Sentencia 2000-00727 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN A

Rad.: 76001 23 31 000 2000 00727 01

Interno: 29099

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Hugo Fernando Canaval Arroyo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía supera la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia(4).

2. Valoración probatoria y conclusiones.

Lo primero que se debe anotar es que, en los casos en los que se involucran armas de fuego de dotación oficial, esta corporación ha señalado que al actor le basta demostrar el daño y la relación de causalidad entre este y el actuar de la administración para que se abra paso la declaratoria de responsabilidad, pudiéndose exonerar esta última si acredita la ocurrencia de fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, caso en el cual se pregona que quien tiene la guarda del arma debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado.

Lo anterior no es óbice para que la Sala declare la configuración de una falla en la prestación del servicio, en el caso de encontrarla acreditada, escenario en el cual se abre la posibilidad de que la entidad pública repita contra el agente estatal causante del daño(5), siempre que no exista —como eximente de responsabilidad— una causa extraña.

No obstante, debe advertirse que la naturaleza oficial del arma que se emplee para la producción del daño y la condición de agente que ostente quien haga uso de aquella no llevan necesariamente a la estructuración de una responsabilidad objetiva frente al Estado, por el riesgo creado, pues puede ocurrir que la autoridad pública utilice los recursos (armamento oficial) que tiene destinados para la prestación del servicio, para fines personales distintos al cumplimiento de las funciones propias de su cargo,evento en el cual la responsabilidad del Estado no se verá comprometida, dado que, en tal caso, se habrá producido por el actuar del agente estatal desligado del servicio o sin nexo con el mismo, lo que impide abrir paso a la imputación del hecho dañoso en cabeza de la administración(6).

Pues bien, con las pruebas que obran en el expediente se encuentra demostrado el daño alegado por la parte actora, consistente en la muerte del señor Cristhian Alexis Canaval Martínez, el 10 de diciembre de 1999, como consta en el registro civil de defunción (fl. 13, c. 1) y en el protocolo de necropsia 99-3786, obrante a folios 27 a 29 del cuaderno 1, donde se consignó que recibió dos impactos por arma de fuego, descritos así:

“1.1. Orificio de entrada de forma regular…, sin tatuaje ni ahumamiento, ubicado a 17 cms del vértice y 2 cms de la línea media anterior en la región bucal a nivel del labio superior derecho.

“(…).

“1.3. Lesiones: perfora piel del labio superior derecho, produce un túnel subcutáneo de 6 cms, perfora piel en la mejilla derecha y sale.

“1.4. Trayectoria: antero posterior, de izquierda a derecha, supero inferior.

“2.1. Orificio de entrada de forma circular, mide 0.7 x 0.7 cms con anillo de contusión perioficial de 2 mm, sin tatuaje ni ahumamiento, ubicado a 51 cms del vértice y 14 cms de la línea media anterior en la región lateral izquierda del tórax.

“(…).

“2.3. Lesiones: perfora piel, plano muscular, penetra al tórax por la porción lateral del séptimo espacio intercostal, contusiona base del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, perfora duafragma (sic) y sale del tórax para penetrar al abdomen…”.

“2.4. Trayectoria: antero posterior, de izquierda a derecha, infero superior”(7).

En cuanto a las circunstancias en que se desencadenaron los hechos en que murió el señor Canaval Martínez, en el informe del 10 de diciembre de 1999, elaborado por el subintendente Saúl Adrián Ochoa Ríos, se consignó (se transcribe tal cual, inclusive con errores):

“Siendo aproximadamente las 23:30 horas del días de ayer, en la Calle 1a. con Carrera 46 A, por información suministrada por un taxista quien observó a varios individuos sospechosos en una esquina de la dirección arriba citada, procedimos a dirigirnos al lugar. Al llegar al sitio se constató que se encontraban varios sujetos procediendo a bajarme de la moto ya que venía como tripulante adoptando las medidas de seguridad mía y la de mi compañero para el procedimiento de una requisa, se le solicito a estos sujetos la correspondiente requisa y como reacción uno de ellos, más exactamente de Cristian Alexis Canaval, sacó de la pretina del pantalón el arma de fuego antes mencionada, sin mediar palabra alguna por lo cual reaccioné con mi arma de dotación oficial subametralladora Uzzi # 07071, ocasionándole heridas en el cuerpo localizadas en el costado izquierdo y otra en la espalda, siendo trasladado herido en un taxi por parte de la patrulla a la clínica Rafael Uribe Uribe del Seguro Social, donde fue atendido y llevado a cirugía, cuando posteriormente a las 04:30 horas aproximadamente falleció. En el sitio de los hechos, a parte del occiso, se encontraban varios sujetos, los cuales al ver la acción salieron corriendo emprendiendo la huida en diferentes direcciones y en el momento del apoyo por parte de la patrulla 4-4 conformada por los agentes Saavedra Peña Hugo, Gutiérrez Ramiro y Forero Bandera Jhon, la cual se encontraba cerca y llegando al lugar de los hechos más exactamente en la Carrera 1a. con Calle 46 B, los sujetos que corrían les efectuaron disparos con arma de fuego a la patrulla, no siendo posible la reacción y la posible ubicación y captura de los sujetos por parte del personal policial de apoyo”(8) (subraya y resalta la Sala).

Adicionalmente, mediante el mismo oficio se dejó a disposición de la Fiscal 99 Seccional de la URI, “… un arma de fabricación artesanal…, con dos cartuchos para el mismo…”(9), los cuales habrían sido incautados al señor Canaval Martínez.

No obstante, contrasta con la prueba anterior el testimonio de Leonardo Perea, testigo presencial de los hechos, quien es enfático en afirmar que la muerte se produjo de manera accidental, pues uno de los agentes empezó a “balancear” su arma de dotación oficial sobre el señor Cristhian Alexis Canaval Martínez, momentos en que esta se accionó de manera accidental. Sobre el particular, dicho deponente señaló (se transcribe tal cual, incluyendo errores).

“… Resulta que ese día nosotros íbamos para un baile que había en la Avenida Sexta y nos quedamos de encontrar con unas muchachas allí en la carrera 1a. con calle 46, en donde quedaba el antiguo Banco Uconal, cuando dos patrulleros de la Policía Nacional motorizada, que venían al otro lado de la avenida y se pasaron la acera, y procedieron a hacernos una requisa, nos dijeron que qué estábamos haciendo allí, a lo cual nosotros les dijimos que íbamos a un baile y que estábamos esperando las muchachas; cuando un agente de la policía sacó el arma y la empezó a balancear sobre todos nosotros y Cristhian Alexis Canaval Martínez, le dijo: ‘Cuidado agente se le sale un tiro y nos mata’ cuando el agente empezó a balancear el arma sobre el cuerpo de Cristhian y sonó un rafagazo de tres tiros, le pegó un tiro por aquí como en la barriga (señala en el estómago), otro en el labio superior y el otro tiro pegó en el vidrio del antiguo banco, cuando el ‘pelao’, o sea, Cristhian Alexis, cayó al suelo los otros compañeros de nosotros arrancaron a correr de miedo, el policía arrancó detrás de uno de ellos, en eso yo fuí (sic) a auxiliar a Cristhian, y el policía se devolvió y me dijo que lo dejara allí tirado, a lo cual yo le empecé a gritar que por qué le había pegado los tiros y el policía me dijo ‘estese callado o lo mato a usted también’, cuando ya empezó a llegar un poquito de gente, llegó la mamá y las hermanas, allí fue donde yo aproveché y paré un taxi, cuando el taxi paró, yo quise mirarle las insignias al policía y ya se había despojado de ellas. Yo cojo a Cristhian lo levanto y lo monto al taxi, acompañándolo la mamá y la hermana, lo llevamos a los Seguros Sociales y allí ya lo entraron… // Los dos policías, que iban en la moto, nos siguieron hasta los Seguros Sociales, allá llegaron más policías, pero al que le hizo los tiros a Cristhian no lo volví a ver, se me embolató entre los otros policías…// PREGUNTADO: Sírvase manifestar, si después del instante en que se escucharon los tiros, ¿qué dijo el policía? CONTESTO: ‘El policía estaba más bien asustado y decía que había sido un accidente’”(10) (subrayado y resaltado de la Sala).

Por lo expuesto, la entidad demandada inició proceso penal militar por el delito de homicidio, según Oficio 098, del 4 de marzo de 2002 (fl. 1, c. 2); no obstante, en el presente asunto no se tiene certeza sobre el resultado del mismo.

Así las cosas, el escaso material probatorio relacionado anteriormente sugiere la concurrencia de dos versiones contradictorias respecto de la forma en que ocurrieron los hechos: i) aquella que refiere el subintendente Saúl Adrián Ochoa Ríos (implicado en el asunto) en la cual se indica que, ante la requisa efectuada por los agentes, el señor Cristhian Alexis Canaval Martínez sacó de la pretina del pantalón un arma de fuego, lo cual llevó a que dicho subintendente reaccionara de manera inmediata, con su arma de dotación oficial, causándole la muerte y ii) la versión del señor Leonardo Perea, en la cual se advierte que no se presentó ningún tipo de agresión por parte del señor Canaval Martínez, sino que, por el contrario, la muerte se produjo por el actuar imprudente del agente oficial, quien comenzó a “balancear” su arma de dotación sobre la víctima, momento en que se disparó de manera accidental.

Ahora, la versión referida por el subintendente Ochoa Ríos no merece mayor credibilidad para la Sala, pues, además de que se trata de la del agente implicado en la muerte del señor Canaval Martínez (circunstancia que, per se, la hace sospechosa), no encuentra respaldo alguno en las demás pruebas que obran en el expediente; además, no se compadece con el protocolo de necropsia, teniendo en cuenta que lo consignado allí, sobre la forma en fue impactado el señor Canaval Martínez, no concuerda con lo dicho por el mencionado subintendente.

En efecto, este último indicó que las heridas fueron propinadas en el “costado izquierdo”y en “la espalda” (ver, pág. 6); no obstante, en la necropsia se advierte que una de las heridas se propinó en la cara —región bucal—, que la otra penetró el tórax y luego el abdomen (ver, págs. 5 y 6) y que ambas tuvieron trayectoria “antero posterior”, es decir, de adelante hacia atrás, esto es, hacia la espalda, descripción que se encuentra acorde con el testimonio del señor Leonardo Perea, quien es enfático en sostener que la muerte se produjo cuando el agente empezó a “balancear” su arma sobre el cuerpo de la víctima, momento en el que sonó un rafagazo de tres tiros, dos de los cuales le impactaron en la “barriga” (estómago) y en el “labio superior” (pág. 7, ibíd.).

Así las cosas, la versión sostenida por el mencionado testigo resulta creíble, pues, además de su espontaneidad, coherencia y claridad, se trata de un testigo respecto de quien no se observa ningún ánimo de favorecer o perjudicar a alguna de las partes en este proceso, cosa que no puede predicarse del subintendente Ochoa Ríos, quien hace parte de la entidad demandada y estuvo directamente involucrado en los hechos, circunstancias que, por demás, ponen en entredicho la imparcialidad y la credibilidad de su versión.

En esta línea de argumentación, las pruebas obrantes en el plenario no son conclusivas respecto de las afirmaciones formuladas por la entidad demandada, atinentes a la supuesta agresión y a la culpa exclusiva de la víctima; por el contrario, permiten inferir —más bien— que la muerte se produjo por el manejo imprudente y desmedido del arma que portaba el agente involucrado, como se advierte de la declaración del señor Leonardo Perea.

Por otro lado, si bien el agente implicado dejó a disposición de la Fiscalía un arma de fuego con dos cartuchos, presuntamente incautados a la víctima (ver, pág. 7), lo cierto es que dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para afirmar la existencia de una supuesta agresión por parte de este hacia los agentes (se echa de menos, por ejemplo, una prueba de absorción atómica o un informe de balística que permita establecer si la víctima accionó o no tal arma en contra de los uniformados).

Ahora, la parte demandada no probó que la conducta del agente se justificó al tratar de defenderse de una agresión por parte de la víctima, pues no se demostró que esta accionara, en contra de los uniformados, el arma que presuntamente portaba; en cambio, lo que resulta cuestionable es el actuar imprudente del agente involucrado, el cual, según el testigo Leonardo Perea, se puso a balancear el arma frente a la víctima, sin tomar las medidas de seguridad para accidentes como el que —a la postre— se dio con el resultado dañoso ya conocido.

Así, entonces, se tiene que el proceder del subintendente Ochoa Ríos, lejos de propender por el cumplimiento de un deber propio de las funciones de policía, denota una evidente falla en la prestación del servicio, razón por la cual se acogerán las súplicas de la demanda.

Finalmente, para la Sala resulta del todo reprochable que el subintendente Ochoa Ríos no haya permitido que el señor Leonardo Perea auxiliara a la víctima (ver, pág. 7), pues, además de desprovisto de cualquier respeto a la dignidad humana, tal comportamiento no se compadece con la posición de garante que adquirió en ese momento respecto del señor Canaval Martínez(11), lo que implicaba la obligación de prestarle la ayuda y asistencia que estuviera a su alcance, con el fin de salvaguardar su vida e integridad, máxime si se tiene en cuenta que fue él mismo quien le causó las heridas(12).

Por todo lo expuesto, se revocará la sentencia recurrida.

3. Indemnización de perjuicios.

3.1. Morales.

En el proceso se encuentra acreditado que los señores Hugo Fernando Canaval Arroyo, Teresita Martínez, Sandra González Martínez, Cindy Lorena y Mónica Danelly Canaval Martínez son, respectivamente, padres (los dos primeros) y hermanos de la víctima (los restantes) [fls. 7, 8, 9 y 10, c. 1], circunstancia que, por aplicación de las máximas de la experiencia, permite inferir que padecieron una afección de orden moral por la muerte de Cristhian Alexis Canaval Martínez.

También se encuentra demostrado que este último era compañero permanente de la señora Margie Leana Atehortúa Estrada y que, además, prodigaba afecto a la hija de ésta, es decir, a la menor Karoll Yesenia Atehortúa Estrada. Tal conclusión se extrae de las declaraciones de los señores Blanca Nelly Núñez Rengifo, Ana Ruth Peña, Magola García Guzmán, Carmen Alba Rojas Rivas y Fabiola Muñoz de Morera, que obran a folios 5 a 8, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 17 y 18 a 19 del cuaderno 2, respectivamente; de suerte que, se infiere, también sufrieron congoja y aflicción por el fallecimiento del señor Canaval Martínez.

Conforme a lo anterior y siguiendo los parámetros trazados por la jurisprudencia de esta corporación en torno a la necesidad de tasar los perjuicios morales en salarios mínimos legales mensuales(13), la Sala condenará a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los señores Hugo Fernando Canaval Arroyo, Teresita Martínez y Margie Leana Atehortúa Estrada y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para Sandra González Martínez, Cindy Lorena y Mónica Danelly Canaval Martínez; adicionalmente, se reconocerá la suma de 10 smlmv, en favor de la menor Karoll Yesenia Atehortúa Estrada (damnificada).

3.2. Perjuicios materiales.

3.2.1. En la demanda se solicitó que se condenara al pago de la indemnización, por concepto de lucro cesante, en favor de la señora Margie Leana Atehortúa Estrada y de la menor Karoll Yesenia Atehortúa Estrada, por la ayuda económica dejada de percibir por ellas en razón de la muerte del señor Cristhian Alexis Canaval Martínez.

Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que, si bien se le reconoció a la menor Karoll Yesenia Atehortúa Estrada la indemnización por concepto de perjuicios morales, en calidad de tercera damnificada, no puede hacerse lo mismo respecto de la solicitud de lucro cesante en su favor, pues las pruebas que obran en el expediente no permiten inferir que ella contara con la ayuda económica de la víctima(14).

Así las cosas y teniendo en cuenta que el señor Cristhian Alexis Canaval Martínez era laboralmente activo, pues trabajaba en un taller de motos como lo aseguran los testigos relacionados en el acápite anterior (fls. 6, 10, 12, 16 y 18, c. 2), la Sala reconocerá el lucro cesante solicitado únicamente en favor de la señora Margie Leana Atehortúa Estrada, de conformidad con los siguientes datos y operaciones:

• Ingreso de la víctima: $616.000 (en razón de que no se tienen elementos de juicio que acrediten con certeza los ingresos que devengaba la víctima, para el momento de los hechos, habrá de tomarse como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, dado que, al actualizarse el que regía para aquella época, arroja un resultado menor al actual(15)).

• Expectativa de vida de la víctima: 58.80 años(16) (705,6 meses).

• Periodo consolidado: 171.8 meses.

• Periodo futuro: 533.8 meses.

A la suma de $616.000 se adicionará un 25% ($154.000), por concepto de prestaciones sociales, operación que arroja como resultado la suma de $770.000; no obstante, a dicho monto se le descontará el 25% ($192.500), el cual corresponde al porcentaje que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, es la cantidad destinada por el occiso para atender sus propios gastos personales, por lo cual RA = $577.500.

a) Lucro cesante consolidado o vencido.

Se toma como periodo indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Canaval Martínez murió, esto es —10 de diciembre de 1999— y la de la presente sentencia, para un total de 171.8 meses, aplicando la siguiente fórmula:

 

727
 

 

Donde Ra corresponde al Ingreso o renta mensual actualizada ($577.500), i es una constante, correspondiente al interés puro o técnico mensual y N es el número de meses que comprende el periodo a indemnizar (171.8):

 

727-1
 

 

S = $154’584.450,55

b) Lucro cesante futuro.

 

727-2
 

 

Donde Ra corresponde al ingreso o renta mensual actualizada ($577.500), i es una constante, correspondiente al interés puro o técnico mensual y N es el número de meses que comprende el periodo a indemnizar (533.8):

 

727-3
 

 

S = $109’769.804,00

Total lucro cesante para la señora Margie Leana Atehortúa Estrada: $264’354.254,55

3.2.2. Finalmente, no se reconocerá el daño emergente solicitado por la parte actora ($1’000.000), por concepto de gastos funerarios, toda vez que no se encuentra acreditado en el presente asunto.

4. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 2 de julio de 2004, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:

1. Declárase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la muerte de Cristhian Alexis Canaval Martínez, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a pagar, en favor de los señores Hugo Fernando Canaval Arroyo, Teresita Martínez (padres) y Margie Leana Atehortúa Estrada (compañera), el monto equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente proveído, para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, el monto equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del presente proveído, para cada una de las siguientes personas: Sandra González Martínez, Cindy Lorena y Mónica Danelly Canaval Martínez.

Adicionalmente, condénase a pagar, por el mismo concepto, el monto equivalente a 10 smlmv, en favor de la menor Karoll Yesenia Atehortúa Estrada (damnificada).

4. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, en favor de las señora Margie Leana Atehortúa Estrada, la suma de $264’249.208,56, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

5. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y pagará los intereses previstos en el inciso final del artículo 177 ibídem.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a la parte actora, con las precisiones de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Cuando se presentó la demanda (23 de febrero de 2000), la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26’390.000.oo (CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88). En el presente asunto, la pretensión mayor asciende a $100’000.000, solicitados por lucro cesante, en favor de Margie Leana y Karoll Yesenia Atehortúa Estrada.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, Expediente 15791, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 10 de marzo de 2005, Expediente 14808, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 26 de abril de 2006, Expediente 15427, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) Sobre la responsabilidad del Estado por el actuar de sus agentes, ver, entre otras, la sentencia de 2 de febrero de 1995, C. P. Daniel Suárez Hernández, Expediente 9.846. Tesis jurisprudencial reiterada en sentencia proferida el 16 de julio de 2008, Expediente 16.487 y, recientemente, en sentencia de 17 de marzo 2010, Expediente: 18.526, actor: Gustavo Sepúlveda Hernández, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Folio 27, c. 2.

(8) Folios 2 y 3, c. 2.

(9) Folio 2, c. 2.

(10) Folios 26 y 27, c. 2.

(11) Ver, entre otras, sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996, C. P., Enrique Gil Botero.

(12) Es importante destacar que el numeral 3.3 de la Resolución 00911, del 1º abril de 2009, establece que, “cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, se deberán observar los siguientes principios:

3.3. Proceder de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas”.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15646.

(14) Al respecto, consúltese las sentencias del 9 de marzo de 2000 y del 25 de julio de 2002, dictadas por la Sección Tercera de esta corporación, dentro de los expedientes 12.489 y 13.744, respectivamente.

(15) El smmlv para el año de 1999 era de $236.460 (actualizado equivale a $480.013,8); mientras que el smmlv para el 2014 es de $616.000.

(16) Se tiene en cuenta la menor expectativa de vida, esto es, la del señor Cristhian Alexis Canaval Martínez, quien, para la época de los hechos, tenía 17 años cumplidos; mientras que la señora Margie Leana Atehortúa Estrada contaba con 15 años de edad (registros civiles de nacimiento obrantes a folios 9 y 11 del cuaderno 1). Consúltese, además, la Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997.