará aviso inmediato al Instituto Nacional del Transporte.

ART. 4º—A ningún vehículo automotor se le expedirá licencia de tránsito por las autoridades correspondientes mientras no se hayan cumplido las disposiciones establecidas en los artículos anteriores.

ART. 5º—A medida que se inscriban en el Inventario Automotor, el Instituto Nacional del Transporte abrirá a cada vehículo una ficha o folio, en el cual se anotará todo acto o contrato que lo afecte, y dará cuenta de ello al servicio nacional de inscripción, a solicitud de este”.

“En similar dirección apuntan sendas disposiciones incluidas en los decretos 2169 de 1970 y 1147 de 1971:

‘Decreto 2169 de 1970; artículo 15: “Toda modificación en la licencia de tránsito se autorizará por parte de la autoridad departamental, intendencial, comisarial o municipal de tránsito, según el caso, con la obligación de remitir a la autoridad central las informaciones pertinentes dentro de los tres días siguientes a su realización”.

Decreto 1147 de 1971; artículo 17: “Todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación o gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores se informará, por parte del titular del derecho, a la inspección o dirección de tránsito donde esté radicado el vehículo, para que estas oficinas remitan la información al Instituto Nacional del Trasporte y se efectúe la inscripción pertinente en la licencia de tránsito. El interesado deberá estar a paz y salvo por concepto de impuestos a la renta y complementarios.

El derecho que deba inscribirse se probará con el respectivo acto, contrato o providencia judicial que le dé origen”.

“El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según

igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el Decreto-Ley 410 de 1971— hizo imperiosa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores(8),en el registro público correspondiente(9).

“Posteriormente, con la expedición de la Ley 53 de 1989 se iteró la obligación de registrar los actos y negocios jurídicos que implicaren disposición de derechos reales sobre automóviles y, en consecuencia, se reafirmó la perentoriedad de dicha exigencia como requisito —junto al título— para acreditar la propiedad respecto de un vehículo automotor; en el anotado orden de ideas, el artículo 6º del referido cuerpo normativo definió el registro terrestre automotor como

‘[E]I conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros’(10).

“De otro lado, el Acuerdo 034 del 12 de agosto de 1991, proferido por la junta directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte —Intra—, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros(11), toda vez que el artículo 94 del referido acuerdo preceptuaba que “[N]o se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.

“A esta evolución normativa efectuó también su aportación, en idéntico sentido al que se ha venido refiriendo, el Decreto 1809 de 1990, norma que modificó el artículo 193 del Código Nacional de Tránsito —Decreto 1344 de 1970—, confiriéndole la siguiente redacción:

‘ART. 193.—Reformado por el Decreto 1809 de 1990. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo automotor que no lo inscriba dentro de los sesenta (60) días siguientes a su adquisición en el respectivo registro terrestre automotor. En igual sanción incurrirá quien no inscriba todo acto o contrato, providencia judicial , administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros’.

“Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor— estableció como requisitos uniformes —tanto en materia civil como en el ámbito mercantil— para hacer efectiva la tradición de los automóviles, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor, obligación esta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación:

‘ART. 47.—La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el registro nacional automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.

Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripcíón de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar’”.

“La norma transcrita deja completamente claro y expreso que el mecanismo del título y el modo es el que opera en Colombia para transmitir la propiedad u operar cualquier modificación en los derechos reales respecto de vehículos automotores, conectando explícitamente la tradición —modo— con la inscripción en el registro público respectivo; sin embargo, todo lo expuesto no representa, ni muchísimo menos, un giro o una modificación en cuanto a la regulación que había venido recibiendo esta materia en el ordenamiento jurídico nacional, pues lo único que verdaderamente ha venido ocurriendo de manera paulatina y progresiva es el propósito de tratar el asunto con mayor precisión y técnica jurídica —cuestión en absoluto de poca monta y que hubiera sido de desear que se tuviera en cuenta desde la normatividad de 1970—, pero reflejando la que ha constituido la tradición colombiana en materia registral desde el momento en el cual se empezó a estructurar el sistema nacional de registro de las propiedades tanto de inmuebles como automotriz.

De ello da cuenta, adicionalmente, el tratamiento que desde los años 70 ha dispensado a este asunto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que expresó lo siguiente en punto a la prueba del dominio respecto de los vehículos automotores:

‘En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones’” (destacado fuera del texto original)(12).

“Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital importancia para la resolución del asunto sub judice, pues en relación con el asunto tratado en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:

(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, comoquiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que la eficacia del mismo tanto frente a las autoridades públicas en materia de tránsito terrestre automotor como frente a terceros, pende del cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el correspondiente registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios a los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no solo contraviene el tenor literal de los preceptos que condicionan la eficacia del negocio a la realización del registro, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales el modo, el registro, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República italiana en esta materia;

(ii) En la medida en que el anotado registro tiene naturaleza claramente constitutiva y no meramente declarativa, tanto en materia civil como en materia comercial, desde los años 1970 y 1971, respectivamente, la tradición de este tipo de bienes solo se entiende surtida con la entrega material del automóvil y con la inscripción del título correspondiente en el registro nacional automotor, y

(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión solo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción.

La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata —vehículos automotores— siempre fue tenida en cuenta por el legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico en la medida en que este involucrara la disposición de dicha clase de bienes, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versaren sobre automotores, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, tradicionalmente y desde sus orígenes, ha asimilado al tratamiento dispensado a la propiedad inmueble en punto de las exigencias registrales, a los vehículos a motor. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:

‘ART. 749.—Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.

ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título del registro de instrumentos públicos’”.

“(...)” (Negrillas, cursivas y subrayado del texto original).

De este modo, para acreditar la titularidad sobre un vehículo, es necesario no solo probar la existencia del título traslaticio del dominio —para lo cual no se exige aportar prueba formal o ad sustanciam actus, ya que el contrato de compraventa de bienes muebles puede ser consensual— sino también el registro de ese traspaso en el registro automotor, el cual si es solemne pues solo se puede demostrar con la inscripción del respectivo acto jurídico en el registro nacional automotor.

En consecuencia, al no haberse acreditado la titularidad del actor sobre el vehículo respecto del cual se predica el daño, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del demandante, pues no probó la condición en que dijo actuar, esto es, la calidad de propietario y tampoco se estableció su condición de poseedor como ya antes se anotó.

Así las cosas, se torna inocuo cualquier análisis o estudio material de la controversia si se carece de un presupuesto necesario para proferir decisión de mérito, esto es, la falta de legitimación en la causa por activa del demandante, requisito sine qua non para discutir el interés jurídico vinculado a este litigio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida el 3 de marzo de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar se dispone:

1. Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

2. Niéganse las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Reconocer personería al doctor Juan Camilo Melina Rodríguez, identificado con cédula 79.939 .722 de Bogotá y tarjeta profesional 139.459 del CSJ.

5. Ejecutoriada la providencia, por secretaría remítase el expediente al tribunal de origen.

(1) La mayor pretensión de la demanda es de $ 82.603.000 y la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda era de $ 26.390.000.

(2) Consejo de Estado: Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, M.P. María Elena Giralda Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de octubre 31 de 2007, Rad. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(5) Devis Echandía, Hernando; “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010. Rad 17995; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Exp. 16837, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el estatuto mercantil, en los términos que siguen:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (Código Nacional de Tránsito Terrestre, D.L. 1344/70, art. 88, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo estableodo en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 13395.

(9) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del estatuto mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.

PAR.—De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades”.

(10) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.

(11) Bonivento Fernández, José Alejandro, los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, pág. 38.

(12) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, M.P. Germán Giraldo Zuluaga.