Ramiro Pazos Guerrero

 

Sentencia 2000-00738 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., 30 de marzo de 2017.

Proceso Nº: 05001233100020000073801 (37349)

Actor: Consorcio Luis Héctor Solarte y otro

Demandado: Departamento de Antioquia

Acción: Ejecutiva

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

En un primer momento se hará el análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales (i). En caso de que estos se acrediten, se formulará el problema jurídico (ii) con el fin de identificar los hechos probados (iii) y determinar si hay lugar a acceder o no las pretensiones de la demanda (iv).

i. Presupuestos procesales.

1. Jurisdicción.

De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta corporación, según la cual debía darse aplicación a la reforma del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo que introdujo la Ley 1107 de 2006, incluso en casos iniciados previamente a su entrada en vigencia (dado el carácter inmediato en el tiempo que tiene la aplicación de las normas que modifican ritualidades y procedimientos judiciales, según prescribe el artículo 40 de la Ley 153 de 1887)(1), se tiene que una de las partes en la presente controversia es una entidad pública: el Departamento de Antioquia. Así, dado que la exigencia de esta norma, a diferencia de la modificada, hace referencia únicamente a la calidad de las partes en el extremo de la controversia —criterio orgánico— para determinar si la jurisdicción conoce del litigio, se tiene que la jurisdicción administrativa es la competente.

Con todo, conforme al artículo 75 de la Ley 80 de 1993, “(...) el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativo”.

2. Competencia.

Frente a la competencia del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el artículo 129(2) del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo Nº 58 de 1999 del Consejo de Estado —modificado por el Acuerdo Nº 55 de 2003(3)—, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en los procesos sobre asuntos de naturaleza contractual.

Finalmente, cuando se presentó la demanda —25 de febrero de 2000— para que un proceso como el que nos ocupa fuera de doble instancia la cuantía debía exceder de $ 390’150.000 (1500 salarios mínimos) y en el caso bajo estudio el valor de la mayor de las pretensiones es de $ 550’129.492.96 por concepto de perjuicios materiales.

3. De la caducidad.

La acción se presenta dentro de la oportunidad legal, toda vez que la demanda se interpuso dentro de los 5 años siguientes al momento en que se liquidó el contrato de interventoría por las partes, cuya acta es el aparente título ejecutivo que contiene la exigibilidad de la obligación. Así, el acta de liquidación bilateral, aparente título ejecutivo, fue suscrita el 20 de mayo de 1999 y la demanda interpuesta el 25 de febrero de 2000, es decir, dentro del término previsto por la ley.

4. De la legitimación en la causa.

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que tanto la actora como la demandada fueron las partes en la relación contractual cuestionada.

ii. Problema jurídico.

¿Conforme al recurso de alzada, se encuentra acreditado que la entidad demandada incurrió en mora en el pago al actor de las obligaciones contenidas en las actas 22, 23, 24 y 24 A?; en otros términos, el asunto se circunscribe a determinar si las cuentas de cobro presentadas por el actor fueron pagadas por fuera de los 30 días contados a partir de su radicación en la tesorería general del departamento, previa autorización de la interventoría.

iii. Hechos probados.

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado a partir del recurso de apelación, resultan relevantes los siguientes hechos probados:

1. Las partes suscribieron el subcontrato Nº 96-CO-20-0433 en el que se pactó, respecto a los intereses de mora a que tendría derecho el subcontratista, lo siguiente:

Clausula octava (...)

Parágrafo 2º: cuando el pago demorare más de treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrega del acta y su respectiva cuenta en la tesorería general del departamento, debidamente aprobadas por la interventoría, sobre el valor de dicha acta se reconocerá a EL SUBCONTRATISTA un interés de mora equivalente a la tasa DTF vigente.

2. El citado subcontrato fue liquidado por las partes en acta del 20 de mayo de 1999. En ella, los numerales 11 y 16 indican:

11. Que las actas de obra Nº 22, 23, 24 y 24ª, correspondientes a los meses de: diciembre de 1997, enero y febrero de 1999, respectivamente se encuentran en proceso de pago.

16. Igualmente, reconoce el interés por mora de que trata el parágrafo 2 de la Cláusula Octava antes citada, por el no pago oportuno de las actas Nos. 22, 23 y 24 respectivamente, presentadas para su pago en el mes de diciembre de 1998, enero, febrero de 1999, que a la fecha de esta liquidación no se han pagado, el cual debe ser liquidado a la tasa del DTF vigente.

3. Conforme a las cuentas de cobro correspondientes a las actas 22, 23, 24 y 24 A se tiene la siguiente información:

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ver tabla
ActaValorFecha oficio de remisión de acta a interventor y/o coordinador de proyectoFecha facturaFecha cuenta de cobro (en la orden de pago)Deducción
22$ 3’329.22614/12/199815/12/199815/12/199816/06/1999
23$ 2.147’567.36218/01/199918/01/199918/01/199910/06/1999
24$ 3.270’046.44912/02/199912/02/1999

2 cuentas del
31/05/1999
Primera deducción del 23/06/1999
Segunda deducción no reporta fecha.
24 A$ 2’386.18920/05/199920/05/199920/05/199907/1999 (no reporta día del mes exacto)

4. El Contador General del Departamento de Antioquia certificó, en documento del 3 de septiembre de 2001, la presentación de las actas 22, 23, 24 y 24A y su pago por el Departamento de Antioquia. Esta certificación indica unas fechas de presentación de las facturas distintas a las aducidas por el actor (fls. 194 y 195 cdno. primera instancia):

iv) Análisis de la Sala.

Conforme al material probatorio obrante en el plenario, la Sala debe indicar que el acta de liquidación del subcontrato Nº 96-CO-20-0433 suscrita por las partes el día 20 de mayo de 1999 no permite determinar que se haya presentado mora en el pago por la accionada.

En efecto, si bien el numeral 11 indica que están en proceso de pago las actas 22, 23, 24 y 24A y el numeral 16 indica que se reconoce el interés de mora por el no pago oportuno de las actas 22, 23 y 24, también debe indicarse que en estos numerales no se precisa el día exacto de la presentación de las facturas —solo se limita el numeral 16 a decir que fueron presentadas en diciembre de 1998, enero y febrero de 1999—, y no indican cuantos días habían transcurrido desde que debieron ser pagadas. Tampoco contiene el valor adeudado por la aparente mora.

Así las cosas, para determinar el contenido de la supuesta obligación se hace necesario recurrir a los demás documentos contractuales para dar respuesta al problema jurídico planteado.

El primero de ellos es el subcontrato Nº 96-CO-20-0433 que, en su clausulado, precisó el momento en el que empezaba a generarse mora en el trámite de pago las cuentas de cobro presentadas por el contratista. Según el documento rector de la relación contractual, la entidad debía reconocer intereses de mora si no se efectuaba el pago pasados 30 días después de radicada la cuenta de cobro y el acta en la tesorería general del departamento con la aprobación previa de la interventoría, como se dejó de presente en el acápite de hechos probados.

Ahora bien, es menester revisar, con el fin de contrastar el análisis hecho por el a quo con las pruebas, los documentos obrantes en el plenario relacionados con el trámite de pago de las actas 22, 23, 24 y 24A. Los soportes que acompañan lo relacionado con el pago de las actas son:

Para el acta 22: factura de venta VER-0014, por valor de $ 3.329.226, con fecha 15 de diciembre de 1998; oficio del 14 de diciembre de 1998 dirigido por el director de obra al interventor donde le remite, para la revisión correspondiente del acta; documento llamado orden de pago-cuenta de cobro con número 09811 en el que aparece una casilla denominada “fecha de presentación” en la que se consignó el 15 de diciembre de 1998. También aparece una casilla llamada deducciones con fecha 16 de junio de 1999.

Para el acta 23: factura de venta VER-0015, por valor de $ 2.147.567.362, con fecha 18 de enero de 1999; oficio del 18 de enero de 1999 dirigido por el Director de Obra al interventor donde le remite, para la revisión correspondiente del acta; documento llamado orden de pago - cuenta de cobro con número 09472 en el que aparece una casilla denominada “fecha de presentación” en la que se consignó el 18 de enero de 1999. También aparece una casilla llamada deducciones con fecha 10 de junio de 1999.

Para el acta 24: factura de venta BER-0016, por valor de $ 3.270.046.449, con fecha 12 de febrero de 1999; posteriormente esta factura fue dividida en dos y con oficio del 12 de febrero de 1999 dirigido al coordinador de interventoría para revisión y firma del acta, se le remitieron las facturas BER 0024, por valor de $ 497.962.587 y BER 0025, por valor de $ 2.772.083.862, las cuales registran como fecha el 31 de mayo de 1999. A su vez, en la casilla de deducciones de la primera factura se registra la fecha de 23 de junio de 1999.

Para el acta 24A: factura de venta BER 0019, por valor de $ 2.386.189, con fecha 20 de mayo de 1999; oficio del 20 de mayo de 1999 dirigido al coordinador de interventoría donde le remite el acta para la revisión correspondiente. Además, en la casilla de deducciones de la cuenta de cobro aparece la fecha de julio de 1999, sin reporte de día exacto.

Al analizar los documentos relacionados, la Sala observa que en ninguno de ellos aparece la prueba del momento en que fueron radicados en la tesorería general del departamento, tal como lo exigía el subcontrato para comenzar a contar los 30 días que la entidad demandada tenía para el pago y a partir de los cuales debía reconocerse la mora.

Lo que encuentra la Sala es que, tal como lo consideró el a quo, el actor toma como fecha de presentación de las facturas, aquella en que este le remitió los documentos al coordinador de interventoría y no la de la radicación de estas ante la tesorería, tal como lo contemplaba el acuerdo de voluntades. En efecto, el fallador de instancia consideró:

Además, en los oficios sin número relacionados antes y dirigidos por el Director de Obra al Coordinador de Interventoría, militantes en los folios 103, 107, 109, 112 y 120, aparece una fecha de recibo que, en todos los casos, coincide con la fecha de elaboración de la factura de venta, a excepción del último, que dista de un día... Esto significa que la factura de venta se elaboró siempre en la fecha de entrega de los documentos al coordinador de interventoría.

En este sentido, la casilla en las órdenes de pago denominada “fecha de presentación” no refleja la fecha de presentación a la tesorería conforme a lo exigido en el contrato, sino la fecha de presentación al coordinador de interventoría que coincide con la fecha de las facturas.

Así, para la Sala el acta de liquidación del contrato, conforme a las pruebas obrantes en el proceso, no tomó como fecha de presentación de las facturas correspondientes a las distintas actas la de su radicación ante la tesorería sino la presentada al coordinador de interventoría. Por esa razón, la Sala no puede aceptar lo dicho en este documento como prueba de la mora en el pago.

Ahora bien, en el expediente obra certificación del Contador General del Departamento de Antioquia, a partir de la cual se tiene que las fechas de entrega de las facturas a la tesorería general del departamento son diferentes a las aducidas por el actor.

En efecto, en esta certificación se indica:

Me permito certificar las fechas en que el Contratista SOLARTE Y SOLARTE, presentó para el pago ante la Tesorería General del Departamento las actas Nos. 22, 23, 24 y 24A

Acta 22

Fecha de presentación: Junio 16/99

Fecha de pago: Junio 28/99

Valor pagado: $ 3.329.226

Acta 23

Fecha de presentación: Junio 10/99

Fecha de pago: Junio 17/99

Valor pagado: $ 2.147.587.362.00

Acta 24 (se dividió en dos pagos), 1 pago:

Fecha de presentación: Junio 23/99

Fecha de pago: Julio 10/99

Valor pagado: $ 497.962.587.00

Acta 24 (se dividió en dos pagos), 2 pago:

Fecha de presentación: Julio 21/99

Fecha de pago: Julio 27/99

Valor pagado: $ 2.772.083.862.00

Acta 24ª

Fecha de presentación: Julio 21/99

Fecha de pago: Julio 27/99

Valor pagado: $ 2.386.189.00

Si bien el actor solicitó no tener esta certificación como prueba por venir de un servidor público que depende de la entidad demandada, la Sala no puede desconocer que esta certificación no fue tachada de falsa, que se trata de un documento público expedido por el Contador General del Departamento, que se encuentra investido de presunción de legalidad y de veracidad y que fue expedido por un funcionario competente, conforme al artículo 94 de la Ley 617 de 2000, así:

ART. 94.—Los contadores generales de los departamentos, además de las funciones propias de su cargo, deberán cumplir aquéllas relacionadas con los procesos de consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación y divulgación y demás actividades que el Contador General de la Nación considere necesarias para el desarrollo del sistema general de contabilidad pública en las entidades departamentales y municipales, en sus sectores central y descentralizado.

Conforme a este documento, se tiene que no pasaron 30 días desde la presentación a la tesorería de la presentación de cada una de las actas y de sus facturas. De lo anterior se desprende que la demandada no incurrió en mora, por lo que se encuentra acreditada la excepción de cobro de lo no debido, como lo consideró el a quo.

En este orden, la Sala confirmará el sentido de la sentencia apelada.

v) Costas.

Al haber prosperado la excepción de cobro de lo no debido formulada por la entidad ejecutada, las costas deberán ser asumidas por la ejecutante, de conformidad con el literal b del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en virtud de la remisión expresa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. Esta norma prescribe:

ART. 510.—Trámite de excepciones.

(...)

b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307.

En relación con las agencias en derecho se condenará al 5% de la tarifa que para el efecto ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo Nº 1887 de 26 de junio de 2003, que en su artículo 3.1.3, en relación con los procesos contencioso administrativos de doble instancia, prevé:

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (...).

Para efectos de determinar las agencias en derecho, la Sala advierte que las pretensiones en el presente proceso equivalen a $ 550.129.492.96 según se determinó en la demanda, por lo que la parte actora deberá asumir la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROICIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 27’506.474) por concepto de agencias en derecho.

Ahora bien, dado que la sentencia del a quo no fijó las agencias en derecho conforme a los parámetros expuestos, la Sala modificará la sentencia apelada en este punto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Modifícase la sentencia apelada, proferida el 10 de marzo de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

PRIMERO: SE DECLARA PROBADA la excepción de COBRO de lo no debido, propuesta por la entidad demandada.

SEGUNDO: En consecuencia, SE DENIEGAN LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA formuladas en la pretensión tercera, folios 152 y 153, respecto del interés moratorio por el no pago oportuno de las actas 22, 23, 24 y 24A.

TERCERO: Condénase en costas a la parte ejecutante. Se fija a título de agencias en derecho a su cargo la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 27’506.474).

CUARTO: Se declara terminado el proceso de la referencia.

QUINTO: Remítase el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2007, Exp. 29745, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

2 “ART. 129.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (...)”.

3 “ART. 13.—Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (...) “Sección Tercera (...) “Las controversias de naturaleza contractual”.