Sentencia 2000-00734/28257 de febrero 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Expediente: 20001-23-31-000-2000-00734-01 (28.257)

Actor:Luis Alirio Trillos y otros

Demandada: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 27 de mayo de 2004, por el Tribunal Administrativo del Cesar, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la demanda se presentó el 16 de mayo de 2000(20) y la pretensión mayor se estimó en doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) por concepto de perjuicios materiales, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000(21).

2. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(22), la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que0 se demanda se origina en la muerte de Girclis Alonso Trillos Arnedo, en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 1999 y comoquiera que la demanda se interpuso el 16 de mayo de 2000, resulta evidente que fue incoada dentro del término previsto por la ley.

3. El caso concreto

Pretenden los actores que se declare a la parte demandada patrimonialmente responsable de todos los perjuicios de orden moral y material que, dijeron, les fueron irrogados con ocasión de la muerte del señor Girclis Alonso Trillos Arnedo, ocurrida en la forma que ya ha sido indicada.

Así las cosas, para resolver el presente caso, habrá de establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para, luego, entrar a definir si dicho daño es antijurídico y le resulta imputable a la parte demandada.

3.1. Cuestiones previas

3.1.1. El mérito probatorio de las pruebas trasladadas

Debe señalarse que, además de las pruebas aportadas por la parte actora con la demanda, ésta solicitó el traslado en copia auténtica de las investigaciones de carácter penal(23) y disciplinario(24) que se adelantaron con ocasión de la muerte del señor Girclis Alonso Trillos Arnedo.

A su turno, la parte demandada solicitó el traslado en copia auténtica del proceso penal adelantado por el Juzgado 63 de Instrucción Penal Militar por los mismos hechos, en contra de la Cabo Leiber Bibiana Tafur(25).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en anteriores oportunidades(26) respecto de las reglas aplicables al traslado de pruebas y su mérito probatorio(27).

En tal sentido, el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse, entonces, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (Se subraya).

De otra parte, el artículo 229 del mismo Código dispone que:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: 

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. 

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. 

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. 

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.  

De conformidad con lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando hayan sido trasladados en copia auténtica y siempre que se hubieren practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, han sido ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

De esta manera, en relación con las indagatorias practicadas dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, que a pesar de que sean trasladadas a un proceso contencioso administrativo, no pueden valorarse como prueba testimonial, salvo que dentro del mismo se lleve a cabo su ratificación.

Ahora bien, comoquiera que en el sub lite los testimonios que obran trasladados tanto de los procesos penales como del disciplinario no fueron ratificados dentro de este proceso, no pueden ser valorados en esta instancia, toda vez que no fueron controvertidos por la parte en contra de la cual se aducen, conforme lo ordena el citado artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, se tiene claro que podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba y la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Para el específico caso de la prueba documental la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.

De igual manera ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque la ausencia de las formalidades legales para su inadmisión(28), tal como ocurre en el presente caso respecto del proceso penal adelantado en contra de la Cabo Leiber Bibiana Tafur(29).

3.1.2. La incidencia de las decisiones penales y disciplinarias en el proceso contencioso administrativo por responsabilidad extracontractual del Estado

Resulta igualmente importante precisar que la responsabilidad penal por los delitos o las culpas, así como la responsabilidad disciplinaria por conductas antiéticas o ajenas de la práctica profesional, son distintas a la responsabilidad del Estado por falla del servicio, pues, mientras las primeras son personales, la falta del servicio es normalmente anónima, institucional. Además, cabe anotar que si bien éstas -la responsabilidad penal o la disciplinaria y la resultante de la falla en el servicio- pueden concurrir, dado que la conducta penal o disciplinaria del agente puede también poner de presente una falla del servicio, esto no altera el enfoque del asunto, como tampoco lo modifica que esa conducta personal, por su lado, deje de ser sancionada penal o disciplinariamente por ausencia de prueba o porque, conforme a lo recaudado en dicho proceso, no se logre establecer la autoría del delito, comoquiera que cada proceso tiene un acervo probatorio independiente. Además, la responsabilidad que se evalúa en esta jurisdicción sobrepasa los ámbitos penal y disciplinario y se centra en el actuar de la Administración, para determinar si con su acción u omisión se generó o no un daño antijurídico, que, de ser así, estará en la obligación de reparar.

En este orden de ideas, la Sala considera pertinente reiterar el criterio jurisprudencial que enseña que la decisión que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque:

"(...) conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ji) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular"(30).  

En consecuencia, a pesar de que en las investigaciones penal y disciplinaria adelantadas en contra de la señora Leiber Bibiana Tafur Camacho, no se logró concluir con certeza que fuera la autora material de la muerte del joven Trillos Arnedo, ello no implica que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtud de enervar la posible declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por ese mismo hecho, pues dicha sentencia no surte efectos de cosa juzgada en este proceso.

4. Lo probado en el proceso

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente acreditados los siguientes hechos:

• Que el señor Girclis Alonso Trillos Arnedo falleció en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 1999, conforme quedó demostrado con la copia auténtica de su Registro Civil de Defunción(31) y la copia auténtica del Protocolo de Necropsia nro. 222-99, donde se indica como causa del deceso “MUERTE VIOLENTA POR ARMA DE FUEGO(32).

En el mismo sentido, tal y como se desprende del Protocolo de Necropsia, el occiso era un hombre adolescente que recibió una herida con proyectil de arma de fuego y, a consecuencia de ello, sufrió un choque neurógeno por laceraciones cerebrales severas, de manera que se concluyó como “MECANISMO DE LA MUERTE: HOMICIDIO CON DISPARO DE LARGA DISTANCIA”.

• Que el joven Girclis Alonso Trillos falleció en medio de una confrontación entre agentes de la Policía y los residentes del Barrio Nuevo Milenio, a la altura del Colegio Milciades en la ciudad de Valledupar, con ocasión de una herida propinada con arma de fuego(33).

• Que en medio de tales acontecimientos se escucharon disparos(34), tal como se desprende de los testimonios obrantes en el expediente, no obstante que, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, existen distintas versiones.

De una parte, se tiene un primer grupo de testimonios, según los cuales el joven Trillos habría muerto en medio de la confrontación que se dio entre policiales y personas que se desalojaban del lugar. En este sentido, el señor Wilberto Soto Pérez, rindió declaración para afirmar que:

El día que hubo la tragedia ahí yo trabajaba para esos lados de Mareigua, había policías regados por todas partes tirando piedras los invasores con la policía, entré por el Colegio Milciades Cantillo por un callejón y mientras estaban tirando piedras y gases lacrimógenos, yo me lancé al monte, cuando de diez a once del día ya la policía estaba como vencida y en esos momentos se oyó un disparo y todos los invasores dijeron que era un Caba (sic) que lo había matado, en esos momentos los invasores se rebeldizaron más gritando y como a la policía se les había gastado los gases no tenían apoyo, se metieron por una parte como especie de un solar, yo vi al muerto resultó ser compañero mío, le avisé a las hermanas en la invasión (…) La verdad es que ahí los invasores no tienen armamento, por parte de la Policía sí hubo disparos (…) fue fuera de la invasión, por el callejón del Colegio Milciades Cantillo. Yo salí a trabajar y en vista de eso yo me quedé entre el monte y la paredilla del Colegio, había muchos tirando piedras y la policía gases (…) yo oí el tiro (…)(35) (Se destaca).

Por su parte, el señor Daiger Mercado Rondón, testificó dentro del proceso de la referencia para indicar que(36):

(…) El desalojo a comienzos se estaba llevando normalmente sin disturbios, sin nada, más o menos a eso del amanecer como de siete de la mañana empezaron a llevarse disturbios entre la policía y miembros de la invasión donde hubo disturbios bastantes peligrosos porque había niños menores de edad. (…) de los muertos que vi conocía a Girclis Alonso Trillos que vivía en la calle 33 barrio Manuelita (…)” (Se destaca).

Pese a que los anteriores declarantes -según manifestaron- estuvieron en medio de la confrontación entre la Policía Nacional y los pobladores del lugar a quienes se pretendía desalojar, la verdad es que no observaron quién fue la persona que disparó en contra del señor Trillos Arnedo.

En apoyo a estas versiones, en la única declaración de un testigo presencial de los hechos, se afirmó que la causante del daño fue una agente policial. En efecto, la declarante Liliana Esther García Camelo, relató que, cuando caminaba a la altura del Colegio Milciades Cantillo, observó que una mujer Policía le disparó al joven Trillos Arnedo. Dijo la testigo(37):

Cuando el hecho que pasó en la invasión yo me encontraba donde una amiga porque yo vendía productos para pisos, como yo tengo tres niñas ella me las cuidaba, yo se las llevé a ella, yo vivo en el Siete de Agosto y mi amiga en el barrio La Manuelita, cerca de La Manuelita era la invasión, eso estaba lleno de gente y de policías, yo me fui a dar cuenta para ver si era verdad que estaban los policías para el desalojo. Cuando eso se formó ahí el disturbio con la gente que quería pasar para la invasión y los policías; ahí se formó, hicieron un tiro, corría la gente; yo estaba por el Colegio Milciades Cantillo en la esquina y de ahí se formó que estaban haciendo los tiros los policías, cuando vi que una señora policía le disparó al muchacho, yo enseguida me vine para mi casa.

(…) Así como le dije fue una mujer de la Policía con el uniforme de la Policía, yo estaba en la esquina y eso fue por el callejón del Milciades, me vine enseguida para mi casa cuando sucedió eso".

Eso fue en horas de la mañana, para mi eran como las siete y media que yo salí a llevar a mis hijas donde la amiga para salir yo a vender mis productos para piso (…)

“Le digo que había gente de este lado de la carretera por el Milciades, por la calle regada y la policía, yo me encontraba en la esquina del Milciades y me di cuenta como todo el mundo que se da cuenta, eso estaba lleno, yo apenas vi eso recogí a mis hijas donde mi amiga y me vine para mi casa” (Se destaca).

Como bien se dijo, la anterior declaración es la única ofrecida por alguien que manifiesta ser testigo presencial de la muerte del joven Trillos Arnedo, sin embargo, no por ser la única, es posible descartar de entrada su credibilidad.

Respecto a la valoración del testimonio único, esta Sección(38) ha acogido la tesis de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que sobre el particular ha establecido:

“Aunque el demandante no invoca expresamente los artículos 254 y 294 del Código de Procedimiento Penal, lo cierto es que toda la argumentación se orienta a algunos reparos sobre supuestas falencias en el ejercicio de la sana crítica, entendida tradicionalmente como el reconocimiento de las reglas de lógica, la experiencia y la ciencia. 

“1. A dicho cometido apunta el señalamiento de que el testimonio único, sobre todo si proviene de la propia víctima, constituye un fundamento defectuoso en grado sumo para una sentencia condenatoria, tanto por su falta de imparcialidad y objetividad como por la imposibilidad de contrastarlo con otras pruebas de igual o mejor abolengo que se echan de menos en este proceso. 

“En realidad, entiende la Corte, la máxima testis unus, testis nullus surgió como regla de la experiencia precisamente por la alegada imposibilidad de confrontar las manifestaciones del testigo único con otros medios de convicción, directriz que curiosamente aún hoy se invoca por algunos tratadistas y jueces, a pesar de la vigencia de la sana crítica y no de la tarifa legal en materia de valoración probatoria (...) 

“Sin embargo, a pesar del histórico origen vivencial o práctico de la regla testis unus, testis nullus, hoy no se tiene como máxima de la experiencia, por lo menos en sistemas de valoración racional de la prueba como el que rige en Colombia (CPP, arts. 254 y 294), precisamente porque su rigidez vincula el método de evaluación probatoria a la anticipación de una frustración de resultados en la investigación del delito, sin permitir ningún esfuerzo racional del juzgador, que además es contraria a la realidad (más en sentido material que convencional) de que uno o varios testimonios pueden ser suficientes para conducir a la certeza. Todo ello desestimularía la acción penal y se opone a la realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o virtualmente testigo único e inclusive serlo la propia víctima. 

“No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido. No, en el caso testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no necesariamente externo de la prueba. 

Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o medio de prueba (CPP, art. 254, inc. 2º), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario. Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con la prueba única”(39)(se destaca).

Habida cuenta de la postura de la línea jurisprudencial antes señalada, resulta posible valorar el testimonio único, incluso hasta el punto de cimentar la responsabilidad con base en él.

Sobre la valoración de la prueba testimonial, François Gorphe enseña(40):

(...) La prueba testimonial no resulta tan sencilla como aparece a primera vista: es posible descomponerla en varios elementos o puntos de vista, llamados a completarse, como hacen los diversos órdenes de pruebas: no solamente la persona del testigo, más o menos digna de fe, debe ser examinada para determinar el valor de su testimonio, sino además el objeto de la deposición más o menos propio para ser reproducido, y las condiciones de formación del testimonio, más o menos favorables. El valor del testimonio depende, pues de numerosos factores, dentro de esos tres aspectos principales. Sin duda y por suerte, no todos requieren investigación en cada caso, y basta fijar la atención sobre factores determinantes o discutidos; pero desde luego es preciso conocer su conjunto, para no incurrir en omisiones y para saber plantear el problema que haya de ser resuelto en concreto; de igual modo que un médico debe observar el conjunto del cuerpo antes de reconocer especialmente la parte enferma. Los procedimientos de examen difieren según que la dificultad resida sobre uno o sobre otro de los tres órdenes de factores de valoración antes citado”.

Ahora bien, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil dispone que la apreciación de las pruebas debe realizarse en conjunto y según las reglas de la sana crítica(41), por lo que, para valorar la declaración de la señora García Camelo, se tendrá en cuenta dicha disposición y, en razón de su utilidad, los aspectos que destaca el profesor François Gorphe frente a la crítica del testimonio(42).

Así pues, se observa que la testigo señaló en su declaración que pasaba por el lugar de los hechos cuando vio que una mujer policía le disparó al joven Trillos Arnedo y, frente a su presencia en dicho lugar se limitó a decir que venía de llevar a sus hijas donde una amiga que se las cuidaba, quien vivía cerca al Colegio Milciades, pero no precisó el nombre de esa persona ni a qué distancia estaba dicho lugar del sitio donde murió el joven Trillos Arnedo, frente a lo cual debe decirse que no cuenta en el expediente con algún elemento de prueba que pueda confirmar, con un grado de convicción suficiente, su dicho, en punto a considerar que, en efecto, se encontraba en el lugar de los hechos, como tampoco que constate que ella efectivamente observó lo que narró en su declaración, circunstancia que le resta fuerza de convicción al testimonio.

Adicionalmente a lo anterior, es del caso precisar que no existen elementos de juicio en el expediente que indiquen que la testigo se encuentre incursa en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad(43), por el contrario, en lo atinente a su relación con la víctima, expuso que lo conocía porque lo había visto en la calle vendiendo tintos, sin embargo, no lo individualizó por su nombre. En este sentido expresó:

“PREGUNTADO: Sírvase informar al Despacho si conoce la persona que dice resultó muerta. En caso afirmativo, indique el nombre y si sabe dónde vivía. CONTESTO: Yo lo conocí vendiendo tinto y yo le decía El Monito, no sé dónde vivía en ese tiempo.” 

Finalmente, frente a las calidades de la testigo, basta decir que se trata de una persona que no culminó sus estudios primarios, tal como ella misma lo reconoció en los siguientes términos:

PREGUNTADO: Dígale al despacho qué capacidad de instrucción tiene usted y si puede determinar la diferenciación entre una hora y la otra. En caso positivo cuáles son los medios que usted utiliza para indicar posiblemente el tiempo. CONTESTO: Yo llegué hasta cuarto de primaria. Yo siempre en mi casa me indico por las novelas pero cuando estoy en la calle no le paro bolas a las horas porque salgo con mis hijas, salgo a la calle, voy y vengo (…)”.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en precedencia, resulta necesario contrastar este testimonio con las demás pruebas obrantes en el expediente, en aras de establecer la veracidad de su dicho.

En estas condiciones, en oposición a la visión de los hechos reflejada por el primer grupo de testigos antes mencionado(44), otro grupo de declarantes manifestó que los Policías no estuvieron armados durante la diligencia de desalojo y que no se escucharon disparos durante la misma.

Así pues, la Secretaria de Gobierno del Municipio de Valledupar, señora María Antonia Arregocés Barros, manifestó que la diligencia de desalojo llevada a cabo el 4 de noviembre de 1999 se realizó a raíz de una querella policiva interpuesta ante la administración municipal, por la ocupación de hecho de terrenos de propiedad privada, la que dio lugar a dos asentamientos conocidos como El Páramo y Nuevo Milenio. Relató la señalada funcionaria(45):

“En virtud de una querella policiva interpuesta ante la administración municipal, por una ocupación de hecho en terrenos de propiedad privada, se ordenó el desalojo correspondiente para el día 4 de noviembre de 1999 y para lo cual se tomaron todas las precauciones que normalmente se toman en la administración para este tipo de diligencias. Así se realizaron previamente varios consejos de seguridad, se dispuso la presencia del ministerio público y de varias entidades que permitieran el control del operativo y de la zona que no sucediesen hechos que lamentar. El cerco de la zona se inició desde las cuatro de la mañana para evitar que entraran personas de otros barrios y la diligencia se inició hacia las seis de la mañana. Según el informe que se recibió de los inspectores de policía que estaban comisionados a la diligencia, todo transcurrió normalmente y se logró la evacuación más o menos del cincuenta por ciento de la invasión, cuando se presentaron serias alteraciones de orden público que obligaron a que el Coronel de la Policía a cargo diera la orden de suspensión de la diligencia”.

En este mismo sentido, el Oficial de la Policía Nacional, Hernán Darío Venegas Álvarez, quien estuvo presente en la diligencia de desalojo, señaló que en dos ocasiones verificó personalmente que el personal policial no portaba armas de fuego y añadió que(46):

El dispositivo se estuvo llevando a cabo como hasta las nueve de la mañana y ya casi habíamos terminado de desalojar a las personas allí, pero desde muy temprano grupos de personas que venían de otros sitios y nosotros teníamos información que de las invasiones Las Rocas y Nuevo Amanecer y La Nevada iban a apoyar a los invasores de Nuevo Milenio y así fue, la policía estuvo en enfrentamientos violentos desde muy temprano con estas personas, pero a la entrada de la invasión; en el sitio de la invasión no tuvimos ningún enfrentamiento. Ya cuando se hizo difícil la situación que vencieron la resistencia que tenía la policía a la entrada, toda la turba entró a la invasión, ya nos atacaron a los que estábamos ahí en el sitio a piedra, palos, machetes, le prendieron fuego a la máquina buldozer y el procedimiento quedó suspendido porque coparon la capacidad de la policía”.

"En el sitio de la invasión en ningún momento hubo disparos ni hubo particulares lesionados, porque ahí propiamente no hubo enfrentamiento sino cuando desbordaron las entradas que nos lesionaron a varios policías y que le prendieron a la máquina y abandonamos el sitio, ahí enfrentamos nosotros a la turba con cascos y escudos que era lo único que teníamos. Yo quiero hacer precisión que el Ejército nos acompañó en esa diligencia con un cordón de seguridad externo, ellos llevaban fusiles y a ellos les tocó salir corriendo con nosotros también, yo no escuché disparos, solo abandonamos el sitio" (Se destaca).

Frente a lo anterior, debe decirse que, contrario a lo manifestado por el Oficial de la Policía, las declaraciones rendidas por la señora García Camelo y los señores Wilberto Soto Pérez y Daiger Mercado Rondón, indicaron que sí hubo disparos y, en efecto, se tiene que según el Protocolo de Necropsia realizado al cadáver del joven Trillos Arnedo, éste murió a la altura del Colegio Milciades Cantillo como consecuencia de una herida causada con arma de fuego.

De otra parte, obra la declaración del señor Jesús Alberto Palmera Guerra, apoderado de los propietarios de los predios que eran objeto de la diligencia, quien señaló que durante el desalojo los miembros de la Policía Nacional no estaban armados, a lo que agregó(47):

“Faltando pocas casas construidas de cartón aproximadamente en el sitio colindante con el barrio adyacente al Colegio Milciades Cantillo un sujeto que salió de dicho barrio inició un ataque con un arma de fuego a la policía que realizaba dicha diligencia ocasionándole la muerte a un sujeto de aproximadamente unos 50 a 55 años dirigiéndose en compañía de otro a las instalaciones del Colegio Milciades Cantillo sin que hubiese podido ser perseguido por las autoridades que se encontraban en el lugar porque los invasores aprovechando la situación del momento lograron reducir al grupo de policías que realizaba dicha diligencia, ocasionando graves daños a la integridad de los mismos agentes del orden poniendo en peligro la integridad de los mismos agentes del orden y poniendo en peligro la integridad de las personas que actuábamos en la diligencia de desalojo". (Se destaca)

Finalmente, dijo:

[Me] “encontraba aproximadamente a unos dos o tres metros de la víctima y presencié cuando un individuo vestido de civil con el rostro medio cubierto acompañado de otro, de una forma irresponsable dirigía los disparos hacia la Policía, pero en ningún momento integrantes de esta fuerza pudieron haber ocasionado la muerte del individuo conocido, ya que el sujeto que disparaba salió de la invasión aledaña al desalojo y disparando como dije anteriormente, hacia la fuerza pública, dando como resultado los hechos conocidos". (Se destaca)

De la anterior versión, surgen las siguientes conclusiones:

- Que el testigo se encontraba a dos o tres metros de la víctima, situación que le permitía establecer las condiciones personales de la misma.

- Que la víctima, a su juicio, era una persona que tenía de 50 a 55 años de edad.

- Que un encapuchado que salió desde el barrio aledaño dirigió sus disparos en contra de los agentes policiales.

Así las cosas, la versión de los hechos narrada por el señor Palmera Guerra resulta inverosímil para la Sala, pues el occiso era un joven de aproximadamente 16 años, ninguno de los policías fue herido con arma de fuego, tal y como quedó consignado en los reportes de las heridas sufridas por el personal de la institución(48), sumado a que, si bien en estos mismos hechos resultó muerto el señor David Enrique Beleño Peñaranda, éste tampoco se ajusta a la descripción que hizo el señor Palmera del occiso, comoquiera que se trataba de un joven de aproximadamente 24 años de edad(49).

Ahora bien, frente a la hora en que ocurrieron los hechos, la Sala advierte que, si bien existen discrepancias en las diferentes declaraciones, en cuanto a la hora en que inició la diligencia de desalojo, la precisión de tales divergencias resulta irrelevante en el sub examine, en cuanto se tiene por cierto que el 4 de noviembre de 1999, en horas de la mañana, se llevó a cabo la diligencia de desalojo y, además, porque dicha circunstancia no influye de manera alguna en la estructuración del daño o en el análisis del título de imputación al que hubiere lugar.

• Según lo manifestado por el Director de la Seccional Cesar del Instituto Nacional de Medicina Legal(50), dicha institución no tenía la función de elaborar la Planimetría del caso de Girclis Alonso Trillos Arnedo.

• Quedó probado que la señora Leiber Bibiana Tafur Camacho era miembro activo de la Policía Nacional al momento de ocurrencia de los hechos, tal como se desprende de su hoja de vida remitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional(51).

• Que la policial Leiber Bibiana Tafur Camacho fue destinada a prestar sus servicios al Departamento de Policía del Cesar, según consta en la Orden Administrativa de Personal nro. 1-014 del 20-01-95(52), en calidad de Cabo Segundo, tal y como se desprende de la Resolución nro. 0608 del 30-01-92, en la cual se le confirió dicho grado(53). Asimismo, del extracto de su hoja de vida se tiene que, en los últimos cinco años, no había sido sancionada ni suspendida con ocasión del servicio y que era miembro activo de la Policía Nacional(54).

• Según Oficio nro. 1086 IDVAL-COMAN, expedido por el Departamento de Policía del Cesar-Primer Distrito, el 4 de noviembre de 1999 la Sargento Segundo Tafur Camacho reclamó como únicos medios del servicio el casco, protector, escudo plástico y bastón de mando, lo cual permite concluir que no tenía arma de dotación oficial en dicha fecha(55).

• Según lo consignado el 3 de diciembre de 2001 por el Subdirector Científico del Hospital Eduardo Arredondo Daza, el señor Girclis Alonso Trillos Arnedo fue atendido en dicha institución, pero por la gravedad de sus heridas fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López(56), entidad que no remitió la historia clínica del occiso, según lo ordenado por el Tribunal a quo(57).

• Quedó probado que, efectivamente, el día 4 de noviembre de 1999 se llevó a cabo una diligencia de desalojo ordenada mediante Orden de Servicios nro. 075 del 3 de noviembre de 1999(58), donde se consignó lo siguiente:

(…) La actividad está programada para el día 041199 a las 03:00 horas, el personal adscrito a la estación de Valledupar, Palan Mayor, G.A.R., SIJIN, estará dotado de equipo anti motín para el desarrollo de la actividad.

El día 041199 a partir de las 01:00 horas el Comandante de la Cuarta Compañía Antinarcóticos prestará seguridad antes, durante y después del operativo con un dispositivo de 1-1-50.

Se recomienda a los señores Oficiales que deben estar muy atentos ante posibles atentados contra la fuerza pública durante el ejercicio de sus funciones, con el fin de tener bajo control a todo su personal”.

En la misma orden de servicios, se asignó a la suboficial Tafur Camacho la tarea de encargarse, junto con el grupo de Policía de Menores, de la recepción de los infantes que fueran hallados en la invasión(59).

Como ya se dijo, al plenario se allegó copia auténtica del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación en contra de la señora Leiber Bibiana Tafur Camacho por el homicidio del joven Trillos Arnedo, así como del proceso penal militar adelantado por el Juzgado 170 de Instrucción Penal Militar. Lo mismo ocurrió frente al proceso disciplinario adelantado en su contra por la Procuraduría Provincial de Valledupar, material probatorio del cual sólo es susceptible de ser considerada y valorada en este proceso la prueba documental(60), toda vez que, como se indicó en acápite anterior, los testimonios que en ellos obran, no fueron ratificados dentro de este proceso, según lo exige el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

Del material probatorio antes señalado, se destacan los siguientes aspectos:

Que la investigación penal en contra de la policial Bibiana Tafur, por el delito de homicidio en las personas de Girclis Alonso Trillos Arnedo y David Enrique Beleño Peñaranda, en hechos acaecidos el 4 de noviembre de 1999 en el asentamiento Nuevo Milenio(61), se inició en la justicia ordinaria, pero en razón a que los hechos objeto de la misma ocurrieron durante el servicio, ésta fue llevada a cabo por la Justicia Penal Militar, según consta en el auto del 9 de agosto del 2000, expedido por la Fiscalía Dieciséis Delegada antes los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, por medio del cual se ordenó la remisión del expediente al Juzgado 63 Penal Militar, “por razones de competencia(62).

De la investigación penal adelantada de oficio por la Fiscalía Dieciséis Seccional de Valledupar, se extrae, lo siguiente:

• Que la inspección al cadáver del joven Trillos Arnedo se llevó a cabo en la Morgue del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, según el Oficio URI No. 1919(63).

• Que en el Informe de la inspección al cadáver Acta 211(64), se consignó que el joven Trillos Arnedo fue presuntamente asesinado por una mujer policía con el grado de cabo, de piel blanca, pecosa, de contextura gruesa, “cachaca o del interior del país”, con un arma de fuego corta, a una distancia aproximadamente de un metro, quien se escabulló entre los demás agentes, según las versiones entregadas por el padre del occiso, señor Luis Alirio Trillos, y su cuñado Daiger Yesmit Mercado Rondón.

Del Proceso Penal adelantado por el Juzgado 170 de Instrucción Penal Militar, en contra de la Cabo Segundo Leiber Bibiana Tafur Camacho, por el delito de homicidio de Girclis Alonso Trillos Arnedo, se extrae:

• Que, según comunicación enviada por la Secretaria de Gobierno Municipal, señora María Antonia Arregocés Barros, al Capitán Helvis Luna Granados, se le solicitó a la Policía Nacional que, de conformidad con las Resoluciones números 002667, 002668, 002669 y 002650, de fecha 29 de octubre y 002672 del 2 de noviembre de 1999, se hicieran presentes en la diligencia de desalojo que se efectuaría el día 4 de noviembre en el sector denominado “Mereigua”, predios que estaban ocupados por un número aproximado de 200 familias(65).

• Que según diligencia de control y verificación realizada a las 5:30 del día de la diligencia de desalojo, se cumplió la orden e instrucción sobre la prohibición de porte de armas(66).

• Que la señora Leiber Bibiana Tafur Camacho no tenía registrada ningún arma particular a su nombre, según se desprende del contenido del Oficio remitido por el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares de Colombia-Comando General-Departamento Control y Comercio de Armas, en donde se informó que "Revisado el Archivo Nacional Sistematizado de Armas, a nombre de la Señora LEIBER VIVIANA (sic) TAFUR CAMACHO, CC. N°. 41.912.233, no aparecen registradas armas de fuego"(67).

• Que el Juzgado 170 de Instrucción Penal Militar en la diligencia judicial llevada a cabo el 24 de noviembre de 2000, mediante la cual le resolvió la situación jurídica a la señora Leiber Bibiana Tafur, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su contra(68).

Del Proceso Disciplinario adelantado por la Procuraduría Provincial de Valledupar, en contra de la señora Bibiana Tafur, por los mismos hechos antes descritos, se destaca que, según Oficio nro. 0428 del 041199, mediante el cual el Teniente Coronel Hernán Darío Venegas Álvarez le remitió al Comando del Departamento de Policía del Cesar los resultados del operativo, en el procedimiento de desalojo resultaron dos civiles muertos y 39 miembros heridos de la fuerza pública. En este informe se reiteró que ningún miembro de la Policía tenía armas de dotación oficial, pues estaban dotados de equipos antimotines y demás accesorios necesarios para el control de multitudes(69).

5. El daño antijurídico  

El daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991(70) hasta épocas más recientes(71), como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, aspecto que se ve reflejado en el sub lite, comoquiera que la vida es el principal bien jurídicamente tutelado y nadie está obligado a soportar la pérdida de la misma, pues en parte alguna el ordenamiento jurídico impone esta carga a ningún coasociado.

Según se expuso en la demanda, el daño antijurídico por el que se pretende reparación, consiste en la muerte de Girclis Alonso Trillos Arnedo, en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 1999, el que se encuentra debidamente probado en el proceso, como quedó expuesto en precedencia.

Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si dicho daño puede ser atribuido fáctica y jurídicamente a las entidad demandada, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

6. La imputabilidad del daño a la demandada  

Según se afirmó en la demanda, la muerte del señor Girclis Alonso Trillos Arnedo se habría producido como consecuencia de la falla en el servicio, en que habría incurrido la entidad demandada, por cuanto falleció con ocasión de las heridas generadas con un arma de fuego supuestamente accionada por la Cabo “Viviana” Tafur, miembro de la entidad demandada.

Frente a tal afirmación, cabe precisar que, si bien la testigo Liliana Esther García Carmelo afirmó que la Cabo Tafur le disparó al joven Girclis Trillos Arnedo, considera la Sala que no es suficiente su dicho para imputar responsabilidad al Estado por el régimen subjetivo de falla en el servicio, pues, no fue corroborado con otro medio de prueba y, por el contrario, aparece refutado, como se muestra a continuación.

Es así como, pese a que en el Informe de la inspección al cadáver Acta 211(72), el padre del occiso Luis Alirio Trillos, su cuñado Daiger Yesmit Mercado Rondón y otros testigos, manifestaron que fue presuntamente asesinado por “una mujer policía con el grado de cabo, de piel blanca, pecosa, de contextura gruesa, cachaca o del interior del país, con un arma de fuego corta, a una distancia aproximadamente de un metro”, dichas versiones aparecen rebatidas con lo consignado en el Protocolo de Necropsia nro. 222-99, en el cual se concluyó como “MECANISMO DE LA MUERTE: HOMICIDIO CON DISPARO DE LARGA DISTANCIA”(73).

Lo anterior, analizado de manera integral con las demás pruebas obrantes en el expediente, muestra que la señora Tafur Camacho no pudo ser quien le disparó al joven Girclis Trillos Arnedo, pues quedó probado que, para el momento del operativo policial, no tenía a su cargo arma de fuego de dotación oficial(74) como tampoco tenía registrada a su nombre una de uso personal(75).

Si bien es cierto que los miembros de la Fuerza Pública deben estar capacitados para actuar en los diferentes operativos, en punto a resolver satisfactoriamente situaciones como la que enfrentaron en este caso, sin que puedan excederse en el uso de la fuerza, no es menos cierto que, para deducir la falla en el servicio, ha de contarse con unos mínimos elementos de prueba que permitan constatar que los agentes de la Policía Nacional actuaron de manera defectuosa en el cumplimiento de sus funciones o que, durante la prestación del servicio, desatendieron los procedimientos de rigor para los cuales han sido preparados, aspectos éstos que en el presente caso, se reitera, no fueron demostrados.

En efecto, no aparece demostrado en el expediente que el arma que causó la muerte a la víctima fuera accionada por algún miembro de la Policía, en ejercicio desmedido de la fuerza, mucho menos por la señora Tafur Camacho, por el contrario, de las investigaciones de carácter penal(76) y disciplinario(77) que se adelantaron con ocasión de la muerte del señor Girclis Trillos Arnedo, no resulta que se tenga o pueda tenerse por probada la autoría de la policial Tafur Camacho en los hechos aquí examinados, como tampoco puede tenerse por demostrada con el testimonio de la señora García Camelo, dado que, como ya se dijo, existen pruebas que le restan credibilidad a su dicho, pues la Cabo Tafur no tenía registrada ningún arma de uso personal(78) y el 4 de noviembre de 1999, la Sargento Segundo Tafur Camacho reclamó como únicos medios del servicio el casco, el protector, el escudo plástico y el bastón de mando(79), es decir que no tenía asignada arma de dotación oficial para la diligencia de desalojo, esto sumado a que, durante el desahucio, la referida policial estuvo a cargo de la recepción de los menores que se encontraban en la invasión(80).

Así las cosas, el material probatorio allegado al expediente no permite concluir, con la fuerza de convicción necesaria, que la muerte del señor Girclis Trillos Arnedo hubiere sido ocasionada con un arma de dotación oficial, en el marco de un uso arbitrario de la fuerza en su contra por parte de la Policía Nacional, dado que no se encuentran probadas tales circunstancias en el proceso.

No obstante lo anterior, la imposibilidad de encuadrar la responsabilidad bajo el régimen de falla en el servicio no impide a la Sala que, en aplicación del principio iura novit curia, se examine el presente asunto bajo la óptica de la responsabilidad objetiva, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria(81).

En este sentido, esta Subsección, al resolver un caso edificado sobre similares supuestos fácticos a los del presente, en sentencia del pasado 9 de julio de 2014(82) sostuvo que:

(…) la jurisprudencia de la Sección ha señalado que, como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por las acciones u omisiones contrarias a Derecho que le sean atribuibles e incluso por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos.

De igual manera, ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo; se trata de los denominados regímenes de responsabilidad ‘sin culpa’ o ‘sin falta’, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de éste o la conducta –activa u omisiva– de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico; son los referidos eventos, aquellos en los cuales esta Corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre ellos el basado en el daño especial(83).

De igual manera, es pertinente reiterar lo expuesto por esta Sala en reciente providencia, respecto del régimen de imputación derivado del daño especial, ocasión en la cual se resolvió un caso similar al aquí tratado y, señaló que la Sección ha utilizado este fundamento de imputación para declarar la responsabilidad estatal, por entender que el daño se atribuye al Estado teniendo en cuenta que si bien el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los delincuentes puede resultar legítimo, la víctima no tiene por qué soportar los perjuicios sufridos en tales circunstancias, independientemente de quién los haya causado(84).

Lo anterior, teniendo en cuenta que la teoría del daño especial, tiene su fundamento en la equidad, puesto que existen eventos en los cuales deberá el Estado entrar a reparar los perjuicios sufridos por los individuos pese a que ningún reproche merezca su actuación, siempre que el daño ostente características de anormalidad y especialidad(85).

Igualmente, esta Sección en el año 2007(86), bajo la acepción original del daño especial, en el caso de una granada lanzada por delincuentes contra agentes de la policía nacional, que infortunadamente terminó en la casa de habitación de una menor a quien le causó graves lesiones, señaló que la imputación de responsabilidad con fundamento en el daño especial, asentaba su validez en valores y principios constitucionales que han sido aplicados en reiteradas y variadas ocasiones por la jurisprudencia de esta corporación(87) y razonó de la siguiente manera:

“El resarcimiento de los perjuicios, en aplicación de los principios de igualdad y solidaridad, debe correr a cargo del Estado, pues fue como producto de su actividad legal y legítima que Angélica M. Osorio sufrió el daño. Daño que se entiende desproporcionado en relación con las cargas que normalmente deben asumir otros ciudadanos que se encuentran en su situación y que, por consiguiente, arroja como resultado la necesidad de reequilibrar las cargas públicas. 

En adición, debe establecerse con total claridad que para el caso no resulta relevante que la granada, de acuerdo con el único testigo que observó la acción, fuera lanzada por los sujetos al margen de la ley y no por los miembros de la Policía Nacional, pues la rigurosidad debida en el análisis jurídico impone a la Sección la obligación de apreciar la situación en contexto(88). Así, una visión desarticulada de lo ocurrido podría guiar a la conclusión de que se trata de un daño fruto del hecho de un tercero; sin embargo, esta posición asimilaría situaciones completamente diferentes para efectos de determinar la responsabilidad del Estado; verbigracia, tendrían la misma consecuencia el hecho que nos ocupa y aquella situación en donde un particular con intención de dañar a otro particular, y sin que medie en el más mínimo detalle la acción del Estado, lanza una granada al interior de la casa o pone un bomba al frente de ésta. En este caso se sufre un daño antijurídico, que por consiguiente debe ser resarcido, pero el título de imputación no conduce al Estado, pues es claro que este evento no contó con su intervención. 

“Por el contrario, el análisis de la situación planteada hace imposible obviar que el daño es consecuencia de la operación policial que se estaba desarrollando, haciendo que el resultado de la imputación cambie respecto del ejemplo propuesto. No podría contraponerse el argumento del hecho de un tercero o de la causa extraña, pues un análisis funcional de lo ocurrido exige situar el lanzamiento de la granada por parte del sujeto al margen de la ley dentro de la acción de persecución y enfrentamiento de la delincuencia realizada por los agentes de la Policía Nacional, es decir, dentro del funcionamiento del servicio… 

“… En resumen, el utilizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso implica la realización de un análisis que, acorde con el art. 90 Const., tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrió la niña Angélica María Osorio; que asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea de la administración pública, con fundamento en el principio de solidaridad interpretado dentro del contexto del Estado Social de Derecho, equilibrar nuevamente las cargas que, como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad… 

“….Esta reparación igualitaria, en cuanto responsabilidad del Estado, es reforzada en su razón de ser por la solidaridad, valor que debe animar el actuar del Estado colombiano, no sólo por su calidad de Social –y por ende redistributivo-, sino además porque el constituyente ratificó este carácter al consagrar en el Art. 1º a la solidaridad como uno de los valores fundantes del Estado, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado”.  

En consecuencia, acreditado como está que la muerte del señor Girclis Trillos Arnedo fue causada por un impacto de arma de fuego en momentos en que se presentaba una confrontación con la fuerza pública, originada por una diligencia de desalojo, la Sala encuentra que resulta irrelevante determinar la autoría del causante del daño para imputar responsabilidad al Estado, toda vez que su declaratoria en estos precisos eventos solo exige que se produzca en el marco de un enfrentamiento en el que estén involucradas fuerzas estatales, aspecto que, al estar suficientemente probado en el proceso, impone a la Sala la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad estatal en cabeza de la demandada, por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce, proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad(89) y, por cuanto para la víctima injustamente afectada, el daño irrogado entrañó un claro rompimiento de las cargas públicas que normalmente debía soportar.

En cuanto a la causal de exoneración sustentada en el “hecho de un tercero”, según los términos alegados por la parte demandada, advierte la Sala que en el sub examine no quedó acreditado que en los hechos hubiera existido participación de miembros de las FARC ni del ELN y, aún en tales condiciones, dicha situación no tiene el alcance de exonerar la responsabilidad que en este caso se deduce a título de daño especial, pues, como se dijo, el daño irrogado en el marco del enfrentamiento entrañó un claro rompimiento de las cargas públicas que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar.

Por todo lo anterior, la Sala revocará la providencia recurrida, para, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial de la demandada y decretar la indemnización de perjuicios a que haya lugar, de conformidad con el petitum de la demanda, aspecto que se pasa a estudiar.

7. Indemnización de perjuicios  

7.1. Perjuicios morales  

Para reclamar indemnización por la muerte de Girclis Alonso Trillos Arnedo, comparecieron al presente proceso los señores Luis Alirio Trillos y María Esperanza Arnedo Viggiani; Maira Alejandra Trillos Arnedo, Yeneire Trillos Arnedo, Karina del Carmen Trillos Arnedo y Carmen Patricia Trillos Arnedo; Carmelina Trillos Carrascal; y Carlota Viggiani Espinoza, quienes actúan a nombre propio en calidad de padres, hermanas y abuelas de Girclis Alonso Trillos Arnedo, condiciones debidamente acreditadas con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportadas al expediente(90).

Solicitan los demandantes que se acceda a la condena por concepto de perjuicios morales estimada en la demanda en su favor, en cuantía equivalente a 1.000 gramos de oro fino para cada uno de ellos, condena que se concederá, pero fijándola en salarios mínimos legales mensuales vigentes(91).

En relación con el perjuicio moral, ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(92) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor.

Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(93) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.

Por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante en virtud del principio de arbitrio iuris. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(94).

Respecto a la decisión que se adoptará en esta oportunidad, se ha considerado que la valoración de los perjuicios morales debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(95), suma que de forma reiterada ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en que el perjuicio moral se presenta en circunstancias similares a las acontecidas en el presente asunto, en los cuales se ha otorgado la indemnización de perjuicios por la muerte de una persona(96).

Para el caso específico de los abuelos, la jurisprudencia de la Sección ha sido igualmente pacífica en señalar que respecto de dichos ascendientes ubicados en el segundo grado de consanguinidad, hay lugar a presumir el dolor moral frente a la muerte de sus nietos, ya que hacen parte del núcleo familiar próximo de la víctima, además, se ha señalado que, en ciertas ocasiones, dados los especiales vínculos de afecto que surgen entre aquellos con sus nietos, pueden ser indemnizados en proporción mayor a la de los hermanos(97), pues, dada nuestra organización familiar y cultural en donde los vínculos afectivos entre abuelos y nietos superan en ocasiones los normalmente existentes entre padres e hijos, se impone, al apreciar cuantitativamente el perjuicio moral de los abuelos por el daño inferido a sus nietos, establecer un nivel más alto y ponderado que el utilizado para la tasación del monto indemnizatorio en favor de los hermanos, valoración que está sometida a los medios de prueba en estado de valoración que sobre el particular obren en el proceso(98).

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección(99), la Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en favor de Luis Alirio Trillos y Maria Esperanza Arnedo Viggiani, por el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales para cada uno de ellos en tanto que, hallándose probado como ya se dijo el grado de parentesco de padres de la víctima y el dolor moral que sufrieron con los hechos, resulta procedente entender que frente a ellos la muerte de su ser querido, como es un hijo, acarrea un sufrimiento en máxima intensidad.

Frente a María Alejandra Trillos Arnedo, Yeneire Trillos Arnedo, Karina Del Carmen Trillos Arnedo y Carmen Patricia Trillos Arnedo, la Sala encuentra que -dada su acreditada calidad de hermanas de la víctima - es procedente el reconocimiento solicitado, pero limitándolo a cincuenta (50) Salarios mínimos mensuales legales para cada una de ellas.

Para Carmelina Trillos Carrascal y Carlota Viggiani Espinoza, abuelas de la víctima la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7.2. Perjuicios materiales  

7.2.1 Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente  

Se solicitó en la demanda la suma de quinientos mil ($500.000) pesos, correspondientes a los gastos que, se dijo, fueron sufragados con ocasión de los servicios funerarios del señor Girclis Alonso Trillos Arnedo.

Es claro que los gastos exequiales en razón del fallecimiento de la víctima constituyen un daño emergente que debe ser reparado, en la medida que se compruebe el pago realizado por ese concepto y, comoquiera que a folio 99 del cuaderno de la demanda obra original de la certificación expedida por el establecimiento de comercio "Jardines del Ecce Homo Servicios Funerarios la Esperanza", por el valor de quinientos mil ($500.000) pesos sufragados por Luis Alirio Trillos y/o María Esperanza Arnedo(100), la Sala accederá al reconocimiento de perjuicios por este concepto, conforme a las pautas señaladas por la jurisprudencia de la Corporación sobre el tema, con base en la fórmula matemática - actuarial utilizada para el efecto, como se expone a continuación:

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De esta manera, la Sala reconocerá indemnización a título de daño emergente, por la suma de novecientos sesenta y nueve mil setenta y ocho pesos m/cte. ($969.078).

 

7.2.2 Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante  

 

Se solicitó en la demanda una indemnización por concepto de lucro cesante, por la frustración o privación de la ayuda económica que recibirían los padres de la víctima, teniendo en consideración que al momento de ocurrencia de los hechos, ésta vendía tintos y se encontraba adelantando estudios secundarios.

De acuerdo con los testimonios que obran en el expediente, quedó demostrado que para la época de su muerte, el señor Girclis Alonso Trillos Arnedo ayudaba económicamente a sus padres, mediante el ingreso que percibía por su actividad como vendedor de tintos(101).

 

En consecuencia, se accederá a la pretensión formulada, teniendo en consideración el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de los hechos ($236.460 pesos) debidamente actualizado a valor presente, pues no existen elementos de prueba dentro del proceso que permitan demostrar un ingreso distinto y las reglas de la sana crítica enseñan que una persona laboralmente activa no podría devengar menos de este monto.

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No obstante lo anterior, como el valor que arroja la fórmula de actualización es menor que el salario mínimo legal mensual vigente para el presente año ($644.350), por razones de equidad, se tendrá en cuenta esta última cifra como salario base de liquidación del lucro cesante, incrementado en un 25% -161.087, por concepto de prestaciones sociales, todo ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia de la Sección(102), pues, se infiere que haría esta contribución hasta que cumpliera los 25 años de edad.

A esa suma -$805.437(103)- se descontará el 25% que se presume, disponía la víctima para sus gastos personales, monto total -$604.078(104)- que se aplicará como base de liquidación, el cual, se dividirá en partes iguales para cada uno de sus padres, esto, es, $302.039.

 

-Indemnización debida o consolidada  

 

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

 

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $302.039.

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de los hechos (4 de noviembre de 1999) hasta la fecha en que la víctima cumpliría los 25 años -19 de diciembre de 2007-(105), esto es 97,5 meses.

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Así pues, se reconocerá la suma de treinta y siete millones quinientos setenta y un mil noventa y ocho pesos m/cte ($37.571.098) para cada uno de los padres de la víctima, señores Luis Alirio Trillos y María Esperanza Arnedo Viggiani.

8. No hay lugar a condena en costas  

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y, en su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, patrimonialmente responsable por la muerte de GIRCLIS ALONSO TRILLOS ARNEDO, en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 1999, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a la NACION MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, a pagar las siguientes sumas, por concepto de indemnización de perjuicios morales:

Para LUIS ALIRIO TRILLOS y MARIA ESPERANZA ARNEDO VIGGIANI, padres de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

Para MAIRA ALEJANDRA TRILLOS ARNEDO, YENEIRE TRILLOS ARNEDO, KARINA DEL CARMEN TRILLOS ARNEDO y CARMEN PATRICIA TRILLOS ARNEDO hermanas de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de ellas.

Para CARMELINA TRILLOS CARRASCAL y CARLOTA VIGGIANI ESPINOZA, abuelas de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CUARTO: SE CONDENA a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, a pagar las siguientes sumas, por concepto de indemnización de perjuicios materiales:

En la modalidad de daño emergente, a favor de LUIS ALIRIO TRILLOS y/o MARIA ESPERANZA ARNEDO la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($969.078)

En la modalidad de lucro cesante a favor de LUIS ALIRIO TRILLOS y MARIA ESPERANZA ARNEDO VIGGIANI, la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($37.571.098), para cada uno de ellos.

QUINTO: La NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase». 

21 Decreto 597 de 1988.

22 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: "Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."

23 Investigación remitida mediante Oficios números 425/1152 de 12 de junio de 2001, que reposa en el anexo 1.

24 Investigación allegada en copia auténtica que reposa en el anexo 3.

25 Investigación remitida a través de Oficio nro. 2000 del 28 de noviembre de 2002, que obra en el anexo 2.

26 Sentencia de 12 de febrero de 2014, Exp. 28675.

27 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia de 4 de febrero de 2010, Expediente 18109, Consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 32.651, Consejero ponente: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18.078, Consejera ponente (E): Dra. Gladys Agudelo Ordóñez; Sentencia de 25 de agosto de 2011, expediente 21.894; Sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente 19.642; Sentencia de 29 de septiembre de 2011, expediente 23.182.

28 Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

29 Debe recordarse que la parte demandada, en la contestación de la demanda, solicitó como prueba el traslado del mencionado proceso penal. Folio 129 del cuaderno de la demanda.

30 Ver Sentencia de 23 de agosto de 2010 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio, Exp.: 18480 y Sentencia de 13 de agosto de 2008, Exp.: 16.533.

31 Folio 259 del cuaderno de la demanda.

32 Folios 262 y 263 del cuaderno de la demanda.

33 Folios 191 a 200 del cuaderno de la demanda.

34 Según las declaraciones obrantes a folios 191 a 196 del cuaderno de la demanda.

35 Folios 192 a 193 del cuaderno de la demanda.

36 Folios 195 a 196 del cuaderno de la demanda.

37 Folios 197 a 200 del cuaderno de la demanda.

38 Ver sentencias Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, 11 de marzo de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-1993-9259-01(14135). Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra, 19 de agosto de 2004, Radiación número: 05001-23-31-000-1992-1484-01(15791). Consejero ponente: Enrique Gil Botero, 7 de marzo de 2007, Radicación número: 23001-23-31-000-2000-08145-01(16341). Consejero ponente: Enrique Gil Botero, 28 de enero de 2009, Radicación número: 05001-23-24-000-1994-02579-01(15250). Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, 4 de febrero de 2010, Radicación número: 27001-23-31-000-1998-00244-01(18371).

39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de diciembre de 2000, radicación: 13.119.

40 GORPHE, François. Apreciación judicial de las pruebas, Bogotá, Temis, 1985, p. 362.

41 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

42 Tales aspectos son los siguientes: ¿Cuál es el valor del testigo o su aptitud para hacer un buen testimonio?; ¿Cuál es la propiedad del objeto para facilitar un testimonio?; y, ¿En qué condiciones se ha formado el testimonio? GORPHE, François. La crítica del testimonio, Madrid, editorial Reus S.A., 1985, p. 305.

43 El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil cataloga como testigos sospechosos a quienes tienen relación de parentesco, dependencia, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

44 Se trata de los señores Wilberto Soto Pérez, Daiger Mercado Rondón y Liliana Esther García Camelo.

45 Folios 218 a 220 del cuaderno de la demanda.

46 Folios 223 a 225 del cuaderno de la demanda.

47 Folios 226 a 228 del cuaderno de la demanda.

48 Según consta a folio 237 a 252 del cuaderno de la demanda.

49 Según la información que consta en el álbum fotográfico de inspección a cadáver que obra de folios 54 a 59 del cuaderno de pruebas No. 1.

50 Folio 236 del cuaderno de la demanda.

51 Folios 332 a 334 del cuaderno de la demanda.

52 Folio 326 del cuaderno de la demanda.

53 Folios 323 y 328 a 331 del cuaderno de la demanda

54 Folio 403 del cuaderno de la demanda

55 Folio 163 del cuaderno anexo 2.

56 Folio 357 del cuaderno de la demanda.

57 Obra respuesta en la que manifiestan que la historia clínica se extravió -Folio 375 del cuaderno de la demanda-.

58 Obra a folio 389 del cuaderno de la demanda, remitida a través de Oficio nro. 190/ASDIS-DECES del 3 de mayo de 2002.

59 Folio 393 del cuaderno de la demanda.

60 Estas pruebas trasladadas fueron solicitadas por las partes y obran en el plenario y fueron remitidas mediante Oficios números 727 del 9 de mayo de 2001 (fl. 1 cdno. Anexo 1), 425/1152 de 12 de junio de 2001 (fl.1 cdno. anexo 2) y 3972 de 22 de octubre de 2002 (fl. 1 cdno. anexo 3), respectivamente.

61 Remitido mediante Oficio nro. 727 del 9 de mayo de 2001.

62 Folio 144 del cuaderno anexo nro. 2

63 Folio 10 del cuaderno anexo nro. 1.

64 Folios 27 a 30 del cuaderno anexo nro. 1.

65 Folio 25 del cuaderno anexo nro. 2.

66 Folio 45 el cuaderno anexo nro. 2.

67 Folio 133 del cuaderno anexo nro. 2.

68 Folios 145 a 161 del cuaderno anexo nro. 2.

69 Folios 126 a 129 del cuaderno anexo nro. 3.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de junio de 1991, C. P. Dr. Julio César Uribe Acosta, expediente 6454.

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 6 de junio de 2007, C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, expediente: 16460.

72 Folios 27 a 30 del cuaderno anexo nro. 1.

73 Folios 262 y 263 del cuaderno de la demanda.

74 Folio 163 del cuaderno anexo 2.

75 Oficio remitido por el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares de Colombia-Comando General-Departamento de Control y Comercio de Armas, obrante a folio 133 del cuaderno anexo 2.

76 Investigación remitida mediante Oficios números 425/1152 de 12 de junio de 2001, que reposa en el cuaderno anexo 1.

77 Investigación allegada en copia auténtica que reposa en el anexo 3.

78 Según consta en el Oficio remitido por el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares de Colombia-Comando General-Departamento de Control y Comercio de Armas.

79 Según Oficio No. 1086 IDVAL-COMAN, expedido por el Departamento de Policía del Cesar-Primer Distrito, visible a folio 163 del cuaderno anexo 2.

80 Según se observa de los documentos remitidos a través del Oficio nro. 5.389 GADVI-RQ

81 Ver entre otras, sentencia del 3 de octubre de 2007, expediente 22655 y sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16413.

82 Expediente 29.404.

83 Sentencias del 11 de febrero de 2009, Expediente 17.145 y de 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530, entre muchas otras.

84 Sentencia del 12 de febrero de 2014, Expediente: 28.675. Al respecto, consultar también: Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 7 de abril de 1994, Expediente: 9261, en la cual se dijo que: “Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quién disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a - quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.

85 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de octubre de 1976. Consejero Ponente, Dr. Jorge Valencia Arango. Expediente: 1482. De igual manera, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del Magistrado Ricardo Hoyos Duque, se afirmó: “Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes(Negrillas fuera de texto).

86 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007, Expediente: 16696, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero.

87 Consejo de Estado, C.P. Pedro Gómez Parra, septiembre 30 de 1949. Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente nro. 4655, C.P. Antonio José Irisarri Restrepo, en Extractos de Jurisprudencia del Consejo de Estado, primer trimestre de 1989, Tomo III, Publicaciones Caja Agraria, Bogotá, p. 249 y 250.

88 Cita original del fallo. Interpretación en contexto que supera el simple análisis de causalidad material, y aborda el título de imputación en cuanto reelaboración gnoseológica jurídica sobre la causalidad. En este sentido, GIL BOTERO Enrique, Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, 3ª. Ed, Bogotá, Medellín, 2006, p. 223.

89 Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, expediente 9261 ya la Sección había dicho:
“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que lesionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a - quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.
En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque se afirmó:
En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal.
En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados.
Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes. (Negrillas fuera de texto).

90 Folios 8 a 20 del cuaderno de la demanda.

91 de acuerdo con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646. Consejero Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez.

92 En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que -por regla general- no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el Dr. RENATO SCOGNAMIGLIO, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

93 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

94 Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, expediente: 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad.”

95 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.

96 Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en acta del 28 de julio de 2014, Expedientes 26251 y 27709.

97 sentencia de 28 de septiembre de 2000, Expediente: 11755, Consejero ponente: Germán Rodríguez Villamizar.

98 En este sentido se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 23 de agosto de 2012, Radicación: 180012331000 19990045401 (24392).

99 En sentencia del 28 de julio de 2014 de unificación de jurisprudencia de la Sala Plena de Sección Tercera de esta Corporación, respecto del reconocimiento de perjuicios morales, se dijo que: “Para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio. (…) Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva”; Expediente: 26251.

100 Según consta en el reconocimiento de la certificación expedida para efectos del pago de los gastos fúnebres del occiso (fl.102 cuaderno de la demanda, realizado por el Rector del Instituto Técnico Upar, el señor Robinson de Jesús Fernández Pereira, conforme lo dispuesto en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil (fl. 213 y 213 del mismo cuaderno).

101 En este sentido, a folios 203 a 204 obra el testimonio de la señora Ledys del Socorro a folios 206 a 207 el testimonio rendido por el señor Guillermo Díaz Cuevas y a folios 209 a 211 obra la declaración de Isa Belio Julio Quintero.

102 Sentencia de 31 de agosto de 2006, expediente 15.439, actor Eliseo Yuque Pequi y otros

103 Este valor es equivalente a la suma del Salario mínimo y el 25% de éste por concepto de prestaciones sociales, es decir, a $644.350 + $161.087.

104 Valor que resulta de la resta del 25% de lo que destinaba a gastos personales al valor anterior, es decir, 805.437 – 201.359.

105 Según se desprende del Registro Civil de Nacimiento obrante a folio 8 del cuaderno de la demanda, dado que la víctima nació el 19 de diciembre de 1982.